Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración del derecho de petición; puesto que, a pesar de ser la comunidad San Lorenzo parte del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, contar con personería jurídica y encontrarse habitada por setenta y nueve pobladores de acuerdo con los datos proporcionados por el INE, mediante Notas presentadas al Alcalde de dicha entidad municipal, el 26 de febrero y 5 de diciembre de 2013; “25” de febrero y 28 de agosto de 2014; “10” y 18 de septiembre de 2019, y “27 de mayo” y “22” de junio de 2022, solicitaron de forma insistente ser considerados e incluidos en el POA y PDM de las gestiones 2013, 2014, 2015, 2020 y en el reformulado de la gestión 2022; además, de haber requerido la inclusión de proyectos como son la construcción de terrazas de cultivo, invernadero, cancha deportiva, estanque para riego, carpa solar, terrazas, construcción del polideportivo comunal, ʽ“Estanque La Kasa San Lorenzoʹ” (sic) y reposición de luminarias del alumbrado público, peticiones que al no ser respondidas por el Alcalde ahora accionado, afectan el desarrollo de la comunidad San Lorenzo del referido departamento al carecer de presupuesto y proyectos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 080/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 87 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a lo peticionado en las Notas presentadas el 6 y 23 de junio de 2022, debiendo el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, brindar una respuesta fundamentada del por qué no se está incorporando la comunidad San Lorenzo al Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Municipal de la referida entidad municipal; y, 2° Denegar la tutela con relación a las solicitudes contenidas en las Notas presentadas el 26 de febrero y 5 de diciembre de 2013; 26 de febrero y 28 de agosto de 2014; 11 de abril, 12 y 18 de septiembre de 2019; de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0746/2024-S3 Sucre, 2 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52069-2022-105-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 080/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 87 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilio Vilacahua Romano, Corregidor Auxiliar de la Comunidad San Lorenzo contra Alberto Gallardo Martínez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí.
El accionante por memorial presentado el 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 59 a 65 vta., manifestó lo siguiente:
Mediante Ordenanza Municipal (OM) 03/2002 de 1 de marzo, se creó la “Sub -alcaldía” con los cantones de San Felipe de Colavi y Machacamarca, Tercera Sección de la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, con sub-sede en la comunidad San Felipe de Colavi, asignándole jurisdicción y competencia sobre las comunidades Machacamarca, San Andrés de Huayllani, Fuerte, Canutillos, San Lorenzo, Orco Ckocha y Trapiche Alto del citado departamento, y disponiendo que los recursos económicos sean consignados en el Plan Operativo Anual (POA) 2022, conforme disponibilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del referido departamento, previo informe de la Oficialía Administrativa de ese municipio; procediéndose a elegir en un ampliado desarrollado el 3 de marzo del mismo año, al Sub-Alcalde de distrito a quien se lo posesionó y designó.
Al solicitarse en la Sesión Extraordinaria 12/2012 de 14 de noviembre, la actualización de la personería de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, en atención a la OM 03/2002, el Concejo Municipal de Tacobamba del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del mencionado departamento, pronunció la Resolución Municipal 000105/2012 de 20 de diciembre, explicando las razones por las cuales debía obtener dicha comunidad personería jurídica, resolución que fue homologada por el Alcalde de la referida entidad municipal mediante Resolución Administrativa (RA) 08/2013 de 15 de enero; y posteriormente, aprobada y reconocida por la Delegación de la Gobernación de la provincia Cornelio Saavedra del citado departamento, para luego el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí proceder a registrarla el 21 de enero de 2013 como “…RES. DELEGADO PROVINCIAL N° 07-2013 DE FECHA 16-01-2013 PROVINCIA CORNELIO SAAAVEDRA, ORDENANZA MUNICIPAL N° 0105-2012 DE FECHA 20 DEL 12 DE 2012…” (sic). Fue designado como Corregidor de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, el 30 de abril de 2013, las autoridades de la referida comunidad, recibieron el 1 de junio de 2017 una invitación de la Unidad de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, para participar del proceso de conciliación administrativa intra departamental entre los municipios de Tacobamba y Betanzos, ambos del señalado departamento, habiendo programado el 17 de julio de ese año, una reunión con el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del citado departamento, para darle a conocer los requerimientos de dicha comunidad, autoridad que los consintió. Ante la petición realizada al Jefe de la Unidad de Límites del mencionado Gobierno Autónomo Departamental, se le extendió el Certificado U.L.11/2019 de 17 de septiembre, manifestando que la comunidad San Lorenzo de ese departamento se encontraba en la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba de la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, certificación que fue ratificada con la extendida por la Secretaria Departamental el 22 de junio de 2022, al indicar que la mencionada comunidad sí contaba con personalidad jurídica expedida el 2013 y que contaba con una “…Resolución del DELEGADO Provincial N° 07/2013 y Resolución Municipal N° 0105/2012” (sic); no obstante, el 20 de octubre del citado año, se entregó a las autoridades de la comunidad Canutillos documentación original del trámite de nulidad de personalidad jurídica de la comunidad San Lorenzo perteneciente al Municipio de Tacobamba, nulidad que se entiende debió interponerse durante su tramitación y no cuando el mismo ya había concluido conforme la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- y su Reglamento. Ante el número de habitantes que el Instituto Nacional de Estadística (INE) estableció que vivían en la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, el 26 de febrero de 2013, pidieron al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del referido departamento, su inclusión en el POA y Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para la construcción de terrazas de cultivo; petición que reiteraron el 5 de diciembre del mismo año, requiriendo un invernadero, cancha deportiva, estanque para riego, carpa solar, terrazas, y al no ser atendidos por notas de “25” de febrero y 28 de agosto de 2014, “10” y 18 de septiembre de 2019, y “27 de mayo” y “22” de junio de 2022, insistieron a la mencionada autoridad insertar sus proyectos al momento de elaborar el POA y reinscribir el reformulado al pertenecer a la referida entidad municipal; sin embargo, dicha autoridad hizo caso omiso a sus solicitudes afectando el desarrollo de la citada comunidad al carecer de presupuesto y proyectos.
El accionante denuncia la vulneración del derecho de petición; citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda tutela; y en consecuencia, se le otorgue una respuesta escrita sobre la razón por la que no se está incorporando a la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí en el POA y PDM del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del citado departamento, pidiendo se disponga dicha incorporación al formar parte de ese municipio y contar con personalidad jurídica legalmente establecida.
Celebrada la audiencia pública el 24 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 86 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Emilio Vilacahua Romano, Corregidor Auxiliar de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del referido departamento, es un funcionario público que debe cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, estando incurriendo en un posible ilícito al encontrarse mal asesorado y no haber revisado la Ley Transitoria de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-; b) Hasta el 2012, no existió problema alguno; puesto que, así sea un pozo pequeño el referido Gobierno Autónomo Municipal lo construyó, desconociendo la razón por la que desde esa fecha ellos y sus familias fueron privados de ese derecho, sin que la acción formulada se encuentre fuera del plazo de inmediatez, ya que el 22 de junio de 2022, presentaron un memorial reiterando la solicitud de incorporación al POA a la comunidad San Lorenzo de ese departamento; y, c) Pretendieron se anule la personería jurídica de esa comunidad; no obstante, la misma se encuentra vigente como se advierte de la Certificación de igual fecha, del Responsable de la Ventanilla Única del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; por lo que, el Alcalde ahora accionado debe cumplir con su obligación de realizar proyectos, al no determinar de manera discrecional, que los habitantes de la citada comunidad pertenecen a la Sub Alcaldía de Tacobamba de ese departamento; por lo que, al nacer y habitar en la referida comunidad tienen el derecho de ser atendidos por ese municipio.
Alberto Gallardo Martínez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, mediante informe presentado el 24 de noviembre de 2022, cursante de fs. 76 a 81 vta., expresó que: 1) De acuerdo con el art. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), el accionante tenía el plazo de seis meses a partir de la primera solicitud realizada el 5 de diciembre de 2013, ante el anterior Ejecutivo Municipal, para formular la presente acción de defensa, dejando transcurrir de forma pasiva desde esa fecha hasta el 18 de noviembre de 2022, ocho años, once meses y trece días; y, 2) Si bien posteriormente se presentaron las notas de “25” de febrero y 28 de agosto de 2014, “10” y 18 de septiembre de 2019 y, 27 de mayo y 22 de junio, ambas de 2022, todas ellas reiteraron la solicitud de la nota de 5 de diciembre de 2013, advirtiéndose que los requerimientos formulados de manera esporádica, ocasional o circunstancial tuvieron como única finalidad mantener la vigencia de los seis meses, actuación que de acuerdo con el razonamiento expuesto en la SCP 0994/2021-S3 de 30 de noviembre, no es admisible para el cómputo del plazo de inmediatez, ya que ante la falta de respuesta a la primera petición, debió plantearse una acción de amparo constitucional dentro de término. Pidió se deniegue al tutela por inobservancia al principio de inmediatez.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 080/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 87 a 90 vta. concedió en parte la tutela solicitada con relación a las Notas presentadas el 6 de junio de 2022, en la que se pidió la reinscripción en el formulario de la gestión 2022, ante el requerimiento de incorporación al POA por la parte administrativa de dicho municipio y la del 23 del mismo mes y año, en la cual, se solicitó al Alcalde ahora accionado de manera inmediata, la incorporación en el POA y PDM de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, ambos de la gestión 2022, instruyendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Alcalde hoy accionado de respuesta a las mismas; bajo los siguientes fundamentos: i) De conformidad con el art. 55 del CPCo, aplicó el principio de inmediatez sobre las Notas presentadas hace más de seis meses, considerando que la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional fue el 21 de noviembre del citado año; y, ii) Respecto de las Notas presentadas el 6 y 23 de junio de 2022, revisada la documentación arrimada al cuaderno procesal no existe respuesta a las mismas, evidenciándose de igual manera que en el Informe presentado por el Alcalde ahora accionado no se refirió a ese aspecto ni presentó prueba; por lo que, es evidente que no las respondió, inobservando los elementos que conforman el derecho de petición. Por otra parte, sobre la solicitud de que se ordene la incorporación de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí al POA y PDM de Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del mencionado departamento, se aclaró que dicha petición debió efectuarse en la vía administrativa y ante las instancias pertinentes.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa OM 03/2002 de 1 de marzo, emitida por el Presidente y la Secretaría del Honorable Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, por la que se creó el distrito municipal en los cantones de San Felipe de Colavi y Machacamarca del referido departamento (fs. 31 a 34); asimismo, consta Acta de Creación y Fundación del Distrito Municipal de 3 de marzo de 2002, a conformarse con las Sub Alcaldías de San Felipe de Colavi y Machacamarca, incluyendo sus comunidades y cantones, entre los que se encuentra la comunidad San Lorenzo de ese departamento (fs. 6 a 10). II.2. Consta Acta de Sesión de la comunidad San Lorenzo, cantón Machacamarca, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, de 14 de noviembre de 2012, en la que se determinó solicitar la actualización de personería jurídica (fs. 39 a 41); Por Resolución Municipal 00015/2012 de 20 de diciembre, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, aprobó y viabilizó el trámite de obtención de personería jurídica de la citada comunidad, el cual fue homologado mediante RA 08/2013 de 15 de enero, por el Alcalde de la referida entidad municipal (fs. 42 a 44); Personería Jurídica otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí a la mencionada comunidad, ubicada en el Municipio de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del referido departamento, el 21 de enero de 2013, previo cumplimiento del procedimiento de reconocimiento y registro de la “RES. DELEGADO PROVINCIAL” 07-2013 de 16 de enero, OM 0105-2012 de 20 de diciembre (fs. 12), comunidad que de acuerdo con la Nota con Cite: INE-POT-LOC-364/22 de 7 de noviembre de 2022, del INE cuenta con setenta y nueve pobladores (fs. 30). II.3. Cursa Nota presentada el 26 de febrero de 2013, ante el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, por las autoridades de la comunidad San Lorenzo del referido departamento, solicitando que a través de la Oficialía Técnica sean incluidos en el POA de esa gestión, con la finalidad de construir terrazas de cultivo; además, de ser considerados en el PDM con proyectos que en su oportunidad podrán a consideración (fs. 13). II.4. Consta Nota presentada el 5 de diciembre de 2013, ante el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, por Marcial Paco Francisco, Secretario de Actas y Emilio Vilacahua Romano, Corregidor Auxiliar -ahora accionante-, ambos de la comunidad San Lorenzo del citado departamento, pidiendo incluir las necesidades priorizadas por sus habitantes como son un invernadero, cancha deportiva, estanque para riego, carpa solar y terrazas (fs. 14). II.5. Mediante Nota presentada el 26 de febrero de 2014, ante el entonces Alcalde del Gobierno Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, por el Secretario de Actas y el accionante, ambos de la comunidad San Lorenzo del citado departamento, requiriendo su incorporación en el POA y PDM de dicho municipio, al formar parte del mismo (fs. 15 a 16). II.6. Por Nota de 28 de agosto de 2014, dirigida al entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, el accionante pidió insertar en el POA de la gestión 2015 el proyecto de construcción del polideportivo comunal (fs. 17). II.7. Cursa Nota presentada el 11 de abril de 2019, al entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, por las autoridades de la comunidad San Lorenzo del citado departamento, solicitando el arreglo del alumbrado público (fs. 18). II.8. A través de las Notas presentadas el 12 de septiembre de 2019, al entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, por las autoridades de la comunidad San Lorenzo del referido departamento, entre ellas el accionante, requiriendo ser incluidos en el POA de la gestión 2020, con el proyecto ʽ“Estanque La Kasa San Lorenzoʹ” (sic) y reposición de luminarias del alumbrado público (fs. 19 y 20). II.9. Cursa Memorial presentado el 18 de septiembre de 2019, ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, por las autoridades de la comunidad San Lorenzo del citado departamento, reiterando su solicitud para ser incluidos en el POA de la gestión 2020 (fs. 21 y vta.). II.10. Por Nota presentada el 6 de junio de 2022, por las autoridades de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, del citado departamento, requiriendo la reinscripción en el reformulado 2022 y su incorporación en el POA y PDM, al formar parte del Cantón de Machacamarca del Distrito de Colavi del referido departamento (fs. 58). II.11. Mediante memorial presentado el 23 de junio de 2022, ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí, las autoridades de la comunidad San Lorenzo del citado departamento, pidieron se dé respuesta a las Notas y memorial en el plazo no mayor a setenta y dos horas, y se incluya a dicha comunidad en el POA y PDM de esa entidad municipal (fs. 22 a 23). II.12. Por Certificación U.L. 11/2019 de 17 de septiembre, emitido por el Jefe de la Unidad de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, refirió que la comunidad San Lorenzo se encontraba en la jurisdicción del Municipio de Tacobamba de la provincia Cornelio Saavedra del citado departamento (fs. 55); asimismo, cursa Certificación de 22 de junio de 2022, del Responsable de la Ventanilla Única de Trámites dependiente de la Secretaria Jurídica de la mencionada Gobernación que refiere que, la citada comunidad cuenta con personalidad jurídica extendida el 2013 (fs. 56).
El accionante denuncia la vulneración del derecho de petición; puesto que, a pesar de ser la comunidad San Lorenzo parte del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, contar con personería jurídica y encontrarse habitada por setenta y nueve pobladores de acuerdo con los datos proporcionados por el INE, mediante Notas presentadas al Alcalde de dicha entidad municipal, el 26 de febrero y 5 de diciembre de 2013; “25” de febrero y 28 de agosto de 2014; “10” y 18 de septiembre de 2019, y “27 de mayo” y “22” de junio de 2022, solicitaron de forma insistente ser considerados e incluidos en el POA y PDM de las gestiones 2013, 2014, 2015, 2020 y en el reformulado de la gestión 2022; además, de haber requerido la inclusión de proyectos como son la construcción de terrazas de cultivo, invernadero, cancha deportiva, estanque para riego, carpa solar, terrazas, construcción del polideportivo comunal, ʽ“Estanque La Kasa San Lorenzoʹ” (sic) y reposición de luminarias del alumbrado público, peticiones que al no ser respondidas por el Alcalde ahora accionado, afectan el desarrollo de la comunidad San Lorenzo del referido departamento al carecer de presupuesto y proyectos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0245/2021-S3 de 26 de mayo, citando a la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, estableció que: «“El recurso de amparo constitucional, actualmente acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida. Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’. (…) El principio procesal de inmediatez también implica el seguimiento del recurso o reclamo, y la reacción oportuna ante el silencio a los mismos, puesto que el uso de los medios impugnativos previos a la acción de amparo constitucional, sean éstos en la vía judicial o administrativa antes de interponer el amparo, no debe ser en forma circunstancial u ocasional, sino, una vez activados los mismos, se debe exigir una respuesta oportuna y dentro de plazo, o en su defecto, si no hay un plazo específico, reiterar oportunamente el pedido, y si se mantiene la actitud lesiva, acudir a la jurisdicción constitucional como un medio reparador de tales derechos. Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ya citada SC 0770/2003-R aplicable al presente caso, señaló que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental’ʼ”» (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
La SCP 0151/2019-S3 de 11 de abril, refiriéndose a los razonamientos expuestos en la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, en relación al derecho a la petición dejó establecido que: «“ʽdebe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa’”.
Complementando este entendimiento la SC 1068/2010-R de 23 de agosto estableció que: “La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las persona entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado. En ese sentido, también en la SC 0195/2010-R de 24 de mayo, se señaló que: ‘…el núcleo esencial de este derecho radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado’ y refiriéndose a la respuesta agregó la citada Sentencia Constitucional Plurinacional que: ‘…no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada‛”» (las negrillas son nuestras).
De igual manera, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0568/2018-S3 de 26 de octubre, refiriéndose a la SCP 0119/2011-R de 21 de febrero, estableció que: «“Este derecho se encuentra mucho más desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado (CPE), cuando sostiene que: ʽToda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionarioʼ. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables”.
Asimismo, la SCP 1249/2013 de 1 de agosto, indicó: Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud, según estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al indicar que “…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental”.
De otro lado, también debe recordarse que dentro del contenido esencial de este derecho se encuentra la obligación por parte de las autoridades y servidores públicos de comunicar al peticionante la respuesta a la petición. Así lo estableció la SC 0843/2002-R de 19 de julio, al determinar: “…que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’, porque ʽ…no puede quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Leyʹ, según razonaron las SSCC 1541/2002-R, 1121/2003-R.
Finalmente, la citada SC 119/2011-R, al referirse a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al derecho de petición, recordó que “…la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ʽ…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensiónʼ”.
A este respecto, puntualizo que: “La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ‘…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud (…)’.
Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.
Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios (…).
Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
De lo referido se concluye que el ejercicio del derecho de petición supone que una vez planteada una solicitud, de cualquier naturaleza, la persona natural o jurídica adquiere el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna de las autoridades, sean públicas o privadas, al constituir sujetos pasivos de ese derecho y obligadas a contestar lo solicitado de manera positiva o negativa en los plazos establecidos y a falta de ellos, en un término razonable, con la debida fundamentación y motivación.
El accionante denuncia la vulneración del derecho de petición; puesto que, a pesar de ser la comunidad San Lorenzo parte del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, contar con personería jurídica y encontrarse habitada por setenta y nueve pobladores de acuerdo con los datos proporcionados por el INE, mediante Notas presentadas al Alcalde de dicha entidad municipal, el 26 de febrero y 5 de diciembre de 2013; “25” de febrero y 28 de agosto de 2014; “10” y 18 de septiembre de 2019, y “27 de mayo” y “22” de junio de 2022, solicitaron de forma insistente ser considerados e incluidos en el POA y PDM de las gestiones 2013, 2014, 2015, 2020 y en el reformulado de la gestión 2022; además, de haber requerido la inclusión de proyectos como son la construcción de terrazas de cultivo, invernadero, cancha deportiva, estanque para riego, carpa solar, terrazas, construcción del polideportivo comunal, ʽ“Estanque La Kasa San Lorenzoʹ” (sic) y reposición de luminarias del alumbrado público, peticiones que al no ser respondidas por el Alcalde ahora accionado, afectan el desarrollo de la comunidad San Lorenzo del referido departamento al carecer de presupuesto y proyectos. Del incumplimiento al principio de inmediatez De la revisión de antecedentes y los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, corresponde efectuar un examen previo sobre la observancia o no del principio de inmediatez en el presente caso por tratarse de un requisito de improcedencia reglada, de cuyo cumplimiento depende el análisis de fondo de la problemática planteada por el accionante.
En ese contexto, de la documentación adjunta a esta acción tutelar, se tiene que creado el Distrito Municipal con las Sub Alcaldías de San Felipe de Colavi y Machacamarca, incluyendo sus comunidades y cantones, entre las que se encuentra San Lorenzo (Conclusiones II.1. y II.12.), la cual renovó su personería jurídica ante el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (Conclusión II.2.), procediendo sus autoridades a efectuar ante el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí de manera reiterativa, las siguientes peticiones:
a) El 26 de febrero de 2013, su inclusión en el POA y PDM de esa gestión y la construcción de terrazas de cultivo (Conclusión II.3.).
b) El 5 de diciembre de 2013, la construcción de un invernadero, cancha deportiva, estanque para riego, carpa solar y terrazas (Conclusión II.4.).
c) El 26 de febrero de 2014, incorporar a la comunidad San Lorenzo al POA y PDM del municipio de Tacobamba (Conclusión II.5.).
d) El 28 de agosto de 2014, insertar a la comunidad San Lorenzo en el POA de la gestión 2015 y la construcción del polideportivo comunal (Conclusión II.6.).
e) El 11 de abril de 2019, se proceda al arreglo del alumbrado público (Conclusión II.7.).
f) El 12 de septiembre de 2019, solicitud de inclusión en el POA de la gestión 2020, construcción del proyecto “ʽEstanque La Kasa San Lorenzoʹ” (sic) y reposición de luminarias (Conclusión II.8.).
g) El 18 de septiembre de 2019, se reiteró su solicitud de inclusión en el POA de la gestión 2020 (Conclusión II.9.).
De la relación efectuada a las Notas enviadas y la fecha de presentación ante el Ejecutivo Municipal de Tacobamba se advierte que, de acuerdo con lo establecido por los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, el accionante contaba con el término de seis meses para interponer la presente acción tutelar con la finalidad de exigir una respuesta pronta, oportuna y sin dilaciones en ejercicio de su derecho de petición, o en su defecto, de no existir un plazo determinado para ser respondida, se debió reiterar la solicitud y solo en caso de mantener el Alcalde hoy accionado esa actitud, recién acudir a la jurisdicción constitucional, al responder esa situación no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad en los actos del Alcalde hoy accionado y del propio solicitante, en el presente caso de quienes se encontraban como autoridades de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, quienes por el propio interés de los habitantes de su comunidad debieron realizar el seguimiento y exigir una contestación a cada uno de los requerimientos presentados durante las gestiones 2013, 2014 y 2019.
En ese sentido, conforme se expresó en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al asumir el accionante, como autoridad de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, fue con una actitud negligente en causa propia; por lo que no puede pretender ahora que sea la jurisdicción constitucional quien más allá del término de seis meses establecido constitucionalmente y procesalmente, permanezca de manera indefinida y en espera de que se active esta acción tutelar con la finalidad de restablecer su derecho de petición presuntamente vulnerado, ante la falta de respuesta a las Notas presentadas; por cuanto, el accionante tenía el deber de hacer seguimiento a sus solicitudes y exigir una contestación dentro de plazo y de no brindarse la misma, plantear de manera oportuna una acción de amparo constitucional, mas no pretender activarla después de caducado el plazo, situación que impide a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar a efectuar un pronunciamiento de fondo frente a la inobservancia del principio de inmediatez respecto de las Notas precedentemente identificadas y las peticiones que contenían, correspondiendo denegar la tutela solicitada respecto de las mismas. De la vulneración del derecho de petición En coherencia con el razonamiento expuesto precedentemente, considerando que esta acción de defensa fue interpuesta el 21 de noviembre de 2022 (fs. 1), se procederá a realizar un análisis sobre la presunta vulneración del derecho de petición con relación a las Notas presentadas en las fechas que a continuación se indican, al encontrarse las mismas dentro del término de seis meses exigidos para activar la presente acción de amparo constitucional: 1) Nota presentada el 6 de junio de 2022, por la cual las autoridades de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí, requirieron su reinscripción en el reformulado 2022 y que se incorpore a la citada comunidad en el POA y PDM -se entiende de la gestión 2023- (Conclusión II.10.); y, 2) Memorial presentado el 23 de junio de 2022, a través del cual solicitaron se conteste las Notas anteriores y ese memorial en el plazo de setenta y dos horas; asimismo, pidieron se incluya a dicha comunidad en el POA y PDM del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del departamento de Potosí (Conclusión II.11.). En ese contexto, revisados los antecedentes arrimados al cuaderno procesal, de los argumentos expuestos en el memorial de la acción de amparo constitucional y el razonamiento jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte una vulneración al derecho de petición por cuanto desde la presentación de las indicadas Notas, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar transcurrieron más de cinco meses sin que el Alcalde ahora accionado hubiese brindado una respuesta formal, rápida, pronta y oportuna a las peticiones efectuadas el 6 y 23 de junio de 2022, que tienen un elemento común que fue requerido de manera insistente, la inclusión de la comunidad San Lorenzo del departamento de Potosí en el POA y PDM del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba del citado departamento, aspecto al que tampoco se refirieron en el informe presentado por el Alcalde ahora accionado dentro de esta acción tutelar; por cuanto, de tener una respuesta a los requerimientos expuestos la misma debió ser efectuada de manera: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro del término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efecto que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a lo requerido. Para finalizar se aclara que la pretensión de que “…COMO EFECTO DE LA MISMA SE DETERMINE: LA INCORPORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO AL POA Y PDM DEL MUNICIPIO DE TACOBAMBA, POR SER APARTE DEL MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO CON UNA PERSONALIDAD JURÍDICA LEGALMENTE ESTABLECIDA” (sic), no forma parte del núcleo esencial del derecho de petición, el cual radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo solicitado, aspecto que incide en que la misma sea escrita y oportuna, y debe ser realizada dentro de un plazo razonable; por cuanto, se tiene establecido que toda autoridad pública administrativa, tras tomar conocimiento de una petición, se encuentra en el deber constitucional de brindar una contestación fundamentada, sobre la base de los puntos requeridos por el solicitante, respuesta que no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, ya que puede ser también negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada. Por consiguiente, al resultar evidente la denuncia expuesta en la presente acción de amparo constitucional, encontrándose comprobada la vulneración al derecho de petición previsto por el art. 24 de la CPE, en su núcleo esencial referido al derecho a obtener una respuesta formal, fundamentada, pronta, oportuna y dentro de los plazos más breves que resuelva el fondo de lo pedido, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 080/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 87 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a lo peticionado en las Notas presentadas el 6 y 23 de junio de 2022, debiendo el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, brindar una respuesta fundamentada del por qué no se está incorporando la comunidad San Lorenzo al Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Municipal de la referida entidad municipal; y, 2° Denegar la tutela con relación a las solicitudes contenidas en las Notas presentadas el 26 de febrero y 5 de diciembre de 2013; 26 de febrero y 28 de agosto de 2014; 11 de abril, 12 y 18 de septiembre de 2019; de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0746_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): b89b51b48bf698c98388c6a70de7934b583361b46ccd822b922d9cacdc02c093
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