Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la “seguridad jurídica” y a la libertad, a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; así como, a los principios de legalidad y retroactividad; puesto que, habiendo sido condenado a veinte años de prisión por la comisión del delito de “…VIOLACION NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE…” (sic), en aplicación del art. 174 de la LEPS -el cual establecía el cumplimiento de las dos terceras partes de su condena-, solicitó la aplicación del beneficio de libertad condicional; sin embargo, la Jueza de la causa, rechazó el mismo por Auto Interlocutorio 62/2025, exigiendo el cumplimiento de una porción mayor de la pena -cuatro quintas partes-conforme a las modificaciones posteriores efectuadas mediante la Ley 1443; en ese marco formuló recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por los demandados, quienes por Auto de Vista 251, resolvieron declararlo improcedente y confirmaron el citado Auto Interlocutorio sin una debida fundamentación y motivación, omitiendo considerar la normativa vigente al momento de su juzgamiento y la doctrina legal aplicable consistente en el Auto Supremo “141/2015-RRC”. Ante ello, la parte demandada, no asistió a la audiencia de garantías ni remitieron informe alguno, a pesar de su citación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 176/25 de 20 de noviembre de 2025, cursante de fs. 130 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0742/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 79489-2025-159-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 176/25 de 20 de noviembre de 2025, cursante de fs. 130 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Gutiérrez Olivera contra Julio Nelson Alba Flores; y, David Marcelo Coca Echeverría Vocal y Ever Álvarez Orellana, ex y actuales Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 30 de septiembre y 24 de octubre de 2025, cursantes a fs. 1 y 103 a 105; y, 116 a 117, el accionante manifestó lo siguiente:
Fue condenado a veinte años de prisión por el delito de “…VIOLACION NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE…” (sic); en ese marco, habiendo cumplido los requisitos legales, en aplicación de los arts. 174 y 175 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) solicitó la aplicación del beneficio de libertad condicional; sin embargo, la Jueza de Ejecución Penal Cuarta del departamento de Santa Cruz, rechazó su petición mediante Auto Interlocutorio 62/2025 de 18 de febrero, exigiendo el cumplimiento de una porción mayor de la pena conforme a las modificaciones legales posteriores efectuadas a la señalada Ley. Es así que, interpuso recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio, el cual fue declarado admisible pero improcedente por David Marcelo Coca Echeverría Vocal y Julio Nelson Alba Flores ex Vocal, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, a través del Auto de Vista 251 de 12 de mayo de 2025, quienes confirmaron la decisión sin realizar una debida fundamentación ni considerar la normativa vigente al momento de su juzgamiento, particularmente lo establecido por el Auto Supremo “141/2015-RRC” de 27 de febrero, el cual establece que, se debe aplicar la norma vigente al momento del juzgamiento. Dicha actuación constituía una indebida aplicación retroactiva de la ley penal y era una resolución carente de motivación suficiente, vulnerando la garantía del debido proceso. Asimismo, se afectó la seguridad jurídica al apartarse de la normativa aplicable.
Denunció la lesión de su derecho a la “seguridad jurídica” y a la libertad, a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; así como, de los principios de legalidad y retroactividad; citando al efecto los arts. 115.2 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas que emitan un nuevo Auto de Vista, debidamente fundamentado y motivado, en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de noviembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 128 a 130, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción tutelar; y, ampliando en audiencia señaló que: a) La Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, al rechazar su solicitud de beneficio de libertad condicional, a través del Auto Interlocutorio 62/2025 de 18 de febrero, alegó que su persona debía cumplir las cuatro quintas partes de la pena; ello, en aplicación de las modificaciones efectuadas a la ley de Ejecución Penal y Supervisión, a través de “…la nueva Ley de abreviación procesal, como ser la ley 1173, la 1390 y, entre otras (…) la ley 1443…” (sic); b) Hizo conocer a los Vocales demandados el Auto Supremo “141/2015-RRC” de 27 de febrero, el cual establece que, se debe aplicar la norma vigente al momento del juzgamiento, en razón a que, cuando su persona fue juzgada “…no existía la ley 1443 ni la 1173 ni la 1390” (sic); c)
Cuando fue sentenciado, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, no había sufrido modificaciones y establecía que las personas que pretendían beneficiarse con la libertad condicional debían cumplir las dos terceras partes de la pena; y, d) Las autoridades demandadas no remitieron el informe correspondiente ni se presentaron a la audiencia de garantías; por lo que, solicitó se aplique la presunción de veracidad.
Julio Nelson Alba Flores; y, David Marcelo Coca Echeverría Vocal y Ever Álvarez Orellana, ex y actuales Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no remitieron informe alguno, ni asistieron a la audiencia de consideración de la acción tutelar, a pesar de su citación cursante de fs. 120 a 122.
Brian Viveros Sejas, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de garantías, ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 124.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra, no presentó memorial alguno, ni asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, a pesar de su notificación cursante a fs. 123.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 176/25 de 20 de noviembre de 2025, cursante de fs. 130 a 133 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los demandados obraron correctamente al confirmar el rechazo a la libertad condicional solicitada por el accionante, basados en que no era aplicable la Ley de Ejecución Penal y Supervisión sin las modificaciones efectuadas mediante la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-; 2) La Ley de Ejecución Penal y Supervisión es de carácter adjetivo o procesal y no una norma sustantiva; es así que, las normas adjetivas se aplican de forma inmediata al momento de la solicitud del beneficio, por lo que no existía vulneración al principio de irretroactividad de la ley, ya que este último rige principalmente para normas sustantivas que definen delitos o penas, y no para procedimientos administrativos penitenciarios o el quantum de beneficios procesales; y, 3) Mientras que la sentencia es inmutable, los beneficios penitenciarios son institutos adjetivos que pueden ser modificados por leyes posteriores, como la Ley 1443, que elevó el requisito a cuatro quintas partes de la condena, sin que ello vulnere la Constitución Política del Estado. Vía enmienda, complementación y aclaración, el impetrante de tutela a través de su abogado, solicitó pronunciamiento respecto al principio de favorabilidad, el cual establece que, se debe aplicar la norma más benigna. Al respecto la Sala Constitucional, refirió que, fundaron su determinación en el principio de favorabilidad; por cuanto, su aplicación resultaba inminente, indiscutible e incontrovertida, en cuanto a la aplicación de los institutos o normas sustantivas; además, fueron claros al establecer que la fundamentación de los demandados obedecía a que se trataba de un instituto adjetivo y no sustantivo “…debe ser aplicada conforme a la norma que impere en el momento de aplicación de la misma, no pasa lo mismo con la norma sustantiva…” (sic); es decir que, al tratarse de un instituto adjetivo, debe aplicarse la norma vigente al momento de la ejecución de la solicitud y no la del momento del juzgamiento.
Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2025, cursante de fs. 200 a 201 vta., el peticionante de tutela solicitó el adelanto de sorteo en consideración a su estado de salud; y, asimismo alegó que tiene a su cargo a su madre de setenta y seis años de edad; ante lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante Auto Constitucional 035/2026-CA/S de 14 de enero, cursante de fs. 205 a 208, declaró ha lugar al mismo, procediéndose al sorteo respectivo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 22 de 6 de noviembre de 2013, emitida por el Tribunal de Sentencia y Sustancias Controladas Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido contra Miguel Ángel Gutiérrez Olivera -hoy accionante- por la comisión del delito de violación agravada y abuso deshonesto, previstos en los “…Arts. 308 Bis y 310 Numerales 3) y 4) y Art. 312…” (sic) del Código Penal (CP), a través de la cual se impuso al nombrado una pena privativa de libertad de veinte años de presidio sin derecho a indulto a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 12 a 19 vta.). II.2. Por memorial presentado el 13 de febrero de 2025, ante la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, el solicitante de tutela, pidió la aplicación del beneficio de libertad condicional, alegando que “a la fecha” cumplió trece años, un mes y dieciséis días de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, habiendo cumplido las dos terceras partes de su condena; por tanto, se encontraba habilitado para solicitar dicho beneficio en aplicación a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (fs. 56 a 57). II.3. Consta Auto Interlocutorio 62/2025 de 18 de febrero, mediante el cual, la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazó el incidente de libertad condicional formulado por el impetrante de tutela, alegando que era manifiestamente improcedente (fs. 58 a 60 vta.). II.4. Por memorial presentado el 21 de marzo de 2025, ante la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, el solicitante de tutela formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 62/2025, refiriendo la aplicación errónea de la ley, al no aplicarla de manera retroactiva, pidiendo que se aplique el art. 174 de la LEPS sin las modificaciones efectuadas a través de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente (fs. 62 y 63). II.5. Consta Auto de Vista 251 de 12 de mayo de 2025, emitido por David Marcelo Coca Echeverría Vocal y Julio Nelson Alba Flores ex Vocal, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, mediante el cual declararon admisible e improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, confirmando el Auto Interlocutorio 62/2025 (fs. 88 vta. y 91).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la “seguridad jurídica” y a la libertad, a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; así como, a los principios de legalidad y retroactividad; puesto que, habiendo sido condenado a veinte años de prisión por la comisión del delito de “…VIOLACION NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE…” (sic), en aplicación del art. 174 de la LEPS -el cual establecía el cumplimiento de las dos terceras partes de su condena-, solicitó la aplicación del beneficio de libertad condicional; sin embargo, la Jueza de la causa, rechazó el mismo por Auto Interlocutorio 62/2025, exigiendo el cumplimiento de una porción mayor de la pena -cuatro quintas partes-conforme a las modificaciones posteriores efectuadas mediante la Ley 1443; en ese marco formuló recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por los demandados, quienes por Auto de Vista 251, resolvieron declararlo improcedente y confirmaron el citado Auto Interlocutorio sin una debida fundamentación y motivación, omitiendo considerar la normativa vigente al momento de su juzgamiento y la doctrina legal aplicable consistente en el Auto Supremo “141/2015-RRC”. Ante ello, la parte demandada, no asistió a la audiencia de garantías ni remitieron informe alguno, a pesar de su citación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, desde la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, se estableció: “…vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de 7 marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’” (las negrillas fueron añadidas).
De la revisión de los antecedentes remitidos se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por el delito de violación agravada y abuso deshonesto, previstos en los “…Arts. 308 Bis y 310 Numerales 3) y 4) y Art. 312…” (sic) del CP -citados por el impetrante de tutela en su acción tutelar como: “…VIOLACION NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE…” (sic)-, por Sentencia 22 de 6 de noviembre de 2013, se impuso al nombrado una pena privativa de libertad de veinte años de presidio sin derecho a indulto a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (Conclusión II.1). En ejecución de sentencia, por memorial presentado el 13 de febrero de 2025, ante la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, el accionante solicitó la aplicación del beneficio de libertad condicional, alegando haber cumplido las dos terceras partes de su condena, conforme al art. 174 de la LEPS (Conclusión II.2); sin embargo, por Auto Interlocutorio 62/2025 de 18 de febrero, la citada Jueza rechazó su petición, bajo el argumento de que, a partir de la modificación introducida por la Ley 1443, el requisito exigible era el cumplimiento de las cuatro quintas partes de la condena (Conclusión II.3). Contra dicha determinación, por memorial presentado el 21 de marzo de 2025, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por los demandados a través del Auto de Vista 251 de 12 de mayo de 2025, quienes declararon admisible e improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, confirmando el Auto Interlocutorio 62/2025 (Conclusiones II.4 y II.5). Es así que, en el marco de los antecedentes expuestos, se advierte que, la pretensión constitucional del accionante radica en la interpretación y aplicación de la norma efectuada por los demandados, quienes -según alega el nombrado- incurrieron en una indebida aplicación retroactiva de la ley, desconocieron el principio de favorabilidad y omitieron considerar el Auto Supremo “141/2015-RRC”.
Establecido el marco de la controversia, corresponde contrastar los agravios denunciados según la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual establece que, la justicia constitucional únicamente puede revisar la interpretación de la legalidad ordinaria cuando el accionante cumpla una carga argumentativa suficiente, consistente en demostrar que la interpretación judicial resulta arbitraria, absurda, incongruente o insuficientemente motivada; identificar las reglas de interpretación presuntamente omitidas; y, explicar el nexo de causalidad entre dicha actuación y la lesión concreta de derechos fundamentales. No basta, por tanto, expresar disconformidad con la decisión judicial o sostener una interpretación distinta de la normativa aplicable, sino que es indispensable evidenciar que la interpretación desarrollada por la jurisdicción ordinaria excede el ámbito de la razonabilidad jurídica y adquiere relevancia constitucional. Bajo esos parámetros, se advierte que, los argumentos expuestos por el accionante no satisfacen los presupuestos que habilitan el control constitucional excepcional de la legalidad ordinaria. Por cuanto, si bien denuncia que el Auto de Vista 251 carece de fundamentación y motivación, del contenido de la demanda constitucional, se evidencia que la verdadera inconformidad radica en el criterio jurídico asumido por los demandados respecto a la naturaleza del beneficio de libertad condicional y a la aplicación de las modificaciones introducidas por la Ley 1443. De ese modo, el accionante pretende que la justicia constitucional sustituya la interpretación realizada por el Tribunal de apelación por aquella que considera jurídicamente correcta, sosteniendo que debía aplicarse la normativa vigente al momento de su juzgamiento; sin embargo, no explica por qué el razonamiento desarrollado por los demandados constituye una interpretación manifiestamente arbitraria, absurda, ilógica o incompatible con la Constitución Política del Estado, limitándose a expresar su desacuerdo con el resultado alcanzado. Del mismo modo, si bien invoca el Auto Supremo “141/2015-RRC” como fundamento de su pretensión, el solicitante de tutela no desarrolla una argumentación que permita establecer por qué dicho Auto Supremo resultaba obligatoriamente aplicable para resolver el incidente de libertad condicional en etapa de ejecución penal, ni demostró de qué manera el apartamiento de ese precedente ordinario constituye, por sí mismo, una vulneración del debido proceso susceptible de tutela constitucional. La simple cita de un precedente judicial o la afirmación de que debía aplicarse la norma vigente al momento del juzgamiento no satisface la carga argumentativa exigida por la justicia constitucional para evidenciar una interpretación arbitraria de la legalidad ordinaria. En consecuencia, el Auto de Vista ahora cuestionado únicamente resolvió la procedencia de un beneficio penitenciario dentro de la etapa de ejecución de sentencia, cuya regulación corresponde al ámbito de la legalidad ordinaria. En ese entendido, para otorgar relevancia constitucional a la controversia, correspondía al accionante demostrar que la interpretación efectuada por los demandados sobrepasó los márgenes de razonabilidad constitucional y se tradujo en una lesión efectiva de sus derechos fundamentales; extremo que, no fue acreditado, pues sus argumentos se reducen a sostener que debía prevalecer una interpretación distinta. En ese contexto, al no concurrir los presupuestos establecidos por la justicia constitucional, que habilitan el examen excepcional de la interpretación de la legalidad ordinaria, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 176/25 de 20 de noviembre de 2025, cursante de fs. 130 a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0742_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): bc43b81a13c6f4c6ea7354237dd0c376d47d587732461bf46c37afea8109bdb3
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