B.IA.LEGAL

SCP 0749/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53377-2023-107-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, al debido proceso y a los principios de celeridad y legalidad; puesto que, la autoridad demandada no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva-, a la Sala Penal de turno, pese a su condición de persona adulta mayor que padece de diabetes con complicaciones renales y visuales; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que inmediatamente la autoridad demandada remita el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal departamental de Justicia de Pando y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Valencio Huayta Limachi, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remita de manera inmediata el legajo del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada correspondiente, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo.

3° Exhortar a la autoridad demandada a cumplir con celeridad los plazos establecidos por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional, en especial cuando se trate de procedimientos que afecten el derecho fundamental a la libertad de personas privadas de la misma. 4° Exhortar a la Sala Constitucional del Tribunal departamental de Justicia de Pando, observe en lo sucesivo lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, a efectos de no aplicar la acción de libertad en su modalidad innovativa sin acreditarse de manera objetiva el cumplimiento del acto procesal cuestionado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto a los casos de no remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental en medidas cautelares
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0749/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53377-2023-107-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 002/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Enid Vaca López en representación sin mandato de Pedro Alvez Góngora contra Valencio Huayta Limachi, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de enero de 2023, cursante de fs. 14 a 17, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando -demandado-, dispuso su detención preventiva por el plazo de cuarenta y cinco días, a cumplirse en el Recinto Penitenciario Villa Busch de Pando. Contra dicha determinación, su defensa técnica interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta el momento de interposición de la presente acción de defensa, la mencionada autoridad no remitió los antecedentes del recurso ante la Sala Penal de turno, impidiendo así que se restablezcan sus derechos fundamentales y se considere la sustitución de la medida por detención domiciliaria, en atención a su delicado estado de salud.

Desde hace más de quince años padece de diabetes, con niveles de glicemia descontrolada que derivaron en complicaciones renales y visuales; por lo que, requiere una alimentación y cuidados especiales por su delicado estado de salud.

Asimismo, invocó la protección reforzada que le corresponde por su condición de persona adulta mayor que padece de una enfermedad incurable.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y salud, al debido proceso; y a los principios de celeridad y legalidad, citando al efecto los arts. 22, 119.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que inmediatamente la autoridad demandada remita el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) La autoridad demandada no cumplió con el principio de legalidad, que se encuentra previsto en el art. 119.I de la CPE; puesto que, no remitió el recurso de apelación incidental que interpuso el 19 de enero de 2023, en la audiencia de medidas cautelares donde se dispuso su detención preventiva; b) El 25 de enero de 2023, se apersonó ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, con la finalidad de consultar si ya se había efectuado la remisión del expediente, conforme lo establece el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta ese momento dicho acto procesal no había sido ejecutado, sin que exista justificativo alguno; c) En la presente acción tutelar, el demandado no presentó informe alguno, mediante el cual exponga un argumento razonable que justifique la omisión en la remisión del mencionado recurso, ni la eventual aplicación de las reglas de flexibilización de plazo, según lo señalado por la jurisprudencia constitucional; y, d) Es una persona de cincuenta y siete años de edad, padece de diabetes y requiere de atención médica especializada; al efecto, adjuntó el certificado médico emitido por el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en el que hizo constar que, en virtud al estrés generado por su situación, se encuentra perdiendo progresivamente la visión, motivo por el cual requiere una atención personalizada, extremo que -a su criterio- debe ser considerado en la audiencia de recurso de apelación.

I.2.2. Informe del demandado

Valencio Huayta Limachi, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, en audiencia virtual de la presente acción tutelar, informó que en ese momento se encontraba participando en otra audiencia; razón por la cual, de forma resumida manifestó que efectivamente existe un recurso de apelación incidental interpuesto por la Defensa Pública, el cual fue admitido en audiencia, disponiéndose la remisión del expediente a Sala Penal correspondiente. Por otra parte, mediante informe 35/2023 de 26 de enero, cursante a fs. 20, se hizo constar que el cuaderno de control jurisdiccional correspondiente al proceso penal seguido contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, fue remitido en original a la Sala Penal, debido a la interposición del recurso de apelación. Por ello, se señaló que no fue posible atender la solicitud de remisión de expediente, formulada mediante nota de Cite: 22/2023 de 26 de enero.

I.2.3. Resolución

Los Vocales de la Sala Constitucional del Tribunal departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 002/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 38 a 40, concedió la tutela solicitada, recomendando a la autoridad demandada que en futuras actuaciones similares cumpla los plazos establecidos en la Ley. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien el Juez demandado dispuso en audiencia la remisión del recurso de apelación; empero, no realizó el control correspondiente para su remisión ante la Sala Penal, en el plazo de veinticuatro horas, generando dilación de cinco días; 2) Dicha remisión fue realizada con posterioridad a la notificación con la presente acción de defensa; es decir, que la autoridad demandada fue notificada el 26 de enero de 2023 a horas 10:10, y la remisión del recurso de apelación se realizó el mismo día, a horas 10:48. En consecuencia, corresponde aplicar la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme lo establecido en la SCP 0977/2022-S4 de 1 de agosto; y, 3) Respecto al estado de salud del accionante, debe gestionar una autorización de salida para su atención en un Centro de Salud, conforme lo disponen la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Para ello debe obtener el certificado médico del área médica del Recinto Penitenciario y, posteriormente, solicitar la salida médica ante el Juez de la causa, quien deberá emitir la orden de salida, luego ser presentada ante el Director de dicho Recinto, quién deberá emitir la correspondiente orden, adoptando las medidas de seguridad necesarias.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta certificado de matrimonio celebrado entre Pedro Alvez Gongora -con fecha de nacimiento de 2 de junio de 1965- y Enid Vaca Lopez, cuya partida data de 23 de diciembre de 1996 (fs. 5). II.2. El Centro de Salud Santa Clara de Pando, el 4 de enero de 2023, extendió los resultados de la ecografía abdominal realizada al ahora accionante, diagnosticándole presuntamente Diabetes Mellitus II, Hipertensión arterial y Microlitiasis Renal bitateral (fs. 11). II.3. Por Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando dispuso la detención preventiva de Pedro Alvez Gongora -ahora accionante-, por el plazo de cuarenta y cinco días a cumplirse en el Recinto Penitenciario Villa Busch. Al finalizar la audiencia, tanto el representante del Ministerio Público, así como el abogado defensor del accionante, presentaron su recurso de apelación incidental, al efecto la mencionada autoridad dispuso que por secretaría se remitan antecedentes ante el Tribunal de alzada, conforme los plazos establecidos (fs. 30 a 32). II.4. El 25 de enero de 2023, el médico de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de Pando informó al Director del Recinto Penitenciario Villa Bush de Pando, que el 27 de igual mes y año, aproximadamente a horas 19:00, el servicio de seguridad condujo a consulta médica a Pedro Alvez Gongora, a efectos de su valoración médica de ingreso. Durante dicha evaluación, el paciente refirió padecer de Diabetes Mellitus tipo 2, señalando encontrarse bajo tratamiento con hipopoglucemiante -sin especificar-, además de Hipetensión arterial, para lo cual recibe losartan 50 mg, un comprimido al día; sin embargo, en el interrogatorio no manifestó la pérdida de agudeza visual que presenta alrededor de un año, la cual fue progresiva, indicando que a la fecha requiere de asistencia para deambular con normalidad. Asimismo, se dejó constancia de que, al momento de su evaluación, el interno se encontraba estable sin signos ni síntomas de alarma, hemodinámicamente estable y con disminución de agudeza visual (fs. 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, al debido proceso y a los principios de celeridad y legalidad; puesto que, la autoridad demandada no remitió los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva-, a la Sala Penal de turno, pese a su condición de persona adulta mayor que padece de diabetes con complicaciones renales y visuales; por lo que, solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que inmediatamente la autoridad demandada remita el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto a los casos de no remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental en medidas cautelares

Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2; y, 00105/2018-S2, entre otras, sistematizadoras de línea jurisprudencial, se han pronunciado sobre el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, respecto de los casos de dilación injustificada en la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares, exponiendo el siguiente desarrollo: «El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-, procede: “…ante violaciones a la libertad individual y/o locomoción puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por las SSCC 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:

i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte».

III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso, corresponde resolver si la omisión atribuida al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando -demandado- consistente en no haber remitido en el plazo legal los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, que dispuso la detención preventiva del accionante, ante el Tribunal de alzada, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, vida, salud, y debido proceso; y a los principios de celeridad y legalidad, considerando además su condición de persona adulta mayor que padece diabetes con complicaciones renales y visuales.

De la revisión de antecedentes se evidencia que, mediante Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, dispuso la detención preventiva del accionante por cuarenta y cinco días en el Recinto Penitenciario Villa Busch. Concluida la audiencia, tanto el Ministerio Público como la defensa interpusieron recurso de apelación incidental, ordenándose la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada dentro de plazo (Conclusión II.3.).

En ese marco, se advierte que el 19 de enero de 2023, en audiencia de medidas cautelares, la defensa técnica del accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que dispuso la detención preventiva del accionante. La autoridad demandada admitió el recurso en audiencia y dispuso la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de alzada, tal como lo prevé el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta el 26 de enero de 2023, fecha en que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Pando, solicitó a la autoridad demandada, mediante nota Cite: 22/2023 de 26 de enero, la remisión del expediente a la Sala Penal, supuestamente ya había sido enviado el original a la Sala Penal, pero no se adjuntó ninguna prueba objetiva que acredite lo señalado, pues conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, se establece que los recursos de apelación incidental formulados oralmente en audiencia deben ser remitidos en un plazo improrrogable de veinticuatro horas, pudiendo excepcionalmente extenderse hasta tres días únicamente por causas razonables debidamente justificadas, como carga procesal extraordinaria, suplencias o pluralidad de imputados.

Asimismo, en el caso concreto, se evidencia que el accionante, a través de su representante, consultó el 25 de enero de 2023, si se había efectuado la remisión del recurso de apelación incidental, pudiendo constatar en ese momento que no existía prueba objetiva de que el expediente hubiera sido remitido e ingresado al Tribunal de alzada. Por lo tanto, entre la interposición de dicho recurso -19 de enero de 2023- y la interposición de la presente acción de defensa -25 de enero de 2023-, transcurrieron siete días, tiempo que excede ampliamente los plazos legales y excepcionales establecidos por la jurisprudencia para justificar dilación. Esta demora, conforme el desarrollo jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional se constituye un acto dilatorio indebido e injustificado, más aun considerando que la apelación incide directamente en la situación de privación de libertad del accionante; correspondiendo conceder la tutela solicitada.

Asimismo, es necesario precisar que, si bien la autoridad demandada manifestó en audiencia virtual que el recurso había sido remitido a la Sala Penal correspondiente, versión que también reiteró en su Informe 35/2023 de 26 de enero, dicha afirmación no estuvo acompañada de prueba objetiva alguna que permita su verificación, como ser el cargo de recepción, la constancia de radicatoria o la nota de ingreso firmada por el Secretario de Sala Penal. En ese sentido, es importante considerar que el principio de verdad material exige que las decisiones jurisdiccionales se fundamenten en la realidad efectiva de hechos y no solo en declaraciones o formalidades aparentes: por lo que, en el caso concreto, la simple aseveración verbal de la autoridad demandada, no se constituye en prueba suficiente para acreditar que el legajo del recurso de apelación incidental efectivamente fue remitido a la Sala Penal de turno en cumplimiento de su deber procesal. En tal sentido, la ausencia de constancia documental impide considerar que la autoridad demandada cumplió con la obligación judicial, aspecto que debió ser considerado por la Sala Constitucional, dando por cierto lo aseverado por la autoridad judicial demandada, sin que exista plena convicción de la remisión de los antecedentes del recurso de apelación formulado por el accionante.

En cuanto a la condición personal del accionante, se advierte que en la demanda se ha alegado que éste sería una persona adulta mayor, pretendiendo incorporar tal circunstancia dentro de los grupos vulnerables para efectos de la tutela solicitada: sin embargo, dicha afirmación no es jurídicamente sostenible, toda vez que, conforme a los datos del proceso, al momento de la interposición de la presente acción de defensa, el accionante contaba con cincuenta y ocho años de edad, de acuerdo al Certificado de matrimonio, Pedro Alvez Gongora, indica que nació el 2 de junio de 1965 (Conclusión II.1.).

No obstante lo señalado, cabe considerar que la dilación incurrida en la no remisión del recurso de apelación dentro del plazo previsto por ley, ha tenido incidencia no solo en la libertad del accionante, sino también en el estado de salud del accionante, quien afirma padecer Diabetes Mellitus tipo II, hipertensión arterial y microlitiasis renal bilateral con complicaciones renales y pérdida progresiva de la visión, conforme al certificado médico emitido por el área de salud del Recinto Penitenciario Villa Busch (Conclusiones II.2 y 4).

En este contexto, corresponde la aplicación de acción de libertad traslativa y de pronto despacho, que abre su ámbito de protección cuando existen dilaciones indebidas en la tramitación de recursos que afectan la libertad, con la finalidad de restituir la celeridad del procedimiento, garantizando que el Tribunal de alzada pueda conocer el expediente y ejercer su función jurisdiccional de revisión.

Bajo esas circunstancias, se concluye que la autoridad demandada, al no remitir el recurso de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas (ni dentro del plazo excepcional de tres días previsto por la jurisprudencia constitucional), incurrió en dilación indebida e injustificada, vulnerando los derechos constitucionales del accionante a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada.

III.4. Otras consideraciones

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 002/2023 de 26 de enero, concedió la acción de libertad solicitada por Pedro Alvez Góngora, bajo la modalidad innovativa, recomendando que la autoridad demandada cumpla estrictamente los plazos previstos en la Ley en futuras actuaciones similares.

Esa determinación se sustentó -entre otros fundamentos- en los siguientes puntos: i) Si bien el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital de Pando dispuso en audiencia la remisión del recurso de apelación incidental, no realizó el control efectivo para que dicha remisión se concrete ante la Sala Penal dentro del plazo perentorio de veinticuatro horas, generando una dilación de cinco días, en vulneración del art. 251 del CPP; y, ii) La remisión efectiva del recurso se produjo posterior a la notificación de la presente acción de defensa; es decir, el 26 de enero de 2023 a las 10:48, luego de que la autoridad fuera notificada a horas 10:10 del mismo día. Esto evidencia que, si bien el acto lesivo había cesado, la vulneración ya se había consumado, configurando un escenario propicio para la aplicación de la acción de libertad innovativa.

No obstante, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que, en el presente caso, aunque la Sala Constitucional, mediante Resolución 002/2023 de 26 de enero, aplicó la acción de libertad en su modalidad innovativa, no resulta jurídicamente procedente dicha modalidad. La autoridad demandada únicamente manifestó verbalmente que remitió el recurso de apelación incidental, sin aportar prueba objetiva alguna, tales como la constancia de acuse de recibo, oficio de remisión, registro administrativo o cualquier otro documento que acredite efectivamente el cumplimiento real de la obligación dentro del plazo de veinticuatro horas, tal como lo establece el art. 251 del CPP, pues la autoridad jurisdiccional debe garantizar la efectividad y verificabilidad del acto procesal, ya que la sola manifestación verbal del Juez no puede considerarse suficiente para presumir que el acto lesivo ha cesado.

La ausencia de constancia objetiva impide determinar con certeza que la remisión al momento de celebrarse la audiencia de consideración de esta acción de defensa ya fue realizada, requisito esencial para la aplicación de la acción de libertad en su modalidad innovativa, que busca evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, libertad física y de locomoción.

En consecuencia, la Sala Constitucional tiene la obligación de examinar la prueba objetiva que acredite la remisión efectiva del recurso de apelación. Si la autoridad judicial no logra demostrar de manera fehaciente la remisión del recurso aunque no sea en el plazo legal y antes del señalamiento de la audiencia de la acción de libertad, tal como ocurrió en el presente caso, no es posible asumir que el acto lesivo haya cesado y, por lo tanto, no puede aplicarse la acción de libertad innovativa sobre actos cuya ejecución no ha sido verificada de manera documentada, puesto que la modalidad innovativa de la acción de libertad únicamente procede cuando el acto lesivo ha cesado de manera verificable, y no basta con manifestaciones verbales de la autoridad demandada, debiendo constar prueba documental que respalde el cumplimiento del acto procesal. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal departamental de Justicia de Pando y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Valencio Huayta Limachi, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, una vez notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remita de manera inmediata el legajo del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada correspondiente, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo.

3° Exhortar a la autoridad demandada a cumplir con celeridad los plazos establecidos por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional, en especial cuando se trate de procedimientos que afecten el derecho fundamental a la libertad de personas privadas de la misma. 4° Exhortar a la Sala Constitucional del Tribunal departamental de Justicia de Pando, observe en lo sucesivo lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, a efectos de no aplicar la acción de libertad en su modalidad innovativa sin acreditarse de manera objetiva el cumplimiento del acto procesal cuestionado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0749_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7e69448419db402290c16ff9ad118d7ff9afe4827428c4c640afc08ac67083fa

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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