Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 29 de octubre de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 342/2022, a través del cual revocó el fallo de primera instancia, manteniendo su detención preventiva, con fundamentación ilegal y desconociendo actos anteriores que ya habían adquirido calidad de cosa juzgada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0752/2024-S4 Sucre, 29 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 53050-2023-107-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 11/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Richard Cartagena Pancorbo contra Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memoriales presentados el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 17 a 19 vta.; y, se subsanación de 9 de enero de 2023 (fs. 23); el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra –por la presunta comisión del delito abuso sexual–, el 15 de septiembre de 2022, solicitó audiencia de cesación a su detención, al encontrarse solo latente el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en cuya audiencia presentó documentación pertinente, las cuales, al ser valoradas por el Juez de la causa, efectivamente desvirtuaron su concurrencia, habiéndose observado simplemente que las documentales consistente en requerimientos fiscales serían fotocopias en su mayoría; por lo que se requería la presentación de los originales, siendo éste el único motivo por el cual fue rechazada su solicitud. Añadió que, dicha determinación fue debidamente notificada al Ministerio Público, a la parte víctima mediante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Huanuni, el 15 de septiembre de 2022, conforme consta de antecedentes, no habiendo ninguna de esas partes formulado recurso de apelación; por lo que, por el principio de preclusión, se llegó a establecer que el Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2022, adquirió calidad de cosa juzgada con carácter firme, convalidándose por la inactividad impugnatoria al no hacer uso alguno de sus derechos de manera oportuna, siendo convalidado; en consecuencia, la aceptación de su cesación quedó ejecutoriada con carácter firme, quedando únicamente la formalidad de presentación de los documentos en original o copia legalizada para lograr que pueda asumir su defensa en libertad. En ese marco, el 22 de septiembre citado año, nuevamente se convocó a audiencia de consideración a la cesación de su detención preventiva, verificativo donde se presentó la documentación en cumplimiento con la exigencia del Juez de presentar documentación original o legalizada, en cuyo mérito fue emitido el Auto Interlocutorio 37-A/2022 del 22 de noviembre de 2022, donde la autoridad judicial señaló que las documentales presentadas no fueron observadas por el Ministerio Público ni por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por lo que en el fondo se habría desvirtuado el numeral 2 del art. 235 del CPP, habiendo quedado simplemente latente la presentación de forma de la documentación en original o legalizada, la cual al haber sido presentada cumplía con la exigencia dispuesta en el Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2022, por lo que declaró procedente su solicitud de cesación a la detención preventiva, disponiéndose en consecuencia medidas sustitutivas. Determinación contra la cual el Ministerio Publico, formuló apelación incidental, que mereció la emisión del Auto de Vista 342/2022 del 6 de diciembre de 2022, pronunciada por la autoridad ahora demandada, quién revocó el fallo de primera instancia, disponiendo mantener su detención preventiva, sustentando de forma ilegal la misma, pues señaló que no advertía argumento alguno que evidencie como la documental subsanada desvirtuaba el numeral 2 del art. 235 del CPP, y que el desarrollo de la audiencia de 22 de noviembre de 2022, fue para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva y no para el cumplimiento de formalidades; por lo que, al tratarse de una cesación, la carga de la prueba le correspondía al acusado, en cuyo contexto las documentales presentadas en el aludido verificativo, no resultaban objeto para desvirtuar los motivos que fundaron la detención preventiva; máxime, cuando aún faltaba que se tome la declaración a las víctimas en Cámara Gesell, por lo que el fallo que dio curso a la cesación a la detención preventiva, se alejó del fundamento de protección reforzada en torno las víctimas, para finalmente hacer mención a la falta de argumentación sobre la imposibilidad de cubrir una fianza de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), considerando su situación económica. Argumentos que considera que vulneran el principio de legalidad, pues la resolución confutada que revocó el fallo de primera instancia, disponiendo mantener su detención preventiva, ingresó ilegalmente en una fundamentación sobre hechos que nunca fueron apelados, cuestionados o reclamados oportunamente, como la aceptación de la documentación presentada el 15 de noviembre de 2022, en consecuencia la aceptación de la cesación a la detención preventiva, por lo que adquirieron calidad cosa juzgada, al nunca cuestionarse la legalidad de la documentación presentada, habiendo inicialmente el Juez observado sólo las fotocopias simples “y aclara que CORRESPONDE DAR LUGAR A LA CESACIÓN siempre y cuando se presente los mismos documentos en originales o copias legalizadas, DECISIÓN QUE NO FUE APELADA, constituyendo dicha Resolución EN COSA JUZGADA” (sic), aspecto que fue cumplido en audiencia de 22 de noviembre de 2022, presentándose los originales y copias legalizadas, motivando que el a quo disponga su libertad, antecedente que fue soslayado por la Vocal ahora demandada, quién retrotrajo actuados lesionando el debido proceso, pues señaló que las documentales no desvirtuaban el peligro de obstaculización, cuando ese acto ya fue superado y ejecutoriado; sumado a ello, de manera subjetiva y sin fundamento sostuvo que la determinación asumida se alejó de la doble protección o protección reforzada, fundamento que tampoco fue objeto de apelación, lo que constituye un acto prevaricador, ultra petita o extra petita, que decantó en una detención ilegal, como resultado decisión alejada del debido proceso en todas sus vertientes.
El accionante, alegó como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; ,y “a efectos de establecer con términos claros y concretos mi petitorio me permito señalar y reafirmar la vulneración al debido proceso en su vertiente legalidad que ha generado perjuicio en mi persona, al mantenerme recluido en el Penal de San Pedro e impidiendo mi defensa amplia e irrestricta en libertad, decisión asumida por la vocal, alejándose totalmente del razonamiento del juez del Tribunal de Sentencia de la Localidad de Huanuni, actuando ultra y extra petita, retrotrayendo un acto completamente prelucido y/o ejecutoriado. Bajo esos fundamentos reitero mi solicitud de dar curso a la Cesación a la Detención Preventiva con las medidas dispuestas por la Autoridad A quo” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 13 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 58 a 61 vta., en presencia de la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional y ampliándola refirió que: a) En cuanto al informe de la autoridad demandada, el mismo pretende confundir señalando que se activó un acto similar en la jurisdicción constitucional, extremo que no resulta evidente, pues si bien se acudió a dicha vía pero con una acción de libertad, que tiene una naturaleza distinta a la acción de amparo constitucional; b) Cuando el Ministerio apela el fallo que concede la cesación a su detención preventiva, lo hace señalando que el Juez se habría alejado del componente perspectiva de género, activándose en ese sentido el primer agravio, pues si consideraba que no se tomó en cuenta la perspectiva de género, debió activar ese reclamo interponiendo recurso de apelación contra la Resolución del 15 de septiembre de 2022, cuando ya le fue concedida la cesación; no obstante, como no lo hicieron en esa oportunidad, recién lo hacen contra la Resolución de 22 de igual mes y año, cuando ya precluyó su derecho de reclamar, elemento que la autoridad demandada no observó, sino ingresa más bien a lamentar la libertad que se otorgó sin valorar la protección reforzada, cuando esa situación ya no tenía razón de ser, pretendiendo de manera forzada sustentar y fundamentar una resolución con actos precluidos, vulnerando el debido proceso en su vertiente de legalidad, al ser un acto inatendible porque adquirió calidad de cosa juzgada por la renuncia expresa o consentimiento del Ministerio Público al no activar un recurso de apelación; c) Se lesiona además el principio de proporcionalidad, el Tribunal de Sentencia a quo, otorgó su libertad al desvirtuar todos los peligros de fuga y obstaculización latentes, principio que no es ni mencionado, fundamentado ni valorado al momento de emitir resolución; y, d) “La autoridad con todo esto ha ocasionado que se mantenga la libertad ilegalmente restringida del ahora accionante ya que, habiendo cumplido con Leontodos los presupuestos procesales de fuga y obstaculización, la autoridad ahora accionada aún mantiene su detención privándole de su libertad, ese es un segundo componente que ha venido en lesionar mediante el auto de vista señalado precedentemente” (sic); argumentos en torno a los cuales solicitó se conceda la tutela, y en su efecto se disponga la nulidad del fallo confutado y asimismo, “se pueda disponer que mediante el Tribunal de Sentencia, en función al cumplimiento de la medida de cesación a la detención preventiva, se pueda disponer el mandamiento de libertad con las medidas que el Juez ya dispuesto para su cesación” (sic).
Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 43 a 44 vta., manifestó que: 1) Que existe el proceso signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 40137873, que corresponde al expediente de acción de libertad interpuesto por Gonzalo Richard Cartagena Pancorbo hoy accionante la cual también fue activada en su contra, acción tutelar que contiene similitud con relación a la presente acción de amparo constitucional en lo que respecta a la identidad de objeto, sujeto y causa, lo que genera su improcedencia conforme la amplia jurisprudencia constitucional, con el objeto de evitar la existencia de varios procesos con la triple identidad, debiendo las acciones de defensa ser mensuradas, evitando su activación de forma reiterada, pues cuando una acción tutelar ya fue resuelta hace que otra causa formulada con el mismo objeto, sujeto y causa, no pueda ser resuelta debiendo denegarse la tutela impetrada; 2) En ese marco la acción de libertad planteada con anterioridad a esta acción de amparo constitucional, tiene como sujeto activo a Gonzalo Richard Cartagena Pancorbo y como sujeto pasivo a la misma autoridad, constatándose así la identidad de los sujetos que hacen a las acciones de defensa en cuestión, en cuanto a la identidad de objeto en ambas acciones tutelares se cuestiona el Auto de Vista 342/2022; y, 3) La Resolución Constitucional 025/2022, que resolvió la acción de libertad, ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada, por lo que no puede argüirse que dicha acción tutelar fue denegada por cuestiones formales; argumentos en torno a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 11/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 62 a 68, concedió la tutela impetrada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 342/2022 de 6 de diciembre, y la emisión de nuevo fallo sin espera de turno y en el plazo previsto por ley, atienda los argumentos y contraste los fundamentos del recurso de apelación con los principios de preclusión y seguridad jurídica, sustentados en los argumentos de ese fallo constitucional; con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los antecedentes se verificó que efectivamente el Auto Interlocutorio de 15 de septiembre de 2022, en el fondo dio por enervado el numeral 2 del art. 235 del CPP, condicionando posteriores decisiones a la presentación de documentación formal conforme lo dispuesto a objeto de su subsanación, punto que marco la preclusión pues hasta ese momento ninguna de las partes procesales formuló apelación, feneciendo su derecho a reclamar esa decisión judicial, por lo que habiéndose llevado más adelante otra audiencia donde se cumplió la observación efectuada, documentación que no fue observada en su legitimidad por el Ministerio Público, consintiendo el acto; sin embargo, interpuso apelación cuestionando entre los agravios que no se habría ponderado la solicitud efectuada con los derechos de las víctimas menores de siete, nueve y once años; es decir, la protección reforzada, también que faltaba realizar la declaración de las mismas en la cámara gessel, en cuyo efecto la autoridad hoy demandada señaló que la audiencia llevada a cabo el 22 de noviembre de 2022, deviene de una solicitud de cesación a la detención preventiva, de ningún modo fue establecida para dar cumplimiento a formalidades, por lo que correspondía al a quo analizar nuevamente las documentales; sin que en ese contexto, se advierta que se haya considera la audiencia de 15 de septiembre del citado año, en el que ya se realizó lo extrañado por la autoridad demandada, por tanto la decisión allí determinada era inamovible, ya que tampoco se consideró los principios de preclusión y seguridad jurídica que fueron desarrollados en los fundamentos jurídicos de esa resolución, lo que hacía que dicho fallo sea lesivo a los derechos del ahora accionante, por tanto debiendo ser reconducidos al orden constitucional; y, ii) Con relación al informe de la autoridad demandada, respecto a que existiría una identidad de acciones que comparten la identidad de objeto, sujeto y causa, en el entendido que anteriormente el accionante habría formulado una acción de libertad en contra de la misma autoridad ahora demandada, señaló que evidentemente por la prueba adjunta puede establecerse la interposición de una anterior acción de libertad; empero el razonamiento del Tribunal Constitucional, determina la improcedencia de una acción de amparo constitucional para pretender el cumplimiento de lo dispuesto en otra acción tutelar, y lo mismo, cuando se trata de una acción de libertad, situación que no es permisible puesto que generaría una disfunción de actuados y de acciones constitucionales, en el caso en análisis no concurre la triple identidad alegada, pues si bien los sujetos son los mismos, el objeto y la causa son distintas, ya que el objeto de la acción de amparo constitucional es restaurar u ordenar las vulneraciones o lesiones de orden constitucional, en cambio el objeto de la acción de libertad es recuperar la libertad del accionante por ser objeto de procesamiento indebido o privación arbitraria de su libertad, en cuanto a la causa la primera es una acción de amparo constitucional y en la otra una acción de libertad, no siendo tampoco causal de improcedencia la previa presentación de una acción de libertad que afecte a una acción de amparo constitucional, motivo por el cual no puede ser atendida la alegación de la autoridad demandada.
CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 37-A/2022 de 22 de noviembre, el Juez de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Juez Técnico Primero de Huanuni del departamento de Potosí, “aceptó” la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por Gonzalo Richard Cartagena Pancorbo –ahora accionante–, en cuya consecuencia aplicó medidas de carácter personal entre ellas su detención domiciliaria (fs. 8 a 11 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 342/2022 de 6 de diciembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro compuesta por la autoridad ahora demandada, declaró improbado el recurso de apelación deducido por el ahora impetrante de tutela; en consecuencia, revocó el fallo apelado, manteniendo su detención preventiva, al encontrarse aún latente el núm. 2 del art. 235 del CPP (fs. 13 a 16). II.3. Del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad presentada por el solicitante de tutela contra Rocío Cecilia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro –autoridad también demandada dentro el presente amparo constitucional–, fue recepcionada por esta instancia el 19 de enero de 2023, siendo signada con el número de expediente 52783-2023-106-AL, encontrándose a la fecha en espera de turno para sorteo.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 342/2022, a través del cual revocó el fallo de primera instancia, manteniendo su detención preventiva, con fundamentación ilegal y desconociendo actos anteriores que ya habían adquirido calidad de cosa juzgada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Todos los demás derechos no protegidos por otras acciones de defensa
La SCP 0087/2020-S4 de 14 de julio, al respecto precisó: “Conforme a la norma constitucional contenida en el art. 128, la acción de amparo constitucional “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
De acuerdo a ello, se puede afirmar que la citada acción, es un mecanismo constitucional de defensa con un amplio margen de protección, por cuanto no especifica de manera concreta, detallada y limitada qué derechos son susceptibles de ingresar a su ámbito de resguardo; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, se establecen ciertas restricciones en concordancia con las demás acciones de defensa constitucional reconocidas por la Constitución Política del Estado. Así, como una de las causales de improcedencia, prevé “Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (art. 53.5), entendiéndose de ello que todos los demás derechos no protegidos por las otras acciones constitucionales, son amparados por la presente acción tutelar.”
La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la CPE, está al alcance de “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.
Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: “La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad”.
Conforme al art 46 del CPCo: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. En la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, se estableció que: “…para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley”.
Por su parte, la SC 0687/2000-R de 14 de julio, citada por la SCP 0390/2012 de 22 de junio, sostuvo respecto al derecho a la vida que: “(…) es el bien jurídico más importante de cuanto consagra el orden constitucional (…). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya la titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: Su respeto y su protección”.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad; alegando que, la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 342/2022 de 6 de diciembre, a través del cual revocó el fallo de primera instancia, manteniendo su detención preventiva, con fundamentación ilegal y desconociendo actos anteriores que ya habían adquirido calidad de cosa juzgada.
En ese contexto, con carácter previo a realizar cualquier consideración en torno a la problemática expuesta, resulta pertinente aclarar la observación efectuada por la autoridad demandada, respecto a que el hoy accionante interpuso con anterioridad una acción de libertad contra la misma autoridad y bajo los mismos argumentos que ahora son motivo de la presente acción de amparo constitucional, lo cual generaría su improcedencia; en ese marco, de la verificación del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, si bien es evidente que la acción tutelar de referencia ingresó a esta instancia de revisión el 19 de enero de 2023, siendo signada con el número de expediente 52783-2023-106-AL; sin embargo, a la fecha se encuentra en espera de turno para sorteo, razón por la cual no existe óbice alguno que imposibilite a esta Sala emitir pronunciamiento, conforme se establecerá más adelante.
Puntualizado dicho aspecto, y remitidos al contenido del memorial de acción de amparo constitucional, no es posible soslayar que el impetrante de tutela funda su pretensión en hechos generados a partir de su solicitud de cesación a la detención preventiva, figura jurídica que se encuentra inmersa dentro del régimen de medidas cautelares, por tanto en estrecha vinculación con su derecho a la libertad; en cuyo contexto, resulta pertinente señalar que si bien la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo constitucional de defensa con contenido amplio, que protege todos los derechos fundamentales conforme el contenido expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; no obstante, el diseño constitucional vigente en Bolivia, también reconoce otras acciones tutelares, como la acción de libertad instituida como el medio constitucional de defensa que protege el derecho a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de locomoción, ello de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2, cuya naturaleza posee una configuración carente de formalismos y rigurosidades que hace posible, de ser pertinente, la concesión de tutela inmediata y eficaz ante la lesión de los derechos invocados.
En ese marco de diferenciación, aplicando dichos alcances al contexto de la problemática expuesta, es posible concluir que la acción de defensa idónea a efectos de resolver la pretensión traída a materia por la parte impetrante de tutela, es la acción de libertad, mecanismo que fue activado por la misma parte accionante, conforme se advirtió del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, cuya causa fue signada bajo el número de expediente 52783-2023-106-AL, que a la fecha se encuentra en etapa de revisión ante este Tribunal (Conclusión II.3), el cual resulta el mecanismo constitucional de defensa que se adecúa a la naturaleza de los hechos denunciados, lo que torna que el planteamiento del presente amparo constitucional sea equívoco, por cuanto no constituye la acción apropiada a través de la cual sea posible considerar aspectos relacionados con el derecho a la libertad, cuya restricción obedece a la imposición de medidas cautelares, lo que impide realizar el control tutelar pretendido, correspondiendo en consecuencia, denegar de la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al fondo de lo denunciado.
En consecuencia, la Sala Constitucional; al conceder la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 62 a 68, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. CORREPONDE A LA SCP 0752/2024-S4 (viene de la pág. 9).
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0752_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9c8500cc066e965370556f23675abbc1219005df399d05d3af694d5e94860f54
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