B.IA.LEGAL

SCP 0749/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 1 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48499-2022-97-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su dimensión principio de impugnación, a la celeridad y al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, los Vocales demandados al momento de declarar ilegal el recurso de compulsa que interpuso, no aplicaron debidamente el ordenamiento jurídico, al concluir que frente al Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021, que rechazó su recurso de reposición, en lugar de interponer recurso de apelación directa debió plantear recurso de reposición con alternativa de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 81/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 224 a 227, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista C-421/2021 de 12 de octubre;

debiendo los Vocales demandados dentro del plazo de tres días hábiles computables a partir de la notificación con este fallo, emitir una nueva resolución, resolviendo el recurso de compulsa planteado, conforme a los lineamientos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° DENEGAR respecto a Reyna Maritza Brañez, Serrano Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del departamento de La Paz, por falta de legitimación pasiva; así como, también con relación a la vulneración del derecho de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la celeridad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela de la acción de amparo constitucional cuando se denuncia la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico por las autoridades judiciales o administrativas. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El derecho a la impugnación y la doble instancia como componentes del debido proceso
  3. III.3. Legitimación pasiva de las autoridades de instancia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0749/2023-S2 Sucre, 1 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 48499-2022-97-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 81/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 224 a 227, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Natalia Chambi Mamani contra Isaías Jorge Vargas Chambi y Fanny Coaquira Rodríguez, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Reyna Maritza Brañez Serrano, Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante de fs. 121 a 132, la accionante expuso que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Del proceso civil ejecutivo iniciado en su contra por Nelly Coria Canaza -tercera interesada-, el cual fue concluido en primera instancia con la Sentencia 212/2007 de 7 de mayo, ordenando “el trance” y remate de sus bienes hasta el pago de lo adeudado; debido al abandono del proceso, solicitó la prescripción sobreviniente de la obligación; la cual, fue acogida por Auto Interlocutorio 216/2021 de 10 de mayo. El citado Auto Interlocutorio adquirió ejecutoria; no obstante, de forma posterior la Jueza codemandada determinó se notifique a la tercera interesada de manera personal con el indicado fallo, determinación contra la cual interpuso recurso de reposición, que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021; razón por la cual, formuló recurso de apelación, que por decreto de 17 de igual mes y año, fue rechazado conforme al art. 255 del Código Procesal Civil (CPC). La resolución que modifique o deje sin efecto la recurrida, es inimpugnable; es decir, no puede interponerse un nuevo recurso para tratar de modificar de forma reiterada la misma resolución. Al haberse “negado” su apelación, planteó recurso de compulsa; sin embargo de ello, los Vocales demandados a través del Auto de Vista C-421/2021 de 12 de octubre, declararon ilegal dicho recurso, acto procesal que fue lesivo a sus derechos; debido a que, los prenombrados retrasaron la tramitación de su causa, olvidando que su deber y obligación procesal es promover el desarrollo del proceso de forma más ágil y eficaz.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su dimensión principio de impugnación, a la celeridad, al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo declarar ilegales la providencia de 17 de septiembre de 2021 y el Auto de Vista C-421/2021 de 21 de octubre; y, dejar sin efecto la última resolución, ordenando a los Vocales demandados dicten uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 218 a 223, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándolo expresó que: a) A través del presente mecanismo de defensa cuestionó el Auto de Vista C-421/2021 y la providencia de 17 de septiembre de 2021; ya que, rechazó su recurso de apelación y determinó ilegal el recurso de compulsa, decisiones que lesionan los derechos a la impugnación y a una justicia pronta y oportuna; b) El razonamiento de la Jueza codemandada es incorrecto -debió interponer recurso de reposición con alternativa de apelación-; toda vez que, ante el rechazo a un recurso de reposición es viable plantear apelación; c) Dedujo compulsa contra la resolución definitiva de prescripción -no indicó cual-, misma que fue declarada ilegal por los Vocales demandados; y, d) Correspondería declarar “fundada” esta acción tutelar; consecuentemente, anular las decisiones cuestionadas por ser ilegales, y se emita una nueva resolución debidamente fundamenta y se condenen costas, daños y perjuicios a las autoridades judiciales demandados.

Ante el requerimiento de los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la solicitante de tutela precisó que; 1) El 17 de agosto de 2021 la Jueza codemandada, omitió dejar sin efecto la diligencia de comunicación a la tercera interesada; por lo que, no era posible plantear recurso de apelación de manera directa; razón por la cual, previamente interpuso reposición y ante el rechazo planteó recurso de apelación; y, 2) La interpretación de la norma por parte de las autoridades demandadas fue incorrecta e ilegal, misma que se configuró al exigir la presentación de un recurso de reposición bajo alternativa de apelación.

I.2.2. Informe de los demandados

Isaías Jorge Vargas Chambi y Fanny Coaquira Rodríguez, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 12 de mayo de 2022, cursante de fs. 211 a 217, refirieron que: i) En ningún momento vulneraron el derecho de impugnación de la accionante; ii) La jurisdicción constitucional está impedida de revisar o sustituir la interpretación de legalidad ordinaria realizada en la vía ordinaria; iii) Se incumplió con los parámetros delineados por el Tribunal Constitucional Plurinacional; además, al no explicar porque la labor interpretativa resulta insuficientemente motivada, arbitraria e incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, tampoco se identificó las reglas de interpretación que hubieran sido omitidas; y, iv) Al rechazar una resolución, debió interponer reposición bajo alternativa de apelación; la peticionante de tutela omitió explicar su antítesis a ser considerada por el Tribunal de alzada y en caso de no ser acogida, se abre la posibilidad de su revisión. Reyna Maritza Brañez Serrano, Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 11 de mayo de 2022, cursante a fs. 137 y vta., y en audiencia de garantías informó que: a) El Auto Interlocutorio 216/2021 -que declaró la prescripción de la obligación-, fue notificado a la tercera interesada de manera errónea vía WhatsApp, extremo que fue observado por su persona a través de la providencia de 17 de agosto de 2021, que al tratarse de un auto definitivo la diligencia sea practicada en el domicilio real de tercera interesada; ante esa determinación, la impetrante de tutela presentó recurso de reposición, el cual mereció el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de igual año, fallo que fue objeto de apelación, mismo que fue rechazado por no encontrarse presentado en la forma y plazo previsto en la norma; c) Ante la desestimación al recurso de apelación, la solicitante de tutela interpuso compulsa; por lo que, los Vocales demandados la declararon ilegal, decisión que no permitiría ser revisada por medio de la presente acción tutelar; debido a que, no es una instancia de impugnación; y, d) No se vulneró ningún derecho o garantía constitucional; por ende, corresponde denegar la tutela impetrada. En la audiencia de garantías, la Jueza demandada ante el requerimiento de la aludida Sala Constitucional amplió su informe señalando que: Ante el error en la comunicación procesal de un auto definitivo -prescripción de la obligación-, ordenó la notificación en el domicilio “personal” de la tercera interesada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Nelly Coria Canaza, no presentó informe alguno ni intervino en la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 136.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 81/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 224 a 227, denegó la tutela impetrada, con base en los siguiente fundamentos: 1) No es posible emitir criterio sobre los actos de la Jueza demandada; debido a que, la peticionante de tutela utilizó de manera incorrecta el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; 2) El Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021 es un auto interlocutorio simple; por cuanto, su cuestionamiento debió ser realizado a través del recurso de reposición con alternativa de apelación; 3) El Auto de Vista C-421/2021, que resolvió el recurso de compulsa es correcta y no generó lesión alguna contra los derechos de la accionante; y, 4) La imposición de la multa responde al cumplimiento de norma infraconstitucional y el reglamento de multas procesales del Órgano Judicial. La peticionante de tutela, por memorial de 13 de mayo de 2022, cursante a fs. 228 y vta., solicitó aclaración y complementación, manifestando que medios debió activar y agotar contra el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021; y si puede realizar peticiones al Juzgado de primera instancia, considerando que los mecanismos legales contra el mencionado Auto se encuentran pendientes de ser activados; petición que fue declarada no ha lugar; en razón a que, la indicada Sala Constitucional no precisó ni estableció que se encuentre pendiente de activar algún recurso contra el indicado fallo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 216/2021 de 10 de mayo, que declaró probada la prescripción de obligación sobreviniente interpuesta por Natalia Chambi Mamani -accionante-, dentro del proceso ejecutivo a instancia de Nelly Coria Canaza -ahora tercera interesada- (fs. 71 a 72). II.2. Mediante decreto de 17 de agosto de 2021, la Jueza codemandada dispuso la notificación del citado Auto Interlocutorio 216/2021 a la tercera interesada en su domicilio real; asimismo, la solicitante de tutela a través de memorial formuló recurso de reposición contra la ut supra providencia, dando lugar a la emisión del Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de igual año que dispuso no ha lugar a la reposición presentada (fs. 82 a 90 vta.). II.3. A través de memorial presentado el 16 de septiembre del citado año, la impetrante de tutela planteó recurso de apelación contra el mencionado Auto Interlocutorio, mismo que mereció la providencia de 17 de igual mes y año; la cual lo rechazo señalando que “…no puede interponerse un nuevo recurso para tratar de modificar nuevamente la misma resolución, por tal motivo se desestima la solicitud” (sic [fs. 93 a 100]). II.4. Por escrito presentado el 1 de octubre del mencionado año, la peticionante de tutela dedujo recurso de compulsa contra la providencia descrita precedentemente, el cual fue resuelto a través del Auto de Vista C-421/2021 de 12 de octubre, declarándolo ilegal (fs. 103 a 107 y 113 a 116).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su dimensión principio de impugnación, a la celeridad y al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, los Vocales demandados al momento de declarar ilegal el recurso de compulsa que interpuso, no aplicaron debidamente el ordenamiento jurídico, al concluir que frente al Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021, que rechazó su recurso de reposición, en lugar de interponer recurso de apelación directa debió plantear recurso de reposición con alternativa de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La tutela de la acción de amparo constitucional cuando se denuncia la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico por las autoridades judiciales o administrativas. Jurisprudencia reiterada

De manera inicial se debe reiterar que esta acción tutelar no es un mecanismo de impugnación de los fallos dictados por la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina o especial, tampoco se constituye en un recurso de impugnación destinado a cuestionar los actos administrativos definitivos emitidos en sede administrativa; desde la creación del Tribunal Constitucional, cuando la acción de amparo constitucional era identificada por el ordenamiento jurídico abrogado como recurso, se estableció que: “…el recurso de amparo constitucional es una vía procesal subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales, lo que significa que no puede emplearse, si previamente no se acude a las vías legales ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico. Es importante reiterar, lo que en varias sentencias constitucionales ya se ha señalado, que dada su naturaleza jurídica, no es una vía supletiva de los medios o vías legales ordinarias y especiales previstas en leyes procesales. Finalmente, cabe recordar que el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas” (SC 1358/2003-R de 18 de septiembre) criterio que fue asumido por el Tribunal Constitucional transitorio y por el Tribunal Constitucional Plurinacional. No obstante ello, cuando las autoridades ordinarias o administrativa en aquella labor de interpretar y aplicar las normas suprimen o restringen los derechos fundamentales o garantías constitucionales, es posible la interposición de la acción de amparo constitucional; en ese sentido, se pronunció la SCP 0292/2018-S2 de 25 de junio, señalando que: “El Tribunal Constitucional, respecto a juzgar el criterio jurídico empleado por los tribunales de la justicia ordinaria para fundar su actividad jurisdiccional, ha sido claro y reiterativo al establecer que dicha labor no le corresponde, ya que lo contrario significaría asumir atribuciones de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre); sin embargo, cuando a través de esa actividad interpretativa, la referida jurisdicción incurre lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, de igual manera (clara y reiterativa) determinó que sí procede la tutela constitucional, a los efectos de restaurar los derechos que se hubieren vulnerado por los tribunales ordinarios al realizar una interpretación de legalidad ordinaria en inobservancia de la norma suprema. Eso no quiere decir que la jurisdicción constitucional se convierte en una instancia de restauración de incorrectas interpretaciones de las normas, sino en un guardián que verifica que esa labor sea desarrollada respetando los derechos, principios y garantías constitucionales” (énfasis añadido). Posteriormente, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, al referirse al tema sostuvo que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (el resaltado nos pertenece). Consecuentemente, es posible a través de la acción de amparo constitucional cuestionar a las autoridades judiciales o administrativas una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico a condición de que, la demanda muestre de forma evidente que la aplicación incorrecta de una norma lesiona derechos y garantías constitucionales.

III.2. El derecho a la impugnación y la doble instancia como componentes del debido proceso

Al respecto, la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, indicó que: “…La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del ‘derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior’, estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones…: 1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158) 2. El derecho de recurrir ‘…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (párrafo 158) 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)’” (énfasis añadido).

III.3. Legitimación pasiva de las autoridades de instancia

Sobre el particular la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, al analizar la legitimación pasiva de las autoridades de primera instancia fue uniforme en señalar que la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta contra la autoridad de última instancia y no contra los de instancia; por lo que, no es posible considerar el fondo de la problemática que plantea la acción de amparo constitucional, cuando no fue dirigida contra la autoridad o el tribunal de última instancia que tiene la facultad de modificar, confirmar o revocar el acto o resolución sometidos a su consideración, porque en caso de hacerlo sin que se cumpla con esa exigencia, la tutela que se pudiera conceder resultaría inoperante. Así las SSCC 258/2003-R, 724/2003-R, 08562005-R y otras, han establecido que: "…cuando se trata de procesos en cualquier materia, el agraviado debe acusar el acto indebido o ilegal constituido ya sea en un acto procesal o en una resolución ante la instancia última, pues de no hacerlo la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede compulsar la problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la facultad de revisar, consiguientemente, modificar, confirmar o revocar el acto o resolución puesto en su conocimiento, ya que en la última instancia -si se acusa el acto ilegal u omisión indebida-, se resolverá definitivamente, de manera que quien deberá responder por la lesión al derecho fundamental y repararlo en forma inmediata será la autoridad o tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última instancia, y por lo mismo, para el caso de no reparar la lesión al momento de resolver el recurso ordinario, es quien tiene la legitimación pasiva para ser demandado, responder y cumplir lo que se ordene en esta jurisdicción si se presentare Amparo" (negrillas agregadas).

III.4. Análisis del caso concreto

Según se aprecia de los antecedentes de la causa en análisis, la peticionante de tutela fue demandada en un proceso civil ejecutivo, el cual se encontraba en ejecución de sentencia; empero, debido al abandono del mismo por Nelly Coria Canaza -ahora tercera interesada-, mediante Auto Interlocutorio 216/2021 de 10 de mayo, se declaró probada la prescripción de obligación sobreviniente interpuesta (Conclusión II.1); determinando la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del departamento de La Paz, mediante providencia de 17 de agosto de 2021, que el aludido fallo sea notificado a la tercera interesada en su domicilio real, decisión que dio lugar al recurso de reposición, mereciendo el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de igual año, que dispuso no ha lugar (Conclusión II.2); en razón a ello, formuló recurso de apelación que fue rechazado por providencia de 17 de idéntico mes y año (Conclusión II. 3); dando lugar a la interposición del recurso de compulsa, la cual fue resuelto a través del Auto de Vista C-421/2021 de 12 de octubre, que lo declaró ilegal (Conclusión II.4). Ahora bien, la peticionante de tutela cuestiona en esta acción tutelar dos actos procesales; la providencia de 17 de septiembre de 2021, dictada por la Jueza codemandada, que rechazó el recurso de apelación que presentó; y, el Auto de Vista C-421/2021 pronunciado por los Vocales demandados, que declaró ilegal la compulsa. A partir de ello, con relación al cuestionamiento a la providencia de 17 de septiembre de 2021, cabe precisar que dicho acto procesal no puede ser objeto de la presente acción de amparo constitucional; debido a que, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales de primera instancia no cuentan con legitimación pasiva para responder; por cuanto, no se puede compulsar la problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la facultad de revisar, modificar, confirmar o revocar el acto o resolución puesto en su conocimiento; razón por la cual, Reyna Maritza Brañez Serrano, Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del departamento de La Paz, no cuenta con legitimación pasiva para responder a tal pretensión, lo que deviene en la denegatoria de la tutela requerida en su contra.

Consecuentemente, la problemática planteada se circunscribirá a examinar únicamente el acto procesal dictado por los Vocales demandados, verificando si el Auto de Vista C-421/2021, que declaró ilegal la compulsa, lesionó el derecho al debido proceso en su dimensión principio de impugnación, a la celeridad, de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, limitando el debate a establecer si frente al fallo que determinó rechazar el recurso de reposición era viable volver a interponer nuevamente recurso de reposición bajo alternativa de apelación, o debió interponerse la apelación directa; toda vez que, ese fue el agravio planteado en el recurso de compulsa. En se orden de razonamiento, de la revisión del citado Auto de Vista C-421/2021, se puede advertir que la declaratoria de ilegalidad se centra en alegar que el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021, es un auto interlocutorio simple y que frente a dichos autos no procede la apelación directa, sino que es imprescindible que previamente se interponga el recurso de reposición. El caso en análisis es sui géneris, debido a que la Jueza de instancia incurrió en un error en la tramitación del proceso; en vista a que, no podía reconducir el proceso de la comunicación procesal del Auto Interlocutorio 216/2021, a través de una providencia, como lo hizo con el decreto de 17 de agosto de ese año, pues debió realizarla de manera fundamentada y a través de un auto interlocutorio, ese error de la Jueza codemandada derivó en que la peticionante de tutela deba interponer de forma inicial solo recurso de reposición contra esa decisión, por tratarse de una simple providencia, entendiendo que no procede la apelación contra decretos; lo que, dio lugar a la emisión del Auto Interlocutorio 3 de septiembre de 2021, mismo que al ser la respuesta a un recurso de reposición no podía ser cuestionado nuevamente a través de idéntico recurso; es decir, una nueva reposición; razón por la cual, la accionante no tuvo otra alternativa que formular el recurso de apelación de forma directa, entendiendo que no era posible plantear nuevamente reposición, el error de la citada autoridad judicial afectó también la decisión de los Vocales encargados de resolver la compulsa, pues, su fallo se sustentó de manera correcta en la imposibilidad de interponer una apelación directa frente a un auto interlocutorio simple; empero, no se consideró el contexto del caso y el error incurrido por parte de la Jueza codemandada que se produjo al establecer una corrección procesal a través de una sencilla providencia. En este punto, es necesario tener presente que: “…los autos interlocutorios simples tratan sobre el proceso mismo y no del derecho discutido en el proceso” contrariamente los “autos interlocutorios definitivos se caracterizan porque cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible la prosecución del proceso, suspenden la competencia de la autoridad judicial, causan estado” (SCP 0314/2019-S2 de 29 de mayo); entonces, los autos interlocutorios simples resuelven cuestiones intermedias en el proceso judicial y pueden derivar de los incidentes del juicio, “decide las cuestiones incidentales que se suscitan durante la tramitación del proceso y, que según Eduardo J. Couture: 'es un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho'; que dirime cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal y se resuelven según lo alegado y probado por las partes, vale decir, con apoyo de una fundamentación o motivación. El art. 188 del CPC, siguiendo el mismo sentido expresamente dice: 'Los autos interlocutorios resolverán cuestiones que requieren sustanciación y se suscitaren durante la tramitación del proceso...'” (SC 0636/2003-R de 9 de mayo); por tanto, los mismos no pueden ser objeto de apelación directa pues no cortan ni ponen fin al proceso. Para resolver la problemática traída en revisión, es necesario considerar que las providencias conforme prevé el art. 209 del CPC atienden al desarrollo del proceso y, ordenarán actos de mera ejecución; son entonces disposiciones de mero trámite de alcance limitado; por tanto, no son susceptibles de apelación directa, sino únicamente recurso de reposición, así lo establece el art. 253 del aludido Código, el recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios con el objeto que la autoridad judicial advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule; empero, el art. 254.V de ese mismo cuerpo legal, sostiene que la apelación alternativa al recurso de reposición es posible contra los autos interlocutorios y no simples providencias. Bajo el marco legal expuesto y de manera precedente, se puede advertir que la Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del departamento de La Paz, al emitir la providencia de 17 de agosto de 2021, (Conclusión II.2) incurrió en un error procedimental; pues, al tratarse de una corrección procesal que significaba dejar sin efecto una comunicación procesal anterior, disponiendo que el Auto Interlocutorio 216/2021 sea notificado a la parte ejecutada en su domicilio real; debió ser dispuesta a través de un auto interlocutorio simple, debido a que el mismo, resolvió cuestiones incidentales, accesorias suscitadas durante la tramitación del proceso. Concluyéndose entonces que, es fundamental que los jueces y tribunales emitan las resoluciones correctas y sigan los procedimientos adecuados para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, como el derecho al debido proceso en su dimensión principio de impugnación, a fin de materializar la justicia y la equidad en el proceso judicial, esto es, que cuando deban resolver cuestiones incidentales y accesorias al proceso lo hagan a través de un auto interlocutorio simple y no a través de una simple providencia; toda vez que, de la forma en que emitan sus decisiones, también estará condicionada el ejercicio del derecho a la impugnación, que en este caso fue limitado al dictarse la providencia de 17 de agosto de 2021, disponiendo una corrección procesal que se reitera debió ser realizada a través de un auto interlocutorio simple; si la jueza codemandada habría obrado correctamente, la peticionante de tutela hubiera tenido la oportunidad de plantear su impugnación mediante la reposición bajo alternativa de apelación; la disfunción procesal advertida no puede ser imputable al justificable; por tanto, al negarse la apelación y declararse ilegal el recurso de compulsa efectivamente lesionó sus derechos constitucionales; ya que, ese aspecto no fue observado por los Vocales demandados a tiempo de pronunciar el Auto de Vista C-421/2021, y que impele conceder la tutela a objeto que se emita nueva resolución que disponga la posibilidad de acceder al derecho a la impugnación de la peticionante de tutela del Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021. No obstante ello, el presente fallo constitucional de ninguna forma representa un precedente que dé lugar a que los autos interlocutorios de carácter simple puedan ser cuestionados de manera directa a través del recurso de apelación, sino que la tutela en el caso en particular es singular debido al error en que incurrió la Jueza codemandada al decidir una corrección procesal a través de una simple providencia, que dejó en estado de indefensión a la peticionante de tutela y que no fue advertida por los Vocales demandados. Con relación a la vulneración del derecho de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y celeridad, la acción de amparo constitucional no expone argumentos suficientes para realizar un examen sobre los mismos; razón por la cual, no puede emitirse criterio al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 81/2022 de 12 de mayo, cursante de fs. 224 a 227, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista C-421/2021 de 12 de octubre;

debiendo los Vocales demandados dentro del plazo de tres días hábiles computables a partir de la notificación con este fallo, emitir una nueva resolución, resolviendo el recurso de compulsa planteado, conforme a los lineamientos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° DENEGAR respecto a Reyna Maritza Brañez, Serrano Jueza Pública Civil y Comercial Octava de El Alto del departamento de La Paz, por falta de legitimación pasiva; así como, también con relación a la vulneración del derecho de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la celeridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0749_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 745884bb33bcc94079f6b6375aaf0cdffc46d88d2d316ac76b09efa5d9793aad

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