Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución de 18 de junio de 2024, cursante de fs. 57 a 61, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en su elemento de motivación vinculado a la libertad, y a la protección reforzada del niño, niña y adolescente, por consiguiente:
a) Se dispone, dejar sin efecto el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio, debiendo la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con el presente fallo constitucional emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, en base a los fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, en base a los argumentos esgrimidos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0741/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 65205-2024-131-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 18 de junio de 2024, cursante de fs. 57 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sinforiano Fernández Jachacollo por sí y en representación sin mandato de AA contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 17 de junio de 2024, cursante de fs. 3 a 8 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hechos y derecho:
Dentro el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de asesinato, se dispuso su detención preventiva por Auto de 12 de octubre de 2023; es así, que presentó su primera solicitud de cesación a la detención preventiva en base al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como las causales de improcedencia de la detención preventiva insertas en el art. 232.9 del mismo cuerpo legal, esto a que se encontraba bajo su cargo su hija AA que es menor de edad, petición que fue rechazada en primera instancia por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba por Auto de 11 de marzo de 2024, determinación que luego de haberlo impugnado, la misma fue ratificado por medio del Auto de Vista 129/2024 de 8 de abril pronunciado por el Tribunal de alzada, en la que se le indicó que “…para beneficiarme con esta improcedencia de la detención en mi obligación bajo el principio de la carga de la prueba y ante la evidencia que mi persona estaba unida en matrimonio con la Sra. Epifania Flores Cruz de quien se tiene como cierto su fallecimiento en fecha 20 de agosto de 2023 y que entre la menor y mi persona existe un vínculo de parentesco por ser mi hija…” (sic), debiendo demostrar con “…prueba idónea que de cuenta de la imposibilidad de verificarse la guarda, custodia o cuidado de la menor de edad por otros miembros de la familia, sea por inexistencia de los mismos o la imposibilidad de ejercer dicha obligación por quienes se hallan reatados al cumplimiento de tal obligación” (sic). Es así que, el 17 de mayo de 2024, volvió a solicitar la cesación a la detención preventiva amparado en los arts. 232.9 y 239.1 ambos del CPP, en la que acompañó las pruebas pertinentes con el fin de cumplir con lo anteriormente ordenado por el Tribunal de alzada, concernientes en: a) Certificación emitida por Secretaría del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia de Villa Tunari del referido departamento, que daba cuenta sobre la inexistencia de algún proceso de guarda o custodio de la menor AA que hubiera sido iniciada en su contra; b) Certificación suscrita por el Presidente de la Junta Vecinal Barrio 2 de Febrero, en la que se establece que de forma previa su hermano se hacía cargo de los menores de edad, y que luego desapareció, haciéndose cargo del cuidado su propio hijo mayor quien también es menor de edad; y, c) Certificación de la Unidad Educativa donde se inscribió a AA en la cual figura como “tutor” su hijo mayor pero que es menor de edad; consecuentemente, con dichas pruebas el antedicho Tribunal de Sentencia Penal Primero, por Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 declaró ha lugar la solicitud de cesación a la detención preventiva; empero, la misma luego de ser apelada por parte del Ministerio Público y la víctima, la misma fue revocada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio, que alejado de sus propios razonamientos vertidos de forma anterior, vulneraron sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, principios constitucionales de sí mismo y de su hija AA; pues: 1) Violentaron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados con el derecho a la libertad; toda vez que, la resolución se aleja de los principios de razonabilidad, ya que no realizaron un control de logicidad conforme a su tarea como Tribunal de alzada; además que no explica los motivos y las razones por las cuales encontró que el a quo haya obrado de forma incorrecta, y porque consideraba que la Resolución pronunciada carecía de la debida fundamentación, además que no explica el por qué hubo considerado que existían defectos absolutos en el trámite del proceso dejándole en incertidumbre, ya que tampoco da una correcta explicación que no correspondía realizar un test de proporcionalidad, pues se anuló de manera ilegal una resolución que cuenta con las exigencias del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, elementos que más bien el referido Auto de Vista no cuenta, puesto que recién así “…se entenderá que existe una debida fundamentación y motivación del porque consideran que mi detención preventiva, teniendo una hija menor de 6 años, es necesaria, es idónea y es proporcional…” (sic); y, 2) Vulneraron el derecho a la protección de niñas, niños o adolescentes; ya que, el beneficio solicitado no debió ser entendido como benéfico para el imputado o acusado, sino para precautelar la seguridad y bienestar de una menor de edad que merece una protección por parte del Estado, con la finalidad de no detener al progenitor que tiene la guarda al no existir otros miembros familiares, sin que se le deba exigir información del “…por qué no quieren o pueden hacerse cargo de ese menor de edad la demás familia” (sic), como pretendió la Vocal ahora demandada.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad; y, al principio de protección de la niña, niño o adolescente, citando al efecto los arts. 59.II, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución fundamentada y motivada, en la que se disponga “…MI INMEDIATA LIBERTAD así como la PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES DE LA MENOR…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 18 de junio de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 56, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela estuvo conectado a la audiencia virtual; empero, no así su abogado, por lo que no participó en la referida audiencia.
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 18 de junio de 2024, cursante de fs. 15 y vta., señaló que: i) El accionante en total desconocimiento de las competencias del Tribunal de alzada, pretende la incorporación de elementos que no fueron motivo de verificación en la controversia, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 232.9 del CPP, siendo inadmisible que se quiera forzar la aplicación de la norma sin antes observar los requisitos exigidos; ii) No es responsabilidad del superior en grado el desamparo alegado, cuando no se acreditó la inexistencia de un entorno familiar ampliado, por lo que no se observa vulneración alguna; y, iii) El Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio, no se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, ni omite de forma arbitraria la valoración de la prueba; por todo lo expuesto solicita denegar la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 18 de junio de 2024, cursante de fs. 57 a 61, denegó la tutela solicitada, en mérito al fundamento de que, la Vocal demandada cumplió con los principios establecidos de fundamentación y motivación conforme al art. 124 del CPP, pues expresa de forma clara y concreta los motivos de hecho y derecho, la misma que es concisa, clara y entendible, satisfaciendo todos los puntos demandados, justificando de forma razonable, conforme a la sana crítica, no siendo evidente la vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.
Mediante decreto constitucional de 14 de agosto de 2024, cursante a fs. 67, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria. A partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 30 de diciembre de 2024, cursante a fs. 312, se reanudó el cómputo de plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de Audiencia Pública de Cesación a la Detención Preventiva de 17 de mayo de 2024, en la cual, Sinforiano Fernández Jachacollo -ahora accionante- por medio de su defensa técnica, refirió que:
“Conforme se tiene de antecedentes y del Auto de Vista que ha modulado respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva por improcedencia de esta conforme al art. 232 del CPP, el vocal de la Sala Penal Tercera ha modulado el entendimiento respecto de qué, manera debe de proceder la cesación a la detención preventiva por su improcedencia, es decir, ha delimitado el numeral 9 respecto a que no solo se debe acreditar la existencia de una menor de 6 años, sino que esta parte debe de acreditar si esa menor no estaba bajo la guarda o custodia de una persona de la familia ampliada, es decir, algún tío, primos, etc., en ese entendimiento Sres. Jueces y estando delimitado los requisitos que se debe presentar como se tiene de antecedentes primeramente hechos presentado una certificación del núcleo educativo San Gabriel que certifica que la menor de edad S…F…F… en la gestión 2023 ha sido inscrita por su madre y que en la gestión 2024 está inscrita en la unidad educativa Técnico Humanístico Sn Gabriel con SIE 60890070 y que está cursando el nivel inicial y que la inscripción en esta gestión ha sido realizada por su hermano mayor J…M…F…F… quien cursa el 6to de secundaria, es decir, un menor de edad se hace cargo de una menor de edad, asimismo, cursa también un firme de fecha 08 de mayo de 2024 que se ha solicitado con requerimiento fiscal respecto a que si existe algún proceso o guarda, custodia con referencia a la menor S…F…F… y que remitiéndonos a dicho informe la señora secretaria certifica que el Sr. Sinforiano Fernández Jachacollo no cuenta con registro de proceso alguno iniciado en su contra con referencia a procesos de guarda legal o guarda en desvinculación familiar, es decir, no existe ningún proceso de guarda legal contra el Sr. Sinforiano Fernández que dé cuenta que la menor S…F… se encuentra bajo el cuidado o guarda de la familia ampliada, asimismo, también existe una certificación de la dirección distrital de educación que certifica que en la gestión 2024 la menor S…F… se encuentra inscrita en la unidad educativa San Gabril, que es concordante con la certificación emitida por la dirección de la unidad educativa San Gabriel, asimismo, se acompaña una copia del RUDE de la menor S…F…F… que claramente establece el numero de su SIE. Ahora bien, también se ha solicitado por requerimiento fiscal que la autoridad del lugar donde ha acreditado su domicilio el Sr. Sinforiano Fernández Jachacollo certifique respecto de la menor y es por eso que en esta audiencia vamos a acompañar, el cual refiere de manera textual “…certifica que la menor S…F…F… con C.I…. al presente se encuentra en su domicilio de su señor padre el Sr. Sinforiano Fernández Jachacollo bajo el cuidado y responsabilidad de su hermano mayor de nombre J…F…F… quien también al presente es menor de edad…”, refiriendo también que su hijo mayor se hace cargo de sus otros dos hijos y que el Sr. Salomón Fernánez Jachacollo en un principio cuidaba de los menores pero los abandonó y que son los vecinos quienes colaboran con los insumos alimenticios para los menores y que incluso el hermano mayor se dedica a trabajar en el chaco de su padre, Sres. Miembros del Tribunal con esta documentación estamos cumpliendo con la carga argumentativa, es decir, estamos demostrando la exigencia que ha dado pie la autoridad consistente en el vocal de la Sala Penal Tercera, es decir, de que demostremos que esta menor de 6 años se encuentra bajo la guarda o custodia de algún otro familiar, como indica el Código de las Familias, la familia extendida, estamos cumpliendo con la carga probatoria exigida, entonces como podrán advertir de toda la documentación literal no existe una guarda o un familiar que se haya hecho cargo, si bien es cierto que el Sr. Salomón estaba en un principio este ha dejado o ha descuidado por completo a los menores y el hijo mayor del Sr. Sinforiano de nombre J…M…F…F… quien está al cuidado de esta menor y como certifica el director de la unidad educativa San Gabril es este hermano mayor quien es menor de edad es quien la ha inscrito, entonces es este menor quien tiene la guarda temporal de la niña S…F…F…, con esta documentación y los argumentos esgrimidos estamos dando cumplimiento a lo establecido en el art. 239 del CPP, nuevos elementos que demuestren que no concurre la detención, es decir, la improcedencia de la detención preventiva, con estos argumentos y la prueba aportada solicitamos respetuosamente…, se debe hacer un control, y debe darse la seguridad a esta menor de edad, el interés superior de esta menor que no tiene una figura paterna o materna que esta a su cargo o cuidado desde la detención preventiva del Sr. Sinforiano Fernández Jachacollo…, por lo que solicitamos respetuosamente se conceda la cesación a la detención preventiva, a fin de que el mismo pueda cuidar a su familia, ya que la menor de 6 años que si no es por la ayuda de los vecinos no tendría qué comer…” (sic [fs. 40 a 41]). II.2. Por Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, declaró fundada la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el ahora impetrante de tutela, imponiéndose medidas cautelares personales conforme al art. 231 Bis del CPP, siendo: i) La detención domiciliaria con custodio, en la que se podía ausentar en horarios de trabajo; ii) La obligación de presentarse ante el Tribunal cada siete días; iii) La prohibición de comunicarse con la víctima o sus familiares; iv) La prohibición de acercarse a la víctima en un rango de 500 metros; v) Fianza personal de tres garantes con domicilio conocido, patrimonio independiente y solventes; y, vi) La prohibición de salir del departamento y del país (fs. 42 a 48). II.3. Cursa Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio, emitida por María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, por el cual estableció lo siguiente:
“(…).
II.4. Puntualizados tales aspectos, analizados y ponderados a su vez en contexto de lo enunciado por la parte imputada y en la especie con los antecedentes remitidos en el citado propósito y así también con la resolución apelada (misma que se verifica cursa a partir de fs. 222 y siguientes del legajo incidental), es menester señalar lo siguiente: Conforme el legajo motivado por las partes en esta actuación, en sentido de que el análisis y la verificación realizada por el Tribunal de instancia obedece a una resolución primigenia emanada por esta misma Sala Penal, en concreto la resolución de 08 de abril de 2024, se tiene que la citada determinación, en lo pertinente el siguiente pronunciamiento: (…). Siendo tal el texto que motiva el análisis y la observancia del Tribunal a quo, en razón de la solicitud motivada en su oportunidad por la parte imputada, en la resolución referida que motiva la impugnación, a saber, el Auto de 17 de mayo de 2024, se tiene en lo pertinente en el Considerando III relativo al análisis del caso concreto, el Tribunal a quo a tiempo de enunciar las disposiciones normativas a ser analizadas, vinculadas en el caso con aquellas que motivan el objeto de la citada actuación, a saber, el art. 232 núm. 9 del CPP, así como enunciar la modulación emergente del Auto de Vista referido, a saber, de 08 de abril de 2024, de cuyo tenor recoge también lo expresado supra, reseñando haber sido ratificado el citado razonamiento merced el Auto Constitucional de 07 de mayo de 2024, relativo a la viabilidad en el caso de verificarse la cesación en razón del indicador que es motivo de consideración, presupuesto que no se advierte motive falta de razonabilidad o que se aparte de los criterios de razonabilidad por vulnerar algún indicador normativo o jurisprudencial emanado en relación a esta situación, conllevando aquel aspecto el Tribunal ingrese al análisis del tema de fondo a objeto de determinar conforme detalla la resolución, si la prueba acompañada cumple las observaciones realizadas por el Tribunal de alzada, reseñando descriptivamente (…). Analizados los fundamentos intelectivos que expresa la autoridad de instancia y no obstante la mínima carga argumentativa expresada por los recurrentes, en el caso específico por quien se identifica como víctima en el proceso, quien cuestiona en el caso no haberse satisfecho a cabalidad el cumplimiento y observancia de la resolución primigenia evacuada por la Sala Penal a tiempo de enunciar no haberse demostrado en el caso la guarda de la menor se encuentre de modo exclusivo al imputado, así como la inobservancia relativa al procedimiento para acreditar tales supuestos, permiten a este Tribunal verificar la razonabilidad en cuanto al agravio, pues se verifica en el caso el Tribunal A quo ha incurrido en un error incogitando a tiempo de analizar el planteamiento, así también al ponderar las literales de referencia que han sido claramente citadas líneas arriba, pues debe precisarse en el caso no resultar un hecho controvertido lo relativo, en primera instancia (conforme el pronunciamiento motivado a través de la resolución de 8 de abril de 2024), a la defunción de la progenitora de la citada menor, tampoco resulta un hecho controvertido que en relación a tales resulta supérstite el ahora imputado, a saber, Sinforiano Fernández Jachacollo, sin embargo, no se aprecia en el razonamiento que expresa la autoridad jurisdiccional, conforme se ha detallado supra una cabal observancia de aquellos otros aspectos que también son taxativamente reseñados en el Auto de Vita referido, no orientados en el caso a establecer en relación a los menores, entre ellas (quien reviste interés jurídico a los fines de la activación o no del indicador normativo en análisis) a quien se identifica como S…F…F… (de quién se reseña detenta la edad de seis (6) años), con quién se encuentre la guarda, pues no es un hecho que resulte discutible que de manera regular conforme explicitan las disposiciones normativas enunciadas en el Auto de Vista y así también lo expresa el Código de las Familias vigente en nuestra economía doméstica (en su art. 35), que la protección familiar de las niñas, niños y adolescentes se realizan -se reitera- de manera natural, mediante la autoridad de la madre o del padre o de ambos, extrañándose también el otro presupuesto que se enunciado por la misma autoridad Ad quem consignado en el acápite segundo, relativo a que a falta de los padres, los otros miembros de la familia estarán obligados a la protección que corresponde bajo control de la autoridad administrativa o judicial (se entiende que revista competencia para deferirla); en el caso aplicable o emergente por apercibir la situación jurídica en que se encuentra el ahora progenitor de los precitados menores, conllevando tal circunstancia la necesaria acreditación en relación a los otros supuestos que taxativamente han sido detallados por la autoridad que primigeniamente emitió el Auto de Vista referido, es decir, a tiempo de determinar que el imputado en todo caso debe acompañar o debió acompañar prueba idónea que dé cuenta -se reitera- no a objeto de establecer en custodia o guarda de quien se encuentran los precitados menores y en la especie la menor referida, sino a objeto de verificarse la imposibilidad de ejercitarse la guarda, custodia o cuidado de la menor de edad “por otros miembros de la familia” sea por inexistencia de los mismos o la imposibilidad de ejercer dicha obligación legal, por quienes se hallan reatados al cumplimiento de tal obligación, siendo que aquel entorno que es aludido por la autoridad jurisdiccional a tiempo de emanarse el Auto de Vista referido, debe inferirse no se reduce únicamente al entorno directo cómo son los hermanos de la precitada menor, menos aun cuando la misma autoridad de instancia informa que aquellos también revisten la condición de menores de edad, por cuanto no advierte coherencia el Ad quem, en la determinación asumdia por la autoridad A quo, máxime cuando las literales de referencia lejos de enunciar en primera instancia si en relación a la citada menor existe o no una familia ampliada o colateral vinculada a los progenitores incluso, tengan o no condiciones para poder verificar o asumir la referida guarda, o en el caso inexistan conforme exige el Auto de Vista referido, presupuestos que no se apercibe resulten satisfechos en la resolución emanada, dado que si bien el inferior en grado detalla como hechos trascendentes o concluyentes de que sería el imputado el único que se encuentra con la guarda, que la menor no cuenta con otro tutor fuera de su núcleo familiar principal, no se apercibe aquellas conclusiones asuman corroboro con documentación que resulte idónea en el citado propósito, pues lejos de expresarse en el caso en razón de aquellas acompañadas por la parte imputada relativas al entorno familiar, su existencia o no, su posibilidad o no de asumir aquella obligación que imperativamente impone el compilado normativo referido, es decir, el Código de Familia y que resulta extensible no solamente -se reitera- al entorno natural de la citada menor, sino también extiende a la familia colateral o ampliada, se limita a referir los presupuestos que hacen a la premisa fáctica en el caso relativa a la menor y en relación incluso a sus hermanos que ninguna persona hubiese asumido la guarda de tales, prescindiendo u omitiendo adrede sin embargo, la información relativa a si en el caso existe o no una familia colateral o ampliada emergente de sus progenitores, máxime cuando en el caso si bien se enuncia que de inicio incluso existe o se acredita la existencia de un pariente próximo al imputado, quien se identifica como Salomón Fernández Jachacollo, reseña el Tribunal A quo que ya no se tendría noticia de este último, pero sin precisar cual el acervo probatorio que permite establecer aquel aserto, resultando impertinente en lo demás incluso la resolución en la apreciación que ejercita relativa a la condición particular de la citada menor a objeto de concluir forzadamente que sería el imputado el único que se encuentra en condiciones de verificar la guarda de los citados menores o la necesidad y el apoyo moral que taxativamente resultan exigibles a objeto de verificar si se satisfacen en el caso los requisitos de admisibilidad a objeto de motivarse o deferirse la cesación pretendida, pues debe de puntualizarse en el caso el deber de fundamentación que explicita el art. 124, no se sujeta en el caso a una justificación conforme a una convicción interna, sino que debe encontrarse acreditada de manera objetiva, de tal modo que aquella determinación en el caso resulte verificable en cualquier momento; presupuestos que no se ha satisfecho a cabalidad la observancia de la resolución emanada por esta misma Sala Penal, habiendo ejercitado una interpretación tergiversada de aquella a tiempo de analizar la situación jurídica del imputado, en el caso vinculada con el indicador normativo que motivo la solicitud de cesación, en consecuencia, es menester deferirse el planteamiento impugnaticio vinculado en el caso con quien se identifica como víctima, dado que el Tribunal Ad quem, debe garantizar la observancia de una tutela judicial efectiva, lo que supone que resguarde el proceso se desarrolle dentro de los marcos de las garantías legales, jurisdiccionales y procesales, ello en coherencia a su vez de lo establecido en la Ley 025, relativo a que el control normativo y de legalidad resultan imperativos en Alzada, presupuestos que conllevan a advertir una vulneración del debido proceso en su vertiente debida fundamentación y motivación, en consecuencia, un defecto absoluto de imposible convalidación en razón de lo previsto en el art. 169.3 del CPP, conllevando en consecuencia la necesidad de revocatoria de la resolución emanada por el Tribunal a quo, y la necesaria ponderación y corrección en cuanto a la consideración de la resolución emanada por el Tribunal de instancia, debiendo establecer en el caso a cabalidad todos los indicadores que la citada resolución exige como requisitos a objeto de viabilizar o no el planteamiento interpuesto en su oportunidad por la parte acusada.
La suscrita Vocal de la SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano, conforme prevé el art. 178.I de la Constitución Política del Estado, resuelve declarar: PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación únicamente en relación al planteamiento recursivo interpuesto por Eliodora Ponce López, declarándose IMPROCEDENTE el planteamiento interpuesto por el Ministerio Público, al no advertirse satisfecha la carga argumentativa debida, dada la reiteración de alegatos expresados ante el inferior en grado, pero sin evidenciar el Tribunal la configuración de los agravios de manera suficiente, se REVOCA la resolución del 17 de mayo de 2024 y se dispone en consecuencia que el Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Villa Tunari, emita una nueva resolución que resulte acorde a los lineamientos expresados y en esencia aperciba una correcta observancia de aquellos desarrollados en el Auto de Vista que sustenta también la pretensión interpuesta por la parte acusada” (sic [fs. 51 a 55]).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad; y, al principio de protección de la niña, niño o adolescente; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, la Vocal ahora demandada, a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio y determinar la revocatoria del Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 por la cual se lo hubo beneficiado con la cesación a la detención preventiva, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Violentaron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados con el derecho a la libertad; puesto que, el citado Auto de Vista se aleja de los principios de razonabilidad, ya que no realizaron un control de logicidad conforme a su tarea como Tribunal de alzada; además que no explica los motivos y las razones por las cuales encontró que el a quo haya obrado de forma incorrecta, y porque consideraba que la Resolución apelada carecía de la debida fundamentación, además que no explica el por qué hubo considerado que existían defectos absolutos en el trámite del proceso dejándole en incertidumbre, ya que tampoco da una correcta explicación que no correspondía realizar un test de proporcionalidad, pues se anuló de manera ilegal una resolución que cuenta con las exigencias del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, elementos que más bien el referido Auto de Vista no cuenta, puesto que recién así “…se entenderá que existe una debida fundamentación y motivación del porque consideran que mi detención preventiva, teniendo una hija menor de 6 años, es necesaria, es idónea y es proporcional…” (sic); y, b) Vulneraron el derecho a la protección de niñas, niños o adolescentes; ya que, el beneficio solicitado no debió ser entendido como benéfico para el imputado o acusado, sino para precautelar la seguridad y bienestar de una menor de edad que merece una protección por parte del Estado, con la finalidad de no detener al progenitor que tiene la guarda al no existir otros miembros familiares, sin que se le deba exigir información del “…por qué no quieren o pueden hacerse cargo de ese menor de edad la demás familia” (sic), como pretendió la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; 2) La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación; 3) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; y, 4) Análisis del caso concreto.
Penal
El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0063/2020-S1 de 16 de julio; 0794/2020-S1 de 30 de noviembre; 0134/2021-S1 de 4 de junio; 0611/2021-S1 de 5 de noviembre; 0004/2022-S1 de 4 de marzo; 0841/2022-S1 de 25 de agosto; 1431/2022-S1 de 7 de diciembre; 0007/2023-S1 de 17 de enero; 0834/2023-S1 de 25 de julio; y, 1312/2023-S1 de 20 de diciembre, entre otros, que formularon el siguiente razonamiento:
Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese entendido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:
“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:
“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:
“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:
“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (las negrillas son adicionadas).
En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:
“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).
Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre. Finalmente, siguiendo los razonamientos precedentemente desarrollados, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:
“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o 6. El plazo de duración de la medida”.
determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (resaltado y subrayado nos corresponden). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP, y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.
El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0778/2020-S1 de 26 de noviembre; 0186/2021-S1 de 22 de junio; 1053/2022-S1 de 21 de septiembre; y, 0199/2023-S1 de 11 de abril, entre otros, que formularon el siguiente razonamiento:
A fin de explicar el desarrollo del entendimiento jurisprudencial efectuado por este Tribunal sobre la aplicación de la ponderación de los derechos fundamentales en el marco de la doctrina constitucional, corresponde hacer referencia a los razonamientos efectuados a partir de la jurisprudencia desarrollada en los primeros diez años del Tribunal Constitucional, en donde se pronunció de acuerdo a la Doctrina Constitucional que los derechos fundamentales no son absolutos, encontrando límites y restricciones en su ejercicio respecto a los derechos de los demás; es decir, que, tanto la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad pública no pueden verse afectados en relación a los derechos individuales; por lo que, estos pueden ser limitados en función del interés social, conforme lo señaló la SC 0004/2001 de 5 de enero en un Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad; asimismo, la SC 1015/2004-R de 2 de julio razonó que cuando los derechos fundamentales entran en conflicto es imprescindible realizar un ponderación, lo que no implica un desconocimiento del derecho de la otra persona, sino una valoración preferente, reiterando que los derechos no son absolutos al estar limitados por los demás, debiendo entenderse ello como una armonización de los principios constitucionales, teniendo en cuenta la unidad de la Constitución y la primacía de los derechos fundamentales.
Asimismo, la SC 1806/2004 de 22 de noviembre reiteró los entendimientos efectuados por las Sentencias Constitucionales 0004/2001-R y 1015/2004-R y por su parte resolviendo el caso en concreto sobre el derecho del recurrente a la libertad física y de locomoción y por otra parte el derecho de sus hijos (beneficiarios de la asistencia familiar) a la vida, la salud, la educación, al desarrollo integral indicó que dicha ponderación de bienes debe ser efectuado sobre “la base de una interpretación sistematizada de los derechos fundamentales a la luz de los valores supremos y principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho, acudiendo, además, a las normas previstas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, es así que, ampliando el entendimiento sobre la aplicación de dicha ponderación señaló que:
“…todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado”. En consecuencia sobre la base de los argumentos señalados moduló el entendimiento efectuado en la SC 1156/2004-R, razonando que si bien no puede someterse a una persona que incumple el pago de pensiones a una restricción indefinida de sus derecho a la libertad; empero, resguardando los valores, derechos e intereses de la minoridad beneficiaria de asistencia familiar consideró que el obligado puede obtener su libertad previa presentación de fianza personal a fin de asegurar el cumplimiento de pago de las pensiones devengadas, entendimiento que fue reiterado por la SC 0618/2011-R de 3 de mayo y esta a su vez repetida por la SC 1497/2011-R de 11 de octubre y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0973/2012 de 22 de agosto y 0957/2013 de 20 de junio, entre otras. Ahora bien, cerrando esa etapa de los primeros diez años del Tribunal Constitucional e ingresando en la época del Tribunal Constitucional Plurinacional, la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, reiteró los entendimientos efectuados en las SSCC 0004/2001-R, 1015/2004-R, 0618/2011-R y 1497/2011-R, y asimismo sobre el principio de ponderación nombrando a Jose Antonio Rivera Santivañez, señaló que:
“El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados”.
En este entendido, para aplicar el referido principio citando al mismo autor se refiere a sus elementos, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización.
Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: '…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático».
En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido «los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social» (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial.
En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.
(…) En la ponderación no se trata de un «o todo o nada», sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...'”.
Por su parte, el constitucionalista José Antonio Rivera Santiváñez, a tiempo de desarrollar este principio, ha explicado que: “El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados”.
Ahora bien, sobre la forma de aplicación de este principio, el citado autor ha previsto que deben utilizarse ciertos elementos de la ponderación, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; y para cumplir con esta, señala también que tendrán seguir los siguientes pasos:
1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro.
De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas”.
satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; asimismo, para cumplir la referida ley, menciona que se deben seguir los siguientes pasos:
1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y,
3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro (las negrillas son añadidas).
Concluyendo que, el principio de ponderación de bienes y derechos “es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto”; por lo que, para la aplicación correcta del mencionado principio es necesario que se utilice los elementos señalados precedentemente, entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0171/2017-S1 de 10 de marzo, 0587/2019-S2 de 22 de julio entre otras.
Asimismo, la SCP 1787/2013 de 21 de octubre, en el marco del modelo constitucional denominado neoconstitucionalismo, en cuanto a la ponderación de derechos fundamentales hace mención a las teorías de ponderación desde la perspectiva de Robert Alexy y Luis Prieto Sanchís, para concluir que antes de la aplicación de dicho principio se debe subsumir; es decir, “constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios”.
En este contexto jurisprudencial, no es menos cierto que en el análisis de los diferentes casos concretos revisados por este Tribunal se presentan conflictos entre derechos jerárquicamente iguales, lo cual implica que las autoridades jurisdiccionales deban realizar una 6 En el F.J.III.4., respecto a la ponderación de los derechos fundamentales refiere que: “Robert Alexy en su obra, Derechos Fundamentales Ponderación y Racionalidad, establece que: “hay dos teorías básicas de los derechos fundamentales: una estrecha y rigurosa, y otra amplia y comprehensiva; la primera es denominada 'teoría de las reglas', la segunda 'teoría de los principios'. En ningún lado se realizan puramente estas dos teorías; sin embargo, representan diferentes tendencias básicas, y la cuestión de cuál es mejor resulta central de la interpretación de toda Norma Constitucional, que conoce los derechos fundamentales y la jurisdicción constitucional”. Por su parte, Luis Prieto Sanchís, en su obra Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial, indica que: “Suele decirse que la ponderación es el método alternativo a la subsunción: las reglas serían objeto de subsunción, donde, comprobado el encaje.
En otras palabras, antes de ponderar es preciso «subsumir», constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios. Por ejemplo, para decir que una pena es desproporcionada por representar un límite al ejercicio de un derecho, antes es preciso que el caso enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y en el derecho fundamental. Problema distinto es que, a veces, las normas llamadas a ser ponderadas carezcan o presenten de forma fragmentaria el supuesto de hecho, de modo que decidir que son pertinentes al caso implique un ejercicio de subsunción que pudiéramos llamar valorativa; no es obvio, por ejemplo, que consumir alcohol o dejarse barba constituyan ejercicio de la libertad religiosa, que lo constituyen, pero es imprescindible «subsumir» tales conductas en el tipo de la libertad religiosa para luego ponderar ésta con los principios que fundamentan su eventual limitación”.
En la misma línea de razonamiento la SCP 0886/2013 de 20 de junio, expone: “…a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material”.
ponderación, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de ambos derechos haciendo justicia y protegiendo a personas que requieran la aplicación de medidas reforzadas, al respecto de la ponderación Robert Alexy sostiene “La regla de la ponderación partiendo de la caracterización de los principios como mandatos de optimización, puede ser formulada de la siguiente manera: ´…cuanto mayor sea el grado de no realización o afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro‴.
La ponderación postula un principio general que es el de la proporcionalidad, que conforme al desarrollo de la jurisprudencia constitucional, fue concebido no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder sino como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales, en consecuencia tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, que consta de tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los cuales siguiendo a Robert Alexy, expresan la idea de optimización relativa a las perspectivas fácticas”; es decir, sobre la base de este principio 7 La SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, en su F.J. III.3 respecto principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional, reiterando los entendimientos efectuados por la SCP 2299/2012 de 28 de febrero, razonó en términos generales que: “…la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
Asimismo, la SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, en el F.J.III.2 respecto al principio de proporcionalidad en la limitación de derecho fundaméntale respecto a la aplicación de medidas cautelares señala que: “El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional.
El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales.
Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
general como es la proporcionalidad se establece los parámetros a considerar en la aplicación de las medidas a través de los sub principios como son:
i) Idoneidad, sobre la base de la cual se debe establecer si la medida limitadora es adecuada para alcanzar la finalidad para la que fue impuesta, no es idónea si no resulta apta para la protección y al contrario resulta perjudicial para el otro principio.
ii) Necesidad, por la cual se debe buscar una medida menos restrictiva pero con iguales resultados protectores.
iii) Proporcionalidad, por la que se analiza si la afectación, limitación o restricción de un derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtiene con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.
De lo que se concluye que en los casos donde se presenten conflicto de principios, valores, derechos y garantías y se manifiesten plenamente la ponderación, esta debe ser realizada por los jueces, juezas y tribunales en las distintas jurisdicciones y en especial por la justicia constitucional.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2021-S1 de 21 de julio; 0699/2021-S1 de 23 de noviembre; 0074/2022-S1 de 18 de abril; 0703/2022-S1 de 21 de julio; 1509/2022-S1 de 5 de diciembre; 0042/2023-S1 de 13 de marzo; 0907/2023-S1 de 17 de agosto; y, 1265/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otras, que establecieron el siguiente razonamiento:
Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (el resaltado es incorporado).
Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:
“En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…” (el resaltado es añadido). Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 3 de agosto, señaló que:
“Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna. Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia».
En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño…” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, también es pertinente señalar lo establecido por la Ley 548, el cual establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:
“…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas” (el rescatado es añadido).
En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, señaló que:
“A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: ´Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado`, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia” (el resaltado nos corresponde).
De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencial señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos, y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio.
Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrá en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad; y, al principio de protección de la niña, niño o adolescente; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, la Vocal ahora demandada, a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio y determinar la revocatoria del Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 por la cual se lo hubo beneficiado con la cesación a la detención preventiva, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Violentaron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados con el derecho a la libertad; puesto que, el citado Auto de Vista se aleja de los principios de razonabilidad, ya que no realizaron un control de logicidad conforme a su tarea como Tribunal de alzada; además que no explica los motivos y las razones por las cuales encontró que el a quo haya obrado de forma incorrecta, y porque consideraba que la Resolución apelada carecía de la debida fundamentación, además que no explica el por qué hubo considerado que existían defectos absolutos en el trámite del proceso dejándole en incertidumbre, ya que tampoco da una correcta explicación que no correspondía realizar un test de proporcionalidad, pues se anuló de manera ilegal una resolución que cuenta con las exigencias del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, elementos que más bien el referido Auto de Vista no cuenta, puesto que recién así “…se entenderá que existe una debida fundamentación y motivación del porque consideran que mi detención preventiva, teniendo una hija menor de 6 años, es necesaria, es idónea y es proporcional…” (sic); y, b) Vulneraron el derecho a la protección de niñas, niños o adolescentes; ya que, el beneficio solicitado no debió ser entendido como benéfico para el imputado o acusado, sino para precautelar la seguridad y bienestar de una menor de edad que merece una protección por parte del Estado, con la finalidad de no detener al progenitor que tiene la guarda al no existir otros miembros familiares, sin que se le deba exigir información del “…por qué no quieren o pueden hacerse cargo de ese menor de edad la demás familia” (sic), como pretendió la autoridad demandada.
En ese entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente causa se tiene que dentro el proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de asesinato, el 17 de mayo de 2024 se llevó a cabo la audiencia pública de cesación a la detención preventiva solicitado por el accionante, es así que, en la misma fecha, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, declaró fundado la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el prenombrado, imponiéndose medidas cautelares personales conforme al art. 231 Bis del CPP, siendo: 1) La detención domiciliaria con custodio, en la que se podía ausentar en horarios de trabajo; 2) La obligación de presentarse ante el Tribunal cada siete días; 3) La prohibición de comunicarse con la víctima o sus familiares; 4) La prohibición de acercarse a la víctima en un rango de 500 metros; 5) Fianza personal de tres garantes con domicilio conocido, patrimonio independiente y solventes; y, 6) La prohibición de salir del departamento y del país; por lo que, de forma posterior ante la presentación del recurso de apelación presentado por la víctima y el Ministerio Público, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-emitió el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio, por la cual declaró procedente el recurso de apelación efectuada por la víctima y por consiguiente revocó el Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).
En ese contexto, identificada la problemática, el accionante denuncia la vulneración de los derechos: i) Al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado con la libertad; y, ii) A la protección de la niña, niño y adolescente, tras emitir el Auto de Vista 220/2024 que declaró procedente el recurso de apelación efectuada por la víctima y por consiguiente revocó el Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024; por lo que, dichas denuncias serán analizadas de forma separada para una mayor comprensión de la siguiente manera:
a) Respecto a la primera problemática
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, la autoridad demandada, a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 220/2024 determinó la revocatoria del Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 por la cual se lo hubo beneficiado con la cesación a la detención preventiva; puesto que, el citado Auto de Vista se aleja de los principios de razonabilidad, porque no realizó un control de logicidad conforme a su tarea como Tribunal de alzada; además que no explica los motivos y las razones por las cuales encontró que el a quo haya obrado de forma incorrecta, y porque consideraba que la Resolución apelada carecía de la debida fundamentación, además que no explica el por qué hubo considerado que existían defectos absolutos en el trámite del proceso dejándole en incertidumbre, ya que tampoco da una correcta explicación que no correspondía realizar un test de proporcionalidad, pues se anuló de manera ilegal una resolución que cuenta con las exigencias del propio Tribunal Constitucional Plurinacional, elementos que más bien el referido Auto de Vista no cuenta, puesto que recién así “…se entenderá que existe una debida fundamentación y motivación del porque consideran que mi detención preventiva, teniendo una hija menor de 6 años, es necesaria, es idónea y es proporcional…” (sic). En ese contexto, corresponde remitirnos de forma previa antes de abordar la presente y las siguientes sub problemáticas a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que refiere respecto a la exigencia de los requisitos de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales de los Tribunales de apelación, refiriendo que:
“…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación”.
Es decir, que las resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta esté al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, señaló que:
“…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).
Y que dicha labor de los órganos jurisdiccionales, al tratarse de tribunales de apelación, respecto a solicitudes de aplicación de medidas cautelares, el precitado Fundamento Jurídico III.1, indicó que la aplicación del art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral de supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del citado Código, a través de una resolución con la debida justificación normativa, conforme lo dispone el art. 236.4 del CPP. No siendo admisible que los tribunales de apelación basen sus determinaciones en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización, debiendo demostrar con una cabal fundamentación y motivación la necesidad de la detención preventiva, y de no hacerlo se torna en una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Norma Suprema. En ese contexto, corresponde a esta jurisdicción constitucional, realizar la compulsa sobre si el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio -ahora impugnado-, se encuentra debidamente fundamentado y motivado a momento de determinar la revocatoria del Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 por la cual se lo hubo beneficiado con la cesación a la detención preventiva; así, conforme lo descrito en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se dictó el antedicho Auto de Vista bajo los siguientes argumentos:
“(…).
II.4. Puntualizados tales aspectos, analizados y ponderados a su vez en contexto de lo enunciado por la parte imputada y en la especie con los antecedentes remitidos en el citado propósito y así también con la resolución apelada (misma que se verifica cursa a partir de fs. 222 y siguientes del legajo incidental), es menester señalar lo siguiente: Conforme el legajo motivado por las partes en esta actuación, en sentido de que el análisis y la verificación realizada por el Tribunal de instancia obedece a una resolución primigenia emanada por esta misma Sala Penal, en concreto la resolución de 08 de abril de 2024, se tiene que la citada determinación, en lo pertinente el siguiente pronunciamiento: (…).
Siendo tal el texto que motiva el análisis y la observancia del Tribunal a quo, en razón de la solicitud motivada en su oportunidad por la parte imputada, en la resolución referida que motiva la impugnación, a saber, el Auto de 17 de mayo de 2024, se tiene en lo pertinente en el Considerando III relativo al análisis del caso concreto, el Tribunal a quo a tiempo de enunciar las disposiciones normativas a ser analizadas, vinculadas en el caso con aquellas que motivan el objeto de la citada actuación, a saber, el art. 232 núm. 9 del CPP, así como enunciar la modulación emergente del Auto de Vista referido, a saber, de 08 de abril de 2024, de cuyo tenor recoge también lo expresado supra, reseñando haber sido ratificado el citado razonamiento merced el Auto Constitucional de 07 de mayo de 2024, relativo a la viabilidad en el caso de verificarse la cesación en razón del indicador que es motivo de consideración, presupuesto que no se advierte motive falta de razonabilidad o que se aparte de los criterios de razonabilidad por vulnerar algún indicador normativo o jurisprudencial emanado en relación a esta situación, conllevando aquel aspecto el Tribunal ingrese al análisis del tema de fondo a objeto de determinar conforme detalla la resolución, si la prueba acompañada cumple las observaciones realizadas por el Tribunal de alzada, reseñando descriptivamente (…).
Analizados los fundamentos intelectivos que expresa la autoridad de instancia y no obstante la mínima carga argumentativa expresada por los recurrentes, en el caso específico por quien se identifica como víctima en el proceso, quien cuestiona en el caso no haberse satisfecho a cabalidad el cumplimiento y observancia de la resolución primigenia evacuada por la Sala Penal a tiempo de enunciar no haberse demostrado en el caso la guarda de la menor se encuentre de modo exclusivo al imputado, así como la inobservancia relativa al procedimiento para acreditar tales supuestos, permiten a este Tribunal verificar la razonabilidad en cuanto al agravio, pues se verifica en el caso el Tribunal A quo ha incurrido en un error incogitando a tiempo de analizar el planteamiento, así también al ponderar las literales de referencia que han sido claramente citadas líneas arriba, pues debe precisarse en el caso no resultar un hecho controvertido lo relativo, en primera instancia (conforme el pronunciamiento motivado a través de la resolución de 8 de abril de 2024), a la defunción de la progenitora de la citada menor, tampoco resulta un hecho controvertido que en relación a tales resulta supérstite el ahora imputado, a saber, Sinforiano Fernández Jachacollo, sin embargo, no se aprecia en el razonamiento que expresa la autoridad jurisdiccional, conforme se ha detallado supra una cabal observancia de aquellos otros aspectos que también son taxativamente reseñados en el Auto de Vita referido, no orientados en el caso a establecer en relación a los menores, entre ellas (quien reviste interés jurídico a los fines de la activación o no del indicador normativo en análisis) a quien se identifica como S…F…F… (de quién se reseña detenta la edad de seis (6) años), con quién se encuentre la guarda, pues no es un hecho que resulte discutible que de manera regular conforme explicitan las disposiciones normativas enunciadas en el Auto de Vista y así también lo expresa el Código de las Familias vigente en nuestra economía doméstica (en su art. 35), que la protección familiar de las niñas, niños y adolescentes se realizan -se reitera- de manera natural, mediante la autoridad de la madre o del padre o de ambos, extrañándose también el otro presupuesto que se enunciado por la misma autoridad Ad quem consignado en el acápite segundo, relativo a que a falta de los padres, los otros miembros de la familia estarán obligados a la protección que corresponde bajo control de la autoridad administrativa o judicial (se entiende que revista competencia para deferirla); en el caso aplicable o emergente por apercibir la situación jurídica en que se encuentra el ahora progenitor de los precitados menores, conllevando tal circunstancia la necesaria acreditación en relación a los otros supuestos que taxativamente han sido detallados por la autoridad que primigeniamente emitió el Auto de Vista referido, es decir, a tiempo de determinar que el imputado en todo caso debe acompañar o debió acompañar prueba idónea que dé cuenta -se reitera- no a objeto de establecer en custodia o guarda de quien se encuentran los precitados menores y en la especie la menor referida, sino a objeto de verificarse la imposibilidad de ejercitarse la guarda, custodia o cuidado de la menor de edad “por otros miembros de la familia” sea por inexistencia de los mismos o la imposibilidad de ejercer dicha obligación legal, por quienes se hallan reatados al cumplimiento de tal obligación, siendo que aquel entorno que es aludido por la autoridad jurisdiccional a tiempo de emanarse el Auto de Vista referido, debe inferirse no se reduce únicamente al entorno directo cómo son los hermanos de la precitada menor, menos aun cuando la misma autoridad de instancia informa que aquellos también revisten la condición de menores de edad, por cuanto no advierte coherencia el Ad quem, en la determinación asumdia por la autoridad A quo, máxime cuando las literales de referencia lejos de enunciar en primera instancia si en relación a la citada menor existe o no una familia ampliada o colateral vinculada a los progenitores incluso, tengan o no condiciones para poder verificar o asumir la referida guarda, o en el caso inexistan conforme exige el Auto de Vista referido, presupuestos que no se apercibe resulten satisfechos en la resolución emanada, dado que si bien el inferior en grado detalla como hechos trascendentes o concluyentes de que sería el imputado el único que se encuentra con la guarda, que la menor no cuenta con otro tutor fuera de su núcleo familiar principal, no se apercibe aquellas conclusiones asuman corroboro con documentación que resulte idónea en el citado propósito, pues lejos de expresarse en el caso en razón de aquellas acompañadas por la parte imputada relativas al entorno familiar, su existencia o no, su posibilidad o no de asumir aquella obligación que imperativamente impone el compilado normativo referido, es decir, el Código de Familia y que resulta extensible no solamente -se reitera- al entorno natural de la citada menor, sino también extiende a la familia colateral o ampliada, se limita a referir los presupuestos que hacen a la premisa fáctica en el caso relativa a la menor y en relación incluso a sus hermanos que ninguna persona hubiese asumido la guarda de tales, prescindiendo u omitiendo adrede sin embargo, la información relativa a si en el caso existe o no una familia colateral o ampliada emergente de sus progenitores, máxime cuando en el caso si bien se enuncia que de inicio incluso existe o se acredita la existencia de un pariente próximo al imputado, quien se identifica como Salomón Fernández Jachacollo, reseña el Tribunal A quo que ya no se tendría noticia de este último, pero sin precisar cual el acervo probatorio que permite establecer aquel aserto, resultando impertinente en lo demás incluso la resolución en la apreciación que ejercita relativa a la condición particular de la citada menor a objeto de concluir forzadamente que sería el imputado el único que se encuentra en condiciones de verificar la guarda de los citados menores o la necesidad y el apoyo moral que taxativamente resultan exigibles a objeto de verificar si se satisfacen en el caso los requisitos de admisibilidad a objeto de motivarse o deferirse la cesación pretendida, pues debe de puntualizarse en el caso el deber de fundamentación que explicita el art. 124, no se sujeta en el caso a una justificación conforme a una convicción interna, sino que debe encontrarse acreditada de manera objetiva, de tal modo que aquella determinación en el caso resulte verificable en cualquier momento; presupuestos que no se ha satisfecho a cabalidad la observancia de la resolución emanada por esta misma Sala Penal, habiendo ejercitado una interpretación tergiversada de aquella a tiempo de analizar la situación jurídica del imputado, en el caso vinculada con el indicador normativo que motivo la solicitud de cesación, en consecuencia, es menester deferirse el planteamiento impugnaticio vinculado en el caso con quien se identifica como víctima, dado que el Tribunal Ad quem, debe garantizar la observancia de una tutela judicial efectiva, lo que supone que resguarde el proceso se desarrolle dentro de los marcos de las garantías legales, jurisdiccionales y procesales, ello en coherencia a su vez de lo establecido en la Ley 025, relativo a que el control normativo y de legalidad resultan imperativos en Alzada, presupuestos que conllevan a advertir una vulneración del debido proceso en su vertiente debida fundamentación y motivación, en consecuencia, un defecto absoluto de imposible convalidación en razón de lo previsto en el art. 169.3 del CPP, conllevando en consecuencia la necesidad de revocatoria de la resolución emanada por el Tribunal a quo, y la necesaria ponderación y corrección en cuanto a la consideración de la resolución emanada por el Tribunal de instancia, debiendo establecer en el caso a cabalidad todos los indicadores que la citada resolución exige como requisitos a objeto de viabilizar o no el planteamiento interpuesto en su oportunidad por la parte acusada.
La suscrita Vocal de la SALA PENAL TERCERA del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, impartiendo justicia a nombre del pueblo boliviano, conforme prevé el art. 178.I de la Constitución Política del Estado, resuelve declarar: PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación únicamente en relación al planteamiento recursivo interpuesto por Eliodora Ponce López, declarándose IMPROCEDENTE el planteamiento interpuesto por el Ministerio Público, al no advertirse satisfecha la carga argumentativa debida, dada la reiteración de alegatos expresados ante el inferior en grado, pero sin evidenciar el Tribunal la configuración de los agravios de manera suficiente, se REVOCA la resolución del 17 de mayo de 2024 y se dispone en consecuencia que el Tribunal de Sentencia Penal N° 1 de Villa Tunari, emita una nueva resolución que resulte acorde a los lineamientos expresados y en esencia aperciba una correcta observancia de aquellos desarrollados en el Auto de Vista que sustenta también la pretensión interpuesta por la parte acusada (sic).
En ese contexto, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el Auto de Vista ahora impugnado; así tenemos: 1. Sobre la fundamentación
La Vocal demandada, a momento de determinar la revocatoria del Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 por la cual se lo hubo beneficiado con la cesación a la detención preventiva, se basó en los arts. 178 de la CPE; 124, 1693.3 y 232.9 del CPP; y, 35 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). En ese contexto, se puede evidenciar que la autoridad demandada, a momento de emitir el Auto de Vista 220/2024, se evidencia que justificó su decisión en normas vigentes, aspectos que hacen denotar que el mismo cuenta con la debida fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III1 de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada. 2. En cuanto a la motivación
La Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista 220/2024, por el cual declaró procedente el recurso de apelación presentado por la víctima, y por consiguiente revocó el Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024, señaló que: i) Se verifica que el Tribunal a quo incurrió en un error a momento de analizar la solicitud, ya que no es un hecho controvertido la muerte de la progenitora, tampoco la relación del imputado con la progenitora; ii) No se cumple con demostrar con quien está la guarda de la menor de seis años, pues si bien de manera natural lo detentan los padres; empero, a la falta de estos existen otros miembros que están obligados a la protección de la menor bajo el control administrativo y jurisdiccional, esto por la situación jurídica en que se encuentra el imputado; iii) Se debió acompañar prueba idónea que señale la imposibilidad de ejercerse la guarda, custodia o cuidado de la menor de edad por otros miembros de la familia, siendo lo ordenado por otro Auto de Vista; iv) La guarda no se reduce al entorno directo como los hermanos de la menor, sino también a una familia ampliada o colateral, debiendo verificarse las condiciones de los mismos de poder asumir la respectiva guarda; y, v) No se tiene prueba que acredite que de Salomón Fernández Jachacollo hermano del imputado, ya no se tendría noticias. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que el Auto de Vista cuestionado contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. Previamente, es necesario remitirnos a lo establecido en el art. 232.I.9 del CPP, modificado por la Ley 1173, la cual establece que:
“I. No procede la detención preventiva: 9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí misma” (las negrillas son añadidas). En el presente caso, el antedicho articulado, estableció evidentemente, que no procede la detención preventiva cuando la persona imputada, sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niños menor de seis años, y, al respecto la Vocal ahora demandada por medio del Auto de Vista 220/2024 refirió en síntesis, que no se demostró con prueba idónea que no se cuente con familia colateral o ampliada para el cuidado de sus hijos menores de edad, menos se explicó si ante la existencia de la familia ampliada los mismos tendrían o no las posibilidades de cumplir con la obligación que la ley les imponía, aduciendo por lo mismo que el razonamiento del Tribunal a quo en relación a la documentación presentada no sería idónea, ni adecuada. Aspectos estos, que hacen entrever que el Auto de Vista cuestionado carezca de una debida motivación, ya que se basa en que el impetrante de tutela no demostró con prueba idónea la inexistencia de la familia colateral o ampliada, o ante su existencia la imposibilidad de cumplir con la obligación, para que se aplique la causal de improcedencia, razonamiento contrario a la obligación establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional en relación a la motivación, porque no explicó en qué base legal se justificaba su determinación de presentar prueba respecto a la inexistencia de familia colateral o ampliada o la imposibilidad de obtener la guarda por dicha familia; sin hacer mención propia con un trabajo intelectivo de las pruebas aportadas por el accionante; puesto que, se limitó a transcribir los razonamientos del a quo, para posteriormente minimizar de forma general los documentos presentados, sin realizar un trabajo propio lógico-jurídico, además, no solo debió haber solicitado prueba impertinente, al existir certificaciones incluso de la autoridad jurisdiccional en materia de niñez y adolescencia, en la que se evidenciaba que no existía alguna acción que reclame la guarda de la hija menor del accionante; sino que también, se debió tomar en cuenta que en el presente caso, existía menores de edad de por medio; que por incluso la certificación de la Junta Vecinal de donde vivían se demostraba que los mismos estaban solos y que los vecinos ayudaban en lo posible con el suministro alimenticio, por lo que, tenía la Vocal demandada la obligación de efectuar una ponderación de derechos, esto al observar la colación y disputa de forma indirecta de derechos y garantías constitucionales de sujetos entre los cuales se encontraba la víctima de asesinato y los hijos menores de edad, método de administrar justicia descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual se aplica cuando:
“…se presentan conflictos entre derechos jerárquicamente iguales, lo cual implica que las autoridades jurisdiccionales deban realizar una ponderación, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de ambos derechos haciendo justicia y protegiendo a personas que requieran la aplicación de medidas reforzadas” (las negrillas fueron añadidas). En el presente caso, la autoridad demandada, a lo largo del Auto de Vista ahora cuestionado, aparte de explicar los motivos de su decisión, tenía la obligación de efectuar esa ponderación de derechos entre los de la víctima y de manera indirecta de los hijos menores de edad del accionante que también necesitan del Estado y de su familia para valerse al ser personas que pueden efectuar actos por sí mismos al ser menores de edad, esto para que la resolución contenga una motivación completa necesaria y exigida a las autoridades jurisdiccionales, hechos que de igual forma, vulneran el derecho a la libertad del impetrante de tutela; aspectos que no fueron tomados en cuenta por la Vocal demandada a momento de emitir el Auto de Vista 220/2024, advirtiéndose que dicha determinación no se encuentra debidamente motivada, correspondiendo conceder la tutela al respecto, así como también al derecho a la libertad. b) En relación a la segunda problemática
El accionante denuncia la lesión al principio de protección de la niña, niño o adolescente; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, la autoridad demandada, a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio determinó la revocatoria del Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2024 por la cual se lo hubo beneficiado con la cesación a la detención preventiva; ya que, el beneficio solicitado no debió ser entendido como benéfico para el imputado o acusado, sino para precautelar la seguridad y bienestar de una menor de edad que merece una protección por parte del Estado, con la finalidad de no detener al progenitor que tiene la guarda al no existir otros miembros familiares, sin que se le deba exigir información del “…por qué no quieren o pueden hacerse cargo de ese menor de edad la demás familia” (sic), como pretendió la Vocal ahora demandada. A ese respecto, es pertinente remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que respecto a la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño, estableció que:
“…las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas…”.
Aspectos, que en el contenido del Auto de Vista 220/2024 no se encuentra, sino más bien, en un afán de antipatía la Vocal demandada en su informe ante la Jueza de garantías refirió que “No es responsabilidad del superior en grado el desamparo alegado…” (sic), sin velar y garantizar el interés superior del niño, sin importar la realidad de su familia sea directa, colateral o ampliada, estando en la obligación de resolver los procesos legales en los que se tenga que ver involucrado de forma directa o indirecta un niño menor de edad, precautelando su bienestar, integridad física, psicológica y sexual, tomando las determinaciones que más le beneficien, y no deslindar responsabilidad, y actuar de forma errada al tener conocimiento de la realidad de una menor de edad, aspectos que no fueron tomados en cuenta por la autoridad demandada a momento de emitir el Auto de Vista ahora cuestionado, siendo evidente la vulneración alegada, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución de 18 de junio de 2024, cursante de fs. 57 a 61, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación al derecho al debido proceso en su elemento de motivación vinculado a la libertad, y a la protección reforzada del niño, niña y adolescente, por consiguiente:
a) Se dispone, dejar sin efecto el Auto de Vista 220/2024 de 14 de junio, debiendo la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con el presente fallo constitucional emitir una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, en base a los fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, en base a los argumentos esgrimidos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).
2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.
3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento;
4 En el F.J. III.8 señaló que: “...resulta imprescindible realizar una ponderación de los bienes que en este caso se presentan como contrapuestos: el derecho a la defensa del imputado, y el derecho de la víctima de delitos sexuales a no ser sometida a nueva victimización al tener que prestar su declaración en presencia de su agresor. Conviene recordar, al respecto, que el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que: "Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático". Comúnmente se dice que la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. Se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales”.
5 En el F.J.III.2 respecto al principio de ponderación de bienes y derechos señala que: “A tiempo de desarrollar el principio de ponderación de derechos, la jurisprudencia prevista en la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que
8 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador- educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora…” (las negrillas son incorporadas).
9 El FJ III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos” (el resaltado es añadido).
10 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0741_2024-S1.pdf · páginas 1 a 35.
Huella digital del PDF (SHA-256): cf9697cea875133ac5efc7de6837efee075072e03a10b56e64ee3e086ad20967
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