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SCP 0751/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
7 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46939-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad de locomoción en relación a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; debido a que en el fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de lesiones graves y leves, el Juez demandado, no emitió el mandamiento de libertad solicitado; no obstante, haber cumplido la pena impuesta, encontrándose detenido ilegalmente por dos meses y veintisiete días; por lo que, a través de esta acción de defensa, solicita que se expida en el día su mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena, sea en el marco de las normas referidas y jurisprudencia citada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 94/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0751/2023-S1 Sucre, 7 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46939-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 94/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de David Alfredo Mamani Mamani contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de abril de 2022, cursante de fs. 6 a 9, el accionante por intermedio de su representante sin mandato, manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por el delito de lesiones graves y leves, se encuentra detenido en el Recinto Penitenciario de “San Pedro” de la ciudad de La Paz, cumpliendo la pena impuesta por mandato de la Sentencia Condenatoria 23/2019 de 30 de mayo y conforme consta del Certificado de permanencia y conducta de 18 de agosto de 2021 se evidencia que cumplió tres años, dos meses y veintisiete días. El mandamiento de detención preventiva data de 8 de enero de 2019 y el mandamiento de condena de 26 de abril de 2021. Por lo que se evidencia que el plazo de condena habría excedido al presente, estando detenido ilegalmente por dos meses y veintisiete días. En estos casos es el juez quien de oficio o a solicitud de parte expide el correspondiente mandamiento de libertad, por cumplimiento de la condena conforme establece el art. 129.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en relación con los arts. 39 y 213 de la -Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-. El 30 de marzo de 2022, presentó memorial solicitando se expida el mandamiento de libertad por cumplimiento de pena; sin embargo, hasta la fecha no se tiene respuesta alguna.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega como vulnerados su derecho a la libertad de locomoción en relación a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto, los arts. 24, 115. I, II, 178.I y 180.I, de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.3 del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se expida en el día su mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena, sea en el marco de las normas referidas y jurisprudencia citada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 5 de abril de 2022, conforme consta en el Acta de audiencia cursante de fs. 20 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de su representante sin mandato ratificó el memorial de acción de libertad y añadió que: a) El 30 de marzo de 2022 solicitó al Juez demandado, emita el correspondiente mandamiento de libertad sin que hasta la fecha se hubiera cumplido; b) No cuenta con un certificado actualizado de permanencia, debido a que el penal no tiene el personal para ese efecto, por lo que tomó un certificado ya pasado; c) La Pena que cumple es de tres años, dos meses y veintisiete días; y, d) No tiene acceso al cuaderno de control jurisdiccional y la Secretaria no quiso hablar con su persona y su defendido permanece privado de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, no se presentó en audiencia; sin embargo, remitió informe escrito que cursa de fs. 12 a 13; refiriendo que: 1) El Tribunal de Sentencia Segundo de El Alto remitió el 7 de mayo de 2021 la Sentencia Condenatoria Resolución S-23/2019 de 30 de mayo, radicó en el Juzgado de Ejecución Penal el 10 de mayo de 2021, momento a partir del cual no se realizó ningún tipo de solicitud, ni seguimiento de cumplimiento de condena por parte de la defensa de David Alfredo Mamani Mamani; 2) El 30 de marzo de 2022 el ahora accionante solicitó mandamiento de libertad, sin verificar y acompañar el certificado de permanencia y conducta de 18 de agosto de 2021 certificado por la Administración del Recinto Penitenciario de San Pedro, que permita conocer con certeza el ingreso efectivo y permanencia del sentenciado David Alfredo Mamani Mamani en el penal; 3) Mediante la providencia de 31 de marzo de 2022 se atendió la solicitud del accionante, requiriendo se adjunte el Certificado de permanencia y conducta de 18 de agosto de 2021 en original o fotocopia legalizada, que permita tener certeza sobre el ingreso y tiempo de permanencia de David Alfredo Mamani Mamani en el recinto penitenciario de San Pedro; 4) Exhortó a la defensa revisar los antecedentes del proceso y documentación adjunta antes de realizar sus solicitudes; y, 5) Instruyó que se oficie al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro, a efecto que emita el certificado de permanencia y conducta actualizado del interno Alfredo Mamani Mamani en el plazo de veinticuatro horas de recibido el oficio y señaló que el accionante no expresó con veracidad los trámites previos que se encuentran pendientes para considerar la solicitud de mandamiento de libertad.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 94/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante no adjuntó al memorial de 30 de marzo de 2022, el certificado de permanencia y conducta de 18 de agosto de 2021 aun así hubiese adjuntado, el mismo tendría una data de mediados de 2021 y al presente nos encontramos en abril de 2022, lo que hace imprescindible la presentación de un certificado actualizado presentado ante el Juez de Ejecución Penal, o ante este Tribunal de garantías constitucionales como se tiene desarrollado en el numeral II del parágrafo II de la presente resolución, cuando se denuncian hechos vulneradores procedentes de un proceso judicial, es necesario que la carga de la aprueba sea cumplida por el accionante; ii) Respecto a la falta de pronunciamiento de la autoridad accionada al memorial de 30 de marzo de 2022, del cuaderno de control de ejecución de Penas o Condena y del informe de la autoridad accionada, se evidencia que el mismo respondió oportunamente y que se encuentra conforme a la realidad procesal, cursante en obrados. A efectos del pronunciamiento o disposición en el fondo por parte de la autoridad ejecutora de penas, es imprescindible contar con el certificado respectivo que corrobore incontrastablemente el cumplimiento de la pena conforme a la sentencia condenatoria, no siendo suficiente la sola petición. Situación por la que la autoridad demandada de oficio ordenó la remisión del informe respectivo a la autoridad penitenciaria; iii) Las fotocopias adjuntas por el accionante manifestando que el referido memorial no se encuentra a la vista; en la primera es genérica y no está debidamente marcado para identificar cual corresponde a su memorial y la segunda fotocopia es de 1 de abril de 2022 y a la fecha nos encontramos en 5 de abril de 2022 y como manifestó la representante del accionante, que no pudo ver el cuaderno porque estaban descargando los memoriales en el Juzgado de Ejecución Penal; y, iv) Se debe tener en cuenta que los abogados en sus funciones de defensores, en caso que un memorial no esté cargado en el libro diario tiene la obligación de poner en conocimiento de la Secretaría o del Juez, de esta manera conocer si la demora en la respuesta a sus solicitudes son atribuibles al Juez o a la Secretaria. En el presente caso en concreto se desconoce si la demora que refiere el accionante y que la misma sea atribuible al Juez o a la Secretaria donde no descargaron oportunamente en el libro Diario, o en todo caso es el propio abogado que después del 1 de abril de 2022 no se apersonó nuevamente a realizar el seguimiento y reclamo respectivo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Fotocopia de Mandamiento de Detención Preventiva con NUREJ 20251934 Caso: EAL 1900139, librado el 8 de enero de 2019, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de David Alfredo Mamani Mamani con CI. 10908533 LP y otros, por la presunta comisión del delito de homicidio, mediante Resolución 008/2018 de 8 de enero de “2019” emitido por Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción en lo Penal Primero de El Alto, a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, conforme lo establecido en el art. 237 del CPP (fs. 5). II.2. Cursa fotocopia del memorial presentado por David Alfredo Mamani Mamani el 30 de marzo de 2022, ante el Juez de Ejecución y Supervisión en lo Penal Primero del departamento de La Paz, por medio de su representante sin mandato, en el fenecido proceso penal por el delito de lesiones graves y leves por el que se apersona y pide se expida mandamiento de libertad por cumplimiento de pena, refiere que fue sentenciado a tres años de privación de libertad, con mandamiento de detención preventiva de 8 de enero de 2019, Sentencia 23/2019 de 30 de mayo, Mandamiento de Condena de 26 de abril de 2021, Certificado de Permanencia y Conducta de 18 de agosto de 2021 (fs. 4 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad de locomoción en relación a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; debido a que en el fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de lesiones graves y leves, el Juez demandado, no emitió el mandamiento de libertad solicitado; no obstante, haber cumplido la pena impuesta, encontrándose detenido ilegalmente por dos meses y veintisiete días; por lo que, a través de esta acción de defensa, solicita que se expida en el día su mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena, sea en el marco de las normas referidas y jurisprudencia citada.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. El juez de ejecución penal y la celeridad en las solicitudes de libertad por cumplimiento de la condena

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0536/2019-S2 de 15 de julio asumió el siguiente entendimiento:

El juez de ejecución penal, de acuerdo al art. 18 de la LEPS, ejerce el control jurisdiccional, garantizando: “…la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional, los Tratados y Convenios Internacionales y las Leyes, a favor de toda persona privada de libertad”. Dicha norma guarda conexión con el art. 19.1 de la LEPS, que determina que el juez de ejecución penal es competente para conocer y controlar: “La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución”; y con el art. 55.1 del CPP, que establece que dichos jueces tienen a su cargo: “El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados”.

De las normas glosadas, se concluye que el juez de ejecución penal es el encargado de la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas y, por lo mismo, su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena, conforme lo entendió la SC 0676/2005-R de 16 de junio. Además, esa autoridad debe velar por el control del respeto de los derechos y garantías del privado de libertad, contenidas en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos; consiguientemente, es ante dicha autoridad jurisdiccional donde se debe acudir en reclamo de los derechos supuestamente lesionados durante la privación de libertad, que es lo que sucedió en el caso analizado, pues el representado del accionante acudió ante el juez ahora demandado para restituir su derecho a la libertad física o personal. Ahora bien, debe entenderse que, ante una solicitud de libertad por cumplimiento de condena, el juez de ejecución penal debe actuar de manera inmediata, pues de conformidad al art. 39 de la LEPS: “Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno”. Añadiendo la norma en el segundo párrafo que: “El funcionario que incumpla esta disposición será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan” (las negrillas fueron añadidas). De acuerdo a la disposición legal citada, en virtud del principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180 de la CPE, el juez de ejecución penal debe despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, más aún, en aquéllos casos en los que se encuentra vinculado el derecho a la libertad física o personal; sin embargo, esto no significa que la autoridad jurisdiccional falte al deber jurídico de constatar el efectivo cumplimiento de la condena, y, actuando responsablemente, tome las previsiones necesarias para evitar equivocaciones o errores en la expedición del mandamiento de libertad (las negrillas fueron agregadas). En similar sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, interpretando el art. 39 de la LEPS, respecto al cumplimiento de los mandamientos de libertad por parte de los directores de los establecimientos penitenciarios, estableciendo que cuando esa norma:

... señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento... Dicho entendimiento fue también asumido en la SC 0082/2010-R de 3 de mayo.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que el Juez demandado, no expidió el mandamiento de libertad, no obstante a que cumplió los tres años de condena impuesta, encontrándose detenido ilegalmente por dos meses y veintisiete días, que de esa manera vulneró su derecho a la libertad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que dentro el fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Alfredo Mamani Mamani -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, el 30 de marzo de 2022, presentó memorial ante el Juez de Ejecución Penal y Supervisión en lo Penal Primero de El Alto pidiendo se expida mandamiento de libertad, arguyendo que cumplió su condena de tres años (Conclusión II.2). Asimismo, el Juez demandado, mencionó en su informe que el 31 de marzo de 2022 respondió a la solicitud del accionante, observando la falta del certificado de permanencia y conducta de 18 de agosto de 2021 expedido por la Administración del Recinto Penitenciario de San Pedro, documento que permite conocer con certeza el ingreso efectivo y permanencia del sentenciado David Alfredo Mamani Mamani en el penal, por lo cual en la referida providencia de 31 de marzo de 2022, extrañó dicho certificado, solicitó se adjunte en original o fotocopia legalizada, exhortó a la defensa revisar los antecedentes y documentación adjunta antes de realizar sus solicitudes; e instruyó de oficio se oficie al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro a efecto que remita el certificado de permanencia y conducta actualizado del referido interno en un plazo de veinticuatro horas de recibido el oficio. Antecedentes que demuestran con claridad que el Juez demandado atendió oportunamente la solicitud del accionante y al no evidenciar en los antecedentes el certificado de permanencia y conducta observó su ausencia y ordenó se oficie al Director del Recinto Penitenciario. Al respecto cabe referir que si bien el art. 39 de la LEPS señala que cumplida la condena el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, el mismo debe entenderse conforme a la interpretación señalada en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III. 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala: Si bien de acuerdo a los arts. 178 y 180 de la CPE, el Juez de Ejecución Penal debe despachar todo asunto puesto a su conocimiento sin dilaciones indebidas, más si se trata del derecho a la libertad física y personal del privado de libertad, sin embargo:

(…) esto no implica que dicha autoridad, falte el deber jurídico de constatar el efectivo cumplimiento de la condena, y, actuando responsablemente, tome las previsiones necesarias para evitar equivocaciones o errores en la expedición del mandamiento de libertad. Lo cual no implica dilación indebida, dado que dichas formalidades deben ser cumplidas por la defensa del interno, con oportunidad, agilidad e inmediatez que el caso aconseje, quien debe tomar todas las precauciones para hacer efectiva la libertad oportuna de su defendido, por medio del mandamiento de libertad, de modo que no exista motivo alguno que evite el mandato del art. 39 de la LEPS. La jurisprudencia constitucional citada, señala que estas previsiones se encuentran implícitas en la norma referida, en ese entendido se tiene que el certificado previo de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario es obligatorio, con el cual el Juez dará por cumplida la pena impuesta. Resultando indispensable para viabilizar la libertad del condenado, por lo cual la defensa debe procurar que el mismo sea expedido y presentado ante el Juez oportunamente. Al respecto la jurisprudencia constitucional citada anteriormente al referirse a la Gobernación de la Cárcel señaló que:

(…) resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento. De lo referido se tiene que si bien la defensa del interno David Alfredo Mamani Mamani solicitó al Juez demandado que expida el mandamiento de libertad; sin embargo, omitió presentar una prueba fundamental para viabilizar dicho pedido como es el Certificado de permanencia y conducta expedido por la Administración del Recinto Penitenciario de San Pedro, sin que la dilación resulte indebida, por cuanto se encuentra plenamente justificada, más aún cuando el Juez demandado obró con la celeridad procesal que aconseja la acción de libertad traslativa o de pronto despacho citada en el Fundamento Jurídico III. 1 de este Fallo Constitucional que señala:

(…) toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho. Desde esa óptica el Juez demandado no incurrió en vulneración del derecho a la libertad y a una justicia pronta y oportuna, por el contrario al haber atendido el pedido de la defensa del condenado oportunamente y ordenado de oficio que el Director del Penal emita el Certificado requerido, obró conforme a Ley. A tal efecto, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 94/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0751_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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