Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la salud y la vida; toda vez que, si no se realiza la valoración psicológica y social que fue solicitada al SLIM, corre el riesgo que se revoque las medidas cautelares que tiene impuestas a una detención preventiva y con ello un riesgo vital, porque con las enfermedades que padece puede autolesionarse. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; b) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 082/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0747/2023-S1 Sucre, 7 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46910-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 082/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nelson Caune Mamani contra Reynaldo Paco Vino, Responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de marzo de 2022, cursante de fs. 4 a 7, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento, la Jueza Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz a través del Auto Interlocutorio 54/2022 de 4 de febrero, dispuso la detención domiciliaria y fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), que al ser de imposible cumplimiento, solicitó su modificación que se encuentra en trámite. Refiere, si bien, el Ministerio Público expidió requerimiento fiscal dirigido al SLIM para la valoración psicológica de Nelson Cauna Mamani -ahora accionante-; sin embargo, la misma no fue atendida, efectuándose la representación del Informe INF.GMAC/SLIM/PSICO-015/2021 de 4 de febrero, que señala que no corresponde a esa instancia realizar esa valoración, esta determinación vulnera sus derechos constitucionales pues requiere la valoración psicológica en resguardo de su salud; toda vez que, conforme a certificado médico actualizado, padece de episodios de síndrome ansioso o depresivo y trastorno emocional, se desorienta en tiempo, espacio y es una persona con falta de concordancia psicomotriz; por lo que, resulta necesaria una valoración por psicología y psiquiatría. La fianza económica impuesta por la autoridad jurisdiccional es muy alta y se corre el riesgo de que revoquen la medida cautelar; por lo que, necesita contar con la valoración psicológica y no es posible que se derive al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) o del Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) fuera del municipio, existiendo profesionales psicólogos en Caranavi que pueden valorar personas en situación de enfermedad crónica o mental precisamente por tratarse de la población vulnerable. Sostiene, que es una persona en estado de vulnerabilidad y no puede acudir ante el Juez de control jurisdiccional en fin de semana, tras la descompensación que atravesó, corroborada por certificado médico.
Considera que fue lesionado sus derechos a la salud y la vida; citando al efecto los arts. 8.I, 13.I, 15, 37, 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al SLIM o autoridades administrativas del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi del departamento de La Paz, efectuar la valoración psicológica e intervención social y en su caso realizar la ficha de coordinación con el Hospital Municipal de Caranavi, Unidad Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (UMAPEDIS) y Centro Integral de Rehabilitación de Caranavi (CIRECA); y, b) Se emita medida cautelar para asegurar su tratamiento médico psiquiátrico.
La audiencia pública de consideración de esta acción de libertad se realizó el 28 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 22 a 23 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente el contenido de su acción tutelar presentada y ampliando sus fundamentos señaló que: 1) El certificado médico de 25 de marzo de 2022, establece que en el examen neurológico, el accionante se encuentra desorientado en tiempo y espacio, es persona con falta de concordancia psicomotriz; 2) El SLIM cuenta con un psicólogo y un trabajador social, por eso se emitió el requerimiento para la valoración; sin embargo, dichos profesionales efectuaron una representación con el argumento que no corresponde a esa instancia realizar las mismas, que son necesarias y deben realizarse en coordinación con otras entidades dependientes del mismo municipio, considerando que en el lugar son alrededor de seis psicólogos que trabajan; y, 3) El no contar con la valoración correspondiente, pone en riesgo que se pueda revocar las medidas actuales a la detención preventiva y con ello un riesgo vital, porque con las enfermedades que padece puede autolesionarse; se acude de manera directa a la acción de libertad porque el SLIM no está sujeta a control de la autoridad jurisdiccional.
Reynaldo Paco Vino, Responsable del SLIM del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi del departamento de La Paz, en la audiencia de acción de libertad informó que, desconocía de los requerimientos fiscales; porque estos son anteriores a su designación y además que los mismos se presentan directamente al profesional psicólogo, quien el 4 de febrero de 2021, informó que sus atribuciones están limitadas a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y entre sus funciones está el realizar entrevistas, informes psicológicos a víctimas y otras en las cuales no se enmarca el ahora accionante, pero ante la presentación de otro requerimiento fiscal, ya se realizó la valoración y evaluación psicológica del accionante presentado el 7 de febrero de 2021, en el cual el psicólogo informó que efectuó la valoración y evaluación psicológica al accionante en las dimensiones de personalidad y cognitivas, concluyendo que el mismo no tiene idoneidad mental para la toma de decisiones y para verter cualquier declaración.
Freddy Tarqui Mamani, Fiscal de Materia en la audiencia de acción de libertad refirió que a efecto de su valoración psicológica emitió requerimiento el 3 de febrero de 2022; asimismo, atendió la solicitud de requerimiento fiscal y está habilitado en el sistema JL-1.
El Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; mediante Resolución 082/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) No se acreditó que el accionante se encuentre en situación de pobreza o vulnerabilidad a través de un informe social u otro elemento de prueba; ii) No existe elementos de prueba en relación a la posible agravación de las medidas impuestas a una detención preventiva; toda vez que, no se tiene el señalamiento de una audiencia de revocación de medidas cautelares; iii) No se verifica el peligro inminente al derecho a la salud y a la vida; iv) Existe una representación que lo deriva a la atención de IDIF o IITCUP de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que se pretende revertir después de más de un año atrás; v) Existe un Juzgado que ejerce el control jurisdiccional; y, vi) El accionante tuvo bastante tiempo para solicitar requerimientos a las otras instituciones que refiere. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó se aclare si se ha ingresado a considerar el fondo de la acción, si se consideró el certificado médico de 25 de marzo de 2022 y se exhorte al Ministerio Público a expedir los requerimientos solicitados. En respuesta, el Juez de garantías refirió que no se tiene acreditado por ningún elemento el inminente riesgo a la salud y a la vida; ni tampoco que se tenga el riesgo de una revocatoria de medidas cautelares; por lo que, se remiten a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa requerimiento fiscal de 3 de febrero de 2021, emitido dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nelson Caune Mamani y otro, por el cual se requiere al SLIM realice la valoración psicológica del ahora accionante (fs. 19). II.2. Consta Informe INF.GMAC/SLIM/PSICO-015/2021 de 4 de febrero, dirigido a Fredy Tarqui Mamani, Fiscal de Materia que fue suscrito por el psicólogo del SLIM vía el Responsable, por el cual informó que sus funciones se enmarcan en la Ley 348 y no corresponde a esa instancia efectuar la valoración psicológica, lleva sello de recepción de 5 de igual mes de 2021 y una providencia del Fiscal de Materia de la misma fecha que refiere adjúntese a sus antecedentes (fs. 18 y vta.). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 54/2022 de 4 de febrero, la Jueza Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz dispuso la revocatoria de medidas cautelares del ahora accionante y otro, impone la detención domiciliaria con escolta, la fianza económica en la suma de Bs20 000.- y la firma del libro de presentaciones los lunes, miércoles y viernes (fs. 13 a 17 vta.). II.4. A través del certificado médico de 25 de marzo de 2022, el médico Cesar Alberto Ramírez Condori -cirugía general- refiere que Nelson Cauna Mamani acompañado de sus familiares acudió al servicio, estableciendo como diagnóstico: “Síndrome depresivo ansioso A.D.?” y “Trastorno emocional A.D.?” y recomendó realizar valoración especifica por especialidades de psiquiatría y psicología a la brevedad posible por riesgo vital (fs. 20).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la salud y la vida; toda vez que, si no se realiza la valoración psicológica y social que fue solicitada al SLIM, corre el riesgo que se revoque las medidas cautelares que tiene impuestas a una detención preventiva y con ello un riesgo vital, porque con las enfermedades que padece puede autolesionarse. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; b) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente entendimiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y 3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 5El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.
(…)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0363/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; 2) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; 3) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso 4) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-.
Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE; y, de progresividad de los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardados en el art. 13.I de la CPE, pueden ser reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la salud y la vida; toda vez que, si no se realiza la valoración psicológica y social que fue solicitada al SLIM, corre el riesgo que se revoque las medidas cautelares que tiene impuestas a una detención preventiva y con ello un riesgo vital, porque con las enfermedades que padece puede autolesionarse.
De la revisión de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional se advierte que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nelson Caune Mamani y otro, por la presunta comisión del delito de avasallamiento el representante del Ministerio Público mediante requerimiento fiscal de 3 de febrero de 2021 requiere al SLIM se realice la valoración psicológica del ahora accionante (Conclusión II.1); en respuesta mediante Informe INF.GMAC/SLIM/PSICO-015/2021 el psicólogo del SLIM informa al Fiscal de Materia que sus funciones se respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas). 16La SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en el FJ III.3 sostiene: “Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación” (la negrillas son nuestras). Luego, la SCP 0087/2014-S3 de 27 de octubre, siguiendo tal entendimiento, enfatizó que la: “…forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.
encuentran enmarcadas en la Ley 348 y no corresponde a esa instancia efectuar la valoración psicológica (Conclusión II.2). Mediante Auto Interlocutorio 54/2022 la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, dispuso la revocatoria de medidas cautelares del ahora accionante y otro, agravando las medidas impone la detención domiciliaria con escolta, la fianza económica en la suma de Bs20 000.- y la firma del libro de presentaciones los lunes, miércoles y viernes (Conclusión II.3). Acorde al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional el derecho a la vida se extiende a aquellos que implican la creación de las condiciones de una vida digna, siendo tutelables vía acción de libertad; sin embargo, en el caso objeto de análisis no se tiene ningún elemento que muestre la lesión al derecho a la vida y/o los derechos conexos a este, ya que si bien se adjuntó un certificado médico (Conclusión II.4) en el cual no se tiene la certeza de un diagnostico porque refiere “Síndrome depresivo ansioso A.D.?” y “Trastorno emocional A.D.?”, se recomienda que se debe realizar una valoración por la especialidad de psiquiatría y psicología a la brevedad posible por riesgo vital; resulta que no existe ningún elemento que muestre que esa atención especializada requerida fue negada en algún centro hospitalario, y si bien se hace referencia a una situación de pobreza sin ningún respaldo objetivo que lo acredite, tampoco cursa algún elemento que muestre que la atención especializada fue negada por esta causa, no se hace referencia sí acudió a los profesionales psicólogos en centros dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi del departamento de La Paz o al Seguro Universal de Salud (SUS). Según el accionante las lesiones a sus derechos emergerían de los actos investigativos desarrollados en el proceso penal que se sigue en su contra, debido a que el 5 de febrero de 2021 -más de un año antes de la presentación de la acción de libertad-, se representó el requerimiento fiscal; por el cual, se requiere al SLIM su valoración psicológica, el cual sería necesaria porque corre el riesgo que se revoquen sus medidas cautelares debido a que se le impuso una fianza económica de imposible cumplimiento; al respecto es preciso señalar que el proceso penal seguido en su contra se encuentra bajo el control jurisdiccional de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; por lo que, al no haberse identificado lesión al derecho a la vida o sus derechos conexos ante alguna otra vulneración emergente del proceso debió acudir previamente ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, acorde al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.
Finalmente cabe aclarar que la representación efectuada por el SLIM se produjo un año atrás a la fecha del planteamiento de la acción tutelar, cuando el accionante se encontraba en libertad, pues de acuerdo a la resolución de revocatoria de medidas cautelares de 4 de febrero de 2022, recién se dispuso la detención domiciliaria del accionante, teniendo éste tiempo suficiente a efectos de acudir no sólo ante el Ministerio Público sino ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 082/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
7 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 8Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre.
9 La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida. 10La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 11Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 12Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 13Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013. 14La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 15El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato,
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0747_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): d29abc64f87fd8cc8c84b2c01dc10837e916d0340d0031fefa0b8ac50947491f
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