Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 11 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de impugnación, a la defensa y a una resolución fundamentada y motivada; y, a la tutela judicial efectiva; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juan Carlos Arévalo Bustamante en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022, el Vocal demandado, declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, al efecto sostuvo que: 1) No fundamentó los agravios, cuando sí lo hizo en la audiencia de 23 del indicado mes y año; 2) Mantuvo vigente el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, sin observar que el análisis efectuado por la Jueza a quo, al respecto, resulta contrario al numeral 7.5 de la CADH, se establece que no debe sustentarse la detención preventiva en la peligrosidad del imputado; y, 3) Respecto al peligro de obstaculización contenido en art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 44 a 56, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0743/2025-S2 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53283-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 01/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 44 a 56, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rocío Peñaranda Gamarra en representación sin mandato de José Luis Neyra Zurita contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 19 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 6 a 21 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juan Carlos Arévalo Bustamante en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, a través del Auto Interlocutorio de 30 de abril de 2021 el Juez de Instrucción Penal y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Estación Policial Integral (EPI) SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, ordenó su detención preventiva por concurrir los presupuestos procesales previstos en los arts. 233.1; 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y para la realización de algunos actos de investigación como pericia, declaración, inspección y otros. Posteriormente solicitó la cesación de la detención preventiva, la que, por Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, fue declarada improcedente por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, -en suplencia legal del supra citado Juez, en virtud a la vacación judicial-; por lo que, contra ese fallo interpuso recurso de apelación incidental resuelto mediante Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022, por Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, quien declaró improcedente el citado medio de impugnación, refiriendo tan solo que no “argumentó los agravios”, cuando lo hizo en la audiencia -se entiende de la citada fecha-. Para mantener latente el peligro de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP: “Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima y el denunciante..” (sic), la aludida Jueza señaló que de la declaración de la víctima y del informe psicológico -no indica fechas-, se estableció que existía una afectación emocional en la víctima -angustia y temor- por la conducta de su persona, aspecto que a criterio de la juzgadora no logró desvirtuar; y, con base en la SCP “01/2019” vinculada a la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, efectuó un análisis interseccional indicando que la menor era acreedora a la protección reforzada; manteniendo así la medida gravosa que le fue impuesta a través de una resolución que no cumple condiciones de validez legal, con una valoración incompleta de la prueba y alejada de los principios de favorabilidad y flexibilidad; al respecto, el Vocal demandado, confirmó la determinación sin observar que resulta contraria al art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos Barreto Leiva Vs. Venezuela de 17 de noviembre de 2009; Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador de 21 de noviembre de 2007, entre otros, estableció los estándares mínimos internacionales para la aplicación, persistencia y cesación de la prisión o detención preventiva, concluyendo que, en resguardo del derecho a la presunción de inocencia esa medida no debe sustentarse en la peligrosidad del imputado; ya que, ello significaría una calificación prima facie de la personalidad y conducta del imputado, desconociendo la presunción de inocencia; razón por la cual, en el marco de los arts. 1, 13, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), el bloque de constitucionalidad y la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, no está permitida la detención preventiva por criterios de peligrosidad o de gravedad del delito; toda vez que, es una medida instrumental procesal no una política criminal; por lo que, mantener vigente dicho peligro procesal con base en la peligrosidad del imputado y la gravedad del delito es inconstitucional e ilegal, razón por la cual, no debió ser aplicado ese razonamiento. Respecto al peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP: “Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente” (sic), la Jueza a quo determinó su persistencia, indicando que, el acta de declaración anticipada no enerva la construcción del riesgo procesal -conforme señalaron los Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes resolvieron anteriores apelaciones incidentales que interpuso-; asimismo, indicó que en el pliego acusatorio se propuso a la víctima como testigo debiendo resguardar que esta preste su declaración sin injerencia de ningún orden y que la aludida declaración fue presentada recién en la petición de cesación de la detención preventiva de 30 de noviembre de 2022; por lo que, no era posible referirse sobre una prueba que no fue presentada con anterioridad incurriendo en una conclusión subjetiva “a futuro”; en sustanciación y resolución del enunciado recurso de apelación, el Vocal demandado, confirmó erróneamente ese criterio infundado carente de fundamentación y motivación probatoria descriptiva e intelectiva; toda vez que, no efectuó una fundamentación sobre la prueba presentada ante la referida Jueza así como ante su autoridad; tampoco estableció e identificó de manera objetiva, en qué persona específica está influyendo y de qué manera, conforme establecen la Sentencia Constitucional 1301/2011-R de 26 de septiembre y la SCP 0836/2014 de 30 de abril.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de impugnación, a la defensa y a una resolución fundamentada y motivada; y, a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115 y 117 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022; b) Que el demandado en el plazo de veinticuatro horas de su notificación emita un nuevo fallo; y, c) Se disponga el pago de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 43 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) En el Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022, el Vocal demandado no argumentó sobre los agravios que generó el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022; empero, las pruebas “testificales y documentales” que presentó no fueron valoradas conforme a ley; por lo que, la improcedencia no podía fundarse en lo extrañado cuando demostró que se encuentra privado de libertad injustamente al no haberse realizado una adecuada interpretación de la ley; y, 2) No puede pedirse a su persona que demuestre agravios; dado que, la autoridad de instancia afectó su derecho a la libertad al no realizar un correcto análisis de la prueba presentada.
Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por informe escrito cursante de fs. 35 a 41 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) En el recurso de apelación no pudo apreciar de manera clara y contundente las vulneraciones alegadas; ii) De acuerdo a la Sentencias Constitucionales 0025/2010 de 13 de abril, 0662/2010-R de 19 de julio y 0165/2011-R de 21 de febrero, la jurisdicción constitucional no tiene competencia para valorar prueba; ya que, dicha labor es exclusiva de la vía ordinaria, salvo que exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad; y/o, se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación, pero para ello, el accionante debe precisar en cuál de los supuestos fue que la autoridad demandada incurrió; sin embargo, en el escrito de la acción de libertad el nombrado se limitó a realizar precisiones con referencia a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, a partir de argumentos subjetivos que no reflejan los fundamentos del Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022; a través del cual, declaró improcedente la apelación incidental formulada, conforme la competencia limitada prevista en el art. 398 del citado Código y la jurisprudencia constitucional pertinente al caso; iii) El impetrante de tutela debió presentar nuevos elementos orientados a desvirtuar las causas que dieron lugar a la detención preventiva; o, a la imposición de otra medida; sin embargo, en lo concerniente a la valoración de la prueba inherente al peligro del art. 234.7 del CPP; solamente señaló que “...‘de la revisión de antecedentes se tiene documentos que no se encuentran plenamente identificados’...” (sic); cuando no es obligación de la autoridad judicial buscar los elementos pertinentes para respaldar la solicitud que realice la parte; asimismo, conforme señaló la Jueza a quo en las audiencias de solicitud de cesación de la detención preventiva la carga de la prueba se invierte; iv) Se impuso la detención preventiva al solicitante de tutela, a partir de la declaración y el informe psicológico de la víctima, que establecieron el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, mediante una doble vinculación; vale decir, por la conducta que ejerció el nombrado y su calidad de autoridad; razón por la cual, no se enerva dicho peligro con la sola presentación del acta de declaración anticipada; pues, los citados actuados establecen que existe afectación en la conducta de la víctima; vale decir, influencia negativa; por otra parte, en el pliego acusatorio se la propuso como testigo para que declare ante el Tribunal de Sentencia, por ello, se la debe resguardar de toda injerencia; y, v) En la sustanciación y resolución del indicado medio de impugnación está impedido de volver a considerar elementos probatorios compulsados por la Jueza a quo; lo cual, imposibilita admitir prueba sobre lo ya resuelto; dado que, las medidas cautelares siempre son revisables en cualquier estado del proceso.
La Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 01/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 44 a 56, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante tanto en el memorial de la acción de libertad así como en la fundamentación efectuada en la audiencia de garantías, solamente precisó los riesgos procesales de fuga y obstaculización contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, con argumentos subjetivos que no reflejan los agravios contenidos en el Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022, suscrito por el Vocal demandado, pese a que se le instó precisar los mismos, se limitó a exponer normativa y doctrina; b) Respecto al art. 234.7 del CPP, tanto la Jueza de la causa como el Vocal demandado, concluyeron que a partir de la declaración prestada por la víctima, el informe psicológico y la percepción de la psicóloga, se estableció de manera clara que existía afectación emocional y temor por la conducta del impetrante de tutela; lo cual, se constituye en peligro para la víctima; en ese sentido, el medio de impugnación debió basarse en elementos probatorios dirigidos a desvirtuar aquella circunstancia; empero, su reclamo giró en torno a documentos que señaló no se encuentran plenamente identificados; c) Tratándose de una audiencia que resuelve la solicitud de cesación de la detención preventiva concurre el principio de inversión de la prueba; d) En la apelación indicental que el solicitante de tutela interpuso contra el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, debió precisar los agravios denunciados para que el Vocal demandado los resuelva de manera integral; no obstante, dicha autoridad estableció que evidenciándose las características del hecho y de la víctima, correspondía aplicar la perspectiva de género, pues las medidas cautelares además de imponerse para la averiguación de la verdad y asegurar la presencia del imputado, buscan precautelar la seguridad de la víctima; en el caso, niña menor de edad, condición que por mandato del art. 60 de la CPE la hace acredora a la protección reforzada del Estado; argumentos con los que de manera correcta se declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental, aclarando su carácter revisable y modificable; e) El referido medio de impugnación no puede sustanciarse con base en elementos probatorios distintos a los considerados por la Jueza a quo; toda vez que, los agravios tendrían un sustento diferente a los fundamentos de la resolución impugnada; aquello, imposibilita admitir prueba en segunda instancia, lo contrario significaría desvirtuar la naturaleza y alcance del recurso de apelación incidental cuyo único objeto es conocer y resolver los puntos apelados en relación al contenido de la resolución emitida por el juzgador a quo y eventualmente corregir las irregularidades en las que hubiera incurrido; y, f) En el citado Auto de Vista, se aplicó la norma inherente a la materia, a partir de la interpretación objetiva de la misma, enmarcada en los principios de legalidad, proporcionalidad y jerarquía normativa; dotó de esencia material a la seguridad jurídica; asimismo, el Vocal demandado, resolvió la apelación formulada bajo una correcta valoración de los antecedentes, con fundamentos claros y precisos en el marco del art. 124 del CPP, y conforme a la competencia limitada por el art. 398 de la misma norma, así como de la correcta interpretación de la jurisprudencia constitucional aplicable al caso. El accionante solicitó aclaración respecto a los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre; ante lo cual, la Jueza de garantías aclaró que: “...quien pretende se efectúe la valoración de pruebas, indicar quienes son los testigos a fin de concluir con el peligro de obstaculización, además indicar que la menor ya presentó su declaración anticipada olvidando que la misma es testigo...” (sic); el impetrante de tutela solo refirió normativa y jurisprudencia sin expresar de manera puntual los agravios; en la sustanciación y resolución de la apelación incidental, no puede considerarse elementos probatorios distintos a los ponderados por la Jueza a quo; ya que, de hacerlo la revisión sería intrascendente por cuanto los agravios tendrían un sustento sustancialmente diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya referido por el inferior.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juan Carlos Arévalo Bustamante contra José Luis Neyra Zurita -accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de 23 de diciembre de 2022, el nombrado impugnó el Auto Interlocutorio de 9 de dicho mes y año, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI SUR de la Capital del citado departamento-, a través del cual rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva; en sustanciación y resolución por Auto de Vista de 23 de ese mes y año, Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, declaró la improcedencia del referido recurso de apelación incidental (fs. 2 a 5 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en sus componentes de impugnación, a la defensa y a una resolución fundamentada y motivada; y, a la tutela judicial efectiva; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juan Carlos Arévalo Bustamante en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022, el Vocal demandado, declaró improcedente el recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, al efecto sostuvo que: 1) No fundamentó los agravios, cuando sí lo hizo en la audiencia de 23 del indicado mes y año; 2) Mantuvo vigente el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, sin observar que el análisis efectuado por la Jueza a quo, al respecto, resulta contrario al numeral 7.5 de la CADH, se establece que no debe sustentarse la detención preventiva en la peligrosidad del imputado; y, 3) Respecto al peligro de obstaculización contenido en art. 235.2 del CPP, no efectuó una fundamentación sobre la prueba presentada ante la referida Jueza así como ante su autoridad; tampoco estableció e identificó de manera objetiva en qué persona específica está influyendo y de qué manera. Ante ello, la autoridad demandada señala que en el recurso de apelación incidental no pudo apreciar de manera clara y contundente las vulneraciones alegadas; en este sentido, el accionante no expuso carga argumentativa al respecto; el nombrado debió presentar nuevos elementos orientados a desvirtuar las causas que dieron lugar a la detención preventiva; o, a la imposición de otra medida; no obstante, en lo concerniente a la valoración de la prueba inherente al peligro del art. 234.7 del CPP; solamente señaló que “...‘de la revisión de antecedentes se tiene documentos que no se encuentran plenamente identificados’...” (sic), cuando la carga de la prueba le corresponde; la sola presentación del acta de declaración anticipada no enerva el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; además, se debe resguardar a la víctima de toda injerencia hasta su declaración en juicio oral; y, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación incidental está impedido de volver a considerar elementos probatorios compulsados por la Jueza a quo; lo cual, imposibilita admitir prueba sobre lo ya resuelto; dado que, las medidas cautelares siempre son revisables en cualquier estado del proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP, establece que el Auto Interlocutorio que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas; si bien dicho precepto no establece requisitos que deban observar los recurrentes; el libro tercero de dicho texto normativo prevé las normas generales aplicables en la sustanciación y tramitación de los recursos; así, el art. 396.3 del mismo Código, determina que: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución”. En tal sentido, para impugnar una resolución judicial, que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, es fundamental que el recurrente indique de manera específica los aspectos que cuestiona; ello, implica señalar con precisión los errores o vicios que atribuye a la resolución, ya sea de procedimiento, de interpretación de la ley sustantiva o de valoración de la prueba; pues la mera mención de que la resolución es “injusta” o “ilegal” no es suficiente; se requiere una argumentación que justifique por qué se considera errónea; así, si a criterio del recurrente no se valoró de manera adecuada la prueba, debe identificar de manera precisa las piezas procesales cuestionadas, y el error en el que incurrió el Juez a quo; pues, si la carga argumentativa inherente a la expresión de agravios no es clara y precisa al tribunal de apelación no le corresponde inferirla en razón a que por mandato del art. 398 del CPP circunscribirá su resolución a los aspectos cuestionados por el recurrente de lo contrario el recurso de apelación se transformaría en una revisión de oficio. Cabe aclarar que la carga argumentativa será acorde a la resolución que se impugna sea esta la que determine la detención preventiva; rechace la solicitud de su sustitución o la de cesación de la medida extrema.
En armonía con lo señalado en la SC 2558/2010-R de 19 de noviembre, estableció que los tribunales de apelación que resuelven una solicitud de cesación de detención preventiva están vinculados: “…a la resolución impugnada y a los puntos apelados, expuestos como agravio, delimitan el campo de acción al que estará sujeto el Tribunal de alzada a tiempo de compulsar y valorar la prueba presentada como nuevos elementos probatorios, a efectos de determinar si la resolución impugnada actuó conforme a derecho a tiempo de denegar o conceder la solicitud de cesación de la detención preventiva …” (el resaltado es propio).
Delimitada como se encuentra la problemática, concierne verificar si el Vocal demandado, al declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental formulado por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI SUR de la Capital del citado departamento-, a través del cual rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva; incurrió en las infracciones endilgadas, correspondiendo a ese efecto contrastar lo expresado por él en la referida audiencia; y, los fundamentos sobre cuya base fue pronunciado el Auto de Vista de 23 del mismo mes y año; ello, en el marco de lo plasmado mediante la presente acción tutelar; en ese sentido, el nombrado reclama que el Vocal demandado: Declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022; aludiendo que no fundamentó los agravios, cuando sí lo hizo en la audiencia de 23 del indicado mes y año. Al respecto, del acta de audiencia de la supra citada fecha se establece que el impetrante de tutela denunció que el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, lesiona el debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación y su derecho a la libertad; al efecto, señaló que, el citado fallo no explica las razones de la persistencia de su detención preventiva, cuando existen otras medidas menos gravosas establecidas en el art. 231 Bis numeral 1 al 9 del CPP; la prueba que presentó no fue valorada con base en los principios de la sana crítica, la Jueza a quo no identificó en qué prueba se basó para establecer que su persona es un peligro para la víctima, en el “Considerando II” del referido Auto Interlocutorio la aludida autoridad judicial determinó la persistencia del art. 234.7 del CPP con base en el informe psicológico que fue presentado hace más de un año y ocho meses, vinculándolo con la SCP 0394/2018-S2 -perspectiva de género dada la vulnerabilidad de la víctima-; cuando demostró con elementos y prueba suficiente que dicho riesgo ya no concurre a partir del momento en el que la nombrada prestó su declaración anticipada; en relación al art. 235.2 del CPP, la referida Jueza sostuvo que si bien la menor declaró anticipadamente, existen otros testigos; empero, toda la prueba que adjuntó no fue valorada de manera intelectiva, tampoco fundamentó cómo su persona podría influir en los testigos y partícipes. En respuesta, el Vocal demandado en el Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022 “CONSIDERANDO II”, sostuvo que: i) Conforme al art. 239.1 del CPP las medidas cautelares personales cesan “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; en dicho contexto, y, de acuerdo a lo señalado en la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, para la cesación de la detención preventiva, pretendida por el accionante, le correspondía desvirtuar las causas que determinaron la medida extrema; ii) La competencia de los tribunales de alzada abarca únicamente la revisión de las cuestiones de derecho y no hecho que fueron resueltas por el a quo; es decir, si la denuncia versa en relación a la lesión del debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación respecto a la persistencia de los riesgos procesales que devienen de una mala valoración de la prueba presentada; los nuevos elementos -se entiende presentados por el impetrante de tutela- deben estar orientados a desvirtuar las causas que dieron origen a la medida cautelar -detención preventiva-; iii) El Juez de control jurisdiccional estableció la concurrencia del peligro previsto en el art. 234.7 del CPP con base en la declaración y el informe psicológico de la víctima, dado que, ambos determinaron la existencia de afectación en la conducta de la menor; al respecto, los nuevos elementos no estuvieron -se entiende dirigidos a desvirtuar dicha circunstancia-; pues, el accionante sostuvo que “...‘de la revisión de antecedentes se tiene documentos que no se encuentran plenamente identificados’...” (sic), cuando no es obligación de la autoridad judicial buscar los elementos pertinentes para respaldar una decisión en cuanto a la solicitud que se le haga; así, conforme sostuvo la Jueza a quo en la consideración de la cesación de la detención preventiva rige el principio de inversión de la carga de la prueba; iv) El solicitante de tutela denuncio que la Jueza a quo en el “Considerando II” no procedió a la valoración probatoria; sin embargo, omitió establecer claramente cuáles son las pruebas que desvirtúan los motivos que fundaron los riesgos procesales; así como, cuál fue el razonamiento de la Jueza a quo, revisado el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, no existe argumentación al respecto; y, v) Conforme el art. 250 del CPP, las medidas cautelares son revocables o modificables.
En dicho contexto fáctico y conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, quien impugna una resolución judicial que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, debe indicar los errores o vicios que atribuye a la resolución sea en lo procedimental; interpretación de la ley; o, de valoración de la prueba, pero la argumentación además debe justificar por qué se considera errónea; así, cuando se cuestiona la valoración de la prueba se debe identificar de manera precisa las piezas procesales cuestionadas y señalar el error en el que se incurrió a momento de la valoración, de lo contrario dejaría de ser un recurso y se volvería una revisión de oficio. Ahora bien, del contraste efectuado entre la expresión de agravios expuestos por el accionante y lo resuelto respecto a estos en el supra citado Auto de Vista, se tiene que en efecto, conforme advirtió el Vocal demandado, los mismos son genéricos y no están orientados a denotar qué errores o vicios cometió la Jueza a quo al dictar el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022; si bien a criterio del impetrante de tutela dicho fallo carece de fundamentación, motivación y omisión valorativa; empero, no explicó cómo esa autoridad incurrió en la omisión endilgada, limitándose a señalar que el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, no explica las razones de la persistencia de su detención preventiva, cuando existen otras medidas menos gravosas; empero, no explicó qué nuevos elementos desvirtúan el contenido de la declaración y el informe psicológico de la víctima que dieron lugar a la concurrencia de los peligros contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; asimismo, el impetrante de tutela refirió que la prueba que presentó no fue valorada por la citada Jueza en el marco de la sana critica, pero no precisó a qué prueba se refería; también sostuvo que dicha autoridad no identificó en qué prueba se basó para establecer que su persona es un peligro para la víctima, cuando desvirtuar la misma le corresponde a él; en consecuencia, no resulta evidente que el Vocal demandado incurrió en el cargo endilgado; pues, ante la imprecisión de la expresión de agravios formulada por el accionante en la audiencia de 23 de diciembre de 2022, determinó su improcedencia.
Respecto a que se mantuvo vigente el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, sin observar que el análisis efectuado por la Jueza a quo, resulta contrario al art. 7.5 de la CADH -no debe sustentarse la detención preventiva en la peligrosidad del imputado-; conforme se explicó en el punto precedente, el Vocal demandado no efectuó un análisis de fondo del recurso de apelación incidental pretendido por el accionante; por lo que, lo ahora recién reclamado no fue abordado en el medio de impugnación ni en el Auto de Vista que generó el mismo; razón por la cual, no corresponde a este Tribunal mayor análisis a ese respecto. En cuanto a que, en lo inherente al peligro de obstaculización contenido en art. 235.2 del CPP, el Vocal demandado no efectuó una fundamentación sobre la prueba presentada ante la referida Jueza así como ante su autoridad; se reitera que dada la improcedencia del recurso de apelación formulado contra el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, el nombrado no realizó una labor de valoración de la prueba; precisamente por la falta de precisión y carga argumentativa sobre dicha labor, aquello, impide a este Tribunal efectuar un pronunciamiento en torno a la valoración de la prueba. Por lo anotado, se tiene que no resulta ser evidente lo denunciado a través de este mecanismo constitucional, correspondiendo denegar la tutela.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 20 de enero, cursante de fs. 44 a 56, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0743_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
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