Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 11 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado a la garantía al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la vida, a la salud, “…a una justicia plural, oportuna, transparente…” (sic) y “…a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial…” (sic); toda vez que, el Juez codemandado, mediante Auto Interlocutorio 15/2022, revocó la medida cautelar anteriormente impuesta y dispuso su detención preventiva; no obstante, esta desición carece de adecuada fundamentación y motivación, debido a que omitió la valoración de la prueba presentada por su defensa; y, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 1032/2022, confirmó la Resolución emitida por el Juez a quo, argumentando que su persona ni su abogado asistieron a la audiencia de apelación incidental, aspecto que no es cierto ni evidente, ya que, la audiencia contó con su presencia y la de su defensa técnica, a quien, no se le concedió el uso de la palabra. Ante ello: 1) El Juez codemandado señaló que el Auto Interlocutorio 15/2022 revocó las medidas cautelares, imponiéndose detención preventiva al accionante, debido al incumplimiento de la fianza dispuesta el 22 de julio de 2021; además que, el mencionado no acató dicha medida y fue declarado rebelde; y, 2) El Vocal demandado, indicó que el abogado del impetrante de tutela solicitó la suspensión de la audiencia mediante memorial, el cual fue rechazado, sin que ello implique vulneración de derechos; asimismo, manifestó que las medidas cautelares son provisiona…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías a objeto de la resolución de la apelación incidental conforme corresponde a derecho.
2° DENEGAR respecto a Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, así como respecto a los derechos a la salud y a la vida, sin haber ingresado al análisis de fondo sobre los mismos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0745/2025-S2 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53295-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Magne Zelaya en representación sin mandato de Ayrton Kevin Pardo Padilla contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 19 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 7 a 11 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado-, emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 de 4 de diciembre, mediante el cual revocó la medida cautelar inicialmente impuesta y, en consecuencia, ordenó su detención preventiva, fundamentándose únicamente en el art. 246 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, dicha desición carece de la debida fundamentación y motivación, además de no haberse valorado la prueba presentada por la defensa, la cual demuestra que el incumplimiento de la medida cautelar personal sustitutiva de la detención preventiva fue consecuencia de la no emisión de los testimonios que viabilizarían la hipoteca legal del bien ofrecido en garantía. Debido a lo antes expuesto, interpuso recurso de apelación incidental contra la determinación de primera instancia, celebrándose la audiencia de consideración de dicha impugnación el 30 de diciembre de 2022, misma que fue presidida por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, quien emitió el Auto de Vista 1032/2022 de 30 de diciembre, confirmando la decisión del Juez a quo, cuyo fundamento principal fue que, en audiencia, los agravios no fueron expuestos de forma oral debido a la inasistencia del recurrente y sus abogados. Aspectos que no son ciertos ni evidentes, ya que, estuvo presente en la audiencia virtual acompañado de uno de sus abogados al que no le concedieron el uso de la palabra, conforme se demuestra en la grabación de la audiencia. El Vocal demandado, impidió la exposición de agravios contra la desición asumida por el Juez a quo; por lo que, la emisión del Auto de Vista 1032/2022 carente de fundamentación, implica una incongruencia omisiva que dio lugar a la privación de su libertad.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado a la garantía al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la vida, a la salud, “…a una justicia plural, oportuna, transparente…” (sic) y “…a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial…” (sic); citando al efecto los arts. 15, 21.7, 22, 35, 115.II, 116.I, 117, 119.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 15/2022 y del Auto de Vista 1032/2022; y, b) Se deje sin efecto el mandamiento de detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de enero de 2023, según consta en el acta de cursante de fs. 28 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando manifestó que: 1) La audiencia de revocatoria de medidas cautelares se llevó a cabo un día domingo, a horas 6:00 de la mañana, en la cual se dispuso la detención preventiva de su defendido. Esta decisión se fundamentó en el supuesto incumplimiento de la medida cautelar personal sustitutiva consistente en una fianza de Bs10 000.-(diez mil bolivianos), posteriormente incrementada a Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), y sustituida por una hipoteca judicial que no pudo concretarse debido a la falta de emisión de los testimonios necesarios para su inscripción; y, 2) No se consideró que toda resolución judicial relacionada con el art. 247.1 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, obliga a la autoridad judicial a realizar un nuevo juicio de valoración y fundamentación respecto de la concurrencia o no de los requisitos establecidos en el art. 236 del citado Código modificado por la mencionada Ley, en relación con los riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del mismo texto normativo modificado por dicha Ley. En ese marco, se evidencia que el Auto Interlocutorio 15/2022 únicamente fundamentó su decisión en el presunto incumplimiento de las medidas cautelares, omitiendo el análisis y valoración de los riesgos procesales exigidos por la norma.
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 17 a 18, solicitó se deniegue la tutela; con base en los siguientes argumentos: i) El impetrante de tutela no cumplió con el requisito formal de señalar la causal de procedencia de la acción de libertad, conforme lo exige el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) Respecto al argumento de que no se habría concedido el uso de la palabra al abogado del accionante, éste presentó un memorial solicitando la suspensión de la audiencia, el cual no fue aceptado por el suscrito Vocal; iii) En relación a la supuesta falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, el impetrante de tutela no especificó de manera clara cuál de las conclusiones carecería de motivación o fundamentación adecuada; iv) Las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas en cualquier etapa del proceso, aspecto que debió ser considerado por el prenombrado antes de activar una acción de defensa como la presente; y, v) La jurisdicción constitucional no constituye una instancia revisora del fondo del proceso, como pretende el accionante. Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, manifestó que la solicitud de revocatoria de medidas cautelares fue presentada un día viernes, por lo que debía resolverse en el plazo de veinticuatro horas. En ese marco, se fijó audiencia para el sábado a horas 6:00 de la mañana, la cual fue reprogramada para el día siguiente a la misma hora. En dicho acto procesal se dictó la resolución correspondiente, que se fundamentó en el incumplimiento, por parte del ahora accionante, de la medida cautelar dispuesta el 22 de julio de 2021, consistente en el depósito de una fianza. Como consecuencia de dicho incumplimiento, por Auto Interlocutorio 15/2022 se resolvió revocar las medidas cautelares y se impuso la detención preventiva, medida que no fue acatada por el mencionado, quien además fue declarado rebelde.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 20/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32 a 35 vta., concedió en parte la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 1032/2022, para que luego de señalar audiencia emita un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado; y, denegó con relación al Juez codemandado, con base en los siguientes fundamentos: a) El Vocal demandado lesionó el derecho al debido proceso, específicamente en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculado al derecho a la libertad personal; toda vez que, el Auto de Vista 1032/2022, se limita a señalar la ausencia de defensa técnica del apelante, sin justificar las razones por las cuales no se dispuso la designación de un abogado defensor de oficio o un defensor público, a efectos de garantizar plenamente este derecho fundamental; b) En atención a que fueron impugnadas dos resoluciones -la emitida por el Juez a quo y la dictada por el Juez ad quem-, no corresponde ingresar al análisis de los fundamentos expuestos por el Juez de origen, ya que, su revisión compete de manera exclusiva a la autoridad superior en grado; c) Se precisó que la jurisdicción constitucional no tiene la facultad de dejar sin efecto, de forma directa, un mandamiento de detención preventiva, puesto que dicha atribución corresponde exclusivamente a la jurisdicción penal ordinaria; no obstante, puede disponerse la emisión de una nueva resolución que observe las garantías constitucionales y el debido proceso; y, d) No se advierte legitimación pasiva por parte del Juez codemandado, debido a que, la forma en la que se interpuso la presente acción tutelar obliga a que se realice el análisis a partir de la última desición.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 15/2022 de 4 de diciembre, sobre revocatoria de medidas cautelares pronunciado por Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ayrton Kevin Pardo Padilla -accionante-, cuya parte resolutiva dispuso revocar las medidas cautelares e imponer la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, la misma que fue apelada en audiencia (fs. 2 a 3).
II.2. Por memorial presentado de 30 de diciembre de 2022 ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el accionante solicitó la suspensión de la audiencia de apelación incidental programada para el mismo día, en razón a un viaje de su abogado defensor fuera del país, adjuntando al efecto una copia del billete electrónico de viaje; la misma que, mereció como respuesta el decreto de la misma fecha que refiere: “En atención al memorial que antecede, la misma se pondrá en conocimiento en la audiencia programada” (sic [fs. 22 a 23 vta.]). II.3. Consta acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar de 30 de diciembre de 2022 firmada por por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, en la que se observa la ausencia del Ministerio Público y del abogado defensor del accionante, así como la presencia de la parte querellante y del propio imputado en el proceso penal (fs. 19). Se adjunta en medio magnético la grabación de la audiencia (fs. 6). II.4. A través de Auto de Vista 1032/2022 de 30 de diciembre, el Vocal demandado, en su parte considerativa señaló que, debido a la inasistencia del abogado de la defensa, no se expusieron agravios de manera oral (fs. 20 a 21); y, en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 15/2022 pronunciado por el Juez codemandado. Posteriormente, el accionante presentó memorial solicitando aclaración y complementación del Auto de Vista referido, mismo que fue rechazado mediante Auto de 5 de enero de 2023 (fs. 25 a 26).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado a la garantía al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la vida, a la salud, “…a una justicia plural, oportuna, transparente…” (sic) y “…a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial…” (sic); toda vez que, el Juez codemandado, mediante Auto Interlocutorio 15/2022, revocó la medida cautelar anteriormente impuesta y dispuso su detención preventiva; no obstante, esta desición carece de adecuada fundamentación y motivación, debido a que omitió la valoración de la prueba presentada por su defensa; y, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 1032/2022, confirmó la Resolución emitida por el Juez a quo, argumentando que su persona ni su abogado asistieron a la audiencia de apelación incidental, aspecto que no es cierto ni evidente, ya que, la audiencia contó con su presencia y la de su defensa técnica, a quien, no se le concedió el uso de la palabra. Ante ello: 1) El Juez codemandado señaló que el Auto Interlocutorio 15/2022 revocó las medidas cautelares, imponiéndose detención preventiva al accionante, debido al incumplimiento de la fianza dispuesta el 22 de julio de 2021; además que, el mencionado no acató dicha medida y fue declarado rebelde; y, 2) El Vocal demandado, indicó que el abogado del impetrante de tutela solicitó la suspensión de la audiencia mediante memorial, el cual fue rechazado, sin que ello implique vulneración de derechos; asimismo, manifestó que las medidas cautelares son provisionales y modificables en cualquier etapa del proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0689/2023-S1 de 27 de junio, en cuanto al tópico señaló: “Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia ininterrumpida de las partes, pero además toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes:
i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia.
ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso) posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, unicamente para fines de registro.
(…)
En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia despues o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez.
(…)
Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente.
Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado `Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal´, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA) (…)
(…)
Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejericicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; puesto que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).
Es necesario mencionar que en esta acción tutelar, el accionante demanda la nulidad del Auto Interlocutorio 15/2022 de 4 de diciembre emitido por el Juez codemandado y del Auto de Vista 1032/2022 de 30 de diciembre pronunciado por el Vocal demandado; por lo que, en relación al petitorio de anulación del Auto Interlocutorio 15/2022, no corresponde su valoración bajo el principio de subsidiariedad por cuanto la autoridad llamada por ley para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela es precisamente el referido Vocal ante el que se interpuso el recurso de apelación incidental, ello con base en el art. 251 del CPP y el desarrollo jurisprudencial contenido en las SSCC 0008/2010-R de 6 de abril y 0080/2010-R de 3 de mayo, respecto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad precisamente frente a resoluciones de medidas cautelares; por lo que, respecto al referido Juez codemandado, corresponde denegar la tutela impetrada. Ahora bien, de la compulsa del expediente remitido en revisión y lo señalado en audiencia de garantías, se tiene que, el Juez a quo emitió el Auto Interlocutorio 15/2022 por el cual revocó la medida cautelar previamente impuesta y ordenó la detención preventiva del impetrante de tutela (Conclusión II.1), una vez apelada en audiencia de consideración de la misma, el accionante presentó memorial el 30 de diciembre de 2022 a horas 11:16, solicitando la suspensión de la audiencia de apelación de medidas cautelares, en razón a que, su abogado se encontraba de viaje, adjuntando a tal efecto prueba documental consistente en el billete electrónico de viaje (Conclusión II.2); empero, instalado dicho acto procesal en la fecha señalada a horas 11:30, según consta en el acta de audiencia, el Secretario de Sala informó: “Presente la parte imputada Ayrton Kevin Pardo Padilla, ausente su abogado” (sic); ante ello, el Vocal demandado confirmó la Resolución impugnada, fundamentando dicha determinación en la falta de exposición oral de agravios en audiencia. Desición que fue plasmada en el Auto de Vista 1032/2022 (Conclusión II.3). Con base en los antecedentes referidos y la jurisprudencia desarrollada, la defensa material y la defensa técnica, constituyen garantías esenciales del proceso penal, tal como lo reconoce la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos. Ambas resultan indispensables para asegurar el ejercicio pleno, efectivo e irrestricto del derecho a la defensa a lo largo de todas las etapas del procedimiento penal lo que, incluye a las audiencias de medidas cautelares, donde se analiza la posible restricción de derechos fundamentales, particularmente la libertad personal. La detención preventiva, como medida excepcional y de último recurso, sólo puede ser dispuesta en casos estrictamente necesarios y bajo control de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En este marco, la participación activa tanto del imputado como de su defensa técnica es indispensable para asegurar un debate contradictorio, transparente y para evitar decisiones arbitrarias que vulneren bienes jurídicos de máxima jerarquía constitucional, como la libertad y la dignidad de la persona. Del ámbito normativo internacional, el derecho a la defensa está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ambos forman parte del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410 de la CPE. Estos instrumentos establecen expresamente el derecho del inculpado a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor de su elección y el carácter irrenunciable de la defensa técnica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador, Sentencia de 3 de junio de 2021, reafirmó la existencia de estas dos dimensiones del derecho a la defensa, destacando su carácter esencial para garantizar un proceso penal justo. La jurisprudencia también desarrolló estos principios, es así que, la SCP 0116/2025-S2 de 14 de marzo, razonó que el principio de inmediación en materia penal exige la presencia física de todas las partes durante las audiencias, lo que incluye a las de medidas cautelares; ello se debe a que la presencialidad permite una valoración directa de las pruebas por parte del juez y asegura el efectivo ejercicio del derecho a la defensa; la virtualidad, en cambio, debe considerarse excepcional y siempre debidamente justificada, ya que, puede limitar la apreciación integral de las pruebas y afectar la comunicación no verbal, esencial en el proceso. En el presente caso, se evidencia que el actuar del Vocal demandado conllevó a la anulación tanto de la defensa material como de la defensa técnica del accionante; debido a que, en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, la parte imputada fundamentó su apelación, la cual no fue considerada en alzada; asimismo, ante la ausencia del abogado defensor por no haberse aceptado la suspensión de la audencia al no considerarse justificada, era obligación del Vocal demandado designar un defensor público o en su defecto, reprogramar la audiencia si no se podía garantizar una defensa técnica efectiva en ese momento, al haber omitido esta obligación, se vulneró el derecho a la defensa del accionante, afectando así la validez del acto procesal, más aún si estando en conocimiento de la presencia del imputado -ahora accionante- conforme se tiene del acta escrita (fs. 19), tampoco dio la palabra al mismo, a fin de que ejerza su derecho a la defensa material, imposibilitando que este pueda advertir la existencia de un abogado que lo asista en ese momento a objeto que se lo de la palabra y ejerza su defensa técnica, conforme alegó el impetrante de tutela ante dicho Vocal, todo ello de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y que al tratarse de una audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, la conducta del Vocal demandado incidió en la lesión de los derechos al debido proceso y defensa vinculados al derecho a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada.
Con relación al derecho a la salud mencionado por el accionante es necesario, para acceder a su tutela el probar, demostrar y acreditar que se está frente a un daño inminente a la vida en los casos en que se alegue que se está restringiendo el derecho a la salud del accionante, lo que no aconteció, correspondiendo denegar su tutela; asimismo, la sola alusión de una posible vulneración del derecho a la vida no hace posible su tutela; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a los mismos. Finalmente, en cuanto a la alegada lesión de derecho a la “presunción de inocencia”, por la forma de resolución de la problemática arriba expuesta y tratándose de un principio que por su naturaleza no puede ser directamente tutelado, sino que su consideración debe estar ligada a la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales; también corresponde denegar la tutela solicitada sin mayores consideraciones. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 32 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías a objeto de la resolución de la apelación incidental conforme corresponde a derecho.
2° DENEGAR respecto a Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, así como respecto a los derechos a la salud y a la vida, sin haber ingresado al análisis de fondo sobre los mismos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0745_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 03db7d4f4887ce0473e985e09d06e53d107ee92e273f0b05529cda9ac3b30d0f
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