Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024
Concede en parte la tutela
Acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN La parte accionante alega que dentro del proceso civil de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia que inició María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -ahora también impetrante de tutela- en casación, los Magistrados ahora demandados pronunciaron el Auto Supremo 819/2023 de 16 de agosto, casando el Auto de Vista S.C.C. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0043/2024 de 14 de marzo, cursante de fs. 670 a 681, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: En cuanto a la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en su dimensión sustantiva vinculado al interés superior del niño; y, el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, correspondiente al menor NN, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en su dimensión sustantiva vinculado a la igualdad sustantiva y a la prohibición de discriminación, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Disponer dejar sin efecto el Auto Supremo 819/2023 de 16 de agosto, debiendo emitirse una nueva resolución conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En cuanto a la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la propiedad, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso vinculado a la “seguridad jurídica” y “cosa juzgada”; así como el debido proceso en sus elementos derecho a la defensa y congruencia, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Respecto a la acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación únicamente respecto al primer punto de reclamo; además, del debido proceso por afectación del principio de verdad material -respecto a la valoración de la prueba- conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación respecto al segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto de reclamo, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0746/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 62687-2024-126-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0043/2024 de 14 de marzo, cursante de fs. 670 a 681, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN; Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila; y, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses contra Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu y José Antonio Revilla Martínez, ex y actuales Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
A través de memoriales presentados el 29 de febrero, 4 y 5 de marzo, todos de 2024, cursantes de fs. 28 a 53 vta.; 76 a 77; 508 a 524; y, 552 a 569, los accionantes -a su turno- expresaron lo siguiente: Acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN
El “26 de abril de 2016”, Mario Meneses Quintanilla -padre del menor NN-suscribió un acuerdo transaccional beneficiando únicamente a sus tres hijos concebidos y nacidos en matrimonio -Iverth Aracely, Claudia Alejandra y Manuel Alejandro, todos Meneses Vaquila (los dos últimos ahora también impetrantes de tutela)-, excluyéndolo arbitrariamente de la legítima y la sucesión hereditaria, documento que puesto en conocimiento de la autoridad judicial en materia familiar, mereció la Sentencia 100/2016 de 15 de julio, homologándose el acuerdo transaccional. Posteriormente, al fallecimiento del padre del menor NN, la esposa supérstite María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -ahora también peticionantes de tutela- inició un proceso civil de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia contra los tres hijos mayores del de cujus; proceso que al ser puesto en conocimiento de su madre -Marlene Judith Isla Arando- la misma se allanó a la demanda; posteriormente, se otorgó poder a la “…abogada Virginia Flores Barrios (abogada impuesta por Matilde Vaquila Condo, ex esposa del de cujus…) …” (sic), quien contra todos los estándares internacionales y nacionales de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes renunció a los derechos del menor NN favoreciendo a los hijos matrimoniales del de cujus; indicando además que, antes de la concepción del indicado menor, los bienes inmuebles del causante ya no se encontraban en el acervo hereditario al haber sido dispuestos en vida por el anticipo de legítima y cesión de la alícuota parte del 50% de los bienes gananciales; argumentos que fueron aceptados por el Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca, quien desconociendo la protección reforzada que debe brindar el Estado, profirió la Sentencia 99/2022 de 9 de agosto, declarando improbada la demanda en todas sus partes, reconociendo los derechos del menor NN desde su nacimiento y con relación a bienes adquiridos el padre luego de ese nacimiento, otorgando todos los derechos solo a favor de los tres hijos concebidos en el matrimonio, incurriendo en un trato discriminatorio evidente. En mérito a la decisión asumida en la Sentencia 99/2022, María del Carmen Michel Araujo interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, mereciendo al efecto el Auto de Vista S.S.C.C.II 375/2022 de 9 de noviembre, por el que, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, determinó confirmar la decisión asumida por el Juez de primera instancia; no obstante, este Auto de Vista fue anulado mediante Auto Supremo 145/2023 de 13 de febrero. El 21 de abril de 2023, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se apersonó en defensa del menor NN, solicitando que en aplicación del art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) se respete la alícuota parte del menor respecto a todos los bienes dejados al fallecimiento de su padre y se restituyan sus derechos lesionados dentro del proceso y se anulen obrados hasta el vicio más antiguo; en ese sentido, mediante Auto de Vista S.S.C.C.II 141/2023 de 15 de mayo, se revocó en la Sentencia 99/2022, declarándose probada la demanda de reducción de alícuotas, reintegro de la legítima, división de herencia y la cancelación a prorrata de los adeudos; y, improbada la demanda de exclusión de división de herencia; manifestando al efecto que, los bienes del de cujus deben ser divididos entre la demandante, los demandados y el menor NN, este último que nació al momento de aperturarse la sucesión hereditaria.
Posteriormente, los tres hijos concebidos y nacidos en matrimonio interpusieron recurso de casación contra el Auto de Vista S.S.C.C.II 141/2023, impugnación que al ser de conocimiento de los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia mereció el Auto Supremo 819/2023 de 16 de agosto, por el que, se casó el indicado Auto de Vista, declarando improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima “respecto al 50% de los bienes de Mario Meneses Quintanilla”; no obstante, al emitir dicho Auto Supremo: a) Se lesionó el derecho al debido proceso sustantivo con afectación del derecho a la igualdad sustantiva, a la prohibición de discriminación y al principio de interés superior del niño, por cuanto, la decisión carece de razonabilidad, pues se generó un trato discriminatorio entre el menor NN -que se encuentra en condiciones de múltiples vulnerabilidad- y sus hermanos paternos, por cuanto: a.1) Señaló que existe una cesión de bienes de Mario Meneses Quintanilla a los tres hijos concebidos durante el matrimonio de Matilde Vaquila Condo, excluyendo del análisis al menor NN que debe ser tratado en igualdad de condiciones que los hijos matrimoniales, quien era parte del proceso civil y que en el momento de la cesión estaba en gestación; a.2) Al momento de la muerte del de cujus se hizo efectivo el seguro de desgravamen; por lo que, el pago de la deuda incrementó el acervo hereditario únicamente de los tres hijos matrimoniales, excluyendo de cualquier beneficio al menor NN; a.3) Se hizo mención al “acuerdo transaccional-familiar”, para posteriormente señalar que la finalidad de los bienes gananciales es asegurar la solvencia económica de los hijos; sin embargo, únicamente se refiere a una “misma familia” que solo comprende a los hijos concebidos en el matrimonio del de cujus sin tener en cuenta las familias diversas; a.4) Se manifestó que el “acuerdo transaccional” de “26 de febrero de 2016” fue homologado por autoridad judicial, por lo que, se encontraría salvaguardado por el instituto de la cosa juzgada establecida por el art. 1319 del Código Civil (CC), con lo que se benefició de la legítima únicamente a los hijos matrimoniales excluyendo al menor NN del derecho a suceder pese a que al momento de la cesión estaba en gestación, omitiendo aplicar enfoques diferenciados a efecto de brindarle una protección reforzada, que impediría consolidar la cosa juzgada de un acto discriminatorio, debiendo interpretarse el art. 949 del CC, en el marco de un enfoque interseccionalidad y todos los estándares de protección reforzada de la niñez; y, b) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: b.1) No se explicó el por qué se apartaron de los estándares más altos de protección de los niños, niñas y adolescentes como lo son la protección reforzada en el marco del interés superior del niño; b.2) Se omitió utilizar el test de razonabilidad y de proporcionalidad; b.3) No se analizó la normativa respecto a la concepción de familias diversas -(art. 2 del Código de las Familias del Proceso Familiar (CFPF)-, y de colación, división y partición de bienes en el marco de la garantía de igualdad y prohibición de discriminación, omitiendo motivar su razonamiento a la luz de la igualdad sustantiva y de la prohibición de discriminación; b.4) No se fundamentó en coherencia con estándares más altos de protección de niñas, niños y adolescentes y a la luz del interés superior del niño, las razones para omitir considerar el seguro de desgravamen que cubrió las deudas del de cujus; b.5) No se motivó el pago de alquileres devengados por la cesión de los bienes que favorecieron exclusivamente a los hijos concebidos por el de cujus; b.6) No explicaron las razones por las cuales no analizaron que el menor NN estaba en gestación en el momento de la cesión de los bienes realizada por su padre a favor únicamente de sus hijos concebidos durante el matrimonio con Matilde Vaquila Condo; y, b.7) Omitieron justificar si el Acuerdo Transaccional de “26 de febrero de 2016” es compatible con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, considerando que excluye a un ser en gestación y que brinda un trato discriminatorio.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso sustantivo con afectación del derecho a la igualdad sustantiva, a la prohibición de discriminación y al principio de interés superior del niño; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, citando al efecto, los arts. “13”, “60”, 115, 117 de la CPE; 8, 19, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, “2, 3 y 4” de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto Supremo 819/2023 y todos los actuados ulteriores, debiendo emitirse un nuevo fallo que desde un enfoque de niñez y adolescencia y de interseccionalidad considere la premisa fáctica del caso de acuerdo a los estándares más altos de protección a niñez y adolescencia y en particular de acuerdo a los estándares sobre igualdad sustantiva y prohibición de discriminación a niños, niñas y adolescentes; 2) En el marco del art. 113 de la CPE se proceda a la reparación integral de daños, considerando la afectación de los derechos del menor NN, debiendo disponerse: 2.i) La nulidad del Auto Supremo 819/2023 (como medida de restitución); 2.ii) Tratamiento psicológico y restaurativo a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para restituir el equilibrio familiar entre hermano paternos y el menor NN de manera tal que se superen todos los prejuicios o ideas discriminatorias y se fortalezcan los vínculos entre hermanos desde la visión de las familias diversas, la igualdad y la prohibición de tratos diferenciados entre hermanos (como medida de rehabilitación); 2.iii) La publicación de la sentencia constitucional plurinacional a pronunciarse, así como una disculpa pública por la réplica de prácticas discriminatorias del Órgano Judicial que afectan a niños en situación de múltiple vulnerabilidad (como medidas de satisfacción pública); 2.iv) Que a través de la Escuela de Jueces del Estado se proceda con la capacitación de autoridades judiciales, y servidores públicos del Órgano Judicial respecto al juzgamiento con enfoques diferenciales y en el marco de una argumentación jurídica coherencia con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad (garantía de no repetición); y, 2.v) Que en ejecución de fallos se proceda con la reparación de daños materiales e inmateriales causados al menor NN (indemnización).
Acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila
Sus padres Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo, al poner fin a su matrimonio, suscribieron el “acuerdo transaccional” que en su Cláusula Tercera establecieron que, el 27 de enero de 2010, por documento de transferencia a título de anticipo de legítima, su padre les cedió el 50% del bien inmueble registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694; asimismo, en su Cláusula Cuarta se dejó expresamente establecido que existe una deuda pendiente de pago en el Banco de Crédito de Bolivia en la suma de $us174 000.- (ciento setenta y cuatro dólares estadounidenses), y en el Banco Los Andes Procredit S.A. en el monto de Bs110 00.- (ciento diez mil bolivianos), deuda que serían cancelada por Matilde Vaquila Condo debido a que los bienes fueron cedidos en un 50% por su padre, quien se liberó de la deuda señalada; y se determinó la finalización de los bienes gananciales ya que ambos cónyuges otorgaron concesiones reciprocas con respecto al patrimonio activo y pasivo, sin que ello sea atentario o contrario a la ley; por lo que, los “bienes” nunca pasaron a propiedad de Mario Meneses Quintanilla. En el proceso ordinario de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia, que inició María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses en su contra y otra, en etapa de casación (posterior a todo el procedimiento descrito precedentemente), los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia pronunciaron el Auto Supremo 819/2023; no obstante, en su emisión se vulneró sus derechos: i) A la propiedad, ya que se suprimió su derecho propietario respecto al 50 % del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 mismo que también fue cedido en la “capitulación transaccional”, el cual fue homologado y adquirió calidad de cosa juzgada, alterándose su consentimiento; ii) A la “seguridad jurídica” y cosa juzgada vinculado al debido proceso ya que no se consideró los antecedentes del proceso ni se verificó que el bien inmueble (con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694) sobre el cual emitió su decisión ya tenía una situación jurídica definida dentro de un proceso familiar que adquirió calidad de cosa juzgada sustancial, por lo que, los Magistrados ahora demandados carecerían de competencia, y por ello, el Auto Supremo 819/2023 estaba sancionado con nulidad conforme lo previsto en el art. 122 de la CPE; iii) Al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, por cuanto, se restringió el derecho a la defensa de quienes intervienen en el “acuerdo transaccional”, al no darse el valor de cosa juzgada desechando la verdad material, sin importar que el bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 fue parte del indicado “acuerdo” ; y, iv) Al debido proceso en su vertiente congruencia, por cuanto, las autoridades judiciales ahora demandadas “intentan” un reintegro de legítima, reducción, colación del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 que fue incorporado en el “acuerdo transaccional” y por ende en la comunidad de gananciales “Meneses-Vaquila”; no obstante, solo consideran los activos o beneficios sin atender deliberadamente los pasivos que forman parte determinante del “acuerdo regulador”.
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa, congruencia, “seguridad jurídica” y “cosa juzgada”, citando al efecto, los arts. 56, 109.I, 115, 119.II y 178 de la CPE.
Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto Supremo 819/2023 y se ordene se emita una nueva resolución. Acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses
El 2017 contrajo matrimonio con Mario Meneses Quintanilla con quien vivió hasta su fallecimiento el 2020 durante la pandemia del COVID 19, este suceso por el cual se declaró heredera forzosa ab intestato respecto a todos los bienes, acciones, derechos y obligaciones de su causante; en ese sentido, con la finalidad de hacer valer sus derechos, el 31 de agosto de 2021 interpuso demanda de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia contra Claudia Alejandra, Manuel Alejandro e Iveth Aracely, todos Meneses Vaquila; y, resguardando los derechos del menor de edad NN hijo de su causante, se pidió citación de Marlene Judith Isla Arando. En el proceso ordinario iniciado, en etapa de casación (posterior a todo el procedimiento descrito), los Magistrados ahora demandados pronunciaron el Auto Supremo 819/2023 casando el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 y declarando “‘…improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima en lo que respecta al 50% de los bienes de Mario Meneses Quintanilla (+) con matrículas No. 1.01.1.99.0000120, No. 1.01.1.99.0012748 y No. 1.01.1.99.0036777, por la transacción advertida, en los demás se mantiene firme y subsistente los términos de la decisión de segunda instancia’” (sic); no obstante, en su emisión, se incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: a.1) En el Auto Supremo 819/2023 no se explicó las razones por las que no se aplicó los arts. 1254, 1255 y 1105 del CC, que fueron invocados por el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023; a.2) De manera expresa se manifestó que las disposiciones acordadas por Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo no pueden ser consideradas actos de donación, de liberalidad y de anticipo de legítima, porque, la cesión se encontraba condicionada al pago de una deuda; sin embargo, conforme los arts. 1437 y 1443 del CC; y, la cesión es un instituto que se caracteriza porque no origina propiedad, se constituye para pagar una deuda y no es definitiva, aspectos que no fueron considerados apartándose de los mismos sin mayor motivación; a.3) De manera arbitraria y sin justificación se exigió carga probatoria respecto a los cánones de alquileres; a.4) Se incurrió en una insuficiencia argumentativa respecto al seguro de desgravamen que cubre todas las deudas del de cujus, y que se constituye en una obligación impuesta por la normativa financiera vigente; por lo que, el razonamiento de las autoridades judiciales ahora demandadas es contra la ley, al exigir arbitrariamente una carga probatoria innecesaria, desproporcional e impertinente; a.5) No se explicó porque a la transacción familiar no se aplica la regla jurídica contenida en el art. 177 del CFPF, además, tampoco se manifestó porque el Auto Supremo 36/2020 de 20 de enero, sería aplicable a su caso y si el problema jurídico que surgió, generó la aplicación del precedente; y, a.6) Sin mayor explicación ni fuente probatoria, y de manera inmotivada y arbitraria establecieron que su persona admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida, sin explicar ni justificar su decisión en prueba objetiva; sin embargo, los actos consentidos no pueden ser inferidos ni pueden ser criterios subjetivos de las autoridades judiciales, quienes tienen la carga de sustentar sus argumentos cuando consideren que existe un acto consentido; y, b) Se conculcó el derecho al debido proceso por afectación del principio de verdad material por cuanto, las autoridades judiciales ahora demandadas omitieron aplicar el principio de verdad material ya que únicamente se refirieron a la “Carta Notariada”; sin embargo, en ningún momento se justificó su alcance y valor jurídico, cuando en dicha “Carta” se evidencia la voluntad libre y espontánea de Mario Meneses Quintanilla quien estaba consciente y seguro de que jamás transfirió su derecho propietario ya que expresamente declaró y afirmó tener la titularidad sobre uno de los bienes dados en cesión y otorgados en anticipo de legítima.
La parte peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; además, del principio de verdad material, citando al efecto, los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto Supremo 819/2023 y se ordene se emita un nuevo auto supremo; además, en el marco de los estándares jurisprudenciales más altos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre otras, se asuman todas las medidas de indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición solicitadas.
Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 645 a 669, se produjeron los siguientes actuados:
Acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses; y, Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN La parte accionante, a través de sus abogadas, ratificaron el contenido de las acciones de amparo constitucional presentadas, y ampliando las mismas manifestó: 1) El menor NN se encuentra en una situación de múltiple vulnerabilidad, al estar en una situación de extrema pobreza; lo que obliga que se realice una labor de control tutelar de protección reforzada, en cuanto al trato discriminatorio y contrario al interés superior del niño; 2) En antecedentes se tiene un “acuerdo transaccional” suscrito entre Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo, que en su Cláusula Tercera menciona cuatro bienes inmuebles; un primer bien que desde el 2010 fue dado como anticipo de legítima únicamente a los tres hijos matrimoniales, el cual genera una renta mensual de Bs25 000.- (veinticinco mil bolivianos); y, los otros tres bienes fueron cedidos única y exclusivamente a los tres hijos concebidos durante el matrimonio anterior; sin embargo, debe considerarse que el “acuerdo transaccional” fue homologado cuando el menor NN estaba en gestación, por ello debe tenerse una interpretación conforme a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; más aún cuando sus derechos son irrenunciables; y, considerando que la legítima no puede estar condicionada a la fecha de nacimiento, porque, implicaría una discriminación; 3) El Auto Supremo 819/2023 es totalmente discriminatorio y contrario al debido proceso sustantivo, por cuanto, refirió que los acuerdos o transacciones familiares responden a las necesidades e intereses familiares, omitiendo considerar como familia diversa al menor NN, quien también resultaría beneficiario del acuerdo transaccional, lo que lesionó el derecho al debido proceso sustantivo que implica un razonamiento judicial amparado en los principios de progresividad y favorabilidad; 4) “…en este Auto Supremo cuestionado de la existencia de cosa juzgada, la Sentencia N° 683/2013 con claridad y esta es una línea consolidada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha establecido que las decisiones que vulneran derechos fundamentales, no pueden adquirir calidad de cosas juzgada y justamente es la justicia constitucional la que debe proteger los derechos, por lo tanto, un argumento formal de la cosa juzgada frente a un trato discriminatorio, pues debe flexibilizarse, debe ceder justamente siguiendo esta línea para evitar que exista un trato discriminatorio, la legítima y por eso también una interpretación conforme al debido proceso sustantivo, todo el régimen de la legítima está sujeto a colación, justamente para garantizar la igualdad de trato de los hijos y no puede estar condicional, ni siquiera literalmente es el sentido de la normativa civil a la fecha de nacimiento o a la condición extramatrimonial, sino que todos los hijos deben tener o beneficiarse la legítima en igualdad de condiciones, por eso es que si un hijo nace después, para eso viene la figura de la colación que es justamente la figura pedida en esta acción, en este proceso judicial porque la colación en materia civil tiene un fundamento constitucional en igualdad sustantiva, el argumento brindado por las autoridades demandadas es lamentable y denota el desconocimiento de estándares internacionales sobre igualdad, prohibición de discriminación y niñez y adolescencia porque le está dando derechos desde el momento de su nacimiento, pero le está negando la sucesión en igualdad de condiciones, en relación a tres bienes que entienden los magistrados demandados, han sido realizados en el marco de una misma familia de necesidades familiares, necesidades que solo contempla a los tres hijos matrimoniales, aspecto contra a todas luces completamente discriminatorias, pero además, por eso es importante mirar también el debido proceso sustantivos reforzado, a la luz del deber de motivación y fundamentación, pero vinculado especialmente al mandato de la Sentencia N° 683/2013, que establece lo razonado como requisitos de los razonable, en ese sentido uno de los argumentos del Auto Supremo, muy mal explicado pero además complementado en el informe de que se ha dado lectura hoy día, señalaba que un acuerdo transaccional es un contrato oneroso y que no puede ser modificado; esto implica desde el punto de vista de un debido proceso sustantivo reforzado, una motivación arbitraria siguiendo toda la línea jurisprudencial que ya se ha señalado en la acción de amparo constitucional, porque la cláusula de prohibición de discriminación que además parte de entender que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derecho, pues esta cláusula de no discriminación, es una cláusula de ius cogens, al ser una cláusula de ius cogens no puede estar sometida a modificaciones por acuerdos particulares, si este Tribunal cree que esta es una cláusula absoluta exenta del derecho internacional de los derechos humanos, pues debe explicar, no vemos una fundamentación razonable en cuanto a este tema, por lo tanto no vemos por qué no explicó, por qué no se aplicó los enfoques diferenciales, no se explicó por qué no se aplica una cláusula de ius cogens, porque no se aplicó el test de proporcionalidad que debió aplicarse si cree que esta cláusula del contrato oneroso, es una cláusula absoluta que puede suprimir una cláusula de ius cogens, desde el deber de fundamentación más a un vinculado a un enfoque interseccional, pues para no incurrir en una motivación arbitraria insuficiente debió utilizar estos requisitos…” (sic); 5) Los arts. 1254, 1105, 1437 y 1443 del CC, tenían que ser objeto de análisis y de fundamentación a la luz de una interpretación sistémica y teleológica; y, no abordar únicamente el tema del acuerdo transaccional; 6) El Auto Supremo impugnado, le brindo una carga de la prueba a María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses en cuanto al cobro de alquiles y seguro de desgravamen, lo que resulta arbitrario, por cuanto, es el propio “acuerdo transaccional” que establecía precisamente el cobro de alquileres; y, respecto al seguro de desgravamen debe considerarse que el mismo se encuentra previsto en la normativa, al señalar que a la muerta de una persona que tenga una deuda con el sistema financiero, esta debe ser cubierta; en ese sentido, las autoridades judiciales demandados debían explicar porque no se cumplía con esa prueba; 7) Los Magistrados ahora demandados debían exponer porque el “acuerdo transaccional” implicaría que no se aplique lo previsto en el art. 177 del CFPF; 8) Los operadores de justicia ahora demandados manifestaron que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses consintió todos los actos de su esposo; sin embargo, un acto consentido no puede ser subjetivo ni puede presumirse, por lo que, se incurrió en una omisión arbitraria; y, 9) “…de acuerdo a la verdad material hay una carta notariada, el propio Tribunal Supremo suple su omisión en el informe que presenta y recién explica y recién alega en cuanto esta carta notariada que fue un argumento expreso citado por la demandada en su contestación a la casación (…) de ser considerados pues implicarían no una casación, sino más bien que se confirme el Auto de Vista y que se lo revoque y se lo case en relación al niño porque no se puede dar un trato discriminatorio a partir de la edad y excluir de los tres bienes cuando un niño debe tener y debe suceder en igualdad de condiciones y si el razonamiento es contrario, pues debe expresarse una motivación con el test de proporcionalidad y considerando todos los estándares sobre la cláusula de igualdad sustantiva, que es una cláusula de ius cogens, en la cual se tendría que explicar por qué en el caso concreto, se deja sin efecto una cláusula de derecho internacional de los derechos humanos…” (sic). La parte impetrante de tutela en consideración de los argumentos vertidos por Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila, manifestó que: i) A la fecha de la homologación del “acuerdo” el menor ya estaba concebido; por lo que, los operadores de justicia tienen la obligación de ser garantes de los derechos del menor concebido; ii) No se puede hablar de cosa juzgada cuando existe vulneración de derecho; consiguientemente, las resoluciones judiciales que fueron pronunciadas desconociendo los derechos de las persona pueden ser revisadas; iii) En cuanto a que en el caso debió acudirse a la vía familiar o que debe seguirse otro proceso “…primero este no es un razonamiento coherente con un enfoque de interseccionalidad, con un enfoque de tutela judicial efectiva y de interés superior del niño, pero además es importante hacer notar que en los antecedentes del caso cursa el Auto Supremo N° 145/2023 que justamente anula obrados en este caso, porque este fue un argumento que se introdujo en todo el proceso por la parte demandada, el Tribunal Supremo de Justicia que incluso utilizó este Auto Supremo como ejemplo su sistematización de jurisprudencia, estableció que es la vía civil la competente para ver estos temas…” (sic); y, iv) La legítima y el derecho a la colación jamás pueden estar condicionados a la fecha de nacimiento a la condición de ser hijo extramatrimonial. Acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila La parte peticionante de tutela, a través de sus abogados, ratificaron el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, y ampliando la misma manifestó: a) El “acuerdo transaccional” fue realizado el 21 de enero de 2016, y el menor NN nació el 8 de diciembre de dicho año; por lo que, no podría incorporárselo en el indicado “acuerdo transaccional”; y, debe considerarse que ningún ser humano nace después de doce meses de gestación, el menor a la fecha de la suscripción del acuerdo aún no existía; b) Al suscribirse el “acuerdo transaccional” se determinó la disposición de bienes gananciales, la cual fue acordado entre partes, y en ese momento no existía más familia, de ahí que, el trato discriminatorio alegado es falso; c) El razonamiento discriminatorio al que se hizo referencia de ninguna manera es cierto; por lo que, todas las pretensiones que realizó el menor NN fueron consolidadas; además, que no se le privó del derecho a la sucesión, pues el mismo fue admitido. Asimismo, si bien se pidió la aplicación de estándares de protección al menor, ello se tiene que efectuar por la vía legal correspondiente; en ese sentido, un juez en materia civil no puede disponer ni analizar lo que en su momento fue determinado por un juez en materia familiar; y, d) La demanda civil en ningún momento refirió que su pretensión es el pago de alquileres, el seguro de desgravamen, por ello, esos aspectos se constituyen en un despropósito. La parte accionante en consideración de los argumentos vertidos por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses; y, Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN, manifestó que “Respecto a la cosa juzgada, evidentemente cuando hay vulneración de derechos, la cosa juzgada es aparente (…) pero el Juez competente para poder revisar esa vulneración de derechos o todo, es el Juez ya conocido en primera instancia; en este caso tendría que haber sido el Juez octavo en Materia Familiar y no el Juez en materia civil…” (sic)
Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 14 de marzo de 2024, cursante de fs. 622 a 632 vta., solicitó se deniegue la tutela, manifestando al efecto: En cuanto a la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN, se tiene que: 1) En mérito a un informe psicosocial del menor NN se sustentó que el mismo se encuentra en múltiples condiciones de vulnerabilidad y desventajas; sin embargo, ese elemento de convicción no cursa dentro del proceso ordinario, siendo presentado recién en sede constitucional; razón por la que, resulta impertinente que se pida se juzgue con un enfoque diferencial interseccional; 2) Se aseveró que el menor NN fue excluido de su derecho a la sucesión y adquirir la legítima; empero, en el apartado IV del Auto Supremo 819/2023 de forma expresa se señaló lo contrario, y se consideró su título de heredero garantizándose su derecho a la sucesión; 3) Se determinó que el 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748, y 1.01.1.99.0033777 no pueden ser traídos a colación por que se advirtió que Mario Meneses Quintanilla mediante capitulación matrimonial transfirió sus acciones y derechos en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro, todos Meneses Vaquila, a cambio de que la progenitora asuma el pago de los créditos de $us174 000.- obtenido del Banco de Crédito de Bolivia y de Bs110 000.- adquirido del Banco Los Andes Procredit S.A., en ese sentido, se determinó la existencia de un acuerdo transaccional-familiar entre “Meneses con Vaquila” que surte plena eficacia jurídica frente al menor NN en función del carácter de cosa juzgada que tiene dicho documento; y si bien, respecto a la exclusión de la masa hereditaria que se efectuó no se expresó ningún argumento del menor NN, ello se debe a que ni el menor ni su progenitora (Marlene Judith Isla Arando) participaron o fueron considerados en el “acuerdo transaccional”; 4) En cuanto al seguro de desgravamen no se cumplió con la carga de probar si se activó o no dicho seguro, no siendo posible afirmar que el mismo fue activado y con él se cubrió el saldo adeudado, careciendo de sustento; 5) Se manifestó que los acuerdos anteriores al nacimiento del menor NN que afecten el régimen de la legítima no pueden surtir efectos, debido a que el mismo forma parte de un sector vulnerable; empero, los arts. 524 y 949 del CC permiten presumir que los contratos transaccionales surten plena eficacia jurídica entre los suscriptores y sus herederos; 6) En el proceso civil existió la capitulación matrimonial (transacción en favor de terceros) contrato netamente oneroso porque cada parte obtiene una ventaja que le representa el reconocimiento de un derecho que le asegura la transacción a cambio de un sacrificio de otro derecho para adquirir la pretensión mayor; además, el anticipo de legítima es la entrega que hace quien otorga el anticipo de un derecho expectaticio que le corresponde a favor de cualquiera de sus herederos forzosos, relación contractual que tiene un carácter de gratuito; 7) Los estándares más altos de protección de los niños, niñas y adolescentes son aplicables cuando ese sector es acreedor de un derecho sustancial; no obstante, en el proceso civil se consideró que el mismo versa sobre un “acuerdo transaccional” celebrado entre “Meneses-Vaquila” respecto a bienes que correspondía a los mismos, por ello el menor NN no tenía ningún derecho; y, 8) El Auto Supremo 819/2023 se encuentra debidamente fundamentado y motivado, citándose precedentes jurisprudenciales ordinarios sobre la transacción en materia familiar, y expresando solidos criterio jurídicos que sustentan a la decisión impugnada. En lo concerniente a la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila se tiene que: i) En la Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 se encuentra inscrita la Escritura Pública de Anticipo de Legítima 940/2009 -no refiere fecha-, mediante el cual Mario Meneses Quintanilla otorgó en calidad de anticipo de legítima el 50% de sus acciones y derechos del bien inmueble en favor de Claudia Alejandra, Manuel Alejandro e Iveth Aracely todos Meneses Vaquila, lo que permite advertir que el derecho expectaticio no define la situación de la cosa sucesoria; por lo que, el bien inmueble fue correctamente incorporado a la masa hereditaria del causante Mario Meneses Quintanilla para que sea reducido y reintegrado al acervo hereditario para su ulterior división y partición; y, ii) Respecto a que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses carece de legitimación para involucrarse en un matrimonio ajeno y en las consecuencias patrimoniales de Mario Meneses Quintanilla, se explicó que la actora si tiene la suficiente legitimación sustancial como “esposa superviviente” para plantear acciones de defensa del acervo hereditario; además, en ningún momento se permitió que se vulneraran los acuerdos transaccionales familiares. En cuanto a la acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, se tiene que: a) La parte impetrante de tutela carece de legitimación activa para reclamar derecho de terceros, más aún si no tiene derecho de representación que le permita reclamar por los derechos del menor NN; b) El Auto Supremo 819/2023 se encuentra debidamente fundamentado y motivado, citándose precedentes sobre la transacción en materia familiar y los contratos de tracto sucesivo, expresándose criterios jurídicos que sustentan a la decisión cuestionada; por lo que, el cargo de discriminación debe ser desestimado; c) “…al suscitarse una transacción familiar en favor de terceros que excluyó los tres bienes inmuebles que cuentan con las Matrículas N° 1.01.99.0000120; N° 1.01.1.99.0012748; y N° 1.01.1.99.0036777, que surte toda la eficacia jurídica que le confiere el art. 949 del Código Civil, implícitamente se advierte la inaplicabilidad de los arts. 1254 del Código Civil (anticipo de porción hereditaria), porque el 50% las acciones y derechos de estos tres bienes inmuebles fueron transigidos de manera onerosa entre el fallecido Mario Meneses Quintanilla con Matilde Vaquila Condo…” (sic); además, en ningún momento se inaplicó el art. 1105 del CC, siendo en mérito a ello que se concedió el título de heredera; d) Respecto a la cesión, la peticionante de tutela no expuso ningún argumento al responder al recurso de casación, siendo por ello que aplicabilidad o inaplicabilidad de la premisa normativa establecida en los arts. 1437 y 1443 del CC resulta fuera de lugar; e) En cuanto a los alquileres se explicó que se requiere una carga probatoria adicional que demuestre los mismos porque “…el contrato de alquiler o arrendamiento (acordado en el contrato transaccional base del Auto Supremo) es un negocio jurídico de tracto sucesivo según lo tiene determinado el Auto Supremo N° 132/2012, de 04 de junio, porque este tipo de contratos se encuentra regido por el tiempo y que además se encuentran sujetos a confirmación…” (sic); f) No es aplicable las reglas previstas en el art. 177 del CFPF, a la transacción familiar que sustenta el Auto Supremo 819/2023, porque dichas reglas son aplicables cuando la relación contractual es realizada entre los progenitores con los hijos; sin embargo, de la revisión de la capitulación matrimonial se puede advertir que la relación contractual transaccional fue celebrada entre progenitores (Mario Meneses Quintanilla con Matilde Vaquila Condo), bajo la figura de contrato en favor de terceros de acuerdo a la reglas establecidas en el art. 526 del CC; g) En cuanto a los actos consentidos “…con sólidos criterios fundados en el art. 949 del Código Civil y en el acuerdo transaccional celebrado entre los ex consortes Meneses-Vaquila, estableció que la ahora accionante admitió como válidos los actos que su causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida (…) por ende, se tiene que este cargo se encuentra debidamente fundamentado, motivado y sustentado…” (sic); y, h) Respecto a la carta notariada, debe considerarse que la misma se constituye en un elemento de convicción que contiene una declaración que no puede ser considerada en función de la teoría de los actos propios, puesto que la accionante no puede fundar su alegato de impugnación constitucional aduciendo que el fallecido Mario Meneses Quintanilla tras celebrar la capitulación matrimonial; envió una carta notariada en la que expresamente declaró y afirmó tener la titularidad sobre uno de los bienes dados en transacción en favor de terceros…” (sic); por ello, dicho reclamo debe ser desestimado. Marco Ernesto Jaimes Molina y José Antonio Revilla Martínez, ex y actual Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe ni concurrieron a la audiencia pese a su legal citación cursante a fs. 575 y 581 a 582.
Matilde Vaquila Condo mediante memorial de 13 de marzo de 2024, cursante de fs. 590 y vta. manifestó que: 1) María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses carece de legitimación activa; debido a que “…no puede tomarse decisión en relación a mi persona (…) por consiguiente no se vincula la decisión del “AUTO SUPREMO N° 819/2023” que es la resolución impugnada que es el objeto del conflicto constitucional; y, 2) “No puede el Defensor de la Niñez y Adolescencia y Marlene Judith Isla Arando y María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, u otra persona obligarme a decir lo que ellos quieren señalado ‘Ud., forma parte de este conflicto’, porque no es así, porque no hay algún aspecto que me relaciona o me vincula, cuando la vinculación de la acción de amparo es respecto de la resolución AUTO SUPREMO N° 819/2023, emitida por el Tribunal Supremo” (sic).
La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca por Resolución 0043/2024 de 14 de marzo, cursante de fs. 670 a 681, concede la tutela solicitada respecto a la acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; concede en parte la tutela impetrada en lo concerniente a las acciones tutelares interpuestas por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses; y, Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila; y, en consecuencia: i) Se deja sin efecto el Auto Supremo 819/2023 debiendo emitirse uno nuevo conforme los argumentos expresados y bajo los estándares de protección de derechos; ii) “…en cuanto a la reparación solicitada respecto a la restitución, esta se tiene dispuesta; en relación a la rehabilitación, hay que mencionar que no se acreditó de manera efectiva y razonable que justifique la condición de esta medida, porque de los antecedentes descritos como objeto de tutela, no se ha evidenciado la existencia de interrelaciones personales entre las partes que acrediten discriminación o prejuicio al respecto del menor; así también respecto a la satisfacción pública e indemnización, considerando que lo resuelto por esta Sala no resulta ser definitivo, será entonces el Tribunal Constitucional Plurinacional quien deba analizar si corresponde o no otorgar tal medida” (sic); y, iii) Se exhorta a la Escuela de Jueces del Estado en cuanto a considerar la implementación en sus currículas, tanto de formación como de capacitación del personal jurisdiccional sobre los contenidos para juzgar con perspectiva interseccional de los enfoques diferenciales; y, iv) “En aplicación del art. 36.9 de la Ley 254, la parte accionante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Sucre, solicita aclaración, en mérito a que siendo una conducta reiterada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia solicite formalmente capacitación de parte de la Escuela de Jueces para su personal respecto a la aplicación de la perspectiva interseccional y los derechos de las familias diversas respectivamente” (sic). La determinación es asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Si bien en la parte dispositiva del Auto Supremo 819/2023 se resolvió salvaguardar los derechos del menor NN; sin embargo, incurrieron en una falta de congruencia y razonabilidad, además, en una discriminación desproporcional en desmedro de los derechos menor, ya que no se analizó que la situación resuelta en el indicado Auto Supremo le causa un agravio en desconocimiento de sus derechos sucesorios como descendiente del causante, debido a que en el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 se determinó dividir, reintegrar y restituir los bienes consignados en la “Capitulación Matrimonial” a favor de todos los herederos y en igual proporción respecto al menor; empero, las autoridades ahora demandadas al casar el indicado Auto de Vista se dedujo que el menor NN y otra no pueden colacionar, reducir o reintegrar la legítima otorgada por el documento de “Capitulación Matrimonial” homologado por “Sentencia 100/2016”; por ello, se lo está excluyendo al menor NN de la legítima que le correspondería respecto a la masa “patrimonial”, inobservando el art. 1084 concordante con el art. 1008.I del CC que estipula esa correspondencia de un trato jurídico igualitario respecto a quienes tienen derecho a la herencia y que este derecho se extiende a quien esté incluso concebido o nacido vivo indistintamente; por lo cual, el menor NN no se encuentra lógicamente en la misma situación que “María del Carmen Michel” y no puede razonarse señalando que no le es posible el reintegro de la legítima; en ese sentido, debió considerarse y analizarse los alcances de la aplicación del art. 1067 del CC cuando era evidente que al momento de divorciarse existía un hijo concebido fuera del matrimonio y nacido vivo; y, en su defecto debió reconducirse el derecho aplicable al respecto y determinar bajo cánones el interés superior y proteccionismo, considerando el reintegro de la legítima que le correspondía ser averiguable en ejecución de Sentencia; es decir, correspondía en todo sentido, resolver en favor del menor desprotegido; b) Las autoridades judiciales ahora demandadas no hacen ninguna referencia respecto al derecho que el menor tuviera respecto al seguro de desgravamen que se hubiese hecho efectivo a la muerte de su causante; por lo que, deben considerarse también a su vez dichos extremos relativos a los activos y pasivos; y, delimitar los derechos tanto del heredero menor de edad -de corresponder- así como también de los demás herederos con derecho a la sucesión; c) En cuanto al recurso de casación interpuesto por Manuel Alejandro Meneses Vaquila, las autoridades judiciales ahora demandadas si bien dedujeron integrar la mayoría de los argumentos recursivos expuestos; empero, al momento de resolver los motivos recursivos incurrieron en una incongruencia interna; por cuanto, no es razonable se decida negar la demanda principal reflejando el error de juzgamiento incurrido por el Tribunal de alzada para de forma posterior aleguen que los resuelto bajo fundamentación y la motivación expuesta en el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 resulte ser correcta y suficiente; d) En lo concerniente al recurso de casación de Claudia Alejandra e Ibeth Aracely , ambas Meneses Vaquila “…considerando que los aspectos cuestionados resultarían ser similares a los planteados por Manuel Meneses, conforme al momento en que se han cuestionado y el planteamiento de la acción de amparo constitucional por parte de los mismos hermanos Meneses Vaquila, esta tiene que estar determinada a lo alegado precedentemente; y en relación a los puntos que las autoridades accionadas integraron que corresponderían ser resueltos por separado, estos efectivamente han sido resueltos con argumentos no existiendo una irrazonabilidad en el análisis que realizan respecto a los mismos, porque ello responde a los hechos y las circunstancias que incluso habrían sido decididas anteriormente por el Auto Supremo N° 145/2023 que dio curso a esta especie de reenvío recursivo en relación al Tribunal de alzada y el Tribunal de casación”(sic); e) Respecto a las consideraciones vertidas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses en sus contestaciones, se tiene que, el Auto Supremo 819/2023 absolvió sus oposiciones durante el análisis de los diferentes puntos recursivos, exceptuando “los aspectos observados por este Tribunal”; f) En lo concerniente a la acción de amparo constitucional interpuesto por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses “…si bien no resulta ser acreditada por parte de este Tribunal, como bien se ha establecido por las autoridades accionadas respecto a la Capitulación Matrimonial que no podría ser considerada a los fines de una cesión o anticipo de legítima, porque al ser reconocido y validado en sus alcances por parte de la autoridad judicial, en atención a la Sentencia de 15 de junio de 2016 que ha sido ejecutoriada el 8 de julio de 2016, se concede la disposición de los bienes integrados a la Comunidad de Gananciales, por lo que es evidente que se consolida esta transferencia que estaba sujeta a una condición de cumplimiento y si en tales términos, se consideraría que no se hubiese cumplido esta Capitulación Matrimonial, debe acudirse necesariamente ante el Juez que resolvió la misma para determinar si efectivamente se dio cumplimiento o no a lo resuelto con dicha autoridad al momento de homologar este Acuerdo Matrimonial; en tal entendido en consideración al art. 1297 del CC, el documento está reconocido por una autoridad judicial y debidamente homologado, y este adquiere lógicamente esa calidad de documento público, no siendo razonable que deba exigirse nuevamente la forma prevista en el art. 177 del Código de las Familias, resultando por ello razonable lo expuesto en este aspecto en particular por parte de las autoridades accionadas respecto a María del Carmen Michel” (sic); g) “…debe ponderarse -como se ha señalado- a su vez que estos elementos probatorios considerado por el Auto de Vista a los fines de dar una mayor solvencia a la decisión y que ello incluye inclusive a la prueba de la Carta Notariada que alega la accionante como no analizada en cuanto al principio de verdad material y el cobro efectivo del seguro de desgravamen alegado que debió ser considerado también a los fines de lo demandado por María del Carmen Michel -porque ello fue materializado a la muerte del causante y no así al momento de la Capitulación Matrimonial-“ (sic); y, h) María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses no tiene ningún vínculo familiar, de parentesco o de afinidad por sí misma con el menor NN, por lo que no puede alegar tutela de los derechos del mismo, más aún cuando el menor se encuentra representado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como por su madre. En mérito a lo previsto en el art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo), Claudia Alejandra y Manuel Alejandro, ambos Meneses Vaquila, presentaron memorial el 20 de marzo de 2024, solicitando aclaración, enmienda y complementación, cursante de fs. 716 a 717, manifestando al efecto: 1) Si la instancia civil es competente para hacer que resuelva en favor del menor o en su caso el menor debió tramitar en la instancia familiar que sus derechos sean protegidos respecto a los derechos capitulados en el “acuerdo transaccional familiar”; 2) Nadie demando derecho alguno respecto al seguro de desgravamen, empero, se otorgó derechos que no fueron demandados; y, 3) Sobre la calidad de cosa juzgada existe una controversia en cuanto a sus efectos. Al respecto, la Sala Constitucional mediante Auto de 21 de marzo de 2024 estableció que los argumentos expuestos tienen que ver con aspectos de fondo pretendiendo su pronunciamiento que no responde a la naturaleza del mecanismo procesal, por lo que, se dispone no ha lugar a lo impetrado.
Mediante decreto constitucional de 3 de abril de 2024, cursante a fs. 695, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 31 de diciembre de 2024; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 31 de agosto de 2021, dirigido al Juez Público Civil y Comercial de Turno de la Capital del departamento de Chuquisaca, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -impetrante de tutela- a través de su representante legal, en la vía ordinaria interpone demanda reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia, contra Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila (el último menor de edad del cual se solicitó se cite a Matilde Vaquila Condo); y, el menor de edad NN (del que se pidió se cite a Marlene Judith Isla Arando), a tal efecto solicita se declare probada la demanda -todos ahora también peticionantes de tutela- (fs. 123 a 139). II.2. Mediante Sentencia 99 de 9 de agosto de 2022, Freddy Panoso Galarza, Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Chuquisaca, resuelve declarar improbada en todas sus partes la demanda de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia formulada por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -accionante-, con costas y costos en favor de Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila -ahora también impetrantes de tutela-, salvándose sus derechos con relación a la sucesión hereditaria. Asimismo, en cuanto al menor NN -ahora también peticionante de tutela- se salvan sus derechos con relación a la sucesión hereditaria (fs. 230 a 239 vta.). II.3. Ante el recurso de apelación interpuesto por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -accionante-, Hugo Bernardo Córdova Eguez y Ángel Edson Dávalos Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronuncian el Auto de Vista S.C.C.II 375/2022 de 9 de noviembre, resolviendo confirmar en todas sus partes la Sentencia 99, con costas y costos (fs. 271 a 279). II.4. En mérito al recurso de casación interpuesto por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -impetrante de tutela-; Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciaron el Auto Supremo 145/2023 de 13 de febrero, anulando el Auto de Vista 375/2022 de 9 de noviembre disponiendo que sin esperar turno se resuelva el recurso de apelación con la pertinencia del art. 265.I del CPC (fs. 331 a 340). II.5. Se tiene Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 de 15 de mayo, por el que, Hugo Bernardo Córdova Eguez y Ángel Edson Dávalos Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resuelven revocar la Sentencia 99 y deliberando en el fondo, declaran:
“1.- Probada en todas sus partes la demanda de reducción de alícuotas, reintegro de la legítima y división de herencia, respecto de los bienes inmuebles que en el 50% pertenecían al cónyuge de la demandante y apelante, situados en calle J. Prudencio Bustillos esquina Vicente Donoso, de la zona de San Juanillo de esta ciudad de Sucre, de 345.50 M2; registrado en Derechos Reales bajo el folio real de dominio No. 1.01.1.99.0035694; el ubicado en la misma calle y zona, con una superficie de 151.85; registrado bajo el folio real de dominio No. 1.01.1.99.0000120; el ubicado en calle Canadá de 150 150 M2, registrado bajo el folio real de dominio No. 1.01.1.99.0012748 y el situado en Alto Tucsupaya, calle sin denominación, con una superficie de 356 M2, respectivamente y que fueron cedidos por el indicado ciudadano Mario Meneses Quintanilla (+) vía anticipo de legitima a sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro, todos Meneses Vaquila y que serán reducidos por el Juez A-quo en la porción necesaria para integrar de forma igualitaria de la legítima de la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses y del hijo menor del de cujus (…) en la forma que lo establece el art. 1103 del Código Civil, debiendo ser en un plazo no mayor a 10 días de quedar firme la presente resolución.
Se dispone también la reducción, reintegro de legitima y división de bien hereditario que debe hacerse en relación el bien mueble sujeto a registro (camión Volvo); identificado en el numeral 4.2 de la cláusula TERCERA del acuerdo regulador de divorcio de fs. 9 a 10, que se encuentra en poder de una de las hijas mayores del causante de la apelante, para el reintegro de forma igualitaria y en la proporción establecida por el art. 1103 del Código Civil, de la legítima que le corresponden a cada uno de los coherederos del ciudadano Mario Meneses Quintanilla, incluida la ahora apelante y el hijo menor de éste (…), para su posterior división también en forma igualitaria del mismo entre todos los coherederos.
De la misma manera, se dispone el reintegro de la legitima y posterior división de bien hereditario, del bien mueble sujeto a registro (camión Volvo con placa de control No. 3441-EZF, de color blanco, entre todos los coherederos dejados por el causante Mario Meneses Padilla, en la forma prevista por el supra citado art. 1103 del CC; incluida la ahora apelante y el hijo menor del mismo...
Por último, también se dispone el reintegro de legítima y posterior división, en forma igualitaria del 50% del vehículo automotor, marca Volvo con placa de control No. 4690-UPD, entre todos los herederos dejados por el causante, incluida la ahora apelante y el hijo menor del mismo…
Determinándose que, en caso de no poder ser divididos algunos de los bienes hereditarios, por cualquier motivo y no hacerse uso del derecho por parte de algunos de los herederos de la retención del mismo, previa cancelación de la alícuota parte que le corresponda a los otros, tales bienes deben ser sometidos a subasta pública y su producto, deberá ser dividido entre todos los herederos en forma igualitaria y según la alícuota que le corresponda a cada coheredero, en la forma que lo establece la Ley.
2.- se declara probada la demanda de cancelación a prorrata de los adeudos tributarios que tuvieren los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, dejados por el causante Mario Meneses Quintanilla, pero en proporción a la alícuota parte que por Ley (art. 1103 del CC); le corresponde a cada coheredero. Así como también en relación al 50% de la deuda contraída por la apelante y el causante de los sujetos procesales involucrados en el proceso, de $us.17.000, con el ciudadano Juan Gabriel Meneses Quintanilla, para la compra del vehículo automotor marca Volvo con placa de control No. 4690- UPD, es decir, por el monto de $us. 8.500, que deberá ser cancelada a prorrata y de forma igualitaria por todos los coherederos, conforme lo establece el art. 1103 del CC, incluidos la ahora apelante y el hijo menor del de cujus (…) correspondiéndole a la actora, cancelar ella sola el otro 50% ($us.8.500) de dicha deuda, por ser propietaria por derecho propio del 50% del mencionado vehículo. 3.- Por último, se declara improbada la demanda de exclusión de división de herencia del tracto camión marca Volvo, con placa de control No. 4690- UPD, por haberse acreditado que dicho bien mueble sujeto a registro es un bien ganancial. Sea sin costas ni costos, por la revocatoria, conforme lo establece el art. 223-IV-3 del CPC” (sic [fs. 347 a 358 vta.]). II.6. Consta Auto de 29 de mayo de 2023, por el que, Hugo Bernardo Córdova Eguez y Ángel Edson Dávalos Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resuelven la solicitud de complementación y enmienda de María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, señalando:
“…se solicita la complementación del primer punto de la parte resolutiva del Auto de Vista citado, en razón a no haberse considerando el folio real del inmueble sito en Alto Tucsupaya y consignarse de forma errónea la superficie de dicho inmueble; de la revisión de los antecedentes procesales, siendo evidente lo referido, con la facultad conferida por el art. 226-I) y II) del CPC, se complementa el primer punto de la parte resolutiva del Auto de Vista S.C.C. II N° 141/2023 debiendo quedar en definitiva ‘y el situado en Zona San Luis, Tucsupaya alta, calle sin denominación con una superficie de 309.20 m2, registrado bajo folio real de dominio N° 1.01.1.99.0036777’… En relación al segundo punto requerido sobre la enmienda ya que lo solicitado respecto a los bienes muebles sujetos a registro ha sido la división de herencia y no la reducción, reintegro de legítima de dicho acápite, se aclara que en relación a los dos vehículos con placa de control N° 34441-EZF y N° 4690-UPD deberá procederse a la división y partición de los mismos en los términos señalado, no así a la reduccióin y reintegro de legítima como erróneamente fue consignado en Auto de Vista” (sic [fs. 779 a 781]). II.7. Mediante Auto de 29 de mayo de 2023, Hugo Bernardo Córdova Eguez y Ángel Edson Dávalos Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, determinan no ha lugar a las solicitudes de complementación y enmienda de Matilde Vaquila Condo; y, Claudia Alejandra e Ibeth Aracely, ambas Meneses Vaquila, señalando que lo solicitado no conduce a la aclaración de un punto oscuro o dudoso ni tampoco a la subsanación de alguna omisión o rectificación (fs. 782 a 786). II.8. Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2023 ante la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Manuel Alejandro Meneses Vaquila -peticionante de tutela- a través de su representante legal, interpone recurso de casación contra el Auto de Vista S.C.C.II 141/2023, solicitando se anule dicho fallo, y casando se confirme la Sentencia 99, bajo los siguientes argumentos: i) La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia debe excusarse y apartarse del conocimiento del proceso civil, porque cuando se emitió el Auto Supremo 145/2023 de 13 de febrero, se expresó criterios sobre el fondo del proceso, ingresándose de esta forma en el supuesto de excusa determinado en el art. 347.8 del CPC; ii) En apelación sin sustento jurídico alteró el fondo de la decisión judicial emitida dentro del proceso de divorcio (Meneses contra Vaquila), debido a que inobservó que la situación jurídica de los bienes sobre los cuales se emitió la decisión de segunda instancia, ya fue definida en la “capitulación matrimonial” que fue homologada dentro de la Sentencia “100/2016”, donde obtuvo la calidad de cosa juzgada sustancial, reduciéndose el derecho propietario que le corresponde a Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila y el menor NN; alterándose el consentimiento de las partes que suscribieron el “acuerdo transaccional”; iii) El Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 carece de motivación, debido a que no definió si el acto de cesión es identificado como una donación desde el punto de vista de los presupuestos constitutivos que señala el art. 655 del CC; y, carece de fundamentación, porque no citó los presupuestos legales que sustentan la decisión de refutar lo que fue tratado en el ámbito familiar en un proceso realizado por la vía civil, como un acto de donación; iv) Se omitió considerar que el “acuerdo transaccional” lleva en su contenido diversas disposiciones realizadas por los ex consortes “Meneses-Vaquila”, que fueron compulsadas en el ámbito familiar, los cuales no pueden ser considerados como acto de liberalidad, donación o anticipo de legítima; de ahí que, Matilde Vaquila Condo decidió cargar con las deudas precautelando al mismo tiempo el bienestar de sus hijos con la transferencia efectuada por Mario Meneses Quintanilla; v) Se transgredió la autoridad de cosa juzgada y los preceptos jurídicos establecidos en los arts. 949 y 1319 del CC, 228, 229 y 398 del CPC, 409.I del CFPF y 179.I y 180.I de la CPE, debido a que el “acuerdo transaccional” así como la disponibilidad de derechos que se celebró en la misma, no puede ser considerada como un acto de donación, de liberalidad ni anticipo de legítima, porque la cesión o transferencia que el fallecido Mario Meneses Quintanilla realizó en favor de sus tres hijos, se encontraba condicionada a los términos de la Cláusula Cuarta del indicado “acuerdo”, en el cual, Matilde Vaquila Condo, tomó la decisión de solventar las deudas (de $us174 000 y de Bs110 000) a cambio de que el fallecido Mario Meneses Quintanilla les transfiera a los tres hijos sus bienes en cesión, todo ello para que el mismo se libere de todas las cargas que tenía la comunidad de gananciales denominada “Meneses-Vaquila”; vi) Sin fundamentación ni motivación, convirtió un acto jurídico bilateral en uno unilateral transgrediendo el “acuerdo regulador”, su indivisibilidad y la cosa juzgada que lo resguarda; además, viciando con incongruencia interna al Auto de Vista impugnado, admitió como valido el “acuerdo” y la Sentencia 100/2016 que lo homologó, para ulteriormente, mutar su contenido sustancial; vii) Se transgredió la autoridad de cosa juzgada, además, se omitió considerar y explicar los alcances de los conceptos que refiere el art. 1254 del CC, puesto que, la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, en su acto matrimonial admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida, uno de ellos se traduce bajo la figura de la transacción, realizada en la “acuerdo transaccional”, que tiene efectos frente a los herederos de los suscribientes según las previsiones de los arts. 229 y 949 del CC, resultando impertinente el Auto Supremo 974/2019 de 24 de septiembre; viii) Se incurrió en error al momento de emitir sus conclusiones, primero, porque se admitió que los bienes “objeto” de la “capitulación matrimonial” forman parte de la comunidad de gananciales del anterior matrimonio (Meneses -Vaquila), y de forma ulterior se señaló que son bienes propios; segundo, se inobservó que la cesión involucra un acto conjunto entre el fallecido Mario Meneses Quintanilla con Matilde Vaquila Condo, lo que significa que este aspecto torna en indisoluble el “acuerdo”, conforme establece el art. 149.I del CPC y 1291 del CC; tercero, se omitió considerar que lo dispuesto en la Sentencia “100/2016” tiene efectos legales no solamente con relación a Matilde Vaquila Condo, sino que también respecto a los herederos del fallecido Mario Meneses Quintanilla, dentro de los cuales, se encuentra la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses; cuarto, que la “capitulación matrimonial” homologada por la Sentencia “100/2016”, no es un acto de donación tampoco de anticipo de legítima, siendo un acto exclusivo del régimen familiar no susceptible de alteración por la misma razón que ha nacido y se ha constituido en un momento donde la demandante no tenía ningún vínculo con el causante, lo que ratifica su rasgo firme e inmodificable; ix) Existe una indebida aplicación y errónea interpretación del art. 362.I del CPC y del art. 69.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), debido a que la jurisdicción y la competencia nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas de obligatoria observancia; entonces, estas normas no pueden ser aplicadas al caso de autos, peor si lo que se pretende es modificar una determinación jurisdiccional mediante la cual el “acuerdo matrimonial” fue homologado; x) Se incurrió en indebida interpretación y aplicación del art. 1105 del CC, debido a que los bienes propios se encuentran enumerados en los arts. 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184 del CFPF, dentro de los cuales no se encuentran ninguno de los bienes sobre los que versa la “capitulación matrimonial”, siendo que se acreditó que estos bienes “cedidos” le pertenecen a los cesionarios, más aún cuando no existe acto administrativo, judicial, policial, ni ninguna contravención, que haya declarado nula la Sentencia “100/2016” y el referido “acuerdo matrimonial”; xi) Se efectuó una indebida aplicación del art. 1105 del CC, puesto que, este precepto (respecto a la esposa superviviente) hace referencia a la comunidad de gananciales del último matrimonio (Meneses-Michel), no del anterior matrimonio (Meneses-Vaquila), aspectos de los que se tiene la falta de legitimación que afecta a la parte demandante; xii) El Tribunal de segunda instancia realizó una aplicación aislada del art. 1105 del CC, e inobservó el Sistema Jurídico boliviano que se sustenta en el art. 178.I de la CPE, el cual se encuentra regido por los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, equidad y respeto a los derechos, debido a que la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, no tiene legitimidad, para cuestionar el contenido del documento privado de “capitulación matrimonial” que fue homologado por la Sentencia “100/2016”, siendo que el 2016, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, aun no era cónyuge del fallecido Mario Meneses Quintanilla; xiii) La demandante carece de legitimación, debido a que en el mismo acto jurídico-matrimonial (Meneses-Michel), la misma expresó su voluntad de aceptar a Mario Meneses Quintanilla como su esposo, aspecto con el cual, admitió también que los bienes consignados en la “capitulación matrimonial” no eran propiedad del causante Mario Meneses Quintanilla en consecuencia, se constituye en una acción voluntaria que se enmarca como un acto propio según el Auto Supremo 327/2017 de 30 de marzo; xiv) El Tribunal de alzada transgredió los arts. 450, 452, 453 y 455.I del CC, debido a que el Auto de Vista recurrido afectó la voluntad de Matilde Vaquila Condo, la cual se encuentra expresada en la “capitulación matrimonial”, cuando se modificó el contenido del citado acuerdo, sin considerar que este es inmutable e incuestionable, por encontrarse revestido de autoridad de cosa juzgada sustancial; y, xv) Se incurrió en incongruencia interna, debido a que, por un lado, afirmó que no existe dispensa de colación; y por otro, reconoció la reducción de alícuotas que supone el reconocimiento del derecho cedido (fs. 364 a 391). II.9. A través de memorial presentado el 13 de junio de 2023, ante la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Claudia Alejandra e Iveth Aracely, ambas Meneses Vaquila -ahora accionantes- interponen recurso de casación contra el Auto de Vista S.C.C.II 141/2023, solicitando se anule dicho fallo, y casando se confirme la Sentencia 99, bajo los siguientes argumentos: a) El Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 es nulo de pleno derecho, según lo establece el art. 122 de la CPE, porque el Tribunal de apelación (por instrucciones del Tribunal de casación) usurpó funciones propias de la jurisdicción en materia familiar cuando modificó el “acuerdo regulador de divorcio”; b) El Tribunal de alzada no puede desconocer que por medio de la “capitulación matrimonial” los ex consortes “Meneses-Vaquila” regularon los bienes que fueron adquiridos en vigencia de su matrimonio, siendo que este documento no fue invalidado y que en Sentencia “100/2016” se acogió y homologó el mismo, aspecto que inviabiliza la pretensión civil promovida por la actora principal; c) El Tribunal de alzada inobservó que con el acto de voluntad declarado por los exconyuges “Meneses-Vaquila” en la Cláusula Quinta del “acuerdo transaccional”, se acreditó que los bienes objeto de ese acuerdo, son gananciales; en consecuencia, la “capitulación matrimonial” homologada por la Sentencia “100/2016”, no lleva en su contendido ningún acto de donación ni de anticipo de legítima, siendo que este documento tiene matices de ser un acuerdo transaccional según el art. 945 del CC; d) El Tribunal de alzada aplicó indebidamente el art. 1254 del CC, porque dentro de la presente contienda judicial los bienes litigados no tienen el carácter de ser considerados bienes propios del causante Mario Meneses Quintanilla, afectándose con esta calificación la autoridad de cosa juzgada; puesto que, los bienes del “acuerdo regulador” son bienes que emergen de la comunidad de gananciales; e) El Tribunal de segunda instancia incurrió en error al aplicar el art. 1105 del CC y quebrantó el principio de verdad material, porque la demandante no cuenta con legitimación para proponer su demanda de reducción de alícuotas, reintegro de legítima y división de herencia inmiscuyéndose en la forma de disposición de bienes por cesión, por medio del cual el fallecido Mario Meneses Quintanilla cedió el 50% de su patrimonio en favor de sus tres hijos; actos realizados por el anterior matrimonio (Meneses-Vaquila), que a su vez se encuentra homologado por un juez en materia familiar; f) El Tribunal de alzada incurrió en indebida aplicación del art. 362.I del CPC y el art. 69.11 de la LOJ debido a que los numerus apertus establecidos en este último, no pueden ser aplicados cuando lo que se pretende es modificar una determinación judicial de otra materia, es decir, los términos del acuerdo regulador de fs. 9 a 10 vta., homologado por la Sentencia “100/2016”; y, g) La demandante -María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses- no tiene legitimación para promover objetivamente la reducción de alícuotas, reintegro de legítima y división de herencia, debido a que en la “capitulación matrimonial” suscrita por el ex matrimonio “Meneses-Vaquila” (que cuenta con autoridad de cosa juzgada) lleva en su contenido una división y partición de los bienes obtenidos por la sociedad matrimonial, donde la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, era una persona extraña (fs. 747 a 760). II.10. Mediante memorial presentado el 26 de junio de 2023, ante la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en representación del menor NN -impetrante de tutela-responde a los recursos de casación planteados por Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila -también peticionante de tutela-, solicitando se declare improcedente el recurso de casación en la forma e infundado el recurso de casación en el fondo, manifestando al efecto: 1) En los recursos de casación no se expresaron de forma clara y precisa ningún agravio que el Auto de Vista recurrido les hubiese causado; 2) Los reclamos de incompetencia son impertinentes debido a que los impugnantes no propusieron ningún medio de defensa procesal o algún incidente sobre el tema; 3) Lo reclamado cae por el mismo “acuerdo transaccional”, por medio del cual se puede advertir que la progenitora de los demandados Matilde Vaquila Condo, se hizo cargo de las deudas de la comunidad de gananciales, no obstante, lo hizo con el monto de alquiler establecido en el contrato; 4) El “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” no fue modificado ni alterado en el proceso civil ya que el mismo se basa en el cumplimiento del mismo; 5) Respecto a la indebida interpretación y aplicación del art. 1105 del CC alegada por los recurrentes, se tiene que, una vez declarada probada la demanda de divorcio y disuelto al vínculo conyugal entre el causante Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo se produjo la terminación de la comunidad ganancial del matrimonio y en cumplimiento al art. 199 del CFPF, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes, incluidos los que le han sido asignados como partición en los comunes, de esa manera se demuestra que los bienes en litigio son de propiedad exclusiva del causante; por lo que, no existió mala aplicación ni vulneración del art. 1105 del CC; 6) En cuanto a la indebida interpretación y aplicación de los arts. 362.I del CPC y 69.11 de la LOJ referida por los recurrentes, se tiene que, dicha normativa se aplicó única y exclusivamente sobre los dos vehículos tracto camiones con placa de circulación 3441 EZF y 4509 DCT, la exclusión del motorizado con placa de circulación 4690 UPD; y, las deudas existente al momento del fallecimiento del causante; por lo que, no se aplicó de manera errada la normativa; y, 7) Respecto a los derechos sucesorios del menor NN, debe considerarse que por su condición de niño y al pertenecer a un grupo vulnerable posee la protección especial de normas legales nacionales e internacionales; por ello se advierte que, el Auto de Vista S.C.C.II 141/2023 fue emitido en completa observancia y cumplimiento de los derechos; ya que el menor NN tiene absoluto derecho de heredar los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro al fallecimiento de su padre Mario Meneses Quintanilla en la porción y en las alícuotas parte que por ley le corresponden (fs. 393 a 398). II.11. A través de memoriales presentados el 26 de junio de 2023 ante la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -accionante-responde al recurso de casación planteado por Manuel Alejandro, Claudia Alejandra e Iveth Aracely, todos Meneses Vaquila -también impetrantes de tutela-, solicitando se declare improcedente el recurso de casación en la forma e infundado el recurso de casación en el fondo, manifestando al efecto: i) El Auto de Vista recurrido no actuó en resguardo de los derechos del menor NN (edad seis años), que se encuentra en pobreza extrema, quien es hijo de su fallecido esposo Mario Meneses Quintanilla; ii) Se tuvo la oportunidad de asumir cuanta acción legal hubiere sido considerada pertinente con el objeto de evitar que un juez en materia civil conozca la presente causa, no obstante, estos aspectos de defensa no fueron realizados, más aún si se considera que por medio de la presente contienda judicial no se modificó ningún documento, simplemente se ejercitó y dio cumplimiento a su derecho sucesorio; entonces, siendo que la presente contienda no fue conocida por la jurisdicción penal o agroambiental no existe usurpación de funciones; iii) No existió ninguna disposición de los bienes por parte de Mario Meneses Quintanilla, puesto que cualquiera sea debía realizarse según las reglas del art. 177 del CFPF, entonces, el “documento privado de capitulación matrimonial” no fue una disposición realizada bajo los parámetros del citado artículo; iv) Si bien Matilde Vaquila Condo asumió el pago de las cargas de la sociedad “Meneses-Vaquila” de $us174 000 y de Bs110 000, consignadas en la Cláusula Cuarta de la “capitulación matrimonial” no lo hizo a cambio de ningún bien inmueble o alguna transacción sobre los bienes litigados, sino lo hizo, porque percibía montos de alquiler por el bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 (otorgado en anticipo de legítima), deudas que a la fecha se encuentran pagadas, ya que ante el fallecimiento del causante se activó el seguro de desgravamen -activación del seguro que no fue verificado ante la negativa del Juez a quo-; iv) Como el causante fallecido Mario Meneses Quintanilla nunca fue considerado como deudor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Alejandra y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila ni estos son tenidos como sus acreedores, se tiene que en el ámbito familiar no sucedió ningún acto de cesión, que merezca ser considerado en el presente caso; v) No existe quebrantamiento del art. 362.I del CPC ni del art. 69.11 de la LOJ, debido a que este Tribunal cuando emitió el Auto Supremo 145/2023, solucionó de forma pertinente los conflictos materiales sobre la falta de competencia de un Juez civil; vi) Al haber disuelto el matrimonio “Meneses-Vaquila”, con la Sentencia
“100/2016” se tiene como efecto que no se podría hablar de bienes comunes del matrimonio “Meneses-Vaquila” según las reglas del art. 177, 198 y 199 del CFPF, aspectos por los cuales se tiene que Mario Meneses Quintanilla sí era propietario del 50% de los cuatro bienes inmuebles dados en anticipo de legítima y cesión; vii) Mediante “Carta Notariada” se logra acreditar que el fallecido Mario Meneses Quintanilla continuaba siendo propietario del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0036777; viii) No existe ninguna norma o jurisprudencia señalando que la fecha de un matrimonio se constituye en el inicio del derecho sucesorio de su persona como cónyuge heredera supérstite, más al contrario la sucesión hereditaria de María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses se encuentra consagrada en el art. 56.III de la CPE, puesto que por su sola condición de cónyuge la ley le otorga su derecho sucesorio, legitimidad y capacidad para todos los actos inherentes a este derecho; y, ix) Matilde Vaquila Condo no es parte en el proceso sus derechos no pueden ser considerados en esta causa, asimismo, estos no se encuentran afectados, puesto que solamente se está debatiendo el 50% de los cuatro bienes inmuebles (fs. 399 a 429; y, 431 a 53). II.12. Mediante Auto Supremo 819/2023 de 16 de agosto, Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, resuelven casar el Auto de Vista S.C.C.II 141/2023, complementado por los Autos “106/2023, 107/2023, 108/2023”, declarando improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima respecto al 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 por la transacción advertida, y en los demás mantiene firme y subsistente los términos del indicado Auto de Vista, con costas a la parte demandante, bajo los siguientes fundamentos:
“CONSIDERANDO IV:
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
Preliminarmente se anticipa a los recurrentes que los cargos de impugnación que cuentan con contenido similar serán absueltos de forma conjunta.
i) Con relación al primer agravio por medio del cual Manuel Alejandro Meneses Vaquila, denuncia que este máximo Tribunal de Justicia debe de excusarse y aparatarse del conocimiento de la presente contienda judicial según el art. 347 num. 8 del Código Procesal Civil, porque cuando se emitió el Auto Supremo Nº 145/2023, de 13 de febrero, que corre de fs. 685 a 694, se expresó criterios sobre el fondo del proceso.
Sobre esta cuestionante corresponde citar los criterios vertidos por el Auto Supremo Nº 404/2022, de 09 de junio, que estableció: “el instituto jurídico-procesal de excusa y recusación, tienen por objeto, precautelar la subsistencia material del principio de imparcialidad como ‘máximo valor de obligatoria observancia, dentro del proceso’; apartando del conocimiento del litigio al Juez o Tribunal que tenga algún sentimiento de amor u odio con cualquiera de las partes, sus abogados, mandatarios que genera alguna forma de interés directo o indirecto con el mismo objeto del proceso, por constituirse en causales que vician la capacidad subjetiva de decisión del Juzgador y con ella toda resolución que se emita dentro del proceso”.
En el sub lite, Manuel Alejandro Meneses Vaquila, debe entender que sí creía que la imparcialidad de este despacho judicial se encontraba afectada por algún aspecto exógeno, tuvo la oportunidad de interponer su incidente de recusación en contra de este Tribunal de cierre, según las reglas del art. 351 del Código Procesal Civil, en consecuencia, al no haberlo hecho dejó que su derecho de recusar precluya, por ello corresponde desestimar la tesis de impugnación propuesta por Manuel Alejandro Meneses Vaquila, declarando su improcedencia.
Más aún, si consideramos que según el art. 348.I de la Ley Nº 439: “…I. La autoridad judicial comprendida en cualquiera de las causas de recusación tendrá la obligación de excusarse en su primera actuación. La excusa no procede a pedido de parte…”, en otras palabras, esta regla de derecho, reviste de legitimidad subjetiva a la autoridad judicial de activar este mecanismo “de excusa” para apartarse del proceso, si considerare que su criterio de decisión se encuentra afectado y se enmarca en alguna de las causales que establece el art. 347 del Código Procesal Civil, no obstante, las partes del proceso carecen de legitimidad subjetiva para proponer la “excusa” de las autoridades judiciales.
ii) Con relación a los puntos de impugnación segundo, cuarto, quinto, séptimo, octavo, décimo y décimo cuarto propuestos por Manuel Alejandro Meneses Vaquila, mediante los cuales manifiesta que:
- El Tribunal de apelación sin sustento jurídico alteró el fondo de la decisión judicial emitida dentro del proceso de divorcio (Meneses contra Vaquila), debido a que inobservó que la situación jurídica de los bienes sobre los cuales se emitió la decisión de segunda instancia, ya fue definida en la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., que fue homologada con la Sentencia de divorcio Nº 100/2016, y obtuvo la calidad de cosa juzgada sustancial, reduciéndose el derecho propietario que le corresponde a Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos de apellido Meneses Vaquila; además de alterarse el consentimiento de las partes que suscribieron el referido documento.
- El Tribunal de alzada, omitió considerar que el acuerdo familiar de fs. 9 a 10 vta., lleva en su contenido diversas disposiciones realizadas por los exconsortes Meneses-Vaquila, que fueron compulsadas en el ámbito familiar, las cuales no pueden ser consideradas como acto de liberalidad, donación o anticipo de legítima.
- El Auto de Vista recurrido transgredió la autoridad de cosa juzgada y los preceptos jurídicos establecidos en los arts. 949 y 1319 del Código Civil, los arts. 228, 229 y 398 del Código Procesal Civil, el art. 409.I de la Ley Nº 603 y los arts. 179.I y 180.I de la Constitución Política del Estado, debido a que por medio de la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., los exconsortes Meneses-Vaquila tomaron diversas decisiones compulsadas en el ámbito familiar, lo que impide que las disposiciones realizadas en el documento de fs. 9 a 10 vta., puedan ser consideradas como actos de donación, de liberalidad y de anticipo de legítima, porque la cesión o transferencia que el fallecido Mario Meneses Quintanilla realizó en favor de sus 3 hijos, se encontraba condicionada a los términos de la cláusula cuarta del documento que corre de fs. 9 a 10 vta., por lo que la ciudadana Matilde Vaquila Condo, decidió solventar las deudas de $us. 174.000 y de Bs. 110.000 a cambio de que el fallecido Mario Meneses Quintanilla les transfiera a sus 3 hijos sus bienes, todo ello, para que el mismo se libere de todas las cargas que tenía la comunidad de gananciales Meneses-Vaquila.
- El Tribunal de alzada violó la autoridad de cosa juzgada omitiendo considerar y explicar los alcances de los conceptos que refiere el art. 1254 del Código Civil, puesto que la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, en su ceremonia matrimonial admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla (+) celebró cuando se encontraba con vida, uno de ellos se traduce bajo la figura de la transacción, realizada en la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., que tiene efectos frente a los herederos de los suscribientes según las previsiones de los arts. 229 y 949 del Código Civil, resultando impertinente el Auto Supremo Nº 974/2019, de 24 de septiembre.
- La Sala de apelación incurrió en error al momento de emitir sus conclusiones: primero, porque se admitió que los bienes “objeto” de la capitulación matrimonial de 29 de enero de 2016, de fs. 9 a 10 vta., forman parte de la comunidad de gananciales del anterior matrimonio (Meneses-Vaquila), y de forma ulterior se señaló que son bienes propios; segundo, se inobservó que la cesión involucra un acto conjunto entre el fallecido Mario Meneses Quintanilla con Matilde Vaquila Condo, lo que significa que este aspecto torna en indisoluble el acto de fs. 9 a 10 vta., conforme el art. 149.I del Código Procesal Civil y el art. 1291 del Código Civil; tercero, se omitió considerar que lo dispuesto en la Sentencia de divorcio Nº 100/2016 tiene efectos legales no solamente con relación a Matilde Vaquila Condo, sino que también respecto a los herederos del fallecido Mario Meneses Quintanilla, dentro de los cuales, se encuentra la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses; cuarto, que la capitulación matrimonial de 29 de enero de 2016, de fs. 9 a 10 vta., homologada por la Sentencia de divorcio Nº 100/2016, no es un acto de donación tampoco de anticipo de legítima, siendo un acto exclusivo del régimen familiar no susceptible de alteración por la misma razón que ha nacido y se ha constituido en un momento donde la demandante no tenía ningún vínculo con el causante, lo que ratifica su rasgo firme e inmodificable.
- El Tribunal Ad quem incidió en violación e indebida interpretación y aplicación del art. 1105 del Código Civil, debido a que los bienes propios se encuentran enumerados en los arts. 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184 de la Ley Nº 603, dentro de los cuales no se encuentran ninguno de los bienes sobre los que versa la capitulación matrimonial de 29 de enero de 2016, siendo que se acreditó que estos bienes “cedidos” le pertenecen a los cesionarios, más aun cuando no existe acto administrativo, judicial, policial, ni ninguna contravención, que haya declarado nula la Sentencia de divorcio Nº 100/2016 y el acuerdo matrimonial de fs. 9 a 10 vta.
- El Tribunal de alzada transgredió los arts. 450, 452, 453 y 455.I del Código Civil, debido a que el Auto de Vista recurrido afectó la voluntad de Matilde Vaquila Condo, la cual se encuentra expresada, en la capitulación matrimonial de 29 de enero de 2016, visible de fs. 9 a 10 vta., cuando se modificó el contenido del acuerdo de fs. 9 a 10 vta., sin considerar que este es inmutable e incuestionable, por encontrarse revestido de autoridad de cosa juzgada sustancial y;
Respecto al punto 2 y 3 propuesto por Iveth Alejandra Meneses Vaquila representada por Matilde Vaquila Condo y Claudia Alejandra Meneses Vaquila, mediante el cual reclaman que:
- El Tribunal Ad quem, no puede desconocer que por medio de la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., los exconsortes Meneses-Vaquila, regularon los bienes que fueron adquiridos en vigencia de su matrimonio, siendo que ese documento no fue invalidado y que en Sentencia de divorcio se acogió el mismo, aspecto que inviabiliza la pretensión civil promovida por la actora principal.
- El Tribunal de alzada inobservó que con el acto de voluntad declarado por los ex conyuges en la cláusula quinta del documento matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., se acreditó que los bienes son gananciales, en consecuencia, la capitulación matrimonial homologada por la Sentencia de divorcio Nº 100/2016, no lleva en su contendido ningún acto de donación ni de anticipo de legítima, siendo que este documento tiene matices de ser un acuerdo transaccional según el art. 945 del Código Civil.
Sobre estas cuestionantes, corresponde rememorar que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses representada por Edgar Joel Torres Salvador, a través del escrito que discurre de fs. 112 a 128 vta., interpuso demanda de reducción de alícuota y reintegro de legítima sobre:
1. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694. 2. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120.
3. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748. 4. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777. Seguida de una pretensión de división y partición de:
1. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694. 2. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120.
3. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748. 4. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777. Un bien mueble signado bajo la placa de control Nº 3441 EZF. 5. 6. Un bien mueble signado bajo la placa de control Nº 4509 DCT. 7. Una obligación tributaria de $us. 10.000. 8. Un compromiso tributario de $us. 39.000. Más la pretensión de exclusión de bien propio de la división de bienes hereditarios, de:
9. Un bien mueble signado bajo la placa de control Nº 4690 UPD, en contra de Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila, Manuel Alejandro Meneses Vaquila y el menor de edad de iniciales JMMI, representado por su progenitora Marlene Judith Isla Arando que, al ser corrida en traslado, ameritó que los demandados reaccionen de la siguiente forma:
Manuel Alejandro Meneses Vaquila representado por Matilde Vaquila Condo, mediante el escrito de fs. 272 a 284 vta., respondió de forma negativa.
Claudia Alejandra Meneses Vaquila e Iveth Aracely Meneses Vaquila, mediante el memorial de fs. 287 a 295 vta., contestaron negativamente.
El menor de iniciales JMMI representado por Marvia Georbana Subirana Carrasco, por escrito de fs. 312 a 314, se allanó a la demanda principal y de forma ulterior, según el memorial a fs. 355 y vta., manifiesto que: “…antes que mi hijo haya sido concebido, en honor a la buena fe no tendría que reclamar la reducción de alícuotas reintegro de legítima, sin embargo su autoridad será la que disponga lo que en ley corresponda precautelando los derechos del menor de edad J.M.M.I.…”. Desarrollándose de esta forma el proceso, hasta que el Juez Público Civil y Comercial 8° de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia Nº 99/2022, de 09 de agosto, que corre de fs. 512 a 521 vta., mediante la cual, declaró: “…IMPROBADA EN TODAS SUS PARTES la demanda ordinaria de “Reducción de Alícuotas, Reintegro de Legítima, División de Herencia, y Exclusión de División de Herencia” de fs. 112-128 vuelta, formulada por MARÍA DEL CARMEN MICHEL ARAUJO Vda. de MENESES, con costas y costos en favor de los demandados CLAUDIA ALEJANDRA, IVETH ARACELY, y MANUEL ALEJANDRO, MENESES VAQUILA, conforme al art. 223 del C.P.C.…” (sic.).
Decisión judicial, que fue recurrida en grado de apelación por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses representada por Edgar Joel Torres Salvador, mediante el escrito que discurre de fs. 523 a 536 vta., el cual originó que la Sala de apelación emita el Auto de Vista Nº 141/2023, de 15 de mayo, que cursa de fs. 721 a 732 vta., que REVOCÓ la Sentencia de primera instancia y en el fondo falló declarando PROBADA en parte la demanda interpuesta por la demandante, representada por Edgar Joel Torres Salvador, en lo que respecta a las pretensiones de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división y partición e improbada en cuanto a la pretensión de exclusión de bien de la división de herencia.
Argumentando sobre los bienes inmuebles del acuerdo matrimonial de fs. 9 a 10 vta., se tiene que: “…conforme correctamente lo observa la apelante a través de su Abogado apoderado y así consta en el señalado acuerdo regulador de divorcio de fs. 9 a 10 y se consigna en los folios reales de dominio de fs. 25, 29-30, 34 y 38; este Tribunal advierte que el ex conyuge de la ahora apelante, efectuó el anticipo y cesión de parte de los bienes de la comunidad de gananciales constituidos con su anterior esposa Matilde Vaquila Condo y que le correspondía en el 50%; pero no en forma onerosa o por ser deudor de sus hijos, sino, como anticipo de legítima…” (ver cita a fs. 725).
En ese orden de cosas, cabe añadir el contenido del elemento de convicción que corre de fs. 9 a 10 vta.:
“…DOCUMENTO PRIVADO DE CAPITULACIÓN MATRIMONIAL
Conste por el presente documento privado de CAPITULACION MATRIMONIAL, EN LA VÍA TRANSACCIONAL, FIJACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR, DIVISIÓN DE BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES SUJETOS A REGISTRO Y CANCELACIÓN DE CRÉDITOS, mismo que una vez reconocida en sus firmas surtirá los efectos de instrumento público, al tenor del Art. 1297 del Código Civil al tenor de las siguientes clausulas:
PRIMERA.- (DE LAS PARTES INTERVINIENTES).- Intervienen en la celebración del presente documento:
1.- Por una parte el señor: MARIO MENESES QUINTANILLA, boliviano, con C.I. No. 3971325 Pt., mayor de edad, casado, estudiante, domiciliado en Calle J. Prudencio Bustillos No. 383 y hábil por ley, en lo sucesivo denominado Padre.
2.- Por otra parte la Señora: MATILDE VAQUILA CONDOR, boliviana, con C.I. No. 3693972 Pt., mayor de edad, casada, estudiante, domiciliada en Calle J. Prudencia Bustillos No. 383 y hábil por ley, en lo sucesivo denominado Madre
(…) TERCERA.- (…) con la finalidad de evitar problemas que nos afecten a ambos y fundamentalmente precautelando el bienestar de nuestros hijos de mutuo acuerdo en forma voluntario decidimos separarnos y consideramos imposible una reconciliación. En merito a los antecedentes expuestos y con la finalidad de dar solución a nuestra situación matrimonial, en virtud que los lazos de afectividad se extinguieron por completo y solo existe el vínculo legal, de conformidad a los arts. 945 del Cod. Civil, 31.4 del C.P.C. y 145 del Código de Familia, declaramos llegar a los siguientes acuerdos:
(…) 3.2.- Un inmueble (…) bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0000120, que a la fecha el padre cede su 50%, para los hijos menores Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro Meneses Vaquila (…).
3.3.- Un inmueble (…) bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0012748, que a la fecha el padre cede su 50% para los hijos menores: Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro Meneses Vaquila.
3.4.- Un inmueble ubicado en Alto tujsupaya calle sin denominación de esta ciudad, que cuenta con una superficie de 356.00 metros cuadrados (…) que a la fecha el padre cede su 50% para los hijos menores: Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro Meneses Vaquila.
(…) CUARTA.- Se deja expresamente establecido que existe una deuda pendiente de pago en las siguientes instituciones: Banco de Credito de Bolivia la suma de $us 174.000.- (DÓLARES AMERICANOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL) y en el banco Los Andes Procredit la suma de Bs. 110.000 (BOLIVIANOS CIENTO DIEZ MIL), monto que será cancelado por la señora: MATILDE VAQUILA CONDO debido a que los bienes son cedidos en un 50% por MARIO MENESES QUINTANILLA, por lo que queda liberado de las deudas señaladas anteriormente…” (ver cita de fs. 9 vta. a 10 vta.). Cita probatoria, que al ser valorada según las reglas del art. 150 num. 1 del Código Procesal Civil, nos permite advertir que el “padre” fallecido Mario Meneses Quintanilla, con el objeto de liberarse de los pasivos adquiridos por la sociedad matrimonial Meneses-Vaquila, tomó la decisión de ceder el 50% de las acciones y derechos que tenía sobre:
1. El bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120. 2. El bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748. 3. El bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, en favor de “sus hijos” Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila y Manuel Alejandro Meneses Vaquila, a cambio de que la “madre” Matilde Vaquila Condo, asuma los pasivos de la comunidad y pague:
1. El crédito de $us. 174.000 adquirido por el matrimonio Meneses-Vaquila del Banco de Crédito de Bolivia.
2. La prestación de Bs. 110.000 adquirida por la sociedad matrimonial Meneses -Vaquila del Banco Los Andes Procredit. En ese mérito en función de los criterios desglosados en el apartado III.1, de la presente decisión judicial, por medio de la cual se explicó que el acuerdo transaccional-familiar, es el documento que posibilita que cualquiera de los cónyuges de manera libre y voluntaria, considerándose propietario de la ganancialidad pueda renunciar a la parte que le corresponde en favor de su misma familia a cambio de que el otro consorte asuma algún tipo de obligación como por ejemplo pagar deudas, propias de la comunidad; pues desde el punto de vista familiar, cuando existen hijos de por medio, pueden existir razones fundadas para que se tomen ese tipo de decisiones, puesto que la finalidad que tienen los bienes gananciales es la de satisfacer las necesidades de la familia asegurando su solvencia económica según el art. 193 de la Ley N° 603, sobre todo el de los hijos menores de edad, quienes tienen una protección especial por el art. 60 de la Constitución Política del Estado y la misma Ley de la materia.
En conclusión, este despacho de casación, establece que debido a que el progenitor fallecido Mario Meneses Quintanilla (cuando se encontraba con vida), por medio de la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., transfirió, el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120; el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748; y el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos de apellido Meneses Vaquila, a cambio de que la progenitora Matilde Vaquila Condo asuma y pague los créditos de $us. 174.000 obtenido del Banco de Crédito de Bolivia y de Bs. 110.000 adquirido del Banco Los Andes Procredit, de ello se tiene que nos encontramos frente a un acuerdo transaccional-familiar, a través del cual el 50% de los tres referidos bienes inmuebles, fueron transigidos con Matilde Vaquila Condo, en consecuencia, se determina que el acuerdo transaccional de fs. 9 a 10 vta., tiene los mismos efectos de cosa juzgada, para causar estado entre las partes que participaron en él, al igual que entre sus sucesores, según establece el art. 949 del Código Civil, en ese sentido, se determina también, que el 50% de los tres bienes inmuebles, no se encontraban en el patrimonio de Mario Meneses Quintanilla, cuando este falleció, por ello, estos tres bienes inmuebles, no pueden ser traídos en colación como obligación de los coherederos Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila y Manuel Alejandro Meneses Vaquila, en favor sus coherederos María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses y el menor de iniciales JMMI representado legalmente por Jorge Abel Pérez Arcienega, según los criterios que enmarcan los arts. 1073 y 1258 del Código Civil, para su ulterior división y partición, como pretende la demandante, resultando fundados los agravios materia de análisis y por cuyos motivos corresponde actuar en consecuencia.
Más aún si consideramos, que el acuerdo transaccional de fs. 9 a 10 vta., fue presentado por el mismo Mario Meneses Quintanilla (+), el 26 de abril de 2016, cuando promovió su demanda de divorcio en contra de Matilde Vaquila Condo (ver fs. 12), este aspecto ameritó que el documento de fs. 9 a 10 vta., sea homologado mediante la Sentencia de divorcio Nº 100/2016, de 15 de junio, de fs. 20 a 21 vta., adquiriendo así la calidad de cosa juzgada conforme consta del Auto de ejecutoria visible a fs. 22; razones de las cuales se tiene que el acuerdo matrimonial de fs. 9 a 10 vta., además de encontrarse salvaguardado por el instituto jurídico de la transacción, también se encuentra resguardado por el instituto jurídico de la cosa juzgada establecida por el art. 1319 del Código Civil.
iii) Con relación al tercer, sexto y décimo quinto punto de impugnación por medio de los cuales se reclama que:
- El Auto de Vista recurrido; primero, carece de motivación, debido a que no definió si el acto de cesión es identificado como una donación desde el punto de vista de los presupuestos constitutivos que señala el art. 655 del Código Civil; segundo, carece de fundamentación, porque no citó los presupuestos legales que sustentan, su decisión de refutar lo que fue tratado en el ámbito familiar en un proceso realizado por la vía civil, como un acto de donación.
- El Tribunal de alzada: primero, sin fundamentación ni motivación, convirtió un acto jurídico bilateral en uno unilateral, transgrediendo el acuerdo regulador de divorcio de fs. 9 a 10 vta., su indivisibilidad y la cosa juzgada que lo resguarda; segundo, viciando con incongruencia interna al Auto de Vista impugnado, admitió como válido el acuerdo regulador de fs. 9 a 10 vta., y la sentencia que lo homologó, para ulteriormente, mutar su contenido sustancial.
- El Auto de Vista recurrido se encuentra viciado de incongruencia interna, debido a que la Sala de apelación, por un lado, afirmó que no existe dispensa de colación; y por otro, reconoció la reducción de alícuotas que supone el reconocimiento del derecho cedido.
Sobre la denuncia de falta de fundamentación y motivación, además de considerarse lo desglosado en el apartado III.1 de la presente resolución judicial, cabe adicionar que; fundamentar no es más que aquella obligación de la autoridad judicial que emite una resolución de citar los preceptos legales, sustantivos, adjetivos, etc., en los que apoya su determinación; y motivar resulta ser el acto de expresar los razonamientos lógicos jurídicos que justifican la decisión, por lo que se considera que en el caso en concreto se ajusta a las hipótesis normativas citadas, explicándose así los móviles que le permitieron al juzgador decidir de una u otra forma, lo cual amerita a los elementos de fundamentación y motivación, como requisitos para la constitución de una resolución de fondo (Auto de Vista), además se constituyen en una garantía jurisdiccional para los justiciables que les otorga seguridad jurídica.
Bajo esa glosa, realizando un examen a la fundamentación expuesta en la Resolución recurrida, se advierte que la Sala de apelación, en el Considerando II, de su decisión, citó reglas sobre derechos de índole constitucional, sustantiva y adjetiva civil, además de jurisprudencia ordinaria, todas ellas sobre el anticipo de legítima (art. 1254 del Código Civil y el Auto Supremo Nº 974/2019, de 24 de septiembre), sobre la sucesión del cónyuge sobreviviente en los bienes propios y en los comunes del causante (art. 1105 del Código Civil), concurrencia del cónyuge con hijos (art. 1103 del Código Civil), la reducción del legado o de la donación de inmuebles (art. 1073 del Código Civil), la colación de bienes inmuebles y muebles (art. 1258 del Código Civil), colación entre herederos forzosos (art. 1255 del Código Civil), de los despachos, títulos y certificaciones públicas (art. 1296 del Código Civil), la eficacia del documento privado reconocido (art. 1297 del Código Civil), alcance de la confesión (art. 156 del Código Procesal Civil), de las clases de confesión (art. 157 de la Ley Nº 439), de los efectos de la confesión judicial (art. 162 del Código Procesal Civil), y de las garantías de la niña, niño y adolescente (art. 60 de la Constitución Política del Estado), los cuales dotan de suficiente fundamentación al Auto de Vista objeto de revisión y que a su vez nos permiten concluir que el fallo recurrido sí pasa el examen de fundamentación que requiere el art. 213.II, num. 3 del Código Procesal Civil en relación con el art. 218.I del mismo cuerpo legal.
Sobre el aspecto motivacional, de una atenta revisión del Auto de Vista recurrido se tiene que la Sala de apelación en el Considerando II, puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, expresó:
Mario Meneses Quintanilla (+), con las facultades que le otorga el art. 1254 del Código Civil, otorgó en anticipo de legítima y cesión los bienes inmuebles que le correspondían, los cuales se encuentran enumerados en la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., en favor de sus 3 hijos nacidos de su primer matrimonio, en el entendido, que el causante (Mario Meneses Quintanilla) no era deudor de sus 3 hijos; transferencia sucesoria inter-vivos que tuvo lugar antes de que se constituya el matrimonio entre el fallecido con María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, según consta del certificado de matrimonio que cursa a fs. 2, en consecuencia, considerando el lineamiento del Auto Supremo Nº 974/2019, de 24 de septiembre, que desglosó el carácter expectaticio de las transferencias en anticipo de legítima, se concluyó, que el 50% de los bienes inmuebles con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694, Nº 1.01.1.99.0000120, Nº 1.01.1.99.0012748 y Nº 1.01.1.99.0035777, continuaron estando dentro del patrimonio del causante Mario Meneses Quintanilla, porque el anticipo de legítima, no resulta ser una transferencia sucesoria definitiva y puede ser objeto de colación, por tanto, de acuerdo con las reglas de los arts. 1103 y 1105 ambos del Código Civil, la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, como cónyuge superviviente, tiene derecho a suceder en una porción igual a la que tienen todos los hijos del de cujus, que llevan los nombres de Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila, Manuel Alejandro Meneses Vaquila y el menor de edad de iniciales JMMI.
El bien mueble con placa de circulación Nº 4690 UPD, es un bien que pertenece a la comunidad de gananciales del matrimonio Meneses-Michel: en principio, debido a que el mismo fue adquirido el 19 de octubre de 2017; seguidamente, porque María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, en el documento de entrega y depósito, que corre de fs. 86 a 87, reconoció que exhibirá el bien inmueble con placa de circulación Nº 4690 UPD “para su ulterior división y partición respetando siempre las alícuotas parte que tuvieren todos los coherederos a la muerte del de cujus Mario Meneses Quintanilla”; y por último, debido a que la demandante mediante de su escrito de apelación de fs. 523 a 536 vta., en el 8º punto de impugnación, reconoció que para nacionalizar el vehículo con placa de circulación Nº 4690 UPD, adquirió varias deudas, como ser el crédito de $us. 17.000, de 18 de enero de 2021, que corre de fs. 85 a 86.
Todos los herederos del fallecido Mario Meneses Quintanilla, deben hacerse cargo de las cargas tributarias que tiene toda la masa hereditaria que se encuentran adquiriendo a prorrata y en la porción que les corresponda, al igual que de las deudas de los 3 vehículos, cuyo monto será determinado en ejecución de Sentencia por la Juez de primera instancia, y sobre las deudas adquiridas para adquirir el vehículo con placa de circulación Nº 4690 UPD, que según confesó María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, a través de su escrito de fs. 523 a 536 vta., solamente asciende a la suma de $us. 17.000, conforme se advierte del documento que corre de fs. 85 a 86, derecho de crédito que al ser obtenido dentro del matrimonio Meneses-Michel, deberá ser cubierto solo en un 50%, a prorrata entre la demandante junto a todos los demandados.
Aspectos de orden conclusivo, aunque no compartido parcialmente por este Tribunal; revisten del elemento motivacional que los Vocales asumieron en el Auto de Vista impugnado, debiendo entender la parte recurrente que tal como se señaló en el punto III.1 de la presente resolución, si bien los justiciables tienen derecho a conocer las razones en las cuales se funda la decisión del Órgano Jurisdiccional, sin embargo, este derecho no implica que las resoluciones sean ampulosas o contengan abundantes citas legales o argumentos reiterativos; al contrario, para que una resolución contenga una debida motivación y fundamentación, sólo basta que las conclusiones sean claras y satisfagan todos los puntos reclamados, aspectos de los que se tiene que la fundamentación y motivación reclamadas por la parte impugnante se tienen por fielmente cumplidas.
Sobre la incongruencia interna, considerando lo desarrollado en el apartado III.3 de la presente decisión donde se estableció que la congruencia interna, se encuentra representada por el hilo conductor que unifica cada uno de los apartados de la Resolución definitiva dotando a la misma de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, los puntos de hecho a probar, su valoración, la interpretación de las normas, las conclusiones y la parte dispositiva; es decir que con este ejercicio lo que se pretende es evitar que, en una misma resolución existan considerandos contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, de una atenta revisión al Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de alzada, al establecer que en el fondo:
El fallecido Mario Meneses Quintanilla otorgó en calidad de anticipo de legítima y cesión los bienes inmuebles que le correspondían; disposición sucesoria que tuvo lugar antes de que se constituya el matrimonio entre este y María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, el 03 de junio de 2017, según se tiene a fs. 2, por ello se concluyó, que el 50% de los bienes inmuebles con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694, Nº 1.01.1.99.0000120, Nº 1.01.1.99.0012748 y Nº 1.01.1.99.0035777, continuaban siendo parte del patrimonio del causante Mario Meneses Quintanilla, por ende, sujetos a colación; en consecuencia, según las reglas del art. 1103 y el art. 1105 del Código Civil, la demandante, como cónyuge superviviente, tiene derecho a suceder en una porción igual a la que tienen todos los hijos del fallecido Mario Meneses Quintanilla. El vehículo con placa de circulación Nº 4690 UPD, es un bien que pertenece a la comunidad de gananciales del matrimonio Meneses-Michel porque el mismo fue adquirido el 19 de octubre de 2017, a su vez María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses en el documento de entrega y deposito, que corre de fs. 86 a 87, reconoció que exhibirá el bien mueble con placa de circulación Nº 4690 UPD: “para su ulterior división y partición respetando siempre las alícuotas parte que tuvieren todos los coherederos a la muerte del de cujus Mario Meneses Quintanilla”, puesto que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, por medio de su recurso de apelación de fs. 523 a 536 vta., en el motivo recursivo Nº 8, indicó que para nacionalizar el vehículo con placa de circulación Nº 4690-UPD, contrajo varias deudas, como ser el crédito de $us. 17.000, de 18 de enero de 2021, que discurre de fs. 85 a 86 (quiso decir visible a fs. 85).
Los herederos del fallecido Mario Meneses Quintanilla, deben hacerse cargo a prorrata de las cargas tributarias que tiene toda la masa hereditaria que se encuentran adquiriendo, pero en la porción que les corresponda: primero, sobre las cargas que tienen todos los bienes inmuebles que forman parte de la masa hereditaria; segundo, sobre las cargas de los 3 vehículos; tercero, sobre el 50 % de la deuda de $us. 17.000 adquirida para obtener el vehículo con placa de control N° 4690-UPD.
Todo ello con el objeto de revocar totalmente la Sentencia Nº 99/2022, de 09 de agosto, que corre de fs. 512 a 521, en el fondo fallar declarando probada en parte la demanda en cuanto a las pretensiones de reducción de alícuotas, reintegro de legítima conjuntamente a la división y partición, e improbada en lo que respecta a la pretensión de exclusión de bien de la división hereditaria.
En consecuencia, se establece que la resolución recurrida sí se encuentra revestida de congruencia interna, porque el Tribunal Ad quem, tras emitir sus votos conclusivos en el Considerando II, puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, optó por la aplicación de revocar la Sentencia de primer grado, aspectos de orden considerativo que generan el hilo de congruencia interna que unifica la parte considerativa-motivadora con la parte dispositiva del Auto de Vista recurrido, aspectos por los cuales, corresponde desestimar los presentes argumentos de impugnación, por lo demás se debe considerar los argumentos de fondo que se expresan en la presente resolución. (…)
vi) Con relación al décimo tercer reclamo expresado por Manuel Alejandro Meneses Vaquila, mediante el cual denuncia que la demandante carece de legítimación, debido a que cuando se celebró el acto jurídico matrimonial Meneses -Michel, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, cuando expresó su voluntad de aceptar a MARIO MENESES como su esposo, admitió también que los bienes consignados en la capitulación matrimonial de 29 de enero de 2016, de fs. 9 a 10 vta., no eran propiedad del causante Mario Meneses Quintanilla, aspecto que se constituye en una acción voluntaria que se enmarca como un acto propio según el Auto Supremo Nº 327/2017, de 30 de marzo, situación que acredita la falta de legitimación, en el hecho que la demandante Maria del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses contrajo matrimonio con el fallecido Mario Meneses Quintanilla, sabiendo de la unión conyugal Meneses-Michel y sus emergencias de disposición patrimonial.
Sobre este este aspecto; en principio, de una atenta revisión de los datos del proceso, este despacho de casación no advirtió ningún acto jurídico, en el cual la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses haya hecho mención que: “acepto a MARIO MENESES como mi esposo”; concluyendo, al ser inexistente la documental que lleva en su contenido esta declaración, le corresponde a este Tribunal de casación desestimar el presente reclamo al encontrarse sustentado en actuaciones inexistentes. Sobre los escritos de respuestas.
vii) Sobre el punto 1 expresado por el menor de iniciales JMMI representado Jorge Abel Pérez Arcienega, se determina que esta tesis resulta incierta, puesto que conforme consta en el Auto Supremo de Admisión Nº 651/2023-RA, de 12 de julio, que corre de fs. 895 a 897, los recursos de casación propuestos por Manuel Alejandro Meneses Vaquila, Claudia Alejandra Meneses Vaquila e Iveth Aracely Meneses Vaquila, cursantes de fs. 771 a 798 y de fs. 800 a 813, sí cuentan con agravios de forma y de fondo, que posibilitaron su admisión, para que ulteriormente sean conocidos en el fondo, por este despacho de casación.
viii) Sobre el punto 2 expresado por el menor de iniciales JMMI representado por Jorge Abel Pérez Arcienega, preliminarmente, el recurrente debe de entender que cuando se trata conflictos de competencia en razón de materia, los mismos son de orden público, en consecuencia, no son susceptibles de convalidación, resultando desacertada la tesis de contradicción expuesta por la parte codemandada.
No obstante, debe considerar que el aspecto competencial “del Juez Civil para conocer ciertos temas familiares” ya se encuentra dilucidado específicamente en el apartado IV, del primer Auto Supremo Nº 145/2023, de 13 de febrero, que corre de fs. 685 a 694, por ello, corresponde que el menor de iniciales JMMI representado Jorge Abel Pérez Arcienega, se someta a los criterios expresados en el fallo supremo de referencia.
ix) Sobre el punto 3 expuesto por el menor de iniciales JMMI representado Jorge Abel Pérez Arcienega, principalmente cabe traer a colación los criterios expresados en el apartado III.4 de la presente resolución por medio de la cual se explicó que al ser el contrato de arrendamiento un negocio jurídico regido por el tiempo, cuya característica hace que este tipo de contratos ingrese en la categoría de los contratos de tracto sucesivo; debido a que en estos contratos, las obligaciones de las partes o de una de ellas, se encuentran supeditadas a un cierto espacio y tiempo, requiriéndose para que supervivan actos jurídicos de confirmación.
En ese sentido, si bien en la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., se advierte que los exconsortes Meneses-Michel, hicieron constar que: “…la señora MATILDE VAQUILA CONDO de este inmueble recibe por concepto de alquiler la suma de Bs. 23300 (…), monto que es destinado exclusivamente a las deudas bancarias que se señala en la cláusula CUARTA…” (ver cita a fs. 9 vta.).
No obstante, el contrato de arrendamiento, mencionado en la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., se constituye en un contrato de tracto sucesivo que se encuentra regido por el tiempo y la confirmación que realicen sus suscribientes; entonces, siendo que el menor representado por Jorge Abel Pérez Arcienega, no cumplió con su deber de probar que el contrato de arrendamiento que generaba un canon de Bs. 23.300 haya mantenido su eficacia hasta pagarse los pasivos de $us. 174.000 (acreencia del Banco de Crédito de Bolivia) y de Bs. 110.000 (acreencia del Banco Los Andes Procredit), según el art. 136.II de la Ley Nº 439, siendo que por falta de prueba ni siquiera se estableció si este canon de arrendamiento es mensual o anual, para actuar en su mérito, por ello, corresponde desestimar la presente tesis.
Al margen de ello se debe considerar que el monto de Bs. 23.300 que Matilde Vaquila Condo recibe por arrendamiento; se encuentra regido por las reglas de la relatividad, por ser mutable en cualquier momento, no resulta proporcional para pagar todos los pasivos adquiridos por la sociedad Meneses-Vaquila. x) Sobre el punto 1 expuesto por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, refiriendo que el Auto de Vista recurrido actuó en resguardo de los derechos del indefenso niño de iniciales JMMI (edad 6 años), que se encuentra en pobreza extrema, quien es hijo de su fallecido esposo Mario Meneses Quintanilla; se debe entender que conforme lo establece el art. 40.II del Código de las Familias y del proceso Familiar: “…II. En caso de fallecimiento o declaración de fallecimiento presunto de la madre o del padre, la o el sobreviviente ejerce la autoridad sobre las y los hijos…” regla de derecho, que nos permite advertir que la autoridad sobre el menor en caso de fallecimiento de la madre o del padre, recae en el progenitor superviviente.
En la especie, al haber fallecido el progenitor Mario Meneses Quintanilla, el 07 de septiembre de 2020, según consta del certificado de defunción que corre a fs. 1, de acuerdo al art. 40.II de la Ley Nº 603, la autoridad del menor de iniciales JMMI, recae en su progenitora, Marlene Judith Isla Arando (ver certificado de nacimiento a fs. 298), aspectos de los que se tiene, que la única que puede reclamar los derechos del menor de iniciales JMMI es la referida ciudadana, en consecuencia, este Tribunal determina que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, carece de legitimación de proponer cualquier tipo de aseveración en nombre del menor, resultando improcedente esta observación.
xi) Sobre el punto 2 expresado por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, que el demandado tuvo la oportunidad asumir cuanta acción legal hubiere sido considerada pertinente con el objeto de evitar que un Juez en materia civil conozca la presente causa, no obstante, estos aspectos de defensa no fueron realizados, más aún si se considera que por medio de la presente contienda judicial no se modificó ningún documento, simplemente se ejercitó y dio cumplimiento a su derecho sucesorio; entonces, siendo que la presente contienda no fue conocida por la jurisdicción penal o agroambiental no existe usurpación de funciones; en principio, se debe de considerar que la incompetencia en razón de materia es inconvalidable e inconfirmable, no obstante, se debe de considerar que el aspecto competencial “del Juez Civil para conocer ciertos temas familiares” ya se encuentra dilucidado específicamente en el apartado IV, del primer Auto Supremo Nº 145/2023, de 13 de febrero, que corre de fs. 685 a 694, por ello, corresponde que la demandante, se someta a los criterios expresados en el fallo supremo de referencia.
xii) Sobre el punto 3, 4, 7 y 9 expuestos por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, mediante los cuales expresa que:
- No existió ninguna disposición por parte de Mario Meneses Quintanilla, puesto que cualquiera sea debia realizarse según las reglas del art. 177 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, entonces, de estos aspectos se tiene que el documento privado de capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., no fue una disposición realizada bajo los parámetros del art. 177 de la Ley Nº 603, así también arguyó que, si bien Matilde Vaquila Condo asumió las cargas de la sociedad Meneses-Vaquila de $us. 174.000 y de Bs. 110.000, consignadas en la cláusula cuarta de la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., no lo hizo a cambio de ningún bien inmueble o alguna transacción sobre los bienes litigados, sino lo hizo porque percibía montos de alquiler por el bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694 (otorgado en anticipo de legítima), deudas que a la fecha se encuentra pagadas.
- Como el causante fallecido Mario Meneses Quintanilla nunca fue considerado como deudor de sus hijos Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Alejandra Meneses Vaquila y Manuel Alejandro Meneses Vaquila, se tiene que en el ámbito familiar no sucedió ningún acto de cesión, que merezca ser considerado en el presente caso.
- Mediante el documento que corre a fs. 59 se logra acreditar que el fallecido Mario Meneses Quintanilla, continuaba siendo propietario, del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777. - Como Matilde Vaquila Condo, no es parte en el proceso sus derechos no pueden ser considerados en esta causa; asimismo, estos no se encuentran afectados, puesto que solamente se está debatiendo el 50% de los cuatro bienes inmuebles. En principio, si bien es cierto que la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., no se encuentra inserta dentro de una escritura pública y no se constituye en un acto de cesión jurídica, no obstante, según las reglas de la transacción determinada en el apartado III.1 de la presente decisión judicial, por medio del cual se determinó que cuando el progenitor fallecido Mario Meneses Quintanilla transfirió, por medio de la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120; el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748; y el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos de apellidos Meneses Vaquila, a cambio de que la progenitora Matilde Vaquila Condo asuma y pague los créditos de $us. 174.000 obtenidos del Banco de Crédito de Bolivia y de Bs. 110.000 adquiridos del Banco Los Andes Procredit (ver cláusula cuarta del acuerdo de fs. 9 a 10 vta.).
Se tiene que Mario Meneses Quintanilla (+) celebró una transacción familiar con Matilde Vaquila Condo, la cual es completamente permisible según el Auto Supremo Nº 36/2020, de 20 de enero, que causa estado entre las partes que participaron en la acuerdo transaccional y entre sus sucesores, según establece a su vez el art. 949 del Código Civil, por ello, la parte demandante debe entender que debido a que el 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Nº 1.01.1.99.0000120; Nº 1.01.1.99.0012748; y Nº 1.01.1.99.0036777, no llegaron a formar parte del patrimonio del fallecido, cuando ocurrió su sensible deceso, estos tres bienes inmuebles, no pueden ser traídos a colación (como obligación) de los coherederos Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila y Manuel Alejandro Meneses Vaquila, en favor los coherederos María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses y el menor de iniciales JMMI representado legalmente por Jorge Abel Pérez Arcienega, para su ulterior división y partición, como pretende la demandante.
Asimismo, resulta imperioso referenciar los criterios expresados en el punto III.4 de la presente decisión por medio de la cual se explicó que al ser el contrato de arrendamiento, un negocio jurídico regido por el tiempo, que ingresa en la categoría de los contratos de tracto sucesivo; debido a que en este tipo de contratos, las obligaciones de las partes o de una de ellas, se encuentran supeditadas a un cierto espacio y tiempo, requiriéndose para que supervivan actos jurídicos de confirmación.
En ese sentido, si bien en la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., se advierte que los exconsortes Meneses-Michel, hicieron notar que: “…la señora MATILDE VAQUILA CONDO de este inmueble recibe por concepto de alquiler la suma de Bs. 23300 (…), monto que es destinado exclusivamente a las deudas bancarias que se señala en la cláusula CUARTA…” (ver cita del contrato visible de fs. 9 a 10 vta.).
No obstante, el contrato de arrendamiento, mencionado en la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., se constituye en un contrato de tracto sucesivo, que se encuentra regido por el tiempo y la confirmación que realicen sus suscribientes; en cuyo mérito, debido a que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, incumplió con su deber de probar que con el fruto de este contrato de arrendamiento de Bs. 23.300, se pagó el pasivo de $us. 174.000 en favor del Banco de Crédito de Bolivia y el crédito de Bs. 110.000 en favor del Banco Los Andes Procredit, según el art. 136.II de la Ley Nº 439, corresponde desestimar los presentes planteamientos, puesto que tanto lo expresado en la cláusula tercera del canon de arrendamiento destinado a pagar las deudas de la cláusula cuarta y el documento a fs. 59 sirven para enervar el valor probatorio de un acuerdo transaccional que según el art. 949 del Código Civil surte los mismos efectos entre las partes y sus sucesores que la cosa juzgada.
xiii) Respecto al punto 5 expresado por Maria del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses basado en que no existe quebrantamiento del art. 362.I del Código Procesal Civil ni del art. 69 num. 11 de la Ley Nº 025, debido a que este Tribunal cuando emitió el Auto Supremo Nº 145/2023, de 13 de febrero, solucionó de forma pertinente los conflictos materiales sobre la falta de competencia de un Juez civil; este aspecto resulta evidente, por ello se debe tener presente los argumentos expuestos en el punto iv, del apartado IV, fundamentos de la presente resolución.
xiv) Con relación al punto 6 expresado por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses que al haberse disuelto el matrimonio Meneses-Vaquila, con la Sentencia de divorcio Nº 100/2016, conforme consta de fs. 220 a 221 vta., se tiene que como efecto que no se podría hablar de bienes comunes del matrimonio Meneses-Vaquila, según las reglas del art. 177, 198 y 199 de la Ley N° 603, aspectos por los cuales se tiene que Mario Meneses Quintanilla sí era propietario del 50% de los cuatro bienes inmuebles dados en anticipo de legítima y cesión; la parte recurrente debe entender que el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120, del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748 y del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, fueron sujetos a una transacción familiar por los exconyuges Meneses-Vaquila mediante el acuerdo matrimonial de fs. 9 a 10 vta., en consecuencia, este documento se encuentra salvaguardado con todo el peso del art. 949 del Código Civil.
xv) Con relación al punto 8 expresado por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses basado en que no existe ninguna norma o jurisprudencia señalando que la fecha de matrimonio se constituye en el inicio del derecho sucesorio de su persona como cónyuge heredera supérstite, más al contrario la sucesión hereditaria de María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses se encuentra consagrada en el art. 56.III de la Constitución Política del Estado, puesto que por su sola condición de cónyuge la Ley le otorga su derecho sucesorio, legitimidad y capacidad para todos los actos inherentes a este derecho; se debe tener presente que en el Auto Supremo Nº 145/2023, de 13 de febrero, de fs. 685 a 694, ya se resolvió esta temática, por ello se debe tener presente los criterios expuestos en el fallo supremo de referencia.” (fs. 462 a 481).
Acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN La parte accionante alega que dentro del proceso civil de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia que inició María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -ahora también impetrante de tutela- en casación, los Magistrados ahora demandados pronunciaron el Auto Supremo 819/2023 de 16 de agosto, casando el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 de 15 de mayo, declarando improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima, respecto al 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 por la transacción advertida; no obstante, en su emisión: a) Se lesionó el derecho al debido proceso sustantivo con afectación del derecho a la igualdad sustantiva, a la prohibición de discriminación y al principio de interés superior del niño, por cuanto, la decisión carece de razonabilidad al generarse un trato discriminatorio entre el menor NN -que se encuentra en condiciones de múltiples vulnerabilidad- y sus hermanos paternos, al denotarse que las autoridades judiciales demandadas: a.1) Señalaron que existe una cesión de bienes de Mario Meneses Quintanilla a los tres hijos concebidos durante el matrimonio de Matilde Vaquila Condo, excluyendo del análisis al menor NN que debe ser tratado en igualdad de condiciones que los hijos matrimoniales, quien era parte del proceso civil y que en el momento de la cesión estaba en gestación; a.2) No consideraron que al momento de la muerte del de cujus se hizo efectivo el seguro de desgravamen; por lo que, el pago de la deuda incrementó el acervo hereditario únicamente de los tres hijos matrimoniales, excluyendo de cualquier beneficio al menor NN; a.3) Hicieron mención al “acuerdo transaccional-familiar”, para posteriormente señalar que la finalidad de los bienes gananciales es asegurar la solvencia económica de los hijos; sin embargo, únicamente se refiere a una “misma familia” que solo comprende a los hijos concebidos en el matrimonio del de cujus sin tener en cuenta las familias diversas; a.4) Manifestaron que el “acuerdo transaccional” de “26 de febrero de 2016” fue homologado por autoridad judicial, por lo que, se encontraría salvaguardado por el instituto de la cosa juzgada establecida por el art. 1319 del CC, con lo que se benefició de la legítima únicamente a los hijos matrimoniales excluyendo al menor NN del derecho a suceder pese a que al momento de la cesión estaba en gestación, omitiendo aplicar enfoques diferenciados a efecto de brindarle una protección reforzada, que impediría consolidar la cosa juzgada de un acto discriminatorio, debiendo interpretarse el art. 949 del CC, en el marco de un enfoque interseccionalidad y todos los estándares de protección reforzada de la niñez; y, b) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: b.1) No se explicó el por qué se apartaron de los estándares más altos de protección de los niños, niñas y adolescentes como lo son la protección reforzada en el marco del interés superior del niño; b.2) Se omitió utilizar el test de razonabilidad y de proporcionalidad; b.3) No se analizó la normativa respecto a la concepción de familias diversas -art. 2 del CFPF-, y de colación, división y partición de bienes en el marco de la garantía de igualdad y prohibición de discriminación, omitiendo motivar su razonamiento a la luz de la igualdad sustantiva y de la prohibición de discriminación; b.4) No se fundamentó en coherencia con estándares más altos de protección de niñas, niños y adolescentes y a la luz del interés superior del niño, las razones para omitir considerar el seguro de desgravamen que cubrió las deudas del de cujus; b.5) No se motivó el pago de alquileres devengados por la cesión de los bienes que favorecieron exclusivamente a los hijos concebidos por el de cujus; b.6) No explicaron las razones por las cuales no analizaron que el menor NN estaba en gestación en el momento de la cesión de los bienes realizada por su padre a favor únicamente de sus hijos concebidos durante el matrimonio con Matilde Vaquila Condo; y, b.7) Omitieron justificar si el Acuerdo Transaccional de “26 de febrero de 2016” es compatible con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, considerando que excluye a un ser en gestación y que brinda un trato discriminatorio. Acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila La parte peticionante de tutela denuncia al emitirse el Auto Supremo 819/2023 los Magistrados ahora demandados vulneraron sus derechos: 1) A la propiedad, ya que se suprimió su derecho propietario respecto al 50 % del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 mismo que también fue cedido en la “capitulación transaccional”, el cual fue homologado y adquirió calidad de cosa juzgada, alterándose su consentimiento; 2) A la “seguridad jurídica” y cosa juzgada vinculado al debido proceso ya que no se consideró los antecedentes del proceso ni se verificó que el bien inmueble (con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694) sobre el cual emitió su decisión ya tenía una situación jurídica definida dentro de un proceso familiar que adquirió calidad de cosa juzgada sustancial, por lo que, los Magistrados ahora demandados carecerían de competencia, y por ello, el Auto Supremo 819/2023 estaba sancionado con nulidad conforme lo previsto en el art. 122 de la CPE; 3) Al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, por cuanto, se restringió el derecho a la defensa de quienes intervienen en el “acuerdo transaccional”, al no darse el valor de cosa juzgada desechando la verdad material, sin importar que el bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 fue parte del indicado “acuerdo” ; y, 4) Al debido proceso en su vertiente congruencia, por cuanto, las autoridades judiciales ahora demandadas “intentan” un reintegro de legítima, reducción, colación del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 que fue incorporado en el “acuerdo transaccional” y por ende en la comunidad de gananciales “Meneses-Vaquila”; no obstante, solo consideran los activos o beneficios sin atender deliberadamente los pasivos que forman parte determinante del “acuerdo regulador”. Acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses La parte accionante denuncia que al emitir el Auto Supremo 819/2023 los Magistrados ahora demandados, incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: i.a) En el Auto Supremo 819/2023 no se explicó las razones por las que no se aplicó los arts. 1254, 1255 y 1105 del CC, que fueron invocados por el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023; i.b) De manera expresa se manifestó que las disposiciones acordadas por Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo no pueden ser consideradas actos de donación, de liberalidad y de anticipo de legítima, porque, la cesión se encontraba condicionada al pago de una deuda; sin embargo, conforme los arts. 1437 y 1443 del CC; y, la cesión es un instituto que se caracteriza porque no origina propiedad, se constituye para pagar una deuda y no es definitiva, aspectos que no fueron considerados apartándose de los mismos sin mayor motivación; i.c) De manera arbitraria y sin justificación se exigió carga probatoria respecto a los cánones de alquileres; i.d) Se incurrió en una insuficiencia argumentativa respecto al seguro de desgravamen que cubre todas las deudas del de cujus, y que se constituye en una obligación impuesta por la normativa financiera vigente; por lo que, el razonamiento de las autoridades judiciales ahora demandadas es contra la ley, al exigir arbitrariamente una carga probatoria innecesaria, desproporcional e impertinente; i.e) No se explicó porque a la transacción familiar no se aplica la regla jurídica contenida en el art. 177 del CFPF, además, tampoco se manifestó porque el Auto Supremo 36/2020 de 20 de enero, sería aplicable a su caso y si el problema jurídico que surgió, generó la aplicación del precedente; y, i.f) Sin mayor explicación ni fuente probatoria, y de manera inmotivada y arbitraria establecieron que su persona admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida, sin explicar ni justificar su decisión en prueba objetiva; sin embargo, los actos consentidos no pueden ser inferidos ni pueden ser criterios subjetivos de las autoridades judiciales, quienes tienen la carga de sustentar sus argumentos cuando consideren que existe un acto consentido; y, ii) Se conculcó el derecho al debido proceso por afectación del principio de verdad material por cuanto, las autoridades judiciales ahora demandadas omitieron aplicar el principio de verdad material ya que únicamente se refirieron a la “Carta Notariada”; sin embargo, en ningún momento se justificó su alcance y valor jurídico, cuando en dicha “Carta” se evidencia la voluntad libre y espontánea de Mario Meneses Quintanilla quien estaba consciente y seguro de que jamás transfirió su derecho propietario ya que expresamente declaró y afirmó tener la titularidad sobre uno de los bienes dados en cesión y otorgados en anticipo de legítima. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Sobre los enfoques de derechos humanos. Especial mención a los enfoques diferencial e interseccional; b) El debido proceso sustantivo. Génesis y características esenciales; c) El derecho a la igualdad y no discriminación; d) Respecto al interés superior del niño; e) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; f) El derecho a la propiedad privada y su contenido esencial; g) La revisión de la prueba en sede constitucional; y, h) Análisis del caso concreto.
En lo concerniente al presente punto, la SCP 0562/2019-S2 de 17 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2. de manera expresa sostuvo:
…la Corte IDH fue desarrollando criterios específicos respecto a los diversos grupos poblacionales que forman parte del catálogo establecido en el art. 1.1. de la CADH, señalando que de las obligaciones generales establecidas para los Estados Partes, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, pudiendo establecer distinciones, que se constituyan en instrumentos para el resguardo de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de la mayor o menor debilidad o desvalimiento; por ejemplo, las normas que disponen que los menores de edad no pueden ser recluidos conjuntamente con las personas mayores de edad.
En este contexto, la Corte IDH en el transcurso del tiempo, fue desarrollando entendimientos sobre el trato diferenciado que deben recibir ciertos grupos poblacionales, indicando: a) Una violación del derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante el impacto desproporcionado de normas, acciones, políticas u otras medidas que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables; ante lo cual, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas; b) Tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva; y, c) Asimismo, fue desarrollando un trato diferencial ante discriminaciones por el sexo o género, por la orientación sexual, por la edad, por la situación social -al formar parte de grupos migrantes, indígena originario campesinos, entre otros-.
En ese sentido, la Corte IDH fue estableciendo en su desarrollo jurisprudencial, que los Estados Partes en todos sus niveles, tiene la obligación de priorizar el enfoque de los derechos humanos, a efectos de adoptar perspectivas o enfoques diferenciados para tratar los asuntos relacionados con personas en situaciones de vulnerabilidad… (…)
En ese contexto, surgen dos enfoques -entre otros-: el diferencial y el interseccional, que permiten analizar las características propias de los referidos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, para poder aplicar estándares internacionales y nacionales de protección reforzada de sus derechos humanos; toda vez que, las personas que forman parte de estos segmentos, por sus circunstancias de pobreza, origen cultural, estado de salud, edad, género, discapacidad o privación de libertad, se encuentran en situación de mayor indefensión para hacer frente a la violencia y otros problemas de vida, no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades -incluso básicas- y están en desventaja frente al ejercicio pleno de sus derechos y libertades; lo cual, los hace más vulnerables a la lesión de sus derechos; por ello, el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos, empoderarlos, respetando y garantizando sus derechos; pues, en muchos casos, los desconocen e ignoran los medios para hacerlos prevalecer, y/o carecen de recursos para acudir ante el Órgano Judicial.
En este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, frente a causas donde intervengan personas que formen parte de estos grupos de atención prioritaria por su condición de vulnerabilidad, debe adoptar enfoques y estándares de protección de los derechos humanos con perspectiva diferencial y, si corresponde, interseccional, a efectos de cumplir con la obligación de respetarlos y garantizarlos, asumida por el Estado boliviano al formar parte de los países que componen la Organización de los Estado Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, corresponde establecer las características de ambos enfoques de derechos humanos, tal cual serán analizados a continuación:
El enfoque diferencial es una perspectiva basada en derechos humanos y sostenida en el art. 14.II de la CPE[27], que permite: i) Identificar a los titulares de derechos de grupos poblacionales que por su condición de mujeres, niños-niñas-adolescentes, adultos mayores, indígena originario campesinos, personas con discapacidad, enfermos terminales, entre otras categorías, históricamente fueron sometidos a escenarios de violencia, subordinación, exclusión o discriminación, que les afectó de forma desproporcionada y diferente respecto al resto de la población; ii) Reconocer las particularidades, las diversas realidades y necesidades que enfrentan las personas debido a la edad, género, cultura, discapacidad, orientación sexual entre otros factores; iii) Reconocer los derechos a la igualdad y a la no discriminación de estos grupos de población; iv) Reforzar la responsabilidad del Estado -a través de sus agentes administrativos y judiciales- de reconocer, proteger, garantizar y satisfacer estos derechos, a través de acciones afirmativas y respuestas positivas distintivas para cada grupo poblacional específico frente a sus problemáticas sociales; que propendan a la inclusión social, a una atención preferencial y prioritaria, a la supresión de la subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica; al tratamiento y reparación integral de las víctimas de violencia o de un factor de discriminación; y, v) Integrar normas, estándares y principios de los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos en las políticas, programas y procesos estatales, así como en la administración de justicia constitucional y ordinaria, a favor de estos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad -debilidad o indefensión- o vulneración -lesión-.
Consiguientemente, el enfoque diferencial para la administración de justicia ordinaria y constitucional, es una herramienta que permite, por una parte: analizar la existencia de vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, de quienes forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad, debido a que por su edad, género, discapacidad, enfermedad o cultura se encuentran sometidos a factores de discriminación o violencia; y por otra, posibilita materializar sus derechos fundamentales, aplicando principios y estándares nacionales e internacionales reforzados de protección, por las condiciones adversas y desventajosas respecto al resto de la población, de donde surge además, el reconocimiento del derecho a la atención preferencial y diferencial con criterios y acciones de equidad que tienden a compensar la situación de indefensión en la que se encuentran.
Ahora bien, cada uno de estos grupos poblacionales tienen sus propias características y peculiaridades que los diferencian respecto a los demás; para los cuales, se generaron perspectivas diferenciales con enfoques específicos, sustentados en principios y estándares diseñados según sus particularidades, citando como ejemplo los siguientes enfoques diferenciales:
a) El enfoque de género permite analizar las categorías sospechosas de discriminación o violencia vinculadas al sexo/género, la orientación sexual y la identidad de género.
La administración de justicia, debe aplicar la perspectiva de género cuando en los procesos judiciales o administrativos intervengan o estén involucradas mujeres o personas con diversa orientación sexual o identidad de género; más aún, cuando se advierte la existencia de relaciones asimétricas de poder que colocan a estos grupos poblacionales en situación de marginación, vulnerabilidad o discriminación basada -se reitera- en el sexo, género u orientación sexual.
b) El enfoque intercultural permite analizar las categorías sospechosas de discriminación o violencia vinculadas con miembros de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), comunidades interculturales y afrobolivianas.
Cuando en un proceso judicial o administrativo intervienen las NPIOC, comunidades interculturales y afrobolivianas, las autoridades deben realizar interpretaciones con enfoques de pluralidad e interculturalidad, en el marco de sus características, principios, valores y cosmovisiones.
c) El enfoque diferencial para el tratamiento de personas con discapacidad, permite analizar las categorías sospechosas de discriminación o violencia vinculadas con aquellas personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, que les impide su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. d) El enfoque generacional permite analizar las categorías sospechosas de discriminación o violencia vinculadas con la edad, encontrándose dentro de este grupo poblacional, los adultos mayores, las niñas, niños y adolescentes, reconociendo sus condiciones de vida y formas de ver el mundo, a efectos de garantizar sus derechos fundamentales.
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar las vulneraciones a los derechos, en especial a la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación, que se entrecruzan e influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, que se interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación.
En lo concerniente al presente punto, la SCP 0683/2013 de 3 de junio, en su Fundamento Jurídico III.5 sostuvo que:
A diferencia del derecho al debido proceso adjetivo, que resguarda la observancia de los presupuestos y formas procesales esenciales a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, para lograr así un proceso formalmente válido, el debido proceso en su dimensión sustantiva, está vinculado con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder y en particular de las sentencias judiciales, principios rectores que aseguran la proscripción de decisiones arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho, aspecto ya desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo.
En el marco de lo mencionado, el tratadista Linares, citando a Cossio, señala que en axiología jurídica se habla de razonabilidad cuando se busca el fundamento de los valores específicos del plexo axiológico: solidaridad, cooperación, poder, paz, seguridad y orden y se lo halla en el valor de totalidad llamado justicia.
Asimismo, Linares, citando a Pound, indicó lo siguiente: “El debido proceso no es una concepción abstracta de la que se pueda extraer conclusiones absolutas…aplicables en todo tiempo y lugar. Es pues, un estándar para guiar al tribunal, y el estándar debe aplicarse según las circunstancias especiales de tiempo, de lugar y de opinión pública donde el acto tiene efecto”.
De lo expuesto de lo mencionado, debe colegirse que en su faceta sustantiva, el debido proceso se configura como un estándar de justicia que en resguardo del principio constitucional de prohibición de ejercicio arbitrario de poder, en cuanto a las sentencias judiciales, asegura la prevalencia del principio de razonabilidad y por ende de los valores justicia e igualdad, para consolidar así el vivir bien en el Estado Plurinacional de Bolivia, razón por la cual, en teoría constitucional, se identifica al debido proceso sustantivo como “una regla del equilibrio conveniente o de racionalidad de las relaciones sustanciales.
Por lo expuesto y en una reconstrucción histórica que evidencie la génesis de este derecho, es decir en aplicación del método constitucional de derecho denominado histórico-dogmático, debe señalarse que los antecedentes históricos de este derecho se remontan al derecho norteamericano, en ese orden, es pertinente precisar que el debido proceso en la Constitución de Estados Unidos de América, está reconocido en la quinta enmienda y en la enmienda decimocuarto, que introduce la garantía de igualdad, previsiones a partir de las cuales se entiende que los jueces en este contexto, deben preservar las garantías del proceso y aplicar la garantía de razonabilidad en cada una de las decisiones adoptadas, siendo ésta la fuente del debido proceso adjetivo y sustantivo.
Además, es importante precisar que en el derecho anglosajón, a través de la frase due process of law que es una variación de la contenida en la Carta Magna inglesa de 1215 per legem terrae, by the law of thel and, se ha desarrollado un alcance no sólo procesal sino también sustantivo del debido proceso.
Así, en esta remembranza, es importante señalar que en Estados Unidos de América, la Corte Federal, estableció el concepto del debido proceso en sus dos facetas: a) Due process procesal, en virtud de la cual, ningún órgano judicial puede privar a las personas de vida, libertad o propiedad, a excepción que tenga oportunidad de alegar y ser oída; y, b) Due process sustantivo, en virtud del cual, el Gobierno no puede limitar o privar arbitrariamente a los individuos de ciertos derechos fundamentales contenidos en la Constitución.
Más allá del reconocimiento jurisprudencial en Estados Unidos de América del debido proceso sustantivo, es imperante indicar que este también ha sido reconocido en países vecinos como Perú y la República Argentina.
En efecto, el Tribunal Constitucional de Perú, ha consagrado a través de su jurisprudencia tanto la dimensión adjetiva como sustantiva del debido proceso, así esta última faceta, ha sido desarrollada de manera específica en los expedientes 0766-2000-aa; 1221-2000-aa; 1147-2000-aa y 924-2000-aa; 895-2000-aa; 675-97-aa; 993-97-aa; 439-99-aa; 3075-2006 aa y recientemente, esta doctrina fue plasmada también en el expediente 3906-2011 aa.
De la misma forma, la Corte Suprema Argentina, ha desarrollado la faceta sustantiva del debido proceso, a través de los fallos 243-473; 300-642; 319-2151; 316-3104; 317-756; 319-3241; 321-3081, entre otros.
Lo expuesto precedentemente, evidencia la interpretación en derecho comparado progresiva del derecho al debido proceso, elemento que debe ser considerado para un reconocimiento en el Estado Plurinacional de Bolivia del derecho al debido proceso sustantivo, pero a la luz de las características del Estado Constitucional de Derecho enmarcado en el modelo de estado asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia, tal cual se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
De acuerdo a lo señalado, se colige que en el Estado Plurinacional de Bolivia, la dimensión material del debido proceso en cuanto a sentencias judiciales, exige que éstas, sean justas y aseguren el valor igualdad, aspecto que las tornará razonables y respetuosas del bloque de constitucionalidad imperante, en ese contexto, la inobservancia de los valores plurales supremos por parte de sentencias judiciales, deberá ser tutelada a través de la acción de amparo constitucional disciplinada en el art. 128 de la CPE.
De lo expresado precedentemente, se concluye que el derecho al debido proceso en su dimensión sustantiva se vincula con los principios de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de una autoridad especialmente decisiones judiciales, asegurando la prohibición de decisiones arbitrarias contrarias al Estado de Derecho. La dimensión sustantiva del debido proceso se configura como un estándar de justicia que en resguardo del principio de prohibición de ejercicio arbitrario del poder garantiza la prevalencia de los principios de razonabilidad e igualdad para consolidar el “vivir bien”.
Asimismo, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional refiriéndose a los fundamentos constitucionales del control de razonabilidad manifestó:
El control de razonabilidad a través del amparo constitucional contra sentencias judiciales, en el Estado Constitucional de Derecho, tiene la finalidad de resguardar la materialización de valores plurales y principios rectores esenciales del orden constitucional, para consolidar así el fin esencial del Estado: El vivir bien.
En el marco de lo indicado, debe precisarse que los valores plurales referentes a la justicia e igualdad, son inmanentes al vivir bien como valor plural supremo integrador del orden constitucional vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Por lo expuesto, deberá entenderse que será razonable toda decisión judicial compatible al bloque de constitucionalidad imperante, en cuanto su contenido sea acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto que constituye un límite objetivo a las decisiones arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho.
Por lo mencionado, debe además precisarse que éste control de razonabilidad, debe ser realizado prima facie por las autoridades jurisdiccionales y en caso de no restitución del derecho al debido proceso sustantivo en cuanto a su razonabilidad, deberá ser tutelado por el Tribunal Constitucional Plurinacional como último y máximo garante de los derechos fundamentales, a través de pautas específicas para su aplicación, las cuales serán desarrolladas en el siguiente acápite.
En ese sentido, la finalidad del control de razonabilidad es resguardar la materialización de valores plurales principios rectores esenciales del orden constitucional, tales como la justicia y la igualdad para consolidar el fin esencial del vivir bien, siendo este control una herramienta que establece un límite objetivo a las decisiones judiciales arbitrarias al requerir que éstas sean compatibles con el bloque de constitucionalidad, debiendo ser aplicado en primera instancia por las autoridades jurisdiccional y en caso de incumplimiento será tutelado por el Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo garante de los derechos fundamentales.
Al respecto, la Constitución Política del Estado, en su art. 8.II establece que la igualdad se constituye en uno de los valores que sustenta el Estado. Asimismo, el art. 14 de la Norma Suprema prevé que:
razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona (negrillas agregadas). Ahora bien, la igualdad no solo se encuentra reconocido en nuestra legislación doméstica sino también se halla prevista en varios instrumentos internacionales; así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su art. 26 establece que:
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualesquier otra condición social (negrillas añadidas).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en su art. 7 también instituye que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (negrillas incorporadas).
Por su parte, la SCP 0029/2013 de 4 de enero, efectuando un desarrollo del derecho a la igualdad, sostuvo que:
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se ha referido a la igualdad; así, la SC 83/2000 de 24 de noviembre, sobre la igualdad establece: “…En primer lugar, debe tomarse en cuenta que la igualdad, en su genuino sentido, no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad, pues respecto de estas, la norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato diferente para circunstancias no coincidentes, lo que significa que la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En segundo término porque precisamente, sobre esa base de interpretación del principio de igualdad es que se justifica una atención especial y prioritaria en el sorteo y resolución de los expedientes de aquellos procesos penales con procesados privados de su libertad… (las negrillas son nuestras).
En esa línea la SC 0022/2006 de 18 de abril, determina: “…el principio de igualdad, cuya proclamación constituye la garantía de no discriminación por razones de 'raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera'; texto constitucional del cual se extrae una precisa enunciación de las causas por las que no se puede generar discriminación, así como un mandato abierto que proyecta la prohibición de discriminación a un alcance casi absoluto, de tal modo que nadie puede ser discriminado por motivo alguno que no sea justificado; al mismo tiempo, el principio de igualdad, en un sentido acorde con el estado social y democrático de derecho, que consagra el deber estatal de equilibrar las diferencias sociales, tiene una naturaleza que lo proyecta como un mecanismo de equilibrio; por ello en la DC 0002/2001, de 8 de mayo, se estableció lo siguiente: '(...) el derecho a la igualdad consagrado en el art. 6 de la Constitución Política del Estado, exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales,; siempre que ello obedezca a una causa justificada, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho y la situación de las personas, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta. Conforme a esto, el principio de igualdad protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales; predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta (...)'; razonamiento que ha consolidado el nuevo Estado Social y Democrático de Derecho, proclamado por las normas del art. 1 de la CPE, en que se ha instituido Bolivia después de la reforma constitucional de 2004; pues el fin de tal forma de organización y adopción de dichos principios, implica el acogimiento del principio de igualdad con su contenido intrínseco destinado a procurar el equilibrio en las relaciones entre las personas” (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la Declaración Constitucional 0002/2001 de 8 de mayo, señala: “el derecho a la igualdad consagrado en el art. 6 de la Constitución Política del Estado, exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales; siempre que ello obedezca a una causa justificada, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho y la situación de las personas, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta. Conforme a esto, el principio de igualdad protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales; predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta; en este sentido, la fórmula adoptada por el proyecto de ley consultado, se enmarca dentro del sistema de valores superiores que consagra la norma suprema del País: Igualdad y solidaridad” (las negrillas son ilustrativas).
Finalmente, la SC 0049/2003 de 21 de mayo, expresa: “…Es cierto que el mandato de igualdad en la formulación del derecho exige que todos sean tratados igual por el legislador. Pero esto no significa que el legislador ha de colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas propiedades naturales ni que todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El principio general de igualdad dirigido al legislador no puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todos deban ser iguales en todos los aspectos. Entonces, el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: 'se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual'. En eso consiste la verdadera igualdad. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les puede tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual, porque solamente de esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y alcances de los tratamientos desiguales.
En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.
Siguiendo ese pensamiento, la actuación del poder público que implique tratos diferentes, debe reunir una serie de características para que no sea discriminatoria, el examen de la existencia de tales características en una situación dada, es lo que se conoce como test de igualdad, que es utilizado ampliamente en Tribunales y Cortes Constitucionales de otros países para determinar si existe o no vulneración del principio de igualdad en una disposición legal.
En la doctrina, se señalan los siguientes aspectos constitutivos de la justificación de un trato diferenciado (test de igualdad), para que no constituya un trato discriminatorio:
1) La diferencia de los supuestos de hecho, que en el caso de la relación empleador-trabajador, está plenamente demostrada desde el ámbito económico y social, a más del carácter de relación de dependencia y subordinación que nace entre ellos desde la aparición de su nexo; 2) La finalidad de la diferencia de trato, que debe ser legal y justa. La protección especial que la Ley brinda al trabajador se traduce, entre otros aspectos, en la inversión de la prueba, o sea que sea el empleador el encargado de desvirtuar lo que sustenta el trabajador en su demanda, pues por la relación de dependencia que existe entre el primero y el segundo puede resultar en que el trabajador no cuente con ningún documento por el que pueda demostrar la existencia de tal relación, haciendo difícil, sino imposible, lograr un resultado favorable en sus peticiones, o que el Juez cuente con los elementos imprescindibles para adoptar una decisión;
3) La validez constitucional del sentido propuesto (que la diferenciación sea admisible), o lo que también denominan algunos autores como razonabilidad. Lo que se pretende con la inversión de la prueba en materia laboral es evitar que el empleador, que se encuentra en ventaja económica, social y fáctica frente al trabajador, desconozca los derechos de éste, mediante, por ejemplo, la ocultación de documentos o la negativa de proporcionárselos, etc.; 4) La eficacia de la relación entre hechos, norma y fin, o sea, que exista racionalidad en el trato diferente. Esta calidad, distinta a la razonabilidad, consiste en la adecuación del medio a los fines perseguidos, o sea, que exista una conexión efectiva entre el trato diferente que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue. Para delimitar el significado de razonabilidad y racionalidad, se debe puntualizar que la primera apunta a una finalidad legítima, mientas que la segunda, a una finalidad lógica. En el caso analizado, resulta racional disponer que sea el empleador, que cuenta con toda la documentación necesaria sobre la relación que se ha suscitado con el trabajador, quien aporte lo necesario para desvirtuar lo que asevera el demandante;
5) La proporcionalidad, que implica que la relación o concatenación de todos los anteriores factores sea proporcional, que no se ponga en total desventaja a un sector, que la solución contra la desigualdad evidente no genere una circunstancia de nueva desigualdad. El hecho de que tenga que ser el empleador demandado el que desvirtúe los extremos de la demanda laboral, no significa ninguna situación que vaya en contra de sus intereses, puesto que tendrá la oportunidad de demostrar lo que considere pertinente en el caso concreto (las negrillas son nuestras).
La jurisprudencia desarrollada, ha establecido en primer término, que el principio de igualdad, exige que todos deben ser tratados de forma igual; pero, dentro de esa generalidad, debe proporcionarse trato igual a aquellos entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis, situación y distinto trato a aquellos de características desiguales, por las condiciones en el medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; es decir, establece que debe existir trato igual entre iguales y trato diferente entre los desiguales.
En segundo término han establecido también, que el trato diferenciado entre desiguales no constituye un trato discriminatorio y para ello, debe tener elementos justificativos entre los que se ha señalado a: 1) La diferencia de los supuestos de hecho; 2) La finalidad de la diferencia de trato, que debe ser legal y justa ; 3) La validez constitucional del sentido propuesto (que la diferenciación sea admisible), o lo que también denominan algunos autores como razonabilidad; 4) La eficacia de la relación entre hechos, norma y fin, o sea, que exista racionalidad en el trato diferente; 5) La proporcionalidad, que implica que la relación de todos los anteriores factores sea proporcional, que no se ponga en total desventaja a un sector, que la solución contra la desigualdad evidente no genere una circunstancia de nueva desigualdad.
En 1989, a través de la Convención sobre los Derechos de los Niños se enfatizó que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, siendo inclusive que merecen una protección especial o reforzada, razón por la cual en su art. 3.1 se estableció que:
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
Así, en mérito al contenido de dicho instrumento internacional, el Comité de los Derechos del Niños como parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizando un análisis y explicación práctica del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, a través de la Observación General 14 sobre el Derecho del Niño a que su Interés Superior sea una Consideración Primordial, enfatizó que de manera inicial que el interés superior del niño es un concepto triple:
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.
c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.
Asimismo, en la referida Observación General 14 se determinó que, las autoridades públicas y las organizaciones que toman decisiones que afectan a los niños deben llevar a cabo su cometido respetando la obligación de evaluar y determinar el interés superior del niño, y para ello deben seguir los siguientes pasos:
1) Determinar cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del caso (la opinión del niño; la identidad del niño, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones; cuidado, protección y seguridad del niño; situación de vulnerabilidad; el derecho del niño a la salud; el derecho de niño a 2 Observación General 14. Cuidado, protección y seguridad del niño: “71. Al evaluar y determinar el interés superior de un niño o de los niños en general, debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (art. 3, párr. 2). Los términos "protección" y "cuidado" también deben interpretarse en un sentido amplio, ya que su objetivo no se expresa con una fórmula limitada o negativa (por ejemplo, "para proteger al niño de daños"), sino en relación con el ideal amplio de garantizar el "bienestar" y el desarrollo del niño. El bienestar del niño, en un sentido amplio, abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad.
72. El cuidado emocional es una necesidad básica de los niños; si los padres o tutores no satisfacen las necesidades emocionales del niño, se deben tomar medidas para que el niño cree lazos afectivos seguros. Los niños necesitan establecer un vínculo con los cuidadores a una edad muy temprana, y ese vínculo, si es adecuado, debe mantenerse a lo largo de los años para ofrecer al niño un entorno estable.
73. La evaluación del interés superior del niño también debe tener en cuenta su seguridad, es decir, el derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19), el acoso sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos degradantes, así como contra la explotación sexual y económica y otras formas de explotación, los estupefacientes, la explotación laboral, los conflictos armados, etc. (arts. 32 a 39).
74. Aplicar el enfoque del interés superior del niño en el proceso de toma de decisiones entraña evaluar la seguridad y la integridad del niño en ese preciso momento; sin embargo, el principio de precaución exige valorar también la posibilidad de riesgos y daños futuros y otras consecuencias de la decisión en la seguridad del niño. 3 Ibidem. Situación de vulnerabilidad: “75. Un elemento importante que debe tenerse en cuenta son las situaciones de vulnerabilidad del niño, como tener alguna discapacidad, pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o solicitante de asilo, ser víctima de malos tratos, vivir en la calle, etc. El objetivo de la determinación del interés superior de un niño o de los niños en situación de vulnerabilidad no debe referirse solo al pleno disfrute de todos los derechos consagrados en la Convención, sino también en otras normas de derechos humanos relacionadas con esas situaciones específicas, como los contemplados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros instrumentos.
76. El interés superior de un niño en una situación concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la misma situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única. Debe realizarse una evaluación individualizada del historial de cada niño desde su nacimiento, con revisiones periódicas a cargo de un equipo multidisciplinario y los ajustes razonables que se recomienden durante todo el proceso de desarrollo del niño.”
la educación), dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás.
2) Seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho, como lo son, entre otros:
La argumentación jurídica
97. A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial (véase más arriba el párrafo 38).
La evaluación del impacto en los derechos del niño
99. Como se ha señalado más arriba, la adopción de todas las medidas de aplicación también debe seguir un procedimiento que garantice que el interés superior del niño sea una consideración primordial. La evaluación del impacto en los derechos del niño puede prever las repercusiones de cualquier proyecto de política, legislación, reglamentación, presupuesto u otra decisión administrativa que afecte a los niños y al disfrute de sus derechos, y debería complementar el seguimiento y la evaluación permanentes del impacto de las medidas en los derechos del niño. La evaluación del impacto debe incorporarse a todos los niveles y lo antes posible en los procesos gubernamentales de formulación de políticas y otras medidas generales para garantizar la buena gobernanza en los derechos del niño. Se pueden aplicar diferentes metodologías y prácticas al llevar a cabo la evaluación del impacto. Como mínimo, se deben utilizar la Convención y sus Protocolos facultativos como marco, en particular para garantizar que las evaluaciones se basen en los principios generales y tengan especialmente en cuenta los efectos diferenciados que tendrán en los niños la medida o medidas que se examinen. La propia evaluación del impacto podría basarse en las aportaciones de los niños, la sociedad civil y los expertos en la materia, así como de los organismos públicos correspondientes, las investigaciones académicas y las experiencias documentadas en el propio país o en otros. El análisis debería culminar en la formulación de recomendaciones de modificaciones, alternativas y mejoras y ponerse a disposición del público.
Ahora bien, cabe precisar que, nuestra legislación doméstica si bien no es ampulosa en cuanto al desarrollo del interés superior del niño, contiene la esencia del mismo, pues conforme se tiene del art. 60 de la CPE:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Asimismo, el Código de las Familias y del Proceso Familiar en su art. 6 inc. i) con similar contenido establece como uno de los principios que sustenta dicho cuerpo normativo es el interés superior del niño, señalando al efecto:
El Estado, las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar.
Bajo esos antecedentes se deja en claro que todas las entidades estatales, como los administradores de justicia y la sociedad en general están en la obligación de adoptar, implementar y promover las medidas especiales de protección a los niños, niñas y adolescentes para que puedan desarrollarse en plenitud.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran 4La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su FJ III.3.2 sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’” (las negrillas son añadidas).
vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El derecho a la propiedad es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el art. 56 de la CPE, el cual expresamente establece que “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social”; asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 17 determina “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; de igual manera, el art. 21 de la CADH, estipula que “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes (…) 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.
Sobre este punto, la vasta jurisprudencia constitucional desarrolló la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir del cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad; en tal sentido, la SCP 0054/2013 de 11 de enero, sostuvo que en el núcleo duro del derecho a la propiedad se identifican tres elementos esenciales: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute. Asimismo, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que:
En el orden de ideas señalado, se establece que todo acto de particular o funcionario público realizados al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes que priven o limiten arbitrariamente el derecho a la propiedad, afectando los elementos componentes de su núcleo duro, se configurará como vías de hecho que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, pueden ser resguardados a través de la acción de amparo constitucional, por ser esta un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de este derecho fundamental (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Posteriormente, la SC 0092/2019-S1 de 10 de abril, citando entre otras la SCP 0998/2012, señaló lo siguiente:
…de acuerdo al art. 410.I de la Constitución, para efectos de una coherente argumentación jurídica, deben establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: a) El derecho de uso; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia. Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: 1) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, 2) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad (las negrillas son nuestras). De lo señalado en forma precedente se concluye que en el Estado Constitucional de Derecho, el derecho de propiedad previsto en el art. 56 de la CPE, está plenamente asegurado, por lo que todo acto o medida de hecho, en prescindencia de los mecanismos legales instituidos que impliquen la privación o limitación arbitraria e ilegal de dicho derecho compuesto en su núcleo duro por los elementos de uso, goce y disfrute, una vez activada por el o los afectados, debe ser tutelado de forma inmediata por la jurisdicción constitucional.
Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, 8“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.
(…)
En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:
...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…”
…en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen).
Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.
En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al impetrante de tutela a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el peticionante de tutela debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:
Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la ´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.
En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´” 11 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:
…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, las tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.
ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:
útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.
iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.
Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:
… i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.
En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.-La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: a) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
Dentro del proceso civil de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia que inició María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -ahora también accionante- en casación, los Magistrados ahora demandados pronunciaron el Auto Supremo 819/2023, casando el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023, declarando improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima respecto al 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 por la transacción advertida; no obstante, las partes consideraron que se vulneró sus derechos por ello acuden a la Jurisdicción Constitucional; teniéndose las acciones de amparo constitucional interpuestas por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN; Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila; y, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses
Ahora bien, previo a efectuar el análisis de cada una de las acciones de amparo constitucional, resulta necesario hacer alusión al contexto del cual emergen las mismas; así, conforme se tiene de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se advierte que, el 2021, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -impetrante de tutela- a través de su representante legal, en la vía ordinaria interpuso demanda de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia, contra Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila (el último menor de edad del cual se solicitó se cite a Matilde Vaquila Condo); y, el menor de edad NN (del que se pidió se cite a Marlene Judith Isla Arando), a tal efecto solicitó se declare probada la demanda -todos ahora también peticionante de tutela- (Conclusión II.1); proceso civil en el que se pronunció la Sentencia 99 de 9 de agosto de 2022, declarándose improbada en todas sus partes; generando con ello que, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -accionante-interponga recurso de apelación, que fue resuelto a través del Auto de Vista S.C.C.II 375/2022 de 9 de noviembre (confirmando la aludida Sentencia); fallo que al ser impugnado fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia (Conclusiones II.2, II.3 y II.4). Por ello, se profirió el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 de 15 de mayo y sus Autos complementario de 29 de mayo de 2023, resolviéndose revocar la Sentencia 99 y deliberando en el fondo, se declaró probada la demanda respecto a la reducción de alícuotas, reintegro de legítima y división de herencia, así como respecto a la cancelación a prorrata de los adeudos tributarios que tuvieren los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro; y, por otro lado, se declaró improbada la demanda de exclusión de división de herencia del tracto camión marca Volvo (Conclusiones II.5, II.6 y II.7). Ante dicha determinación, Manuel Alejandro, Claudia Alejandra e Iveth Aracely, todos Meneses Vaquila -impetrantes de tutela-interpusieron recurso de casación que al ser respondidos por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en representación del menor NN y María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses (ahora también impetrantes de tutela), merecieron el Auto Supremo 819/2023, por el que, los Magistrados ahora demandados resolvieron casar el Auto de Vista S.C.C.II 141/2023, complementado por los Autos “106/2023, 107/2023, 108/2023”, declarando improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima respecto al 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 por la transacción advertida, y en los demás mantiene firme y subsistente los término del indicado Auto de Vista, con costas a la parte demandante (Conclusiones II.8, II.9, II.10, II.11 y II.12). Bajo el contexto señalado, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto los Magistrados ahora demandados actuaron apartándose de la normativa vigente, lesionando los derechos de los accionantes.
Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN
La parte peticionante de tutela alega que dentro del proceso civil de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división de herencia y exclusión de división de herencia que inició María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses -ahora también accionante- en casación, los Magistrados ahora demandados pronunciaron el Auto Supremo 819/2023 de 16 de agosto, casando el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 de 15 de mayo, declarando improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima respecto al 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 por la transacción advertida; no obstante, en su emisión: 1) Se lesionó el derecho al debido proceso sustantivo con afectación del derecho a la igualdad sustantiva, a la prohibición de discriminación y al principio de interés superior del niño, por cuanto, la decisión carece de razonabilidad al generarse un trato discriminatorio entre el menor NN -que se encuentra en condiciones de múltiples vulnerabilidad- y sus hermanos paternos, al denotarse que las autoridades judiciales demandadas: 1.i) Señalaron que existe una cesión de bienes de Mario Meneses Quintanilla a los tres hijos concebidos durante el matrimonio de Matilde Vaquila Condo, excluyendo del análisis al menor NN que debe ser tratado en igualdad de condiciones que los hijos matrimoniales, quien era parte del proceso civil y que en el momento de la cesión estaba en gestación; 1.ii) No consideraron que al momento de la muerte del de cujus se hizo efectivo el seguro de desgravamen; por lo que, el pago de la deuda incrementó el acervo hereditario únicamente de los tres hijos matrimoniales, excluyendo de cualquier beneficio al menor NN; 1.iii) Hicieron mención al “acuerdo transaccional-familiar”, para posteriormente señalar que la finalidad de los bienes gananciales es asegurar la solvencia económica de los hijos; sin embargo, únicamente se refiere a una “misma familia” que solo comprende a los hijos concebidos en el matrimonio del de cujus sin tener en cuenta las familias diversas; 1.iv) Manifestaron que el “acuerdo transaccional” de “26 de febrero de 2016” fue homologado por autoridad judicial, por lo que, se encontraría salvaguardado por el instituto de la cosa juzgada establecida por el art. 1319 del CC, con lo que se benefició de la legítima únicamente a los hijos matrimoniales excluyendo al menor NN del derecho a suceder pese a que al momento de la cesión estaba en gestación, omitiendo aplicar enfoques diferenciados a efecto de brindarle una protección reforzada, que impediría consolidar la cosa juzgada de un acto discriminatorio, debiendo interpretarse el art. 949 del CC, en el marco de un enfoque interseccionalidad y todos los estándares de protección reforzada de la niñez; y, 2) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: 2.i) No se explicó el por qué se apartaron de los estándares más altos de protección de los niños, niñas y adolescentes como lo son la protección reforzada en el marco del interés superior del niño, de la autonomía progresiva de su voluntad y el principio de no discriminación; 2.ii) Se omitió utilizar el test de razonabilidad y de proporcionalidad; 2.iii) No se analizó la normativa respecto a la concepción de familias diversas -art. 2 del CFPF-; y, de colación, división y partición de bienes en el marco de la garantía de igualdad y prohibición de discriminación, omitiendo motivar su razonamiento a la luz de la igualdad sustantiva y de la prohibición de discriminación; 2.iv) No se fundamentó en coherencia con estándares más altos de protección de niñas, niños y adolescentes y a la luz del interés superior del niño, las razones para omitir considerar el seguro de desgravamen que cubrió las deudas del de cujus; 2.v) No se motivó el pago de alquileres devengados por la cesión de los bienes que favorecieron exclusivamente a los hijos concebidos por el de cujus; 2.vi) No explicaron las razones por las cuales no analizaron que el menor NN estaba en gestación en el momento de la cesión de los bienes realizada por su padre a favor únicamente de sus hijos concebidos durante el matrimonio con Matilde Vaquila Condo; y, 2.vii) Omitieron justificar si el Acuerdo Transaccional de “26 de febrero de 2016” es compatible con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, considerando que excluye a un ser en gestación y que brinda un trato discriminatorio.
Identificadas las problemáticas traídas en revisión, al advertirse que en las mismas se reclaman derechos de un menor de infancia escolar -que innegablemente pertenece a un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad-, este Tribunal, debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, para ello debe adoptar el enfoque generacional que permitirá analizar las categorías sospechosas de discriminación o violencia vinculadas con la edad, verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a las niñas, niños y adolescentes, que de inobservarse generaran responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. Así, aclarado el enfoque que se aplicará en el caso concreto, corresponde efectuar su análisis. En lo concerniente a la primera problemática
La parte impetrante de tutela alega que al emitirse el Auto Supremo 819/2023 se lesionó el derecho al debido proceso sustantivo con afectación del derecho a la igualdad sustantiva, a la prohibición de discriminación y al principio de interés superior del niño, por cuanto, la decisión carece de razonabilidad y es incompatible con las garantías de prohibición de discriminación al niño y de interés superior, pues se generó un trato discriminatorio entre el menor NN -que se encuentra en condiciones de múltiple vulnerabilidad- y sus hermanos paternos, al denotarse que las autoridades judiciales demandadas: a) Señalaron que existe una cesión de bienes de Mario Meneses Quintanilla a los tres hijos concebidos durante el matrimonio de Matilde Vaquila Condo, excluyendo del análisis al menor NN que debe ser tratado en igualdad de condiciones que los hijos matrimoniales, quien era parte del proceso civil y que en el momento de la cesión estaba en gestación; b) No consideraron que al momento de la muerte del de cujus se hizo efectivo el seguro de desgravamen; por lo que, el pago de la deuda incrementó el acervo hereditario únicamente de los tres hijos matrimoniales, excluyendo de cualquier beneficio al menor NN; c) Hicieron mención al “acuerdo transaccional-familiar”, para posteriormente señalar que la finalidad de los bienes gananciales es asegurar la solvencia económica de los hijos; sin embargo, únicamente se refiere a una “misma familia” que solo comprende a los hijos concebidos en el matrimonio del de cujus sin tener en cuenta las familias diversas; d) Manifestaron que el “acuerdo transaccional” de “26 de febrero de 2016” fue homologado por autoridad judicial, por lo que, se encontraría salvaguardado por el instituto de la cosa juzgada establecida por el art. 1319 del CC, con lo que se benefició de la legítima únicamente a los hijos matrimoniales excluyendo al menor NN del derecho a suceder pese a que al momento de la cesión estaba en gestación, omitiendo aplicar enfoques diferenciados a efecto de brindarle una protección reforzada, que impediría consolidar la cosa juzgada de un acto discriminatorio, debiendo interpretarse el art. 949 del CC, en el marco de un enfoque interseccionalidad y todos los estándares de protección reforzada de la niñez.
Ahora bien, considerando que en la presente problemática la parte peticionante de tutela denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su dimensión sustantiva, resulta necesario remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se sostuvo que este derecho en su faceta sustantiva aplicable en sentencias judiciales asegura la prevalencia del principio de razonabilidad, el cual busca resguardar los valores plurales y principios rectores esenciales del orden constitucional; de ahí que, su vinculación puede darse entre otros con: 1) El principio de igualdad sustantiva y la prohibición de discriminación; el primero, protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales, por ello la relación con la prohibición de discriminación; además, el principio de igualdad sustantiva predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta (Fundamento Jurídico III.2); y, 2) El interés superior del niño que establece que todas las autoridades administrativas y judiciales siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño deberán incluir una estimación de las posibles repercusiones; por lo que, la evaluación tiene que cumplir con una carga argumentativa que demuestre que se respetaron y ponderaron los derechos del niño a que su interés superior constituya una consideración primordial, y si excepcionalmente la solución elegida no atiende a dicho interés debe explicarse el por qué el interés superior del niño no era suficientemente importante para imponerse a otras consideraciones (Fundamento Jurídico III.3).
Bajo ese comprendido, siendo que, en el caso concreto, la parte accionante denuncia que el Auto Supremo 819/2023 carece de razonabilidad cualitativa por cuanto el menor NN -quien se encuentra en condiciones de múltiple vulnerabilidad- sería objeto de discriminación frente a sus hermanos paternos, corresponde analizar si ello es evidente o no, en ese sentido, en cuanto a que:
a) En el Auto Supremo 819/2023 se señaló que existe una cesión de bienes de Mario Meneses Quintanilla a los tres hijos concebidos durante el matrimonio de Matilde Vaquila Condo, excluyendo del análisis al menor NN que debe ser tratado en igualdad de condiciones que los hijos matrimoniales, quien era parte del proceso civil y que en el momento de la cesión estaba en gestación. Al respecto, remitiéndonos a la parte pertinente del contenido del Auto Supremo 819/2023 (Conclusión II.12), se advierte que, los Magistrados ahora demandados manifestaron:
Sobre estas cuestionantes, corresponde rememorar que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses representada por Edgar Joel Torres Salvador, a través del escrito que discurre de fs. 112 a 128 vta., interpuso demanda de reducción de alícuota y reintegro de legítima sobre:
1. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694.
2. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120.
3. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748.
4. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777.
Seguida de una pretensión de división y partición de: 1. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694.
2. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120.
3. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748.
4. El 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777. 5. Un bien mueble signado bajo la placa de control Nº 3441 EZF.
6. Un bien mueble signado bajo la placa de control Nº 4509 DCT.
7. Una obligación tributaria de $us. 10.000.
8. Un compromiso tributario de $us. 39.000. Más la pretensión de exclusión de bien propio de la división de bienes hereditarios, de:
9. Un bien mueble signado bajo la placa de control Nº 4690 UPD, en contra de Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila, Manuel Alejandro Meneses Vaquila y el menor de edad de iniciales JMMI, representado por su progenitora Marlene Judith Isla Arando que, al ser corrida en traslado, ameritó que los demandados reaccionen de la siguiente forma:
Manuel Alejandro Meneses Vaquila representado por Matilde Vaquila Condo, mediante el escrito de fs. 272 a 284 vta., respondió de forma negativa.
Claudia Alejandra Meneses Vaquila e Iveth Aracely Meneses Vaquila, mediante el memorial de fs. 287 a 295 vta., contestaron negativamente.
El menor de iniciales JMMI representado por Marvia Georbana Subirana Carrasco, por escrito de fs. 312 a 314, se allanó a la demanda principal y de forma ulterior, según el memorial a fs. 355 y vta., manifiesto que: “…antes que mi hijo haya sido concebido, en honor a la buena fe no tendría que reclamar la reducción de alícuotas reintegro de legítima, sin embargo su autoridad será la que disponga lo que en ley corresponda precautelando los derechos del menor de edad J.M.M.I.…”.
Desarrollándose de esta forma el proceso, hasta que el Juez Público Civil y Comercial 8° de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia Nº 99/2022, de 09 de agosto, que corre de fs. 512 a 521 vta., mediante la cual, declaró: “…IMPROBADA EN TODAS SUS PARTES la demanda ordinaria de “Reducción de Alícuotas, Reintegro de Legítima, División de Herencia, y Exclusión de División de Herencia” de fs. 112-128 vuelta, formulada por MARÍA DEL CARMEN MICHEL ARAUJO Vda. de MENESES, con costas y costos en favor de los demandados CLAUDIA ALEJANDRA, IVETH ARACELY, y MANUEL ALEJANDRO, MENESES VAQUILA, conforme al art. 223 del C.P.C.…” (sic.).
Decisión judicial, que fue recurrida en grado de apelación por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses representada por Edgar Joel Torres Salvador, mediante el escrito que discurre de fs. 523 a 536 vta., el cual originó que la Sala de apelación emita el Auto de Vista Nº 141/2023, de 15 de mayo, que cursa de fs. 721 a 732 vta., que REVOCÓ la Sentencia de primera instancia y en el fondo falló declarando PROBADA en parte la demanda interpuesta por la demandante, representada por Edgar Joel Torres Salvador, en lo que respecta a las pretensiones de reducción de alícuotas, reintegro de legítima, división y partición e improbada en cuanto a la pretensión de exclusión de bien de la división de herencia. Argumentando sobre los bienes inmuebles del acuerdo matrimonial de fs. 9 a 10 vta., se tiene que: “…conforme correctamente lo observa la apelante a través de su Abogado apoderado y así consta en el señalado acuerdo regulador de divorcio de fs. 9 a 10 y se consigna en los folios reales de dominio de fs. 25, 29-30, 34 y 38; este Tribunal advierte que el ex conyuge de la ahora apelante, efectuó el anticipo y cesión de parte de los bienes de la comunidad de gananciales constituidos con su anterior esposa Matilde Vaquila Condo y que le correspondía en el 50%; pero no en forma onerosa o por ser deudor de sus hijos, sino, como anticipo de legítima…” (ver cita a fs. 725).
En ese orden de cosas, cabe añadir el contenido del elemento de convicción que corre de fs. 9 a 10 vta.:
‘…DOCUMENTO PRIVADO DE CAPITULACIÓN MATRIMONIAL
Conste por el presente documento privado de CAPITULACION MATRIMONIAL, EN LA VÍA TRANSACCIONAL, FIJACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR, DIVISIÓN DE BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES SUJETOS A REGISTRO Y CANCELACIÓN DE CRÉDITOS, mismo que una vez reconocida en sus firmas surtirá los efectos de instrumento público, al tenor del Art. 1297 del Código Civil al tenor de las siguientes clausulas:
PRIMERA.- (DE LAS PARTES INTERVINIENTES).- Intervienen en la celebración del presente documento:
1.- Por una parte el señor: MARIO MENESES QUINTANILLA, boliviano, con C.I. No. 3971325 Pt., mayor de edad, casado, estudiante, domiciliado en Calle J. Prudencio Bustillos No. 383 y hábil por ley, en lo sucesivo denominado Padre.
2.- Por otra parte la Señora: MATILDE VAQUILA CONDOR, boliviana, con C.I. No. 3693972 Pt., mayor de edad, casada, estudiante, domiciliada en Calle J. Prudencia Bustillos No. 383 y hábil por ley, en lo sucesivo denominado Madre
(…) TERCERA.- (…) con la finalidad de evitar problemas que nos afecten a ambos y fundamentalmente precautelando el bienestar de nuestros hijos de mutuo acuerdo en forma voluntario decidimos separarnos y consideramos imposible una reconciliación. En merito a los antecedentes expuestos y con la finalidad de dar solución a nuestra situación matrimonial, en virtud que los lazos de afectividad se extinguieron por completo y solo existe el vínculo legal, de conformidad a los arts. 945 del Cod. Civil, 31.4 del C.P.C. y 145 del Código de Familia, declaramos llegar a los siguientes acuerdos:
(…) 3.2.- Un inmueble (…) bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0000120, que a la fecha el padre cede su 50%, para los hijos menores Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro Meneses Vaquila (…).
3.3.- Un inmueble (…) bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0012748, que a la fecha el padre cede su 50% para los hijos menores: Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro Meneses Vaquila.
3.4.- Un inmueble ubicado en Alto tujsupaya calle sin denominación de esta ciudad, que cuenta con una superficie de 356.00 metros cuadrados (…) que a la fecha el padre cede su 50% para los hijos menores: Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro Meneses Vaquila. (…) CUARTA.- Se deja expresamente establecido que existe una deuda pendiente de pago en las siguientes instituciones: Banco de Credito de Bolivia la suma de $us 174.000.- (DÓLARES AMERICANOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL) y en el banco Los Andes Procredit la suma de Bs. 110.000 (BOLIVIANOS CIENTO DIEZ MIL), monto que será cancelado por la señora: MATILDE VAQUILA CONDO debido a que los bienes son cedidos en un 50% por MARIO MENESES QUINTANILLA, por lo que queda liberado de las deudas señaladas anteriormente…’ (ver cita de fs. 9 vta. a 10 vta.).
Cita probatoria, que al ser valorada según las reglas del art. 150 num. 1 del Código Procesal Civil, nos permite advertir que el “padre” fallecido Mario Meneses Quintanilla, con el objeto de liberarse de los pasivos adquiridos por la sociedad matrimonial Meneses-Vaquila, tomó la decisión de ceder el 50% de las acciones y derechos que tenía sobre:
1. El bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120.
2. El bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748.
3. El bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, en favor de “sus hijos” Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila y Manuel Alejandro Meneses Vaquila, a cambio de que la “madre” Matilde Vaquila Condo, asuma los pasivos de la comunidad y pague:
1. El crédito de $us. 174.000 adquirido por el matrimonio Meneses
-Vaquila del Banco de Crédito de Bolivia. 2. La prestación de Bs. 110.000 adquirida por la sociedad matrimonial Meneses-Vaquila del Banco Los Andes Procredit. En ese mérito en función de los criterios desglosados en el apartado III.1, de la presente decisión judicial, por medio de la cual se explicó que el acuerdo transaccional-familiar, es el documento que posibilita que cualquiera de los cónyuges de manera libre y voluntaria, considerándose propietario de la ganancialidad pueda renunciar a la parte que le corresponde en favor de su misma familia a cambio de que el otro consorte asuma algún tipo de obligación como por ejemplo pagar deudas, propias de la comunidad; pues desde el punto de vista familiar, cuando existen hijos de por medio, pueden existir razones fundadas para que se tomen ese tipo de decisiones, puesto que la finalidad que tienen los bienes gananciales es la de satisfacer las necesidades de la familia asegurando su solvencia económica según el art. 193 de la Ley N° 603, sobre todo el de los hijos menores de edad, quienes tienen una protección especial por el art. 60 de la Constitución Política del Estado y la misma Ley de la materia.
En conclusión, este despacho de casación, establece que debido a que el progenitor fallecido Mario Meneses Quintanilla (cuando se encontraba con vida), por medio de la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., transfirió, el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120; el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748; y el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos de apellido Meneses Vaquila, a cambio de que la progenitora Matilde Vaquila Condo asuma y pague los créditos de $us. 174.000 obtenido del Banco de Crédito de Bolivia y de Bs. 110.000 adquirido del Banco Los Andes Procredit, de ello se tiene que nos encontramos frente a un acuerdo transaccional-familiar, a través del cual el 50% de los tres referidos bienes inmuebles, fueron transigidos con Matilde Vaquila Condo, en consecuencia, se determina que el acuerdo transaccional de fs. 9 a 10 vta., tiene los mismos efectos de cosa juzgada, para causar estado entre las partes que participaron en él, al igual que entre sus sucesores, según establece el art. 949 del Código Civil, en ese sentido, se determina también, que el 50% de los tres bienes inmuebles, no se encontraban en el patrimonio de Mario Meneses Quintanilla, cuando este falleció, por ello, estos tres bienes inmuebles, no pueden ser traídos en colación como obligación de los coherederos Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila y Manuel Alejandro Meneses Vaquila, en favor sus coherederos María del Carmen Michel Araujo vda. de Meneses y el menor de iniciales JMMI representado legalmente por Jorge Abel Pérez Arcienega, según los criterios que enmarcan los arts. 1073 y 1258 del Código Civil, para su ulterior división y partición, como pretende la demandante, resultando fundados los agravios materia de análisis y por cuyos motivos corresponde actuar en consecuencia (sic [negrillas agregadas]).
De lo expresado precedentemente, se tiene que, los Magistrados ahora demandados luego de efectuar una copia textual del contenido del “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” señalaron que de dicho documento se advertiría que Mario Meneses Quintanilla (fallecido) tomó la decisión de ceder el 50% de las acciones y derechos que tenía sobre los bienes inmuebles registrados con Matrículas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila con el objeto de liberarse de los pasivos adquiridos por la sociedad matrimonial “Meneses-Vaquila”. Posterior a ello, remitiéndose a la doctrina legal aplicable citada en el apartado III.1 de igual fallo, los operadores de justicia ahora demandados establecieron que un acuerdo transaccional familiar es un documento que posibilita a cualquiera de los cónyuges, de manera libre y voluntaria, renunciar a la parte que le corresponde de la ganancialidad en favor de su familia, esto a cambio de que el otro consorte asuma algún tipo de obligación como el pago de deudas de la comunidad ganancial. Así, con esos elementos (elemento probatorio y la doctrina legal aplicable), los Magistrados ahora demandados bajo un razonamiento lógico-jurídico concluyeron que el “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” suscrito entre Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo se constituye en un acuerdo transaccional familiar mediante el cual un cónyuge transigió el 50% de tres bienes inmuebles en favor de sus hijos con el objetivo que el otro consorte asuma la responsabilidad de pagar una deuda; y, precisamente por ello que el 50% de los tres bienes inmuebles no se encontraba en el patrimonio de Mario Meneses Quintanilla; por lo que, no sería posible la colación a favor del menor NN ni de María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses.
Ahora bien, efectuada esas precisiones, debe considerarse que si bien se advierte que los Magistrados ahora demandados inicialmente señalaron que del “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” se advertiría que Mario Meneses Quintanilla (fallecido) tomó la decisión de ceder el 50% de las acciones y derechos que tenía sobre tres bienes inmuebles en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos Meneses Vaquila; no obstante, es necesario comprender que lo referido devino de una cita o descripción de una parte del indicado documento Privado; y, no así del razonamiento lógico-jurídico efectuado respecto a la unidad lógica del Documento; por cuanto, en el razonamiento expresado por los operadores de justicia ahora demandados, establecieron que el “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” suscrito entre Manuel Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo se constituye en un acuerdo transaccional familiar -salvaguardado por el instituto jurídico de la transacción- en el que existió concesiones recíprocas respecto a la Comunidad de gananciales (al transigirse el 50% de tres bienes inmuebles a cambio de asumir el pago de deudas); consecuentemente, se tiene que los Magistrados ahora demandados en ningún momento establecieron la existencia de una cesión de bienes como fue referido por la parte impetrante de tutela (menor NN).
Ahora bien, teniendo claro la naturaleza jurídica del “Documento Privado de Capitulación Matrimonial”, debe considerarse que, los Magistrados ahora demandados determinaron que debido a la transacción efectuada entre Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo, el 50% de los bienes inmuebles registrados con Matrículas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 no se encontraban en el patrimonio del primero al momento de su fallecimiento, por ello, el porcentaje referido no podrían ser objeto de colación en favor del menor NN ni de María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses; así, de ese análisis, se llega a entrever que los operadores de justicia ahora demandados en ningún momento excluyeron o discriminaron al menor NN -fundado en razón de filiación-, por cuanto, consideraron, analizaron y determinaron si correspondía o no la colación del 50% de tres bienes inmuebles; es decir, si debía o no recomponerse la masa hereditaria neta, para su posterior distribución entre todos los herederos forzosos en el que se incluiría el menor NN.
b) En el Auto Supremo 819/2023 no se consideró que al momento de la muerte del de cujus se hizo efectivo el seguro de desgravamen; por lo que, el pago de la deuda incrementó el acervo hereditario únicamente de los tres hijos matrimoniales, excluyendo de cualquier beneficio al menor NN. Al respecto, siendo evidente que el presente punto de reclamo se encuentra vinculado a la efectivización del seguro de desgravamen y al beneficio que ello conllevaría para hijos concebidos en el matrimonio “Meneses-Vaquila”; es necesario precisar que, de la revisión de antecedentes, más propiamente del contenido de los recursos de casación (interpuesto por Manuel Alejandro, Claudia Alejandra e Iveth Aracely, todos Meneses Vaquila) y las respuestas a los mismos (efectuadas por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en representación del menor NN y María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses), se advierte que, no existe un reclamo expreso respecto a los beneficios que se generarían con la efectivización del seguro de desgravamen; además, si bien en el memorial de respuesta a los recursos de casación presentado por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, se alegó que:
Si bien Matilde Vaquila Condo asumió el pago de las cargas de la sociedad “Meneses-Vaquila” de $us174 000 y de Bs110 000, consignadas en la Cláusula Cuarta de la “capitulación matrimonial” no lo hizo a cambio de ningún bien inmueble o alguna transacción sobre los bienes litigados, sino lo hizo, porque percibía montos de alquiler por el bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 (otorgado en anticipo de legítima), deudas que a la fecha se encuentran pagadas, ya que ante el fallecimiento del causante se activó el seguro de desgravamen -activación del seguro que no fue verificado ante la negativa del Juez a quo-.
De lo expresado es necesario considerar que, si bien María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses hace alusión a la activación del seguro de desgravamen, no obstante, dicha referencia únicamente fue complementaria a uno de los puntos de reclamo expresados -relativo a que la aceptación del pago de deudas asumidas por Matilde Vaquila Condo se debió a la existencia de percepción de alquileres y no así a cambio del 50% de tres bienes inmuebles-, siendo inclusive que en esa referencia se señala que la activación del seguro de desgravamen y el pago de la deuda no pudo ser verificado por el Juez a quo.
Ahora bien, respecto a ese punto de reclamo, de la Conclusión II.12 de este fallo constitucional, se tiene que, los Magistrados ahora demandados manifestaron:
xii) Sobre el punto 3, 4, 7 y 9 expuestos por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, mediante los cuales expresa que: - No existió ninguna disposición por parte de Mario Meneses Quintanilla, puesto que cualquiera sea debia realizarse según las reglas del art. 177 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, entonces, de estos aspectos se tiene que el documento privado de capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., no fue una disposición realizada bajo los parámetros del art. 177 de la Ley Nº 603, así también arguyó que, si bien Matilde Vaquila Condo asumió las cargas de la sociedad Meneses-Vaquila de $us. 174.000 y de Bs. 110.000, consignadas en la cláusula cuarta de la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., no lo hizo a cambio de ningún bien inmueble o alguna transacción sobre los bienes litigados, sino lo hizo porque percibía montos de alquiler por el bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694 (otorgado en anticipo de legítima), deudas que a la fecha se encuentran pagadas.
(…)
En principio, si bien es cierto que la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., no se encuentra inserta dentro de una escritura pública y no se constituye en un acto de cesión jurídica, no obstante, según las reglas de la transacción determinada en el apartado III.1 de la presente decisión judicial, por medio del cual se determinó que cuando el progenitor fallecido Mario Meneses Quintanilla transfirió, por medio de la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120; el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748; y el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos de apellidos Meneses Vaquila, a cambio de que la progenitora Matilde Vaquila Condo asuma y pague los créditos de $us. 174.000 obtenidos del Banco de Crédito de Bolivia y de Bs. 110.000 adquiridos del Banco Los Andes Procredit (ver cláusula cuarta del acuerdo de fs. 9 a 10 vta.).
Se tiene que Mario Meneses Quintanilla (+) celebró una transacción familiar con Matilde Vaquila Condo, la cual es completamente permisible según el Auto Supremo Nº 36/2020, de 20 de enero, que causa estado entre las partes que participaron en la acuerdo transaccional y entre sus sucesores, según establece a su vez el art. 949 del Código Civil, por ello, la parte demandante debe entender que debido a que el 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Nº 1.01.1.99.0000120; Nº 1.01.1.99.0012748; y Nº 1.01.1.99.0036777, no llegaron a formar parte del patrimonio del fallecido, cuando ocurrió su sensible deceso, estos tres bienes inmuebles, no pueden ser traídos a colación (como obligación) de los coherederos Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila y Manuel Alejandro Meneses Vaquila, en favor los coherederos María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses y el menor de iniciales JMMI representado legalmente por Jorge Abel Pérez Arcienega, para su ulterior división y partición, como pretende la demandante.
Asimismo, resulta imperioso referenciar los criterios expresados en el punto III.4 de la presente decisión por medio de la cual se explicó que al ser el contrato de arrendamiento, un negocio jurídico regido por el tiempo, que ingresa en la categoría de los contratos de tracto sucesivo; debido a que en este tipo de contratos, las obligaciones de las partes o de una de ellas, se encuentran supeditadas a un cierto espacio y tiempo, requiriéndose para que supervivan actos jurídicos de confirmación. En ese sentido, si bien en la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., se advierte que los exconsortes Meneses-Michel, hicieron notar que: “…la señora MATILDE VAQUILA CONDO de este inmueble recibe por concepto de alquiler la suma de Bs. 23300 (…), monto que es destinado exclusivamente a las deudas bancarias que se señala en la cláusula CUARTA…” (ver cita del contrato visible de fs. 9 a 10 vta.).
No obstante, el contrato de arrendamiento, mencionado en la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., se constituye en un contrato de tracto sucesivo, que se encuentra regido por el tiempo y la confirmación que realicen sus suscribientes; en cuyo mérito, debido a que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, incumplió con su deber de probar que con el fruto de este contrato de arrendamiento de Bs. 23.300, se pagó el pasivo de $us. 174.000 en favor del Banco de Crédito de Bolivia y el crédito de Bs. 110.000 en favor del Banco Los Andes Procredit, según el art. 136.II de la Ley Nº 439, corresponde desestimar los presentes planteamientos, puesto que tanto lo expresado en la cláusula tercera del canon de arrendamiento destinado a pagar las deudas de la cláusula cuarta y el documento a fs. 59 sirven para enervar el valor probatorio de un acuerdo transaccional que según el art. 949 del Código Civil surte los mismos efectos entre las partes y sus sucesores que la cosa juzgada (sic). En ese sentido, de los fundamentos expresados, se advierte que, los operadores de justicia ahora demandados únicamente se refirieron al motivo del por qué Matilde Vaquila Condo asumió la responsabilidad del pago de la deuda y no así respecto a la efectivización del seguro de desgravamen y el beneficio que conllevaría el mismo; lo que es comprensible, por cuanto, las partes no controvirtieron dicho aspecto; y, si bien María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses hizo alusión a la activación del seguro de desgravamen debe considerarse que esa referencia formó parte de uno de los puntos discutidos por la prenombrada y únicamente constituyó un antecedente del proceso civil, al referirse que la deuda fue cubierta con el seguro de desgravamen pero dicho aspecto no pudo ser verificado por el Juez a quo; referencia que inclusive no podría ser considerada, debido a que, el recurso de casación debe estar orientada a observar aspectos de forma y de fondo de la resolución pronunciada por el tribunal de segunda instancia; y, respecto a la prueba, el recurso de casación únicamente procederá cuando se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho en su apreciación; y, en todo caso, la falta de verificación de activación del seguro de desgravamen por negativa del Juez de primera instancia debió ser reclamada conforme prevé el art. 146 del CPC.
c) En el Auto Supremo 819/2023 se hizo mención al “acuerdo transaccional-familiar”, para posteriormente señalar que la finalidad de los bienes gananciales es asegurar la solvencia económica de los hijos; sin embargo, únicamente se refiere a una “misma familia” que solo comprende a los hijos concebidos en el matrimonio del de cujus sin tener en cuenta las familias diversas. Sobre este punto, remitiéndonos al contenido del Auto Supremo 819/2023 (Conclusión II.12) se tiene que los Magistrados ahora demandados manifestaron:
En ese mérito en función de los criterios desglosados en el apartado III.1, de la presente decisión judicial, por medio de la cual se explicó que el acuerdo transaccional-familiar, es el documento que posibilita que cualquiera de los cónyuges de manera libre y voluntaria, considerándose propietario de la ganancialidad pueda renunciar a la parte que le corresponde en favor de su misma familia a cambio de que el otro consorte asuma algún tipo de obligación como por ejemplo pagar deudas, propias de la comunidad; pues desde el punto de vista familiar, cuando existen hijos de por medio, pueden existir razones fundadas para que se tomen ese tipo de decisiones, puesto que la finalidad que tienen los bienes gananciales es la de satisfacer las necesidades de la familia asegurando su solvencia económica según el art. 193 de la Ley N° 603, sobre todo el de los hijos menores de edad, quienes tienen una protección especial por el art. 60 de la Constitución Política del Estado y la misma Ley de la materia (sic [negrillas agregadas]). De lo expresado precedentemente, se advierte que, los Magistrados ahora demandados remitiéndose a la doctrina legal aplicable descrita en el apartado III.1 del Auto Supremo 819/2023 inicialmente explicaron que a través de un acuerdo transaccional familiar es posible que uno de los cónyuges de manera libre y voluntaria puede renunciar a la parte de su ganancialidad que le corresponde en favor de su misma familia a cambio de que el otro consorte asuma algún tipo de obligación; asimismo, se estableció que la finalidad de los bienes gananciales es asegurar la solvencia económica de la familia. Ahora bien, con lo referido no se constató que los Magistrados ahora demandados hubiesen establecido que la o las familias se encuentren estructuradas únicamente por hijos concebidos en un matrimonio excluyendo cualquier otro tipo de constitución (familia compuesta, adoptiva, extensa, etc.), ya que tal como se observó dichas autoridades judiciales solo resaltaron la capacidad de los cónyuges para negociar y acordar sobre sus bienes gananciales, ello en beneficio de su misma familia, la cual, podría estar comprendida por relaciones afectivas emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas conforme prevé el art. 2 del CFPF; en ese sentido, debe comprenderse que el término “misma familia” en el contexto expresado en el Auto Supremo 819/2023, se refiere que uno de los cónyuges puede renunciar a su parte de los bienes gananciales en beneficio de los demás miembros de su familia y no así respecto a un tercero ajeno que no forma parte de una familia ni tiene relación directa con los cónyuges involucrados en el acuerdo.
d) En el Auto Supremo 819/2023 se manifestó que el “acuerdo transaccional” de “26 de febrero de 2016” fue homologado por autoridad judicial, por lo que, se encontraría salvaguardado por el instituto de la cosa juzgada establecida por el art. 1319 del CC, con lo que se benefició de la legítima únicamente a los hijos matrimoniales excluyendo al menor NN del derecho a suceder pese a que al momento de la cesión estaba en gestación, omitiendo aplicar enfoques diferenciados a efecto de brindarle una protección reforzada, que impediría consolidar la cosa juzgada de un acto discriminatorio, debiendo interpretarse el art. 949 del CC, en el marco de un enfoque interseccionalidad y todos los estándares de protección reforzada de la niñez. Precisado el presente punto, con el objeto de establecer si lo alegado es evidente o no, resulta necesario remitirse al contenido del Auto Supremo 819/2023 (Conclusión II.12), así se tiene que, los Magistrados ahora demandados manifestaron:
…el acuerdo transaccional de fs. 9 a 10 vta., fue presentado por el mismo Mario Meneses Quintanilla (+), el 26 de abril de 2016, cuando promovió su demanda de divorcio en contra de Matilde Vaquila Condo (ver fs. 12), este aspecto ameritó que el documento de fs. 9 a 10 vta., sea homologado mediante la Sentencia de divorcio Nº 100/2016, de 15 de junio, de fs. 20 a 21 vta., adquiriendo así la calidad de cosa juzgada conforme consta del Auto de ejecutoria visible a fs. 22; razones de las cuales se tiene que el acuerdo matrimonial de fs. 9 a 10 vta., además de encontrarse salvaguardado por el instituto jurídico de la transacción, también se encuentra resguardado por el instituto jurídico de la cosa juzgada establecida por el art. 1319 del Código Civil (sic [énfasis añadido]). De lo expresado se advierte que los Magistrados ahora demandados ciertamente establecieron que el “acuerdo transaccional” fue homologado judicialmente a través de la Sentencia 100/2016 de 15 de junio, la cual, adquirió calidad de cosa juzgada, encontrándose resguardada por el art. 1319 del CC; ahora bien, debe comprenderse que el reconocimiento que se efectuó sobre la cosa juzgada desde ningún punto de vista representó un beneficio de la legítima de los hijos matrimoniales, por cuanto, tal como lo establecieron las indicadas autoridades judiciales en el “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” existió una transacción con concesiones recíprocas entre los cónyuges respecto a los bienes gananciales, y no así un anticipo de legítima, cesión u otro tipo de contrato; además, en ningún momento se desconoció los derechos sucesorios del menor NN, por cuanto, los Magistrados ahora demandados consideraron que el mismo se constituye en heredero forzoso de su causante Mario Meneses Quintanilla, por ello, efectuaron el análisis respecto a si correspondía o no la colación del 50% de los tres bienes inmuebles registrados con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777; consecuentemente, no existe una exclusión del menor NN respecto a su derecho a suceder.
Por otra parte, habiéndose determinado que los Magistrados ahora demandados establecieron que el “Documento Privado de Capitulación Familiar” se constituye en una transacción y no en otro tipo de acuerdo, debe considerarse que la parte peticionante de tutela alega al momento de la suscripción del indicado “Documento” el menor NN estaba en gestación y dichos operadores de justicia omitieron interpretar el art. 949 del CC en el marco de un enfoque diferenciado, que impediría consolidar la cosa juzgada de un acto discriminatorio; ahora bien, respecto a este punto, se comprende que la parte accionante consideraría que la transacción no sería válida por cuanto se omitió considerar los derechos patrimoniales que tendría al momento de la concepción el menor NN y por ello el acuerdo suscrito no tendría efectos de cosa juzgada, en ese sentido, en cuanto a dicho reclamo, inicialmente debe considerarse que, siendo que el instituto de la cosa juzgada fue parte de la controversia, se tiene que, los Magistrados ahora demandados si se pronunciaron respecto a dicho instituto; no obstante, se hace evidente que, las autoridades judiciales no aplicaron ningún enfoque de derechos humanos; es decir, no se tiene ningún estándar nacional internacional vinculado al grupo vulnerable al cual pertenece el menor NN, omitiendo considerar que, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales juegan el rol trascendental en la satisfacción de derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ello siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a integrantes de grupos vulnerable deben aplicar un enfoque diferenciado el cual posibilitará materializar sus derechos aplicando principios y estándares nacionales e internacionales; así, en el caso de niños, niñas y adolescentes debió considerarse que en todas las medidas o decisiones que los afecten, ya sea en la esfera pública como en la privada, tienen derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior 19, interés que si bien tiene un concepto complejo, su contenido debe ser aplicado caso por caso; es decir que, debe ajustarse y definirse de forma individual con arreglo a la situación concreta del niño afectado, teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales; ahora bien, la Observación General 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial explica cómo debe evaluarse y determinarse el interés superior del niño señalando que:
A. Evaluación y determinación del interés superior
48. La evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños o los niños en general. Esas circunstancias 17. El objetivo del artículo 3, párrafo 1, es velar por que el derecho se observe en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño. Esto significa que, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá. El término "medida" incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas.
(…)
b) "Concernientes a"
19. La obligación jurídica se aplica a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a los niños. Por lo tanto, la expresión "concernientes a" se refiere, en primer lugar, a las medidas y decisiones relacionadas directamente con un niño, un grupo de niños o los niños en general y, en segundo lugar, a otras medidas que repercutan en un niño en particular, un grupo de niños o los niños en general, aunque la medida no vaya dirigida directamente a ellos. Como se indica en la Observación general Nº 7 (2005) del Comité, ello incluye las medidas que afecten directamente a los niños (por ejemplo, en relación con los servicios de atención de la salud, sistemas de guarda o escuelas), así como aquellas que repercutan indirectamente en los niños pequeños y otros grupos de población (por ejemplo, en relación con el medio ambiente, la vivienda o el transporte) (párr. 13 b)). Así pues, la expresión "concernientes a" debe entenderse en un sentido muy amplio.
(…)
c) "Los niños" 21.
El término "niños" se refiere a todas las personas menores de 18 años sujetas a la jurisdicción de un Estado parte, sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Convención.
(…)
2. "Las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos"
(…)
b) "Los tribunales"
27. El Comité subraya que el término "tribunales" alude a todos los procedimientos judiciales, de cualquier instancia, ya estén integrados por jueces profesionales o personas que no lo sean, y todas las actuaciones conexas relacionadas con niños, sin restricción alguna. Ello incluye los procesos de conciliación, mediación y arbitraje.
(…)
29. En la vía civil, el niño puede defender sus intereses directamente o por medio de un representante, como en el caso de la paternidad, los malos tratos o el abandono de niños, la reunión de la familia y la acogida. El niño puede verse afectado por el juicio, por ejemplo, en los procedimientos de adopción o divorcio, las decisiones relativas a la custodia, la residencia, las visitas u otras cuestiones con repercusiones importantes en la vida y el desarrollo del niño, así como en los procesos por malos tratos o abandono de niños. Los tribunales deben velar por que el interés superior del niño se tenga en cuenta en todas las situaciones y decisiones, de procedimiento o sustantivas, y han de demostrar que así lo han hecho efectivamente.
(…)
3. "El interés superior del niño"
32. El concepto de interés superior del niño es complejo, y su contenido debe determinarse caso por caso…
(…)
4. "Una consideración primordial a que se atenderá"
(…)
40. La consideración del interés superior del niño como algo "primordial" requiere tomar conciencia de la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.” (negrillas agregadas).
se refieren a las características específicas del niño o los niños de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño o los niños, por ejemplo, la presencia o ausencia de los padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación entre el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de la familia, la familia ampliada o los cuidadores. (…)
B. Garantías procesales para velar por la observancia del interés superior del niño
85. Para garantizar la observancia efectiva del derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial a que se atienda, se deben establecer y aplicar algunas salvaguardias procesales que estén adaptadas a sus necesidades. El concepto de interés superior del niño es en sí mismo una norma de procedimiento…
(…)
f) La argumentación jurídica
97. A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones… (énfasis añadido). Por lo expresado, debe comprenderse que, en los casos que se vean involucrado un niño o un grupo de niños, el análisis a efectuarse debe incluir una estimación de las posibles repercusiones; siendo necesario considerar que la evaluación tiene que cumplir con una carga argumentativa que demuestre que se respetaron y ponderaron los derechos del niño a que su interés superior constituya una consideración primordial; y, si excepcionalmente la solución elegida no atiende a dicho interés debe explicarse el por qué el interés superior del niño no era suficientemente importante para imponerse a otras consideraciones; no obstante, tal como se precisó, siendo que los Magistrados ahora demandados no efectuaron esas consideraciones, es evidente que, incumplieron con su deber de considerar como un punto primordial el interés superior del niño.
En resumen, por todo lo considerado, verificado y advertido, es posible concluir que los Magistrados ahora demandados no transgredieron el principio de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, por cuanto, no se constató que al pronunciarse el Auto Supremo 819/2023 se hubiese excluido o discriminado al menor NN respecto a sus hermanos parentales, ya que como se explicó en el presente caso el “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” se constituye una transacción-familiar, a través del cual, Mario Meneses Quintanilla transigió el 50% de tres bienes inmuebles a favor de sus hijos Manuel Alejandro, Claudia Alejandra e Iveth Aracely, todos Meneses Vaquila, a cambio de que Matilde Vaquila Condo pague las dos deudas que adquirió la comunidad, acuerdo que efectivamente fue homologado a través de sentencia que adquirió calidad de cosa juzgada; no obstante, pese a lo referido, los operadores de justicia omitieron evaluar el caso en particular en observancia de la triple dimensión del interés superior del niño (derecho, principio y norma), teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales del menor NN, sin que ello signifique que deba proyectarse lo que es mejor para el menor, sino que debe velarse por que se protejan de la mejor manera los derechos del niño en el marco de las decisiones que tomen los padres y el Estado dependiendo del caso concreto. Consecuentemente, al no actuar de esa manera, los Magistrados ahora demandados corresponde conceder la tutela solicitada por vulneración del derecho al debido proceso sustantivo vinculado al interés superior del niño.
En cuanto a la segunda problemática
La parte impetrante de tutela denuncia que se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: i) No se explicó el por qué se apartaron de los estándares más altos de protección de los niños, niñas y adolescentes como lo son la protección reforzada en el marco del interés superior del niño; ii) Se omitió utilizar el test de razonabilidad y de proporcionalidad; iii) No se analizó la normativa respecto a la concepción de familias diversas -(art. 2 del CFPF-, y de colación, división y partición de bienes en el marco de la garantía de igualdad y prohibición de discriminación, omitiendo motivar su razonamiento a la luz de la igualdad sustantiva y de la prohibición de discriminación; iv) No se fundamentó en coherencia con estándares más altos de protección de niñas, niños y adolescentes y a la luz del interés superior del niño, las razones para omitir considerar el seguro de desgravamen que cubrió las deudas del de cujus; v) No se motivó el pago de alquileres devengados por la cesión de los bienes que favorecieron exclusivamente a los hijos concebidos por el de cujus; vi) No explicaron las razones por las cuales no analizaron que el menor NN estaba en gestación en el momento de la cesión de los bienes realizada por su padre a favor únicamente de sus hijos concebidos durante el matrimonio con Matilde Vaquila Condo; y, vii) Omitieron justificar si el Acuerdo Transaccional de “26 de febrero de 2016” es compatible con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, considerando que excluye a un ser en gestación y que brinda un trato discriminatorio.
Al respecto, tomando en cuenta que en la presente problemática la parte peticionante de tutela denuncia la carencia de fundamentación y motivación en el Auto Supremo 819/2023 es necesario hacer alusión al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, en el que se sostuvo que, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, emerge de sus finalidades implícitas, como lo es el lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria sino por el contrario observa el valor justicia, finalidad que conlleva que las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación -fundamentación-, además, deben contener la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad -motivación-.
Siguiendo esa línea de razonamiento, debe comprenderse que existen casos en los que la debida fundamentación no solo comprenderá la cita de preceptos legales, por cuanto, será necesario que la autoridad judicial realice una interpretación normativa, en la que se aplique pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, que constituyan una justificación razonable de la premisa normativa (aspecto determinado en el Fundamento Jurídico III.5), en el que inclusive se identifique la existencia de características particulares como la edad, el género y cultura que permitan la aplicación de enfoques de derechos humanos (conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1), que hará los operadores de justicia tengan una postura activa pro derechos reconociendo, protegiendo, garantizando y satisfaciendo los derechos. Ahora bien, establecidos esos parámetros, cabe señalar que, si bien los puntos de reclamo identificados en la presente problemática se encuentran vinculados diferentes aspectos de la controversia central (naturaleza del contrato, concepción de las familias diversas, colación, división y partición, seguro de desgravamen, pago de alquileres y gestación del menor NN al momento de la suscripción del “Documento Privado de Capitulación Matrimonial”); es necesario considerar que, en todos estos puntos, la parte accionante alega que no se consideró los estándares internacionales de protección de los niños, niñas y adolescentes; en ese sentido, siendo ese el principal reclamo expresado por la parte impetrante de tutela, debe considerarse que, de la revisión del contenido del Auto Supremo 819/2023 (descrito en la Conclusión II.12 de este fallo constitucional) se advierte que, los Magistrados ahora demandados en ningún momento aplicaron un enfoque diferencial en el que se tome en cuenta la triple dimensión del interés superior del niño (derecho, principio y norma) conforme fue desarrollado en la Observación General 14 (2013) Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, omitiendo considerar que la evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada teniendo en cuenta todas y cada una las circunstancias concretas que rodean al menor NN; además, no se consideró que a fin de demostrar que se respetó el derecho del menor a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, todas las decisiones que afecten a un niño deben estar motivadas, justificadas y explicadas exponiendo los elementos que se consideraron pertinentes y la manera como se ponderaron los mismos, para establecer el por qué era imprescindible o no era suficiente la aplicación del interés superior del niño.
Ahora bien, la ausencia de un análisis profundo de como la decisión afectará al menor NN sin duda vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, lo que hace inescindible conceder la tutela solicitada, por cuanto, es necesario que los Magistrados ahora demandados examinen los reclamos del menor NN de manera seria y exhaustiva, asegurando que los derechos y necesidades del mismo sean considerados; debiendo considerarse que si bien la aplicación del test de proporcionalidad no es necesariamente aplicable en todos los contextos el mismo es fundamental en los aquellos casos en los que se vean involucrados derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables como el caso del menor NN, lo que permitirá justificar la decisión a asumirse.
Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila
La parte peticionante de tutela denuncia al emitirse el Auto Supremo 819/2023 los Magistrados ahora demandados vulneraron sus derechos: a) A la propiedad, ya que se suprimió su derecho propietario respecto al 50 % del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 mismo que también fue cedido en la “capitulación transaccional”, el cual fue homologado y adquirió calidad de cosa juzgada, alterándose su consentimiento; b) A la “seguridad jurídica” y cosa juzgada vinculado al debido proceso ya que no se consideró los antecedentes del proceso ni se verificó que el bien inmueble (con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694) sobre el cual emitió su decisión ya tenía una situación jurídica definida dentro de un proceso familiar que adquirió calidad de cosa juzgada sustancial, por lo que, los Magistrados ahora demandados carecerían de competencia, y por ello, el Auto Supremo 819/2023 estaba sancionado con nulidad conforme lo previsto en el art. 122 de la CPE; c) Al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, por cuanto, se restringió el derecho a la defensa de quienes intervienen en el “acuerdo transaccional”, al no darse el valor de cosa juzgada desechando la verdad material, sin importar que el bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 fue parte del indicado “acuerdo” ; y, d) Al debido proceso en su vertiente congruencia, por cuanto, las autoridades judiciales ahora demandadas “intentan” un reintegro de legítima, reducción, colación del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 que fue incorporado en el “acuerdo transaccional” y por ende en la comunidad de gananciales “Meneses-Vaquila”; no obstante, solo consideran los activos o beneficios sin atender deliberadamente los pasivos que forman parte determinante del “acuerdo regulador”.
Identificadas las problemáticas traídas en revisión, es necesario considerar que dichas problemáticas cuestionan la decisión asumida en el Auto Supremo 819/2023 respecto al 50% del bien inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694; en ese sentido, remitiéndonos al indicado Auto Supremo se tiene que, en el mismo, los Magistrados ahora demandados resolvieron casar el Auto de Vista S.C.C.II 141/2023, complementado por los Autos “106/2023, 107/2023, 108/2023”, declarando improbada la demanda de reducción de alícuotas y reintegro de legítima respecto al 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 por la transacción advertida, y en los demás mantiene firme y subsistente los términos del indicado Auto de Vista, determinación que hace entrever que se tendría probada la reducción de alícuotas, reintegro de legítima y división de herencia relativo al 50% del bien inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694; no obstante, pese a esa decisión se advierte una falta de fundamentación y motivación respecto a dicho bien inmueble, no siendo posible comprender como se llegó a la conclusión adoptada; por cuanto, los operadores de justicia ahora demandados se limitaron al análisis de los tres bienes inmuebles registrados bajo las Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777; en ese sentido, esa omisión ciertamente permite establecer que se transgredió el derecho a la propiedad de los accionantes -reclamada en la primera problemática-, debiendo comprenderse que si bien la Norma Suprema resguarda este derecho ante interferencias injustificadas por parte del Estado y particulares, el mismo puede ser sujeto a limitaciones según las formas y procedimientos establecidos por ley (conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional); en ese sentido, cualquier afectación al derecho a la propiedad debe estar justificada, por ello, ante fallos arbitrarios carentes de fundamentación y motivación es posible establecer que se vulneró este derecho. Consecuentemente, por lo referido, corresponde conceder la tutela respecto al derecho a la propiedad. Precisado lo anterior, habiéndose establecido que existe una omisión de pronunciamiento respecto al 50% del bien inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694, no es posible considerar lo expresado en la segunda, tercera y cuarta problemática, en las que se denunció la lesión de la “seguridad jurídica” y cosa juzgada vinculados al derecho al debido proceso; asimismo, este último en sus elementos defensa y congruencia, correspondiendo denegar la tutela respecto a los mismos.
La parte impetrante de tutela denuncia que al emitir el Auto Supremo 819/2023 los Magistrados ahora demandados, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: 1.i) En el Auto Supremo 819/2023 no se explicó las razones por las que no se aplicó los arts. 1254, 1255 y 1105 del CC, que fueron invocados por el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023; 1.ii) De manera expresa se manifestó que las disposiciones acordadas por Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo no pueden ser consideradas actos de donación, de liberalidad y de anticipo de legítima, porque, la cesión se encontraba condicionada al pago de una deuda; sin embargo, conforme los arts. 1437 y 1443 del CC; y, la cesión es un instituto que se caracteriza porque no origina propiedad, se constituye para pagar una deuda y no es definitiva, aspectos que no fueron considerados apartándose de los mismos sin mayor motivación; 1.iii) Se hizo referencia a la Cláusula Tercera del “acuerdo transaccional” relativo al canon de arrendamiento; empero, de manera arbitraria y sin justificación se exigió carga probatoria; 1.iv) Se incurrió en una insuficiencia argumentativa respecto al seguro de desgravamen que cubre todas las deudas del de cujus, y que se constituye en una obligación impuesta por la normativa financiera vigente; por lo que, el razonamiento de las autoridades judiciales ahora demandadas es contra la ley, al exigir arbitrariamente una carga probatoria innecesaria, desproporcional e impertinente; 1.v) No se explicó porque a la transacción familiar no se aplica la regla jurídica contenida en el art. 177 del CFPF, además, tampoco se manifestó porque el Auto Supremo 36/2020 de 20 de enero, sería aplicable a su caso y si el problema jurídico que surgió, generó la aplicación del precedente; y, 1.vi) Sin mayor explicación ni fuente probatoria, y de manera inmotivada y arbitraria establecieron que su persona admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida, sin explicar ni justificar su decisión en prueba objetiva; sin embargo, los actos consentidos no pueden ser inferidos ni pueden ser criterios subjetivos de las autoridades judiciales, quienes tienen la carga de sustentar sus argumentos cuando consideren que existe un acto consentido; y, 2) Se conculcó el derecho al debido proceso por afectación del principio de verdad material por cuanto, las autoridades judiciales ahora demandadas omitieron aplicar el principio de verdad material ya que únicamente se refirieron a la “Carta Notariada”; sin embargo, en ningún momento se justificó su alcance y valor jurídico, cuando en dicha “Carta” se evidencia la voluntad libre y espontánea de Mario Meneses Quintanilla quien estaba consciente y seguro de que jamás transfirió su derecho propietario ya que expresamente declaró y afirmó tener la titularidad sobre uno de los bienes dados en cesión y otorgados en anticipo de legítima.
Identificadas las problemáticas traídas en revisión, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto las autoridades judiciales demandadas actuaron apartándose de la normativa vigente, lesionando los derechos de la peticionante de tutela; en tal sentido, se tiene que: Respecto a la primera problemática
La parte accionante denuncia que al emitir el Auto Supremo 819/2023 se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, por cuanto: i) En el Auto Supremo 819/2023 no se explicó las razones por las que no se aplicó los arts. 1254 y 1105 del CC, que fueron invocados por el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023; ii) Las disposiciones acordadas por Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo no pueden ser consideradas actos de donación, de liberalidad y de anticipo de legítima, porque, la cesión se encontraba condicionada al pago de una deuda; sin embargo, conforme los arts. 1437 y 1443 del CC; y, la SC 0170/2007-R de 21 de marzo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0178/2021-S3 de 16 de mayo, 0303/2020-S3 de 22 de julio, la cesión es un instituto que se caracteriza porque no origina propiedad, se constituye para pagar una deuda y no es definitiva, aspectos que no fueron considerados apartándose de los mismos sin mayor motivación; iii) Se hizo referencia a la Cláusula Tercera del “acuerdo transaccional” relativo al canon de arrendamiento; empero, de manera arbitraria y sin justificación se exigió carga probatoria; iv) Se incurrió en una insuficiencia argumentativa respecto al seguro de desgravamen que cubre todas las deudas del de cujus, y que se constituye en una obligación impuesta por la normativa financiera vigente; por lo que, el razonamiento de las autoridades judiciales ahora demandadas es contra la ley, al exigir arbitrariamente una carga probatoria innecesaria, desproporcional e impertinente; v) No se explicó porque a la transacción familiar no se aplica la regla jurídica contenida en el art. 177 del CFPF, además, tampoco se manifestó porqué el Auto Supremo 36/2020 de 20 de enero, sería aplicable a su caso y si el problema jurídico que surgió, generó la aplicación del precedente; y, vi) Sin mayor explicación ni fuente probatoria, y de manera inmotivada y arbitraria establecieron que su persona admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida, sin explicar ni justificar su decisión en prueba objetiva; sin embargo, los actos consentidos no pueden ser inferidos ni pueden ser criterios subjetivos de las autoridades judiciales, quienes tienen la carga de sustentar sus argumentos cuando consideren que existe un acto consentido.
Al respecto, tomando en cuenta que en la presente problemática la parte impetrante de tutela denuncia la carencia de fundamentación y motivación en el Auto Supremo 819/2023 es necesario hacer alusión al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, en el que se sostuvo que, las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación -fundamentación-, además debe contener la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad -motivación-.
En ese marco, teniéndose los parámetros para ingresar analizar el fondo de la presente problemática, debe considerarse que la misma se encuentra compuesta por seis sub problemáticas, por lo que, a fin de ser precisos en su estudio, corresponde individualizar y verificar la existencia de fundamentación y motivación respecto a cada uno; así.
a) La peticionante de tutela alega que en el Auto Supremo 819/2023 no se explicó las razones por las que no se aplicó los arts. 1254, 1255 y 1105 del CC, que fueron invocados por el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023.
Al respecto, con el objeto de establecer si lo alegado es evidente o no, es necesario remitirse al contenido del Auto Supremo 819/2023 (descrito en la Conclusión II.9) en el cual se constató que los Magistrados ahora demandados en parte de su análisis establecieron:
…realizando un examen a la fundamentación expuesta en la Resolución recurrida, se advierte que la Sala de apelación, en el Considerando II, de su decisión, citó reglas sobre derechos de índole constitucional, sustantiva y adjetiva civil, además de jurisprudencia ordinaria, todas ellas sobre el anticipo de legítima (art. 1254 del Código Civil y el Auto Supremo Nº 974/2019, de 24 de septiembre), sobre la sucesión del cónyuge sobreviviente en los bienes propios y en los comunes del causante (art. 1105 del Código Civil), concurrencia del cónyuge con hijos (art. 1103 del Código Civil), la reducción del legado o de la donación de inmuebles (art. 1073 del Código Civil), la colación de bienes inmuebles y muebles (art. 1258 del Código Civil), colación entre herederos forzosos (art. 1255 del Código Civil), de los despachos, títulos y certificaciones públicas (art. 1296 del Código Civil), la eficacia del documento privado reconocido (art. 1297 del Código Civil), alcance de la confesión (art. 156 del Código Procesal Civil), de las clases de confesión (art. 157 de la Ley Nº 439), de los efectos de la confesión judicial (art. 162 del Código Procesal Civil), y de las garantías de la niña, niño y adolescente (art. 60 de la Constitución Política del Estado), los cuales dotan de suficiente fundamentación al Auto de Vista objeto de revisión y que a su vez nos permiten concluir que el fallo recurrido sí pasa el examen de fundamentación que requiere el art. 213.II, num. 3 del Código Procesal Civil en relación con el art. 218.I del mismo cuerpo legal.
Sobre el aspecto motivacional, de una atenta revisión del Auto de Vista recurrido se tiene que la Sala de apelación en el Considerando II, puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, expresó:
Mario Meneses Quintanilla (+), con las facultades que le otorga el art. 1254 del Código Civil, otorgó en anticipo de legítima y cesión los bienes inmuebles que le correspondían, los cuales se encuentran enumerados en la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., en favor de sus 3 hijos nacidos de su primer matrimonio, en el entendido, que el causante (Mario Meneses Quintanilla) no era deudor de sus 3 hijos; transferencia sucesoria inter-vivos que tuvo lugar antes de que se constituya el matrimonio entre el fallecido con María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, según consta del certificado de matrimonio que cursa a fs. 2, en consecuencia, considerando el lineamiento del Auto Supremo Nº 974/2019, de 24 de septiembre, que desglosó el carácter expectaticio de las transferencias en anticipo de legítima, se concluyó, que el 50% de los bienes inmuebles con Matrícula Nº 1.01.1.99.0035694, Nº 1.01.1.99.0000120, Nº 1.01.1.99.0012748 y Nº 1.01.1.99.0035777, continuaron estando dentro del patrimonio del causante Mario Meneses Quintanilla, porque el anticipo de legítima, no resulta ser una transferencia sucesoria definitiva y puede ser objeto de colación, por tanto, de acuerdo con las reglas de los arts. 1103 y 1105 ambos del Código Civil, la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, como cónyuge superviviente, tiene derecho a suceder en una porción igual a la que tienen todos los hijos del de cujus, que llevan los nombres de Claudia Alejandra Meneses Vaquila, Iveth Aracely Meneses Vaquila, Manuel Alejandro Meneses Vaquila y el menor de edad de iniciales JMMI.
El bien mueble con placa de circulación Nº 4690 UPD, es un bien que pertenece a la comunidad de gananciales del matrimonio Meneses-Michel: en principio, debido a que el mismo fue adquirido el 19 de octubre de 2017; seguidamente, porque María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, en el documento de entrega y depósito, que corre de fs. 86 a 87, reconoció que exhibirá el bien inmueble con placa de circulación Nº 4690 UPD “para su ulterior división y partición respetando siempre las alícuotas parte que tuvieren todos los coherederos a la muerte del de cujus Mario Meneses Quintanilla”; y por último, debido a que la demandante mediante de su escrito de apelación de fs. 523 a 536 vta., en el 8º punto de impugnación, reconoció que para nacionalizar el vehículo con placa de circulación Nº 4690 UPD, adquirió varias deudas, como ser el crédito de $us. 17.000, de 18 de enero de 2021, que corre de fs. 85 a 86.
Todos los herederos del fallecido Mario Meneses Quintanilla, deben hacerse cargo de las cargas tributarias que tiene toda la masa hereditaria que se encuentran adquiriendo a prorrata y en la porción que les corresponda, al igual que de las deudas de los 3 vehículos, cuyo monto será determinado en ejecución de Sentencia por la Juez de primera instancia, y sobre las deudas adquiridas para adquirir el vehículo con placa de circulación Nº 4690 UPD, que según confesó María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, a través de su escrito de fs. 523 a 536 vta., solamente asciende a la suma de $us. 17.000, conforme se advierte del documento que corre de fs. 85 a 86, derecho de crédito que al ser obtenido dentro del matrimonio Meneses -Michel, deberá ser cubierto solo en un 50%, a prorrata entre la demandante junto a todos los demandados. Por lo expresado, se advierte que, en el Auto Supremo 819/2023 se advierte que los Magistrados ahora demandados refiriéndose al contenido del Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 establecieron que en el mismo se hizo cita de reglas de derecho de carácter constitucional, sustantivos y adjetivos, así, entre los sustantivos se hizo mención de los arts. 1254 del CC -relativo al anticipo de porción hereditaria-, 1105 del mismo cuerpo normativo -sobre la sucesión del cónyuge sobreviviente en los bienes propios y en los comunes del causante-; y, 1255 del CC -relacionado a la colación entre herederos forzosos-; asimismo, sobre el aspecto motivacional determinó que en el indicado Auto de Vista se manifestó que Mario Meneses Quintanilla con las facultades otorgadas por el art. 1254 del CC, otorgó en anticipo de legítima y cesión los bienes inmuebles que le correspondían en favor de sus tres hijos nacidos de su primer matrimonio; y, siendo que el anticipo de legítima no es una transferencia definitiva podría ser objeto de colación conforme lo previsto el art. 1105 del CC. Ahora bien, con lo evidenciado en el Auto de Vista S.C.C. II 141/2023, los operadores de justicia ahora demandados concluyeron que dicho fallo contaba con la suficiente fundamentación y si bien no se compartía totalmente el análisis efectuado, el mismo representaba el elemento motivacional.
Ahora bien, precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien los Magistrados ahora demandados se remitieron al contenido del Auto de Vista S.C.C. II 141/2023 en cual se evidenció un análisis de los preceptos jurídicos ahora extrañados -arts. 1254, 1255 y 1105 del CC-, para posteriormente señalar que el Auto de Vista se encuentra fundamentado y motivado, aclarando que no se compartía totalmente el análisis efectuado; no obstante, no se explicó los motivos y razones del porque los citados artículos no podrían ser considerados como normativa aplicable al caso concreto, más aun cuando la aplicación de esos preceptos normativos fueron cuestionados en los recursos de casación interpuestos, pues conforme se advierte de la (Conclusión II.8) de este fallo constitucional, se tiene que en el recurso de casación interpuesto por Manuel Alejandro Meneses Vaquila se reclamó -entre otros puntos- que:
vii) Se transgredió la autoridad de cosa juzgada, además, se omitió considerar y explicar los alcances de los conceptos que refiere el art. 1254 del CC, puesto que la demandante María del Carmen Michel Araujo vda. de Meneses, en su acto matrimonial admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida, uno de ellos se traduce bajo la figura de la transacción, realizada en la “acuerdo transaccional”, que tiene efectos frente a los herederos de los suscribientes según las previsiones de los arts. 229 y 949 del CC, resultando impertinente el Auto Supremo 974/2019 de 24 de septiembre.
x) Se incurrió en indebida interpretación y aplicación del art. 1105 del CC, debido a que los bienes propios se encuentran enumerados en los arts. 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184 del CFPF, dentro de los cuales no se encuentran ninguno de los bienes sobre los que versa la “capitulación matrimonial”, siendo que se acreditó que estos bienes “cedidos” le pertenecen a los cesionarios, más aun cuando no existe acto administrativo, judicial, policial, ni ninguna contravención, que haya declarado nula la Sentencia “100/2016” y el referido “acuerdo matrimonial”; xi) Se efectuó una indebida aplicación del art. 1105 del CC puesto que este precepto (respecto a la esposa superviviente) hace referencia a la comunidad de gananciales del último matrimonio (Meneses-Michel), no del anterior matrimonio (Meneses-Vaquila), aspectos de los que se tiene la falta de legitimación que afecta a la parte demandante; xii) El Tribunal de segunda instancia realizó una aplicación aislada del art. 1105 del CC, e inobservó el Sistema Jurídico Boliviano que se sustenta en el art. 178.I de la CPE, el cual se encuentra regido por los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, equidad y respeto a los derechos, debido a que la demandante María del Carmen Michel Araujo vda. de Meneses, no tiene legitimidad, para cuestionar el contenido del documento privado de “capitulación matrimonial” que fue homologado por la Sentencia “100/2016”, siendo que el 2016, María del Carmen Michel Araujo vda. de Meneses, aun no era cónyuge del fallecido Mario Meneses Quintanilla. Asimismo, del tenor del recurso de casación interpuesto por Claudia Alejandra e Iveth Aracely, ambas Meneses Vaquila (Conclusión II.9), se tiene que, las mismas también arguyeron una indebida aplicación de los arts. 1254 y 1105 del CC, manifestando:
d) El Tribunal de alzada aplicó indebidamente el art. 1254 del CC, porque dentro de la presente contienda judicial los bienes litigados no tienen el carácter de ser considerados bienes propios del causante Mario Meneses Quintanilla, afectándose con esta calificación la autoridad de cosa juzgada, puesto que los bienes del “acuerdo regulador” son bienes que emergen de la comunidad de gananciales; e) El Tribunal de segunda instancia incurrió en error al aplicar el art. 1105 del CC y quebrantó el principio de verdad material, porque la demandante no cuenta con legitimación para proponer su demanda de reducción de alícuotas, reintegro de legítima y división de herencia inmiscuyéndose en la forma de disposición de bienes por cesión, por medio del cual el fallecido Mario Meneses Quintanilla cedió el 50% de su patrimonio en favor de sus tres hijos; actos realizados por el anterior matrimonio (Meneses-Vaquila), que a su vez se encuentra homologado por un juez en materia familiar. Consecuentemente, de todo lo expresado, se advierte que, los Magistrados ahora demandados no expresaron los motivos que funden el por qué se llegó a la conclusión que los arts. 1254, 1255 y 1105 del CC no eran aplicables al caso concreto. Consecuentemente, en relación a este punto es evidente que las autoridades judiciales ahora demandadas no cumplieron con su deber de fundamentar y motivar el Auto Supremo 819/2023, lesionando el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación.
b) La parte accionante alegó que en el Auto Supremo 819/2023 de manera expresa se manifestó que las disposiciones acordadas por Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo no pueden ser consideradas actos de donación, de liberalidad y de anticipo de legítima, porque, la cesión se encontraba condicionada al pago de una deuda; sin embargo, conforme los arts. 1437 y 1443 del CC la cesión es un instituto que se caracteriza porque no origina propiedad, se constituye para pagar una deuda y no es definitiva, aspectos que no fueron considerados apartándose de los mismos sin mayor motivación. Con relación al presente punto, con el objeto de establecer si es evidente lo alegado por la impetrante de tutela, es necesario precisar que, de la revisión del contenido del Auto Supremo 819/2023, se advierte que los Magistrados ahora demandados en ningún momento establecieron que el “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” tenga una naturaleza de cesión de bienes regido por el art. 1437 y ss. del CC; por cuanto, conforme se manifestó en el indicado Auto Supremo de manera expresa se determinó que el “Documento” suscrito entre Mario Meneses Quintanilla y Matilde Vaquila Condo es un acuerdo transaccional familiar resguardado por el instituto de la transacción, en el cual se transigió el 50% de los bienes inmuebles con Matrículas Computarizadas 1.01.1.99.0000120, 1.01.1.99.0012748 y 1.01.1.99.0036777 a cambio del pago de dos deudas; en ese sentido, por lo expresado, no es evidente que se tenga una falta de fundamentación y motivación al respecto, no pudiendo exigirse al Tribunal de casación que realice consideraciones respecto a que la cesión sea o no definitiva, si la misma origina o no propiedad y si la misma se constituye para pagar una deuda.
c) De manera arbitraria y sin justificación se exigió carga probatoria respecto a los cánones de alquileres. Al respecto, con el objeto de establecer si existe la arbitrariedad alegada por la peticionante de tutela, necesariamente debemos remitirnos al contenido del Auto Supremo 819/2023, así conforme se describió en la (Conclusión II.12) de este fallo constitucional, se tiene que, los Magistrados ahora demandados refiriéndose al pago de alquileres, manifestaron que:
…resulta imperioso referenciar los criterios expresados en el punto III.4 de la presente decisión por medio de la cual se explicó que al ser el contrato de arrendamiento, un negocio jurídico regido por el tiempo, que ingresa en la categoría de los contratos de tracto sucesivo; debido a que en este tipo de contratos, las obligaciones de las partes o de una de ellas, se encuentran supeditadas a un cierto espacio y tiempo, requiriéndose para que supervivan actos jurídicos de confirmación.
En ese sentido, si bien en la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., se advierte que los exconsortes Meneses-Michel, hicieron notar que: “…la señora MATILDE VAQUILA CONDO de este inmueble recibe por concepto de alquiler la suma de Bs. 23300 (…), monto que es destinado exclusivamente a las deudas bancarias que se señala en la cláusula CUARTA…” (ver cita del contrato visible de fs. 9 a 10 vta.).
No obstante, el contrato de arrendamiento, mencionado en la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., se constituye en un contrato de tracto sucesivo, que se encuentra regido por el tiempo y la confirmación que realicen sus suscribientes; en cuyo mérito, debido a que María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, incumplió con su deber de probar que con el fruto de este contrato de arrendamiento de Bs. 23.300, se pagó el pasivo de $us. 174.000 en favor del Banco de Crédito de Bolivia y el crédito de Bs. 110.000 en favor del Banco Los Andes Procredit, según el art. 136.II de la Ley Nº 439, corresponde desestimar los presentes planteamientos, puesto que tanto lo expresado en la cláusula tercera del canon de arrendamiento destinado a pagar las deudas de la cláusula cuarta y el documento a fs. 59 sirven para enervar el valor probatorio de un acuerdo transaccional que según el art. 949 del Código Civil surte los mismos efectos entre las partes y sus sucesores que la cosa juzgada.” (sic). De lo expresado precedentemente, se advierte que, las autoridades judiciales ahora demandadas ciertamente manifestaron que “…María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, incumplió con su deber de probar que con el fruto de este contrato de arrendamiento de Bs. 23.300, se pagó el pasivo de $us. 174.000 en favor del Banco de Crédito de Bolivia y el crédito de Bs. 110.000 en favor del Banco Los Andes…” (sic); no obstante, debe comprenderse que lo referido se constituye en parte del análisis efectuado por los operadores de justicia, quienes, si bien hicieron referencia a la carga probatoria también señalaron -de forma implícita al citar el art. 136.II del CPC- que quien contradiga la pretensión de su adversario debe probar los mismos, y al no adjuntarse elementos probatorios no podría probarse que Matilde Vaquila Condo hubiese asumido las cargas de la sociedad “Meneses-Vaquila” porque percibía montos de alquiler y no así a cambio de algún bien inmueble, más aun cuando los contratos de arrendamiento se constituyen en contratos de tracto sucesivo que depende de la confirmación de los suscribientes y se encuentra regido por el tiempo; asimismo, los Magistrados ahora demandados establecieron que el canon de arrendamiento que se encontraría destinado al pago de deudas no enervaba el valor probatorio de un acuerdo transaccional familiar. Consecuentemente, por lo precisado no se advierte que, los Magistrados ahora demandados incumplieran su deber de fundamentar y motivar el presente punto.
d) Se incurrió en una insuficiencia argumentativa respecto al seguro de desgravamen que cubre todas las deudas del de cujus, y que se constituye en una obligación impuesta por la normativa financiera vigente; por lo que, el razonamiento de las autoridades judiciales ahora demandadas es contra la ley, al exigir arbitrariamente una carga probatoria innecesaria, desproporcional e impertinente. Al respecto, siendo evidente que el presente punto de reclamo se encuentra vinculado al seguro de desgravamen -tal como se señaló en el punto b) de la primera problemática de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN- es necesario precisar que, de la revisión de antecedentes, más propiamente del contenido de los recursos de casación (interpuesto por Manuel Alejandro, Claudia Alejandra e Iveth Aracely, todos Meneses Vaquila) y las respuestas a los mismos (efectuadas por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en representación del menor NN y María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses), se advierte que, no existe un reclamo expreso respecto al seguro de desgravamen; además, si bien en el memorial de respuesta a los recursos de casación presentado por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, se alegó que:
Si bien Matilde Vaquila Condo asumió el pago de las cargas de la sociedad “Meneses-Vaquila” de $us174 000 y de Bs110 000, consignadas en la Cláusula Cuarta de la “capitulación matrimonial” no lo hizo a cambio de ningún bien inmueble o alguna transacción sobre los bienes litigados, sino lo hizo, porque percibía montos de alquiler por el bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0035694 (otorgado en anticipo de legítima), deudas que a la fecha se encuentran pagadas, ya que ante el fallecimiento del causante se activó el seguro de desgravamen -activación del seguro que no fue verificado ante la negativa del Juez a quo-De lo expresado es necesario considerar que, si bien María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses hace alusión a la activación del seguro de desgravamen, no obstante, dicha referencia únicamente fue complementaria a uno de los puntos de reclamo expresados -relativo a que la aceptación del pago de deudas asumidas por Matilde Vaquila Condo se debió a la existencia de percepción de alquileres y no así a cambio del 50% de tres bienes inmuebles-, siendo inclusive que en esa referencia se señala que la activación del seguro de desgravamen y el pago de la deuda no pudo ser verificado por el Juez a quo; en ese sentido, si bien los operadores de justicia ahora demandados no se pronunciaron sobre el seguro de desgravamen, ello es comprensible, por cuanto, las partes no controvirtieron dicho aspecto; además, que dicho aspecto no podría ser considerado, debido a que, el recurso de casación debe estar orientado a observar aspectos de forma y de fondo de la resolución pronunciada por el tribunal de segunda instancia; y, respecto a la prueba, el recurso de casación únicamente procederá cuando se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho en su apreciación; y, en todo caso, la falta de verificación de activación del seguro de desgravamen por negativa del Juez de primera instancia debió ser reclamada conforme prevé el art. 146 del CPC.
e) No se explicó porque a la transacción familiar no se aplica la regla jurídica contenida en el art. 177 del CFPF, además, tampoco se manifestó porque el Auto Supremo 36/2020 de 20 de enero, sería aplicable a su caso y si el problema jurídico que surgió, generó la aplicación del precedente. Con relación al presente punto, con el objeto de establecer si es evidente lo alegado por la accionante, es necesario precisar que, de la revisión del contenido del Auto Supremo 819/2023, se advierte que los Magistrados ahora demandados manifestaron:
En principio, si bien es cierto que la capitulación matrimonial que corre de fs. 9 a 10 vta., no se encuentra inserta dentro de una escritura pública y no se constituye en un acto de cesión jurídica, no obstante, según las reglas de la transacción determinada en el apartado III.1 de la presente decisión judicial, por medio del cual se determinó que cuando el progenitor fallecido Mario Meneses Quintanilla transfirió, por medio de la capitulación matrimonial de fs. 9 a 10 vta., el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0000120; el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0012748; y el 50% del bien inmueble con Matrícula Nº 1.01.1.99.0036777, en favor de sus hijos Claudia Alejandra, Iveth Aracely y Manuel Alejandro todos de apellidos Meneses Vaquila, a cambio de que la progenitora Matilde Vaquila Condo asuma y pague los créditos de $us. 174.000 obtenidos del Banco de Crédito de Bolivia y de Bs. 110.000 adquiridos del Banco Los Andes Procredit (ver cláusula cuarta del acuerdo de fs. 9 a 10 vta.) (sic). Por lo referido, se tiene que, los Magistrados ahora demandados refiriéndose al cuestionamiento relativo al art. 177 del CFPF establecieron que el “Documento Privado de Capitulación Matrimonial” se constituiría en un acuerdo transaccional -regido por el instituto de la transacción- y no así en un acto de cesión por lo que no sería necesaria la escritura pública. Consecuentemente, por lo expresado, no es evidente que se tenga una falta de fundamentación y motivación al respecto.
f) Sin mayor explicación ni fuente probatoria, y de manera inmotivada y arbitraria establecieron que su persona admitió como válidos los actos que el causante Mario Meneses Quintanilla celebró cuando se encontraba con vida, sin explicar ni justificar su decisión en prueba objetiva; sin embargo, los actos consentidos no pueden ser inferidos ni pueden ser criterios subjetivos de las autoridades judiciales, quienes tienen la carga de sustentar sus argumentos cuando consideren que existe un acto consentido. Con relación al presente punto, con el objeto de establecer si es evidente lo alegado por la impetrante de tutela, es necesario precisar que, de la revisión del contenido del Auto Supremo 819/2023, se tiene que en el mismo se estableció:
vi) Con relación al décimo tercer reclamo expresado por Manuel Alejandro Meneses Vaquila, mediante el cual denuncia que la demandante carece de legítimación, debido a que cuando se celebró el acto jurídico-matrimonial Meneses-Michel, María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses, cuando expresó su voluntad de aceptar a MARIO MENESES como su esposo, admitió también que los bienes consignados en la capitulación matrimonial de 29 de enero de 2016, de fs. 9 a 10 vta., no eran propiedad del causante Mario Meneses Quintanilla, aspecto que se constituye en una acción voluntaria que se enmarca como un acto propio según el Auto Supremo Nº 327/2017, de 30 de marzo, situación que acredita la falta de legitimación, en el hecho que la demandante Maria del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses contrajo matrimonio con el fallecido Mario Meneses Quintanilla, sabiendo de la unión conyugal Meneses-Michel y sus emergencias de disposición patrimonial.
Sobre este este aspecto; en principio, de una atenta revisión de los datos del proceso, este despacho de casación no advirtió ningún acto jurídico, en el cual la demandante María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses haya hecho mención que: “acepto a MARIO MENESES como mi esposo”; concluyendo, al ser inexistente la documental que lleva en su contenido esta declaración, le corresponde a este Tribunal de casación desestimar el presente reclamo al encontrarse sustentado en actuaciones inexistentes (sic).
Por lo referido precedentemente, se advierte que, pese a que en el recurso de casación interpuesto por Manuel Alejandro Meneses Vaquila se sostuvo que la ahora peticionante de tutela expresó su voluntad de aceptar a Mario Meneses Quintanilla como su esposo admitiendo lo establecido en el “Documento Privado de Capitulación Matrimonial”; no obstante, sobre ello, se tiene que los Magistrados ahora demandados desestimaron dicho reclamo señalando que no se advirtió ningún acto jurídico que demuestre las declaraciones que habría efectuado María del Carmen Araujo Vda. de Meneses; consecuentemente, no se constató que los indicados operadores de justicia de manera arbitraria o inmotivada hubiesen establecido la existencia de actos consentidos.
Ahora bien, por todo lo expresado precedentemente, al advertirse que lo alegado en el primer punto de reclamo es evidente, por cuanto no existiría la debida fundamentación y motivación, es evidente que, el Auto Supremo 819/2023 se constituye en una resolución arbitraria que no cuenta con los preceptos legales sustantivos y adjetivos ni se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, correspondiendo conceder la tutela. En lo concerniente a la segunda problemática
La parte accionante denuncia que al emitir el Auto Supremo 819/2023 los Magistrados ahora demandados, se conculcó el derecho al debido proceso por afectación del principio de verdad material por cuanto, las autoridades judiciales ahora demandadas omitieron aplicar el principio de verdad material ya que únicamente se refirieron a la “Carta Notariada”; sin embargo, en ningún momento se justificó su alcance y valor jurídico, cuando en dicha “Carta” se evidencia la voluntad libre y espontánea de Mario Meneses Quintanilla quien estaba consiente y seguro de que jamás transfirió su derecho propietario ya que expresamente declaró y afirmó tener la titularidad sobre uno de los bienes dados en cesión y otorgados en anticipo de legítima.
De lo expresado, si bien en el presente punto se denuncia la lesión del derecho al debido proceso vinculado al principio de verdad material, debe comprenderse que, el reclamo en esencia se encuentra relacionado con la valoración de la prueba, que se hubiese efectuado respecto a la “Carta Notariada”; en ese sentido, es necesario hacer alusión al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por el cual se sostuvo que se efectuará la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, sin necesidad de que se cumplan los supuestos de señalar con precisión y en concreto qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, ni demostrar la incidencia en la resolución final a dictarse; toda vez que, esta jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad en su análisis, reduciéndose a establecer la ausencia de estos aspectos en la labor valorativa, u omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente.
En ese marco, siendo que la impetrante de tutela denunció una errónea valoración de la prueba, cabe precisar que, de los argumentos contenidos en el memorial de respuesta del recurso de casación se tiene que la ahora peticionante de tutela alegó que mediante “Carta Notariada” se logra acreditar que el fallecido Mario Meneses Quintanilla continuaba siendo propietario del bien inmueble con Matrícula Computarizada 1.01.1.99.0036777. Al respecto, de la revisión de los fundamentos expresados en el Auto Supremo 819/2023 se advierte que la “Carta Notariada” referida por la accionante, no fue considerada y menos valorada, lo que hace evidente que los Magistrados ahora demandados incurrieron en omisión de la valoración de la prueba, por cuanto, no cumplieron con su deber de considerar la “Carta Notariada”, debiendo concederse la tutela impetrada. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al conceder la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0043/2024 de 14 de marzo, cursante de fs. 670 a 681, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: En cuanto a la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Abel Pérez Arcienega, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, Marlene Judith Isla Arando, en representación del menor NN 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en su dimensión sustantiva vinculado al interés superior del niño; y, el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, correspondiente al menor NN, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en su dimensión sustantiva vinculado a la igualdad sustantiva y a la prohibición de discriminación, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Disponer dejar sin efecto el Auto Supremo 819/2023 de 16 de agosto, debiendo emitirse una nueva resolución conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En cuanto a la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Alejandra y Manuel Alejandro ambos Meneses Vaquila 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la propiedad, conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso vinculado a la “seguridad jurídica” y “cosa juzgada”; así como el debido proceso en sus elementos derecho a la defensa y congruencia, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Respecto a la acción de amparo constitucional interpuesta por María del Carmen Michel Araujo Vda. de Meneses 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación únicamente respecto al primer punto de reclamo; además, del debido proceso por afectación del principio de verdad material -respecto a la valoración de la prueba- conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación respecto al segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto de reclamo, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de voto aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRDA
1 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 8. (…) II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.” (negrillas agregadas).
5 La CorteIDH en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
6 La SC 0050/2001 de 21 de junio, en el Considerando VI, sostuvo que: “…la propiedad privada entendida como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para poseer usar y gozar de un bien, sea de carácter material, intelectual, cultural o científico. Sin embargo, la misma Constitución establece como condición al ejercicio del derecho de propiedad privada, que la misma cumpla una función social.
7 En el FJ III.4 establece: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos, para cumplir así con los estándares axiomáticos rectores del principio de razonabilidad. …deben establecerse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: 1) El derecho de uso; 2) El derecho de goce; y, 3) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad y justicia. Por su parte, es imperante además, precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: i) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, ii) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.”
LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 9“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”
10 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:
12 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”
13 El Código Niña, Niño y Adolescente establece: “Artículo 6. (PRIMERA INFANCIA E INFANCIA ESCOLAR). Se considera primera infancia a las niñas y niños comprendidos desde su nacimiento hasta los cinco (5) años, e infancia escolar a las niñas y niños comprendidos entre las edades de seis (6) a doce (12) años.”
14 El Código Procesal Civil prevé: “Artículo 271.- (Causales de Casación). I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación, errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.. II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal de infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores. III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista.” 15El Código Procesal Civil establece: “Artículo 146.- (Recurribilidad de las resoluciones sobre pruebas). Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial sobre rechazo, producción y diligenciamiento de la prueba, serán apelables en el efecto diferido sin recurso ulterior.”
16 El Código de las Familias y del Proceso Familiar prevé: “ARTÍCULO 2.- (LAS FAMILIAS Y TUTELA DEL ESTADO). Las familias, desde su pluralidad se conforman por personas que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por un periodo indefinido de tiempo, protegido por el Estado, bajo los principios y valores previstos en la Constitución Política del Estado.”
17 El Código Civil establece: “ARTÍCULO 949. (EFECTOS DE COSA JUZGADA).- Las transacciones, siempre que sean válidas, tienen entre las partes y sus sucesores los efectos de la cosa juzgada.” 18La Convención sobre los Derechos del Niño establece: “Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 19La Observación General 14 (2013) Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, desarrolla el contenido del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sosteniendo: “A. Análisis jurídico del artículo 3, párrafo 1 1. "En todas las medidas concernientes a los niños" a) "En todas las medidas"
20 El Código Procesal Civil prevé: “Artículo 271.- (Causales de Casación). I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación, errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.. II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal de infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores. III. No se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva del auto de vista.” 21El Código Procesal Civil establece: “Artículo 146.- (Recurribilidad de las resoluciones sobre pruebas). Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial sobre rechazo, producción y diligenciamiento de la prueba, serán apelables en el efecto diferido sin recurso ulterior.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0746_2024-S1.pdf · páginas 1 a 104.
Huella digital del PDF (SHA-256): 60112d181fbc25aa857568374054def3ced51706561e2493486b39087a8b5903
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