B.IA.LEGAL

SCP 0744/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de diciembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48579-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alegó como vulnerados sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso y la debida diligencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no fue notificada con la citación para prestar su declaración informativa en su domicilio real ubicado en la ciudad de Santa Cruz, hecho que conllevó la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, por lo que: i) Solicitó al Fiscal de Materia ahora demandado mediante memorial, dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra, haciéndole conocer que su domicilio se encuentra en la ciudad de Santa Cruz; y que, pruebas como la imputación dentro de la denuncia presentada por su persona contra su esposo y un acta de verificación de domicilio, demuestran dicho aspecto; sin embargo, la referida autoridad fiscal, no decretó ni emitió respuesta alguna; y, ii) Ante la falta de respuesta del Fiscal de Materia a su memorial, presento el 8 de junio de 2022 ante el Juez de control jurisdiccional, dos memoriales, el primero de excepciones de incompetencia en razón al territorio, materia, falta de acción y prejudicialidad; y, el otro de incidente de actividad procesal defectuosa; empero, el Juez no decretó estos memoriales ni señaló audiencia conforme regula los arts. 314 y 315 del CPP, ello, sin considerar que se trata de una mujer víctima de violencia.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 08/22 de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 200 a 205, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital departamento de La Paz; y, en consecuencia 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que, el mismo señale inmediatamente audiencia para resolver las excepciones e incidente presentado por la accionante si es que hasta la fecha no lo realizó; sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada con relación a Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia y respecto al derecho a la vida, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas
  3. III.3. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0744/2024-S1 Sucre, 2 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48579-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/22 de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 200 a 205, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Luis Andrés Ritter Zamora y Silvestre Ibañez Salas en representación sin mandato de Yanhel Solange Yaksic Laguna contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la capital del departamento de La Paz; y, Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de junio de 2022, cursante de fs. 152 a 159 vta., la accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 25 de marzo de 2021, presentó denuncia contra su ex esposo por el delito de violencia familiar y doméstica, ello, ya que fue víctima de constante violencia física y psicológica, solicitando además la aplicación de medidas de protección para su persona y su familia; es así que, tales medidas, fueron otorgadas el 11 de mayo del indicado año; y, posteriormente la investigación preliminar avanzó y se lograron encontrar indicios para fundar una imputación, acusación e incluso sentencia; sin embargo, el 9 de noviembre del referido año, su mismo agresor interpuso una denuncia en su contra y en ella, señaló que su domicilio se encontraría en la “Urbanización Aruntaya N° 20” (sic) pese a tener pleno conocimiento de que ella no habitaba ya en ese lugar; ello, tomando en cuenta que su ex pareja cumple régimen de visitas por su hijo menor de edad, y acude para ello a su domicilio ubicado en la ciudad de Santa Cruz y no al que señaló en su denuncia; aspecto que, demuestra que su objetivo fue dejarle en pleno estado de indefensión; sin embargo, por su actuar, la Fiscal ahora demandada el 26 de noviembre de 2021, emitió un mandamiento de aprehensión en su contra, dando curso al armado proceso penal. Ante tal situación, acudió ante el Ministerio Público; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. De igual manera, presentó ante el Juez ahora demandado, un memorial de actividad procesal defectuosa, y otro planteando excepciones, pero no obtuvo respuesta y no se señaló audiencia en el plazo de tres días conforme señala la ley, aspecto que genera lesión a su derecho a la libertad vinculado con el debido proceso y el principio de celeridad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela alegó como vulnerado sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso y la debida diligencia, citando al efecto los arts. 9, 13, 15, 22, 23, y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se otorgue la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene: a) Dejar sin efecto la orden de aprehensión de 26 de noviembre de 2021 y el restablecimiento de las formalidades legales a efectos de que la citen conforme a norma en su domicilio real; y, b) Señalar día y hora de audiencia de excepciones.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de junio de 2022, según acta cursante de fs. 195 a 199 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de sus abogados, ratificó los argumentos de su acción de libertad, y ampliándolo el mismo, manifestó que: 1) La ahora peticionante de tutela es víctima de violencia familiar en la ciudad de Santa Cruz y el Ministerio Público presentó imputación formal contra Luis Fernando Loaiza -ex esposo-, a consecuencia de la denuncia realizada en febrero de 2021, otorgándole el Ministerio Público medidas de protección; 2) Ocho meses después, el agresor presentó denuncia en la ciudad de la Paz, vulnerando lo establecido en el art. 15 de la CPE y generando una persecución ilegal indebida, al citar un domicilio en la ciudad antes mencionada, sin considerar que la ahora impetrante de tutela tiene constituido su domicilio en la ciudad de Santa Cruz, extremo que es de conocimiento de su ex pareja, por lo que faltando a la verdad inició un proceso de violencia familiar cuando la prenombrada seria la víctima librándose una orden de aprehensión el 26 de noviembre de 2021, que es totalmente ilegal porque vulnera sus derechos a la defensa, a ser escuchada, y al debido proceso afectando de manera directa su libertad; 3) Se presentó al Ministerio Público la imputación y las medidas de protección, asimismo la denuncia que existe en la ciudad de Santa Cruz hace ocho meses, al igual que un acta de verificación domiciliaria, y que fue sorprendido en su buena fe; por lo que, solicitó dejar sin efecto la orden de aprehensión, no obteniendo respuesta del Fiscal de Materia hasta el día de “hoy” -se entiende 15 de junio de 2022-; 4) Ante la falta de respuesta presentó ante el Juez ahora demandado un incidente de defectos absolutos por el cual se vulnera el derecho al debido proceso y de manera directa la libertad con esta orden de aprehensión; asimismo, excepciones de incompetencia de prejudicialidad y falta de acción; empero, la autoridad judicial ahora demandada no decretó estos memoriales, es decir no otorgó respuesta alguna, no se tramitó el incidente, no se señaló audiencia y se incumplió los plazos determinados que se encuentran establecidos en los arts. 314 y 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es así que, al encontrarse vigente la orden de aprehensión se afectó de manera directa su derecho a la libertad; adjuntando el certificado de nacimiento de su hijo menor que se encuentra a su cuidado, debiendo las autoridades precautelar el interés superior de los menores; y, 6) Solicitó se ordene el restablecimiento de las formalidades legales dejando sin efecto la orden de aprehensión de 26 de noviembre del 2021 y que el Juez ahora demandado señale audiencia para considerar las excepciones presentadas al tratarse de una mujer víctima de violencia y debe actuar con perspectiva de género.

I.2.2. Informe de los demandados

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de acción de libertad; manifestó que, en relación a la denuncia interpuesta por la ahora accionante es falsa ya que se señaló audiencia para el “viernes” -se entiende 17 de junio de 2022-. Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia, mediante informe oral presentado en audiencia refirió que: i) En relación a la orden de aprehensión de 28 de noviembre de 2021, fue como consecuencia del proceso iniciado por Luis Fernando Loayza –ex esposo- contra la ahora peticionante de tutela, la misma fue citada para recepcionar su declaración informativa en la dirección emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI) en -noviembre de 2021-; ii) La orden de aprehensión expedida por la ex Fiscal de Materia data del mencionado mes y año y una orden de aprehensión, tiene un tiempo y una caducidad, por lo que ya se dejó sin efecto la orden de aprehensión, aducido por el control jurisdiccional se emitió imputación por corresponder a derecho; y, iii) En atención al principio de verdad material el decreto que dejó sin efecto la orden de aprehensión es del día de “hoy” -se entiende de 15 de junio de 2024-.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción, y Contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 08/22 de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 200 a 205, concedió la tutela solicitada, ordenando al Fiscal de Materia dejar sin efecto la orden de aprehensión de 26 de noviembre de 2021; y, al Juez ahora demandado para que en el plazo de tres días señale audiencia para resolver conforme a los arts. 314 y 315 de CPP, bajo los siguientes fundamentos: a) La autoridad Fiscal al no haber resuelto la petición por la parte peticionante de tutela al no haber considerado su situación de vulnerabilidad, salud y encontrarse al cuidado de su hijo menor, no habría actuado con la debida diligencia, en razón a que se mantuvo en una incertidumbre su situación legal, vulnerándose su derecho a la libertad; b) El hecho de señalar que se habría dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión el día de “hoy”; no lo exime de haber conculcado los derechos mencionados, correspondiendo conforme la jurisprudencia innovativa conceder la tutela, máxime que no se envió el proveído donde se evidencie de manera material que se dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de la parte impetrante de tutela; y, c) En aras de precautelar los derechos y garantías constitucionales con la finalidad de que el proceso se reconduzca conforme a los principios rectores del derecho procesal penal corresponde conceder la tutela.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 12 de junio de 2024, cursante a fs. 216, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de X de XX de XXX (fs. XX); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Informe de Inicio de investigación de 26 de marzo de 2021 por Rosa Ribera Silva, Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía Especializada para Victimas de Atención Prioritaria FEVAP-Los Tusequis de la Ciudad de Santa Cruz a los efectos de control jurisdiccional dentro de la denuncia interpuesta de Yanhel Solange Yaksic Laguna -ahora accionante- contra Luis Fernando Loayza Alayza -ex esposo- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 73).

II.2. Consta Formulario Único de Denuncia, Código: 201102032102815, de 9 de noviembre de 2021, presentado por Luis Fernando Loayza Alayza contra Yanhel Solange Yaksic Laguna -ahora accionante-, ante Fiscalía del departamento de La Paz - Zona Sur, por la presunta comisión del delito de violencia familiar, en el cual se señala que el domicilio de la sindicada se encontraría en “URB. ARUNTAYA N° 26 Z. IRPAVI” (sic) de la ciudad antes mencionada (fs. 77 a 78) constando además croquis de domicilio realizado a mano por el denunciante señalando la misma ubicación como domicilio de la peticionante de tutela (fs. 74). II.3. Se tiene Orden de Aprehensión de 26 de noviembre de 2021, emitido por Sara Delgado Callisaya, Fiscal de Materia, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos por razón de Genero Violencia Sexual, de la Zona Sur de La Paz, por la que se ordenó al funcionario policial asignado a la División Patrimoniales o funcionario público no impedido, que conduzca a la ahora impetrante de tutela a prestar su declaración informativa, toda vez que la misma no se presentó a la audiencia para prestar tal declaración pese a ser citada mediante cedula de 23 de igual mes y año (fs. 80 a 81). II.4. A través de memorial presentado el 6 de junio de 2022, la ahora accionante se apersonó al Fiscal de Materia Adscrito a la Fiscalía Especializada en delitos en Razón de Genero, Violencia Sexual, Trata y Trafico de la Zona Sur de La Paz, solicitando dejar sin efecto cualquier orden de aprehensión dispuesta en su contra, fruto de citaciones ilegales pidiendo sea citada en su domicilio real en la “URBANIZACIÓN EL REMANSO III AVENIDA ALAMO N° 312, DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA A EFECTOS DE ASUMIR DEFENSA ANTE TANTA MENTIRA” (sic), dejando constancia que este memorial no significa una aceptación a la competencia de la autoridad, reservándose presentar excepciones dentro de los diez días (fs. 113 a 119 vta.). II.5. Mediante Memorial presentado el 8 de junio de 2022 a horas 11:35, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, la peticionante de tutela interpuso excepción de incompetencia en razón al territorio, materia, falta de acción y prejudicialidad, solicitando se declare probadas todas las excepciones y ordene el archivo de obrados, ello, argumentando que: 1) De los datos del cuadernillo de investigación y del cuaderno procesal, el 6 de citado mes y año existe una denuncia, “ILEGAL ABUSIVA, MENTIROSA, FRUTO DE LA MALDAD Y ADEMÁS TRATANDO DE CONFUNDIR AL MINISTERIO PUBLICO” (sic); 2) Su agresor trata de obligarla a que desista del caso en su contra, realizando actos de obstaculización confundiendo al Ministerio Público; 3) La denuncia presentada el 9 de noviembre de 2021 -ocho meses después- la cual cuenta con imputación formal, incumple las medidas de protección, lo cual va generando más violencia; 4) Esta denuncia fue armada con datos falsos, señalando un croquis falso, señalando domicilio en la ciudad antes mencionada, generando una indefensión absoluta porque no fue notificada para asumir defensa; y, 5) Todo esto con el fin de suspender la audiencia de medidas cautelares señaladas para el 14 de junio de 2022 (fs. 100 a 112). II.6. Cursa Memorial presentado el 8 de junio de 2022 a horas 12:00 ante el Juez ahora demandado, por el cual la ahora impetrante de tutela, interpuso incidente de nulidad de obrados por defectos absolutos al tenor de los arts. 167 y 169 inc. 1 y 3) del CPP, pidiendo al Juez de control jurisdiccional suspender cualquier actuación y se resuelva en razón de los arts. 314 y 315 de la Norma Adjetiva Penal, se dicte la respectiva resolución anulando obrados hasta la admisión de la denuncia, a efectos de que se le cite adecuadamente en su domicilio real y dejando sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido por el Fiscal de Materia (fs. 141 a 149 vta.) II.7. Se tiene Memorial de 15 de junio de 2022, por el cual el Fiscal ahora demandado, hace conocer al Juez ahora demandado, que, dentro del proceso seguido a denuncia de Luis Fernando Loayza Alayza contra la ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión de 26 de noviembre de 2021 por encontrarse el proceso ya en etapa preparatoria (fs. 191).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alegó como vulnerados sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso y la debida diligencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no fue notificada con la citación para prestar su declaración informativa en su domicilio real ubicado en la ciudad de Santa Cruz, hecho que conllevó la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, por lo que: i) Solicitó al Fiscal de Materia ahora demandado mediante memorial, dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra, haciéndole conocer que su domicilio se encuentra en la ciudad de Santa Cruz; y que, pruebas como la imputación dentro de la denuncia presentada por su persona contra su esposo y un acta de verificación de domicilio, demuestran dicho aspecto; sin embargo, la referida autoridad fiscal, no decretó ni emitió respuesta alguna; y, ii) Ante la falta de respuesta del Fiscal de Materia a su memorial, presento el 8 de junio de 2022 ante el Juez de control jurisdiccional, dos memoriales, el primero de excepciones de incompetencia en razón al territorio, materia, falta de acción y prejudicialidad; y, el otro de incidente de actividad procesal defectuosa; empero, el Juez no decretó estos memoriales ni señaló audiencia conforme regula los arts. 314 y 315 del CPP, ello, sin considerar que se trata de una mujer víctima de violencia.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si los argumentos vertidos por la impetrante de tutela son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; y, para tal efecto, se analizarán las siguientes temáticas: a) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b); La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas; c) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así: III.1.1.En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .

III.1.2.Por su parte, en cuanto a la acción de libertad traslativa o

de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: 1) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; 2) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; 3) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; 4) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; 5) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad. Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho4. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió:

“Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para 3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva” (el resaltado pertenece al original de referencia). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional.

5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”

Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 de la Norma Adjetiva Penal, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad. Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0108/2021-S1 de 27 de mayo; 0227/2021-S1 de 16 de julio; 0619/2021-S1 de 9 de noviembre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: Respecto de la subsidiariedad excepcional aplicable en acciones de libertad, el Tribunal Constitucional, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, (Fundamento Jurídico III.1.2.), estableció los lineamientos sobre la mencionada subsidiariedad excepcional y precisó que en los supuestos en los que la norma prevea medios de defensa idóneos para reparar de manera oportuna el derecho a la libertad física lesionado, estos deben ser utilizados previamente a acudir a la justicia constitucional por medio de la acción de libertad; además, de prohibir promover recursos simultáneos con el mismo fin, lo que posibilitaría que se provoque una disfunción procesal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la jurisdicción constitucional. Ese entendimiento fue modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriendo que:

“I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”.

utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.

Por su parte, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitar que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la activación paralela de jurisdicciones la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; pues de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico; similar razonamiento fue aplicado en la SC 0608/2010-R de 19 de julio, al señalar lo siguiente:

“...se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, luego de mencionar a la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre que a su vez citó a la mencionada SC 0080/2010-R de 3 de mayo, refirió que:

“…de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizó la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales, relacionados a que: i) Cuando las partes dentro un proceso penal, consideren ser afectados con una resolución, y ante la existencia de los mecanismos de impugnación, previo a acudir a la acción de libertad, necesariamente deben agotar dicha vía intraprocesal; por lo tanto, en el supuesto de activar directamente el camino constitucional, dicha pretensión no podrá ser atendida en atención a la subsidiariedad excepcional; y, ii) Cuando los interesados activaron el mecanismo impugnaticio intraprocesal para reclamar vulneraciones a sus derechos, y a la vez de forma simultanea activaron la acción de libertad denunciando la conculcación de los mismos derechos, también resulta aplicable la subsidiariedad excepcional por activación paralela de jurisdicciones; lo cual, derivará en el rechazo de dicha acción sin ingresar al fondo.

III.3. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género

El razonamiento establecido por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, reiterado en la SCP 0268/2020-S1, abordó un conjunto de entendimientos respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas.

En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…)..

Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas –entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima. Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (el resaltado corresponde a la fuente).

De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e Indígena Originario Campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas corresponden al texto original).

En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.

prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano (el resaltado es añadido).

En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.

Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citado y precisado esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la misma contiene reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante alegó como vulnerados sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso y la debida diligencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no fue notificada con la citación para prestar su declaración informativa en su domicilio real ubicado en la ciudad de Santa Cruz, hecho que conllevó la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra, por lo que: 1) Solicitó al Fiscal de Materia ahora demandado mediante memorial, dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra, haciéndole conocer que su domicilio se encuentra en la ciudad de Santa Cruz; y que, pruebas como la imputación dentro de la denuncia presentada por su persona contra su esposo y un acta de verificación de domicilio, demuestran dicho aspecto; sin embargo, la referida autoridad fiscal, no decretó ni emitió respuesta alguna; y, 2) Ante la falta de respuesta del Fiscal de Materia a su memorial, presento el 8 de junio de 2022 ante el Juez de control jurisdiccional, dos memoriales, el primero de excepciones de incompetencia en razón al territorio, materia, falta de acción y prejudicialidad; y, el otro de incidente de actividad procesal defectuosa; empero, el Juez no decretó estos memoriales ni señaló audiencia conforme regula los arts. 314 y 315 del CPP, ello, sin considerar que se trata de una mujer víctima de violencia.

De las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene el informe de inicio de investigaciones dentro del proceso penal iniciado por la ahora peticionante de tutela contra Luis Fernando Loayza Alayza -ex esposo-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1) de igual manera se tiene formulario de denuncia el cual demuestra que el referido ex esposo de la prenombrada, inició contra la ahora impetrante de tutela, proceso penal por la presunta comisión del mismo delito, señalando el denunciante como domicilio de la prenombrada en “URB. ARUNTAYA N° 26 Z. IRPAVI” (sic) (Conclusión II.2); dentro de este último proceso, se observa la emisión de Orden de Aprehensión contra la ahora accionante, que ordena a cualquier funcionario policial que traslade a la prenombrada a efectos de que preste su declaración informativa al no haber hecho caso a la citación realizada mediante cédula de 23 de noviembre de 2021 (Conclusión II.3). El 6 de junio de 2022, la ahora peticionante de tutela se presenta ante el Fiscal de Materia -ahora demandado-, y solicita deje sin efecto cualquier orden de aprehensión emitida en su contra, aclarando que fue erróneamente citada ya que su domicilio se encuentra en la ciudad de Santa Cruz (Conclusión II.4) ante la falta de pronunciamiento, presentó ante el Juez ahora demandado incidente de nulidad, por el cual solicitó se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y se retrotraiga el proceso hasta la admisión de la denuncia; además, presentó otro memorial planteando excepciones de incompetencia en razón al territorio, materia, falta de acción y prejudicialidad, solicitando se declaren probadas las mismas y se ordene el archivo de obrados (Conclusiones II.5 y II.6); mediante memorial presentado el Fiscal de Materia el 15 de junio de 2022, por el cual hace conocer que dejó sin efecto la orden de aprehensión indicada (Conclusión II.7). Con esos antecedentes corresponde ingresar a analizar las problemáticas planteadas de conformidad a la sistematización realizada previamente, teniendo entonces que:

III.4.1.Con relación al Fiscal de Materia

La accionante señala que, solicitó al Fiscal de Materia ahora demandado mediante memorial, dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra, haciéndole conocer que su domicilio se encuentra en la ciudad de Santa Cruz; y que, pruebas como la imputación dentro de la denuncia presentada por su persona contra su esposo y un acta de verificación de domicilio, demuestran dicho aspecto; sin embargo, la referida autoridad fiscal, no decretó ni emitió respuesta alguna.

Respecto a la presente problemática es pertinente tomar en cuenta que el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional estableció que cuando alguien plantea una acción de libertad, pero de forma paralela interpone un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, no procede esta acción tutelar, por la imposibilidad de activar vías paralelas, pues se busca evitar se genere una disfunción procesal que atente el orden jurídico al emitirse dos resoluciones sobre un mismo aspecto. Dicho ello, obsérvese que la presente problemática refiere la existencia de un memorial dirigido al Fiscal de Materia, por el cual solicitó se deje sin efecto la orden de aprehensión emitida por la señalada autoridad fiscal; pero, a su vez, la misma peticionante de tutela relata que contra tal orden de aprehensión, ya presentó un incidente de nulidad, adjuntando incluso el mismo a esta acción tutelar (Conclusión II.6) entonces, es claro que la misma activó tanto la vía ordinaria, como la vía constitucional para objetar la emisión de la orden de aprehensión, aspecto el cual hace que la denuncia contra el Fiscal ahora demandado sea improcedente, pues de emitir esta instancia constitucional una determinación, podría contrariar a la que emita el Juez ahora demandado, generando una disfunción procesal al existir dos resoluciones sobre un mismo aspecto; en consecuencia, respecto a la presente autoridad fiscal, corresponde denegar la tutela solicitada.

III.4.2.Con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz

La accionante alega que ante la falta de respuesta del Fiscal de Materia a su memorial, presento el 8 de junio de 2022 ante el Juez de control jurisdiccional, dos memoriales, el primero de excepciones de incompetencia en razón al territorio, materia, falta de acción y prejudicialidad; y, el otro de incidente de actividad procesal defectuosa; sin embargo, el Juez ahora demandado no decretó estos memoriales ni señaló audiencia conforme regula los arts. 314 y 315 del CPP, ello, sin considerar que se trata de una mujer víctima de violencia. A partir de dicha problemática, se debe considerar que, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, abarca entre las modalidades de acción de libertad a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, entendiendo sobre la misma, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad o que su libertad está en riesgo, constituyéndose en el medio idóneo para los casos donde existe vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, debiendo los actores observar dicho principio, con mayor prioridad, cuando los trámites o solicitudes estén vinculadas con la libertad de las personas que tienen restringido ese derecho, debiendo atender los mismos en un plazo razonable. Es así que, en el presente caso, se observa que la ahora impetrante de tutela, el 8 de junio de 2022, presentó dos memoriales ante el Juez ahora demandado, el primero referente a las excepciones de incompetencia, falta de acción y prejudicialidad; y el segundo, como un incidente de nulidad que busca se retrotraiga el proceso hasta la admisión de la denuncia y se deje sin efecto la orden de aprehensión emitida por el Fiscal de Materia; sin embargo, si bien el Juez ahora demandado, en audiencia de esta acción tutelar señaló que habría programado las audiencias para el 17 de citado mes y año, no presentó elemento objetivo que acredite este aspecto; pero más allá de ello, debe observarse que la dilación es más que evidente, puesto que conforme el art. 314.II del CPP la audiencia de excepciones e incidentes, debe señalarse en el plazo de veinticuatro horas y desarrollarse dentro del plazo de tres días. En el presente caso, siendo que las mismas fueron presentadas el 8 de junio de 2022, hasta supuesta programación realizada para el 17 de igual mes y año, transcurrieron nueve días, demostrando el incumplimiento al mandato de dicho artículo que exige el señalamiento de audiencia y resolución en el plazo de tres días. Además, el Juez ahora demandado, al asumir conocimiento de los indicados memoriales, debió notar que evidentemente se trata de una mujer que tiene un proceso instaurado contra su denunciante por el delito de violencia familiar o doméstica, siendo este un aspecto que la misma hizo saber en dichos memoriales; por lo que, en atención a brindarse a la misma debió ser prioritaria e inmediata considerando la situación de vulnerabilidad en la que la misma se encuentra; es decir, el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció el deber de toda autoridad judicial de actuar con la debida diligencia cuando asuma conocimiento de un hecho de violencia contra la mujer, ello con la finalidad de proteger su dignidad e integridad, buscando evitar así una revictimización o maltrato, debiendo tomarse en cuenta que todas las autoridades judiciales deben abordar los conflictos con perspectiva de género, en razón de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer víctima de violencia. Por lo descrito, siendo evidente la dilación generada en el trámite de las excepciones e incidentes, que respecto a la presente problemática corresponde conceder la tutela solicitada.

Con relación al derecho a la vida, es pertinente hacer notar que la SCP 0418/2018-S1 de 17 de agosto, señaló que: “…se concluye que la activación de la acción de libertad también es la vía idónea para la protección del derecho a la vida; empero, cuando ella este en real peligro, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar.” Entonces, siendo que, en el presente caso, no existe forma de determinar que el derecho a la vida de la accionante este siendo directamente amenazado o haya sido lesionado, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este derecho.

Finalmente, respecto al petitorio referente a que se deje sin efecto la orden de aprehensión de 26 de noviembre de 2021, se debe aclarar que tal determinación es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y más tomando en cuenta que la peticionante de tutela ya activo un mecanismo para analizar este aspecto precisamente en esa vía, por lo que no corresponde dar lugar a dicho petitorio.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada obro de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 08/22 de 15 de junio de 2022, cursante de fs. 200 a 205, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital departamento de La Paz; y, en consecuencia 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que, el mismo señale inmediatamente audiencia para resolver las excepciones e incidente presentado por la accionante si es que hasta la fecha no lo realizó; sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada con relación a Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia y respecto al derecho a la vida, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano 0y1111. goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…) …el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución,

procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios

2 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. “…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

6 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas). 7(…) En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser

8 El FJ.III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

9 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las

víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas]. I.1. 10 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

I.2. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

11 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de

12 Art. 314.II: La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0744_2024-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): e1c6fd5d5942ff4d72b80d28e7514e96d9a2489dfb9e895ed4d821794bffb0b9

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