Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2025
Concede la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, a la seguridad personal, a la petición de manera individual o colectiva y a la dignidad humana, aduciendo que, habiéndose dispuesto su detención domiciliaria previo cumplimiento de otras medidas cautelares, entre estas la presentación de cuatro garantes solventes, luego de cumplido con tres de los garantes exigidos, solicitó a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de San Borja del departamento del Beni -de turno durante la vacación judicial-, audiencia para la presentación del último garante solvente, a objeto de cumplir las medidas impuestas; sin embargo, no tuvo respuesta positiva, por cuanto: i) Su memorial fue rechazado en “Ventanilla Única”, bajo el argumento que el Tribunal donde radicaba la causa se hallaba de vacaciones y que su solicitud se atendería al retorno del receso colectivo; extremo, confirmado por un funcionario de apoyo judicial del Juzgado de turno, quien le indicó que no estaban atendiendo casos con detenidos preventivos, sino con personas privadas de libertad durante la vacación judicial, exhibiendo en su descargo la Circular 031/2022, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; y, ii) El Juzgado de turno, por decreto de 22 de diciembre de 2022, declaró no ha lugar a su solicitud de presentación de garante, señalando que la misma debía ser considerada por el Tribunal colegiado, una vez que reanuden labo…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en todo la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional. 2° Llamar la atención Roberto Rejas Ribera; y, Verónica López Arauz, miembros del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento del Beni -ahora demandados- ante su omisión de remitir el expediente correspondiente al Caso 80340206220071, conforme disponía la Circular 035/2022. 3° Exhortar al personal de Ventanilla Única de la Oficina Gestora de Procesos de San Borja y “Personal de apoyo judicial” del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento del Beni -de turno durante la vacación colectiva 2022-, a obrar con la debida diligencia en casos de personas privadas de libertad.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0750/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53378-2023-107-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Thomas Cuajera Yanamo en representación sin mandato de Shirley Brirrith Esquivel Gutiérrez contra Roberto Rejas Ribera, Presidente del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento del Beni; y, Verónica López Arauz, Jueza del mismo Juzgado.
Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 24 a 26, la accionante a través de su representante sin mandato señaló que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de trata de personas, homicidio-suicidio, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Trinidad, posteriormente, fue beneficiada con la cesación a la detención preventiva, por el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento del Beni, quedando como requisito pendiente para su libertad, la presentación de un garante personal; sin embargo, al haber ingresado dicha instancia en vacación judicial, el 21 de diciembre de 2022, solicitó al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de San Borja del citado departamento -de turno durante el referido receso-, audiencia para la presentación de garantes, sin recibir observación alguna al respecto; situación por la cual, el 23 del citado mes y año, ingresó otro memorial complementando documentación; empero, fue rechazado en “Ventanilla Única” -se entiende de la Oficina Gestora de Procesos de la citada localidad- bajo el argumento que el Tribunal de Sentencia donde radicaba su causa se encontraba de vacación judicial y que su solicitud sería atendida al retorno de las mismas. Ante tal argumento, acudió al Juzgado de turno, a objeto de verificar la información otorgada, donde un funcionario de apoyo judicial del mismo, le confirmó que no estaban atendiendo casos con detenidos preventivos, sino únicamente casos con personas privadas de libertad durante la vacación judicial; por lo que, la presentación de su garante solvente, debía esperar al retorno del receso colectivo; asimismo, le señaló que no fueron remitidos los antecedentes de su caso por el Tribunal de origen, exhibiendo en su descargo la Circular 031/2022 de 8 de noviembre, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; el cual, guardaba relación con la providencia de 22 de diciembre de 2022, emitida por la Jueza codemandada, señalando no ha lugar a su solicitud -se entiende de audiencia para la presentación de garantes-, debiendo considerarse su petición por el “Tribunal Colegiado” una vez se reanuden las labores judiciales el 3 de enero de 2023. La postura tanto del “Tribunal titular” como de la Jueza de turno, de ampararse en la Circular 031/2022, interpretando que sólo debían ser remitidas ante el Juzgado de Instrucción Penal de turno, sólo los casos de personas aprehendidas o detenidas durante el cumplimiento de la vacación judicial, conculcó su derechos constitucionales, al conminarle a esperar el retorno del citado receso, dejándolo en estado de indefensión y sin poder presentar el garante que quedaba pendiente para recobrar su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, de circulación, a la dignidad, a la seguridad personal, a la petición de manera individual o colectiva; y, a la dignidad humana, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I y II, 24 y 73 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 30 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 34, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándolos señaló que, la autoridad judicial demandada en su informe mencionó el art. 125 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que refiere, el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunales Departamentales de Justicia en la programación de sus vacaciones deben garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias, con la finalidad de que los litigantes no se vean perjudicados o privados de acudir normalmente a los Juzgados que durante el período de vacación se encuentran de turno; empero, habiendo ingresado en dicho receso judicial uno de los “Tribunales demandados”, bajo la Circular emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no remitió los actuados que cursaban en su despacho para que pudiese presentar -se entiende su solicitud de audiencia de consideración de garantes-, y hacer valer sus derechos y recobrar su libertad. A las interrogantes del Juez de garantías señaló que, ratificaba su solicitud de libertad inmediata, al no existir Juez titular a cargo de su proceso que atienda su petición.
Roberto Rejas Ribera y Verónica López Arauz, Presidente y Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de San Borja del departamento de Beni, mediante informe escrito presentado el 30 de diciembre de 2022, cursante de fs. 54 a 57, y en audiencia de garantías, señalaron que: a) Roberto Rejas Ribera, se encontraba haciendo uso de su vacación colectiva en mérito a las Circulares 31/2022 y 35/2022, emanadas por el Tribunal Departamental de Justicia de Beni; en ese sentido, no tramitó ninguna solicitud; toda vez que, no fue designado como Tribunal de turno durante el referido receso judicial; b) El accionante manifestó que no se dispuso la entrega a la Jueza de turno de los procesos con detenidos preventivos; sin embargo, debía considerarse que “la Dra. Verónica López Arauz”, se quedó en suplencia legal como Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social, y de Sentencia Penal de San Borja del citado departamento, no así como Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia de San Borja; y, c) Tomando en cuenta las atribuciones y competencias que tiene dicha autoridad en el Tribunal colegiado y que estas son totalmente diferentes en calidad de Jueza de Sentencia Penal, resolver situaciones de exclusiva competencia del “Tribunal de Sentencia” en calidad de Jueza de Sentencia Penal, llevaría a una nulidad absoluta de obrados en razón de usurpar funciones propias y de competencia exclusiva de dicho cuerpo colegiado, considerando que sus atribuciones son diferentes a las que ostenta un Juez de Sentencia Penal.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 35 a 38 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas hábiles la “Jueza de Sentencia Penal de turno de San Borja”, señale audiencia para considerar la solicitud de presentaciones de fianza personal de la impetrante de tutela, y en caso de perder competencia la nombrada autoridad judicial, por vencimiento del plazo de las vacaciones judiciales programadas hasta el 30 de diciembre de 2022, dicha audiencia deberá ser considerada por el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de San Borja del referido departamento. Determinación asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) No se tiene prueba que certifique o genere convicción respecto a que el personal de plataforma del “Juzgado de San Borja” haya negado recibir su memorial de presentación de fiadores personales, tampoco existe ninguna prueba que haga ver de manera clara la información proporcionada por el personal del Juzgado de turno negando su solicitud de presentación de fiadores; 2) Se presume que el proceso, fue remitido a la referida instancia, puesto que dicha autoridad respondió su solicitud de presentación de fiadores mediante providencia de 22 de diciembre de 2020; 3) La Jueza que se encontraba de turno, en razón a las Circulares 031/2022 y 035/2022 de 29 de noviembre, emitidas por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, debió cumplir con las funciones que se le encomendó, además en el numeral tercero de una de las Circulares precisaba de manera categórica que los Tribunales en Materia Penal que hagan uso de sus vacaciones judiciales debían remitir las causas con detenidos; aspecto que demuestra que la Jueza de Sentencia Penal de turno codemandada, tenía plena competencia para atender las causas con detenidos del “Tribunal de Sentencia de San Borja” y si bien la Circular precisaba que sólo serían casos con detenidos preventivos, no es menos cierto que la accionante se encontraba privada de libertad en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Trinidad y si bien fue cesada de su detención preventiva, aún no recobró su libertad debido a que no cumplió las medidas cautelares impuestas; y, 4) La providencia de 22 de diciembre de 2022, emitida por la Juez de Sentencia Penal de turno, al deslindar su competencia para conocer la solicitud de fianza personal de la impetrante de tutela que se hallaba detenida, desconoció sus competencias emanadas por las Circulares antes referidas, dilatando la tramitación de su petición sin argumento alguno.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de 5 de octubre de 2022; por el cual, el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Sentencia Penal de San Borja del departamento de Beni, resolvió la solicitud de modificación de fianza personal planteada por la acusada Shirley Esquivel Gutiérrez dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y homicidio suicidio, determinando rechazar la petición al concluir que, pese a haberse acreditado la idoneidad y solvencia de tres garantes personales -Nubia Esmeralda Sato Mercier, Sonia Edith Copa Mamani y Nahir Ortiz Mole-, no se demostró de manera objetiva que la medida impuesta por la autoridad judicial consistente en la presentación de cuatro garantes solventes debiera ser reducida, máxime cuando la valoración sobre los elementos periciales e investigativos referidos por la defensa -necropsia, informe de luminiscencia, actas de recolección de indicios y demás- correspondía ser dilucidada en la etapa del juicio oral por relacionarse con aspectos de autoría; por lo que, el citado Tribunal declaró subsistente e incólume la medida impuesta, aceptando únicamente la incorporación de los tres garantes presentados (fs. 46 vta. a 47 vta.). II.2. Mediante Circular 035/2022 de 29 de noviembre de 2022, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dispuso que debido a la vacación judicial, las Salas y Juzgados que queden de turno en las vacaciones judiciales 2022, desarrollarían sus actividades con normalidad y en el ámbito de sus competencias, no suspendiéndose los plazos para los mismos; asimismo, que, los Tribunales de Sentencia de Capital y Provincia, debían remitir los procesos con detención preventiva al Juzgado de Sentencia Penal de turno, los cuales debían ser distribuidos por materia y especialidad (fs. 53). II.3. Cursa memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, por Shirley Esquivel Gutiérrez -ahora accionante-, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de San Borja del departamento de Beni, solicitando señale día y hora de presentación de garantes, señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de trata de personas, homicidio-suicidio, el 9 de agosto de 2022, se dispuso su detención domiciliaria, previo cumplimiento entre otras medidas, de la presentación de cuatro garantes solventes, quedando pendientes únicamente tres actos investigativos, la pericia grafológica y las cartas póstumas de la víctima, acto investigativo que se encontraba en curso de su realización; sin embargo, siendo que “a la fecha” cumplió con tres de los garantes y que además que tanto la pericia de quimioluminiscencia y la necropsia ya habían sido realizadas, sin arrojar resultados que pudieran vincularle con agresiones físicas previas al fallecimiento de la víctima, se señale día y hora para el referido acto procesal (fs. 3 y vta.). II.4. Cursa providencia de 22 de diciembre de 2022; por la cual, el Secretario del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de San Borja del citado departamento, declaró no ha lugar a la solicitud supra señalada, refiriendo que, revisada la misma, el mencionado proceso, se encontraba radicando en el “Tribunal de Sentencia Penal Primero” de dicha localidad; el cual, conforme a la Circular 031/2022, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se hallaba haciendo uso de la vacación colectiva; estableciendo, asimismo, que, el Juez de turno solo atenderá causas inherentes al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal; por lo que, decide no dar a lugar la solicitud (fs. 4).
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de circulación, a la dignidad, a la seguridad personal, a la petición de manera individual o colectiva y a la dignidad humana, aduciendo que, habiéndose dispuesto su detención domiciliaria previo cumplimiento de otras medidas cautelares, entre estas la presentación de cuatro garantes solventes, luego de cumplido con tres de los garantes exigidos, solicitó a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de San Borja del departamento del Beni -de turno durante la vacación judicial-, audiencia para la presentación del último garante solvente, a objeto de cumplir las medidas impuestas; sin embargo, no tuvo respuesta positiva, por cuanto: i) Su memorial fue rechazado en “Ventanilla Única”, bajo el argumento que el Tribunal donde radicaba la causa se hallaba de vacaciones y que su solicitud se atendería al retorno del receso colectivo; extremo, confirmado por un funcionario de apoyo judicial del Juzgado de turno, quien le indicó que no estaban atendiendo casos con detenidos preventivos, sino con personas privadas de libertad durante la vacación judicial, exhibiendo en su descargo la Circular 031/2022, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; y, ii) El Juzgado de turno, por decreto de 22 de diciembre de 2022, declaró no ha lugar a su solicitud de presentación de garante, señalando que la misma debía ser considerada por el Tribunal colegiado, una vez que reanuden labores judiciales, ocasionando tanto el Tribunal titular -se entiende el Presidente-, como la Jueza de turno, su estado de indefensión al no poder cumplir con las medidas impuestas y recobrar su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de 1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”. 2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad (las negrillas fueron añadidas).
Entendimiento extraído de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0142/2018-S2 de 30 de abril y 0259/2018-S2 de 18 de junio.
Ahora bien, de manera específica, respecto al control jurisdiccional que debe ser ejercido durante la vacación judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida entre otras en la SC 0764/2002-R de 1 de julio, señaló que durante la vacación judicial queda un juez cautelar – ahora de instrucción- de turno que está a cargo de velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes y el cumplimiento de plazos procesales. Sobre la base de dicho entendimiento, la SCP 164/2014-S3 de 21 de noviembre, señala que en los supuestos en los que el juez a cargo del control jurisdiccional se encuentre en vacaciones judiciales, es el juez de turno -a quien se remitió la causa con detenido- es el que tiene que ejercer dicho control jurisdiccional. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por la SCP 0090/2015-S3 de 3 de febrero. Entendimiento extraído de la SCP 0186/2022-S1 de 5 de mayo.
En el caso de referencia, la accionante expuso que, tras ser procesada por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y homicidio-suicidio, cumplía detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Trinidad, hasta que el “Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja” le otorgó la cesación a dicha medida, quedando pendiente únicamente la presentación de un garante personal; sin embargo, al entrar dicho Tribunal en vacación judicial, el 23 de diciembre de 2023, solicitó al Juzgado de turno la realización de audiencia para ese fin; empero, fue rechazado en Ventanilla Única, bajo el argumento que su causa sería atendida solo después del retorno del referido receso colectivo; y al acudir personalmente al Juzgado de turno, un funcionario del mismo le indicó que durante dicho receso solo atenderían casos de personas privadas de libertad en ese lapso; asimismo, que no les fue remitido los antecedentes de su proceso, citando al efecto la Circular 031/2022; actuación que a su concepto, era coincidente con el rechazo a su solicitud de señalamiento de audiencia para presentación de un garante, efectuado mediante providencia de 22 de diciembre de 2022; por el que, se dispuso no lugar a su solicitud y que la misma sería considerada por el Tribunal colegiado una vez se reanudaran labores el 3 de enero de 2023, motivando la interposición de la presente acción tutelar. Ahora bien, de la revisión de la documental adjunta al cuaderno constitucional, este Tribunal establece en primer término, que mediante Auto de 5 de octubre de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de San Borja del departamento de Beni, resolvió la solicitud de modificación de fianza personal planteada por la acusada Shirley Esquivel Gutiérrez dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y homicidio suicidio, determinando rechazar la petición al concluir que, pese a haberse acreditado la idoneidad y solvencia de tres garantes personales -Nubia Esmeralda Sato Mercier, Sonia Edith Copa Mamani y Nahir Ortiz Mole-, no se demostró de manera objetiva que la medida impuesta por la autoridad judicial consistente en la presentación de cuatro garantes solventes debiera ser reducida, máxime cuando la valoración sobre los elementos periciales e investigativos referidos por la defensa -necropsia, informe de luminiscencia, actas de recolección de indicios y demás- corresponde ser dilucidada en la etapa del juicio oral por relacionarse con aspectos de autoría; por lo que dicho Tribunal declaró subsistente e incólume la medida impuesta, aceptando únicamente la incorporación de los tres garantes presentados (Conclusión II.1). En segundo término, conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se evidenció que dentro del mismo proceso penal se impuso a la accionante la medida sustitutiva de detención domiciliaria, condicionada -entre otros requisitos ya cumplidos- a la presentación previa de cuatro garantes personales; razón por la cual, el 21 de diciembre de 2022, la procesada se apersonó ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de San Borja -de turno durante la vacación colectiva de dicha gestión-, solicitando señale día y hora de audiencia para la presentación del cuarto garante faltante, argumentando que ya se encontraban cumplidas las demás exigencias cautelares, que dos de las tres pericias inicialmente pendientes ya habían sido realizadas sin evidenciar elementos que la vinculen con agresiones previas a la víctima, que contaba con la presentación de tres garantes solventes, arraigo, domicilio acreditado y depósito de fianza económica, y que además debía considerarse la situación de su hijo menor a su cargo. En tercer orden, consta la providencia de 22 de diciembre de 2022, emitida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de San Borja, mediante la cual se respondió al memorial de la accionante señalando que la causa se encontraba radicada en el “Tribunal de Sentencia Penal Primero de dicha localidad”, autoridad que se hallaba en vacación judicial conforme a la Circular de Sala Plena 031/2022, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia del Beni; motivo por el cual se dispuso no haber lugar a lo solicitado, precisando que la petición debería ser valorada por el Tribunal colegiado una vez se reanuden las labores judiciales el 3 de enero de 2023 (Conclusión III.3). Finalmente, cursa en antecedentes la Circular 035/2022 de 29 de noviembre, emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que estableció lineamientos para la atención de salas y juzgados durante las vacaciones judiciales 2022, disponiendo expresamente que los Tribunales de Sentencia de Capital y Provincia debían remitir los procesos con detención preventiva al Juzgado de Sentencia de turno para su atención y distribución por materia y especialidad, manteniéndose la actividad jurisdiccional en el marco de las competencias de cada despacho; lineamientos que resultan relevantes para valorar la actuación de la autoridad de turno frente a la solicitud de la accionante relativa a la presentación del garante personal pendiente. A efectos de resolver la problemática planteada, corresponde señalar que la peticionante de tutela manifestó que, en Ventanilla Única, se le negó la recepción del memorial mediante el cual solicitaba audiencia para la consideración del cuarto garante propuesto, y que tal negativa habría sido posteriormente confirmada por un funcionario del Juzgado de turno. Si bien dichas personas no fueron formalmente incorporadas como demandadas, debe recordarse que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo, cuyo alcance permite a este Tribunal examinar todos los actos y actuaciones que, aun no atribuidos directamente a una autoridad demandada, se encuentren vinculados con la supuesta lesión de derechos fundamentales denunciada. En esa línea, al constituir la conducta atribuida a los funcionarios de apoyo jurisdiccional los hechos fácticos que dieron origen a la presente acción tutelar, corresponde extender el análisis respecto de su intervención, a efectos de determinar si tales actuaciones, aun sin su comparecencia formal en calidad de parte, generaron o contribuyeron a la situación descrita por la accionante y, en consecuencia, si resultan relevantes para esclarecer la existencia o no de vulneración de derechos en el caso concreto. Ahora bien, en el marco de la acción de libertad de pronto despacho desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuya finalidad constitucional es restablecer de inmediato el derecho a la libertad personal frente a actos u omisiones de autoridades que generen demoras indebidas o restrinjan ilegítimamente su ejercicio, corresponde analizar la denuncia efectuada por la accionante respecto a los hechos ocurridos durante la vacación judicial de diciembre de 2022. Conforme se tiene de los antecedentes, la accionante presentó el 21 de diciembre de 2022, ante el Juzgado de turno por vacación judicial una solicitud de audiencia de presentación de garantes, necesaria para la efectivización de la cesación de la detención preventiva previamente dispuesta a su favor. Posteriormente, el 23 de diciembre del mismo año, acudió nuevamente para presentar un memorial con documentación complementaria destinada a sustentar la audiencia solicitada; sin embargo, en Ventanilla Única se le negó la recepción del escrito bajo el argumento de que el Tribunal donde radicaba su causa se encontraba en vacación judicial y que su solicitud sería atendida recién al retorno de dicho Tribunal. Tal extremo fue confirmado por funcionarios judiciales del Juzgado de turno, quienes añadieron que durante la vacación judicial únicamente atenderían casos de personas privadas de libertad -no así de detenidos preventivos, mostrando al efecto Circulares de Sala Plena-, motivo por el cual debía esperar hasta el reinicio de actividades jurisdiccionales. En ese antecedente, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ha establecido de manera uniforme que durante la vacación judicial existe un Juez de turno encargado de ejercer control jurisdiccional pleno respecto de los procesos con personas detenidas, sin distinción entre privados de libertad y detenidos preventivos, y que dicho juez debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales, incluyendo el plazo razonable y la atención de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad.
En este contexto, la Circular 035/2022, en su segundo punto, dispuso expresamente que los Tribunales de Sentencia de Capital y Provincia debían remitir los procesos con detención preventiva al Juzgado de turno a fin de asegurar la continuidad del control jurisdiccional durante la vacación. Bajo esta normativa, se advierten dos aspectos relevantes: primero, los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja -Roberto Rejas Ribera y Verónica López Arauz- tenían la obligación funcional de remitir oportunamente el cuaderno procesal al Juzgado de turno; y segundo, tanto el personal de Ventanilla Única como los funcionarios del Juzgado de turno, al conocer el contenido de la Circular 035/2022 y al verificar que se trataba de una persona en detención preventiva, no podían negarse a recibir escritos vinculados a la libertad personal, ni excusarse en la ausencia temporal del Tribunal de origen para eludir la atención del pedido, pues ello implica un desconocimiento del régimen de vacación judicial y una omisión en el ejercicio del control jurisdiccional delegado. Además, se debe enfatizar que los funcionarios que negaron la recepción del memorial del 23 de diciembre de 2022 incurrieron en una actuación incompatible con el deber constitucional de diligencia y prontitud que rige toda solicitud relacionada con la libertad personal. Al advertir que se trataba de un pedido cuya finalidad era efectivizar la cesación de detención preventiva ya concedida, correspondía recibir el memorial, disponer las gestiones necesarias para obtener de inmediato el cuaderno procesal -si éste aún no se encontraba en el despacho-, y señalar fecha y hora para la audiencia dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, conforme la jurisprudencia constitucional que orienta la tramitación de providencias de mero trámite vinculadas a la libertad. La omisión de estas actuaciones constituye un acto dilatorio que repercute directamente en la prolongación indebida de la detención preventiva, contrariando el entendimiento constitucional de que esta última no es una sanción anticipada y que, por tanto, toda solicitud destinada a su revisión o efectivización debe ser atendida con la mayor celeridad posible. En ese marco debe destacarse que, al verificar que la hoy accionante era una persona en detención preventiva que buscaba hacer efectiva una resolución favorable a su libertad, los funcionarios involucrados tenían la obligación de recibir el memorial, gestionar de inmediato la remisión del cuaderno procesal -si aún no se encontraba en su despacho- y disponer fecha y hora de audiencia dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, conforme la jurisprudencia aplicable a providencias de mero trámite relacionadas a la libertad. No era jurídicamente admisible condicionar la atención a la presencia del Tribunal de origen, toda vez que durante la vacación judicial el control jurisdiccional recae plenamente en el Juez de turno. La inobservancia de estos deberes evidencia una cadena de actos dilatorios que comprometieron el derecho fundamental de la accionante a obtener de manera oportuna la materialización de la medida sustitutiva que ya había sido dispuesta a su favor. En consecuencia, del análisis integral de la situación concreta, se establece que tanto la falta de remisión del expediente por parte del Presidente y Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento del Beni -demandados-, como la negativa del personal de Ventanilla Única de la Gestora de Procesos de la referida localidad y del Juzgado de turno de recibir los memoriales presentados, constituyen omisiones incompatibles con los principios de celeridad, eficacia y eficiencia procesal, que generaron una restricción indebida del derecho a la libertad personal de la accionante, concerniendo en el marco de la acción de libertad de pronto despacho conceder la tutela impetrada, respecto a los funcionarios de apoyo judicial supra mencionados.
En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en todo la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional. 2° Llamar la atención Roberto Rejas Ribera; y, Verónica López Arauz, miembros del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento del Beni -ahora demandados- ante su omisión de remitir el expediente correspondiente al Caso 80340206220071, conforme disponía la Circular 035/2022. 3° Exhortar al personal de Ventanilla Única de la Oficina Gestora de Procesos de San Borja y “Personal de apoyo judicial” del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento del Beni -de turno durante la vacación colectiva 2022-, a obrar con la debida diligencia en casos de personas privadas de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
3 En el FJ. III.2, señala: “Por lo expuesto, se evidencia que al momento de haber sucedido las supuestas irregularidades denunciadas a través de la presente acción, el proceso penal denominado caso 47/2014, se encontraba bajo control jurisdicción a cargo del Juez Decimosegundo de Instrucción en lo Penal, y si bien el mismo en ese instante gozaba de la vacación judicial, existía un Juez de turno, quien podía ejercer el control jurisdiccional del proceso, mientras regrese de su vacación el Juez cautelar titular, por ellos el abogado de los accionantes, previamente a acudir a la jurisdicción constitucional, debió recurrir al Juez asignado. Así la SC 0764/2002-R de 1 de julio, estableció que: “… el plazo de los seis meses para la realización de la etapa preparatoria no se interrumpe durante la vacación judicial, dado que, por una parte, la misma está a cargo de un representante del Ministerio Público, a quien no alcanza la vacación antedicha, y, por otra aun en vacación judicial queda de turno un juez Cautelar que estará encargado de velar por el desarrollo de esa etapa y el cumplimiento de plazos procesales”, por ello en el presente caso, se advierte que este Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentra imposibilitado de ingresar al análisis de fondo; toda vez que, conforme la Sentencia Constitucional referida, si bien el Juez de la causa se encuentra haciendo uso de la vacación judicial, ello no significa que el proceso penal en ese momento se habría encontrado sin control jurisdiccional, pues emergente a ello el Juez asignado, momentáneamente se encuentra habilitado para asumir dicha función, no sólo para las partes intervinientes en el proceso, sino también para los terceros –testigos ahora accionantes- que consideren la concurrencia de algún acto ilegal, en este caso por parte de funcionarios policiales y la representante del Ministerio Público.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0750_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 774062b018447db209f4ef28735499224de8cb438640052e4bc69f6b691a3de4
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →