Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la defensa y de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia, igualdad jurídica y juez imparcial; toda vez que, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, si bien declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 29 de enero de igual año, que dispuso su detención preventiva, anuló dicha determinación y ordenó al Juez a quo emitir nueva resolución, empero sin pronunciarse sobre el fondo de los agravios formulados respecto a la indebida construcción de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP; asimismo, esa decisión resultaría incongruente y contraria al principio de igualdad, porque la misma Sala Penal, en un caso anterior con similar cuestionamiento sobre el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 41 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, en razón de los derechos invocados, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, ordenando que la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita uno nuevo, resolviendo en el fondo el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, siempre y cuando por el transcurso del tiempo aún no se haya definido su situación procesal; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la solicitud de la emisión del mandamiento de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0751/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53830-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 41 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Rodrigo Fernández Loza, David Fernández García y Diego Steven Medina Cabrera en representación sin mandato de Gaby Elizabeth Ruiz Mercado contra Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 13 a 19 vta., la accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Jorge Antonio Loayza Molina en su contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal (CP), el Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 29 de enero de 2023, dispuso su detención preventiva, al considerar concurrentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Contra esa determinación interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, mediante Auto de Vista 16 de febrero de 2023, declaró procedente el recurso, anulando el Auto apelado y ordenando que el Juez a quo emita una nueva resolución. No obstante, la autoridad demandada no ingresó al análisis de fondo de los agravios formulados contra la construcción de los riesgos procesales, pese a que en apelación se denunció la vulneración del debido proceso en sus elementos defensa, valoración de la prueba, fundamentación y congruencia; en lugar de resolver si correspondía mantener o excluir los riesgos previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP, sostuvo que la resolución de instancia contenía defectos absolutos no susceptibles de convalidación, conforme al art. 169.3 del CPP, y dispuso la emisión de una nueva resolución, sin identificar con claridad cuáles eran esos defectos ni explicar por qué no podían ser subsanados directamente por el Tribunal de alzada. Asimismo, se cuestionó que la misma Sala Penal Segunda del mencionado departamento, en otro proceso penal resuelto mediante Auto de Vista de 26 de enero de 2023, ante un agravio similar referido a la construcción del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, sí ingresó al fondo de la apelación y excluyó dicho riesgo de la situación jurídica del imputado; por ello, en el presente caso se asumió una determinación incongruente y desigual, pues correspondía que la Vocal demandada resolviera los agravios planteados y, en su caso, excluyera los riesgos procesales indebidamente fundamentados, en lugar de anular el Auto apelado. Finalmente, la anulación del Auto Interlocutorio de 29 de enero de 2023 dejó sin sustento la detención preventiva impuesta en su contra; sin embargo, al no disponerse su libertad hasta la emisión de una nueva resolución cautelar, permanece privada de libertad en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del Cochabamba, en una situación de incertidumbre jurídica y restricción ilegal de su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la defensa y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, congruencia, igualdad jurídica y juez imparcial; citando al efecto los arts. 22, 23.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023; b) Se ordene a la autoridad demandada pronunciarse sobre el fondo del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 29 de enero de igual año; y, c) En caso de no concederse la tutela en los términos solicitados, se disponga la emisión de mandamiento de libertad en su favor, hasta que se emita una nueva resolución que defina su situación jurídica.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de sus representantes sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) No se solicitó que se anule totalmente el Auto de Vista 29 de enero de 2023, sino que se tome en cuenta que la construcción de los riegos procesales por parte del Juez a quo fue inadecuada; por lo cual, se ordene a la autoridad ahora demandada emita resolución pronunciándose sobre el fondo de la apelación respecto a la concurrencia o no del numeral 7 del art. 234 y numeral 1 del art. 235 del CPP; y, 2) Tampoco se pidió la libertad de la accionante, solo pretenden que la Sala Penal Segunda pueda valorar el fondo de la apelación planteada.
Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 36 a 37 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) El recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante contra el Auto de Vista 29 de enero de 2023 ingresó a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba el 13 de febrero de mismo año, siendo resuelto en audiencia de 16 de mencionado mes y año; ii) En dicha audiencia, la impetrante de tutela denunció inadecuada valoración de la prueba e indebida fundamentación respecto de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP, así como la omisión de valoración sobre la situación de dependencia de su hijo enfermo de cinco años; iii) La determinación asumida en el Auto de Vista cuestionado fue congruente con los agravios planteados, toda vez que la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución cautelar de primera instancia constituía un defecto absoluto previsto en el art. 169.3 del CPP, que no podía ser subsanado directamente por el Tribunal de alzada sin incurrir en una doble valoración probatoria; iv) El Tribunal de apelación no podía suplir la valoración omitida por el Juez a quo, pues la compulsa de los elementos presentados para imponer, modificar o mantener medidas cautelares corresponde inicialmente a la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso; v) La peticionante de tutela pretendió que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar el fondo del Auto de Vista cuestionado, sin cumplir los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para activar el control sobre la legalidad ordinaria, al no explicar de manera suficiente el nexo de causalidad entre la interpretación cuestionada y la lesión de derechos invocada; vi) En cuanto al supuesto precedente emitido por otro Vocal de la misma Sala Penal, sostuvo que, con las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, los recursos de apelación sobre medidas cautelares son resueltos por el Vocal de turno, por lo que el criterio asumido en otro caso no vincula automáticamente a otro Vocal, menos aún si no se acredita analogía fáctica ni se desarrolla la carga argumentativa necesaria; vii) Respecto a la libertad de la imputada, señaló que la defensa no informó en audiencia cuál era su situación jurídica previa a la imposición de medidas cautelares ni solicitó complementación conforme al art. 125 del CPP, siendo que, al dejarse sin efecto el Auto apelado, correspondía retrotraer su situación jurídica al momento anterior a la audiencia cautelar y ordenar que el Juez inferior emita de inmediato una nueva resolución debidamente fundamentada; y, viii) No se demostró vulneración a la libertad, al debido proceso ni a la debida fundamentación y motivación.
El representante del Ministerio Público, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que: a) La accionante no solo pretende que la Vocal demandada ingrese a valorar el fondo de su apelación incidental, sino que busca su libertad, aspectos y situaciones que son completamente diferentes, más aún si la línea jurisprudencial ha establecido que la situación jurídica no puede ser variada a menos que cambien las circunstancias; b) El cuestionar solo un riesgo procesal, no modifica los riesgos procesales que ya fueron subsumidos, más aún si se tiene en cuenta que, de acuerdo a la SCP “0252/2018-S2” la detención preventiva continúa aun con la concurrencia de un riesgo procesal; y, c) Asimismo, de acuerdo a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, solo se necesita un Vocal, y ya no la Sala en conjunto para resolver las apelaciones incidentales.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 41 a 47 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Se encuentra pendiente la emisión de una nueva resolución por parte del Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto de igual Capital y departamento, conforme a lo ordenado por el Tribunal de alzada; 2) Procedía aplicar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, toda vez que existe una autoridad ordinaria llamada a definir de manera inmediata la situación jurídica de la imputada; por lo que activar simultáneamente la jurisdicción constitucional para resolver el mismo aspecto generaría disfunciones procesales no queridas por el ordenamiento jurídico; y, 3) Al estar pendiente una decisión en sede ordinaria, no se puede ingresar al análisis de fondo de los agravios relativos a la fundamentación, congruencia, igualdad jurídica y derecho a la defensa denunciados contra el Auto de Vista cuestionado. En vía de complementación y enmienda, la accionante, a través de su abogado solicitó se ordene a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que, vía gestoría pueda notificar en el día y proceder la remisión del cuaderno procesal de la Sala referida al Juzgado de instancia para que emita nueva resolución; ante lo referido, el Juez de garantías dispuso que se ponga en conocimiento de la presente Resolución a la Sala Penal Segunda demandada para la devolución del cuaderno procesal cautelar ante la autoridad de instancia para que emita nueva resolución.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 53 a 55); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y Auto Interlocutorio de 29 de enero de 2023, pronunciado por el Juez Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto de la Capital del departamento de Cochabamba, por el cual se dispuso la detención preventiva de Gaby Elizabeth Ruiz Mercado -hora accionante-, en aplicación a lo establecido en los arts. 233.1, 2 y 3, 234.7, y 235.1 del CPP (fs. 8 a 12). II.2. Cursa acta de audiencia virtual y Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, mediante el cual, Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, resolvió el recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesto por la impetrante de tutela, declarándolo procedente, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 29 de enero de igual año, y disponiendo que el Juez a quo, inmediatamente devueltos los antecedentes, emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, tomando en cuenta los fundamentos expuestos en dicho fallo (fs. 31 a 34 vta.).
La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la defensa y de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia, igualdad jurídica y juez imparcial; toda vez que, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, si bien declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 29 de enero de igual año, que dispuso su detención preventiva, anuló dicha determinación y ordenó al Juez a quo emitir nueva resolución, empero sin pronunciarse sobre el fondo de los agravios formulados respecto a la indebida construcción de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP; asimismo, esa decisión resultaría incongruente y contraria al principio de igualdad, porque la misma Sala Penal, en un caso anterior con similar cuestionamiento sobre el art. 234.7 del CPP, sí ingresó al fondo y excluyó el riesgo procesal; además que, al haberse anulado el Auto que sustentaba la detención preventiva, correspondía disponer su libertad hasta que se emita una nueva resolución cautelar. Ante ello, la autoridad demandada sostiene que no existe vulneración alguna, porque el Auto de Vista cuestionado fue emitido en congruencia con los agravios expuestos en apelación, al advertirse defectos absolutos de fundamentación y motivación en la resolución cautelar de primera instancia que no podían ser subsanados directamente por el Tribunal de alzada sin incurrir en doble valoración probatoria; asimismo, el criterio asumido por otro Vocal de la Sala Penal Segunda en una causa distinta no era vinculante para el presente caso que la parte impetrante de tutela no cumplió la carga argumentativa necesaria para activar el control constitucional sobre la legalidad ordinaria; y que, al dejarse sin efecto el Auto apelado, correspondía que el Juez a quo emita de inmediato una nueva resolución que defina la situación jurídica de la accionante, sin que proceda disponer directamente su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1471/2012 de 24 de septiembre respecto a la Resolución de apelación de medidas cautelares estableció que: “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (las negrillas fueron agregadas). Existe jurisprudencia constitucional reiterada -desde la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, continuada por las SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, 2078/2012 de 8 de noviembre, 0815/2014 de 30 de abril, 0686/2015-S2 de 10 de junio, 1005/2015-S3 de 12 de octubre, 0355/2016-S2 de 18 de abril, 0515/2018-S4 de 12 de septiembre, 0990/2019-S2 de 21 de octubre, 0807/2020-S2 de 18 de diciembre, 1207/2025-S2 de 14 de octubre y 0016/2026-S2 de 11 de febrero-, según la cual, el Tribunal de alzada que conoce una apelación incidental vinculada a medidas cautelares personales, debe resolver el fondo de los agravios planteados, confirmando, revocando o modificando la decisión impugnada sin disponer la nulidad de obrados ni reenviar la causa al juez inferior, por cuanto ello prolonga indebidamente la incertidumbre sobre la libertad personal.
De la revisión de antecedentes, se advierte que, la Vocal demandada, al resolver la apelación incidental interpuesta por la accionante contra el Auto Interlocutorio de 29 de enero de 2023 que dispuso su detención preventiva emitió el Auto de Vista de 16 de febrero de igual año, por el cual declaró procedente el recurso, pero anuló la resolución apelada y ordenó al Juez a quo dictar una nueva decisión, sin ingresar al análisis de fondo de los agravios planteados respecto a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP. En ese marco, el objeto procesal se circunscribe a determinar si el Tribunal de alzada podía disponer la nulidad con reenvío en una apelación incidental de medidas cautelares personales, o si, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, tenía el deber de resolver directamente el fondo de los agravios, confirmando, revocando o modificando la decisión impugnada, sin que ello implique que la justicia constitucional disponga directamente la libertad de la accionante. De los antecedentes relevantes, se tiene que el Juez Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 29 de enero de 2023, dispuso la detención preventiva de la impetrante de tutela, en aplicación de los presupuestos previstos en el art. 233 del CPP y de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.1 del mismo cuerpo normativo (Conclusión II.1). Contra esa determinación, la ahora accionante interpuso apelación incidental, cuestionando precisamente la construcción de dichos riesgos procesales y la suficiencia de la fundamentación utilizada para restringir su libertad. Ahora bien, la Vocal demandada, mediante Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, declaró procedente el recurso de apelación; sin embargo, en lugar de resolver el fondo de los agravios expuestos, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 29 de enero de 2023 y dispuso que, una vez devueltos los antecedentes, el Juez a quo emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, tomando en cuenta los fundamentos expuestos en dicho Auto de Vista (Conclusión II.2). Esta forma de resolver, aunque aparentemente favorable a la parte apelante por dejar sin efecto la Resolución impugnada, no definió la cuestión central sometida a conocimiento del Tribunal de alzada, que era si correspondía mantener, excluir, modificar o sustituir los riesgos procesales que sustentaban la detención preventiva. En ese entendido, de acuerdo con la regla desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el Tribunal de alzada conoce una apelación incidental vinculada a medidas cautelares personales, no le está permitido anular obrados ni reenviar la causa al juez inferior bajo el argumento de advertir defectos de fundamentación o motivación en la resolución apelada. Al tratarse de una controversia directamente vinculada con la libertad personal, la autoridad de alzada debe resolver el fondo de los agravios planteados, confirmando, revocando o modificando la decisión impugnada, evitando así prolongar indebidamente la incertidumbre sobre la situación jurídica de la persona sometida a la medida cautelar. En el presente caso, la Vocal demandada, al disponer la anulación del Auto apelado y ordenar la emisión de una nueva resolución por el Juez a quo, incumplió la citada regla jurisprudencial, pues trasladó nuevamente al juez de instancia la definición de una controversia que ya había sido sometida al conocimiento del Tribunal de alzada; esa determinación no cumple con la finalidad de la apelación incidental en materia cautelar, porque no otorga una respuesta directa a los agravios formulados por la parte recurrente y posterga la definición de su situación jurídica en un ámbito en el que la Constitución y la jurisprudencia constitucional exigen una decisión pronta, concreta y útil. Asimismo, corresponde precisar que el defecto advertido no se subsana por el hecho de que la autoridad de alzada hubiera declarado “procedente” el recurso de apelación, pues no basta con que la apelación haya sido declarada procedente, sino el alcance real de la decisión asumida; si el Tribunal de alzada deja sin efecto la resolución apelada, pero no define si la detención preventiva debe mantenerse, modificarse o cesar en función de los agravios planteados, la apelación cautelar pierde eficacia y la persona privada de libertad queda sometida a una nueva espera procesal que la jurisprudencia constitucional ha considerado incompatible con la protección reforzada de la libertad personal. Ahora bien, lo anterior no implica que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar a valorar directamente los elementos de convicción vinculados a los riesgos procesales ni disponer, sin más, la libertad de la accionante; la lesión evidenciada no radica en que necesariamente corresponda excluir los riesgos previstos en los arts. 234.7 y 235.1 del CPP, ni en que deba imponerse una medida menos gravosa; sino en que la autoridad llamada por ley a resolver la apelación omitió pronunciarse sobre el fondo de los agravios y optó por una nulidad con reenvío que no es conforme con la jurisprudencia constitucional aplicable a medidas cautelares personales. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela únicamente en el alcance necesario para restituir el derecho lesionado que es dejar sin efecto el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023 y ordenar que la Vocal demandada, o la autoridad llamada por ley, emita nueva resolución resolviendo el fondo de la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 29 de enero de igual año, pronunciándose de manera expresa sobre los agravios referidos a los riesgos procesales cuestionados y determinando, en consecuencia, si corresponde, confirmar, revocar o modificar la medida cautelar impuesta. En cuanto a la solicitud alternativa de disponer la libertad de la peticionante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada, puesto que la definición de su situación cautelar debe ser asumida por el Tribunal de alzada competente al resolver la apelación incidental, y no directamente por esta justicia constitucional; pues, ordenar la libertad en esta instancia supondría sustituir la competencia ordinaria de revisión cautelar y resolver el mérito de los riesgos procesales, extremo que excede el alcance de la tutela concedida. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 41 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, en razón de los derechos invocados, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, ordenando que la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita uno nuevo, resolviendo en el fondo el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, siempre y cuando por el transcurso del tiempo aún no se haya definido su situación procesal; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la solicitud de la emisión del mandamiento de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0751_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 48b4e3a311cf4311903c49b7924259391237ff8af5527b5ce1f2ccc68b4a7f11
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