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SCP 0742/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
52007-2022-105-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; puesto que, los Vocales ahora accionados, en etapa recursiva del proceso laboral sobre pago de beneficios sociales y sueldos devengados, emitieron el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, que revocó el Auto 11 de 20 de enero de 2021, declarando probadas las excepciones previas, omitiendo pronunciarse sobre cuestiones debatidas en los recursos de reposición bajo alternativa de apelación y la debida fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 134/22 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 150 vta. a 154, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, debiendo los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir uno nuevo, pronunciándose respecto a los agravios formulados en los recursos de reposición bajo alternativa de apelación, la contestación a los mismos, sea debidamente fundamentado y motivado, en el término de diez días hábiles computables desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0742/2024-S3 Sucre, 2 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52007-2022-105-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 134/22 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 150 vta. a 154, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alcides Rubén Meriles contra Mirael Salguero Palma; y, Edil Robles Lijerón, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 3 y 11 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 108 a 129; y, 132, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso laboral sobre el pago de beneficios sociales que sigue contra la Asociación Accidental “CONSORCIO CONSTRUCTOR CHIMORE” -hoy tercero interesado-, representado por Jaime Roland Bascope Muller y las empresas que conformaron esa Asociación Accidental, son la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” representada por Gustavo Javier Gutiérrez Serrate, la empresa “CONSTRUCTORA INCICO” Limitada (Ltda.), representada por Vito Rodrigo Blacud Martínez y la empresa “PETROSUR” Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), representada por Ivar Wildo Rojas López -empresas ahora terceras interesadas-; en el que, exige el cumplimiento del pago de sus beneficios sociales a cualquiera de las citadas Empresas que conforman dicha Asociación Accidental; debido a que, se constituyen en deudores solidarios e ilimitados, sin que puedan oponer división de la deuda en cuotas.

Cumplido con los actos de comunicación con la demanda y admisión, la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” se apersonó y opuso las siguientes excepciones e incidentes: a) Excepción previa de imprecisión en la demanda; b) Excepción de impersonería en el demandado; y, c) Incidente de nulidad de obrados; las mismas, que fueron contestadas oportunamente por su parte. La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, resolvió las mencionadas excepciones mediante Auto 11 de 20 de enero de 2021; por el que, declaró improbadas las excepciones previas de impersonería en la demanda e imprecisión en la demanda, estableciendo la relación procesal, la determinación de los puntos de hecho a probar y la apertura del término de prueba; y, mediante Auto 64 de igual fecha, rechazó el incidente de nulidad de obrados. Con los citados Autos el 12 de mayo de ese año, se notificó a la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” y al abogado defensor de oficio de la Asociación Accidental “CONSORCIO CONSTRUCTOR CHIMORE”, las empresas “CONSTRUCTORA INCICO” Ltda., y “PETROSUR” S.R.L. ahora terceras interesadas. Posteriormente, por memoriales presentados el 18 de mayo de 2021, la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”, formuló recursos de reposición bajo alternativa de apelación contra los Autos 11 -y 64-, expresando agravios referidos a la inexistencia de relación laboral, la falta de citación con la demanda a la Asociación Accidental y las empresas hoy terceras interesadas, solicitando que se revoque los citados Autos impugnados y se declare probada la excepción de impersonería en el demandado; alternativamente planteó recurso de apelación. En su contestación a los recursos de reposición bajo alternativa de apelación enfatizó que dichos recursos fueron presentados extemporáneamente, después de los tres días previstos en la ley y negando la procedencia de los recursos; las cuestiones relacionadas a la determinación de la relación laboral, constituyen hechos controvertidos que corresponden dilucidar en el desarrollo del proceso; por lo que, no correspondía debatirlos en la etapa de las excepciones previas, solicitando se rechace la admisión de esos recursos de reposición. Por Auto 36 de 26 de julio de igual año, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, resolvió los recursos de reposición, rechazando los mismos y manteniendo firmes y subsistentes los Autos 64 y 11, y concediendo el recurso de apelación en el efecto devolutivo. En ese entendido, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, revocando en todas sus partes el Auto 11 y declarando probada la excepción previa de impersonería en el demandado, debiendo la Jueza de la causa disponer nueva citación con la demanda a quien corresponda, determinándose la prosecución del proceso contra el “patrono” que suscribió el contrato laboral de conclusión de obra; probada la excepción de imprecisión en la demanda, debiendo la Jueza de primera instancia corregir la demanda con la finalidad de evitar nulidades posteriores. Sin embargo, no se pronunció a las pretensiones de las partes, incurriendo en incongruencia;

además, de existir una abierta falta de fundamentación, limitándose a exponer los hechos y decidir arbitrariamente.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, en consecuencia, se emita un nuevo auto de vista, respetando el derecho al debido proceso, que se le permita el acceso a la justicia demandando a todos los responsables; es decir, a las Empresas ahora terceras interesadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 147 a 150, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Los Vocales hoy accionados no emitieron pronunciamiento alguno respecto a la extemporaneidad del recurso de reposición; puesto que, la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”, fue notificada el 12 de mayo de 2021, con los Autos 64 y 11; sin embargo, el 18 de ese mes y año, la referida Empresa, interpuso los recursos de reposición bajo alternativa de apelación, citando de manera contradictoria los arts. 253 y 254 del Código Procesal Civil (CPC); para suplir su negligencia, cuestión oportunamente reclamada; 2) El accionante está en su derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales a cualquiera de los codemandados, en previsión de los arts. 173, 365 y 367 del Código de Comercio (Ccom); 433 y 437 del Código Civil (CC) y los efectos de la sentencia que se vaya a dictar alcanzaran necesariamente a las Empresas ahora terceras interesadas; por lo que, su legitimación pasiva y la necesidad de su participación en el proceso, son evidentes y saltan a la vista por simple razón y lógica; 3) Del análisis del contrato de Asociación Accidental, las Sociedades Comerciales que la conformaron tuvieron un manejo económico conjunto y mancomunado, que obligaba a ejecutar de manera conjunta el trabajo, incluso la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”, estaba a cargo del liderazgo técnico para el cumplimiento del objeto del contrato; puesto que, las Empresas asociadas conocían que no se cumplió con los beneficios sociales del accionante; 4) Respecto al incidente de nulidad, el Auto de Vista 09, refiere que no se manifestó; debido a que, no hubo un pronunciamiento de fondo en cuanto a las excepciones previas presentadas; empero, el incidente de nulidad no es admisible; ya que, no fue interpuesto en su primera actuación al asumirse defensa por la citada Empresa, convalidando el proceso; por lo que, omitieron pronunciarse sobre ese aspecto; y, 5) Los fundamentos expuestos para sustentar la decisión de los Vocales ahora accionados en cuanto a la falsedad e improcedencia de las pretensiones del accionante, no corresponden a la excepción de imprecisión en la demanda; puesto que, ésas deben ser resueltas en sentencia con la causa principal; por lo que, correspondía rechazar dicha excepción y al estimar esa excepción, negaron el acceso a la justicia.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Mirael Salguero Palma y Edil Robles Lijerón, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 143 a 146, manifestaron que: i) En aplicación del principio de concentración correspondió el pronunciamiento de fondo respecto al recurso de apelación contra el Auto que rechazó las excepciones previas -Auto 11-; ii) Respecto a la excepción de impersonería en el demandado, de la lectura del citado Auto, la Jueza de la causa al rechazar dicha excepción, con un fundamento de derecho civil omite la aplicación de la normativa especial del art. 127 del Código Procesal del Trabajo (CPT), en el que contempla la excepción previa de impersonería; en ese entendido, no valoró que la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” demostró la inexistencia del vínculo del demandante -accionante- con esa Empresa y que nunca proporcionó trabajo al accionante, que los trabajos que afirma ejecutó fueron para el “CONSORCIO CONSTRUCTOR CHIMORE”, en cuanto a la percepción de salarios, es el referido “Consorcio” quien pagaba y quien debía ser citado a los fines que asuma defensa en el proceso laboral, en virtud al contrato laboral que suscribió con el demandante; puesto que, se le pretende atribuir una carga social ajena a la referida Empresa, incurriendo en un error procesal, causándole agravio en cuanto a sus derechos al debido proceso en cuanto al principio de verdad material y a la defensa; iii) Respecto a la excepción de imprecisión en la demanda, la Jueza de primera instancia rechazó esa excepción sin precisar ni valorar que el accionante demandó a “cuatro personas jurídicas diferentes”, sin tomar en cuenta que se debe especificar con claridad el nombre de las partes y sus representantes legales, no pudiendo demandarse a personas jurídicas diferentes; por lo que, la Jueza de la causa debe disponer que el actor -accionante- corrija la demanda, aclare respecto a su empleador y contra quien dirige la demanda, con base al contrato laboral; debido a que, dicha omisión constituye una vulneración a los arts. 117 del CPT y 5 del CPC, afectando los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de las partes, “seguridad jurídica”, aparte de demostrarse que se trabó la relación procesal dejando en indefensión a la Empresa codemandada “CONSORCIO CONSTRUCTOR CHIMORE” a quien no se citó formalmente para que pueda asumir defensa; y, iv) Por las razones indicadas revocaron en todas sus partes el Auto 11 y probadas las excepciones de impersonería en el demandado e imprecisión de la demanda. Por lo expuesto, al evidenciarse que no se restringió o suprimió derechos fundamentales, piden se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

La “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”, representada legalmente Gustavo Javier Gutiérrez Serrate; no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 139. Las empresas “CONSTRUCTORA INCICO” Ltda., “PETROSUR” S.R.L., y la Asociación Accidental “CONSORCIO CONSTRUCTOR CHIMORE” representado por Favio Salvatierra Vallejos -abogado defensor de oficio-, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 140.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 134/22 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 150 vta. a 154, concedió la tutela solicitada por el accionante disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de ese año, debiendo los Vocales ahora accionados emitir un nuevo auto de vista de acuerdo a todos los fundamentos expuestos por esa Sala Constitucional. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los antecedentes del proceso laboral, se establece que corrido en traslado los recursos de reposición bajo alternativa de apelación, el accionante da cuenta en su contestación de la extemporaneidad de los recursos planteados, respecto al cual, los Vocales hoy accionados omiten pronunciarse; y, b) De ser evidente la extemporaneidad, no ameritaría pronunciamiento de fondo de los recursos de reposición bajo alternativa de apelación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto 64 de 20 de enero de 2021, emitido por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; por el que, se resolvió rechazar el incidente de nulidad de obrados interpuesto por la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” -ahora tercera interesada-. Asimismo, se tiene el Auto 11 del mismo mes y año, pronunciada por la citada Jueza, por la cual se declaró improbada la excepción previa de impersonería en la demanda interpuesta por la referida Empresa e improbada la excepción previa de imprecisión y contradicción en la demanda presentada por dicha Empresa. Autos con los que la mencionada Empresa fue notificada el 12 de mayo de ese año (fs. 69 a 75).

II.2. Consta memoriales presentados el 18 de mayo de 2021, ante el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; por los cuales, Gustavo Javier Gutiérrez Serrate en representación legal de la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” formulo los siguientes recursos: 1) De reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 64 solicitando que se tenga por presentado oportunamente, se revoque el auto recurrido y alternativamente plantea recurso de apelación; (fs. 77 a 78 vta.); y, 2) De reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 11 solicitando se tenga por presentado oportunamente, se revoque el auto recurrido y alternativamente plantea recurso de apelación (fs. 80 a 82); asimismo, el accionante por memorial presentado el 22 de julio de 2021, ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del indicado departamento, contestó a los extemporáneos recursos de reposición bajo alternativa de apelación interpuestos por la citada Empresa (fs. 83 a 84 vta.); mereciendo el Auto 36 de 26 de ese mes y año, por el cual, la nombrada Jueza resolvió rechazar los recursos de reposición contra los Autos 64 y 11 y al ser formuladas alternativamente los recursos de apelación, se concedieron los mismos contra los mencionados Autos en el efecto devolutivo (fs. 85 a 86). II.3. Por Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, emitido por Mirael Salguero Palma y Edil Robles Lijerón, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionados-: i) Se Revocó el Auto 11, la cual rechazó las excepciones previas; por lo que, pronunciándose en el fondo declararon probada la excepción de impersonería en el demandado, debiendo la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponer nueva citación con la demanda a quien corresponda, determinándose la prosecución del proceso contra el “patrono” que suscribió el contrato laboral y probada la excepción previa de imprecisión en la demanda, debiendo la nombrada Jueza corregir la demanda con la finalidad de evitar nulidades posteriores; y, ii) No ameritó pronunciamiento respecto al Auto 64 que rechazó el incidente de nulidad de obrados, al pronunciarse respecto al fondo de las excepciones previas interpuestas (fs. 87 a 94).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; puesto que, los Vocales ahora accionados, en etapa recursiva del proceso laboral sobre pago de beneficios sociales y sueldos devengados, emitieron el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, que revocó el Auto 11 de 20 de enero de 2021, declarando probadas las excepciones previas, omitiendo pronunciarse sobre cuestiones debatidas en los recursos de reposición bajo alternativa de apelación y la debida fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La garantía general del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que Respecto al debido proceso como derecho, el art. 115 de la CPE estableció que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos pertenecen). 2 Con relación al debido proceso como garantía, el art. 117 de la CPE señaló que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (las negrillas nos corresponden). 3 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 180 de la CPE estableció que: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley” (las negrillas son nuestras).

4 El carácter tridimensional del debido proceso fue referido en las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 0902/2010-R de 10 de agosto y 0533/2011-R de 25 de abril, entre otras. 5 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue referido en la SSCC 0902/2010-R de 10 de agosto, 0981/2010-R de 17 de agosto y 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otras. 6 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4 y 0618/2018-S1, entre otras.

componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…” (las negrillas son nuestras). Configuración que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos fundamentales, previsto por el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo; puesto que, del debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- o entidad privada que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier actividad decisoria que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento recogido en la jurisprudencia constitucional; en ese contexto, corresponde señalar que el principio, 7 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso. 8 El Fundamento Jurídico III.4.1., de la SCP 0567/2012 de 20 de julio, señaló que: «La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: “De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.

El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas» (las negrillas nos corresponden).

derecho y garantía general del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos y obligaciones. Ahora bien, en cuanto a la motivación y congruencia de las decisiones como elementos constitutivos de la garantía general del debido proceso -precisados en líneas precedentes-, se encuentran vinculados directa e insoslayablemente a las resoluciones en general. Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia constitucional estableció que, de la inobservancia de este principio puede derivar la emisión de una resolución ultra petita, más allá de lo pedido por la parte; una resolución extra petita, algo diferente a lo solicitado; o, una resolución infra o citra petita, otorgando menos de lo pedido; es decir, el cumplimiento de este principio, en cuanto a la correspondencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, configura en la esfera procesal la coherencia externa; y la observancia de este principio, también implica la concordancia del fallo, en cuanto a la correspondencia entre cada una de las partes de la resolución, lo que configura su coherencia interna. En cuando a las resoluciones de segunda instancia, implica que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada, una resolución que no tenga coherencia o congruencia, será arbitraria; por lo que, puede concluirse que el principio de congruencia impone un límite al poder discrecional del juzgador, delimita o condiciona la acción del juzgador respecto al pronunciamiento de la resolución. En esa comprensión, corresponde señalar que la motivación, en el ámbito normativo procesal constitucional se encuentra fijado como un principio procesal de la jurisdicción constitucional, entendida como los fundamentos y razonamientos que deben ser de fácil comprensión para las partes y la población en general.

El desarrollo de la jurisprudencia constitucional estableció que la motivación alude a las razones en que se funda la decisión de la autoridad, de tal manera que, mediante su análisis, sea posible constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; empero, no supone que las decisiones tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; se tendrá por satisfecho aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron a la autoridad a tomar tal decisión, de modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico. Cuando se omite la motivación en las resoluciones, se asume una decisión de hecho, no de derecho, se suprime la facultad que las partes tienen de conocer las razones de la decisión, la razones para declarar en tal o cual sentido; además, se suprime una parte estructural de la resolución.

1. Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional.

2. Dirección del Proceso. Por el que deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios.

3. Impulso de Oficio. Por el que las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes.

4. Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación.

5. No Formalismo. Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.

6. Concentración. En el proceso constitucional debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles.

7. Motivación. Que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma jurídicamente razonable.

8. Comprensión Efectiva. Por el cual, en toda resolución, los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la población en general” (las negrillas son nuestras). 13 La SC 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación, estableció que: “… se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (las negrillas y el subrayado nos corresponden), entendimientos citado por la SC 0899/2010-R de 10 de agosto y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0064/2017-S1 de 15 de febrero y 0011/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras. 14 Respecto a la ausencia de motivación, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, señaló que: “…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (las negrillas nos pertenecen), dicho entendimiento también fue citado por las SSCC 0752/2002-R de 25 de junio y 1289/2010-R de 13 de septiembre, entre otras.

Este diseño jurisprudencial respecto a las resoluciones, tiene las siguientes finalidades: a) El sometimiento a la Constitución; b) El convencimiento de las partes que la resolución en cuestión, observa los principios de razonabilidad, congruencia e interdicción de la arbitrariedad; c) La posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores a través de recursos o medios de impugnación; y, d) El control de la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional resalta que toda resolución debe ser expresa, clara, precisa, positiva, motivada y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva. En resumen, una resolución será arbitraria cuando sea carente, sea arbitraria o sea insuficiente de motivación; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; puesto que, los Vocales ahora accionados, en etapa recursiva del proceso laboral sobre pago de beneficios sociales y sueldos devengados, emitieron el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, que revocó el Auto 11 de 20 de enero de 2021, declarando probadas las excepciones previas, omitiendo pronunciarse sobre cuestiones debatidas en los recursos de reposición bajo alternativa de apelación y la debida fundamentación y motivación.

Las finalidades de una resolución motivada, se encuentran ampliamente explicadas en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, estableciendo que: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. 16 Al referirse a las cualidades de una resolución la SCP 0342/2013 de 18 de marzo, textualmente señala: “Las sentencias ponen fin al litigio en primera instancia, deben contener decisiones expresas, positivas y precisas, recaen directamente sobre las cosas litigadas de la manera en la que fueron demandadas, y conforme a las pruebas presentadas en el proceso, en ella se llega a una conclusión final sobre el proceso principal, definiendo situaciones jurídicas, se trata de un pronunciamiento sobre la demanda de fondo; proyectan siempre al futuro y no hacia el pasado. En su estructura debe respetarse el silogismo, en que la premisa mayor está dada en la norma abstracta, la menor en la subsunción del caso concreto y la decisión final contenida en la parte dispositiva del fallo.

Al poner término al asunto principal objeto del litigio, deben estar revestidas de varios elementos componentes del debido proceso, como son: una debida motivación, pertinencia, congruencia y valoración integral de la prueba; en virtud a lo cual, como se señaló deben ser expresas, claras, precisas, positivas, motivadas y congruente, lo que excluye cualquier posibilidad de ambigüedad, falta de claridad y precisión, tanto en sus fundamentos como en la parte resolutiva” (las negrillas son nuestras).

De la revisión de los antecedentes se tiene que, en el proceso laboral de pago de beneficios sociales y sueldos devengados seguido por el accionante contra la Asociación Accidental y las Empresas ahora terceras interesadas, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto 64, por el que resolvió rechazar el incidente de nulidad de obrados interpuesto por la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”. Asimismo, se tiene el Auto 11, pronunciada por la citada Jueza, por la cual se declaró improbada la excepción previa de impersonería en la demanda interpuesta por la referida Empresa e improbada la excepción previa de imprecisión y contradicción en la demanda, presentadas por dicha Empresa, la cual fue notificada con los referidos Autos el 12 de mayo de ese año (Conclusión II.1.). La “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” mediante memoriales presentados el 18 de mayo de 2021, ante el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; formuló los siguientes recursos: 1) De reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 64, solicitando que se tenga por presentado oportunamente, se revoque el auto recurrido y alternativamente planteó recurso de apelación; y, 2) De reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 11, solicitando se tenga por presentado oportunamente, se revoque el auto recurrido y alternativamente planteó recurso de apelación; los mismos que fueron contestados por el accionante por memorial presentado el 22 de julio de 2021, expresando los extemporáneos recursos de reposición bajo alternativa de apelación interpuestos por la citada Empresa; y, mediante Auto 36, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del referido departamento, resolvió rechazar los recursos de reposición contra los Autos 64 y 11 y al ser formulados alternativamente los recursos de apelación, se concedieron los mismos contra los mencionados autos en el efecto devolutivo (Conclusión II.2.). Los Vocales hoy accionados resolvieron los recursos de apelación formulado por la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” emitieron el Auto de Vista 09, por el cual: i) Se Revocaron el Auto 11, que rechazó las excepciones previas; por lo que, pronunciándose en el fondo declararon probada la excepción de impersonería en el demandado, debiendo la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; disponer nueva citación con la demanda a quien corresponda, determinándose la prosecución del proceso contra el “patrono” que suscribe el contrato laboral y probada la excepción previa de imprecisión en la demanda, debiendo la nombrada Jueza corregir la demanda con la finalidad de evitar nulidades posteriores; y, ii) No ameritó pronunciamiento respecto al Auto 64, que rechazó el incidente de nulidad de obrados, al pronunciarse respecto al fondo de las excepciones previas interpuestas (Conclusión II.3.). En ese contexto, se revisará el problema jurídico planteado que se centra en el cuestionamiento del Auto de Vista 09 emitido por los Vocales ahora accionados y cuestionado por incongruente y carente de fundamentación y motivación por el accionante en la presente acción de amparo constitucional. En ese entendido, las resoluciones de segunda instancia deben guardar correspondencia con los agravios del recurso de apelación y la contestación que merecieron las mismas; puesto que, esos elementos delimitan el poder discrecional del juzgador en segunda instancia para el pronunciamiento de la resolución, exigencia que implica observar el principio de congruencia; además, debe exponer las razones en que se funda la decisión de la autoridad judicial, requisito que se tendrá satisfecho con el despliegue de las justificaciones claras, concisas y razonables, que permitan conocer de forma indubitable las razones que llevaron a la autoridad judicial a tomar tal decisión y que puedan ser revisados a través de los medios impugnativos previstos por el ordenamiento jurídico; por consiguiente, la supresión de estos elementos, torna a la resolución emitida en una decisión arbitraria, conforme ampliamente se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. En ese marco, es necesario precisar cuáles fueron los agravios formulados por el recurrente -“EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”-, en el proceso laboral en cuestión, así como la contestación esgrimida por el accionante y los fundamentos del Auto de Vista 09, pronunciado por los Vocales hoy accionados y cuestionada en la presente acción de defensa. En esa comprensión, la citada Empresa mediante memoriales presentados el 18 de mayo de 2021, interpuso impugnaciones como siguen. Primero: El recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 64, solicitando que se tenga por presentado oportunamente, se revoque el auto recurrido y alternativamente planteó recurso de apelación, en atención al siguiente agravio: Vulneración a los arts. 146 del CPT y 5 del CPC; puesto que, su incidente de nulidad, no mereció la apertura del término de prueba; no obstante, de haber cuestiones de hecho que probar, como el hecho de que el empleador del demandante -accionante- es Jaime Roland Bascope Muller y no la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” a la cual representa (fs. 77 a 78 vta.). Segundo: El recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto 11 solicitando que se tenga por presentado oportunamente, se revoque el auto recurrido y alternativamente plantea recurso de apelación, en atención al siguiente agravio: a) En el caso no se discute ninguna falta de representación, sino, la falta de legitimidad para ser demandado; puesto que, nunca fue empleador -“EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”-, del accionante porque jamás existió un vínculo obrero patronal, su empleador es Jaime Roland Bascope Muller, según el contrato de trabajo; b) El art. 127 inc. a) del CPT admite la excepción previa de impersonería: empero, la Jueza de la causa afirmó que no se encuentra prevista en la citada norma procesal; por lo que, ese error debe ser enmendado mediante saneamiento procesal para evitar vicios de nulidad; c) El accionante interpone la demanda contra tres personas jurídicas diferentes, sin tomar en cuenta que se debe especificar con claridad el nombre de las partes y sus representantes, no pudiendo demandar a personas jurídicas diferentes; puesto que, al accionante le corresponde aclarar y corregir al respecto acorde al contrato laboral; d) En la parte resolutiva del Auto 11, la Jueza de primera instancia declaró rebelde y contumaz a la empresa “PETROSUR” S.R.L., representada por Ivar Wildo Rojas López; empero, jamás fue citado personalmente, ni por algún otro medio; ya que, en el edicto de prensa publicado no se contempla su nombre; por lo que, corresponde un saneamiento procesal; y, e) Al trabar la relación procesal sin que se cite personalmente al empleador conforme al contrato laboral; es decir, a Ivar Wildo Rojas López, se está mostrando parcialidad absoluta con el accionante y pretende que la “empresa que represento” asuma la obligación social que no les corresponde, más aún cuando la “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” únicamente participó en la Asociación Accidental, como liderazgo técnico, proveyendo maquinarias, en ningún momento intervino como socio gestor, en aplicación del art. 371 del Ccom; asimismo, los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito; puesto que, por mandato del art. 356 del citado Código, no tiene responsabilidad sobre obligaciones sociales (fs. 80 a 82). En respuesta al recurso de reposición con alternativa de apelación, el accionante mediante memorial presentado el 22 de julio de 2021, expresó que: 1) Los recursos de reposición fueron extemporáneos; puesto que, la empresa demandada y recurrente -“EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”, fue notificada con los Autos 64 y 11 el 12 de mayo de ese año; empero, interpuso los recursos de reposición el 18 del mencionado mes y año, cuando el plazo para su presentación es de tres días -vencía el 17 de igual mes y año-; por lo que, el citado recurso fue presentado extemporáneamente; además, impugnó mediante una modalidad recursiva que no se encuentra prevista en el Código Procesal del Trabajo, siendo aplicable supletoriamente el Código Procesal Civil, concordante con el art. 252 del CPT; 2) El recurrente -parte demandada- pretende la apertura de un plazo probatorio incidental con la finalidad de establecer quién es su empleador, pretende dilucidar la existencia de la relación laboral a través de un incidente de nulidad; empero, son cuestiones de hecho a probar únicamente en el proceso laboral principal y que debe ser resuelta mediante la sentencia; 3) No aclara ni especifica el cumplimiento de cada uno de los principios de nulidad procesal para su procedencia; ya que, dicho incidente es meramente dilatorio y carente de fundamento para evadir la responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones; 4) Por mandato legal y constitucional está en su derecho de exigir el cumplimiento de la totalidad de la deuda a cualquier codemandado, de su libre elección en aplicación de los arts. 173, 365 y 367 del Ccom; 433 y 437 del CC; puesto que, aunque cualquiera de los demandados no participe en la presente causa, no significa que puedan evadir su responsabilidad solidaria; 5) La determinación de la relación laboral y la identidad del empleador constituyen hechos controvertidos que corresponden, dilucidar en el desarrollo del proceso laboral, dentro el plazo probatorio; por lo que, no amerita ser considerado en esta etapa de excepciones, la existencia o no de la relación laboral; y, 6) La Jueza de la causa emitió su decisión en aplicación de los principios constitucionales de ‘“In Dubio Pro Operario”’ , ‘“Inversión de la Prueba”’, ‘“norma más Favorable”’, ‘“Condición más beneficiosa”’, ‘“Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales”’, ‘“Principio Protector, Tuitivo”’ (fs. 83 a 84 vta.). La Jueza de primera instancia, por Auto 36 rechazó los recursos de reposición contra los Autos 64 y 11 y concedió ambos recursos de apelación alternativamente interpuestos. Con esos antecedentes, los Vocales ahora accionados resolvieron los recursos de apelación mediante el Auto de Vista 09: i) Revocando el Auto 11, que rechazó las excepciones previas y pronunciándose en el fondo declararon probada la excepción de impersonería en la demanda, debiendo la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponer nueva citación con la demanda a quien corresponda y probada la excepción previa de imprecisión en la demanda, debiendo la nombrada Jueza corregir la demanda con la finalidad de evitar nulidades posteriores; y, ii) Expresando que no ameritó pronunciamiento respecto al Auto 64, que rechazó el incidente de nulidad de obrados, al pronunciarse respecto al fondo de las excepciones previas interpuestas (fs. 87 a 94); decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) La “EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.” nunca contrato al accionante, tampoco ejerció función administrativa, su participación fue técnica, proveyendo maquinarias pesadas únicamente; b) Se debe aclarar y precisar la demanda con base al vínculo laboral, al contrato laboral no pudiendo demandarse a personas jurídicas diferentes; por lo que, existe error sustancial en aplicación del art. 117 del CPT afectándose los derechos al debido proceso, la defensa y verdad material; c) La Jueza de la causa, al negar la existencia de la impersonería en el art. 127 del CPT, no aplicó la normativa procesal especial ajustable a la excepción previa de impersonería; d) Se trabó la relación jurídico procesal dejando en indefensión al demandado “CONSORCIO CONSTRUCTOR CHIMORE” a quien no se citó formalmente para que pueda asumir su defensa; y, e) Con relación al Auto 64 que resolvió el incidente de nulidad, no amerita pronunciamiento al existir una decisión de fondo respecto a las excepciones previas de impersonería en el demandado y de imprecisión en la demanda. En cuanto a la falta de congruencia del Auto de Vista 09, denunciado por el accionante en el presente caso, se puede advertir con claridad que el citado Auto de Vista al mencionar repetitivamente de manera desordenada los agravios formulados por el recurrente -“EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIÉRREZ S.R.L. SERGUT S.R.L.”- y los fundamentos de la resolución impugnada, que resolvió los recursos de apelación concernientes a cuestiones referidas al incidente de nulidad de obrados y las excepciones previas opuestas, no permiten advertir con claridad y precisión los razonamientos propios expuestos por los Vocales ahora accionados, para resolver los recursos de apelación formulados alternativamente al recurso de reposición, tornándolo en una exposición confusa e indeterminable de sus fundamentos del Auto de Vista; por consiguiente, convirtiéndolo en un acto procesal con ausencia de coherencia interna, en síntesis, con falta de congruencia interna que afecta el derecho al debido proceso. Asimismo, en cuanto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, un aspecto que resalta, es la ausencia de pronunciamiento respecto al tema de la extemporaneidad del recurso de reposición con alternativa de apelación planteado y la impugnación mediante una modalidad recursiva que no se encuentra prevista en la norma procesal especial, cuestiones que forman parte del debate en etapa recursiva del proceso laboral. Otro aspecto que carece de pronunciamiento, es el cuestionamiento relacionado a la normativa comercial vinculada a la celebración o constitución de Asociaciones Accidentales y la responsabilidad solidaria e ilimitada de las cuales emergen para las entidades asociadas -arts. 173, 365 y 367 del Ccom; 433, 437 del CC-, para que cumplan las obligaciones sociales, pretendidas en el proceso laboral promovido por el accionante, respecto al cual, los Vocales hoy accionados no emitieron pronunciamiento alguno, citando básicamente el art. 117 del CPT, para sustentar la decisión emitida. Es así que, esas omisiones en el pronunciamiento de los Vocales ahora accionados, implican que incurrieron en falta de congruencia; sin embargo, no se pronunciaron a los agravios formulados en los recursos de apelación, ni en la contestación a los agravios, temas debatidos en etapa recursiva, incurriendo en incongruencia externa como elemento del derecho al debido proceso. Además, como se señaló precedentemente, el cuestionado Auto de Vista 09 mediante la presente acción de amparo constitucional, se caracteriza por una exposición confusa e indeterminable de sus fundamentos; por lo que, carece de una debida fundamentación y motivación que dé sustento a su decisión y al omitirse un pronunciamiento conforme se analizó en líneas precedentes, lógicamente carece de toda fundamentación al respecto, afectando el derecho al debido proceso. En atención a los razonamientos expuestos, en lo relacionado a la extemporaneidad del recurso de reposición con alternativa de apelación que fundó la Resolución 134/22 de 22 de noviembre de 2022, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para conceder la tutela solicitada, si bien es importante en el presente caso; empero, los aspectos concernientes a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación superan a la citada extemporaneidad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 134/22 de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 150 vta. a 154, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación; disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 09 de 10 de febrero de 2022, debiendo los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir uno nuevo, pronunciándose respecto a los agravios formulados en los recursos de reposición bajo alternativa de apelación, la contestación a los mismos, sea debidamente fundamentado y motivado, en el término de diez días hábiles computables desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1

9 En el sentido señalado la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, SCP 0335/2023-S1 de 28 de abril, entre otras.

10 El principio de congruencia como elemento constitutivo de la garantía general del debido proceso se encuentra sistematizado en la SCP 0794/2018-S2 de 3 de diciembre, entre otras. 11 La SCP 0049/2013 de 11 de enero, estableció que: “El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo” (las negrillas nos pertenecen).

12 El art. 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece los principios procesales constitucionales de la justicia constitucional en los siguientes términos: “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional así como las Juezas, los Jueces y Tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios:

15

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0742_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6698ff09a027b6ca80057503ad555b4f667fec0378e6bb6d330c4d0b62f51c73

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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