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SCP 0744/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
47508-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la legalidad, a la defensa y a la libertad; puesto que el 12 de enero de 2022, solicitó al Juez ahora accionado se señale audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, actuado procesal que fue fijado para el 14 de febrero de ese año; empero, no pudo realizarse por falta de notificación a las partes, obstaculización intencional del Juez y Secretaria ahora accionados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11-2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 16 a 19, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, con relación a la vulneración del derecho a la libertad de Benito Cruz Coraite vinculado el derecho al debido proceso en sus elementos de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata señale de oficio nuevo día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, conforme a procedimiento y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva de Benito Cruz Coraite, siempre y cuando aquello no hubiese ocurrido aún. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la vida, a la defensa y a la legalidad; y, respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0744/2023-S3 Sucre, 14 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47508-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11-2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 16 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia, Jorge Dennis Fernández Colque, Julio Felipe Ríos Vásquez y Dagner Herver Guzmán Cuellar en representación sin mandato de Benito Cruz Coraite contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez; y, Elia Mabel Sandalio Aguilera, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, mediante memorial presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 1 a 6 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, se encuentra detenido preventivamente; por lo que solicitó la cesación de su detención preventiva el 15 de diciembre de 2021 al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -que se encontraba de turno por vacación judicial-, interponiendo una acción de libertad el 30 de igual mes y año que le fue concedida; empero, al no tener respuesta a su pedido de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el 12 de enero de 2022, volvió a solicitar se señale la referida audiencia ante el Juez ahora accionado, actuado procesal que fue programado para el 14 de febrero de ese año que no pudo efectuarse por negligencia del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, para realizar las diligencias de notificación, existiendo por ello una obstaculización intencional y “CONFABULACIÓN” entre el Juez y la Secretaria ahora accionados por la falta de notificación a las partes, que dio lugar a la suspensión de su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva. En ese entendido, continúa insistiendo en que su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva se realice y la autoridad judicial hoy accionada resuelva su situación jurídica, más aún cuando su vida está en peligro en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz en virtud a la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19).

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la legalidad, a la defensa y a la libertad; asimismo, de la lectura del memorial de acción de libertad se menciona como vulnerado su derecho a la vida; citando al efecto los arts. 115, 116 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se señale de manera inmediata audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, debiendo efectuar las debidas diligencias de notificaciones a las partes procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representantes sin mandato ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Se encuentra detenido preventivamente seis meses y no se convocó a “audiencia” para definir el plazo establecido por el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; b) El Juez y la Secretaria ahora accionados no faltaron a la verdad, al manifestar las diferentes suspensiones de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva que existió, a causa de tener aprehendidos en audiencias cautelares, menoscabando su situación de detenido preventivo;

c) Tiene derecho a la presunción de inocencia; y, d) Se ordene señalar una nueva audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva sin que sea suspendida por causas ajenas a su persona.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional accionados

Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz mediante informe presentado el 24 de febrero de 2022, cursante de fs. 12 a 14 vta., señaló que: 1) El 10 de noviembre de 2021, el accionante solicitó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, que fue fijada mediante decreto de igual fecha para el 12 de ese mes y año, la cual se suspendió por falta de notificación, el 18 de igual mes y año nuevamente se solicitó la referida audiencia, que fue fijada para el 22 de ese mes y año, la que se suspendió porque se encontraba en audiencia cautelar con aprehendido, en esa misma fecha el accionante solicitó nueva audiencia, siendo programada mediante decreto de 23 de noviembre de 2021 para el 6 de diciembre de igual año; empero, el 1 de ese mes y año sin revisar el “expediente” el accionante nuevamente solicitó la mencionada audiencia; por lo que, mediante decreto de 2 del mismo mes y año se indicó al accionante que este al decreto de 23 de noviembre de 2021; 2) La audiencia de 6 de diciembre del señalado año, fue suspendida debido a que el Ministerio Público ni el accionante presentaron el cuaderno de investigaciones, programándose nueva audiencia para el 9 del indicado mes y año; 3) El 6 del citado mes y año, remitió el proceso de referencia al Juzgado de tuno por vacación judicial, que recayó en el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que radicó la causa a través del decreto de 10 de diciembre de 2021; por lo que, el 15 de ese mes y año el accionante solicitó audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, que fue señalada para el 20 de igual mes y año, suspendida por falta de notificaciones, solicitando el 22 del mismo mes y año, nuevamente la referida audiencia, que fue programada para el 30 de ese mes y año, actuado procesal que también fue suspendido por falta de notificación; 4) Después de las vacaciones judiciales volvió a asumir la causa, solicitando el accionante, el 12 de enero de 2022, audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, siendo fijada mediante decreto de 13 de igual mes y año, para el 26 de ese mes y año; empero, la misma se suspendió a pesar de efectuarse las notificaciones debido a que se encontraba con audiencia cautelar con aprehendido; es así que, el accionante volvió a solicitar la mencionada audiencia el 31 del mismo mes y año, que fue respondida mediante decreto de 1 de febrero de ese año, señalando la audiencia para el 14 de febrero de 2022; sin embargo, dicho actuado procesal fue suspendido porque se encontraba con audiencia cautelar con aprehendido; 5) Siempre desarrolló sus funciones conforme a la norma, y no es evidente que no practicó las diligencias; ese extremo ocurrió en vacación judicial; por lo que no es atribuible a su persona; asimismo, la recarga procesal en cuanto a los detenidos no es su responsabilidad, dicha situación jurídica debe resolver prioritariamente; 6) Desde el 14 de igual mes y año no existe solicitudes de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante, y eso no puede ser suplido por una acción de libertad; 7) El accionante siempre tuvo todas las garantías y se atendió con prontitud su derecho de petición de la citada audiencia; y, 8) En el presente caso, no existe peligro para la vida, una ilegal persecución, ni un procesamiento indebido, tampoco una ilegal privación de libertad. Elia Mabel Sandalio Aguilera, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 11-2022 24 de febrero, cursante de fs. 16 a 19, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante está facultado para solicitar la cesación de su detención preventiva, debido a que el Juez ahora accionado únicamente debe dar cumplimiento a lo establecido por el art. 239 del CPP, según el numeral que hubiera sido alegado; ii) Existen dos solicitudes de cesación de la detención preventiva del accionante que fueron de conocimiento del Juez ahora accionado, quien señaló audiencias, realizándose las diligencias correspondientes; sin embargo, con el hecho que se consideraran primeramente las audiencias de detención preventiva con detenido, se demostró que esas suspensiones fueron justificadas; iii) El accionante tiene todas las facultades que prevé el Código de Procedimiento Penal, para solicitar la cesación de su detención preventiva; por lo que no debió acudir a la vía constitucional de forma paralela a solicitar aspectos que pudo pedir por la vía ordinaria; iv) El Juez ahora accionado al cumplir con los señalamientos de audiencia solicitados por el accionante, cumplió con la norma penal; en consecuencia, no incurrió en la vulneración de los derechos del accionante; y, v) No se encuentra por parte de la Secretaria ahora coaccionada ninguna vulneración de derechos del accionante.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Al no existir documentación se resolverá conforme a lo expresado por las partes y verificado por la Jueza de garantías.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la legalidad, a la defensa y a la libertad; puesto que el 12 de enero de 2022, solicitó al Juez ahora accionado se señale audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, actuado procesal que fue fijado para el 14 de febrero de ese año; empero, no pudo realizarse por falta de notificación a las partes, obstaculización intencional del Juez y Secretaria ahora accionados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la[s] citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al debido proceso en sus elementos de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la legalidad, a la defensa y a la libertad; puesto que el 12 de enero de 2022, solicitó al Juez ahora accionado se señale audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, actuado procesal que fue fijado para el 14 de febrero de ese año; empero, no pudo realizarse por falta de notificación a las partes, obstaculización intencional del Juez y Secretaria ahora accionados.

Corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, ya que de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas.

En ese contexto, si bien no cursan antecedentes del proceso penal seguido contra el accionante; sin embargo, lo denunciado por el nombrado fue corroborado por el Juez ahora accionado en el informe emitido como efecto de esta acción de libertad; es así que, se tiene que el accionante el 12 de enero de 2022 solicitó audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva al Juez ahora accionado, quien señaló la citada audiencia para el 26 de ese mes y año; empero, dicho actuado procesal se suspendió porque la referida autoridad judicial se encontraba con audiencia cautelar con aprehendido; por lo que el accionante volvió a solicitar la realización de la audiencia extrañada, programándose la misma para el 14 de febrero de ese año; sin embargo, igualmente no se efectuó porque el Juez ahora accionado se encontraba en audiencia cautelar con aprehendido, de lo que se colige que, si bien la dilación en resolver la situación jurídica del accionante no habría sido por la falta de notificación a las partes procesales, como fue denunciado en esta acción de libertad, la cual efectivamente ocurrió; empero, fue porque en dos ocasiones -26 de enero y 14 de febrero de 2022- el Juez ahora accionado se encontraba en otra audiencia cautelar con aprehendido, extremo que el Juez ahora accionado considera un justificativo válido, además del hecho de no señalar, ante dichas suspensiones no atribuibles al accionante, nuevo día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, refiriendo en su informe que “…DESDE EL 14 DE FEBRERO NO EXISTE MAS SOLICITUDES DE AUDIENCIA…” (sic) de parte del accionante.

En ese entendido, el Juez ahora accionado incurrió en una dilación indebida por la no realización de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante, incluso en dos ocasiones, debido a que la existencia de una audiencia con aprehendido en otro proceso penal no se constituye en sí mismo en un justificativo para suspender una audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de otra persona -en este caso del accionante- que se encuentra privado de libertad; por lo que correspondía que el Juez ahora accionado reorganice la realización de sus audiencias, de modo que pueda llevar adelante la otra audiencia que se encontraba celebrando y la audiencia del accionante que estaba programada con anterioridad. Situación que se agravó debido a que ante dichas suspensiones no atribuibles al accionante, el Juez ahora accionado no señaló de oficio nuevo día y hora de audiencia para considerar la situación jurídica del accionante, sino más bien refiere que el accionante desde la última audiencia que fue suspendida -14 de febrero de 2022-no efectuó ninguna otra solicitud de audiencia al efecto, cuando el art. 113 del CPP modificado por el art. 7 de la Ley 1173, establece que si excepcionalmente se suspende una audiencia frente a determinadas situaciones debidamente justificadas, la autoridad judicial debe señalar una nueva dentro las cuarenta y ocho horas, pudiendo habilitar incluso horas inhábiles, disposición plenamente aplicable al presente caso, más aun la causa de suspensión de las audiencias del accionante no fueron por razones justificadas, constituyéndose por ello el proceder del Juez ahora accionado en una actitud poco diligente que implica dilación en la resolución de la situación jurídica del accionante, considerando que el indicado actuado procesal estaba destinado a considerar la cesación de la detención preventiva del accionante.

En ese contexto, se evidencia que existió dilación injustificada en el presente caso; puesto que la autoridad judicial ahora accionada provocó una demora injustificada en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; consecuentemente, el citado Juez con su actuar negligente vulneró el derecho a la libertad del accionante vinculado el derecho al debido proceso en sus elementos de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, establecida como acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada.

Respecto a la Secretaria ahora accionada es necesario considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva; sin embargo, adquieren dicha legitimación cuando inciden en tres supuestos, a los cuales no se acomodó la actuación de la Secretaria ahora coaccionada, a quien se le atribuye que negligentemente no gestionó la notificación a las partes procesales para la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante señalada para el 14 de febrero de 2022; empero, como ya se refirió dicha audiencia tuvo otra causa de suspensión que solo implica al Juez ahora accionado; por lo que la excepción a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional no es aplicable en este caso; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada con relación a la misma.

Por otro lado, si bien el accionante mencionó que debido a la indefinición de su situación jurídica su vida se encontraría en peligro en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz a causa de la pandemia por el COVID-19; sin embargo, en el presente caso no puede otorgarse al accionante una protección inmediata por la presunta vulneración del derecho a la vida, al no demostrarse con prueba fehaciente el estado de salud del accionante, que dé certeza sobre el peligro a su vida, extremo exigido por la jurisprudencia al establecer que “…dado el carácter elemental del derecho a la vida (…) es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar” (SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, que reiteró el razonamiento establecido en la SCP 1278/2013 de 2 de agosto).

Finalmente, con referencia a los derechos a la legalidad y a la defensa, no corresponde realizar consideración alguna al respecto, al no encontrarse dentro el ámbito de protección de esta acción de defensa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11-2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 16 a 19, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, con relación a la vulneración del derecho a la libertad de Benito Cruz Coraite vinculado el derecho al debido proceso en sus elementos de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata señale de oficio nuevo día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, conforme a procedimiento y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva de Benito Cruz Coraite, siempre y cuando aquello no hubiese ocurrido aún. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la vida, a la defensa y a la legalidad; y, respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0744_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): e591bf861d1c6b764c5eef197dab0e0eee01dea10c50b3e6745a35dda9ecf2ee

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