B.IA.LEGAL

SCP 0749/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 14 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
14 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48360-2022-97-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la propiedad, al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, a la comunicación previa y detallada de la denuncia, a la motivación y fundamentación de las resoluciones, alegando que habiendo realizado el fraccionamiento de dos predios que adquirió vía compra-venta. Así, el 30 de marzo de 2022 conoció de manera extraoficial que en ventanilla de atención al público de la Secretaria de Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el 11 de enero de ese año se habría practicado una notificación por cédula con la RA 047/2021 de 13 de diciembre, en cuya parte resolutiva la autoridad a cargo de dicha Secretaría ahora demandada, declaró la nulidad de sus planos de fraccionamiento, ello: 1) Sin que exista proceso administrativo previo, ni que se le haya hecho conocer el Informe Legal en que se sostendría dicha Resolución Administrativa, a los fines de asumir defensa; y, 2) La referida notificación en tablero de la mencionada Secretaría no cumplió con el marco legal establecido en el art. 33 de la LPA. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 75/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 152 a 159 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre las nulidades procesales emergentes de notificaciones irregulares o defectuosas: Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando opera la subsidiariedad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0749/2023-S4 Sucre, 14 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 48360-2022-97-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 75/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 152 a 159 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucero Grace Gómez Gutiérrez contra Maribel Ventura Rafael, Secretaria Municipal de Gestión Territorial dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 31 de mayo y 07 de junio, ambos del año 2022, cursantes de fs. 116 a 123, y de fs. 126 a 127, respectivamente, la accionante manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Adquirió de René Callejas Monje, dos predios ubicados en el sector Cala Cala de la zona Norte de la ciudad de Oruro, denominados como “Cala Cala 13 de marzo A”, con una superficie de 135 412,95 m2; y, “Cala Cala 13 de marzo B”, con una superficie de 57 078,21 m, conforme se evidencia de las minutas de compra-venta y los planos georeferenciados aprobados por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Siendo así, y con la finalidad de dar continuidad a los trámites administrativos ante dicha entidad municipal para un mejor manejo de su propiedad, procedió en la vía administrativa al fraccionamiento de los mencionados predios bajo los alcances establecidos en el Decreto Municipal (DM) 003. Sin embargo, el 30 de marzo de 2022, a través del dirigente de los adjudicatarios del sector, tomó conocimiento extraoficial de que en ventanilla de atención al público de la Secretaría de Gestión Territorial del ya referido municipio, el 11 de enero de ese año se habría practicado una notificación por cédula con la Resolución Administrativa (RA) 047/2021 de 13 de diciembre, la cual en su parte resolutiva declaró la nulidad de sus planos de fraccionamiento sin que exista proceso administrativo previo o la interposición de algún recurso administrativo en el marco de la Ley 2341 “Ley de Procedimiento Administrativo” (LPA). Lo extraño del caso es que la referida Resolución Administrativa se basó en presuntas denuncias, informes y otros, que nunca fueron de su conocimiento, pese a que oportunamente hizo conocer (se entiende, a la administración municipal) su domicilio real y demás datos de identificación, los que constituyen requisitos sin los cuales el trámite de fraccionamiento no podría avanzar. Así, conforme lo relatado, se transgredió objetivamente lo dispuesto por el art. 33 de la LPA; así como los arts. 37 y 38 del Decreto Supremo (DS) 27113, no existiendo vía o recurso ulterior al que pudiera acudir de manera previa a la interposición de esta acción, pues tampoco la Resolución cuestionada se encuentra suspendida por ningún medio de defensa ni recurso ordinario o extraordinario alguno, no existe acto consentido y tampoco han transcurrido seis meses desde la fecha en que tomó conocimiento –aunque de manera informal– de dicho actuado. Agregó que no fue escuchada antes de la emisión de la RA 047/2021, cuya base sería un Informe de la Unidad de Transparencia por la presunta contravención del DM 177/20, lo que hace que la determinación de “nulidad” asumida sea en el fondo, una sanción de hecho atentatoria a sus intereses. Al respecto, el procedimiento sancionador previsto por la referida Ley 2341 “Ley de Procedimiento Administrativo” y su decreto reglamentario –DS 27113– establecen que todo procedimiento sancionador debe necesariamente estar estructurado por una etapa de iniciación, otra de tramitación y una final de conclusión, no siendo posible que se emita directamente una resolución administrativa sancionadora sin trámite previo; en esa misma línea, el art. 71 de la mencionada LPA, establece los principios básicos sobre los cuales deben imponerse las sanciones administrativas. Se puede verificar que, mediante el formulario de notificación de 11 de enero de 2022, sólo se le hubiera notificado con la resolución sancionatoria, por lo que desconoce en absoluto las denuncias, acusaciones, informes o actos administrativos que motivaron la sanción administrativa plasmada en la RA 047/2021, la cual adolece de falta de motivación, fundamentación y congruencia, pues más allá de un vaciado de articulados de normas legales, no explica las razones de la decisión de sancionarle, de modo que pueda convencérsele de manera racional acerca de las mismas. Señaló que la comunicación efectiva de los actos de comunicación descansa en la legalidad de la notificación, a cuyo efecto el art. 33 de la LPA determinó las formas y condiciones mínimas como requisitos de validez; bajo esa concepción, es preciso señalar que en el caso, su persona fue notificada en tablero sin que se haya realizado ningún intento de notificarle en su domicilio real, a pesar de que en cada uno de los expedientes de sus trámites cursa una copia de su cédula de identidad donde se consigna con precisión su domicilio real. Es más, en el hipotético caso de que la administración municipal hubiese asumido el desconocimiento de su domicilio, podía haber realizado una notificación por edicto (art. 33.IV de la LPA); al no haberlo hecho, esta omisión lesionó su derecho a la doble instancia al impedir que pueda impugnar el acto administrativo por desconocimiento del mismo, pues su ilegal notificación en el fondo tenía como objetivo evitar que su persona haga uso oportuno, y dentro de plazo de ley, de los recursos administrativos de impugnación contenidos en el art. 35 de la LPA. A todo ello, se suma que la notificación en tablero ni siquiera está reconocida y menos normada o reglada por la aludida Ley, conforme se advierte en el art. 38 de su decreto reglamentario; por lo que, en el presente caso, la notificación ni ha cumplido con las formas establecidas por Ley y menos ha logrado su cometido o finalidad de hacer conocer la comunicación en cuestión, vulnerando de esta manera su derecho al debido proceso. Finalmente, señaló que tanto la nulidad como la anulabilidad de los actos administrativos sólo pueden ser invocadas mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo, y dentro del plazo allí establecido; en consecuencia, en virtud a los principios de legalidad, presunción de legitimidad y buena fe, no es posible que fuera de estos parámetros, se anulen actos administrativos, aun cuando se aleguen errores de procedimiento cometidos por la propia administración pues fuera del procedimiento y los recursos señalados por ley, un mismo órgano no puede anular su propio acto (doctrina de acto propio), por cuanto una vez definida una controversia y emitida la resolución, esta ingresa al tráfico jurídico y por lo tanto, ya no está bajo la competencia de la autoridad que la dictó sino de la comunidad, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, misma que también ha establecido que existen actos administrativos no susceptibles de revocación por la propia administración u otra institución, al conllevar la afectación de derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La solicitante de tutela denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada, al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, a la comunicación previa y detallada de la denuncia, así como a la motivación y fundamentación de las resoluciones, citando al efecto los arts. 56, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la “nulidad” de la RA 047/2021 de 13 de diciembre, emitida por la Secretaria de Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 y 14 de junio de 2022, según consta en las actas cursantes de fs. 139 a 146 vta. y 148 a 151 vta., respectivamente, presente las partes accionantes y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante en audiencia ratificó el tenor de su acción de amparo constitucional, añadiendo que lo que se reclama en el fondo es la regularización de un procedimiento anodino e ilegal que hubiese impreso la autoridad demandada en su calidad de representante del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el que al tomarse la libertad de anular documentos que ya estaban aprobados, así estos hayan tenido errores en su procedimiento, vulneró normas del ordenamiento jurídico administrativo lo que no es posible, pues así sea en sede administrativa, la autoridad tiene la obligación de respetar el principio básico del debido proceso.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Maribel Ventura Rafael, Secretaria Municipal de Gestión Territorial dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en audiencia a través de su abogado, informó: a) La estabilidad de los actos administrativos es un derecho inviolable de las partes, y se configura en el momento de su notificación, tal como lo ha referido la ley y la jurisprudencia constitucional que dice que una vez notificado no podrá ser revocado en sede administrativa; b) De igual manera, el art. 32 de la LPA regula acerca de la validez y eficacia de los actos administrativos, estableciendo que los mismos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación, porque la administración pública tiene la facultad discrecional “no arbitral” de modificar todos los procedimientos y actos antes de su notificación; c) Los planos de fraccionamiento a los que se refiere la accionante, de acuerdo a la revisión de sus archivos, no fueron entregados a través de Ventanilla Única, por lo que mientras ello no ocurra, no hubo notificación, y por ende, tampoco se establece la característica principal de un acto administrativo, el cual evidentemente no puede ser revocado; d) Entretanto no se notifique conforme se advierte de los antecedentes, la administración puede incluso de oficio revocar el acto, en pos de una revisión de control previo interno, si se ve que existen antecedentes que generan, como en este caso, bastantes vicios; y ello, antes de poner en conocimiento del administrado, entonces, puede realizar estas revocaciones de sus propios actos antes de notificar; e) En el caso, se ha dicho que no se hubiera notificado a la accionante en su “domicilio personal” pero la norma no expresa que tenga que notificarse de esa manera, sino en el domicilio señalado y en ausencia del mismo, en tablero; f) Se han encontrado demasiadas irregularidades en la tramitación (se entiende, de los planos de fraccionamiento) que están justificadas en la RA 047/2021, siendo una de las más importantes, el hecho de que no se estaría respetando la concesión al municipio de bienes de dominio público; g) Todavía existen los recursos de revocatoria y jerárquico que pueden ser “ingresados” por lo que considera que el requisito de subsidiariedad no ha sido todavía cumplido pues se necesita que la vía administrativa pueda conocer estos elementos siendo en ese transcurso que la autoridad, una vez llegado al jerárquico, hará una revisión; y, h) La Resolución cuestionada tiene fundamentación, y no está agraviando ningún derecho fundamental, porque en la misma, incluso se le dice a la ahora peticionaria de tutela que puede ingresar nuevamente (se entiende, su trámite), pero cumpliendo los requisitos. Indagada por el Tribunal de garantías, manifestó: 1) La autoridad que emitió el acto (RA 047/2021), lastimosamente no es abogado; sin embargo, en base al principio de informalismo del derecho administrativo, se entiende que la fundamentación es clara en indicar que como dice la norma, en un mejor proveer en los servicios y para la gestión de una buena administración, se entiende que se han encontrado varias observaciones; 2) Administrativamente, los efectos de una revocación y una nulidad son los mismos, porque lo que se está haciendo es que un acto no nazca a la vida jurídica; 3) No es lo mismo, la entrega física de documentos bajo constancia que la notificación como acto administrativo, porque muchas veces se filtra mucha información, “pero es en la publicación, en la notificación donde se hace efectivo digamos el verdadero comportamiento”; 4) Existe diferencia entre un “acto eficaz” y un “acto perfecto”, porque puede que el acto haya generado cierta perfección pero entretanto no se notifique, no se torna eficaz; 5) Los informes legales no se notifican pues conforme la Ley 2341 son circunstanciales, porque incluso pueden ser desobedecidos por la autoridad, no siendo por ello acto administrativo; y, 6) La notificación por tablero “se genera como notificado en el momento del conocimiento de la parte contraria, en ese sentido tenía que ser la parte contraria quien manifieste cuándo habría conocido ese es el acto de convalidación de la notificación”.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 75/2022 de 14 de junio (fs. 152 a 159), concedió en parte la tutela solicitada, únicamente con respecto al derecho a la defensa y a la comunicación efectiva de los actos administrativos; y, denegó en cuanto al derecho a la propiedad privada, disponiendo: i) Dejar sin efecto la notificación “de fs. 113” practicada a la ahora accionante, así como la RA 047/2021, “debiendo la parte accionada encaminar el trámite administrativo en la instancia que hubiese concluido antes de la realización de todos estos trámites vinculados a la nulidad de estos planos de aprobación garantizando el derecho a la defensa del ahora accionante, es decir, poniendo en conocimiento debido y oportuno todos los actuados y actuaciones administrativas internas que se realicen a objeto de que estos pueda ser contrastadas, alegadas o por el contrario enervadas, única forma que garantizara la efectiva consagración del derecho a la defensa” (sic); y, ii) Que, la autoridad administrativa deba dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 33 y 43 de la LPA, y su Reglamento con respecto a la formalidad de la notificación a objeto que estos cumplan la finalidad a las que están destinadas, decisiones que deberían ser cumplidas de forma inmediata conforme dispone el art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Lo anterior, con los siguientes fundamentos: a) El objeto de la presente acción es la emisión de la RA 047/2021 emitida por la Secretaría Municipal de Gestión Territorial de la GAMO –ahora demandada–, que en su parte decisiva declaró la nulidad de los planos de fraccionamiento que cuentan con los sellos de aprobación de la gestión 2021 referente a varios trámites administrativos que favorecen no solamente a la ahora accionante sino también a José Luis Muriel Canaviri, dichos trámites hubieran sido realizados de forma irregular prescindiendo de mecanismos e instrumentos necesarios, por lo que habría ameritado los Informes de la Unidad de Transparencia; b) Lo que se ha discutido acá es acerca de los elementos de subsidiariedad vinculados a la diligencia de notificación practicada en Secretaría Municipal de Gestión Territorial, ni siquiera en Secretaría General como dice la norma, pero que en el entendido de la autoridad judicial titular de esta Sala, fue el propio accionante quien habría cumplido su finalidad y esto generaría que pueda bien haber hecho uso del recurso jerárquico o de revocatoria para impugnar la RA 047/2021, antes de acudir al amparo constitucional; c) Se manifestó que no se reclamó la nulidad en la vía administrativa de este acto de notificación que también era una posibilidad que tenía a su disposición; sin embargo, en la demanda de amparo constitucional claramente se denuncia la necesidad de comunicación efectiva de los actos administrativos, por lo que debemos inferir el perjuicio que se ha generado ante la no eficacia de este acto de comunicación; d) Del tenor del art. 33 de la LPA, se establece que existe una secuencia en la notificación, según la cual primero debe hacerse en el domicilio que el administrado ha proporcionado a momento de iniciar el trámite administrativo; en el caso, existe un expediente administrativo donde consta la solicitud de aprobación de planos de fraccionamiento, en el que se presume contaba con la “consideración” de su domicilio y demás generales de ley; en concomitancia, debió haberse notificado primero en su domicilio, y en caso de no encontrarse a la accionante, mediante un testigo debidamente identificado; esta secuencia no ha sido cumplida así; e) Un segundo componente de la notificación administrativa, es que debe ser realizada dentro del plazo de cinco días a partir del momento en que el acto haya sido dictado; en el caso, el acto fue dictado el 3 de diciembre de 2021 y la notificación en Secretaría Municipal –que no es Secretaría General– fue realizada el 11 de enero de 2022, casi treinta días después, sin que exista constancia alguna del motivo por el cual no se efectuó dentro de estos cinco días; f) El propio reglamento de la Ley 2341, en su art. 43, establece otros componentes de relevancia respecto a la notificación a los administrados, y en la RA 047/2021 no existe disposición alguna de la autoridad demandada de que se practique de determinada forma dicha diligencia; g) De lo anterior se concluye que este acto de comunicación administrativa no fue eficaz, lo cual lesionó el derecho a la defensa y a la impugnación relacionados con el debido proceso, al no haber sido realizado el mismo en la forma que establece el reglamento al procedimiento administrativo, mal pudo asistirle el derecho a la ahora accionante de acudir a los recursos de revocatoria o jerárquico; h) Este Tribunal advierte que la decisión de anular mediante una resolución administrativa no es un acto independiente, informal o particular de la administración municipal, al contrario, es consecuencia de un procedimiento o proceso administrativo donde el informe legal no fue de conocimiento de la ahora accionante para que ella pueda asumir defensa o cualquier posición que corresponda, lo que se encuentra ratificado por la Hoja de ruta 2623; i) Si bien es cierto que la autoridad administrativa no está obligada a seguir u obedecer un informe legal, tampoco está prohibido hacer conocer su contenido para escuchar las versiones u oposición de la parte contra quien este informe legal, administrativo o técnico está haciendo referencia; j) Por ello, se entiende que todos los trámites, actos y actuados administrativos que se han desarrollado hasta el presente fueron unilaterales y vulneraron las normas que antes hemos citado, vulnerando con ello, ostensible y objetivamente el derecho a la defensa de la ahora accionante, así como el principio de legalidad que hacen a las nulidades procesales en el entendido de que los únicos actos que además fueron puestos en su conocimiento adolecen de esas deficiencias que las hacen insalvables; y, k) En cuanto a los derechos restantes, como el de propiedad, motivación, fundamentación de esta resolución, “en el sentido de que estamos estableciendo de que esta no puede ser vertida contra el ahora accionante no podemos ingresar al análisis interno de esta resolución”.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe Final GAMO/UTLCC/GMPS/INF-FIN 050/2021 UTLCC 55/21 de 25 de octubre de 2021, sobre el trámite de Aprobación de Planos de Fraccionamiento en 27 carpetas: veintiséis (26) a nombre de Lucero Grace Gómez Gutiérrez –ahora accionante– y una, a nombre de José Luis Muriel Canaviri, en el que se trata la denuncia de incumplimiento de funciones por parte de dos exautoridades que conocieron del referido trámite, y recomienda remitir el presente informe ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) a fin de que inicie las acciones penales correspondientes contra los mismos por incumplimiento de deberes, y recomienda a la Secretaría Municipal de Gestión territorial mediante la Unidad correspondiente realice la Nulidad de los trámites correspondientes a los prenombrados (fs. 72 a 114). II.2. Mediante RA 047/2021 de 13 de diciembre, emitido por Maribel Ventura Rafael, Secretaria Municipal de Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por el que entre sus tres puntos resolutivos, declara la nulidad de los planos de Fraccionamiento que cuentan con sello de aprobación de la gestión 2021, correspondientes a Lucero Grace Gómez Gutiérrez y José Luis Muriel Canaviri, por no regirse los mismos al Decreto Municipal (DM) 177/20, “asimismo no se extingue su derecho a replantear Nueva solicitud de trámite de Aprobación de plano de fraccionamiento, enmarcando sus requisitos y procedimiento a lo dispuesto en Decreto Municipal vigente” (sic) (fs. 132 a 138). II.3. A través del Formulario de Notificaciones, consta la notificación a Lucero Grace Gómez Gutiérrez a horas 10:20 del 11 de enero de 2022, con la RA 047/2021 de 13 de diciembre, en el que también consta una nota marginal manuscrita que refiere: “Notificado vía tablero de la Stría. de Gestión Territorial. Or-11-Enero-2022”, acompañada de una rúbrica con el texto: “Fdo. Test.” (fs. 131).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de su derecho a la propiedad, al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa, a la comunicación previa y detallada de la denuncia, a la motivación y fundamentación de las resoluciones, alegando que habiendo realizado el fraccionamiento de dos predios que adquirió vía compra-venta. Así, el 30 de marzo de 2022 conoció de manera extraoficial que en ventanilla de atención al público de la Secretaria de Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el 11 de enero de ese año se habría practicado una notificación por cédula con la RA 047/2021 de 13 de diciembre, en cuya parte resolutiva la autoridad a cargo de dicha Secretaría ahora demandada, declaró la nulidad de sus planos de fraccionamiento, ello: 1) Sin que exista proceso administrativo previo, ni que se le haya hecho conocer el Informe Legal en que se sostendría dicha Resolución Administrativa, a los fines de asumir defensa; y, 2) La referida notificación en tablero de la mencionada Secretaría no cumplió con el marco legal establecido en el art. 33 de la LPA. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre las nulidades procesales emergentes de notificaciones irregulares o defectuosas: Jurisprudencia reiterada

La SCP 0427/2013 de 3 de abril, a partir de un análisis integral sobre la normas procesales referidas a las notificaciones, en sentido general (emplazamientos, citaciones y notificaciones) y la jurisprudencia contenida en la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, entendió que, no le está permitido a los órganos jurisdiccionales, ni a la administración, hacer caso omiso o quebrantar las formas, formalidades y ritualidades previstas en la ley procesal que regulan las notificaciones; empero, cuando ocurre tal situación excepcional no se causa indefensión en el proceso, por lo que no es posible invalidar el mismo, toda vez que el límite de toda nulidad procesal por notificación irregular es la valoración de si se vulneró o no el derecho a la defensa.

La referida Sentencia Constitucional Plurinacional refirió que: “…en lo que toca a las nulidades procesales emergentes de notificaciones irregulares o defectuosas por infracción de normas procesales puede ilustrarse con este ejemplo: Si dentro de un proceso judicial determinado no se notifica debidamente con la demanda a la parte demandada, es decir, cumpliendo las formalidades y ritualidades que exige el Código de Procedimiento Civil, ya existe per se una nulidad procesal con relevancia meramente procesal, pero dependerá, si pese a esa notificación defectuosa o inválida se le causó o no indefensión al demandado, para que el Juez invalide el acto procesal debido a que toda nulidad procesal tiene que tener relevancia constitucional” (SCP 0427/2013). En tal sentido, lo entendió el Tribunal Constitucional transitorio a través de la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, en la que señaló: “…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida”. La referida SCP 0427/2013 de 3 de abril subrayó que: “…este entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1845/2004-R, ha sido distorsionado muchas veces en su aplicación por los órganos jurisdiccionales y administrativos en sentido de que, a partir de dicho fallo les estuviera permitido asumir como regla de conducta la prescindencia total de las formas y formalidades de una notificación en sentido genérico (emplazamientos, citaciones y notificaciones), sin tener en cuenta que las mismas al ser instrumentales, precisamente, tienen la finalidad de hacer efectivo los derechos fundamentales a la defensa y a la tutela judicial efectiva, por lo mismo, su observancia cabal es obligatoria y debe ser la regla y su inobservancia que se decante en una notificación irregular o defectuosa debe ser la excepción. Es decir, los órganos jurisdiccionales o administrativos tienen la obligación específica de cumplir todas las formas, formalidades y ritualidades procesales que regulan las notificaciones en sentido general siguiendo su contenido regulatorio normativo exigente mínimo para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de dichos órganos y más allá del cumplimiento de esas ritualidades y formalidades legales de las notificaciones tienen el deber de adoptar, con la mayor diligencia, todas las medidas que resulten razonablemente adecuadas para asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario, garantizando los derechos de las partes procesales a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos, evitando así, la indefensión”. La misma Sentencia fue enfática en señalar que: “…la aplicación correcta de la jurisprudencia contenida en la SC 1845/2004-R, en sentido de que las formas y formalidades procesales previstas en el Código de Procedimiento Civil para realizar las notificaciones en sentido general (emplazamientos, citaciones y notificaciones), deben ser cumplidas obligatoriamente por los órganos jurisdiccionales y administrativos, porque precisamente al tener un contenido regulatorio exigente mínimo se constituyen en el instrumento procesal valioso, no para cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino para asegurar que la determinación judicial o administrativa objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario y así materializar los derechos fundamentales a la defensa y tutela judicial efectiva; y cuando excepcionalmente, no se cumplan dichas formalidades procesales (debido a falibilidad en la administración de justicia y no como praxis constante) y por ende, la notificación sea defectuosa o irregular en su forma, empero, haya cumplido con su finalidad de hacer conocer la comunicación en cuestión, es decir no se haya causado indefensión a las partes, es válida y no puede invalidarse el acto procesal. Dicho de otro modo, no significa que las formas procesales en general, sean irrelevantes y puedan ser ignoradas en su totalidad como regla de comportamiento procesal por los órganos jurisdiccionales o administrativos. Por el contrario, ellas son importantes y deben ser respetadas, precisamente porque al ser instrumentales protegen derechos fundamentales y garantías constitucionales, como son la defensa y la tutela judicial efectiva, sin embargo, no al punto de hacer prevalecer las formas o formalidades sobre los derechos fundamentales, sino por el contrario, haciendo valer los mismos sobre las formas cuando se tenga que invalidar los actos a través de las nulidades procesales”.

III.1.1. Con relación al incidente de nulidad en materia administrativa

La SC 0249/2012 de 29 de mayo, sobre el incidente de nulidad en materia administrativa, desarrolló el siguiente fundamento jurídico: “El incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él, es un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o tribunal deben resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un acto; su característica principal es que se lo tramita de manera paralela al proceso principal”. Bajo esta línea, la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, razonó de la siguiente manera: “…conforme se tiene señalado en los fundamentos expuestos en el punto precedente, es posible y hasta una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y por tanto, sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad, demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, y una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional”. Asimismo, la ya citada SC 0249/2012 expresó: “De lo mencionado se puede colegir que el incidente de nulidad es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual, previo a acudir a la vía constitucional deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar. En materia administrativa no resulta razonable exigir el cumplimiento de este requisito, porque la tramitación de una nulidad en la vía incidental, daría lugar a la emisión de una segunda resolución administrativa definitiva, cuando de las características de los actos administrativos, mencionadas anteriormente, se observa que los actos administrativos definitivos se encuentran revestidos de varias características, entre ellas, la irrevocabilidad de los mismos en sede administrativa dado su carácter legitimidad del acto, lo que no debe confundirse con su revocatoria en uso de los mecanismos de impugnación administrativa, porque en el primer caso, nos encontramos frente a una tramitación incidental; es decir, un procedimiento paralelo que podría dar lugar a la duplicidad de resoluciones contradictorias con igual jerarquía y validez, dado que ambas definirían situaciones jurídicas concretas, y como actos administrativos, en el marco jurídico antes referido, se presumirían legales, legítimas, lo que no es posible, en virtud a que la estabilidad del mismo constituye una de sus esencias principales.

En consecuencia cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, éstos deberán ser impugnados mediante la interposición de los recursos administrativos contemplados expresamente en la ley; esto es, dentro del proceso principal, aspecto que impide tanto al administrado como a la instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos de impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se señaló, el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimado para anular su propio acto administrativo, un razonamiento contrario, infringiría el principio de seguridad jurídica en detrimento del administrado. Criterio que constituye un cambio de la línea jurisprudencial establecida en las SSCC 0190/2011-R y 1770/2011-R, en las que se denegó la tutela bajo el fundamento que la parte accionante previo a interponer la acción de amparo constitucional debió acudir ante la propia instancia administrativa a efectos de que se pronuncie y resuelva sobre las supuestas irregularidades en la notificación con la resolución administrativa definitiva, planteando el incidente de nulidad de notificación; lo que no condice con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial desarrollado párrafos arriba, criterio coincidente con lo expuesto en la SC 2243/2010-R de 19 de noviembre, que señaló: “Respecto al incidente de nulidad de obrados, cuya presentación es obligatoria en procesos penales y civiles, en casos en los que se demanden notificaciones defectuosas o falta de las mismas, a efectos del cumplimiento de la subsidiariedad; en el presente caso, emergente de un proceso de fiscalización iniciado por el SIN, no es aplicable, al no existir normativa alguna que lo regule, dando la posibilidad a los impetrantes de acudir a ese medio de defensa. Por otra parte, es imprescindible también referirse a otro punto alegado por el demandado en su informe, en sentido que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional estaría facultada para modificar o anular sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado; por lo que, el pedido de la accionante carecería de justificativo -debiendo tenerse en cuenta sobre ese aspecto, que la jurisprudencia de este Tribunal determinó que cuando una resolución o acto sea ilegal o arbitrario, afectando el contenido normal de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada-. Motivo por el que, el demandado no puede impetrar la denegatoria del presente recurso, bajo una supuesta imposibilidad de verificar la legalidad o ilegalidad de las notificaciones producidas en el proceso de fiscalización, correspondiendo por lo referido, ingresar al examen de la problemática planteada, a efectos de verificar si los extremos denunciados por la accionante resultan ser evidentes…” (el resaltado es nuestro). Al amparo de los fundamentos expuestos, la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, que moduló el entendimiento contenido en las SSCC 0199/2011-R y 1770/2011-R, estableció que la nulidad en la vía incidental no es inherente al ámbito administrativo y por tanto resulta inidónea, debido a la naturaleza que revisten los actos administrativos definitivos, tales como la irrevocabilidad en sede administrativa y la legitimidad del acto administrativo, lo que no debe confundirse con su revocatoria en uso de los mecanismos de impugnación administrativa, por lo mismo que: “...cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, éstos deberán ser impugnados mediante la interposición de los recursos administrativos contemplados expresamente en la ley; esto es, dentro del mismo proceso principal, aspecto que impide tanto al administrado como a la instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos de impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se señaló, el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimado para anular su propio acto administrativo…” (Fundamento Jurídico III.6 de la SCP 1086/2012); entendimiento asumido en la SC 2243/2010-R de 19 de noviembre, tal como se cita en el fallo constitucional de referencia.

III.2. Reiteración de jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando opera la subsidiariedad

La acción de amparo constitucional conforme a lo establecido por el art. 128 de la CPE, es una garantía constitucional cuya función es proteger los derechos fundamentales reconocidos en la Norma Suprema y la ley; dicho de otra forma, es una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la propia Ley Fundamental.

La activación de dicha acción, conforme prevé el art 129.I de la CPE, está restringida a la persona que se crea afectada o por otra a su nombre con poder suficiente, siempre que no exista otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos o garantías reclamados, en un tiempo apropiado y en cumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados en la Constitución Política del Estado y la Ley. El precitado art 129.I de la CPE instituye que la acción de amparo constitucional procede únicamente cuando los medios o recursos ordinarios resultan ineficaces en la protección de los derechos que tutela. A partir de ese entendimiento, se concibe que esta acción constitucional no forma parte de los medios ordinarios de impugnación establecidos en diferentes normas procesales, de modo que, tiene como característica esencial el ser subsidiaria y supletoria, cuyo propósito es que el sujeto de derecho acceda a la justicia de manera informal, pretendiéndose con ello que éste consiga una protección directa e inmediata de sus derechos y por cuyo medio se repare y reponga el insuficiente o deficiente accionar de la instancia ordinaria y/o administrativa.

A través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, este Tribunal sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario y supletorio “…en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”. Siguiendo con la citada Sentencia Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció reglas y sub reglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no procederá cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas fueron añadidas). En efecto, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la lesión de sus derechos fundamentales invocados, alegando que dentro del trámite administrativo de aprobación de planos de fraccionamiento de dos predios que adquirió vía compra-venta de su anterior propietario. El 30 de marzo de 2022 conoció de manera extraoficial que en ventanilla de atención al público de la Secretaria de Gestión Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el 11 de enero de ese año se le notificó por cédula con la RA 047/2021 de 13 de diciembre, por la cual la autoridad –ahora demandada– declaró la nulidad de sus planos de fraccionamiento, ello sin que dicha notificación se enmarque en la previsión del art. 33 de la LPA, y sin que exista proceso administrativo previo, ni que se le haya hecho conocer el Informe Legal en que se basó dicha Resolución Administrativa, a los fines de asumir defensa.

Al respecto, de los antecedentes de la presente acción cursantes en obrados y siguiendo el entendimiento jurisprudencial asumido por la SCP 0427/2013 que citó la SC 1845/2004-R, este Tribunal no asumió convicción plena de que dentro del referido trámite de aprobación de planos de fraccionamiento, la ahora accionante se encontrara en indefensión; por cuanto pese a que esta última a través de su abogado llegó a sostener en audiencia de esta acción, que: “…este trámite surtió el efecto legal por el cual se adjudica por parte de la Alcaldía a la Sra. Lucero Gómez, (…) luego de haber inclusive adquirido ejecutoria…” (fs. 139 y vta. –acta de audiencia–) no acompañó ni invocó ningún elemento probatorio que demuestre tal extremo, de modo que pudiera inferirse que habiendo conocido la finalización del trámite de aprobación de sus planos de fraccionamiento, y con ello concluir que, hubiera sido sorprendida con la emisión de la RA 047/2021 de 13 de diciembre, luego de más de tres meses de notificada la misma. En tal sentido, este Tribunal asume que aunque de manera defectuosa, la accionante tomó conocimiento de la cuestionada Resolución Administrativa, la cual de acuerdo a la documental aparejada y lo informado por la autoridad demandada en audiencia, no adquirió ejecutoria, por lo que a momento de interpuesta la presente acción aún podía ser recurrida a través de los recursos revocatorio y jerárquico. Así, a través de tales recursos no sólo podía plantear los agravios de fondo que le ocasionaría la señalada RA 047/2021, tales como la supuesta omisión de no habérsele notificado con el Informe Legal en que se basó dicha Resolución a los fines de asumir defensa, entre otros; sino también, para cuestionar la presunta notificación irregular que equivocadamente cuestiona a través de la presente acción sin agotar previamente dicha instancia administrativa. Siendo necesario aclarar que, con relación a este último reclamo que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional plasmada en la SC 0249/2012 de 29 de mayo, la administración se encuentra impedida de tramitar por cuerda separada incidentes de nulidad, ya que no puede anular su propio acto administrativo. De ahí que, a la accionante le correspondía denunciar el supuesto incumplimiento de las formalidades de notificación previstas en el art. 33 de la LPA –referidas, a decir suyo, que no se hubiera agotado la notificación en su domicilio particular e incluso una notificación por edicto, pero de ninguna forma una notificación en ventanilla– conjuntamente los agravios de fondo de la tantas veces referida Resolución Administrativa, a través de una de las dos vías que prevé la ley, a saber los ya señalados recursos de revocatoria y jerárquico. Por ello, este Tribunal no puede tutelar la denuncia de notificación irregular con la RA 047/2021 que la accionante acusa le hubiera causado indefensión ni mucho menos dejar sin efecto la misma, pues de acuerdo a lo debatido en audiencia, en vista de la supuesta invalidez de la diligencia, la referida accionante incluso pudo solicitar ser notificada de manera personal a los fines de habilitar el plazo para la interposición de los señalados recursos de revocatoria y jerárquico, y a través de ellos cuestionar tanto los agravios de fondo con relación a dicha Resolución como los presuntos defectos de la notificación practicada. Por lo tanto, en el caso resulta aplicable el carácter subsidiario de ésta acción de defensa, cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación…” Por consiguiente, la Sala Constitucional Segunda, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 75/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 152 a 159 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0749_2023-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): abb3c9e29013336d6137e2a06cfd699a8bddcd3571136b641924e21e99f62907

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