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SCP 0740/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
60496-2024-121-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, el Juez demandado, desde el 3 de julio de 2023 a la fecha -se entiende a la interposición de la acción de defensa que se analiza-, no emite la resolución judicial mediante que la debería resolver su solicitud de suspensión condicional de la penal; pese a que, -habiendo sido condenado a pena privativa de libertad de tres años-, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, y presentado la documentación pertinente a ese fin; situación que lo coloca en estado de incertidumbre jurídica al estar privado de dicho derecho en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por más de un año y ocho meses, sin que su situación jurídica hubiera sido definida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2023 de 17 de noviembre, cursante de fs. 7 a 9, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al fondo de la problemática planteada y la evidente vulneración del derecho a la libertad por la dilación advertida, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR en cuanto al pedido de pago de costas y costos procesales, daños y perjuicios.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0740/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 60496-2024-121-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2023 de 17 de noviembre, cursante de fs. 7 a 9, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yerco David Ibañez Condori en representación sin mandato de Ronald Freddy Tintaya Guzmán, contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2023, cursante de fs. 1 a 3; el accionante, por intermedio de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, a través de la Sentencia 149/2023 de 9 de marzo, fue condenado a pena privativa de libertad de tres años, al haberse sometido a la salida alternativa de procedimiento abreviado. Por lo que, en su momento, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, la suspensión condicional de la pena, conforme al art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentando la documentación pertinente a ese fin. Sin embargo, dicha autoridad judicial dilató la tramitación de aquel beneficio procesal por diferentes motivos, incumpliendo todo plazo legal; ya sea exigiendo la ejecutoria de la referida Sentencia o suspendiendo de forma recurrente las audiencias programadas para el efecto.

En audiencia de 3 de julio de 2023, después de escuchar la intervención de los sujetos procesales, el Juez demandado dispuso que emitiría por escrito la resolución judicial mediante la que resolvería su solicitud de la suspensión condicional de la pena. Empero, a la fecha -se entiende a la interposición de la acción de defensa que se analiza- no procedió en consecuencia, con lo que, incluso impide la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, su pretexto de que estaría en despacho para su revisión. Ello le generó un estado de incertidumbre; toda vez que, ya se encontraría privado de su derecho a la libertad por más de veinte meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin que su situación jurídica haya sido definida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 73 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado: a) “…CUMPLA CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL” (sic); y, b) Se condene al pago de costas y costos procesales, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de noviembre de 2023, conforme consta en el acta cursante a fs. 6 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción de defensa y ampliándolo, manifestó que: 1) Pese a que cumplió todas las condiciones para que se disponga su libertad, el Juez demandado no expidió en su favor el respectivo mandamiento, ni la remisión de ese actuado a la oficina gestora de Procesos a efectos de que se imprima el trámite orientado a su ejecución; por lo que, ya viene cumpliendo una “detención preventiva” por más de dos años; y, 2) Habiéndose lesionado sus derechos, corresponde se disponga que el Juez demandado expida en su favor mandamiento de libertad y que el encargado del Centro Penitenciario San pedro de La Paz, lo ejecute.

I.2.2. Informe del demandado

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco concurrió a la audiencia de garantías; pese a que fue notificado para el efecto, conforme consta de la diligencia cursante a fs. 5.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -constituida en Tribunal de garantías-, a través de Resolución 01/2023 de 17 de noviembre, cursante de fs. 7 a 9, concedió la tutela solicitada, disponiendo que Juez demandado, en el plazo de veinticuatro horas, se pronuncie respecto a la solicitud de suspensión condicional de la pena del impetrada por el accionante, determinación que sustentó en los siguientes fundamentos: i) Pese a que el Juez demandado, en audiencia de suspensión condicional de la pena de 3 de julio de 2023, dispuso que se emitiría por escrito, la resolución judicial mediante la que resolvería aquel beneficio procesal, los actuados del proceso penal demuestran que, dicha autoridad judicial aún no procedió en consecuencia; y, ii) El accionante tiene derecho a conocer el resultado de su solicitud de suspensión condicional de la pena, en un sentido positivo o negativo; por lo que, siendo que el Juez demandado no tramitó el beneficio procesal del art. 366 del CPP, en observancia del principio de celeridad, corresponde corregir la irregularidad en la que incurrió, vi acción de libertad en su modalidad reparadora.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso la optimización en la gestión de acciones de libertad; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del Considerando III de la Resolución 01/2023 de 17 de noviembre, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -constituida en Tribunal de garantías-, se extrae: “…Ronald Freddy Quintanilla Guzmán ha sido sometido a una salida alternativa de procedimiento abreviado en el que se ha impuesto la pena privativa de libertad de tres años de reclusión. Dicha sentencia al [presente] se encuentra ejecutoriada a través del Auto de fecha 9 de mayo del año 2023 y que se encuentra detenido desde el año 2021, que al presente han transcurrido un año y ocho meses de su detención. En base a la sentencia pronunciada, ha solicitado se aplique el art. 366 del Código de Procedimiento Penal, la suspensión condicional de la penal que el Juez aún no ha señalado para dicho cometido” (sic [fs. 8]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, por intermedio de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, el Juez demandado, desde el 3 de julio de 2023 a la fecha -se entiende a la interposición de la acción de defensa que se analiza-, no emite la resolución judicial mediante que la debería resolver su solicitud de suspensión condicional de la penal; pese a que, -habiendo sido condenado a pena privativa de libertad de tres años-, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, y presentado la documentación pertinente a ese fin; situación que lo coloca en estado de incertidumbre jurídica al estar privado de dicho derecho en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por más de un año y ocho meses, sin que su situación jurídica hubiera sido definida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre, señaló que: «Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. Por otro lado, es preciso tomar en cuenta el siguiente razonamiento específicamente desarrollado en cuanto a las solicitudes de cesación a la detención preventiva, tomando como base la Sentencia Constitucional previamente citada. En este caso vía jurisprudencia constitucional, respecto a la dilación procesal, se asumió: “Es cierto que en la mayoría de los juzgados cautelares de nuestro Estado, existe sobrecarga procesal que impide que las labores efectuadas por los jueces puedan desarrollarse con total normalidad; sin embargo, este problema estructural de la administración de justicia no puede ser asumido como argumento válido para justificar la falta de pronunciamiento o tratamiento de la situación jurídica de los detenidos preventivos dentro los procesos penales, ya que de ser así se estaría sobreponiendo las falencias de la administración de justicia a los derechos de las personas privadas de libertad, cuando por ningún motivo éstos deberían soportar esas consecuencias. Por lo que, todo juez que conozca de una solicitud de cesación de detención preventiva, deberá resolver la misma en los plazos establecidos por ley sin excusa alguna, y los problemas estructurales de la administración de justicia deberán ser resueltos por el Órgano Judicial mediante acciones pertinentes e idóneas, con la finalidad de que se obtenga una justicia pronta y oportuna no solo en materia penal, sino en todo el sistema de justicia de nuestro Estado Plurinacional” (SCP 0210/2017-S2 de 13 de marzo). Si bien dicha postura jurisprudencial fue específicamente elaborada para casos de personas con detención preventiva, su finalidad fue la de asegurar la resolución de las solicitudes de los privados de libertad dentro de los plazos establecidos en la ley y, de no existir estos, dentro de plazos razonables, lo que posibilita que la misma sea aplicable a cualquier circunstancia en la que esté en discusión el derecho a la libertad personal o de locomoción. Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia, caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones» (las negrillas son agregadas).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; debido a que, en el marco del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, el Juez demandado omitió pronunciarse, desde el 3 de julio de 2023, hasta la interposición de la presente acción de defensa, sobre la solicitud de suspensión condicional de la pena formulada; pues, pese a haber sido sentenciado a una pena privativa de libertad de tres años, se acogió al procedimiento abreviado como salida alternativa y cumplió con la presentación de la documentación exigida para dicho beneficio; situación que le generó un estado de incertidumbre jurídica al permanecer recluido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por más de un año y ocho meses, sin que su situación jurídica hay sido debidamente definida. En ese marco, del Considerando III de la Resolución 01/2023 de 17 de noviembre, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –constituida en Tribunal de garantías-, se extrae: “…Ronald Freddy Quintanilla Guzmán ha sido sometido a una salida alternativa de procedimiento abreviado en el que se ha impuesto la pena privativa de libertad de tres años de reclusión. Dicha sentencia al [presente] se encuentra ejecutoriada a través del Auto de fecha 9 de mayo del año 2023 y que se encuentra detenido desde el año 2021, que al presente han transcurrido un año y ocho meses de su detención. En base a la sentencia pronunciada, ha solicitado se aplique el art. 366 del Código de Procedimiento Penal, la suspensión condicional de la penal que el Juez aún no ha señalado para dicho cometido” (sic [énfasis añadido]). Ahora bien, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca una solicitud vinculada al derecho a la libertad personal tiene la obligación de tramitarla con la máxima prontitud posible o, al menos, dentro de plazos razonables, pues la inobservancia de este deber puede derivar en una restricción indebida de dicho derecho. Ello no implica que la autoridad esté obligada, en todos los casos, a conceder o resolver favorablemente la petición planteada, ya que su procedencia dependerá de las circunstancias específicas y de los elementos probatorios aportados en casa situación concreta. En ese sentido, la vulneración del derecho a la libertad personal no radica necesariamente en la negativa de la solicitud, siempre que esta se sustente en una valoración conforme a Ley, sino en la demora o dilación injustificada en su resolución, siendo indispensable que cualquier decisión sea adoptada con la celeridad que la naturaleza de la solicitud exige. Conforme advirtieron los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se resolvió la solicitud de suspensión condicional de la penal impetrada por el accionante; siendo aplicable lo establecido en el Fundamento Jurídico precedente de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; pues, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad impulsar la pronta tramitación de los procedimientos judiciales o administrativos cuando se advierten demoras injustificadas, a fin de definir oportunamente la situación jurídica de la persona privada de libertad, garantizando así la efectivización del derecho a la libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales; correspondiendo confirmar las concesión de tutela en relación a lo expuesto y disponer que la autoridad demandada resuelva con prontitud la solicitud de suspensión condicional de la pena pedida por el ahora accionante. Finalmente, sobre la solicitud de pago de costas y costos, daños y perjuicios, no corresponde establecer el mismo, en virtud al carácter facultativo establecido en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2023 de 17 de noviembre, cursante de fs. 7 a 9, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al fondo de la problemática planteada y la evidente vulneración del derecho a la libertad por la dilación advertida, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR en cuanto al pedido de pago de costas y costos procesales, daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0740_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7f85ac18ec828bbcbbd8400b30be70788c8d82fc47e438c1c4e81263a2dd20a9

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