B.IA.LEGAL

SCP 0743/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
65793-2024-132-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes legalidad, motivación, congruencia de las decisiones judiciales y valoración de la prueba, así como del principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al emitir el Auto de Vista 103/23 declaró probada la demanda de comprobación de unión conyugal libre entre Zoila Cuellar Jiménez y José Ernesto Antelo Bazán con inicio en 20 de noviembre de 2006 y conclusión en 9 de octubre de 2017, sin considerar que: 1) Para determinar el inicio debió aplicar el art. 214 del CFPF, es decir considerar la fecha de registro de la sentencia de divorcio; y, 2) Para la conclusión no dio valor jurídico al Formulario de cambio de domicilio sustentado normativamente con los arts. 24 y 28 del CC; 71.4 y 74.II. 2 de la LOEP; y, 98 y 99 inc. c) de la LRE. Al respecto, las autoridades demandadas no presentaron informe alguno ni participaron en la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 126/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 516 vta. a 521 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al primer agravio contenido en el punto 1, en los mismos términos dispositivos de la Sala Constitucional. 2° DENEGAR respecto al segundo agravio, relativo a la valoración de la prueba conforme a lo desarrollado en el punto 2 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La debida fundamentación como elemento del debido proceso y la valoración de la prueba
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0743/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 65793-2024-132-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 126/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 516 vta. a 521 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ernesto, Lourdes Romina y Juan Sebastián, todos Antelo Haquin contra Efraín Cruz Limachi y Mirian Rosell Terrazas; y, José Ernesto Aponte Ribera y Mirna Sandra Molina Villarroel, ex y actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 de abril y 18 de junio de 2024, cursantes de fs. 484 a 493; y, 497 a 501 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la demanda de comprobación de unión libre o de hecho presentada por Zoila Cuellar Jiménez, y en calidad de hijos de José Ernesto Antelo Bazán (fallecido) interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 292/21 de “22” -lo correcto es 20- de octubre de 2021, debido a que en la misma, la Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda de unión libre o de hecho entre José Ernesto Antelo Bazán con Zoila Cuellar Jiménez, con vigencia de mediados del año 2006 hasta el 9 de octubre de 2017, solicitando se declare improbada la demanda o en su defecto se disponga la modificación de la fecha de inicio y conclusión de la supuesta unión libre, teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria del proceso de divorcio de sus padres y el formulario de cambio de domicilio.

A través de Auto de Vista 27/2022 de 15 de noviembre, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, anuló la Sentencia 292/21, consecuentemente la Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del referido departamento emitió la Sentencia 18/23 de 27 de enero de 2023, que declaró probada la demanda de unión libre o de hecho con vigencia desde mediados del año 2006 hasta el 9 de octubre de 2017, por lo que la impugnaron, solicitando se declare improbada la demanda o en su defecto se disponga la modificación de la fecha de inicio y conclusión de la unión libre, teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria del proceso de divorcio de sus padres y el formulario de cambio de domicilio. En atención a dicho recurso, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 103/23 de 1 de septiembre de 2023, disponiendo revocar parcialmente la Sentencia 18/23, declarando probada la demanda de comprobación de unión libre con inicio en 20 de noviembre de 2006 y conclusión en 9 de octubre de 2017 incurriendo en la vulneración: a) Del principio de legalidad, por no aplicar la norma, en cuanto al inicio de la unión libre, debido a que según el INFORME TSE SERECI 23/2023 de 15 de diciembre, existe la imposibilidad de registrar la unión libre en el periodo del 20 de noviembre de 2006 al 9 de octubre de 2017, porque infringe el art. 214 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que señala que el divorcio tiene efectos desde su registro en el Servicio de Registro Cívico (SERECI) y el divorcio entre sus padres José Ernesto Antelo Bazán y Lourdes Liliana Haquin Aguilar, fue registrado el 10 de enero de 2007, es decir que el 20 de noviembre de 2006, su padre no tenía libertad de estado; y, b) Del debido proceso por la errónea valoración de la prueba, en cuanto a la conclusión de la unión libre, que según la demandante se extendió hasta el 9 de octubre de 2017, fecha en la que José Ernesto Antelo Bazán falleció; empero dicha relación concluyó el 27 de agosto de 2017, cuando el mencionado de manera voluntaria y personal cambio de domicilio ante el Órgano Electoral Plurinacional, precisando en el Formulario de cambio de domicilio de 27 del citado mes y año, que vive en la calle Velasco 448. Según las autoridades demandadas no implicaría la conclusión de la unión libre, aspecto que no condice con los arts. 24 y 28 del Código Civil (CC), que señala que el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia principal o, en su caso, de la actividad principal a otro lugar. En ese sentido, las autoridades demandadas otorgaron mayor valor a declaraciones testificales y otros elementos referenciales, en desmedro del Formulario de cambio de domicilio, olvidando que dicho acto constituye declaración jurada, tal como lo expresa en su penúltima línea dicho documento apartándose de cualquier marco de razonabilidad. Tampoco le otorgan el valor jurídico del empadronamiento ante el Órgano Electoral Plurinacional, entre ellos el cambio de domicilio, conforme lo establecido en los arts. 71.4 y 74.II.2 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP); así como en los arts. 98 y 99 inc. c) de la Ley del Régimen Electoral (LRE).

I.1.2. Garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes legalidad, motivación, congruencia de las decisiones judiciales, y valoración de la prueba, así como principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. “23.I”, 115, 116.I, 117.l, 119, 123, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: 1) Deje sin efecto el Auto de Vista 103/23 emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 2) Emitir las autoridades demandadas nueva resolución aplicando el art. 214 del CFPF y el inicio de unión libre, sea fijado después del 10 de enero de 2007; y, aplicando los arts. 24 y 28 del CC; 71 y 74 de la LOEP; y, 98 y 99 de la LRE; asimismo, se valore el Formulario de cambio de domicilio y se fije como fecha de conclusión de la unión libre el 27 de agosto de 2017.

I.2. Audiencia y Resolución la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 27 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 512 a 516 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Efraín Cruz Limachi y Mirian Rosell Terrazas; y, José Ernesto Aponte Ribera y Mirna Sandra Molina Villarroel, ex y actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe alguno ni participaron en la audiencia de garantías, pese a su citación cursante de fs. 509 a 511.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Zoila Cuellar Jiménez, a través de su abogado, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, alegando que: i) Inició el proceso de comprobación judicial de unión libre en la gestión 2017 y concluyó el 2023, siendo registrado en el SERECI, con fecha de inicio el 11 de enero del 2007 y conclusión el 9 de octubre del 2017; ii) Respecto al informe, SERECI precisa que el divorcio de José Ernesto Antelo Bazán fue registrado el 10 de enero del 2007; asimismo, el art. 214 del CFPF no es aplicable debido a que entro en vigencia a partir de noviembre de 2014. De igual modo, el proceso de divorcio de José Ernesto Antelo Bazán se emitió la Sentencia 124/2006 del 13 de abril, siendo ejecutoriada el “…18 de septiembre de 2006…” (sic), llevado y culminado en vigencia del anterior Código de Familia, que en sus arts. 129 y 141 establecía que el matrimonio se disuelve por sentencia ejecutoriada de divorcio siendo los actos posteriores la cancelación de la partida matrimonial para efectos de registro, en tal sentido José Ernesto Antelo Bazán desde el 18 de septiembre de 2006 gozaba de la libertad de estado; y, iii) Sobre el cambio de domicilio a la calle Velasco 448 de José Ernesto Antelo Bazán, era la dirección de su oficina, cuya profesión era abogado, conforme el art. 24 del CC, era copropietario con sus hermanos de dicho inmueble; y, iv) Las autoridades demandadas valoraron correctamente toda la prueba presentada, como la inspección ocular, declaraciones de los testigos, certificaciones, fotografías, tal como le establece el art. 397.II del Código Procesal Civil (CPC).

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 126/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 516 vta. a 521 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 103/23, sin imposición de costas; con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista 103/23, consideró el razonamiento de la Jueza a quo que consideró la fecha de la sentencia de divorcio como inicio de la unión libre y no así desde la inscripción del divorcio en el SERECI, resultando contradictorio al art. 214 del CFPF y cierto el agravio denunciado. En ese orden, existe incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva del referido Auto de Vista debido a que dispone la inscripción o el inicio de la unión libre desde el 20 de noviembre de 2006, empero correspondía considerar el certificado de ejecutoria de la sentencia de divorcio entre José Ernesto Antelo Bazan y Lourdes Liliana Haquin Aguilar, madre de los ahora accionantes, que generó entre otras consecuencias la emisión del informe del SERECI, incongruencia que vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica, la legalidad, y genera una inseguridad en cuanto a la norma aplicable como es el art. 214 del CFPF; y, b) Sobre la valoración integral de la prueba relevante en el marco de las disposiciones normativas para determinar la fecha de conclusión de la unión libre, según los antecedentes del caso el 9 de octubre de 2017 es el fallecimiento de José Ernesto Antelo Bazán y el 27 de agosto de igual año es cuando el mencionado realizó el registro de su cambio de domicilio, empero el Auto de Vista 103/23, analiza de manera aislada y valora elementos probatorios. De igual modo, se contrasta el Formulario de cambio del domicilio con la audiencia de inspección judicial, fotografías y declaraciones testificales, sin identificar cuáles en concreto, resulta contradictorio cuando se refiere a la inspección judicial realizada en el domicilio ubicado en la calle Velasco “450”, y a la declaración testifical de María del Rosario Rojas Bascopé y otras, no valoró integralmente los elementos de prueba, que en realidad en ellos radicaba el sentido de la apelación de los impetrantes de tutela, cuando se presentó la demanda con la cédula de identidad de José Ernesto Antelo Bazán se establecía el domicilio ubicado en la calle Velasco 448, mientras que de Zoila Cuellar Jiménez en la av. final Beni, sexto Anillo, urbanización Metalmec, en el certificado de defunción quien pide la inscripción es el hijo, no la conviviente, y en la publicación necrológica no se identifica a Zoila Cuellar Jiménez, per se no se demuestra que al momento del fallecimiento, continuaba la relación, por lo que se vulneró los derechos aludidos por los peticionantes de tutela, vinculados fundamentalmente al debido proceso, la motivación y congruencia de las decisiones, valoración de la prueba en el marco del Código de las Familias y del Proceso Familiar y eso fundamenta el nexo de causalidad respecto a la inapropiada interpretación de la legalidad ordinaria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2025 (fs. 526 y vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Zoila Cuellar Jiménez en calidad de tercera interesada pidió adelanto de sorteo, alegando ser una persona adulta mayor y encontrarse dentro de un grupo vulnerable que goza de protección reforzada por parte del Estado; a lo cual, la Comisión de Admisión a través de AC 487/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 530 a 534, dispuso HA LUGAR la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 18/23 de 27 de enero de 2023, emitida por la Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la que, resolvió declarar probada la demanda de comprobación de unión libre o de hecho entre José Ernesto Antelo Bazán con Zoila Cuellar Jiménez “…con vigencia desde mediados del año 2006, hasta el 9 de octubre de 2017” (sic), presentada por Zoila Cuellar Jiménez contra José Ernesto Antelo Haquin, Juan Sebastián Antelo Haquin, Lourdes Romina Antelo Haquin, Karem Katherine Antelo Alcoba en calidad de hijos de José Ernesto Antelo Bazán, y Clara Elizabeth Antelo Bazán en calidad de ex cuñada (fs. 407 a 413 vta.).

II.2. Consta memorial presentado el 9 de junio de 2023, por Lourdes Romina Antelo Haquin por sí y en representación de José Ernesto Antelo Haquin y Juan Sebastián Antelo Haquin -ahora accionantes-, por el cual interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 18/23, solicitando sea revocada y se declare improbada la demanda (fs. 424 a 428 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 103/23 de 1 de septiembre de 2023, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocó parcialmente la Sentencia 18/23 y, en consecuencia, declaró probada la demanda de comprobación de unión conyugal libre presentada por Zoila Cuellar Jiménez contra José Ernesto, Juan Sebastián, Lourdes Romina, todos Antelo Haquin, Karem Katherine Antelo Alcoba y Clara Elizabeth Antelo Bazán “…habiendo iniciado la misma en fecha 20 de noviembre de 2006 y concluido en fecha 09 de octubre de 2017” (sic [fs. 450 a 452]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes legalidad, motivación, congruencia de las decisiones judiciales y valoración de la prueba, así como del principio de seguridad jurídica; toda vez que, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al emitir el Auto de Vista 103/23 declaró probada la demanda de comprobación de unión conyugal libre entre Zoila Cuellar Jiménez y José Ernesto Antelo Bazán con inicio en 20 de noviembre de 2006 y conclusión en 9 de octubre de 2017, sin considerar que: 1) Para determinar el inicio debió aplicar el art. 214 del CFPF, es decir considerar la fecha de registro de la sentencia de divorcio; y, 2) Para la conclusión no dio valor jurídico al Formulario de cambio de domicilio sustentado normativamente con los arts. 24 y 28 del CC; 71.4 y 74.II. 2 de la LOEP; y, 98 y 99 inc. c) de la LRE. Al respecto, las autoridades demandadas no presentaron informe alguno ni participaron en la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La debida fundamentación como elemento del debido proceso y la valoración de la prueba

Con relación a la debida fundamentación la SCP 0191/2018-S4 de 14 de mayo, señaló que: “…la motivación y la fundamentación son elementos de obligatoria existencia y cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, esto no implica que su desarrollo sea de manera ampulosa en cuanto a sus consideraciones y citas legales, sino debe existir una estructura explicativa de forma y de fondo, pudiendo ser concisa y clara, de modo que se entiendan satisfechos todos los puntos reclamados por quien demanda o impugna, pues en una resolución debe existir la posibilidad de identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida…” (las negrillas nos corresponden).

La SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero, sobre la valoración de la prueba señaló: “…la jurisprudencia constitucional estableció sobre la valoración de la prueba que, se constituye en una facultad privativa de las autoridades judiciales o administrativas competentes para el desarrollo y resolución de los procesos, aunque también existen supuestos excepcionales en los que la justicia constitucional puede revisar la valoración probatoria en aquellos casos en los que las autoridades accionadas se hayan apartado de los marcos legales de razonabilidad, equidad y racionalidad, y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos y garantías constitucionales. Aunque en general se tiene que, para tal revisión, se impone una carga de prueba mínima y necesaria a los accionantes, referida a precisar: 1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Con el fin de contextualizar el caso, el tenor del recurso de apelación planteado por los accionantes contra la Sentencia 18/23 de 27 de enero de 2023, que declaró probada la demanda de comprobación de unión libre o de hecho de Zoila Cuellar Jiménez y José Ernesto Antelo Bazán, padre de los ahora impetrantes de tutela, con vigencia de mediados del año 2006 al 9 de octubre de 2017 -fecha de su fallecimiento- (Conclusión II.2), que expuso los siguientes agravios: i) Incurre en una incorrecta valoración de la prueba con relación al inicio de la unión libre, debido a que la demandante señaló como supuesto inicio de la unión libre “…mediados del año 2006…” (sic), sin establecer con certeza la fecha de inicio, entendiéndose que de ello dependerán consecuencias patrimoniales y familiares en ejecución de la sentencia; asimismo, no valoró el testimonio de divorcio de sus padres José Ernesto Antelo Bazán y Lourdes Liliana Haquin Aguilar, que demuestra que la sentencia de divorcio fue ejecutoriada el “…20 de noviembre de 2006…” (sic), y que en fecha anterior su padre no tenía libertad de estado, es decir considero erróneamente la fecha de emisión de la Sentencia 124/2006 de 13 de abril; ii) Incurre en una incorrecta valoración del Formulario de cambio de domicilio de 27 de agosto de 2017, registrado ante el Órgano Electoral Plurinacional que demuestra la fecha de conclusión de la unión libre es el 27 de ese mes y año, que prueba que su padre efectuó de manera voluntaria y personal un empadronamiento señalando como su domicilio en la calle Velasco 448, la autoridad recurrida vulneró los arts. 24 y 28 del CC, que señalan que el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia principal y no consideró que dicho documento cuenta con sustento normativo en los arts. 71.4 y 74.II.2 de la LOEP; y, 98 y 99 de la LRE, que refleja la ruptura y conclusión de la relación; iii) Omite valorar el acta de inspección ocular efectuada en el domicilio ubicado en calle Velasco “450”, en el que Clara Elizabeth Antelo Bazán indicó vivía su padre; asimismo, que el inmueble consta de una oficina amoblada en buenas condiciones, donde trabajaba, y una habitación amoblada, en mal estado, que constaba con un ropero empotrado con ropa del mencionado, equipo de música, una cama de plaza 1/2, aire acondicionado portátil, un televisor, cosas de uso personal, una bicicleta, y un ventilador; y, iv) Incumple con el Auto de Vista 27/2022 de 15 de noviembre que anuló la Sentencia 292/21 de “22” -lo correcto es 20- de octubre de 2021, debido a que no verificó el elemento singularidad monogamia de la convivencia, restándole valor probatorio a la declaración prestada ante Notario de Fe Pública por la testigo Cecilia Morales Castro, que señala que su padre, mantuvo una relación amorosa con María del Rosario Rojas Bascopé entre las gestiones 2016 y 2017, vulnerando el art. 361 del CFPF, con relación al art. 1286 del CC, por lo que no establece el contraste de la prueba de cargo con la de descargo para arribar al fallo.

Al respecto, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 103/23 de 1 de septiembre de 2023, revocó parcialmente la Sentencia 18/23, y en consecuencia, declaró probada la demanda de comprobación de unión conyugal libre entre Zoila Cuellar Jiménez y José Ernesto Antelo Bazán “…habiendo iniciado la misma en fecha 20 de noviembre de 2006 y concluido en fecha 09 de octubre de 2017” (sic), con los siguientes fundamentos: a) En relación al primer agravio, el art. 140 del CFPF, señala que la libertad de estado consiste en que ambas personas no deben tener ningún vínculo de matrimonio o de unión libre vigente, y el art. 214 del referido Código, establece que el divorcio tiene efectos desde su registro en el SERECI, para que la unión conyugal libre sea válida es condición sine quanon la libertad de estado, resultando por demás obvio que solo se puede inscribir en el SERECI la sentencia ejecutoriada, por lo que al haber tomado en cuenta la Juez a quo solo la fecha de la sentencia de divorcio como inicio de la unión, resulta contrario a las normas señaladas y por ende cierto el agravio denunciado en el recurso; b) Respecto al segundo agravio, toda la prueba producida, tal como la ha establecido la Jueza de la causa, no es suficiente para acreditar la ruptura de la unión conyugal libre, es así que contrastando el Formulario de cambio de domicilio con la audiencia de inspección judicial, fotografías y declaraciones testificales, la misma no acredita que haya concluido la relación el día que el conviviente fallecido acudió a cambiar su domicilio electoral, no resultando cierto el agravio esgrimido; c) Sobre el tercer agravio, si bien es cierto este elemento se omitió en la “Sentencia”; sin embargo, del análisis de la misma resulta que este era el lugar de trabajo de José Ernesto Antelo Bazán, tal como lo afirma el recurrente, siendo lógico que una persona viva en un domicilio y trabaje en otro lugar, no siendo prueba suficiente que haya tenido algunos enseres personales, máxime si se toma en cuenta lo verificado en el inmueble de la demandante, por lo que no resulta evidente el agravio denunciado; d) En cuanto al cuarto agravio sobre el incumplimiento al “auto de vista”, se tiene que en el mismo se ordenó verificar y valorar los requisitos de estabilidad y singularidad, trabajo que realizo la Jueza a quo valorando toda la prueba aportada y si bien no valoró la prueba documental relativa a la declaración de María del Rosario Rojas Bascopé supuesta pareja del conviviente fallecido, fue debido a que la misma debió ser ofrecida ante la Jueza de la causa y no así ante Notaria de Fe Pública, a efectos de las cuestionantes de las partes en base al principio de contradicción. La declaración testifical de descargo, debe ser valorada en conjunto con la demás prueba ofrecida y producida, como las declaraciones testificales y la inspección judicial, existiendo una valoración probatoria que se encuadra dentro de los marcos de razonabilidad y equidad, cumpliendo lo ordenado con la resolución del Tribunal ad quem no siendo evidente el agravio esgrimido.

Conforme a la descripción efectuada y respecto al punto 1, si bien a través de esta acción de amparo constitucional, los accionantes reclaman que las autoridades demandadas al momento de emitir el Auto de Vista 103/23 revocaron parcialmente la Sentencia 18/23, y en consecuencia declararon probada la demanda de comprobación de unión conyugal libre entre Zoila Cuellar Jiménez y José Ernesto Antelo Bazán “…habiendo iniciado la misma en fecha 20 de noviembre de 2006 y concluido en fecha 09 de octubre de 2017” (sic), infringieron el art. 214 del CFPF, que señala que el divorcio tiene efectos desde su registro en el SERECI y el divorcio entre sus padres José Ernesto Antelo Bazán y Lourdes Liliana Haquin Aguilar, fue registrado el 10 de enero de 2007, es decir que el 20 de noviembre de 2006, su padre no tenía libertad de estado, aspecto que es contrario y vulneratorio al principio legalidad. Al respecto, de la revisión del recurso de apelación se tiene que los recurrentes, ahora accionantes, únicamente cuestionaron que la Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz no valoró el testimonio de divorcio de sus padres, que demostraba que la sentencia de divorcio fue ejecutoriada el “…20 de noviembre de 2006…” (sic), empero, el Auto de Vista 103/23 que en su apartado II.3 (fs. 451 y 452) fundamenta que “…al haber tomado en cuenta la juez a quo solo la fecha de la sentencia de divorcio como inicio de la unión, resulta contrario a las normas señaladas [refiriéndose a los arts. 140 y 214 del CFPF] y por ende (…) cierto el agravio denunciado en el recurso (…) por lo que la convivencia no surte efecto legal alguno entre las mismas si no desde la ejecutoria de la sentencia y desde su inscripción en el registro que conforme al testimonio presentado en calidad de prueba ha sido en fecha 20 de noviembre de 2006…” (sic [las negrillas son añadidas]); por lo que, si bien las autoridades demandadas consideraron la fecha en que la sentencia de divorcio fue ejecutoriada conforme al testimonio de divorcio, omitieron referirse a la fecha de registro ante el SERECI conforme establece el art. 214 del CFPF, pese a que la fundamentación fue efectuada en torno a dicha disposición, existiendo incongruencia en su contenido; por lo que, al respecto, corresponde conceder la tutela.

En cuanto al punto 2, referido a la errónea valoración del Formulario de cambio de domicilio reclamada por los accionantes, que a su criterio desvirtuaría que la conclusión de la unión libre se hubiera extendido hasta el 9 de octubre de 2017, fecha en la que José Ernesto Antelo Bazán falleció, sino que la misma habría terminado el 27 de agosto de ese año, cuando de manera voluntaria y personal cambio de domicilio ante el Órgano Electoral Plurinacional, y que dicho documento cuenta con respaldo normativo en los arts. 24 y 28 del CC, que señalan que el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia principal o, en su caso, de la actividad principal a otro lugar y los arts. 71.4 y 74.II. 2 de la LOEP; así como en los arts. 98 y 99 inc. c) de la LRE, que dan valor legal a los empadronamientos; corresponde precisar que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al señalar a través del Auto de Vista cuestionado que “…toda la prueba producida tal como la ha establecido la juez a quo no es suficiente para acreditar la ruptura de la unión conyugal libre, toda vez que bajo el principio de comunidad de la prueba y valorando la misma (…) contrastando el formulario de cambio de domicilio con la Audiencia de Inspección Judicial, Fotografías y Declaraciones Testificales la misma no acredita que haya concluido la relación el día que el conviviente fallecido acudió a cambiar su domicilio electoral, no resultando cierto el agravio esgrimido” (sic). En ese orden, de conformidad a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, habiendo las autoridades demandadas revisado la valoración de la prueba de cargo y de descargo aportada por las partes y no existiendo la carga argumentativa requerida no corresponde realizar su valoración en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 126/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 516 vta. a 521 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al primer agravio contenido en el punto 1, en los mismos términos dispositivos de la Sala Constitucional. 2° DENEGAR respecto al segundo agravio, relativo a la valoración de la prueba conforme a lo desarrollado en el punto 2 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0743_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8216cbde151422b82c6e567b8e1243f27036e3817168a46323d879c3980ca26c

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