Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 7 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
La demandante de tutela alega la lesión de sus derechos a la vida, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defectuosa valoración; toda vez que, el Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022, que resolvió ratificar la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia, omitiendo valorar de manera objetiva, integral, fundada y razonablemente todos los elementos recolectados en la etapa investigativa que aportó los suficientes elementos de convicción que acreditaban la existencia del hecho, así como la participación del denunciado en el mismo, entre ellos la entrevista psicológica de 16 de diciembre de 2021, realizada por el SLIM, el Informe social de 20 de igual mes y año; la Declaración informativa de 21 de mismo mes y año, las medidas de protección de 7 de enero de 2022; el informe técnico criminalístico 7009159; la declaración informativa de los testigos Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, Maria Leny Cruz Bonilla, Giselle Stephanie Martínez Cruz, Margoly Cruz Bonilla, declaración ampliatoria de la víctima de 25 de marzo de 2022, memorial de denuncia de incumplimiento de las medidas de protección, entrevista psicológica de AA de 19 de abril de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elemento…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 51/23 de 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 135 vta. a 142, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la impetrante de tutela, en relación a la debida motivación y valoración de las pruebas, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;
2° Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022; 3° Disponer que el Fiscal Departamental de Santa Cruz, dentro de los cinco días de notificado con el presente fallo constitucional, pronuncie una nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° DENEGAR la tutela con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de debida fundamentación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0746/2025-S1 Sucre, 7 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 56034-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 51/23 de 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 135 vta. a 142, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por César Gabriel Ulloa Cossio en representación legal de Irma Janeth Cruz Bonilla contra Roger Rider Mariaca Montenegro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz.
Mediante memoriales presentados el 26 de abril, y 4 de mayo de 2023, cursantes de fs. 91 a 97 y 105, la impetrante de tutela a través de su representante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho.
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Over Martínez Rojas -ahora tercero intersado- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP); en el cual, infundadamente se emitió inicialmente la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia el 30 de mayo de 2022; por lo que, formuló objeción para posteriormente ratificarse por el Fiscal Departamental de Santa Cruz mediante la Resolución Fiscal RRMM OR-895/22 de 29 de septiembre de 2022. La citada Resolución Fiscal RRMM OR-895/22, fue emitida de forma extemporánea y contiene argumentos confusos e incongruentes, por cuanto refiere que: ‘“Si bien la denunciante señala que ha sido agredida de forma verbal y psicológica por su denunciado, inclusive en presencia de sus hijos, sin embargo, no cursa antecedentes de esas agresiones, que si bien cursa declaraciones que señalan que en una oportunidad presenciaron una agresión física que data del 19 de marzo de 2017 sin embargo no han sido de manera sistemática tanto física, verbal como psicológica”’ (…) ‘“es evidente la ausencia de elementos probatorios que posibiliten hacer viable la existencia del delito de violencia familiar o doméstica”’ (sic), de forma incongruente con la resolución de rechazo, cuando tal afirmación no era evidente, toda vez que al contrario, la investigación aportó los suficientes elementos de convicción que acreditaban la existencia del hecho, así como la participación del denunciado en el mismo, elementos indiciarios que no fueron valorados objetiva, integral, fundada ni razonablemente por el Fiscal demandado, sino solo utilizo retazos, a conveniencia del Ministerio Público, entre ellos la entrevista psicológica de 16 de diciembre de 2021, realizada por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cotoca del departamento de Santa Cruz, que entre sus conclusiones determinó que la víctima atravesaba por una depresión grave, con alteración de sueño, falta de apetito, fatiga, desesperación, autoestima baja, considerándose una persona desvalorizada, desmotivada, con falta de concentración y daño emocional por culpa de la situación vivida con el denunciado -ahora tercero interesado-. Así también el Informe social de 20 de diciembre de 2021, que en sus conclusiones señala que la ahora demandante de tutela, recibió violencia psicológica por parte de su ex esposo Over Martínez Rojas -tercero interesado-consistente en insultos con palabras irreproducibles que denigran su persona, infidelidad, engaños, abuso sexual con chantajes y amenazas; declaración informativa de 21 de diciembre de 2021, aspectos que se ratificaron en la denuncia de 30 de noviembre de 2021, medidas de protección de 7 de enero de 2022; informe técnico criminalístico 7009159, que textualmente dice: ‘“soy capaz de ir a matarle”’, ‘“esa mujer es una mujer inservible, es una mujer que nadie la quiere”’ (sic); declaración informativa de los testigos Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, María Leny Cruz Bonilla, Giselle Stephanie Martínez Cruz, Margoly Cruz Bonilla; declaración ampliatoria de la víctima de 25 de marzo de 2022; memorial de denuncia de incumplimiento de las medidas de protección, de proposición de diligencias, memorial de la testigo Margoly Cruz Bonilla, desdoblamiento de llamadas telefónicas, entrevista psicológica del menor AA de 19 de abril de 2022, elementos que demuestran de forma indudable la existencia del hecho, participación autoría y responsabilidad del denunciado -ahora tercero interesado-, siendo incorrecto lo aseverado por el Fiscal de Materia que señaló que se trataría de insuficientes elementos indiciarios, situación confirmada por el Fiscal Departamental de forma incongruente, al expresar que no se habrían acreditado los elementos constitutivos del tipo penal de violencia familiar o doméstica. En la Resolución señalada, se desmembró las declaraciones testificales, no valoró la entrevista psicológica del menor AA de 19 de abril de 2022, tampoco la declaración ampliatoria de la víctima de 25 de marzo de 2022, el informe técnico criminalístico 7009159 de 19 de enero de 2022, no se pronunció sobre los memoriales que denunciaban incumplimiento de las medidas de protección y los presentados por los testigos sobre amenazas.
La solicitante de tutela, a través de su representante denuncia la lesión a sus derechos a la vida, al acceso a la justicia y debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-895/22, se ordene la emisión de una nueva Resolución y se establezcan indicios de responsabilidad civil y penal del demandado.
Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción de amparo constitucional el 11 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 131 a 142, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su representante, se ratificó de manera íntegra en el contenido de su acción tutelar.
Roger Rider Mariaca Montenegro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, presentó informe escrito el 11 de mayo de 2025, cursante de fs. 111 a 120 vta., mediante el cual señaló lo siguiente: a) La Resolución Jerárquica de 29 de septiembre de 2022, se encuentra debidamente fundamentada, valorando todos los elementos cursantes, pertinentes en relación al presente proceso; b) Como se puede evidenciar, la resolución guarda congruencia, tanto en la parte considerativa como en la dispositiva, más allá de que la ahora accionante, se limitó a mencionar parágrafos entrecortados de la resolución sin referir de qué manera sería incongruente, menos si la supuesta incongruencia fuera externa o interna, conforme exige la SC 1494/2011-R por lo que ha tiempo de dictar la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022, se resguardó el principio de congruencia; c) No hizo mención de otros elementos de relevancia que cursan en el cuaderno de investigación, toda vez que el hecho denunciado, sería por violencia psicológica, así no solo deben valorarse todos los elementos conforme los principios de objetividad y la perspectiva de género, en el cual, en los hechos de violencia de existir una igualdad máxime si considera el dictamen pericial mencionado en la “pág. 10”; d) La impetrante de tutela no demostró cual es la incidencia de dicho acto supuestamente erróneo o ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; e) Las afirmaciones de la demandante de tutela son subjetivas, dado que la emitir la Resolución denunciada se expresó los motivos de hecho y derecho en que basa su decisión, se expuso los hechos, se realizó la fundamentación legal y la cita de las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, teniendo una estructura de forma y de fondo, asimismo se hizo un análisis del caso concreto; f) La SCP 0134/2019-S1 de 17 de abril, estableció sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones, como componentes del debido proceso, complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional, pues sino tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; g) La SCP 1019/2016-S2 de 22 de mayo, estableció que la acción de amparo constitucional no constituye una instancia de revisión de la jurisdicción ordinaria; h) Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, la solicitante de tutela tuvo la amplia potestad, capacidad y facultad, para acudir ante la autoridad fiscal que ejercía la dirección funcional de las investigaciones competente, para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesionaba o desconocía sus derechos e intereses a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica, tiene en consecuencia garantizado su acceso a la justicia por cuanto se le permitió ser parte activa como denunciante dentro del proceso penal, así como impugnar la resolución de rechazo, lo que motivó la remisión del expediente ante la autoridad superior jerárquica; i) No se mencionó que existe una pericia psicológica en la cual se determinó en cuanto al grado de credibilidad y en cuanto al daño emocional que tendría la víctima; y, j) Con relación a las medidas de protección que habrían sido incumplidas, estas tienen un procedimiento establecido en el art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal (CPP), mismas que no pueden ser exigidas al Fiscal Departamental, sino ante la autoridad jurisdiccional durante la etapa investigativa; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
Over Martínez Rojas, a través de su abogado, en audiencia, señaló: 1) Es falso que se hubiera solamente referido a retazos de las declaraciones informativas de los testigos, porque tanto en la resolución de rechazo del Fiscal de Materia, así como en la Resolución Departamental se evidenció que se valoraron estas declaraciones informativas en sede policial, haciendo uso de lo establecido en el art. 72 del CPP; toda vez que, la ley exige a los fiscales que sean objetivos, tomen en cuenta aquellos indicios que acusan al imputado y aquellos otros elementos probatorios que lo eximen de responsabilidad, trabajo realizado de manera coherente por la autoridad demandada, valorando correctamente las pruebas; 2) Con relación a la entrevista de John Jairo Martínez Cruz, se valoró en ambas resoluciones; por lo que, de esa declaración, el Fiscal llegó a la conclusión que el trasfondo del problema es netamente patrimonial, la peticionante de tutela debió indicar que existe una demanda de divorcio, previo a la denuncia por el delito de violencia familiar o doméstica, pues con las medidas de protección, logró sacar al denunciado de su casa, en ese entendido, se efectuó un correcto trabajo del Ministerio Público valorando en su resolución de rechazo, que fue ratificado por la resolución ahora recurrida; 3) También se consideró los desdoblamientos de audios, el informe del “IITCUP” porque consideró que el “flash memory” no es un elemento primario sino un elemento secundario, porque es susceptible de manipulación, lo que fue correctamente valorado; 4) Respecto a los derechos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia pronta y oportuna, la impetrante de tutela no explicó cómo es que fueron afectados, tampoco qué derecho se vulneró con la supuesta demora en la remisión de la Resolución del Fiscal de materia; y, 5) El Ministerio Público circunscribió sus actos al principio de objetividad prevista en el art. 72 del CPP, en caso de concederse la tutela la resolución de rechazo quedaría vigente, sin embargo la resolución jerárquica ya fue de conocimiento de la autoridad jurisdiccional que emitió un Auto Definitivo de archivo y revocatoria de medidas de protección; por lo que solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 51/23 de 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 135 vta. a 142, denegó la tutela solicitada; con base a los siguientes fundamentos: i) De la denuncia presentada el 10 de diciembre del 2021, se evidencia que la ahora impetrante de tutela denunció a Over Martínez Rojas por haberle vertido improperios y tildado con sandeces, y además al haberse enterado que el mismo tenía otra mujer y se encuentraba erogando gastos con dineros que son del hogar; asimismo, cursa la declaración ampliatoria de la ahora demandante de tutela, de 25 de marzo de 2022, en la que insiste y frecuentemente menciona que el denunciado le pidió a su hija y después a su otro hijo que pongan por escrito los términos para arreglar la repartición de los bienes, producto del divorcio, la entrevista psicológica realizada a su hijo AA de 17 años, reveló también supuestos hechos que hubieran ocurrido entre la ahora solicitante de tutela y el tercer interesado; el desdoblamiento del “IITCUP” de 25 de abril del 2022, realizó una transcripción de distintos mensajes de voz en los que se evidenció un timbre varonil y uno femenino. Se evidenció también que el dictamen pericial psicológico realizado a la víctima, en el que la perito experta y posesionada conforme a las reglas de la pericia, concluyó con la no credibilidad del relato vertido por la peticionante de tutela, también concluyó que cuenta con un estado emocional estable y no evidenciaba lesión alguna; ii) Se permitió identificar dichos aspectos porque más allá de la falta de la carga argumentativa de la ahora accionante, esa Sala Constitucional, bajo el enfoque de perspectiva de género estaba en el obligación de verificar el correcto y cabal cumplimiento del Sistema Universal de protección de Derechos Humanos en el marco del Tratado Belém Do Pará, exactamente igual que lo hizo la SCP 0017/82019-S2 mucho más allá de la ausencia de precisión de los agravios en las cuales haya incurrido la impetrante de tutela; iii) Realizando dicha labor intelectiva, se evidenció que no solamente cuanta solicitud realizada por la demandante de tutela fue atendida positivamente por el Ministerio Público, sino que también percutó los mecanismos investigativos suficientes a efectos de establecer la verdad histórica de los hechos, resultado de ello se obtuvo la documental que se precisó, entre las cuales se encontró, primero, que no existe documental alguna que refiera a una violencia física y por tanto la dimensión de la violencia familiar domestica sub iudice la psicológica y el informe psicológico pericial estableció la no credibilidad y la existencia de secuelas, el Ministerio Público concluyó que no existen suficientes elementos indiciarios razonables para atribuir de forma provisional el tipo penal denunciado, y esa situación deviene no de una duda razonable sino que la carga probatoria arrojó que los hechos no fueron suficientes; y, iv) En uso exclusivo del enfoque interseccional con perspectiva de género superando cualquier error procesal en que haya incurrido la solicitante de tutela, en aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém Do Pará, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, la debida diligencia, no evidenció de que exista un elemento indiciario carente de valoración, de que exista una ausencia de valoración integral a la carga probatoria suficientes, de que exista un elemento indiciario racional en el cuaderno de investigación que con su valoración el resultado hubiera cambiado, es decir con relevancia constitucional, sino más bien, consideró que la labor restrictiva intelectiva que efectuó la autoridad departamental del Ministerio Público al emitir la Resolución “495/2022 de 29 de septiembre” (sic), es conteste, uniforme y conforme los lineamientos convencionales y constitucionales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por informe 261 preliminar, entrevista psicológica presentada el 22 de diciembre de 2021, efectuado a Irma Janeth Cruz Bonilla -ahora peticionante de tutela- ante M. Arminda Arauz Vaca, psicóloga y Jefa del Servicio Legal Integral Municipal SLIM de Cotoca, que como conclusión señala lo siguiente:
“La denunciante y víctima Irma Janeth Cruz Bonilla de 51 años de edad se muestra preocupada y atemorizada por el delito de violencia verbal y psicológica sufridas en reiteradas ocasiones por su esposo Over Martínez Rojas de 52 años de edad, a raíz de los hechos de violencia la víctima decide divorciarse la cual atraviesa por una depresión grave presentando alteración del sueño, falta de apetito, fatiga, desesperación, culpa por la situación vivida, esta situación limita a la víctima a realizar sus actividades con total normalidad, presenta una autoestima baja considerando una persona desvalorizada, desmotivada, teniendo falta de concentración y dificultad en toma de decisiones, como también presentando obstáculos para lograr metas u objetivos en su vida, presenta una ansiedad moderada centrándose solo en las preocupaciones inmediatas, implica una disminución del campo de la percepción, de tener cuidado ya que sobrecargarse demasiado de preocupaciones aumentan sus niveles de ansiedad, es evidente el daño emocional por el que atraviese la victima a consecuencia de años de violencia psicológica y verbal. La victima menciona que en fecha 16/12/2021 aprox. el denunciado insulta y denigra como mujer a la víctima e incuso negándose a sus hijos e también menciona que su amante es la ex pareja de su hijo con la cual es abuelo, la víctima pide alejamiento de su agresor y que le firme el divorcio” y como recomendaciones, señala: “Realizar el seguimiento social e investigar las diferentes situaciones que señala la víctima en la entrevista psicológica. Medidas de protección, terapia Psicológica, Asistencia familiar” (sic. [fs. 8 a 11 vta.]). II.2. Cursa Informe Social 292/2021 de 20 de diciembre, que en su conclusión y recomendación, refiere:
“La señora Irma Janeth Cruz Bonilla, ha recibido violencia psicológica por parte de su esposo Over Martínez Rojas, al recibir insultos con palabras irreproducibles que denigran su persona, infidelidad, engaños, abuso sexual con chantajes y amenazas de sacarla de su casa” (sic. [fs. 12 a 16]). II.3. Consta Resolución de medidas de protección de 7 de enero de 2022, emitido por Richard Camacho Caiguara, Fiscal de Materia, que fue presentado y homologado por José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz (fs. 22 a 24). II.4. Mediante informe técnico del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) de 3 de enero de 2022, se tiene la transcripción del archivo de audio de 26 de noviembre de 2021, que en la parte pertinente, refiere: “…esa mujer es una mujer inservible es una mujer que nadie la quiere ya nada le sirve nada que…quiere pelear…” (sic [fs. 25 a 37]). II.5. Cursa actas de declaración informativa de Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, María Leny Cruz Bonilla, Giselle Estephane “Martones” -siendo lo correcto Martínez- Cruz y Margoly Cruz Vonilla -siendo lo correcto Bonilla- (fs. 38 a 41). II.6. Consta Informe 49/2022 de 19 de abril, de entrevista psicológica efectuado a AA ante Marioly Suyo Cuiza, psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Cotoca (fs. 42 a 45).
II.7. Cursa Resolución Fiscal de rechazo de 30 de mayo de 2022, emitida por Richard Camacho Caiguara, Fiscal de Materia; el cual fue presentado ante el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del mencionado departamento (fs. 55 a 58). II.8. Mediante el memorial presentado el 8 de junio de 2022, la ahora impetrante de tutela objetó la resolución de rechazo de denuncia (fs. 62 a 67 vta.). II.9. Cursa Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022, emitida por Roger Rider Mariaca Montenegro, en ese entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, que ratifica la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 30 de mayo de 2022, a favor de Over Martínez Rojas -ahora tercero interesado-(fs. 68 a 89).
La demandante de tutela alega la lesión de sus derechos a la vida, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defectuosa valoración; toda vez que, el Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022, que resolvió ratificar la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia, omitiendo valorar de manera objetiva, integral, fundada y razonablemente todos los elementos recolectados en la etapa investigativa que aportó los suficientes elementos de convicción que acreditaban la existencia del hecho, así como la participación del denunciado en el mismo, entre ellos la entrevista psicológica de 16 de diciembre de 2021, realizada por el SLIM, el Informe social de 20 de igual mes y año; la Declaración informativa de 21 de mismo mes y año, las medidas de protección de 7 de enero de 2022; el informe técnico criminalístico 7009159; la declaración informativa de los testigos Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, Maria Leny Cruz Bonilla, Giselle Stephanie Martínez Cruz, Margoly Cruz Bonilla, declaración ampliatoria de la víctima de 25 de marzo de 2022, memorial de denuncia de incumplimiento de las medidas de protección, entrevista psicológica de AA de 19 de abril de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; c) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:
…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre.
Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)
tanto en la familia como en la sociedad;
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado]. El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:
i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas]. Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].
iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género
-perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho-que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.
Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.
iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:
Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].
La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.
6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).
En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas).
De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
La solicitante de tutela alega la lesión de sus derechos a la vida, al acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defectuosa valoración; toda vez que, el Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022, que resolvió ratificar la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia, omitiendo valorar de manera objetiva, integral, fundada y razonablemente todos los elementos recolectados en la etapa investigativa que aportó los suficientes elementos de convicción que acreditaban la existencia del hecho, así como la participación del denunciado en el mismo, entre ellos la entrevista psicológica de 16 de diciembre de 2021, realizada por el SLIM; el Informe social de 20 de igual mes y año; la Declaración informativa de 21 de mismo mes y año, las medidas de protección de 7 de enero de 2022; el informe técnico criminalístico 7009159; la Declaración informativa de los testigos Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, María Leny Cruz Bonilla, Giselle Stephanie Martínez Cruz, Margoly Cruz Bonilla, declaración ampliatoria de la víctima de 25 de marzo de 2022, memorial de denuncia de incumplimiento de las medidas de protección, entrevista psicológica del menor AA de 19 de abril de 2022.
En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes contenidos en el expediente tutelar, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Over Martínez Rojas -ahora tercero interesado- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, una vez presentada la denuncia se emitió el informe 261 preliminar de entrevista psicológica presentada el 22 de diciembre de 2021, efectuado a Irma Janeth Cruz Bonilla -ahora peticionante de tutela-, ante M. Arminda Arauz Vaca, psicóloga y Jefa del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cotoca; el Informe Social 292/2021 de 20 de diciembre, así como el Auto de medidas de protección de 7 de enero de 2022, emitido por Richard Camacho Caiguara, Fiscal de Materia, que fue presentado y homologado por José Orlando Rojas Baspineiro, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz (Conclusiones II. 2 y 3). Además, se elaboró el informe técnico del IITCUP de 3 de enero de 2022, las actas de declaración informativa de Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, María Leny Cruz Bonilla, Giselle Estephane “Martones” -siendo lo correcto Matínez- Cruz, Margoly Cruz Vonilla -siendo lo correcto Bonilla- (Conclusiones II.4 y 5). De igual forma, consta el Informe 49/2022 de 19 de abril, de entrevista psicológica efectuado al menor AA, ante la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Cotoca (Conclusión II.6). Por otra parte, cursa Resolución de rechazo, emitido por el citado Fiscal de Materia, de 30 de mayo de 2022, la cual fue objetada mediante memorial presentado el 8 de junio del mismo año, por la ahora impetrante de tutela, que mereció la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022, emitida por Roger Rider Mariaca Montenegro, en ese entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, quien resolvió ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 30 de mayo de 2022, a favor de Over Martínez Rojas -ahora tercero interesado- (Conclusiones II.7, 8 y 9). Ahora bien, del memorial de objeción se tiene que se llevó como agravios los siguientes: la mala interpretación del art. 272 Bis del CP, dado que el hecho denunciado fue de violencia psicológica, siendo equivocado el argumento de la resolución de rechazo, cuando refiere que se trataría de cuestiones familiares económicas. También, existe mala interpretación de la norma, al señalar que no se hubiera aportado con suficientes elementos para fundar la imputación formal, cuando existen elementos indiciarios que demuestran la participación del denunciado -ahora tercero interesado-, y su autoría en el hecho, así como su responsabilidad del prenombrado, por lo que no existió un estudio lógico, objetivo, razonable y pormenorizado de todos los elementos indiciarios colectados en las actuaciones policiales, no se realizó ninguna diligencia de oficio, no se produjo la pericia psicológica a la víctima, no se analizó, ni valoró objetivamente la declaración de los testigos de cargo, María Leny Cruz Bonilla, Giselle Estephanie Martínez Cruz y Margoly Cruz Bonilla ni la entrevista psicológica del menor AA. Cuando la existencia del hecho denunciado fue con elementos indiciarios, entre ellos, la denuncia escrita, la entrevista psicológica, informe social, la declaración informativa policial de Irma Jhanet Cruz Bonilla -ahora solicitante de tutela-, la Resolución de imposición de medidas de protección, el informe técnico criminalístico 7009159, la declaración informativa de Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, María Leny Cruz Bonilla, Giselle Estaphanie Martínez Cruz, Margoly Cruz Bonilla, la declaración ampliatoria de la víctima y la entrevista psicológica del menor AA. En ese contexto, a efectos de verificar si la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022, cumple con los estándares de protección a las mujeres víctimas de violencia, se ingresa a analizar el mismo, donde se evidenció que después de los antecedentes y consideraciones previas, procedió a efectuar una fundamentación probatoria descriptiva, identificando a dieciséis actuaciones de la investigación, y en la parte pertinente, refiere:
“… Declaración informativa de IRMA JANETH CRUZ BONILLA de fecha 21 de Declaración Ampliatoria de IRMA JANETH CRUZ BONILLA en calidad de Acta de Declaración Informativa Policial en calidad de testigo de GISELLE Acta de Declaración Informativa Policial en calidad de testigo de MARGOLY CRUZ Informe de Entrevista Psicológica ‘AA’. De fecha 19 de abril de 2022.
Informe Técnico emitido por el Sgto. Adalid R. Romero Chuquimia, Perito del Dictamen Pericial Psicológico MSC Silvana Paola Barrientos Moscoso, de fecha 17, De lo que se constata que en la valoración descriptiva de las pruebas que hace la resolución denunciada, no identificó ni describió a la entrevista psicológica de 16 de diciembre de 2021, realizada por el SLIM, el Informe social del 20 del mismo mes y año, el informe técnico criminalístico 7009159, la declaración informativa de los testigos Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez, María Leny Cruz Bonilla, el memorial de denuncia de incumplimiento de las medidas de protección; posteriormente, en el acápite de la fundamentación probatoria intelectiva, señaló:
“Del estudio de las mismas se puede evidenciar: (…) Que en fecha 23 de abril del año 1993 contrajo nupcias con el denunciado, con la intención de formar un hogar bajo los principios y valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, protección integra, unidad familiar y bienestar común, prueba de ello es que con mucho esfuerzo logran construir una vida en común donde procrean sus hijos, así también adquieren bienes muebles e inmuebles con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. El denunciado de un tiempo a esta parte habría cambiado totalmente su trato hacia la víctima e hijos, al extremo de agredirla de manera verbal y Psicológicamente, diciéndole textualmente de que es una perra, una puta, que no sirve para nada, y una serie de improperios irreproducibles. Sin embargo, los malos tratos y ofensas no fueron suficientes, descubriendo que el denunciado viviría con otra mujer desde tiempo atrás y se da el gusto de gastar el dinero que les pertenece a ambos y por la cual se han privado de muchas cosas como por el futuro de sus hijos. Que, de acuerdo a la declaración ampliatoria de IRMA JHANET CRUZ BONILLA en el cual refiere: Que al tener una denuncia de fecha 21 de diciembre de 2021 en contra de su esposo Over Martínez Rojas donde el fiscal le dio medida de protección a su favor en fecha 07 de enero de 2022, en primera instancia su esposo salió de la casa por orden del Fiscal, el 19 de enero de 2022 el denunciado invito a dos de sus hijos a cenar donde el denunciado lo primero que les dice si sus hijos no llevaron un chip, ya que su madre es buena para eso fue lo que comento el denunciado, también les habría pedido que hablen con su madre para convencerla de dejar el proceso de la FELCV y que se arregle bien la repartición de bienes, después de la cena el denunciado llama constantemente a sus dos hijos Giselle y Jhon Jairo insistiendo que hablen con la denunciante sobre las demandas tanto así que su hijo Jhon Jairo cambio de numero de celular, y a su hija Giselle le dijo que es lo que pedía para la repartición de bienes y ella le dijo a la (denunciante) que si su padre le vuelve a preguntar el tema que le diga que le ponga por escrito en que término quiere arreglar y Giselle también lo bloqueó a su padre. También tiene problema con su inquilino Eduardo Céspedes por culpa del denunciado le alquilaron el año pasado, en el mes de octubre, el denunciado le dijo que desocupe la casa y que no le pague a la denunciante el alquiler y que si sale de la casa le regalara el mes que debe. Después de que le dieron las medidas de protección en fecha 04 de febrero de 2022 observo sus cámaras de seguridad ve que una camioneta color blanco se encontraba fuera de su casa, al verla bien, es el vehículo que manejaba el denunciado, esto es constantemente es por la calle por donde vive y también los vecinos le comentan que lo vieron a su hijo Limbert y sus choferes en estado de ebriedad en la gomería cerca de sus casas. Ya en fecha 01 de febrero de 2022 a horas 10:00 más o menos vino su hijo Limbert junto con dos policías indicando que quería ingresar a su casa ya que su hijo le habría dicho que su madre lo habría votado de su casa, siendo que él se fue voluntariamente con su padre y no tiene por qué entrar a su casa mucho menos a la fuerza, indica que ella no lo dejo ingresar por que le venía faltando el respeto al grado que en una ocasión le dio un empujón ya que todo el tiempo lo tenía su celular en el bolcillo de su camisa y la estaba grabando porque estaba en complicidad con su padre no sé cuál era su intención. Que, cursa el informe social realizado por la Trabajadora Social Lic. María del Carmen Surubi Roca, en la cual por la historia socio familiar se tiene lo siguiente: que el denunciado salía de su casa, y él siempre hablaba de las chicas con la que se mete, siempre discutimos y niega todo de lo que hace, se enteró que estaba saliendo con una chica de su pueblo donde él tiene ganado, su hijo sabía todo, ella le dio un manazo porque él se vino con la chica porque tenía que trabajar y lo dejo a su hijo, escucho una conversación todo normal. El 23 de noviembre vuelve a escuchar que volvió a salir con Mariela Beltrán, llegaron a los golpes, le rompió la polera, le reclamo, se metió hasta con la novia de su hijo. Él ha puesto la demanda de divorcio en Sana Cruz, por lo que ella se salió de su casa a otro cuarto porque tiene miedo, ahora la está chantajeando de sacarla a su familia que vive en la casa del fondo y la amenaza con botarlo, toda la vida, han trabajado, lo dijo que se divorcien porque quiere vivir tranquila, el anda diciendo a sus trabajadores que ella es una platista, quiere que la saquen de su casa amenazándola y chantajeándola, nunca piensa en sus hijos. Que, cursa el informe de la entrevista Psicológica realizada por la Piscología del SLIM. Lic. M. Arminda Arauz Vaca, en la cual estable que la víctima, IRMA JANETH CRUZ BONILLA, que siempre ha recibido maltrato psicológico y que nunca denuncio por ser profesora, por vergüenza, tiene 28 años de casada siempre sufrió chantaje, los dos trabajaron, pero todo tiene límite e incluso abusada de ella con chantaje, pero ella no se dejaba y le dijo que te haces si sos una puta esto pasó más o menos a mediados de junio, le grito la insulto, ya después ella escuchaba conversaciones que le decía a ella que me había tratado y amenazado, si estaba tan enamorado de esa chica porque no la dejo, no que la desprestigiaba y la humillaba y sus hijos escuchaban y ellos sabían lo de su padre, ella hizo los trámites de su divorcio el 20 de julio va donde su familia para ella desista del divorcio y desistió y le dio la oportunidad de seguir por la familia, ella decía que clase de hombre es el que habla de señoritas, ella le decía que tenía que cambiar, él decía por la chicas a esa me la voy a coger, él estuvo con otra chica en su pueblo este año para carnaval, su suegra vieron todo esto hasta su familia sabia, esto es humillación para ella, le dolió el alma que lo dejo a su hijo por traerla a la chica, siempre estuvo con esa chica Mariela Beltrán, este 23 de noviembre vuelve a escuchar que volvió a salir con Mariela Beltrán, llegaron a los golpes de rabia, le dijo como vas hacer lo mismo si lo prometiste que no lo ibas hacer, ahora él quiere denunciarla por violencia, cuando la víctima es ella, cuando ha recibido daños psicológicos por 5 años, él le pide disculpas y le dice que no lo va a volver hacer, pero como le va creer si lo ha hecho tres veces, él le tiene rabia porque su familia alquila en su casa, ella ha trabajado toda su vida, él nunca le ha dado para sus gastos, ambos han comprado tres camiones, la casa donde viven tienen tres casas, ella le dijo no voy a aguantar más, ha sufrido mucho, tiene tres hijos dos mayores de edad y un menor de edad de 17 años, él dice que ella se quiere quedar con todo, ella solamente quiere vivir tranquila, ella quiere que él se vaya de su casa, tanto cinismo como va a vivir con ella con amenazas con chantaje, solo quiere dañarla, solo pide que se salga de su casa, está destrozada no sé cómo va a sobreponerse solo quiere vivir tranquila, ella tiene dignidad, ya no quiere vivir así”. Después, se refiere a la declaración informativa de Over Martínez Rojas, el Informe Técnico Criminalistico RUP 70101111, la declaración informativa de Limbert Martínez Cruz. Asimismo, señala:
“Que tiene la declaración informativa en calidad de testigo del Sr. Ricardo Eduardo Céspedes Gutiérrez de fecha 08 de febrero de 2022, quien es arrendatario de un inmueble que tienen la víctima con el denunciado, el declarante manifestó desconocer las agresiones de los cuales llevan el presente caso y que cuando firmaron el acto contractual de arrendamiento del inmueble, ambos estaban en todo normal en cuanto al trato. Que, se tiene la declaración informativa en calidad de testigo de María Leny Cruz Bonilla, de fecha 08 de febrero de 2022, quien es hermana de la víctima, quien manifiesta que vio una agresión física del denunciado a la víctima el 19 de marzo de 2017, de ahí tuvieron problemas entre las partes presuntamente por que la víctima le habría sido infiel al denunciado.” También se refiere, a la declaración informativa en calidad de testigos de Yens Gongora Aguilera, Arheth Fátima Martínez Rojas; Giselle “Estephane” Martínez Cruz y Margoly Cruz Bonilla; señala además:
“Que, cursa declaración informativa en calidad de testigo de YENS GONGORA AGUILERA, quien manifiesta ser chofer de uno de los camiones de propiedad de la víctima y del denunciado, quien señala que, en el mes de diciembre de 2021, cuando se encontraba con el denunciado fuera de su casa consumiendo unas cervezas con unos amigos se acerca la Sra. Irma Janeth Cruz Bonilla, y lo insulto al Sr. Over Martínez Rojas, indicándole que era una basura y que no le hable, luego dejo de insultarlo y fue, agrega que el al lao del domicilio de la víctima y que el denunciado iba a su casa a pagarle su sueldo y le dijo que le pagaría en otro lugar su sueldo. Que, cursa la declaración de ARLETH FÁTIMA MARTÍNEZ ROJAS, quien refiere ser hermana del denunciado Over Martínez quien señala que su hermano fue objeto de malos tratos y agresiones físicas por parte de la denunciante. Que, cursa la declaración informativa en calidad de testigo de GISELLE ESTEPHANE MARTINEZ CRUZ, hija de la denunciante y el denunciado quien señala que su padre insultaba a su madre y que desde que le impusieron las medidas de protección solo una vez salió a cenar con su padre, y él le dijo que le diga a su madre que arreglen de a buenas su proceso de divorcio toda vez que él tenía un bufete de abogados. Que cursa la declaración informativa policial en calidad de testigo de MARGOLY CRUZ BONILLA, hermanada de la víctima, quien señala que se siente responsable de este problema toda vez que ella intercedió para que su hermana paralice su proceso de divorcio porque el denunciado Over Martínez prometió que dejaría a su amante y no cumplió y que además fue testigo de una agresión del denunciado a la denunciante de fecha 19 de marzo de 2017 cuando celebraban el día del padre. Que escuchada que fue la declaración informativa policial del denunciado Over Martínez Rojas, en fecha 07 de enero de 2022 de conformidad al Art. 35 de la Ley N° 348, es que se emite las medidas de Protección a objeto de salvaguardar la tranquilidad y la paz social para ambas partes, siendo reciprocas dichas medidas es que se procede a las notificaciones a ambas partes intervinientes en el presente proceso, siendo la más gravosa la salida y desocupación del denunciado del domicilio donde habita la víctima. Que, la denunciante señala que ha sido agredida de forma verbal y psicológica por su denunciado Over Martínez Rojas inclusive en presencia de sus hijos, sin embargo no cursa antecedentes de esas agresiones, que si bien cursan declaraciones que señalan que en una oportunidad presenciaron una agresión física que data del 19 de marzo de 2017, sin embargo las mismas no han sido de manera sistemática tanto física verbal como psicológica que llegue a establecer la participación del denunciado en el hecho denunciado, de lo que se puede observar de la misma denuncia, del informe psicológico realizado por parte del SLIM como del informe social, la victima realizo el trámite de divorcio y que posteriormente desistió de la misma a objeto de seguir con la familiar, así mismo refiere que actualmente su denunciado interpuso demanda de divorcio en el juzgado de Familia de la Capital de Santa Cruz de la Sierra, es decir que ambos partes tienen conflicto por demanda de divorcio como de división y partición de bienes obtenido del vínculo matrimonial, es decir que son conflictos de divorcio como patrimonial, quienes deben acudir a la vía correspondiente no siendo una alternativa la vía penal. Siendo que la denunciante en su denuncia refiere a ver sufrido agresiones física como psicológica por parte del hoy denunciado situación que no se ha demostrado en el transcurso de la investigación, más aún debe considerarse que no se tiene un informe del asignado al caso, testigo o de la misma víctima, que acrediten que el denunciado haya incumplido con las medidas de protección a la favor de la denunciante, situación que hace por demás de evidente la ausencia de elementos probatorios que posibiliten hacer viales la existencia del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA. Que, en definitiva, de todos los antecedentes recolectados no se ha evidenciado la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de violencia familiar o doméstica, según lo establece la Ley N° 348, que el conjunto de acciones ilícitas sean sistemática de desvalorización que cause daño posológico o físico en la víctima, que le impidan realizar sus actividades de manera normal, por lo que objetivamente, es evidente la ausencia de elementos probatorios que posibiliten hacer viable la existencia del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado por el Art. 272 BIS del Código Penal Boliviano, debiendo considerarse que ante la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no corresponde la emisión de una Imputación Formal. Que, si bien existe la entrevista psicológica de la denunciante, estos deben ser concatenados a otros medios probatorios, así también se debe de tomar en cuenta si bien se cuenta con un dictamen pericial el mismo es presentado posterior a la Resolución Fiscal de Rechazo, si bien el Dictamen Pericial Psicológico, refiere en su Punto de Corte: 8 puntos. Hecho por la cual al no cumplir con la mayoría de los criterios (Punto de Corte 10), se determina que el relato de la víctima NO ES CREIBLE, el mismo no se está tomando en cuenta por haber sido realizado posterior a la Resolución Fiscal de Rechazo, razón por la que los elementos recolectados son insuficientes para fundar una imputación.
La falta de esta prueba impide demostrar la situación de violencia denunciada, previsto en art. 95 núm. 1) de la Ley 348.
Que, es imperiosa la necesidad de aclarar que para que una conducta pueda adecuarse al tipo penal de denunciada debe cumplir con todos y cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal, en el presente caso la documentación colectada no ha demostrado la existencia del dolo, es decir, no ha demostrado que la resolución o sentencia sea manifiestamente grosera y desigual con las normas jurídicas vigentes, pues la simple enunciación del delito endilgado, no es suficiente para generar convicción en el Fiscal, debiendo considerarse que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito.” En forma posterior, refiere al AS 276/2014-RRC de 27 de junio, la SCP 1617/2013 de 4 de octubre. Así en un acápite específico se refiere a la Fundamentación Jurídica de la resolución, en el que señala a los arts. 116.I, 225 de la CPE, 16, 72, 279, 301.3, 302, 304.3, 305 del CPP, 272 Bis del CP, 5.1 y 3, 34.3 y 17, 40.11, 73 de la Ley Orgánico del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, 6 de la Ley 348, la SCP 1337/2012 de 19 de septiembre, las SSCC 0965/2006-R de 2 de octubre, 846/2007 de 12 de diciembre, y el Auto Supremo (AS) 269 de 9 de mayo de 2011, cumpliéndose con la fundamentación.
Con relación a la motivación, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se incurre en motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada. Ahora bien, en los agravios de la objeción a la resolución de rechazo, la peticionante de tutela sostiene que se cuenta con suficientes elementos indiciarios que acreditan la existencia del hecho, tales como el informe técnico criminalístico 7009159, así como la entrevista psicológica del menor AA; el primero de estos elementos ni siquiera fue mencionado en la fundamentación probatoria descriptiva tampoco en el acápite de fundamentación probatoria intelectiva de la Resolución, incurriendo en omisión en la valoración de dicho medio probatorio; en cuanto al segundo elemento referido, como es el Informe de Entrevista Psicológica de del menor AA de 19 de abril de 2022, si bien inicialmente fue descrito por la autoridad demandada, sin embargo, en el acápite de la fundamentación probatoria intelectiva de la Resolución impugnada, no fue valorada intelectivamente en base a los elementos de la sana critica racional, incurriendo de esa manera en motivación arbitraria porque el demandado omitió valorar intelectivamente dicho elemento de convicción en forma armónica al resto del elenco probatorio. Así, la referida entrevista psicológica tiene especial relevancia para el caso concreto, porque es un elemento de convicción que está vinculado a la verdad material en el esclarecimiento de los hechos, toda vez que, deviene de la declaración que hace un miembro familiar cercano a la víctima como al agresor, quien en las partes más sobresalientes, refiere:
“estoy aquí por la demanda esta la de mi madre a mi padre por violencia, haber desde un principio desde que era peladito vi violencia pero era de mi padre a mi madre y mi madre solo callaba y yo como era peladito no tenía ni idea del 2020 habían peleas más fuertes desde esa época, y hubo una vez el 2017 poray la quiso matar a mi madre había tomado en la cruceña y estaban borrachos los dos (madre y padre) pero a mi mama la había obligado tomar porque no toma mi madre, de ahí de emputao se la llevó al galpón y me dejo en la casa y yo como había escuchao su charlinga en la camioneta él le decía te voy a sacar la mierda y te voy matar y mi madre estaba durmiendo y yo solo escuche asustado y un primo (José) más estaba ahí y a mí me dejaron en la casa con ese primo y se la llevó al galpón que se encuentra a cuatro cuadras de mis casa, y los dos fuimos y a hi la topamos a mi mama y estaba llorando asustada mi mama que ella para que no la mate grito y salieron unos vecinos, tenía moretones en los brazos supongo que de agarrarle de tirarle de los brazos, en el 2021 ahí paso de todo un poco, mi hermano Limbert el no se ni porque cuenta si ni paraba en la casa ni vive solo llega un día y se va, mi padre le ha puteao a mi padre de puta, perra, prostituta, pero yo no salía de mi cuarto solo había escuchado y eso fue lo que hizo rebalsar a mi madre para levantar una demanda, primero porque mi papa no nos mantenía; ni nunca se preocupó por nosotros solo preocupaba solo por sus camiones y cuando nos daba plata; quería cosas a cambio si el me daba 10 pesos a mi automáticamente yo era su esclavo, anda hace esto y eso y para que no manda para un montón de cosas no le pedía nada, mi madre siempre me dada me daba la comida y para mis materiales para mi ropa y todo, desde este año ya no viven juntos en esta casa se salió mi padre, mi mamá se enteró que estaba con una muchacha la cuestión en que el (padre) la mantenía y era como que tiene otra vida más hacían planes y por eso mi papa se vestía formal y salía a disque a trabajar, se dio cuenta mi madre porque le puso sospechoso y porque ya sospechaba se vestía todo bonito cosa que no hacía, cuando estaba discutiendo con mi madre se la agarraba con Yisel y conmigo mi padre, me decía cosas feas como que un día para mis cumpleaños el año pasado estaba enojado y no lo invitamos a hacer compras con nosotros y me dijo olvídate de mí que te voy a dar algo, cuando está enojado me dice eso. Cuando paso esta de la discusión por primera vez en su puta vida nos invitó a cenar después de la demanda (gesto de ironía) y no fue porque nos extrañaba quería que le apoyemos con lo de la demanda, nos mandaba mensajes no les respondíamos no quiero estar en estos temas porque no me gustan y le llamo a mi hermana ay yo pensé nos extraña y nos comenzó a decir de que convenzamos a mi mama porque él tiene un montón de abogados y según él dijo que podía hacer demoler la casa, nos chantejeo y dijo si pasa que la convencen a su madre nos iba a dar 10 o 11 vacas a cada uno y que el sí o si iba a ganar porque él tiene un montón de abogados la plata y toda esa mierda, ya los estaba convenciendo y ya y llegamos a la casa y nos siguió llamando y llamando y yo lo bloquee y mi hermana se desinstaló WhatsApp para que no...”;
Lo que claramente evidencia este elemento probatorio son hechos concretos de violencia psicológica de desvalorización e intimidación realizadas desde hace mucho tiempo por el imputado hacia la víctima, las que causan no solo sufrimiento, sino una disminución del autoestima e inestabilidad psicológica, así como también violencia física las que no fueron valoradas de manera objetiva, integral, razonable y con enfoque de género por la autoridad demandada en la emisión de la Resolución impugnada; por lo que corresponde conceder la tutela al respecto. Respecto a las medidas de protección, la Resolución impugnada, emite una conclusión determinativa en sentido de que no se tiene un informe del asignado al caso, testigo o de la misma víctima, que acrediten que el denunciado haya incumplido con las medidas de protección, siendo este uno de los argumentos incongruentes por el cual se rechaza la denuncia, incurriendo en una motivación arbitraria, dado que contrario a la afirmación que realiza, se advierte que la víctima denunció incumplimiento de las medidas de protección, conforme consta en los antecedentes, así entre las medidas de protección otorgada a la víctima, fueron:
“Se prohíbe al sindicado OVER MARTINEZ ROJAS, realizar acciones de intimidación, amenazas coacción a los testigos, víctima y denunciante del hecho investigado o a cualquier integrante de su familia. Sea de manera directa, por terceras personas o redes sociales.
Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas al sindicado OVER MARTINEZ ROJAS y cualquier tipo de estupefacientes mientras dure el proceso. Se prohíbe al sindicado OVER MARTINEZ ROJAS, agredir física o psicológicamente a la víctima IRMA JANETH CRUZ BONILLA y miembros de su familia. Se prohíbe al sindicado OVER MARTINEZ ROJAS, realizar acciones de intimidación amenazas coacción a los testigos de los hechos de violencia. Se ordena la salida inmediata, desocupación y restricción al denunciado OVER MARTINEZ ROJAS del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de Violencia”
Así, por memorial presentado el 24 de enero de 2022, la víctima denunció su incumplimiento debido a que el imputado amenazó a un inquilino, quien además es testigo de cargo, procedió a reunirse con sus dos hijos menores para influenciar negativamente contra de la víctima, incluso efectuando nuevas agresiones psicológicas, actos de intimidación y amenazas hacia testigos y miembros de su familia, sin embargo, esta denuncia recibió una respuesta laxa y ambigua que incumple con la debida diligencia y las obligaciones asumidas por el Estado Boliviano, porque dice lo siguiente:
“En atención al memorial presentado por “el imputado” IRMA JANETH CRUZ BONILLA dentro del CASO FELCV-COT 536/2021, CUD, 701402142101085, el suscrito fiscal de materia dispone, en lo principal se tiene presente y estese a las actuaciones del cuaderno de investigación”
Por lo que, se evidencia que el argumento utilizado en la resolución denunciada para rechazar la denuncia, contiene una motivación arbitraria porque se basa en consideraciones meramente retóricas que no tiene respaldo objetivo y en una evidente omisión en la valoración razonable de la prueba que vulnera el debido proceso en su vertiente a la debida motivación. En relación a las declaraciones informativas, se advierte que estas fueron cercenadas y no fueron consideradas en su verdadero contexto por la Resolución impugnada, toda vez que, en delitos de violencia, los únicos testigos de los hechos resultan ser los hijos o familiares cercanos, que en este caso, esas declaraciones no fueron valorados de manera razonable y en el marco del enfoque de género, así se encuentra la declaración de Giselle Martínez Cruz donde claramente, refiere:
“Vengo a declarar porque yo vivo con mis padres y soy testigo de las discusiones de ellos en el mes junio de este año no recuerdo el día pero esto fue en horas de la mañana me encontraba en mi cuarto y escuche la discusión de mis padres y las palabras que decía mi papa a mi madre la insulto diciendo que era una perra y prostituta al salir de la casa seguía insultando a mi madre. Pero esto no fue la única vez que mi padre la insulta a mi madre”
(…) “Desde que mi padre se salió de la casa y le dieron Medidas de protección a mi padre solo una vez salimos a cenar con mi papa donde el me pidió que hable con mi madre y que le diga que arreglan de abuenas el divorcio y que el tenía un bufet de abogados, tan bien me mandada mensajes por wasap insistiendo que hable con mi madre para arreglar las cosas de tanto que insistió lo bloque”
De esta declaración, que deviene del círculo más cercano de la víctima, evidencia actos de violencia psicológica realizadas por el denunciado contra la víctima que debió merecer una correcta valoración razonable e integral junto a los demás elementos y en particular con la declaración del otro hijo, los que permitan esclarecer los hechos denunciados, aspectos que no fueron analizados al momento de emitir la resolución, lo que evidencia que efectivamente el Fiscal ahora demandado, no valoró todos los elementos de prueba con enfoque de género, lo que implica una motivación arbitraria en los alcances del fundamento jurídico III.2 del presente fallo constitucional, consecuentemente corresponde conceder la tutela. Con relación a la debida diligencia de conformidad a los Fundamentos Jurídicos III.3 y III. 4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ello implica varias acciones a efectuarse por las instituciones estatales en el caso, por la representación del Ministerio Público, entre las cuales, establece claramente que esta institución en delitos de violencia hacia la mujer, tiene la responsabilidad y la carga de la prueba en el esclarecimiento de los hechos, por lo que no es razonable rechazar la denuncia como lo hace la autoridad demandada, por considerar que las agresiones físicas y psicológicas no hubieren sido de manera sistemática o por ausencia de pruebas sobre el delito de violencia familiar o domestica previsto por el art. 272 Bis del CP, haciendo ver con evidente sesgo de género que se trataría de un conflicto de divorcio sobre bienes patrimoniales, cuando los hechos denunciados están circunscrito a actos de violencia psicológica realizados por el denunciado hacia la víctima, que cuenta con elementos de convicción al respecto; pues, las conclusiones y afirmaciones de la autoridad demandada vulneran no solo lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 348 que señala la investigación seguirá de oficio, sino también el principio de la debida diligencia; la obligación internacional que tiene el Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por lo que el Ministerio Público, no puede soslayar su obligación de realizar la investigación de oficio, menos exigir a la víctima que sea la que cumpla con la carga de la prueba, de permitirse aquello, implicaría además afectar de manera notoria el acceso a la justicia, porque es obligación del fiscal la de investigar y obtener elementos de prueba con la mayor celeridad posible para esclarecer los hechos denunciados; en consecuencia, la autoridad demandada, al haber adoptado una determinación que confirma la Resolución de rechazo, argumentando de manera genérica la violencia física cuando lo que se denunció eran actos de violencia psicológica que cuenta con elementos de convicción, incurrió en acto arbitrario, toda vez que al extrañar la ausencia de pruebas, dando a entender que dicha carga correspondería a la víctima, incurre en incumplimiento de la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación conforme lo ha establecido este Tribunal Constitucional Plurinacional, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Tampoco se evidencia en el presente caso, que la autoridad demandada en su determinación haya aplicado perspectiva de género al ser una obligación de todas las autoridades que conocen hechos de violencia contra la mujer. En consecuencia, la autoridad demandada al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental 895/22 de 29 de septiembre de 2022, que confirma el rechazo de la denuncia, fue sin compulsar adecuadamente los antecedentes, omitiendo valorar de manera objetiva, integral y razonable los elementos recolectados en la etapa investigativa, acto arbitrario que llegó a vulnerar el acceso a la justicia y el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defectuosa valoración de las pruebas, correspondiendo conceder la tutela.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 51/23 de 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 135 vta. a 142, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la impetrante de tutela, en relación a la debida motivación y valoración de las pruebas, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;
2° Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM 895/22 de 29 de septiembre de 2022; 3° Disponer que el Fiscal Departamental de Santa Cruz, dentro de los cinco días de notificado con el presente fallo constitucional, pronuncie una nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° DENEGAR la tutela con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de debida fundamentación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 12Ibídem.
13 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.
diciembre de 2021. denunciante de fecha 25 de marzo de 2022. ESTEPHANIE MARTINEZ CRUZ, de fecha 03 de marzo de 2022. BONILLA de fecha 10 de marzo de 2022. I.I.T.C.U.P. de fecha 25 de abril de 2022.
22 y 26 de agosto de 2022”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0746_2025-S1.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5def634e2e5e179e0bf1c4ce8b9bd5ba7d6819f2a29b8d6c33253f34c236a825
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