Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que fue rechazada a través de Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2020; fallo que en alzada mereció el Auto de Vista de 18 de noviembre del citado año, emitido por el Vocal demandado, declarando parcialmente procedente la apelación incidental planteada, manteniendo su medida extrema; determinación que carece de fundamentación, al efectuarse observaciones formales, inobservando el derecho a la igualdad de las partes.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2020 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0752/2023-S2 Sucre, 2 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 38072-2021-77-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 02/2020 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Nelson Flores Cruz contra Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Marco Antonio Paredes Condori y Julio César Buhezo Aguirre, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 16 y 18 de diciembre de 2020, cursantes de fs. 2 a 6 vta.; y, 18, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a instancia de Elvira Flores Zeballos, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa; a través del Auto Interlocutorio de 21 de enero de 2020, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, dispuso su detención preventiva; por ello, solicitó cesación a esa medida impuesta, argumentando que el referido Auto Interlocutorio no determinó el plazo de la misma, aquello considerando que el Ministerio Público no precisó en la imputación formal, conforme lo exigido en el art. 302.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), limitándose a indicar que “…En audiencia se fundamentara el plazo y las diligencias a desarrollarse durante la aplicación de la medida cautelar solicitada…” (sic); estando en consecuencia más de siete meses privado de su libertad, superando de esta manera el término previsto de la etapa preparatoria. Ante dicha solicitud, el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de la misma localidad y departamento, emitió el Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2020, rechazando dicha pretensión; a esa decisión formuló recurso de apelación incidental, señalando como puntos de agravio, entre otros, que no sustentó su solicitud invocando actividad procesal defectuosa, sino en la falta de término como nuevo elemento que requiere que la medida sea sustituida según lo previsto en el art. 239.1 del CPP, el cual contiene una cláusula abierta, “…cuando el nuevo elemento, que es distinto a los motivos que fundaron, demuestra la conveniencia que sea sustituida por otra…” (sic), no pudiendo invocar el numeral 2 del referido artículo, precisamente ante la inexistencia de un plazo determinado; y que acudió al aludido Tribunal de Sentencia Penal, al no existir Juez de Ejecución Penal que cumpliera la labor de control de su detención, mismo que ejerciendo control de legalidad, conforme lo desarrollado por la SCP “53/2020” de 16 de marzo, debió disponer la cesación de la medida extrema, por haberse tornado ilegal e indebida al no contar con un plazo. Posteriormente, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista de 18 de noviembre de 2022, declaró el citado recurso parcialmente procedente, confirmando la negativa de la cesación de la detención preventiva, obviando la situación irregular en la que se encuentra como privado de libertad “…por tiempo indefinido al margen del mandato legislativo” (sic); en ese sentido, el fallo recurrido no contiene una debida fundamentación; toda vez que, se limitó a señalar sin explicar de manera taxativa si la falta de término del plazo de la detención preventiva que debe fijar el Juez de Instrucción “…es remplazada la misma por el plazo de los 6 meses que dura la etapa preparatoria…” (sic), alegando esa Sala que la defensa debía solicitar la cesación de la medida extrema por vencimiento de dicha etapa y no así merced a lo dispuesto por el art. 239.1 del CPP; creando al efecto un cauce paralelo al contenido de la norma procesal señalada referente al numeral 2 del citado artículo, constituyéndose ese argumento en arbitrario y contrario a la ley. Asimismo, el referido Auto de Vista observó aspectos formales en cuanto al elemento trabajo, sin considerar que la única posibilidad de destruirlo es demostrar “…que esa actividad laboral no existe…” (sic); por otra parte, respecto al peligro de fuga, sustentó su argumento en que no comprobó de manera efectiva tener familia ni trabajo; lo que, demuestra que se efectuaron presunciones sin respaldo probatorio, obviando de esa forma que un riesgo no podría ser generado de forma automática, aquello en el entendido de que no se indicó cuáles eran las facilidades que tenía de abandonar el país o permanecer oculto; y, finalmente, en relación a lo establecido por el art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, se evidenció que al momento de la emisión del citado Auto de Vista, no se consideró el razonamiento establecido en la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, que en sus fundamentos jurídicos, refirió a la forma de establecer el peligro efectivo para la víctima constituido en que aquel solamente podía darse en torno a la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada; circunstancias por las cuales se infiere que en el presente caso, el fallo emitido en alzada contenía similares argumentos a los vertidos por el Juez a quo, mismos que se limitaron a indicar la existencia de un hecho delictivo hacia una mujer, tomando en cuenta criterios de género y aplicación interseccional, los cuales no podían ser asumidos en virtud de desconocer el principio de igualdad procesal.
Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22 y 23.I, II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, y en el plazo de cuarenta y ocho horas, se emita uno nuevo debidamente fundamentado conforme a los entendimientos expuestos en los agravios de la acción de defensa presentada; y, b) La calificación de responsabilidad por daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 99 a 100 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos contenidos en la acción de defensa, y ampliándolos señaló que: 1) Se lesionó su derecho a la libertad ante la inexistencia de un plazo correspondiente de la detención preventiva, que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 302 del CPP, es de responsabilidad del Ministerio Público; 2) Sobre los agravios contemplados se presentó como prueba una certificación la cual acreditó que era estudiante regular de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), encontrándose en fase de desarrollo de su tesis de grado; y, 3) Con referencia a su trabajo existía una observación acerca del Número de Identificación Tributaria (NIT); en ese sentido, corresponde señalar que aquel era de una empresa recicladora de agua que desarrollaba sus actividades en la ciudad de Villazón y que tenía personal de planta que realizaba actividades referidas a ese rubro.
Marco Antonio Paredes Condori, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, por informe escrito presentado el 19 de diciembre de 2020, cursante a fs. 23 y vta., solicitó se deniegue la tutela, alegando que: i) La falta de plazo de la detención preventiva invocada por el impetrante de tutela, constituye actividad procesal defectuosa o “…lo que es similar cuando se invoca defectos absolutos…” (sic); por lo que, la vía legal para reclamar aquello era la incidental, observando los presupuestos exigidos por los arts. 167, 314 y 315 del CPP -modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; no resultando viable pronunciarse sobre aquello dentro de una pretensión concerniente a la cesación de dicha medida extrema; ii) Con relación al vencimiento del plazo respecto al cumplimiento de la citada medida cautelar; al no haberse advertido ese hecho se efectuó una interpretación integral de los arts. 235 y 239 del referido Código, no siendo posible acoger la petición por falta de los presupuestos exigidos; iii) En cuanto a los peligros procesales, el solicitante de tutela en el fondo alegó en su acción de defensa una supuesta valoración defectuosa de la prueba; obviando así, que la jurisdicción constitucional no es una instancia ordinaria más, correspondiendo en este caso tener presente que esa facultad compete solo a los tribunales ordinarios; y, iv) Se realizó un análisis de tipo interseccional y con enfoque de género, en virtud a los mandatos explayados en el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Campo Algodonero vs. México, sustentada por la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero; por lo que, el análisis en ese sentido estuvo centrado en la condición de la víctima -mujer-, donde primó una interpretación a favor de aquella, no existiendo en consecuencia, lesión alguna de derechos y garantías. Juan Carlos Ramírez Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Julio César Buhezo Aguirre, Juez del mismo Tribunal de Sentencia Penal, no concurrieron a la audiencia de garantías, ni presentaron informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 20 y 21.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2020 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 31, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, que confirmó parcialmente el Auto Interlocutorio de 7 de octubre del mismo año, en el que se dispuso mantener la detención preventiva del peticionante de tutela, considerando que persistían los riesgos procesales; por tal motivo, no era viable pretender que habiendo transcurrido tácitamente el plazo máximo de la etapa preparatoria se determine su libertad en fase de juicio, en el entendido de observar las modificaciones de la Ley 1173, en cuyo efecto, no fue posible sostener que se lesionó su derecho a la libertad; toda vez que, no se trata de una aplicación de la medida extrema; b) Calificó de manera adecuada la pretensión del accionante en sujeción a las etapas del proceso penal -preparatoria y juicio-; “…se tiene que efectivamente en la etapa preparatoria debió ejercitarse un control jurisdiccional apegado a la normativa procesal aspecto que no ha ocurrido…” (sic); en virtud a que, el proceso se encontraba bajo control del Juez de Instrucción; c) Existió riesgos procesales vigentes que no fueron enervados en la indicada audiencia, según la valoración de las pruebas expuestas; se debe asegurar la finalidad que persigue la aplicación de las medidas cautelares, como es el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; en ese sentido, se entendió que estando en etapa de juicio y habiendo una acusación formal contra el impetrante de tutela, estando en libertad el aludido podría evadir la acción de la justicia en mérito a la permanencia de los peligros procesales; mismos que no fueron desvirtuados; no pudiendo en este caso el Tribunal de garantías “…reexaminar la prueba valorada por los accionados…” (sic); d) Se efectuó una interpretación favorable a la víctima, teniendo presente que el delito que se le atribuye al solicitante de tutela es feminicidio en grado de tentativa; por tal razón, se asumieron en el fallo pautas contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CEDAW) de 9 de junio de 1994 –“Convención Belém do Pará”-; así como, la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015 de la CEDAW, la cual refiere al acceso de las mujeres a la justicia, constituyendo en este caso obligación de los Estados partes asegurar que ellas en el desarrollo de procesos, no se encuentren con obstáculos y restricciones producto de un contexto de desigualdad y discriminación; y, e) Habiendo hecho un control de convencionalidad, conforme manda los arts. 13, 256 y 410 de la CPE, la extrema medida aplicada en la etapa preparatoria en el caso concreto, debía garantizar la protección efectiva para la afectada, más aun si se tiene presente que esta merece protección reforzada por parte del Estado al encontrarse dentro de un sector vulnerable.
Mediante decretos constitucionales de 17 de marzo y 23 de mayo de 2022, cursantes a fs. 38 y 85, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 25 de julio de 2023 (fs. 113 a 115); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo. Asimismo, al no haber obtenido consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 21 de enero de 2020, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, dispuso la detención preventiva de Raúl Nelson Flores Cruz -solicitante de tutela- en la Carceleta de Villazón del citado departamento (fs. 7 a 10). II.2. Por Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2020, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí -demandados-, rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el peticionante de tutela, “…manteniéndose los peligros del Art. 234 numeral 1) que únicamente ha sido enervado en el elemento domicilio, se mantiene el numeral 2) el numeral 4), el numeral 7) y sea desvirtuado el Art. 235 en su numeral 2)” (sic [fs. 61 vta. a 65]). II.3. Cursa recurso de apelación incidental interpuesto el 13 de octubre de 2020, por el impetrante de tutela contra el citado Auto Interlocutorio (fs. 67 a 70). II.4. A través de Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró parcialmente procedente la apelación incidental planteada por el accionante disponiendo que, al persistir los riesgos procesales establecidos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP, confirmó el fallo que determinó la imposición de la detención preventiva, mientras no se demuestre que en mérito al art. 239.1 del citado Código, los mismos sean desvirtuados (fs. 75 a 79 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, solicitó la cesación de su detención preventiva, misma que fue rechazada a través de Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2020; fallo que en alzada mereció el Auto de Vista de 18 de noviembre del citado año, emitido por el Vocal demandado, declarando parcialmente procedente la apelación incidental planteada, manteniendo su medida extrema; determinación que carece de fundamentación, al efectuarse observaciones formales, inobservando el derecho a la igualdad de las partes.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, señaló que: «…El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “…5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 de enero). Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’” desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”» (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, señaló que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’” (las negrillas corresponden al texto original).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa; solicitó la cesación de la detención preventiva, misma que fue rechazada mediante el Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2020; fallo que en alzada mereció el Auto de Vista de 18 de noviembre del citado año, emitido por el Vocal demandado, quien declaró parcialmente procedente la apelación incidental formulada, manteniendo su medida extrema; decisión que carece de fundamentación; al efectuar observaciones formales e inobservar a su vez el derecho a la igualdad de las partes. De la compulsa del legajo procesal se tiene el Auto Interlocutorio de 21 de enero de 2020, pronunciado por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, quien dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela en la Carceleta de Villazón del mismo departamento (Conclusión II.1); cursando a su vez, el Auto Interlocutorio de 7 de octubre de igual año, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de la citada localidad y departamento, que rechazó la solicitud de cesación de la referida medida extrema (Conclusión II.2); a esa decisión por memorial presentado el 3 de igual mes y año, se interpuso apelación incidental (Conclusión II.3); mereciendo el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, pronunciado por el Vocal demandado, declarando parcialmente procedente dicho recurso y al persistir los riesgos procesales establecidos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP, confirmó el fallo que determinó la imposición de la medida extrema, mientras no se demuestre que en mérito al art. 239.1 del citado Código, esos riesgos procesales sean desvirtuados (Conclusión II.4). Ahora bien, considerando que la revisión a la decisión asumida en sede judicial, se efectúa a partir de la última resolución pronunciada en la jurisdicción ordinaria; toda vez que, aquella tuvo la posibilidad de corregir y/o enmendar la determinación dispuesta por la autoridad de menor jerarquía -entendimiento asumido por la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-; se procederá al análisis del Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, pronunciado por el Vocal demandado. Conforme a los argumentos formulados por el solicitante de tutela en su memorial de apelación incidental (Conclusión II.3), aquel señaló como agravios cinco aspectos, que alega no tendrían una adecuada fundamentación, siendo los siguientes:
1) Con referencia a lo dispuesto en el art. 234.1 del CPP -no tener domicilio, familia, negocio o trabajo asentados en el país-, en relación al elemento familia, aduce que la interpretación realizada por el Tribunal a quo fue restrictiva a sus derechos, en el entendido de que se lo condenó por no tener una familia nuclear -ser casado o concubino y no tener hijos-, olvidando que la familia la conforman también sus padres, abuelos, tíos, hermanos, primos y otros parientes consanguíneos; aspecto que, infiere al concepto familia ampliada; por otra parte, respecto al componente trabajo, la observación se centró en la inexistencia de un contrato formal de trabajo y a su vez apreciaciones referidas a aspectos ajenos a una futura actividad laboral en la que increpó datos referidos al domicilio de la empresa y del propietario, así como, la no coincidencia de las funciones que realiza con lo descrito en el NIT respecto a actividades efectuadas; 2) En cuanto al art. 234.2 del Código Adjetivo Penal -facilidades para abandonar el país o permanecer oculto-, el citado Tribunal realizó una suposición sin basarse en un marco probatorio objetivo; toda vez que, su persona al no tener trabajo ni familia, fácilmente podía abandonar el país, constituyendo un riesgo de fuga, no tomando en cuenta extremos como el flujo migratorio y su solvencia económica;
3) En relación al numeral 4 del mismo artículo -comportamiento del imputado durante el proceso-, el aludido Tribunal refirió que en un principio tuvo la intención de escapar, no siendo ese un aspecto condicionante, en el entendido de que en ese momento no existía la instauración de una causa penal; debido a que, el desarrollo de la misma se da a partir de la investigación y el control jurisdiccional, no constituyéndose en un criterio de riesgo de fuga por ser el mismo extra proceso penal;
4) En consideración a lo establecido por el numeral 7 del señalado artículo -peligro efectivo para la sociedad, víctima o denunciante- el mencionado Tribunal sostuvo que se constituiría un peligro para la víctima, en el entendido de que la acción de “haber tomado un cuchillo” generó miedo en la prenombrada, no tomando en cuenta nuevos elementos ofrecidos como prueba, criterio asumido en la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, la cual estableció que, el peligro efectivo para la víctima se da únicamente cuando se tiene o existe sentencia condenatoria ejecutoriada; y,
5) Finalmente, sobre el plazo de la duración de la detención preventiva, aquel nunca fue determinado; debido a que, el Ministerio Púbico no procedió a señalarlo en su imputación formal, tal como lo exige el art. 302.5 del CPP.
Ahora bien, en resolución de los puntos anteriormente descritos, el Vocal demandado al momento de considerar y pronunciarse sobre la apelación incidental planteada, emitió el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, desarrollando y estableciendo los siguientes fundamentos:
i) Con referencia a lo dispuesto en el art. 234.1 del CPP, conforme se acreditó por el informe realizado por la trabajadora social, se evidencia que el accionante solo posee una familia ampliada conformada por sus padres, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, etc., no así con familiares directos que corresponden a un vínculo matrimonial -esposa, cónyuge, conviviente o hijos-, existiendo ausencia de convivencia en cuanto a la estructura de un hogar conformado; toda vez que, el prenombrado respecto a su estado civil, es soltero, no teniendo al efecto ninguna ocupación; debido a que, el mismo lo indica; ahora, con respecto a la vertiente trabajo, de acuerdo al citado informe, el impetrante de tutela no refiere desarrollar actividad laboral alguna; empero, se tiene un contrato de trabajo con una empresa privada denominada “CEDEPA”, con base de operaciones en la ciudad de Villazón, en la cual prestará servicios de “…embotellador de aguas y jugos…” (sic) con un salario correspondiente a Bs2 122 (dos mil ciento veintidós bolivianos); no obstante, en este punto existe una observación referida al NIT de la aludida empresa, la cual en mérito a su razón social y especialmente a las acciones que realiza en su respectivo régimen, detalla que la actividad a la que se dedica es al comercio mayorista de venta de productos químicos industriales, abonos plaguicidas y materiales plásticos textiles para reciclar; situación que, generó una contradicción, más aun tomando en cuenta que en la cédula de identidad del prenombrado consigna como profesión u ocupación la de agricultor; por tal aspecto, en ese acápite no se desvirtuó el riesgo procesal, concluyendo que no existe agravio alguno; ii) Respecto al riesgo procesal descrito en el art. 234.2 del CPP, referido a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, se debe tener en cuenta que ante la inexistencia de una familia, así como, de un domicilio, trabajo y/o actividad, resulta evidente que se genere un hecho en el cual el impetrante de tutela pueda ocultarse de manera maliciosa o en su caso podría abandonar el país, o por último, rehuir al llamado de la justicia; bajo ese parámetro, en ese punto no existía la posibilidad de que se establezca un arraigo natural el cual por su naturaleza vincula a un individuo a “…quedarse en el proceso desde un principio hasta el final…” (sic), no siendo un justificativo para concretar al mismo el tener una relación académica con una universidad, más aun sino se acredita dicho extremo -realizar un trabajo final de tesis-; por lo que, al no acontecer ese aspecto en el presente caso, no se desvirtuó el riesgo procesal señalado, y por ende, no existe agravio alguno;
iii) En relación al numeral 4 del citado artículo, en cuanto refiere a ese riesgo procesal, se tiene presente que el mismo existe y persiste en la primera instancia de las circunstancias del hecho cometido; ahora, si bien en un primer momento el comportamiento del sindicado es reticente al proceso ese automáticamente va desapareciendo, es decir que, “…el riesgo procesal no puede persistir por esas circunstancias realizadas en primera instancia…”
(sic) máxime si el Ministerio Público no presentó un nuevo elemento que genere el hecho de un comportamiento evasivo; por lo que, en ese punto sí se advirtió la existencia de un agravio;
iv) En consideración a lo establecido por el art. 234.7 del CPP, en el cuaderno de investigación, se evidenció la existencia del certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) constituyéndose un documento que acredita que el solicitante de tutela no presenta antecedentes penales; empero, ese documento debe ser analizado desde dos vertientes; siendo la primera, el peligro efectivo para la sociedad; y, la segunda, el riesgo para víctima o el denunciante; ahora, en el presente caso respecto a la última vertiente, impele señalar que tanto el Juez de Instrucción como el Ministerio Público orientaron sus actuaciones en torno a un enfoque interseccional, aquello ante la existencia del mencionado riesgo, tomando en cuenta que se tiene un hecho delictivo en el cual la víctima es una mujer, y por lo tanto, corresponde aplicar un enfoque diferencial de género, más aun teniendo presente el supuesto delito por el que se juzga al peticionante de tutela, que es de feminicidio en grado de tentativa; bajo esas circunstancias, el reforzamiento en cuanto a la calidad de víctima ha tomado notoriedad y se aplicó un estándar mayor de protección a la prenombrada, la cual en este caso es una mujer dentro de un hecho de violencia familiar y/o doméstica, en mérito a lo expuesto precedentemente, no se advierte agravio alguno, manteniendo subsistente el riesgo procesal referido; y, v) En alusión al plazo de la duración de la detención preventiva, se debe considerar que en el presente, consta la formulación de acusación formal realizada el 12 de mayo de 2020, actuado que el Ministerio Público interpuso dentro del plazo establecido; en ese entorno, resulta necesario señalar que el proceso se encuentra en etapa de juicio; por lo que, bajo estas circunstancias en virtud a lo dispuesto por el art. 233 del CPP, corresponde para que proceda la detención preventiva, se debe acreditar la existencia de elementos de convicción suficientes, los cuales indiquen que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad -art. 233.1 del CPP-; ahora cabe señalar en mérito a lo dispuesto por el numeral 3 del referido artículo respecto a la medida extrema, más concretamente con relación al plazo de duración de la misma, que el Ministerio Público en la audiencia de medidas cautelares “…habría generado el hecho de la aplicación de manera tácita del Art. 134 del C.P.P., y a efectos de la aplicación del Art. 239 con relación a la cesación de las medidas cautelares de carácter personal el núm.2 indica: ‘cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención preventiva’ bajo estas circunstancias se debe analizar que evidentemente el Art. 239 núm. 2 aplica a la etapa preparatoria y no así aplica al juicio público, continuo y contradictorio…” (sic), donde de manera clara y concreta el accionante estando dentro de la referida etapa; toda vez que, la causa fue sorteada y radicada ante un tribunal o juez de sentencia corresponde que a efectos de desvirtuar riesgos procesales invoque el art. 239.1 del CPP y no así el numeral 2 del citado artículo, no existiendo al respecto agravio alguno ante dichas circunstancias, teniendo por correcta la actuación del Juez de instancia, no pudiendo generarse a su vez alguna nulidad o defecto absoluto por actividad procesal defectuosa; en mérito a que, dichos extremos debieron reclamarse en su momento; es decir, en la audiencia de medidas cautelares.
Conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, referido a la debida motivación y fundamentación de las resoluciones como un componente del debido proceso, a través del cual, se exige que toda autoridad jurisdiccional al momento de resolver un asunto, debe analizar todos los puntos demandados, o en caso de apelación, pronunciarse sobre cada uno de los agravios que observa el recurrente, en el fondo y de manera clara, considerando los antecedentes, la prueba acompañada a la pretensión, así como, la base normativa que concurre para su resolución; asimismo, tiene que desarrollar y hacer conocer las razones determinativas de la decisión. Bajo ese razonamiento, se advierte que el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, respecto al agravio manifestado por el impetrante de tutela en torno a lo dispuesto en el art. 234.1 del CPP, si bien no presenta problemas en cuanto al presupuesto domicilio y/o residencia, ese no lo hace con relación a los componentes familia y trabajo, esto en el entendido de que el prenombrado solo posee una familia ampliada, más no así una propia, no existiendo ninguna obligación en el marco familiar, concurriendo una ausencia de convivencia en cuanto a la estructura de un hogar conformado; situación que, es ratificada con el estado civil del mismo -soltero-; por otra parte, con referencia al trabajo, se evidencia que el aludido no tiene ninguna ocupación; toda vez que, no indica ese dato, presentando una contradicción respecto a la futura actividad a ser desarrollada por el mismo, teniendo en cuenta que posee un contrato laboral con una empresa privada como embotellador de aguas y jugos; empero, la citada empresa de acuerdo a su registro en el SIN detalla que la actividad a la que se dedica es el comercio mayorista de venta por mayor de productos químicos industriales, abonos plaguicidas y materiales plásticos textiles para reciclar; generando una contradicción, más aun teniendo presente que en la cédula de identidad del solicitante de tutela consigna como profesión u ocupación la de agricultor; circunstancias por las cuales, al ser contradictorias, las mismas no desvirtúan el riesgo procesal referido a ese punto; por ello, lo argumentado por la autoridad demandada, se observa que el mencionado fallo contiene una suficiente motivación y fundamentación.
Ahora, respecto al riesgo procesal descrito en el numeral 2 del art. 234 del CPP, referido a facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, aquel centra su fundamento en el establecimiento del arraigo natural, que por su naturaleza vincula a un individuo a quedarse en el desarrollo del proceso desde un principio hasta el final; lo manifestado por el Vocal demandado, ante la inexistencia de una familia, así como, de un trabajo y/o actividad, y no siendo un justificativo para concretar al mismo el tener una relación académica con una universidad, más aun sino se acredita dicho extremo por medio de documentación efectiva; resulta evidente que se genere un hecho en el cual el impetrante de tutela pueda ocultarse de manera maliciosa, o en su caso, abandonar el país o rehuir al llamado de la justicia; bajo ese parámetro al no haberse desvirtuado el riesgo procesal señalado, no existe agravio alguno; por lo que, se observa respecto a esa parte que la argumentación desarrollada por el Vocal demandado posee una adecuada fundamentación.
En relación al art. 234.4 del Código Adjetivo Penal, la mencionada autoridad demandada, discernió su argumento citando que ese riesgo procesal existe y persiste en la primera instancia de las circunstancias del hecho donde el sindicado es reticente al proceso; sin embargo, ese va desapareciendo de manera paulatina, más aun si el Ministerio Público no presentó nuevos elementos que generen el hecho de un comportamiento evasivo; por lo que, en ese punto se advirtió la presencia de un agravio, a efectos de mantener ese riesgo, siendo aquella interpretación orientada a favor de lo solicitado por el accionante, situación por la cual, en virtud a lo esgrimido por la prenombrada autoridad, se tiene una apropiada fundamentación.
En consideración a lo establecido por el art. 234.7 del CPP, compete precisar que el argumento vertido por el Vocal demandado se enmarca a la existencia del certificado del REJAP, el cual se constituye en un documento que acredita que el peticionante de tutela no posee antecedentes penales; empero, dicho documento debe ser analizado desde dos vertientes; siendo la primera, el peligro efectivo para la sociedad; y, la segunda, el riesgo para víctima o el denunciante; en ese marco, corresponde señalar lo desarrollado por la SCP 0469/2019-S3 de 26 de agosto, la cual señalo que: “…el Certificado del REJAP no es el único elemento para desvirtuar el peligro para la sociedad por sí solo, sino que debe analizarse en cada caso, sus particularidades…”, criterio acorde al entendimiento desplegado por la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo; por lo que, se tendría por subsistente aquel riesgo procesal en su vertiente de peligro para la víctima, entendiendo como afectados al círculo familiar consanguíneo de la misma, circunstancia por la cual realizó un análisis integral, considerando que si bien dicho certificado es prueba idónea, de que el accionante no ha sido sancionado penalmente por otros ilícitos, aquello resulta no ser suficiente como para sustentar que el prenombrado no representa peligrosidad a la víctima; argumento que fue complementado con una interpretación interseccional en la que aplicó un enfoque diferencial de género ante la existencia del mencionado riesgo, teniendo presente la existencia de un hecho delictivo en el cual la víctima es una mujer, y el supuesto delito -feminicidio en grado de tentativa-; bajo esas circunstancias, no se advierte agravio alguno, presentando en conclusión el argumento esgrimido por la autoridad demandada una adecuada fundamentación y motivación al respecto.
Finalmente, respecto al plazo de la duración de la detención preventiva, el razonamiento que menciona el Vocal demandado en la emisión del Auto de Vista objeto de impugnación por parte del solicitante de tutela, gira en torno a las circunstancias descritas por el art. 233 del CPP, así como, lo establecido por el art. 239.1 del referido Código, en el entendido de que el prenombrado ya no esta en el desarrollo de la etapa preliminar, sino en la fase de juicio; toda vez que, la causa producto de la acusación formal presentada dentro de plazo por el Fiscal de Materia se encuentra sorteada y radicada ante un tribunal o juez de sentencia; situación que, corresponde a efectos de desvirtuar los riesgos procesales, se invoque el numeral 1 del art. 239 del citado Código y no así el numeral 2 del precitado artículo; por lo que, al no existir en ese acápite agravio alguno, se tiene que la fundamentación desplegada al respecto es clara y contundente, no existiendo falta de fundamentación. En ese contexto, resulta necesario tener establecido que la fundamentación de los fallos, no implica una labor de exposición ampulosa y abundante de hechos, citas legales ni argumentos reiterativos, sino que, sea de manera concisa y clara integre todos los puntos agraviados; aspecto desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señaló al respecto que: “…la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión…” (SCP 0450/2012 de 29 de junio); de manera tal que, en todo fallo o resolución necesariamente deberán estar insertas las razones que respaldan la medida adoptada, situación que en el caso de autos ocurrió; debido a que, bajo ese razonamiento se advierte que el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2020, emitido por el Vocal demandado resolvió los puntos recurridos por el peticionante de tutela, conteniendo una clara exposición de las razones y motivos específicos que sustentan una determinación asumida, hecho que denota el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales requeridas; teniendo presente a su vez que, la sola discrepancia con la disposición asumida, no constituye suficiente fundamento para concluir la lesión de derechos y garantías; ya que, la fundamentación de los fallos se orienta a que estos sean claros y concisos, aspectos que contempló el aludido fallo en virtud a los argumentos explanados en el recurso de apelación incidental presentado por el accionante; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Finalmente, en relación a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia; al encontrarse el Auto de Vista cuestionado debidamente fundamentado y motivado, no puede entenderse que el aludido derecho hubiera sido conculcado, correspondiendo también denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2020 de 19 de diciembre, cursante de fs. 25 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en la Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0752_2023-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 06156bfcac09b9695bd03736504ecff19fd4f3013a86cab954c1d96a6a70e439
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