Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 14 de agosto de 2023
Concede la tutela
El solicitante de tutela, alegó como lesionados el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al Juez natural y Juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades ahora demandadas a través del Auto de Vista 12/2021, declararon ilegal el allanamiento a la recusación del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, ordenando que el juzgador prosiga con el trámite de la causa, sin considerar que dicha autoridad judicial recusada emitió con anterioridad criterio sobre la posesión del bien inmueble objeto de la demanda de usucapión decenal; extremo que no fue analizado por el Tribunal de alzada, lo que en definitiva generó la lesión de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 84/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 91 a 96 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 12/2021 de 27 de octubre y disponiendo que las autoridades ahora demandadas, emitan nuevo pronunciamiento en el marco de los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0744/2023-S4 Sucre, 14 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 48236-2022-97-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 84/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 91 a 96 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Rocha Pérez contra Juan Edgar Balderrama Balderrama, Presidente de la Sala Civil Segunda y Janeth Rivas Solís, Vocal de la Sala Civil Primera ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursante de fs. 1; y, de 58 a 69, el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Su padre Isaac Renato Rocha Torrez, formalizó demanda de usucapión extraordinaria o decenal en contra de Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lyneth Pozo Rocha –ahora terceros interesados–, dicha causa radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, llevándose a cabo con una serie de irregularidades propiciadas por la jueza a cargo Nirsa Karen Chuquimia Raimundeau, quien se allanó posteriormente a la recusación formulada por su persona; por ello, se ordenó la remisión del proceso ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, respecto a quien pesaban causales suficientes de recusación en virtud a que, en el pasado, conoció y resolvió un interdicto de adquirir la propiedad, formulado por Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lyneth Pozo Rocha, en el que el accionante y su padre fueron opositores, habiendo el referido juzgador emitido criterio sobre la posesión de los prenombrados –entonces demandantes–, desconociendo la posesión de su padre y de su persona, sobre el inmueble que es objeto de la demanda de usucapión decenal; por lo que, por memorial de 13 de septiembre de 2021, formuló incidente especializado de recusación sobreviniente, siendo que la autoridad observada, posteriormente, por Auto de 21 de igual mes y año, se allanó a la recusación sobreviniente, ordenando en consecuencia, la remisión de actuados ante el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba. Una vez que fueron remitidos los actuados de la causa ante el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del prenombrado departamento, dicha autoridad a través de Auto de 5 de octubre de 2021, en aplicación del art. 349.I del Código Procesal Civil (CPC), dispuso elevar en consulta el allanamiento a la recusación formulado por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del mismo departamento, ordenando la remisión de los actuados ante la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, radicándose la causa la Sala Civil Segunda del citado Tribunal, cuyos miembros, mediante Auto de Vista “REG/S.CII/RECUS.12/27.10.2021 de 27 de octubre de 2021, con fundamentos atentatorios al derecho al debido proceso en su vertiente Juez natural e imparcial, absolviendo la consulta realizada por la Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, declararon ilegal el allanamiento a la recusación presentada por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del referido departamento, disponiendo que la Jueza consultante devuelva obrados al Juzgado de origen. En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, asumiendo competencia, por Auto de 5 de abril de 2022, señaló audiencia para el 10 de mayo de igual año a las 10:00, actuado con el que fue recién notificado el 8 de igual mes y año; audiencia en la que considera que se dictará sentencia por un Juez que tiempo atrás emitió criterio sobre la posesión de los demandados sobre el predio en cuestión, siendo lógico entonces que el juzgador se ratificará el criterio anteriormente vertido, al declarar improbada la demanda de usucapión extraordinaria o decenal y probada la acción reconvencional de acción de reivindicatoria.
El solicitante de tutela, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al Juez natural y Juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, citando al efecto los art. 115.II, 120.I y 180, de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 12/2021, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; b) Ordenar a las autoridades demandadas que emitan nuevas resoluciones, sin atentar a los derechos del debido proceso en su vertiente Juez natural y Juez imparcial, así como a los elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, c) Ordenar la condenación de costas, costos, daños y perjuicios en ejecución de sentencia.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 88 a 90 vta., presentes el solicitante de tutela y los terceros interesados y ausente las autoridades hoy demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó íntegramente lo manifestado en su memorial de acción de defensa y ampliando el mismo señaló que: 1) El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, conoció un proceso anterior de interdicto de adquirir la posesión en el que se encontraban inmersas las partes intervinientes dentro del proceso de usucapión; es decir Isaac Renato Rocha Torres, Rubén Rocha Pérez, Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lineth Pozo Rocha; 2) El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del prenombrado departamento, se encontraba en suplencia legal de su similar Segundo, el mismo presentó una excusa para conocer el fondo de la problemática, tomando en consideración de que habría emitido criterio dentro de un interdicto de recobrar la posesión, siendo ese el motivo que inicia la prescripción adquisitiva que es la posesión continua por mas de diez años; por lo que, al haber emitido criterio al respecto, debió apartarse del proceso; sin embargo, el Juez Tercero no se excusó del conocimiento de la causa; 3) En el primer actuado procesal, se presentó un incidente especializado de recusación en contra del mismo, solicitando a la referida autoridad judicial se allane a la recusación formulada y ordene la remisión al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por ello, el citado Juez, valorando esas circunstancias, por Auto de 21 de septiembre de 2021, se allanó a la recusación sobreviniente y ordenó la remisión al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del prenombrado departamento; autoridad que por Auto de 5 de octubre de igual año, en aplicación del art. 449.1 del CPC, dispuso elevar en consulta el allanamiento a la recusación formulada por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, situación que motivó la emisión del Auto de Vista 12/2021, siendo este el hecho generador de la vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; puesto que dicho auto de vista absuelve la consulta realizada por el Juez Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que declaró ilegal el allanamiento que realizó el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del mismo departamento, disponiendo que la autoridad del Juzgado Cuarto remita los actuados al Juzgado Tercero para que tramite la causa de conformidad a lo previsto en el art. 350 de la Ley 439, resolución que es atentatoria a sus derechos fundamentales; 4) El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, al haber emitido criterio anterior, incurrió en una causal de recusación conforme las normas del Código Procesal Civil; por eso el Auto de Vista 12/2021, emitido por las autoridades ahora demandadas es un auto que vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes Juez natural e imparcial, pues debió limitarse y resolver el fondo de la problemática respecto a si el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, emitió o no criterio y si podría actuar o no de manera imparcial; empero, dicho auto intenta justificar el razonamiento jurídico procesal, siendo otro el fondo de la problemática; por ello considera que dicha resolución resulta carente de fundamentación, motivación y congruencia, entre los elementos facticos y jurídicos y la parte dispositiva, por lo que, la misma deviene en nula porque vulneró el debido proceso en las tres vertientes citadas y debería ser dejada sin efecto emitiéndose uno nuevo; y, 5) Las autoridades demandadas, al momento de emitir el auto controvertido, lo hicieron sin la suficiente fundamentación, motivación y congruencia e intentan en su informe escrito de la presente acción hacer lo que no hicieron al momento de pronunciar dicha decisión; puesto que, no responde al fundamento factico que englobaba el motivo de allanamiento por parte del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; por lo que, ratificó su petitorio expuesto en el memorial de acción tutelar.
Juan Edgar Balderrama Balderrama, Presidente de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y Janeth Rivas Soliz, Vocal de la Sala Civil Primera del referido Tribunal Departamental, a través de informe escrito de 20 de mayo de 2022, cursante de fs. 81 a 83 vta.; señalaron que; i) Al momento de haber resuelto la consulta sobre la recusación del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el accionante indicó que los ahora demandados no consideraron que dicha autoridad tramitó con anterioridad al proceso de usucapión, la recusación dentro de un interdicto de adquirir la posesión donde incluso habría ministrado posesión a los demandados y al ser la posesión la base de un proceso de usucapión esa autoridad ya habría emitido su postura y criterio dentro del proceso de usucapión; ii) El solicitante de tutela busca la nulidad del Auto de Vista 12/2021; sin embargo, dicho auto cumplió con preceptos constitucionales, por ello se declaró la ilegalidad del allanamiento a recusación por parte del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, es decir que la recusación contra una autoridad jurisdiccional debería ser planteada por la parte recusante y si existiera causal suficiente debió deducirse la recusación dentro de los tres días posteriores al conocimiento de dicha causal sobreviniente; en este caso, el recusante interpuso su incidente cinco meses después de que el proceso de usucapión hubiera radicado en su despacho; es decir, fuera del plazo de los tres días, habiendo fenecido el plazo para hacerlo el 28 de abril de 2021; empero, la recusación fue planteada el 13 de septiembre de igual año, es decir presentó su solicitud de forma extemporánea, no siendo posible interponer los incidentes de recusación a discrecionalidad de las partes, sino en el momento procesal establecido por Ley, como se señaló en el Auto de Vista 12/2021; iii) Por otra parte, se afirma que dentro del proceso de interdicto de recobrar la posesión que con anterioridad habría tramitado el Juez recusado y donde habría emitido postura el Juzgador; sin embargo, con relación al proceso de usucapión, la autoridad jurisdiccional no emitió criterio; puesto que, dicho interdicto quedó sin efecto en mérito a una acción de defensa, quedando en consecuencia, extinto el supuesto pronunciamiento de criterio reclamado por el impetrante de tutela; y, iv) Al haber emitido el Auto de Vista 12/2021, los demandados cumplieron con el contexto normativo establecido en el Código Procesal Civil, el Juez a quo de forma inequívoca se apartó del conocimiento del proceso ordinario de usucapión cuando se allanó a la recusación interpuesta en su contra, es decir el auto de vista objetado, no vulneró derecho alguno al tramitar y resolver la consulta de allanamiento a recusación remitido a su conocimiento, por ende el auto de vista que emitieron, sustentó y justificó con suficiencia la declaratoria de ilegalidad del allanamiento a recusación del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, observando el debido proceso.
Rubén Maldonado Rojas, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa ni presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 80. Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lyneth Pozo Rocha, en la audiencia de consideración de la acción tutelar a través de su abogado señalaron que: a) El impetrante de tutela utilizó acciones para dilatar la conclusión de la demanda ordinaria de usucapión; en dicho proceso, constituido como parte demandante junto a su padre, quienes serían aparentemente los interesados para que se termine con sentencia el proceso; empero, todas las actuaciones que realizó el accionante son únicamente para dilatar la conclusión del mismo, siendo que a raíz de que recurrió a la presente acción de defensa, no se pudo llevar a cabo la audiencia programada; por ello, no se tiene a la fecha una sentencia dentro de dicho proceso; b) El Auto de Vista 12/2021 es correcto; porque en la parte resolutiva, los ahora demandados, pronunciaron de forma clara y concreta la ilegalidad del allanamiento a recusación formulado por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, disponiendo en dicho auto que la Jueza consultante devuelva el proceso ante dicho Juzgado, siendo eso lo correcto; c) El proceso de usucapión data desde hace siete años, habiendo fallecido el padre del ahora impetrante de tutela quien era el principal demandante dentro del proceso de usucapión; y, d) El solicitante de tutela planteó demandas y procesos penales contra jueces que no actuaban a su favor; lo cual no se debe permitir, además, realizó acciones que provocaron dilaciones en el proceso, por ello, las autoridades demandadas emitieron el auto de vista previa verificación y revisión de todos los antecedentes del proceso, pues no solo se debe de excusar o recusar a una autoridad judicial, teniendo en cuenta que existen más de diez procesos sobre el inmueble en litigio; por lo que, la presente acción de amparo constitucional es dilatoria y únicamente buscad evitar que el proceso ordinario de usucapión concluya, siendo ellos los dueños legítimos de un inmueble del que se quiere apropiar el ahora accionante; por ello, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 84/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 91 a 96 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) La Fundamentación y motivación de toda resolución, como elemento del debido proceso, es deber de los Jueces y Tribunales y debe de ser cumplido; así, en el presente caso, se tiene el Auto de Vista 12/2021, dictado por las autoridades ahora demandadas, respecto al cual, el ahora accionante señaló que dicho auto vulneró su derecho a una resolución motivada y fundamentada; en ese sentido, se tiene que el citado auto, en el considerando II fundamento Jurídico del fallo, realizó una explicación del porque en el caso resuelto se determinó declarar ilegal el allanamiento a la recusación formulada por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, habiéndose realizado un análisis en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el art 347 inc.8), 351.II y 353.IV del CPC, que hacen referencia a la excusa y recusación, señalando el momento procesal en el que deben ser presentadas las mismas; 2) También denuncia el impetrante de tutela que el Juez que se allanó a la recusación hubiese pronunciado ya un criterio acerca de la posesión y que esa situación no fue considerada en el Auto de Vista 12/2021, lo cual no es evidente; puesto que, de la lectura del mencionado auto se tiene que con relación a dicho punto de manera textual se establece que: “…el Juez únicamente puede expresar su opinión sobre el fondo de la controversia en sentencia, pues si se adelanta criterio en conocimiento de causa, le hace subjetivamente incapaz para intervenir en dicha causa, empero, esta causal no es viable por criterios emitido en fallos anteriores correspondientes a otros juicios o por casos análogos, dado que la opinión o criterio del Juez que tiene que haber sido dado en el mismo juicio y sobre el fondo de la causa cuando hubiera sido Juez…” (sic), por ello, no tiene mérito lo expuesto por el ahora accionante en sentido de que el Auto de Vista 12/2021, no tuvo fundamentación, motivación y congruencia; y, 3) En relación al derecho al Juez natural e imparcial, se tiene que en la misma resolución emitida por la autoridades ahora demandas se hizo mención al porqué se consideró que el allanamiento a la recusación fue declarado ilegal; habiendo sido el argumento esgrimido debidamente señalado y fundamentado, sustentado y motivado; por lo que, no tiene mérito lo indicado por el hoy solicitante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 8 de abril de 2021, Ruben Rocha Perez –ahora accionante– presentó incidente de recusación sobreviniente a la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro de la demanda ordinaria de usucapión a instancia de Isaac Renato Rocha Torrez a su fallecimiento su heredero procesal el impetrante de tutela, contra Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lyneth Pozo Rocha, –hoy terceros interesados–, por encontrarse la juzgadora dentro de las causales de recusación establecidas en los arts. 347.II y 351.II del CPC, en ese sentido, la referida autoridad jurisdiccional, emitió el Auto de 13 de abril de 2021, en el que se allanó a la recusación planteada y ordenó se remitan obrados al Juzgado de Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 3 a 12 vta.). II.2. Mediante memorial de 13 de septiembre de 2021, Rubén Rocha Pérez –ahora solicitante de tutela–, planteó incidente de recusación sobreviniente ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro de la demanda ordinaria de usucapión a instancia de Isaac Renato Rocha Torrez contra Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lyneth Pozo Rocha, –ahora terceros interesados– quienes con anterioridad tramitaron un interdicto de adquirir la posesión ante el citado Juzgado; por lo que, impetró que se excuse del proceso de usucapión por estar comprendido en la causal de recusación sobreviniente, debiendo remitir la tramitación del mismo a la autoridad competente, mereciendo respuesta a través del Auto de 21 de igual mes y año, en el que el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, que por sucesión procesal se encontraba a cargo del proceso de usucapión, se allanó a la recusación sobreviniente planteada por el impetrante de tutela, disponiendo la remisión de obrados al Juez llamado por Ley, en este caso a su similar Cuarto (fs. 26 a 31 vta.). II.3. Consta Auto de 5 de octubre de 2021; por el que, el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo, en aplicación del art. 349.I y 352.I del CPC, elevó en consulta el allanamiento a la recusación formulado por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo, a la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 33 a 34 vta.). II.4. A través del Auto de Vista 12/ 2021 de 27 de octubre, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, absolvió la consulta elevada por el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del citado departamento, declarando ilegal el allanamiento a la recusación formulada por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba y disponiendo que la Jueza consultante devuelva obrados a dicho Juzgado a objeto de que prosiga con el trámite de la causa de conformidad a lo estipulado en el art. 350.I del CPC (fs. 42 a 44 vta.).
El solicitante de tutela, alegó como lesionados el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al Juez natural y Juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades ahora demandadas a través del Auto de Vista 12/2021, declararon ilegal el allanamiento a la recusación del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, ordenando que el juzgador prosiga con el trámite de la causa, sin considerar que dicha autoridad judicial recusada emitió con anterioridad criterio sobre la posesión del bien inmueble objeto de la demanda de usucapión decenal; extremo que no fue analizado por el Tribunal de alzada, lo que en definitiva generó la lesión de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
resoluciones
La motivación y fundamentación entre otros, son elementos que componen el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional y deben ser observados por las y los juzgadores al momento de emitir sus resoluciones; es en este sentido, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, refirió que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso…”.
Asimismo, la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero, al respecto señaló: “En cuanto al derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, este se constituye en la garantía del sujeto procesal, de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió”.
Ahora, si bien la motivación y la fundamentación son elementos de obligatoria existencia y cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, esto no implica que su desarrollo sea ampuloso en cuanto a sus consideraciones y citas legales, sino, debe existir una estructura explicativa de forma y de fondo, pudiendo ser concisa y clara, de modo que se entiendan satisfechos todos los puntos reclamados por quien demanda o impugna, pues en una resolución debe existir la posibilidad de identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida; es en aplicación de dicho razonamiento que la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, señaló que: “Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.
Acotando a este criterio, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, señaló: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo” (las negrillas son nuestras).
Otro de los elementos, que hacen al debido proceso es el principio de congruencia, expresado en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, que señaló lo siguiente: “...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.
Dichos precedentes jurisprudenciales resaltan la importancia que tiene el deber de las autoridades jurisdiccionales, de motivar y fundamentar sus resoluciones; en virtud a que a través del cumplimiento de dichos componentes del debido proceso, lo que optimiza un adecuado ejercicio del derecho a la defensa en favor de partes; también constituye un elemento que permite analizar y controlar de manera eficaz el desempeño de las funciones jurisdiccionales, pues el deber de justificar las resoluciones a través de la motivación y fundamentación configurando una estructura de hecho y de derecho, permite dar a conocer a las partes respecto al por qué de una determinada decisión y los alcances que tiene dicha decisión respecto a un determinado reclamo o a una pretensión formulada; aspecto este último, que tiene relación con el deber de garantizar el principio de congruencia, dado que la motivación y fundamentación de la resolución debe enmarcarse en lo pretendido o solicitado por las partes. Elementos que sin duda, permiten además, que se realice un control efectivo por parte de las diferentes instancias y etapas del proceso, a través de los medios de impugnación que la ley reconoce.
Conforme a la problemática identificada supra, se tiene que el accionante, alegó como lesionados el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al Juez natural y Juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia; toda vez que, las autoridades ahora demandadas a través del Auto de Vista 12/2021, declararon ilegal el allanamiento a la recusación del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, ordenando que el juzgador prosiga con el trámite de la causa, sin considerar que dicha autoridad judicial recusada emitió con anterioridad criterio sobre la posesión del inmueble objeto de la demanda de usucapión decenal; extremo que no fue analizado por el Tribunal de alzada, lo que en definitiva generó la lesión de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
De los antecedentes se advierte que, por escrito de 8 de abril de 2021, el impetrante de tutela, presentó incidente de recusación sobreviniente a la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro de la demanda ordinaria de usucapión a instancia de Isaac Renato Rocha Torrez a su fallecimiento su heredero procesal Rubén Rocha Pérez –ahora accionante– contra Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lyneth Pozo Rocha, –ahora terceros interesados– en ese sentido dicha Jueza emitió el Auto de 13 de abril de 2021, en el cual se allanó a la recusación del solicitante de tutela y ordenó se remitan obrados al Juzgado de Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del referido departamento; al radicar la causa en dicho Juzgado, por memorial de 13 de septiembre de 2021, el accionante planteó incidente de recusación sobreviniente ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del prenombrado departamento dentro de la demanda ordinaria de usucapión, puesto que, conoció del interdicto de adquirir la posesión; por lo que, impetró que se excuse del proceso de usucapión por estar comprendido en la causal de recusación sobreviniente, debiendo remitir la tramitación del mismo a la autoridad competente, mereciendo respuesta a través del Auto de 21 de igual mes y año, en el que el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento que por sucesión procesal se encontraba a cargo del proceso de usucapión, se allanó a la recusación sobreviniente planteada por el impetrante de tutela, disponiendo la remisión de obrados al Juez llamado por Ley (Conclusión II.1 y 2). En consecuencia, el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través de Auto de 5 de octubre de 2021, en aplicación del art. 349.I y 352.I del CPC, elevó en consulta el allanamiento a la recusación formulado por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo, a la Sala Civil de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.3).
En atención a la consulta elevada por el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del citado departamento la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista 12/ 2021; declaró ilegal el allanamiento de la recusación formulada por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del prenombrado departamento, disponiendo que la Jueza consultante devuelva obrados a dicho Juzgado a objeto de que prosiga con el trámite de la causa (Conclusión II.4).
Ahora bien, sobre el Auto de Vista 12/ 2021, emitido por las autoridades hoy demandadas, se tiene que, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, motivación y congruencia denunciada, que adicionalmente vulneraran el derecho al Juez natural e imparcial, debe tenerse presente que toda resolución dictada, no solo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente, teniéndose presente que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación y motivación de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad sea judicial o administrativa a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y de derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.
En mérito a ello, corresponde el análisis pormenorizado de la decisión objeto de la presente acción tutelar a efectos de establecer si es evidente o no lo señalado por el accionante en su demanda de acción de amparo constitucional; por lo tanto, es necesario contextualizar la situación fáctica, con base en los antecedentes del caso, a partir de los cuales se emitirá el presente fallo constitucional, en ese orden se tiene que, el ahora impetrante de tutela presentó incidente de recusación sobreviniente el 13 de septiembre de 2021, al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en el cual señaló que: i) Dentro del proceso ordinario de usucapión conocido de inicio por el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Quillacollo del referido departamento, proceso seguido por Isaac Renato Rocha Torrez y ante su fallecimiento de este último, fueron convocados los herederos, demanda contra Juan Daniel Pozo Rocha y Jacqueline Lyneth Pozo Rocha, –ahora terceros interesados– quienes tramitaron con anterioridad un proceso de interdicto de adquirir la posesión, a cargo de su similar Tercero, quien ministro a favor de los “demandantes” –ahora terceros interesados– posesión, hecho procesal inscrito en Derechos Reales (DD.RR), que a su turno fue dejado sin efecto por medio de una acción de defensa; ii) Tales antecedentes fueron el fundamento para que el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, se excuse de tramitar el proceso, ante la ausencia justificada del titular, dicha autoridad judicial por Auto de 3 de julio de 2017, se excusó de conocer el proceso en suplencia de su similar; puesto que, tramitó el interdicto de adquirir la posesión en el que intervinieron los ahora terceros interesados, es decir que, emitió un criterio anticipado respecto al proceso; en dicho auto señaló el Juez que no se lleve a cabo la audiencia complementaria que tenían fijada e indicó que se realice la misma el “11 de agosto de 2017” y que sea el titular quien la celebre cuando retorne la audiencia; iii) El Juez, en el Auto de 3 de julio de 2017, afirmó su imparcialidad en la causal de recusación; sin embargo, pese a ello determinó posteriormente seguir conociendo y tramitando el proceso de usucapión, pese a que demostró que el Juez ya había manifestado criterio, hecho ignorado de forma dolosa y maliciosa por la autoridad recusada; no obstante que el juzgador tenía la obligación de excusarse, apartándose del conocimiento de dicha causa; como así lo establece el art. 348 del CPC; iv) La norma procesal es de orden público, de igual manera el art. 347.2 del citado código, establece la recusación como la facultad que la Ley concede para exigir que un Juez o Tribunal se aparte del conocimiento de un determinado asunto, por considerar entre otras razones, que se emitió criterio sobre la justicia o injusticia de lo litigado, siendo que consta en actuado judicial, que antes de asumir conocimiento del proceso de usucapión ya se había excusado; empero, fue remitido el proceso para su conocimiento y para la celebración de la audiencia complementaria de 3 de julio de 2017, acto que resulta contradictorio a las leyes procesales y contrario a la garantía del Juez natural; v) El art 115 de la CPE, consagra al debido proceso como una garantía constitucional, así como el derecho a contar con un Juez natural como establece el art. 120 de la Ley Fundamental, debiendo entenderse por juez competente, aquel que de acuerdo a las normas previamente establecidas, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; siendo un Juez independiente, aquel que resuelve la controversia exento de toda injerencia o intromisión de otras autoridades, así como un Juez imparcial, aquel que decide la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión, de igual forma la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al Juez natural establecieron que es una garantía constitucional del debido proceso; vi) En cumplimiento de la Norma Suprema, en todo proceso judicial se debe de garantizar el debido proceso en el que las partes sometidas al mismo, tengan las garantías constitucionales, entre ellas, que las partes sean juzgadas por un Juez competente, independiente e imparcial; por ello, el debido procesos en su triple dimensión, garantiza contar en el proceso con un Juez imparcial, siendo que a dicho efecto, tanto el administrador de justicia como las partes del proceso, cuentan con mecanismos como la recusación y la excusa; y, vii) Finalmente, impetró al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, se allane a la recusación planteada por estar comprendido en la causal de recusación sobreviniente, debiendo remitir la tramitación del proceso ante la autoridad judicial competente con las formalidades de rigor.
Consiguientemente, a través de Auto de 21 de septiembre de 2021, Rubén Maldonado Rojas Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba –ahora tercer interesado– manifestó que: a) El ahora impetrante de tutela interpuso incidente de recusación sobreviniente y acompañó para tal efecto el Auto de 3 de julio de 2017, el cual dictó como Juez en suplencia legal de su similar Segundo, en dicho auto manifestó lo siguiente: “ VISTOS: habiendo el suscrito tramitado en el juzgado cuya titularidad ejerce, interdicto de adquirir la posesión en el que ahora intervienen los demandados, teniendo de esta manera un conocimiento o criterio anticipado respecto a la presente causa a merito de dicho proceso de interdicto, no resulta ético ni moral celebrar la presente audiencia, porque esta autoridad ya tiene una opinión anticipada al respecto. Es en tal sentido, a fin de no evitar perjuicios a las partes, se difiere la celebración de la presente audiencia complementaria, programándose su celebración para el retorno de la titular de este despacho judicial para el 11 de agosto de 2017 a las 10: a.m. Notifíquese funcionario” (sic); b) Con este antecedente o prueba que acompañó al memorial que antecede se acreditó en forma objetiva y contundente la manifestación de criterio o prejuzgamiento sobre la justicia o injusticia del presente litigio; por ello se vio obstaculizado de tramitar el proceso con absoluta imparcialidad, el cual es uno de los pilares que garantiza el derecho a la defensa, ya que es deber de las autoridades judiciales de excusarse sin demora ante el conocimiento de la existencia de una de las causales de excusa, con la sanción de suspensión de funciones en caso de inobservancia; por ello a fin de evitar susceptibilidades en las partes que comprometa la imparcialidad del mismo y que perjudiquen a las partes, “es menester allanarse a la recusación sobreviniente planteada por la parte demandada” (sic); y, c) Bajo dichos argumentos resolvió; señalando que se allana a la recusación sobreviniente planteada por Rubén Rocha Pérez –hoy accionante– en el proceso ordinario de usucapión que por sucesión procesal de Isaac Renato Rocha Torrez, se tiene al prenombrado contra Juan Daniel y Jacqueline Lineth ambos Pozo Rocha, disponiendo la remisión de obrados al Juez llamado por Ley en este caso al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Quillacollo del prenombrado departamento. En atención a lo resuelto en el Auto de 21 de septiembre de 2021, dictado por Rubén Maldonado Rojas, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba –ahora tercer interesado–, Angelica Scarlet Gallejos Arteaga, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Quillacollo del mismo departamento, emitió el Auto de 5 de octubre de 2021; en el que resolvió que en aplicación al art 348.I concordante con el art. 352.I del CPC, elevó en consulta ante la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la recusación allanada del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento. Ahora bien, habiendo sido remitid en consulta el allanamiento a la recusación, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista 12/2021 de 27 de octubre, declarando ilegal el mismo y disponiendo en consecuencia, que la Jueza consultante devuelva obrados al Juzgado de origen, a objeto de que prosiga con el trámite de la causa, de conformidad a lo dispuesto en el art. 350.I del CPC; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos; 1) De la revisión del cuadernillo procesal, se evidenció que por Auto de 13 de abril de 2021, la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Quillacollo del prenombrado departamento se allanó a la recusación planteada por el ahora impetrante de tutela en sucesión procesal de su causante Isaac Renato Rocha Pérez, dentro del proceso ordinario de usucapión; asimismo, ordenó la remisión del legajo procesal al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; determinación que fue debidamente notificada a todas las partes intervinientes; no obstante de ello, estas no observaron ni objetaron la imparcialidad del juzgador con ninguna de las causales de recusación ni mucho menos con la emisión de la providencia de 22 de abril de 2021, la cual determinó la radicatoria del proceso en el Juzgado Tercero, al contrario aceptaron tácitamente la intervención del mismo en calidad director del proceso, presentando varios memorial y dando con ello continuidad a la tramitación de la demanda, como se advierte del señalamiento de audiencia complementaria; 2) El Juez Tercero, no se excusó del conocimiento de la causa; por consiguiente, al haberse radicado la misma mediante providencia de 22 de abril de 2021, el cómputo de término para interponer el incidente sobreviniente de recusación, inició al día siguiente hábil de la notificación con aquella providencia; por lo cual, al haberse practicado las notificaciones el 23 de igual mes y año (viernes), se tenía el plazo de tres días hábiles para interponer el incidente; es decir, hasta el 28 de abril de 2021; empero, conforme consta en el certificado de plataforma, la recusación se planteó recién el 13 de septiembre del mismo año, después de más cuatro meses de conocida la radicatoria y consecuentemente, de forma extemporánea; 3) Respecto al criterio que habría emitido el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del mismo departamento, evidentemente este, en suplencia legal de su similar Segundo, tomó conocimiento de un proceso de interdicto de adquirir la posesión y dictó el Auto de 3 de julio de 2017; sin embargo, debe dejarse claro que la naturaleza jurídica y tramitación del aquel tipo de proceso, difiere totalmente a la sustanciación del proceso ordinario; puesto que el primero no constituye un verdadero proceso contradictorio, ya que su acción no se dirige a proteger la posesión o la tenencia, sino a obtener la posesión que nunca tuvo la persona que presentó título suficiente; pretensión absolutamente distinta a la que se persigue mediante el proceso de usucapión. En tal sentido, corresponde indicar que la causal de recusación inserta en el numeral 8 del art. 347 del CPC, denominada también como prejuzgamiento, consiste en que el Juez únicamente puede expresar su opinión sobre el fondo de la controversia en sentencia, pues si adelanta criterio con conocimiento de causa, se constituye en incapaz para intervenir en dicha causa; empero, esta causal no es viable por criterios emitidos en fallos anteriores, siendo que la opinión o criterio emitido por el Juzgador tiene que haberse dado en el mismo juicio y sobre el fondo de la causa que hubiera conocido como Juez; y, 4) En virtud a lo señalado, en el caso analizado, se advierte que la autoridad jurisdiccional no vertió criterio alguno con relación a la sustentación de la demanda ordinaria de usucapión; puesto que el Juez recusado conoció y tramitó el proceso de interdicto de adquirir la posesión a instancia de Isaac Rocha Torrez, el cual se dejo sin efecto mediante una acción de defensa; causa completamente diferente al proceso ordinario de usucapión. De igual forma, al momento de tomar conocimiento de la demanda de usucapión en suplencia legal, la autoridad judicial se limitó a señalar audiencia complementaria a llevarse a cabo al retorno de la Jueza titular, hechos que de ninguna forma se subsumen a la manifestación de criterio sobre la justicia e injustica dentro de la tramitación del proceso; por lo que, resulta improcedente el apartamiento de la autoridad judicial allanada a la recusación.
De todo lo expuesto, es posible concluir que se observan deficiencias de fundamentación y motivación en el señalado Auto de Vista; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, no consideraron los alcances del art. 347 del CPC, que claramente señala: “Son causas de recusación: ‘8. Haber manifestado criterio sobre la justicia o injusticia del litigio que conste en actuado judicial; antes de asumir conocimiento de él” (sic), tampoco analizaron los fundamentos expuestos en el incidente de recusación sobreviniente del 13 de septiembre de 2021, formulado al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, siendo que en el auto de vista controvertido, los Vocales ahora demandados, únicamente manifestaron que el cómputo de plazo para interponer el incidente sobreviniente de recusación inicio al día siguiente hábil de la notificación con la providencia; por lo cual, al haberse practicado las notificaciones el 23 de igual mes y año, tenía el plazo de tres días para interponer incidente, sin embargo presentó el mismo el 13 de septiembre de septiembre, habiendo fenecido su plazo el 28 de abril de 2021; y respecto al criterio vertido por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, indicaron que la tramitación de un proceso de interdicto de adquirir la posesión es totalmente diferente a la sustentación del proceso ordinario, por ello, la causal de recusación no es viable por criterios emitidos en fallos anteriores, la opinión o criterio emitido por el Juez tiene que haber sido dado en el mismo juicio y sobre el fondo de la causa cuando hubiera sido Juez; y que en el presente caso la autoridad jurisdiccional no vertió criterio alguno con relación a la sustentación de la demanda ordinaria de usucapión y que únicamente se limitó a señalar audiencia complementaria a llevarse a cabo al retorno de la Jueza titular,; de donde se advierte que las autoridades ahora demandadas, no efectuaron “un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume” (sic). Por lo expuesto, resulta ser evidente lo alegado por el impetrante de tutela en esta acción de defensa, respecto a que el Auto de Vista 12/2021 de 27 de octubre, carece de debida fundamentación y motivación, pues la determinación de haber declarado ilegal el allanamiento de recusación, no se encuentra enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia, al no haber explicado en términos claros y precisos sustentados en derecho las razones de dicha determinación; siendo que, el accionante expuso de manera clara las razones para recusar al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, quien se allanó a lo pretendido, bajo el fundamento que habría ministrado posesión del bien inmueble a favor de los entonces demandantes –ahora terceros interesados– dentro de un anterior proceso de mejor derecho propietario; hecho procesal que fue inscrito en DD.RR. y posteriormente dejado sin efecto por medio de una acción de defensa; antecedentes que fueron el fundamento principal para que el Juez se excuse de tramitar el proceso de usucapión. En consecuencia, las autoridades demandadas, se apartaron de los presupuestos exigibles respecto a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones judiciales, explicadas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Por todo lo expuesto, se advierte que, efectivamente las autoridades demandadas a través del auto de vista cuestionado, omitieron fundamentar de manera suficiente y debida las razones para haber emitido el Auto de Vista 12/2021 de 27 de octubre; puesto que, el ahora accionante explico las razones por las que el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Quillacollo del citado departamento, debía de allanarse a la recusación y dicha autoridad jurisdiccional, de igual forma, a través el Auto de 21 de septiembre del mismo año, sustento su decisión de allanarse a la recusación del ahora impetrante de tutela, situación que no fue considerada ni analizada por el Tribunal de alzada, lo que generó la lesión a sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al Juez natural y Juez imparcial. Por tanto, este Tribunal encuentra carencia de fundamentación, motivación y congruencia en la determinación que fue cuestionada por el accionante y que, en inobservancia de los entendimientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que la fundamentación, motivación y congruencia de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución y la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; situación que no se advierte en la presente causa; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 84/2022 de 20 de mayo, cursante de fs. 91 a 96 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 12/2021 de 27 de octubre y disponiendo que las autoridades ahora demandadas, emitan nuevo pronunciamiento en el marco de los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0744_2023-S4.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6934c37ee70a4f34fd549fa6ec7ae9a39efb950f29384c3ab540cfb5702f79c6
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