Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de julio de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y “…de las mujeres a vivir libres de violencia” (sic); puesto que, la Fiscal de Materia ahora accionada emitió la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 de 16 de diciembre ordenando la anotación preventiva de seis bienes inmuebles de su propiedad en atención a lo solicitado por Rita Yamema Alam Sauma -denunciante-, sin considerar que la nombrada no se constituyó en calidad de víctima conforme a lo previsto por el art. 76 del CPP, basándose únicamente en una Certificación Rápida de la Oficina de DD.RR., sin verificar la titularidad de dichos bienes inmuebles ni la relación con los hechos, afectando a terceras personas y entregando de manera irregular esa Resolución a la denunciante para su ejecución; asimismo, se le negó el acceso al cuaderno de investigación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La anotación preventiva como medida cautelar de carácter real prevista en el Código de Procedimiento Penal; 2) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad exige que el juez de instrucción penal ejerza el control jurisdiccional; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 76 a 82, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0741/2025-S1 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53257-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 76 a 82, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lupe Marcela Lecoña Mamani contra Glynis Javornik Fabian Suppes, Fiscal de Materia.
La accionante por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 60 a 65, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012208959, iniciado contra su persona por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP), el 8 de diciembre de 2022, se apersonó ante la Fiscal de Materia ahora accionada, solicitando que la denunciante -Rita Yamema Alam Sauma- no sea considerada como parte del proceso, en aplicación del art. 76 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lo establecido en la SCP 1163/2016-S1 de 16 de noviembre, tomando en cuenta que no acreditó su calidad de víctima y únicamente cumplió con el rol de comunicar el hecho al Ministerio Público. Al día siguiente, 9 de diciembre de 2022, la Fiscal de Materia hoy accionada respondió a dicha solicitud de manera evasiva indicando que los imputados debían “ponerse a derecho” y que se dispondría conforme a procedimiento; e inmediatamente emitió múltiples requerimientos a favor de la denunciante, tales como citaciones de testigos, reiteradas solicitudes de anotación preventiva sobre bienes inmuebles y registros de actuaciones, sin sustento jurídico suficiente. El 9 de diciembre de 2022, la Fiscal de Materia ahora accionada se negó rotundamente a exhibir el cuaderno de investigación pese a la solicitud expresa de la defensa, entregando copias recién el 19 del indicado mes y año, únicamente tras la interposición de quejas ante su autoridad y la coordinación departamental. En ese sentido, en la revisión de las actuaciones se advirtió que el 16 de dicho mes y año, se emitió una Resolución -Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 de 16 de diciembre- contra sus bienes inmuebles, la cual fue entregada de manera irregular y en forma directa a la denunciante, en horarios inusuales. Según los denunciantes, la medida resultó ilegal y arbitraria; puesto que, se sustentó únicamente en una certificación rápida de la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) aportada por la denunciante, sin verificar la titularidad de los bienes ni la relación directa con los supuestos hechos investigados, incluso afectando derechos de terceros ajenos al proceso, lo que vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso. Hizo énfasis a que la denunciante no tenía legitimación para intervenir como parte procesal, al no haberse constituido en querellante, de conformidad con lo previsto en los arts. 11, 76, 77, 78, 287 y 289 del CPP y 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); los cuales establecen que el denunciante no es parte del proceso, salvo que presente querella; no obstante, la Fiscal de Materia ahora accionada direccionó la investigación favoreciendo a la denunciante, a quien incluso se le reconoció indebidamente una participación activa en la investigación. Argumentó que este proceder evidenció un contubernio entre la Fiscal de Materia hoy accionada y la denunciante, orientado a presionarles con fines económicos por la suma de $us300 000.- (trecientos mil dólares estadounidenses), configurando actuaciones incongruentes, abusivas e inconstitucionales al no guardar correlación entre los hechos denunciados y las medidas adoptadas. En ese marco, sostuvo que la referida autoridad fiscal vulneró gravemente sus derechos fundamentales, en contravención a lo dispuesto en el art. 57 de la LOMP, que exige fundamentación y especificidad en los requerimientos, y art. 252 del CPP, que regula las atribuciones para disponer medidas cautelares sobre bienes.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y “…de las mujeres a vivir libres de violencia…” (sic); citando a tal efecto el art. 15.I, II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Revocar la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 de 16 de diciembre; y, b) Que la denunciante -Rita Yamema Alam Sauma- no sea considerada como parte del proceso penal, al no haberse demostrado su calidad de víctima conforme a lo previsto por el art. 76 del CPP y la SCP 1163/2016-S1 de 16 de noviembre.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 75 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Alegando el principio de verdad material y la jurisprudencia constitucional, en particular la SC “818/2019-R” y la SCP 1163/2016-S1, señaló que la ausencia de informe de la Fiscal de Materia ahora accionada confirmaba los actos vulneratorios denunciados en esta acción de defensa que fue activado bajo el principio de subsidiariedad y el bloque de protección reforzada por su condición de mujer en situación de violencia; 2) La indicada autoridad fiscal hoy accionada actuó de manera parcializada y en presunto contubernio con la denunciante, quien presentó un memorial de denuncia por varios delitos en noviembre de 2022, aunque el Ministerio Público solo abrió investigación por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado. La denunciante actuaba en representación de una empresa inexistente y que, pese a ello, se le reconoció indebidamente la calidad procesal de víctima; 3) Se apersonó de manera voluntaria el 8 de diciembre de ese año, solicitando que se rechace la participación de la denunciante al no haber acreditado su calidad de víctima en el plazo legal, conforme a lo previsto por el art. 76 del CPP y la jurisprudencia constitucional; sin embargo, la Fiscal de Materia hoy accionada el 9 de dicho mes y año, se limitó a ordenar que se “ponga a derecho” y se dispondrá lo que en derecho corresponda; además, se le negó el acceso al cuaderno de investigaciones. Posteriormente, el 19 del indicado mes y año, fue citada a declarar, y es en esa fecha que la autoridad fiscal hoy accionada nuevamente le negó el acceso al cuaderno de investigaciones, dejándola en un estado de indefensión. A ello se sumó que el 16 de igual mes y año, la Fiscal de Materia emitió la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022, restringiendo seis de sus bienes inmuebles, Resolución que fue entregada directamente a la denunciante para su ejecución, lo que evidenció abuso de atribuciones y falta de motivación, contrariando lo previsto en los arts. 57 de la LOMP y 252 del CPP; y, 4) Las actuaciones denunciadas en la presente acción de defensa constituyen una persecución procesal y una forma de violencia institucional contra su persona, generando daños psicológicos acreditados mediante un informe pericial, que reflejó síntomas de preocupación, inseguridad y afectación a su entorno familiar.
Glynis Javornik Fabian Suppes Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 67.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 76 a 82, concedió la tutela solicitada, disponiendo revocar la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 y dejar sin efecto la misma; bajo los siguientes fundamentos: i) El Estado tiene el deber de eliminar toda forma de violencia en razón de género y que la justicia debe actuar con sensibilidad y perspectiva de género. En ese marco, recordó que los derechos a la defensa, al debido proceso y a la integridad física y psicológica también se encuentran resguardados por esta acción de defensa, aun en casos donde la vulneración no esté directamente vinculada con la privación de libertad física; ii) De la valoración de antecedentes, estableció que la Fiscal de Materia hoy accionada vulneró los derechos de la accionante al negarle el acceso al cuaderno de investigación, responder de forma evasiva a su solicitud de exclusión de la denunciante -Rita Yamema Alam Sauma- con la frase “póngase a derecho” y se dispondrá lo que en derecho corresponda, y posteriormente emitir la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022, sin motivación suficiente ni fundamentación conforme al art. 57 de la LOMP. Dicha actuación generó un estado de indefensión; ya que, la medida fue adoptada el 16 de diciembre de 2022, en plena vacación judicial, cuando no existía control jurisdiccional posible al no tratarse de un caso con persona detenida, privando a la accionante de impugnar la restricción sobre sus bienes inmuebles; y, iii) No se valoró debidamente la observación de la accionante respecto a la calidad procesal de la denunciante, quien no acreditó ser víctima en los términos del art. 76 del CPP, limitándose únicamente a su condición de denunciante. En ese entendido, aplicó la jurisprudencia sentada en la SCP 1163/2016-S1, que distingue la figura del denunciante, víctima y del querellante. En vía de complementación y enmienda, la accionante a través de su abogado solicitó al Juez de garantías que de conformidad con lo previsto por el art. 114 y ss. de la LOMP, se remita oficio ante el Ministerio Público a la Unidad de Faltas Disciplinarias a efectos de que se inicie un proceso contra la Fiscal de Materia ahora accionada ante el incumplimiento de presentar el respectivo informe en esta acción de defensa. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, en audiencia estableció que de la lectura del memorial de acción de libertad así como de la fundamentación realizada en audiencia de consideración de esta acción de defensa, el abogado de la accionante en ningún momento solicitó que se remitan antecedentes por las faltas que hubiese cometido la autoridad fiscal hoy accionada; por consiguiente, no dio curso a esa solicitud; por otro lado, si la accionante considera que la Fiscal de Materia hoy accionada incurrió en faltas graves, leves o gravísimas, cuenta con las vías legales para efectuar la denuncia correspondiente. En vía de complementación y enmienda, mediante memorial presentado el 29 de diciembre de 2022, ante el Juez de garantías, cursante a fs. 110 la Fiscal de Materia hoy accionada, manifestó que: a) Habiendo sido notificada con la Resolución 28/2022 -el 28 de dicho mes y año (fs. 99)-, que el abogado de la accionante en un actuar desleal no hizo conocer que el cuaderno de investigaciones se encontraba en la Fiscalía Departamental de La Paz, conforme se tiene del Formulario RCIER 001; por lo que, se debió previamente agotar instancias en cumplimiento del principio de subsidiariedad -excepcional- que rige a la acción de libertad; y, b) La Circular 19/2022 -SP – TDJLP emitida por el Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, respecto a las actividades que no se pueden realizar durante las vacaciones judiciales no hace referencia a la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022; además, la jurisprudencia estableció que incluso en ese periodo las actividades deben ser desarrolladas de manera continua. Finalmente señaló que su inasistencia a la audiencia de consideración de la acción de libertad fue debido a que se encontraba con aprehendido y en la toma de la respectiva declaración del mismo. En mérito a esa solicitud el Juez de garantías, mediante Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, cursante a fs. 111, declaró no ha lugar la solicitud de la Fiscal de Materia ahora accionada debido a que ante su inasistencia a la audiencia de consideración de esta acción de defensa se aplicó el principio de presunción de veracidad, tomando en cuenta que la mencionada autoridad fiscal tenía la obligación de elevar el informe correspondiente y adjuntar las pruebas que veía conveniente; sin embargo, no lo hizo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de noviembre de 2022 -sin sello de recepción-, dirigido al Fiscal de Materia, por el cual, Rita Yamema Alam Sauma en su condición de representante legal de la Empresa de Servicios de Distribución “ESERDIS” Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), formalizó denuncia contra Lupe Marcela Lecoña Mamani -ahora accionante-, Nelzon Daniel Lecoña Mamani, Paola Estephania Lecoña Condori, María Elba Pérez Reyes y Milan Koskan Lecoña Mamani, por la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado, allanamiento a domicilio y sus dependencias, estelionato, robo agravado y asociación delictuosa; solicitando entre otros aspectos, la aplicación de lo dispuesto por el art. 252 del CPP, respecto a la anotación preventiva sobre dos bienes inmuebles (fs. 41 a 48). Denuncia que fue admitida por Requerimiento de 14 de igual mes y año, y en cuanto a lo solicitado se dispuso que se pondrá a consideración del Fiscal de Materia asignado al caso (fs. 49). II.2. Mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, ante Glynis Javornik Fabian Suppes Fiscal de Materia -ahora accionada-, Rita Yamema Alam Sauma solicitó la anotación preventiva de los bienes inmuebles de propiedad de la accionante (fs. 57 y vta.). Solicitud que fue reiterada a través del memorial de 6 de diciembre de igual año; mereciendo en respuesta el requerimiento de 7 de dicho mes y año, por el que la Fiscal de Materia hoy accionada señaló que previo análisis del cuaderno de investigaciones y los antecedentes se emitirá lo que en derecho corresponda (fs. 51 y vta.). II.3. Por memorial de 8 de diciembre de 2022, -sin sello de recepción-, ante la Fiscal de Materia ahora accionada, la accionante, Paola Estephania Lecoña Condori y Nelzon Daniel Lecoña Mamani, solicitaron que se los tome por apersonados y se registre como su abogado defensor a Paulo Alejandro Peredo Mantilla; así también, que la denunciante Rita Yamema Alam Sauma no sea tomada como víctima; puesto que, no acreditó dicha condición y en caso de negativa se activará lo previsto por el art. 306 del CPP respecto a la objeción de toda proposición de actos o diligencias de parte de la denunciante a efectos que de los antecedentes sean remitidos ante el Fiscal Departamental de La Paz (fs. 23 a 28). Mereciendo en respuesta el Requerimiento de 9 de igual mes y año, por el que la Fiscal de Materia ahora accionada, dispuso “Pongase a derecho y se dispondrá conforme a procedimiento” (sic [fs. 29]). Posteriormente mediante el Formulario RCIER.001 de 21 de igual mes y año, se remitió el respectivo cuaderno de investigaciones ante el Fiscal Departamental de La Paz (fs. 102). II.4. A través de Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 de 16 de diciembre, la Fiscal de Materia hoy accionada, en aplicación del art. 252 del CPP requirió al “Juez” Registrador de la Oficina de DD.RR. de La Paz proceda a la anotación preventiva de seis bienes inmuebles inscritos a nombre de la accionante (fs. 30 a 33). II.5. Cursa Resolución de 22 de diciembre de 2022, emitida por William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz, en cuanto a la objeción al rechazo de proposición de diligencias formulada por la accionante, resolvió que no puede ser considerada la misma al no cumplir con lo previsto por el art. 306 del CPP, al estarse objetando la calidad de víctima y/o denunciante de Rita Yamema Alam Sauma, lo cual no se circunscribe a ningún actuado investigativo; por lo que, la accionante deberá acudir ante la autoridad judicial competente si considera que sus derechos y garantías estarían siendo vulnerados (fs. 113 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y “…de las mujeres a vivir libres de violencia” (sic); puesto que, la Fiscal de Materia ahora accionada emitió la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 de 16 de diciembre ordenando la anotación preventiva de seis bienes inmuebles de su propiedad en atención a lo solicitado por Rita Yamema Alam Sauma -denunciante-, sin considerar que la nombrada no se constituyó en calidad de víctima conforme a lo previsto por el art. 76 del CPP, basándose únicamente en una Certificación Rápida de la Oficina de DD.RR., sin verificar la titularidad de dichos bienes inmuebles ni la relación con los hechos, afectando a terceras personas y entregando de manera irregular esa Resolución a la denunciante para su ejecución; asimismo, se le negó el acceso al cuaderno de investigación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La anotación preventiva como medida cautelar de carácter real prevista en el Código de Procedimiento Penal; 2) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad exige que el juez de instrucción penal ejerza el control jurisdiccional; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0465/2024-S1 de 26 de agosto, estableció que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0933/2019-S2 de 4 de octubre emitió el siguiente criterio:
El Código de Procedimiento Penal, además de las medidas cautelares de carácter personal, tiene previstas las de carácter real, así el art. 252 del CPP, establece:
Artículo 252. (Medidas Cautelares Reales). Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado.
El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contra cautela a la víctima en ningún caso.
La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) días de comunicada la misma.
En las investigaciones por delitos de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas; el Fiscal dispondrá la anotación preventiva de todos los bienes vinculados a la investigación mediante resolución fundamentada, la cual se pondrá en conocimiento de la Jueza o Juez de control jurisdiccional para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas lo ratifique, modifique o revoque. Ahora bien, dentro de las medidas cautelares reales, encontramos a la anotación preventiva, que resulta una medida de carácter provisional distinta a la inscripción, que se realiza en el registro de DD.RR., a efectos de cautelar el resarcimiento del posible daño generado por la comisión de un hecho delictivo; y, conforme a la norma precedentemente señalada, puede ser dispuesta directamente por el Ministerio Público.
De lo que se tiene, que para esta medida en concreto, la norma no solo le faculta al juez de la causa, sino también al fiscal de materia; quien deberá dentro de las veinticuatro horas informar a la autoridad jurisdiccional a efectos que ratifique, modifique o revoque la medida en el término de tres días; en este sentido, la anotación preventiva puede ser dispuesta por ambas autoridades, pero, en definitiva, la autoridad judicial competente es quien, en última instancia, define si la medida cautelar de carácter real es aplicada y de qué manera debe serlo.
Por lo tanto, no queda duda que una vez dispuesta la anotación preventiva, toda cuestión incidental referida a ésta, debe ser conocida y resuelta por el juez o tribunal que lleva la causa, máxime si consideramos que el art. 44 del CPP, establece que: ‘El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas’.
Por otra parte y toda vez que, el Código de Procedimiento Penal, se remite al Código Civil para el trámite de aplicación de las medidas cautelares de carácter real; debe considerarse que para el caso en específico de la anotación preventiva y su solicitud de caducidad; los jueces y tribunales que llevan adelante el proceso penal, están compelidos a conocer y resolver ésta, analizando las previsiones inmersas en el 1553 del CC; por cuanto, de no hacerlo, vulnerarían los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, conforme lo entendió este Tribunal en la SCP 0982/2016-S1 de 19 de octubre.
Este entendimiento ya fue asumido por esta Sala en la SCP 0847/2018-S2 de 20 de diciembre.
Finalmente cabe precisar que conforme dispone el art. 325.II del Código Procesal Civil (CPC): ‘La anotación preventiva en un registro público constituye un acto de publicidad y no impide a su titular el ejercicio del contenido de su derecho ni otorga al que obtuvo la preferencia’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0334/2025-S1 de 25 de abril, refirió que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0237/2018-S2 de 28 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional, en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física, ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías, en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la justicia constitucional; entendimiento que fue reiterado por la SC 0054/2010-R de 27 de abril, entre muchas otras.
Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; cuyo primer supuesto señala, que las arbitrariedades cometidas antes de haber dado aviso del inicio de la investigación a la autoridad judicial, deben ser denunciadas ante el juez instrucción penal de turno y si ya se cumplió con esta formalidad; es decir, con el aviso del inicio de la investigación, ante el juez competente, por lo tanto, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir denunciando los supuestos actos ilegales; caso en el cual de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad por parte de este Tribunal, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación ni presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho razonamiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, indicando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial antes anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, constituyéndose también en el garante de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, no solo de quienes son parte en el proceso, sino de igual forma, de aquellos que participan accidentalmente en el mismo, como por ejemplo los testigos; por ende, debe atender cualquier denuncia vinculada a la vulneración de estos derechos, ya sea de las partes, que a decir de Héctor Fix-Zamudio y José Ovalle Favela ‘…son aquellos sujetos situados en dos posiciones contradictorias al plantear el conflicto jurídico que debe resolver de manera imperativa…’, o de las personas que ‘…participan en el ofrecimiento y desahogo de los predios de prueba, tales como los testigos y los peritos…’; pues debe entenderse a la autoridad jurisdiccional de manera integral; así, al ejercer el control de la etapa preparatoria, lo hace respecto a todos los actos procesales sucedidos en ella…”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y “…de las mujeres a vivir libres de violencia” (sic); puesto que, la Fiscal de Materia ahora accionada emitió la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 de 16 de diciembre ordenando la anotación preventiva de seis bienes inmuebles de su propiedad en atención a lo solicitado por Rita Yamema Alam Sauma -denunciante-, sin considerar que la nombrada no se constituyó en calidad de víctima conforme a lo previsto por el art. 76 del CPP, basándose únicamente en una Certificación Rápida de la Oficina de DD.RR., sin verificar la titularidad de dichos bienes inmuebles ni la relación con los hechos, afectando a terceras personas y entregando de manera irregular esa Resolución a la denunciante para su ejecución; asimismo, se le negó el acceso al cuaderno de investigación.
De los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante y otros, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, por memorial de noviembre de 2022, Rita Yamema Alam Sauma -denunciante-, en su condición de representante legal de la Empresa de Servicios de Distribución “ESERDIS” S.R.L., formalizó denuncia contra la accionante, Nelzon Daniel Lecoña Mamani, Paola Estephania Lecoña Condori, María Elba Pérez Reyes y Milan Koskan Lecoña Mamani, por la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado, allanamiento a domicilio y sus dependencias, estelionato, robo agravado y asociación delictuosa; solicitando entre otros aspectos, la aplicación de lo dispuestos en el art. 252 del CPP, respecto a la anotación preventiva sobre dos bienes inmuebles. Denuncia que fue admitida por Requerimiento de 14 de igual mes y año, y en cuanto a lo solicitado se dispuso que se pondrá a consideración del Fiscal de Materia asignado al caso (Conclusión II.1.). Asimismo, mediante memorial presentado el 22 de noviembre y 6 de diciembre de 2022, la denunciante reiteró la solicitud de anotación preventiva de los bienes inmuebles de propiedad de la accionante; mereciendo en respuesta el requerimiento de 7 de dicho mes y año, por el que la Fiscal de Materia ahora accionada señaló que previo análisis del cuaderno de investigaciones y los antecedentes se emitirá lo que en derecho corresponda (Conclusión II.2.).
Por otra parte, a través de memorial de 8 de diciembre de 2022, la accionante junto a Paola Estephania Lecoña Condori y Nelzon Daniel Lecoña Mamani solicitaron que se los tome por apersonados y se registre como su abogado defensor a Paolo Peredo Mantilla; así también, que la denunciante Rita Yamema Alam Sauma no sea tomada como víctima; puesto que, no acreditó dicha condición y en caso de negativa se activará lo previsto en el art. 306 del CPP respecto a la objeción de toda proposición de actos o diligencias de parte de la denunciante a efectos de que los antecedentes sean remitidos ante el Fiscal Departamental de La Paz. Mereciendo en respuesta el requerimiento de 9 de igual mes y año, por el que la Fiscal de Materia hoy accionada, dispuso “Pongase a derecho y se dispondra conforme a procedimiento” (sic). Posteriormente mediante el Formulario RCIER.001 de 21 de ese mes y año, se remitió el respectivo cuaderno de investigaciones ante el Fiscal Departamental de La Paz (Conclusión II.3.). A tal efecto, William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución de 22 del señalado mes y año, resolvió en cuanto a la objeción al rechazo de proposición de diligencias formulada por la accionante, que no puede ser considerada la misma al no cumplir con lo previsto por el art. 306 del CPP, al estarse objetando la calidad de víctima y/o denunciante de Rita Yamema Alam Sauma, lo cual no se circunscribe a ningún actuado investigativo; por lo que, la accionante deberá acudir ante la autoridad judicial competente si considera que sus derechos y garantías estarían siendo vulnerados (Conclusión II.5.).
Asimismo, cursa la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022, por la que la Fiscal de Materia ahora accionada, en aplicación del art. 252 del CPP requirió al “Juez” Registrador de la Oficina de DD.RR. de La Paz proceda a la anotación preventiva de seis bienes inmuebles inscritos a nombre de la accionante (Conclusión II.4.).
Ahora bien, estando descritos los antecedentes y establecido el problema jurídico a resolver, es preciso señalar que las medidas cautelares de carácter real al ser restricciones que se imponen sobre la totalidad o parte del patrimonio del imputado a efectos de garantizar la reparación del daño o perjuicios ocasionados a la víctima; además, del pago de costas procesales, pueden ser dispuestas por el Fiscal de Materia desde el primer momento de la investigación; asimismo, de conformidad con lo previsto por el art. 252 del CPP y la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la resolución fundamentada que aplique una medida cautelar de carácter real emitida por el Fiscal de Materia debe ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas de haber sido efectivizada, debiendo dicha autoridad judicial ratificar, modificar o revocar esa medida en el plazo de tres días de que hubiese sido comunicada.
En el marco de ese entendimiento jurisprudencial, se tiene que la accionante mediante esta acción de defensa denunció que la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022, por la que se ordenó la anotación preventiva de seis de sus bienes inmuebles, es vulneradora a sus derechos; puesto que, se basó únicamente en una Certificación Rápida de DD.RR., sin verificar la titularidad de dichos bienes inmuebles ni la relación con los hechos; además, fue emitida en atención a las solicitudes de la denunciante quien según refirió no se constituyó como víctima en el proceso penal; por lo que, no sería parte procesal del mismo.
Sin embargo, de acuerdo a lo previsto por el art. 252 del CPP, la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 carece de un carácter definitivo, en tanto no fue sometida a control jurisdiccional ante la autoridad competente, quien tiene la facultad de ratificarla, modificarla o revocarla; en ese sentido, correspondía que la accionante acudiera previamente ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, al ser quien ejerce control jurisdiccional. Cabe señalar que, aun encontrándose dicha autoridad judicial en periodo de vacación judicial anual, la accionante tenía la posibilidad de presentar sus observaciones ante el Juzgado de turno, a efectos de hacer valer los reclamos que ahora expone en esta acción de libertad.
Por lo tanto, en virtud de todo lo mencionado, conforme con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las supuestas lesiones a derechos y garantías en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal deben ser impugnadas ante el Juez de Instrucción Penal; en consecuencia, en el caso en particular se activa la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Finalmente, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional dejar establecido que, con relación a la decisión asumida por el Juez de garantías al disponer la revocatoria de la Resolución Fundamentada de Anotación Preventiva 01/2022 y dejarla sin efecto, dicha autoridad jurisdiccional incurrió en un exceso en el ejercicio de sus atribuciones, al desconocer la jurisprudencia constitucional vinculante, resultando la referida determinación jurídicamente incorrecta. No obstante, considerando que tal decisión generó efectos jurídicos concretos, y en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 178 de la CPE, corresponde realizar una valoración conforme a los criterios establecidos en las Sentencias Constitucionales 0070/2010-R de 3 de mayo y 0595/2010-R de 12 de julio. En ese sentido, se debe precisar que la dimensión de tales efectos se efectúa con la única finalidad de no anular los actos jurídicos derivados de la tutela concedida por el Juez de garantías, a pesar de su incorrecta fundamentación.
En consecuencia, si bien mediante el presente fallo constitucional se deniega la tutela solicitada, dicha denegatoria no implica la nulidad automática de los actos jurídicos que fueron ejecutados en cumplimiento de la tutela previamente otorgada. En aplicación del principio de seguridad jurídica, tales actos deberán conservar su validez y eficacia, con el objeto de evitar perjuicios irreparables derivados de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 28/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 76 a 82, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0741_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): f87c01edf229d4e4b5e73f8f1b7fd83a72e0933ec782132d4d6b856c94726597
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