Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 11 de noviembre de 2024
Concede la tutela
La parte accionante denuncia que sus derechos al debido proceso en su elemento fundamentación y a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022 –que dispuso su detención preventiva–, si bien el Vocal ahora demandado profirió el Auto de Vista 320/2022 de 11 de agosto, resolviendo revocar el indicado Auto Interlocutorio; sin embargo, contrario a la ley y la Constitución mantuvo subsistente su privación de libertad, ya que dispuso que “la parte interesada” solicite lo que en derecho corresponde, sin resolver su situación jurídica. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; 2) El derecho a la libertad y las condiciones de validez para su restricción; 3) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 320/2022 de 11 de agosto, bajo los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; por ello, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca deberá emitir una nueva resolución en la que analice y resuelva los riesgos procesales deducidos por el Ministerio Público, para ello se otorga un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, computables a partir de la notificación con el presente fallo constitucional. 3° Se dispone que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca adopte las medidas necesarias para cumplir su deber de diligencia y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. 4° Se llama la atención a Farid Nassar Donoso, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su calidad de Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 5° Se dispone por Secretaria General de este Tribunal, la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que a través de esa instancia se inicie, si corresponde, el respectivo proceso disciplinario tanto a Farid Nassar Donoso, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su calidad de Juez de garantías, como a Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0745/2024-S1 Sucre, 11 de Noviembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49308-2022-99-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 16/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Rodriguez Flores contra Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 11 de agosto de 2022, cursantes de fs. 15 a 19 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que se le sigue el Ministerio Público a denuncia de Lidia Yucra Uyuni por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 29 de julio de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Tarabuco; no obstante, considerando que dicha determinación es lesiva a sus derechos interpuso recurso de apelación incidental alegando como único agravio que el Juez a quo no realizó una correcta fundamentación y motivación de su resolución, por cuanto no se hizo referencia a los elementos que permitieron tener por acreditado la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales; en ese sentido, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandado– profirió el Auto de Vista 320/2022 de 11 de agosto, resolviendo revocar el Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2022; sin embargo, contrario a la ley y la Constitución Política del Estado mantuvo subsistente su privación de libertad, ya que dispuso que “la parte interesada” solicite al juez de control jurisdiccional lo que en derecho corresponde, sin resolver su situación jurídica, vulnerando su derecho al debido proceso con afectación directa a su derecho a la libertad, ya que su privación de libertad se tornó en indebida al no existir resolución de detención preventiva vigente. Posteriormente, habiéndose solicitado la complementación del Auto de Vista 320/2022 respecto a la disposición de su libertad, el Vocal ahora demandado simplemente refirió que el Juez a quo debía disponer o no la libertad, y las partes deben solicitar ese extremo; por lo que, al no pronunciarse debidamente sobre su situación jurídica y la petición de disponer su libertad se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento debida fundamentación
La parte accionante denuncia que sus derechos al debido proceso en su elemento fundamentación y a la libertad, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE)
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 320/2022, disponiendo que la autoridad demandada de manera inmediata emita mandamiento de libertad.
Celebrada la audiencia pública el 13 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificando el contenido de su acción de libertad, y ampliando manifestó que: a) A la fecha de interposición de la acción de defensa –11 de agosto de 2022– no existe una resolución vigente que disponga la detención preventiva del accionante, por lo que, existe vulneración del derecho a la libertad; y, b) Al proferirse el Auto de Vista 320/2022 se lesionó su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación, debido a que, la parte dispositiva de dicho fallo no es clara al referirse sobre su libertad.
Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca no presentó informe ni concurrió a la audiencia pese a su legal citación cursante a fs. 21.
El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en audiencia manifestó que el impetrante de tutela se encontraba desaparecido cinco años y fue declarado rebelde dos veces; por ello, con su aparición se procedió aprehendérselo y se lo puso a disposición de la autoridad judicial, quien aplicando un enfoque de género determinó que el accionante debía permanecer en la “Carceleta” con el fin de precautelar su concurrencia en el proceso, ya que el mismo contaba con requerimiento conclusivo de acusación; por lo que, se solicitó se consideró el delito por que se acusaba al impetrante de tutela que no se constituye en un delito leve, y por ello, debía declararse “improcedente” la acción tutelar planteada.
La representante del Ministerio Público, en audiencia, manifestó que “…se ha hecho un análisis a la acción de libertad y lo vertido por ambos abogados defensores, lo lamentable es que nos traigan a esta audiencia tomando en cuenta de que ellos tienen que demostrar que efectivamente conforme al Auto de fecha 11 de agosto de la presente gestión, emitido por el Vocal Dr. René Conde, aparentemente después de haberles dado la procedencia a un incidente en relación a una audiencia de medidas cautelares; se debe tomar los siguientes aspectos; primero tienen que traer ellos la prueba en el cual nos refiere que efectivamente, el Vocal Rene conde ha omitido pronunciarse en relación a la supuesta libertad. Se tiene en cuenta del Auto que indica de manera textual la procedencia admisible primeramente de la apelación, y en el fondo se declara procedente el recurso de apelación formulado por el ahora acusado, disponiendo revocar el Auto Interlocutorio de fecha 29 de julio de 2022, que ha sido emitido por el Juez aquo del municipio de Tarabuco, disponiendo que la parte interesada de manera textual solicite lo que en derecho corresponde ante la Juez de la causa. Ellos deberían haberse pronunciado, haber presentado y agotar esta subsidiariedad ante el juez de Sentencia y solicita el derecho a la libertad de su defendido…” (sic).
Lidia Yucra Uyuni no presentó memorial alguno ni concurrió a la audiencia programada pese a su legal notificación cursante a fs. 26.
El Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la última parte del Auto de Vista 320/2022 que refiere “‘debiendo la parte interesada solicitar lo que en derecho corresponda ante el Juez de la causa’” (sic), además, dispone se expida mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela; manifestando al efecto que de la prueba ofrecida se advierte que el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 320/2022 disponiendo “…revocar el auto interlocutorio de 29 de julio de 2022, debiendo la parte interesa solicitar lo que en derecho corresponda ante el Juez de la causa” (sic); por lo que, lo alegado por el accionante resulta cierto y evidente, ya que al dejarse sin efecto la resolución que dispuso la detención preventiva debió otorgarse la libertad del impetrante de tutela sin esperar que se acuda al juez de control jurisdiccional para solicitar su libertad; por cuanto, es totalmente dilatorio y vulnera el derecho al debido proceso en su elemento fundamentación.
De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Lidia Yucra Uyuni contra Roberto Rodriguez Flores –accionante– seguido por la presunta comisión de delito de abuso sexual ejercida contra una menor, se tiene que, ante la solicitud de aplicación de medidas cautelares personales efectuada por la autoridad fiscal, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca emite el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022, a través del cual, dispone la detención preventiva del impetrante de tutela (antecedentes extraídos tanto del Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022 como del contenido del Auto de Vista 320/2020 de 11 de agosto [fs. 2 a 3, y, 4]). II.2. En mérito al recurso de apelación incidental interpuesto por Roberto Rodríguez Flores –accionante– contra el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022 (fs. 3); Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emite el Auto de Vista 320/2022 de 11 de agosto, resolviendo: “…Declarar ADMISIBLE la apelación y en el fondo se declara: La PROCEDENCIA del recurso de apelación formulado por el acusado –Roberto Rodriguez Flores–, disponiendo revocar el Auto Interlocutorio de fecha 29 de julio de 2022, debiendo la parte interesada solicita lo que en derecho corresponda ante el Juez de la causa” (sic); manifestando para ese efecto que:
“RESPECTO AL PRIMER Y ÚNICO MOTIVO RECURSIVO.- El único motivo de agravio expresado por la defensa del imputado -ahora recurrente- ha referido que existe la vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación, la no aplicación correcta del art. 233 num. 2) del CPP, art. 235 ter párrafo segundo e invoca el art. 400 como perjuicio donde este
Tribunal no puede suplir las omisiones del Juez A-quo. Alega que el Juez A-quo no se ha pronunciado a los riesgos procesales colegidos por el Ministerio Público, en específico los numerales 2) y 10) del artículo 234 y el núm. 2) del artículo 235 del CPP, exponiendo únicamente que en mérito al haber sido declarado rebelde y al ser procesado por un delito cuyo quantum de la pena es de 10 a 15 años, seria procedente la medida cautelar de detención preventiva. De la revisión de los antecedentes, se tiene que la Autoridad Fiscal -Dra. Blenda Serrudo Basilia- en fecha 28 de julio de 2022, ha puesto a conocimiento la aprehensión ante el Juez de la causa, haciendo conocer que se ha procedido a la aprehensión y solicita día y hora de audiencia y la aplicación de medidas cautelares. En esta petición la Sra. Fiscal indica sobre la concurrencia de la autoría con probabilidad, en el entendido que ya tiene acusación, como segundo requisito expone la Autoridad Fiscal el peligro de fuga previsto en el art. 234 num. 1) del CPP. 234 num. 2), 234 num. 10) (sic); peligro de obstaculización previsto en el art. 235 num. 2) del CPP: finalmente con relación al art. 233 num. 3 del CPP, solicita que la detención preventiva sea por el plazo de dos meses. La Autoridad Judicial señala audiencia para el dia 29 de julio, audiencia en la cual sucede los hechos siguiente, la representación del Ministerio Público hace la ratificación de su solicitud, hace referencia como fue el hecho fáctico del hecho acusado, también expone los riesgos de peligro, de fuga y obstaculización. La responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarabuco -Dr. Edgar Augusto Castillo-, también señala que se ha cumplido requisitos para la detención preventiva, considerando que el acusado es con probabilidad autor, también hace referencia a la solicitud de la detención preventiva por el lapso de dos meses, dicho esto el Juez de la causa concede la palabra al abogado del acusado. La defensa del acusado va contrarrestando la autoria con probabilidad, así como los riesgos procesales en el entendido que a juicio de la defensa del acusado, no concurría estos presupuestos procesales, va detallando uno a uno las causales que invocaron tanto el Ministerio Público, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego de un extenso debate contradiciendo lo afirmado por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la defensa del imputado, la Autoridad Judicial pronuncia la resolución en audiencia en fecha 29 de julio, determinando la detención preventiva. Pronunciada la resolución de la detención preventiva el abogado del acusado hace una aclaración si ha ordenado la detención por dos meses, porque señala audiencia en octubre y el Juez A-quo corrige y rectifica al 29 de septiembre a horas 10:00, dicho esto el abogado Milton Palma señala: "Ya habiendo su autoridad su resolución vamos a plantear recurso de apelación a la resolución emitida por su autoridad reservándonos, planteamos el recurso de apelación reservándonos el derecho de fundamentar en el Tribunal de Alzada" La Autoridad Judicial en el Auto de la misma fecha, refiere: "VISTOS: En vista de que el acusado por intermedio de su Abogado en audiencia interpone el recurso de apelación incidental en consecuencia, de acuerdo con lo que dispone el Art. 251 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173, remitase por secretaria las actuaciones pertinentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en el término de 24 horas con la debida nota de atención". Por ello se remite la causa que la misma es radicada en esta Sala Penal Primera, en fecha 08 de agosto del año en curso y se señala audiencia para el día 11 de agosto. Al respecto se debe enfatizar que luego de la resolución pronunciada por la Autoridad Judicial, la única parte que apelada es la parte acusada, no así Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez, se dirá porque va apelar el Ministerio Público y porque va apelar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, si el Juez A-quo ha dado respuesta a lo que ha pedido, es decir, se ha dispuesto la detención preventiva. Empero de la lectura de la resolución se advierte que dicha resolución no tiene la fundamentación necesaria, expresa que debe contener una resolución judicial. El Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar, ha expuesto la autoría con probabilidad, ha expuesto los riesgos procesales; porque no ha exigió al Juez A-quo para que se pronuncie, el peligro de fuga u obstaculización, cuales son concurrentes cuales no, por ello sería pedir complementación, si no se subsanado presentar apelación; debió presentar apelación para que el Juez de apelación ingrese a analizar esta deficiencia que han sido observadas por la Autoridad Judicial. En efecto, el Art. 400 del CPP que se encuentra en el Libro Tercero "Etapa de Recursos", derecho a recurrir, adhesión, reglas generales, competencia, rechazo sin tramite y reforma en perjuicio, señala: "Articulo 400°.- (Reforma en perjuicio). Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio." Este es el candado que pone al no haber apelado el Ministerio Público, al no haber apelado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarabuco, que muy bien podía haber pedido la complementación o en su caso para que el Juez de apelación habrá su competencia, interponga apelación alegando que ha fundamentado los riesgos de peligro uno a uno y la Autoridad Judicial no se ha pronunciado, solicitando al Juez de apelación que se pronuncie, porque pro mandato de la jurisprudencia constitucional en las SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, 1471/2012, 24 de septiembre; 0150/2018-S1 25 abril, el Tribunal de Apelación, deberá observar a cabalidad lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP DE INGRESAR AL FONDO DEL ASUNTO APELADO, APROBANDO O REVOCANDO EL FALLO DEL INFERIOR; no estándole permitido anular obrados, en medidas cautelares con el pretexto de no haberse pronunciado alguna cuestión, que lo haya hecho de manera deficiente; sin embargo, para ello se debe abrir competencia con la apelación del Ministerio Público o la apelación de la parte denunciante y/o victima. Ahora es cierto y evidente, que la resolución del 29 de julio del año -ahora recurrida- refiere: ‘CONSIDERANDO: En el caso de autos, el Ministerio Publico Fiscal de Matera de Zudanez por memorial de Fs 192-193 ratificado en audiencia solicita la medida cautelar personal de detención preventiva del acusado ROBERTO RODRIGUEZ manifestando, cumplimiento al mandamiento de aprehensión N° 014/2018 V.C.M. de fecha 26 de noviembre de 2018, emitido por el Tribunal de Sentencia de Padilla el investigado asignado al caso Sbt. Richard B. Paco Paye. procedió a ejecutar el mandamiento de referencia, en fecha 27 de julio de 2022 a horas 17:50 p.m. conforme se desprende del informe y acta de representación, por lo que, dentro del plazo previsto por la norma procesal, pongo a conocimiento de su probidad al aprehendido ROBERTRO RODRIGUEZ FLORES’ En la parte de la fundamentación refiere: "En el caso de autos también concurre el núm. 2) del Art. 233 del CPP Ya que concurren los riesgos de fuga y obstaculización señalados en el Art. 234 nim. 1, 2y 10 y Art. 235 Nim. 2) del C.P.P"; luego se va pronunciando por cada uno de los puntos manifestados por la defensa del imputado. En el segundo considerando señala: "Que de acuerdo con lo que prescribe el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 los requisitos para la detención preventiva son: 1 La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o participe de un hecho punible; en el caso de autos, en vista de que el acusado ROBERTO RODRIGUEZ FLORES a la fecha se encuentra con acusación formal habiendo sido declaro rebelde en audiencia de juicio oral por el Tribunal de sentencia de Padilla, o sea no se puede dudar que el referido sea con probabilidad del autor del hecho punible". Sobre esta particular, la Autoridad Judicial no indica cual es hecho punible, no podía reiterar, sintetizar, resumir si el Juez A-quo concluía que este hecho, toda vez que el imputado hizo a), b), c); no se tiene esta situación en la resolución recurrida. Ahora en el segundo punto, señala: ‘2.- La existencia de elementos de onvicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizar la veriguación de la verdad, con relación a este requisito se debe tener presente que el cusado al haber sido declarado rebelde y como consecuencia a esta declaratoria ha do aprehendido, por la policía en la comunidad de Talisco en fecha 27 de julio de 22 tal como consta por la prueba que adjunta el Ministerio Público; y con este su uar va a obstaculizar la averiguación de la verdad. Asimismo, se debe tener presente el acusado ROBERTO RODRIGUEZ FLORES está siendo procesado por el delito abuso sexual sancionado por el Art. 312 ultima parte del Código Penal delito que está sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 15 por lo que es procedente la medida cautelar personal de la detención preventiva.’ El interrogante es la siguiente ¿Que riesgos procesales de fuga y obstaculización declaro concurrente la Autoridad Judicial?, no hay ninguno, porque se tiene que señalar si concurre el art. 231 del CPP, 234-1), 2) del CPP, para que la defensa asuma defensa y pretenda desvirtuar uno por uno los riesgos procesales Por otra parte, también se debe enfatizar el art. 231 bis del CPP, refiere con relación a los requisitos para la medida cautelar de caràcter personal, señala Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, (...)", Entonces, para ello tiene que desarrollar y describir cuales de las circunstancias del art. 234, cuáles del art. 235 del CPP se declaró fundado, cuando estos requisitos hace viable no solo la medida excepción de la detención preventiva, sino también la medida cautelares personales menos graves, así se para imponer fianza juratoria que es la más benigna debe existir la concurrencia de autoría y riesgos procesales. Revisado el Auto Interlocutorio del 29 de julio -ahora recurrida-, se tiene que no concurre ningún riesgo, en la resolución del Juez A-quo no está, pese que la Fiscalia solicitó, escuchada la resolución el Fiscal podia decir al Autoridad Judicial pronúnciese sobre los riesgos que ha solicitado, si no le daba lugar el Juez, se presenta apelación para que el Juez de apelación ingrese, se abra su competencia y se pronuncie Entonces, por todo ello se acoge el motivo de agravio al ser evidente lo manifestado por la defensa del imputado, en el fondo se declara procedente para que si considera pertinente el Ministerio Público solicite o no nueva medida cautelar exigiendo a la Autoridad Judicial resolución debidamente fundamentada. Ese es el razonamiento intelectivo, racional, motivacional cumpliendo con la fundamentación de manera breve, pero concisa y razonable que permita conocer de forma indubitable las razones que llevó a la autoridad judicial a tomar la siguiente decisión, la que se tendrá por satisfecha y cumplida las disposiciones legales 115 117.1 Constitucional y 124 del CPP.” (sic [fs. 4 a 13]). II.3. Del contenido audio visual del Disco Versátil Digital (DVD) consta el desarrollo de la audiencia de consideración del recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022; en el que se advierte que, emitido el fundamento y la parte resolutiva del Auto de Vista 320/2022, la parte accionante en la vía de explicación, complementación y enmienda manifiesta:
“…al amparo del artículo 125 vamos a solicitar se complemente la resolución emitida por su autoridad específicamente en el por tanto ya que al haberse dejado sin efecto y como lo ha señalado al haberse revocado una decisión de detención preventiva en contra del ahora procesado solicitó se complemente la resolución disponiendo la libertad del procesado y emitiéndose el mandamiento de libertad que corresponda a la brevedad posible al ser un derecho de atención prioritaria y considerando que en este momento procesal no está vigente ninguna resolución que disponga su detención…” (sic)
En ese sentido, en mérito a dicha solicitud, el Vocal ahora demandado refiere: “…como he manifestado en la resolución en el por tanto será la parte interesada quien solicite a la autoridad judicial, al encargado del caso, al juez de la causa solicite en cumplimiento a este Auto de Vista una vez que se remita la causa…” (sic [fs. 27]).
La parte accionante denuncia que sus derechos al debido proceso en su elemento fundamentación y a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022 –que dispuso su detención preventiva–, si bien el Vocal ahora demandado profirió el Auto de Vista 320/2022 de 11 de agosto, resolviendo revocar el indicado Auto Interlocutorio; sin embargo, contrario a la ley y la Constitución mantuvo subsistente su privación de libertad, ya que dispuso que “la parte interesada” solicite lo que en derecho corresponde, sin resolver su situación jurídica. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; 2) El derecho a la libertad y las condiciones de validez para su restricción; 3) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; y, 4) Análisis del caso concreto.
La libertad constituye uno de los valores que sustenta al Estado Plurinacional Comunitario, previsto en el art. 8.II de la CPE, de manera simultánea en la misma Norma Fundamental en el art. 22, se encuentra también reconocida como un derecho inviolable de la persona e impone al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo. Sin embargo, es preciso señalar que este derecho tampoco es un derecho absoluto, puesto que la misma Norma Suprema, reconoce la posibilidad de su limitación, al señalar que las restricciones al derecho a la libertad personal se encuentran sujetas al principio de reserva legal, además con la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; entonces, ninguna persona puede ser detenida, aprehendida o privada de su libertad, salvo en los casos y según las formas prevista en la ley, como expresamente establece el art. 23.I.III de la CPE. En esa línea, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0010/2010-R de 6 de abril, efectuando una interpretación de los arts. 23.I y II de la CPE I; 9 .I del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sostuvo
… para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE. Respecto a los requisitos o condiciones de validez material y formal para la restricción del derecho a la libertad, también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de 21 de enero de 1994, Caso Gangaram Panday, señalando que “…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”. En correspondencia al principio de reserva legal, el Código de Procedimiento Penal establece como mandato, que la aplicación de medidas cautelares y restrictivas de derechos fundamentales como la libertad y garantías constitucionales reconocidas en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código tienen un carácter excepcional, conforme al principio de favorabilidad al imputado en caso de duda (art. 7 CPP), sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, mediante orden judicial fundamentada y por el tiempo que subsista la necesidad de su aplicación, dispone además que las normas legales que autorizan su restricción, deben aplicarse e interpretarse en los términos anotados, previstos en el art. 221 del CPP; estos razonamientos llevan a establecer las características de las medidas cautelares: excepcionales, temporales, provisionales e instrumentales. Enfatiza que las medidas cautelares de carácter personal serán aplicadas con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados, conforme expresa el art. 22 del CPP, en esa comprensión la detención preventiva es una medida cautelar personal para cuya aplicación requiere que sea impuesta en audiencia pública a solicitud fundamentada del fiscal o querellante, previa imputación formal, solo cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, y en base a los siguientes presupuestos: i) Cuando hayan elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible; ii) Cuando hayan elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; y, iii) El plazo de duración de esta medida cautelar –único elemento exigible a la víctima o querellante- y los actos de investigación a realizarse en dicho plazo; su ampliación, podrá ser solicitada también por la víctima o querellante, cuando hayan actos de investigación pendientes, pedidos y no respondidos por el Fiscal, previsto en el art. 233 CPP. En torno a estos presupuestos para la aplicación de medidas cautelares, la Corte IDH estableció que: “…deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga” y por otra, la jurisprudencia constitucional estableció el deber de fundar las circunstancias anotadas en pruebas y la prohibición de fundar en meras suposiciones, conforme Fundamento Jurídico III.2 de la SC 1635/2004-R de 11 de octubre que refiere:
…debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.
Jurisprudencia constitucional reiterada en las SSCC 1747/2004-R de 29 de octubre; 0001/2005-R de 3 de enero; 0129/2007-R de 13 de marzo; 0514/2007-R de 20 de junio; 0670/2007-R de 7 de agosto; 0040/2010-R de 20 de abril; 1048/2010-R de 23 de agosto; 1154/2011-R de 26 de agosto; y, 1813/2011-R de 7 de noviembre, entre otras; con similar razonamiento en la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0483/2021-S1 de 24 de septiembre; 1159/2022-S1 de 11 de octubre; y, 1312/2023 S1 de 20 de diciembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:
“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:
“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:
“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:
“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:
5 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener:
1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.
“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:
“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, estan obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.
con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, mismas que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.
La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:
“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al 6 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
7 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.
La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.
Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.
También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”
tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niñoque en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de 8. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 9 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 10 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 11Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:
“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:
“..El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, antención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, La obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
14Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).
15. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.
En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:
“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.
En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10-ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoria se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”.
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto –cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:
“La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”. Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas -entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima. Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:
“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente). De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para despues señalar que en el 19“Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas corresponden al texto original). En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que, Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano (el resaltado es añadido). En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348. Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:
…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
La parte accionante denuncia que sus derechos al debido proceso en su elemento fundamentación y a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022 –que dispuso su detención preventiva– si bien el Vocal ahora demandado profirió el Auto de Vista 320/2022 de 11 de agosto, resolviendo revocar el indicado Auto Interlocutorio; sin embargo, contrario a la ley y la Constitución mantuvo subsistente su privación de libertad, ya que dispuso que “la parte interesada” solicite al juez de control jurisdiccional lo que en derecho corresponde, sin resolver su situación jurídica. Identificada la problemática traída en revisión, considerando que el impetrante de tutela denuncia una indebida privación de su libertad que emergió de una falta de resolución de su situación jurídica en segunda instancia, de manera inicial, es necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se sostuvo que, si bien la libertad se encuentra reconocida por la Constitución Política del Estado como un derecho inviolable de la persona que debe ser respetado y protegido por el Estado, el mismo no es un derecho absoluto, por cuanto, puede ser limitado en los casos previstos por ley; de ahí que, en el Código de Procedimiento Penal se instituyó la detención preventiva como una medida restrictiva de la libertad, que será autorizada por resolución judicial fundamentada cuando existan los suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible, y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada no solo alcanza al juez de primera instancia, sino también al tribunal que conozca en apelación, por cuanto, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP (Fundamento Jurídico III.2), lo que permitirá sustentar la ratificación, modificación o la revocatoria del fallo impugnado, y por ello definir directamente la situación jurídica del procesado. Aunado a lo anterior, cabe considerar que, la jurisprudencia constitucional trasuntada en la SCP 0711/2016-S3 de 17 de junio, explicó que cuando el tribunal de apelación revoca la detención preventiva e impone las medidas sustitutivas, debe emitir inmediatamente el mandamiento de libertad, señalando al efecto que:
20El Código de Procedimiento Penal prevé: “Articulo 221.- (Finalidad y alcance). La libertad persona y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona pro la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.
Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el artículo 7 de este Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este código, y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.” (negrillas añadidas). 21Ibid. “Artículo 235 ter. (RESOLUCIÓN). La jueza o el juez atendiendo los argumentos y valorando integralmente los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente disponiendo:
1. La improcedencia de la solicitud;
2. La aplicación de la medida o medidas solicitada; o,
3. La aplicación de la medida o medidas menos graves que las solicitadas.
La juez o el juez controlará de oficio la legalidad y razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o formulas abstractas.” (negrillas agregadas). 22Ibid. “Artículo 236. (COMPETENCIA, FORMA Y CONTENDIO DE LA DECISIÓN). El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la juez, el juez o tribunal del proceso y deberá contener:
1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa;
2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente;
3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen;
4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables;
5. El lugar de su cumplimiento; y,
6. El plazo de duración de la medida.” (negrillas incorporadas). 23Ibid. “Artículo 231 bis. (MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la juez, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante…
(…)
10. Detención preventiva únicamente en los casos permitidos por este Código”
…el art. 245 del CPP, respecto de la efectividad de la libertad determina que: “La libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza”, al respecto, cabe mencionar que la jurisprudencia identificada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional determinó que esta norma es aplicable cuando el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad producto de la imposición de detención preventiva, y posteriormente se disponga la revocatoria de la misma en virtud de una solicitud de cesación de dicha medida cautelar; a contrario sensu, se entiende que en los supuestos en que la resolución que impuso la detención preventiva sea revocada en virtud a un recurso de apelación, disponiéndose en consecuencia la aplicación de medidas sustitutivas, no puede condicionarse el goce de la libertad del procesado al previo cumplimiento de las medidas impuestas. Quedando restringida la posibilidad de mantener privado de libertad al procesado, en el supuesto que la detención preventiva haya sido dispuesta con anterioridad y la revocatoria devenga de la solicitud de cesación de la misma, situación que sí amerita la aplicación del mencionado artículo.
En ese sentido, en dicho precedente constitucional se tiene que, cuando en segunda instancia se revoque la resolución que dispuso la detención preventiva y se imponga medidas sustitutivas, el goce del derecho a la libertad no puede ser condicionado al cumplimiento de dichas medidas; y, es a partir de dicho precedente que es posible determinar que, cuando se resuelve revocar el fallo que dispone la detención preventiva sin imponer otras medidas cautelares menos gravosas –antes denominadas medidas sustitutivas– con mayor razón debe emitirse el mandamiento de libertad correspondiente. Bajo el marco jurisprudencial referido precedentemente, en el caso concreto, debe considerarse que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión de delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022, el Juez de primera instancia dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, decisión que al ser objeto de impugnación fue de conocimiento del Vocal ahora demandado, quien mediante Auto de Vista 320/2022 resolvió declarar la procedencia del recurso de apelación “…disponiendo revocar el Auto Interlocutorio de fecha 29 de julio de 2022, debiendo la parte interesada solicita lo que en derecho corresponda ante el Juez de la causa” (sic [Conclusiones II.1 y II.2]); en ese sentido, al no emitirse el mandamiento de libertad, el peticionante de tutela a través de la complementación, solicitó que la parte resolutiva del indicado Auto establezca la emisión del correspondiente mandamiento; no obstante, el operador de justicia ahora demandado determinó que “…la parte interesada…” solicite el indicado mandamiento al Juez de primera instancia (Conclusión II.3). En ese sentido, de antecedentes se advierte que, si bien el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 320/2022 resolviendo revocar el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022 –por cuanto no concurriría ningún riesgo procesal–; no obstante, en lugar de emitir el correspondiente mandamiento de libertad delegó la emisión del mandamiento de libertad al juez de control jurisdiccional, accionar con el que se mantuvo subsistente la privación de libertad del accionante, ello sin considerar que el derecho a la libertad únicamente puede ser restringido en los casos previstos en la ley, y en todo caso, cuando el procesado se encuentre privado de su libertad producto de la imposición de detención preventiva, y posteriormente se disponga la revocatoria de la misma en virtud a un recurso de apelación, corresponde emitir el mandamiento de libertad simple y llanamente; consecuentemente, al evidenciarse que, la autoridad judicial ahora demandada restringió la libertad del peticionante de tutela, es evidente que se lesionó los derechos a la libertad y al debido proceso, lo que haría que conceda la tutela Por otra parte, si bien en el caso concreto, el análisis permitió arribar a una concesión de tutela; no obstante, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también de forma horizontal para el mismo Tribunal; así, la SCP 0017/2019-S2 generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis integral del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.3.2); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de violencia sexual, en el abordaje de la misma se debe tomar en cuenta Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con la obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia las mujeres menores, se encuentra obligado de efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por la autoridad judicial ahora demandada; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generaran responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. Consecuentemente, bajo lo señalado, si bien en la presente acción de defensa se denunció que el Vocal ahora demandado lesionó los derechos al debido proceso y el derecho a la libertad; no obstante, en dicho análisis también se considerará el contexto del proceso penal y los derechos de la víctima. Aclarado el enfoque que se aplicará en el caso concreto, considerando que en el proceso penal la víctima es una menor de edad que sufrió violencia sexual, es necesario verificar si la autoridad judicial demandada cumplió con los Estándares Internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar un proceso argumentativo a partir de una perspectiva de género que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la 27 Se entiende por estándares internacionales, el conjunto de instrumentos internacionales de naturaleza, contenido y efectos jurídicos variados que: a) establecen las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos (tratados o convenciones internacionales y normas consuetudinarias) y b) explican y desarrollan el contenido, alcance y limitaciones de estas obligaciones, además de servir de insumo fundamental para su interpretación y aplicación (declaraciones, reglas mínimas, directrices, observaciones generales y finales de órganos de tratados, recomendaciones de procedimientos especiales, entre otros) 28 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia” 29 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.
necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principio contrapuestos. En ese orden de ideas, el análisis se centrará en el contenido del Auto de Vista 320/2022 (que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022 que dispuso la detención preventiva), es preciso hacer alusión a los fundamentos expuestos en dicho fallo; así, se tiene que, el Vocal ahora demandado manifestó:
“RESPECTO AL PRIMER Y ÚNICO MOTIVO RECURSIVO.- El único motivo de agravio expresado por la defensa del imputado -ahora recurrente- ha referido que existe la vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación, la no aplicación correcta del art. 233 num. 2) del CPP, art. 235 ter párrafo segundo e invoca el art. 400 como perjuicio donde este Tribunal no puede suplir las omisiones del Juez A-quo. Alega que el Juez A-quo no se ha pronunciado a los riesgos procesales colegidos por el Ministerio Público, en específico los numerales 2) y 10) del artículo 234 y el núm. 2) del artículo 235 del CPP, exponiendo únicamente que en mérito al haber sido declarado rebelde y al ser procesado por un delito cuyo quantum de la pena es de 10 a 15 años, seria procedente la medida cautelar de detención preventiva. De la revisión de los antecedentes, se tiene que la Autoridad Fiscal -Dra. Blenda Serrudo Basilia- en fecha 28 de julio de 2022, ha puesto a conocimiento la aprehensión ante el Juez de la causa, haciendo conocer que se ha procedido a la aprehensión y solicita día y hora de audiencia y la aplicación de medidas cautelares. En esta petición la Sra. Fiscal indica sobre la concurrencia de la autoría con probabilidad, en el entendido que ya tiene acusación, como segundo requisito expone la Autoridad Fiscal el peligro de fuga previsto en el art. 234 num. 1) del CPP. 234 num. 2), 234 num. 10) (sic); peligro de obstaculización previsto en el art. 235 num. 2) del CPP: finalmente con relación al art. 233 num. 3 del CPP, solicita que la detención preventiva sea por el plazo de dos meses. La Autoridad Judicial señala audiencia para el dia 29 de julio, audiencia en la cual sucede los hechos siguiente, la representación del Ministerio Público hace la ratificación de su solicitud, hace referencia como fue el hecho fáctico del hecho acusado, también expone los riesgos de peligro, de fuga y obstaculización. La responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarabuco -Dr. Edgar Augusto Castillo-, también señala que se ha cumplido requisitos para la detención preventiva, considerando que el acusado es con probabilidad autor, también hace referencia a la solicitud de la detención preventiva por el lapso de dos meses, dicho esto el Juez de la causa concede la palabra al abogado del acusado. La defensa del acusado va contrarrestando la autoria con probabilidad, así como los riesgos procesales en el entendido que a juicio de la defensa del acusado, no concurría estos presupuestos procesales, va detallando uno a uno las causales que invocaron tanto el Ministerio Público, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego de un extenso debate contradiciendo lo afirmado por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la defensa del imputado, la Autoridad Judicial pronuncia la resolución en audiencia en fecha 29 de julio, determinando la detención preventiva. Pronunciada la resolución de la detención preventiva el abogado del acusado hace una aclaración si ha ordenado la detención por dos meses, porque señala audiencia en octubre y el Juez A-quo corrige y rectifica al 29 de septiembre a horas 10:00, dicho esto el abogado Milton Palma señala: "Ya habiendo su autoridad su resolución vamos a plantear recurso de apelación a la resolución emitida por su autoridad reservándonos, planteamos el recurso de apelación reservándonos el derecho de fundamentar en el Tribunal de Alzada" La Autoridad Judicial en el Auto de la misma fecha, refiere: "VISTOS: En vista de que el acusado por intermedio de su Abogado en audiencia interpone el recurso de apelación incidental en consecuencia, de acuerdo con lo que dispone el Art. 251 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173, remitase por secretaria las actuaciones pertinentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en el término de 24 horas con la debida nota de atención". Por ello se remite la causa que la misma es radicada en esta Sala Penal Primera, en fecha 08 de agosto del año en curso y se señala audiencia para el día 11 de agosto. Al respecto se debe enfatizar que luego de la resolución pronunciada por la Autoridad Judicial, la única parte que apelada es la parte acusada, no así Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez, se dirá porque va apelar el Ministerio Público y porque va apelar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, si el Juez A-quo ha dado respuesta a lo que ha pedido, es decir, se ha dispuesto la detención preventiva. Empero de la lectura de la resolución se advierte que dicha resolución no tiene la fundamentación necesaria, expresa que debe contener una resolución judicial. El Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar, ha expuesto la autoría con probabilidad, ha expuesto los riesgos procesales; porque no ha exigió al Juez A-quo para que se pronuncie, el peligro de fuga u obstaculización, cuales son concurrentes cuales no, por ello sería pedir complementación, si no se subsanado presentar apelación; debió presentar apelación para que el Juez de apelación ingrese a analizar esta deficiencia que han sido observadas por la Autoridad Judicial. En efecto, el Art. 400 del CPP que se encuentra en el Libro Tercero "Etapa de Recursos", derecho a recurrir, adhesión, reglas generales, competencia, rechazo sin tramite y reforma en perjuicio, señala: "Articulo 400°.- (Reforma en perjuicio). Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio." Este es el candado que pone al no haber apelado el Ministerio Público, al no haber apelado la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarabuco, que muy bien podía haber pedido la complementación o en su caso para que el Juez de apelación habrá su competencia, interponga apelación alegando que ha fundamentado los riesgos de peligro uno a uno y la Autoridad Judicial no se ha pronunciado, solicitando al Juez de apelación que se pronuncie, porque pro mandato de la jurisprudencia constitucional en las SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, 1471/2012, 24 de septiembre; 0150/2018-S1 25 abril, el Tribunal de Apelación, deberá observar a cabalidad lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP DE INGRESAR AL FONDO DEL ASUNTO APELADO, APROBANDO O REVOCANDO EL FALLO DEL INFERIOR; no estándole permitido anular obrados, en medidas cautelares con el pretexto de no haberse pronunciado alguna cuestión, que lo haya hecho de manera deficiente; sin embargo, para ello se debe abrir competencia con la apelación del Ministerio Público o la apelación de la parte denunciante y/o victima. Ahora es cierto y evidente, que la resolución del 29 de julio del año -ahora recurrida- refiere: ‘CONSIDERANDO: En el caso de autos, el Ministerio Publico Fiscal de Matera de Zudanez por memorial de Fs 192-193 ratificado en audiencia solicita la medida cautelar personal de detención preventiva del acusado ROBERTO RODRIGUEZ manifestando, cumplimiento al mandamiento de aprehensión N° 014/2018 V.C.M. de fecha 26 de noviembre de 2018, emitido por el Tribunal de Sentencia de Padilla el investigado asignado al caso Sbt. Richard B. Paco Paye. procedió a ejecutar el mandamiento de referencia, en fecha 27 de julio de 2022 a horas 17:50 p.m. conforme se desprende del informe y acta de representación, por lo que, dentro del plazo previsto por la norma procesal, pongo a conocimiento de su probidad al aprehendido ROBERTRO RODRIGUEZ FLORES’ En la parte de la fundamentación refiere: "En el caso de autos también concurre el núm. 2) del Art. 233 del CPP Ya que concurren los riesgos de fuga y obstaculización señalados en el Art. 234 nim. 1, 2y 10 y Art. 235 Nim. 2) del C.P.P"; luego se va pronunciando por cada uno de los puntos manifestados por la defensa del imputado. En el segundo considerando señala: "Que de acuerdo con lo que prescribe el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 los requisitos para la detención preventiva son: 1 La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o participe de un hecho punible; en el caso de autos, en vista de que el acusado ROBERTO RODRIGUEZ FLORES a la fecha se encuentra con acusación formal habiendo sido declaro rebelde en audiencia de juicio oral por el Tribunal de sentencia de Padilla, o sea no se puede dudar que el referido sea con probabilidad del autor del hecho punible". Sobre esta particular, la Autoridad Judicial no indica cual es hecho punible, no podía reiterar, sintetizar, resumir si el Juez A-quo concluía que este hecho, toda vez que el imputado hizo a), b), c); no se tiene esta situación en la resolución recurrida. Ahora en el segundo punto, señala: ‘2.- La existencia de elementos de onvicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizar la veriguación de la verdad, con relación a este requisito se debe tener presente que el cusado al haber sido declarado rebelde y como consecuencia a esta declaratoria ha do aprehendido, por la policía en la comunidad de Talisco en fecha 27 de julio de 22 tal como consta por la prueba que adjunta el Ministerio Público; y con este su uar va a obstaculizar la averiguación de la verdad. Asimismo, se debe tener presente el acusado ROBERTO RODRIGUEZ FLORES está siendo procesado por el delito abuso sexual sancionado por el Art. 312 ultima parte del Código Penal delito que está sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 15 por lo que es procedente la medida cautelar personal de la detención preventiva.’ El interrogante es la siguiente ¿Que riesgos procesales de fuga y obstaculización declaro concurrente la Autoridad Judicial?, no hay ninguno, porque se tiene que señalar si concurre el art. 231 del CPP, 234-1), 2) del CPP, para que la defensa asuma defensa y pretenda desvirtuar uno por uno los riesgos procesales Por otra parte, también se debe enfatizar el art. 231 bis del CPP, refiere con relación a los requisitos para la medida cautelar de caràcter personal, señala Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, (...)", Entonces, para ello tiene que desarrollar y describir cuales de las circunstancias del art. 234, cuáles del art. 235 del CPP se declaró fundado, cuando estos requisitos hace viable no solo la medida excepción de la detención preventiva, sino también la medida cautelares personales menos graves, así se para imponer fianza juratoria que es la más benigna debe existir la concurrencia de autoría y riesgos procesales. Revisado el Auto Interlocutorio del 29 de julio -ahora recurrida-, se tiene que no concurre ningún riesgo, en la resolución del Juez A-quo no está, pese que la Fiscalia solicitó, escuchada la resolución el Fiscal podia decir al Autoridad Judicial pronúnciese sobre los riesgos que ha solicitado, si no le daba lugar el Juez, se presenta apelación para que el Juez de apelación ingrese, se abra su competencia y se pronuncie Entonces, por todo ello se acoge el motivo de agravio al ser evidente lo manifestado por la defensa del imputado, en el fondo se declara procedente para que si considera pertinente el Ministerio Público solicite o no nueva medida cautelar exigiendo a la Autoridad Judicial resolución debidamente fundamentada. Ese es el razonamiento intelectivo, racional, motivacional cumpliendo con la fundamentación de manera breve, pero concisa y razonable que permita conocer de forma indubitable las razones que llevó a la autoridad judicial a tomar la siguiente decisión, la que se tendrá por satisfecha y cumplida las disposiciones legales 115 117.1 Constitucional y 124 del CPP.” (sic [Conclusión II.2]). Ahora bien, de los fundamentos expuestos precedentemente, se advierte que, pese a que el proceso penal hace eco de hechos de violencia sexual, la autoridad judicial demandada se limitó a establecer todos los antecedentes de recurso de apelación, para luego señalar que “…de la lectura de la resolvió se advierte que dicha resolución no tiene la fundamentación necesaria, expresa que debe contener una resolución judicial…” (sic) debido a que el Juez a quo no estableció que riesgos procesales de fuga y obstaculización concurrirían; y, tampoco indicó cual es el hecho punible; sumado a ello que realiza una transcripción de partes del Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2022; además, se manifestó que, conforme establece el art. 400 del CPP, cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio; no obstante, no consideró que en casos de violencia contra las mujeres es deber de la autoridad judicial aplicar la perspectiva de género e inclusive debe tener una mirada plural de la discriminación y violencia al entrelazarse la categoría de género y edad, debiendo emplearse el enfoque interseccional ello considerando que la víctima de violencia sexual es una menor, quien merece especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para 30Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
La Corte IDH en el Caso Véliz Franco vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014, señaló que: “108. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.
(…)
251. Dicha investigación deberá incluir una perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, y posibilitar a los familiares de la víctima información sobre los avances en la investigación, de conformidad con la legislación interna, y en su caso, la participación adecuada en el proceso penal. Asimismo, la investigación debe realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.” 31 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” 32 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134.
diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos. A partir de lo referido precedentemente, debe considerarse que la actividad argumentativa de la autoridad judicial debe ser mayor y meticulosa, pues con la aplicación del enfoque interseccional, las normas y principios tiene un carácter abierto cuyas decisiones pueden desmarcarse del principio de legalidad; por lo que, debe existir la suficiente justificación; en ese sentido, en el caso concreto, si bien la autoridad judicial demandada hizo referencia al contexto del proceso penal; no obstante, no se identificó si en el proceso penal se tienen personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y si existe relaciones poder y asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; además, no se consideró que la labor argumentativa supone que las disposiciones legales aplicables deban ser confrontadas con las normas del bloque de constitucionalidad, precisando los problemas vinculados a la relevancia del derecho aplicable, problemas interpretativos que se presentan o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos; aspectos que se constituyen en indispensables para que se analice la norma aplicable, pues como en el caso concreto, existe colisión de derechos de la víctima de violencia sexual con los del imputado que se encuentra resguardado en el derecho penal garantista; en tal sentido, debió determinarse a través de la ponderación cual derecho tiene mayor peso o valor, que si bien en el caso, el Juez demandado pretendió aplicar dicho método de resolución de conflicto, la “ponderación” que se habría efectuado únicamente tomó en cuenta el derecho del imputado con el procedimiento penal, sin tomar en cuenta los derechos de la menor víctima de violencia sexual, cuya consideración es primordial, pues las niñas, niños y adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo asumirse los principios de interés superior y prioridad absoluta.
Otro aspecto que la autoridad judicial debió considerar es que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en su art. 86.13 determina que uno de los principios procesales que debe ser aplicado por las y los jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia en causas por hechos de violencia contra las mujeres, es el principio de imposición de medidas cautelares, por el que, la autoridad judicial debe dictar dichas medidas, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación. Consecuentemente, bajo todo lo advertido, es evidente que la autoridad judicial demandada no cumplió con los Estándares Internacionales para la protección de los derechos humanos, lo cual hace inefectiva el acceso a la justicia y vulnera los derechos de la menor víctima de violencia sexual; por lo que, el Auto de Vista 320/2022 debe ser anulado a efecto que se pronuncie una nueva resolución, en el marco de los estándares internacionales e internos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Finalmente, siendo que en el caso concreto se advierte que el ahora accionante es investigado por la presunta comisión del delito de abuso sexual –cuya víctima es una menor de edad–, es necesario que el proceso penal se desarrolle aplicando un enfoque interseccional descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, ello con el objetivo de lograr un equilibrio entre los derechos del imputado y de la víctima –particularmente ante casos de violencia contra la mujer–, entendiéndose que el Estado debe actuar con la debida diligencia, y la guía para ello es enmarcarse en normas constitucionales e internacionales pertinentes; no obstante, teniendo en cuenta que en el caso concreto, el operador de justicia ahora demandado no aplicó dicho enfoque interseccional corresponde remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, ello debido a que este Tribunal considera que el enfoque debe ser aplicado y precisado de manera enfática por todos los jueces y tribunales que conozcan delitos que impliquen violencia contra las mujeres ya que es obligación del Estado, a través de su sistema de justicia e instituciones públicas, adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres; aplicar el enfoque de derechos humanos que permitirá comprender de mejor manera su situación de vulnerabilidad, así como identificar los criterios reforzados de protección de sus derechos contenidos tanto en la Constitución Política del Estado de Bolivia como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a mujeres víctimas de violencia, sin dejar de lado el respeto del equilibrio procesal entre partes, evitando cualquier situación que impida que se asuma una decisión justa.
En el caso concreto, resulta inescindible precisar que, conforme se advirtió del contenido de la Resolución 16/2022, el ahora Juez de garantías al momento de conceder en parte la tutela si bien resolvió dejar sin efecto en parte el Auto de Vista 320/2022, asimismo, dispuso se expida mandamiento de libertad en favor del accionante, razón por la que, a fs. 34 cursa Mandamiento de Libertad de 13 de agosto de 2022, por el que, se ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario de Tarabuco que ponga en inmediata libertad a Roberto Rodriguez Flores –accionante; no obstante, en lo concerniente a dicha actuación, inicialmente cabe señalar que, jurisdicción constitucional no puede asumir competencia y menos decisiones que corresponden única y exclusivamente a la jurisdicción ordinaria; sumado a ello, la indicada autoridad judicial omitió considerar que la acción de libertad deviene de un proceso penal en que se investigan hechos de violencia sexual cuya víctima es una menor de edad que pertenece a un grupo vulnerable y es precisamente por ello que debió tenerse en cuenta que la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia; empero, al no efectuar dicho análisis es evidente que no se consideró el carácter vinculante de la SCP 0017/2019-S2. Bajo esas circunstancias, siendo que la conducta de Farid Nassar Donoso, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su calidad de Juez de garantías, excedió sus facultades y atribuciones, corresponde a este Tribunal remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que sea esa la instancia que investigue y determine las responsabilidades que correspondan respecto a la referida autoridad judicial. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en la tutela, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 16/2022 de 13 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 320/2022 de 11 de agosto, bajo los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; por ello, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca deberá emitir una nueva resolución en la que analice y resuelva los riesgos procesales deducidos por el Ministerio Público, para ello se otorga un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, computables a partir de la notificación con el presente fallo constitucional. 3° Se dispone que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca adopte las medidas necesarias para cumplir su deber de diligencia y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. 4° Se llama la atención a Farid Nassar Donoso, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su calidad de Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 5° Se dispone por Secretaria General de este Tribunal, la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, para que a través de esa instancia se inicie, si corresponde, el respectivo proceso disciplinario tanto a Farid Nassar Donoso, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, en su calidad de Juez de garantías, como a Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 El Código de Procedimiento Penal fue modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, No. 1173, de 8 de mayo de 2019.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrs. 101-103.
3 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).
4 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
12 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
13 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.
16 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
17 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].
I.1. Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. I.2. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx I.3.
indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.
24 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”
25 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”
26 La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en su art. 7 define la violencia sexual como “…toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomías y libertad sexual de la mujer”
33 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.”
34 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 101.
35 Problemas de relevancia que pueden existir cuando se tenga dudas sobre la norma aplicable, en los casos en los que existan lagunas o antinomias normativas, estas últimas que se presentan cuando dos normas del mismo sistema jurídico regulan un mismo supuesto de hecho de manera diferente e incompatible, casos en los que para decidir cual es la normativa aplicable se debe recurrir a los tradicionales criterio de resolución de antinomia (criterio cronológico, jerárquico, especialidad y competencia), 36El Código Niña, Niño y Adolescente determina: “ARTÍCULO 12. (PRINCIPIOS). Son principios de este Código:
a) Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas; b) Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0745_2024-S1.pdf · páginas 1 a 44.
Huella digital del PDF (SHA-256): b7f42e725565dc88ec29a94e9726e7829a71958a4f6ef566bde78b4b1ee96d7e
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