B.IA.LEGAL

SCP 0740/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
52805-2023-106-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la vida; toda vez que, fue desvinculado de manera intempestiva y arbitraria de su cargo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por cuyo efecto, se emitió a su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022 habiendo la entidad demandada incumplido con su reincorporación laboral, con el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le asisten. En virtud a lo expuesto, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución Constitucional 321/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 86 a 89 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela impetrada, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante su representante legal, dé cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022 de 3 de mayo, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en los términos dispuestos en la misma, debiendo proceder a la inmediata reincorporación de Johnny Benigno Loayza Cobarrubias, al mismo puesto que ocupaba al momento de la desvinculación laboral, así como al pago de salarios devengados que correspondan; debiendo efectivizarse el mismo en un plazo de tres días, a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando aún no se lo hubiere hecho.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral
  2. III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0740/2024-S4 Sucre, 21 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 52805-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución Constitucional 321/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 86 a 89 vta.; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Johnny Benigno Loayza Cobarrubias contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 41 a 47 vta.; el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Empezó a trabajar mediante contrato, en el Servicio de Transporte Municipal (SETRAM), dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, desde el 4 de mayo de 2015 y en adelante, firmó contratos a plazo fijo, normalmente a inicios de cada año, así como adendas y modificaciones a los mismos. Siendo su último cargo ejercido, el de auxiliar administrativo de control de personal. Sin embargo, el 1 de abril de 2022, cuando se presentó a dicha fuente laboral, le informaron de una manera arbitraria que fue despedido, que su contrato había concluido y no sería recontratado como sucedía cada año; de igual manera, no se le permitió ni siquiera ingresar y le cortaron el acceso al marcado biométrico. En virtud de tal situación, intentó conversar con su inmediato superior, quien le recalcó que no podían permitirle el ingreso. En tal razón, ese mismo día, acudió al “Ministerio de Trabajo y Previsión Social”, instancia que citó legalmente al empleador para el 11 de abril del citado año. Con ello, el inspector del trabajo emite el “Informe MTEPS-JDT LP-KFTE-INF.2022/074122”, donde concluye y recomienda que se emita una conminatoria de reincorporación a su favor. En consecuencia, el “Ministerio de Trabajo, empleo y Previsión Social” –siendo lo correcto la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz– se pronunció a través de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022 de 3 de mayo, conminando a la parte demandada se proceda a su inmediata reincorporación, en el mismo puesto que ocupaba al momento de la desvinculación, así como el pago de salarios devengados hasta el día de su reincorporación efectiva. En subsiguientes días; es decir, el 25 de mayo del citado año, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fue notificado con dicha determinación; no obstante, prosiguió la negativa a cumplir con el mandato de la conminatoria, lo cual derivó en una inspección de verificación sobre el cumplimiento de la mencionada resolución y cuyo resultado negativo se refleja en el INFORME J.D.T.L.P.-BDFB.VR.175/2022 de 8 de junio.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la vida; citando al efecto los arts. 46, 49.III, y, 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en concomitancia, se disponga: a) El cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022; b) La reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento de ser desvinculado, como auxiliar administrativo de control de personal, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, c) El pago de salarios devengados hasta la fecha de la efectiva restitución laboral.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de diciembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 83 a 85 vta., presente el impetrante de tutela asistido de su abogada y la autoridad demandada acompañado de su abogado representante; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, por medio de su abogada, reiteró el contenido íntegro de su acción de defensa, y ampliando la misma, precisó que: 1) Se emitió el informe de verificación de cumplimiento de la Conminatoria, en fecha 5 de junio de 2022, cuya parte conclusiva evidenció que no se dio cumplimiento a tal mandato; 2) Así, el 31 de agosto del mismo año, después de tres meses y veintisiete días de la desvinculación laboral, fue llamado para firmar un nuevo contrato; sin embargo, el periodo de tiempo del mismo fue solo de un mes, del 1 al 30 de septiembre, quedando nuevamente desempleado; 3) Por tal razón, el 4 de octubre solicitó mediante carta a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, una nueva verificación de cumplimiento; 4) Dicha instancia emite el Informe J.D.T.L.P.-CMAR.VR.345/2022 de 20 de octubre, mismo que determina que el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, no cumplió con la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022; y, 5) Por lo tanto, se solicitó que el demandado cumpla el mandato de la precitada conminatoria, en su totalidad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su abogado apoderado, mediante informe escrito de 23 de noviembre de 2024, cursante de fs. 74 a 79. Al momento en que se le concedió la palabra, no hizo uso de ella, pese a estar en línea, visible su conexión; por lo que, no fue posible su intervención. En tal sentido, la Secretaria de Cámara dio lectura al informe presentado por la autoridad demandada, donde plantea que: i) Que el Tribunal de Garantías Constitucionales deniegue la tutela al accionante, por no adecuarse “…a lo establecido en la ley No.-1468 y Resolución Ministerial N° 1377/2022 de 01 de noviembre de 2022 como de la FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA Conminatoria, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0965/2017-S3 de 20 de septiembre de 2017, y por no existir ningún derecho vulnerado” (sic); y, ii) Se deniegue el pago de salarios, por constituirse en hechos controvertidos los accesorios.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución Constitucional 321/2022, cursante de fs. 86 a 89 vta.; denegó la tutela solicitada, sin costas, ni costos procesales, ni multa alguna, por tratarse de un derecho tutelar, tal como señala en su parte resolutiva, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: al entrar en vigencia plena la Ley 1468 “desde el 31 de octubre del año en curso” y al haber sido activada la acción de amparo, el 4 de noviembre de la citada gestión, queda determinado que la jurisdicción constitucional ha perdido competencia para otorgar tutela de manera directa; encontrándose por lo tanto, dentro de una causal de subsidiariedad por lo que, conforme al art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuyo contenido indica que a la vigencia plena de un nuevo cuerpo normativo, existe la posibilidad que esta disposición administrativa pueda ser conocida por otra autoridad, específicamente la judicatura laboral; y, conforme el art. 53.3 del CPCo que refiere que la acción de amparo no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pueden ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno, se colige, que el Tribunal de Garantías no puede pronunciarse en el fondo, en consecuencia, no puede viabilizar la presente acción de amparo constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 1 de abril de 2022, Johnny Benigno Loayza Cobarrubias –ahora accionante– acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, donde hizo conocer que en esa misma fecha, cuando se presentó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, lugar donde cumplía las funciones de auxiliar administrativo de control de personal, le informaron que fue despedido; su contrato había concluido y no sería recontratado como sucedía cada año; por lo que, denunció haber sido víctima de un retiro injustificado y arbitrario. Dicha instancia citó legalmente al empleador para el 11 de abril del citado año; emitiéndose el “Informe MTEPS-JDT LP-KFTE-INF.2022/07412”, donde el inspector del trabajo concluye y recomienda que se emita una conminatoria de reincorporación en favor del ahora impetrante de tutela (fs. 41 a 47). II.2. La Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, se pronunció a través de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022 de 3 de mayo, ordenando a la parte demandada proceder a la inmediata reincorporación de Johnny Benigno Loayza Cobarrubias –ahora solicitante de tutela–, en el mismo puesto que ocupaba al momento de la desvinculación, así como el pago de salarios devengados hasta el día de su reincorporación efectiva (fs. 3 a 6). II.3. Mediante Informe J.D.T.L.P.-BDFB.VR.175/2022 de 8 de junio, labrado por el Inspector de Trabajo dependiente de la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto, se hizo constar que a esa fecha Johnny Benigno Loayza Cobarrubias, no fue reincorporado a su fuente laboral en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por lo tanto, no se dio cumplimiento al mandato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/No.198/2022 de 3 de mayo (fs. 11 y vta.). II.4. A través de la Resolución Administrativa 452-22 de 8 de julio de 2022, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en respuesta a Recurso de Revocatoria interpuesto mediante Hoja de Ruta Externa 2022-28824 de 8 de junio del referido año y presentado por Omar Sadud Guillen, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en contra de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/No.198/2022 de 3 de mayo; rechazó dicho Recurso de Revocatoria y confirmó la citada Conminatoria (fs. 8 a 10). II.5. Por nota de 4 de octubre de 2022, ante la negativa del empleador a restituirlo en su cargo, el hoy accionante solicitó a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, una nueva verificación de cumplimiento de conminatoria de reincorporación (fs. 31).

II.6. Mediante Informe J.D.T.L.P.-CMAR.VR.345/2022 de 20 de octubre, labrado por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, se determina que el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, no cumplió con la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022 de 3 de mayo (fs. 39 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la vida; toda vez que, fue desvinculado de manera intempestiva y arbitraria de su cargo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por cuyo efecto, se emitió a su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022 habiendo la entidad demandada incumplido con su reincorporación laboral, con el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le asisten. En virtud a lo expuesto, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

A partir de un examen comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la RDC 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales–, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi. Al amparo de dicho razonamiento jurídico, la referida Resolución de Doctrina Constitucional determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el DS 0495 del 1 de mayo de 2010 al DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento al a conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que guarda concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010. En base a dicha normativa, los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la referida RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En tal contexto, la indicada RDC 0001/2021 estableció lo siguiente:

“1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir:

i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad-cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador. iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”. Entendimientos que, conforme se explica ut supra, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.

III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022

El 30 de septiembre de 2022 fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3).

En conformidad con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la Ley 1468 como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”, establece que una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose:

“I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia.

II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”.

Por su parte, el art. 14 de la referida Ley prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente:

“I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión.

II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución.

III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimado.

IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes.

VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley.

VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia.

VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley”.

Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que:

“I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución. II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales.

III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador.

IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo.

V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador.

VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba preconstituida.

VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar.

VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad.

X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, preveyéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”.

En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera establece: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”.

Finalmente, la Ley 1468, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el DS 0495 y derogó los Parágrafos III, IV y V de los Arts. 10 y 13 del DS 28699.

Dicho esto, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden ser impugnadas, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción; siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional.

No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. En este contexto y a la luz de los principios protectores, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699; así como, los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer que la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de seis meses previsto en el art. 55 del CPCo, deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la RDC 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede. Consideración que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinentes.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la vida; toda vez que, fue destituido de su cargo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de forma arbitraria e intempestiva; en cuyo efecto, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, se pronunció a través de la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022, habiendo la institución demandada incumplido con el mandato de su reincorporación laboral, con el pago de sus salarios devengados. Con carácter previo a la resolución de la problemática venida en revisión, y en atención al análisis efectuado en el Fundamento Jurídico que antecede respecto a la Ley Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, es preciso aclarar que si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y pago de salarios devengados, ésta debe ser resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la RDC 0001/2021; debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022, de conminatoria de reincorporación, fue emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, el 3 de mayo de 2022; es decir, con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley 1468, la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva como erróneamente señalo el tribunal de garantías. Realizada la aclaración respectiva, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales, la cual establece que, con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo, por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no; y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional. Dicha protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas; sino más bien, constituye un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida. Ahora bien, en cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Noma Suprema, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la CPE, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, es menester proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En tal sentido, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de la citada Resolución, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. En tal circunstancia, de los antecedentes anotados y conforme a las Conclusiones de este fallo constitucional; se tiene que, de acuerdo a lo informado por la parte accionante y no contradicho por el demandado, este último fue notificado el 25 de mayo de 2022, con la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022, de reincorporación laboral, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz; entidad pública que ordenó al citado ente municipal, proceder a la inmediata reincorporación del trabajador Johnny Benigno Loayza Cobarrubias – ahora accionante– a su fuente laboral, en el mismo puesto que ocupaba en aplicación del DS 0496, reponiendo además, los sueldos devengados. Sin embargo, de acuerdo al Informe J.D.T.L.P.-BDFB.VR.175/2022, labrado por el respectivo Inspector de Trabajo, se constató que a esa fecha el impetrante de tutela no fue reincorporado a su fuente laboral en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por lo que, de acuerdo a lo previsto por los arts. 45, 46.I.2; 48.I, II, IV, VI; 49.II y III de la CPE, con relación a las normas laborales establecidas en los DS 28699 y 0495, éstas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; consiguientemente, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, resulta imperativo aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que en la problemática analizada fueron denunciados como vulnerados y que han sido previamente reconocidos y restablecidos por la instancia administrativa laboral competente, dentro del marco de las previsiones contenidas en los mencionados Decretos Supremos. Por lo expuesto, se verifica que la citada entidad ahora demandada, al no haber dado cumplimiento estricto a la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022, de reincorporación laboral; emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, efectivamente ha vulnerado los derechos del accionante; por lo que, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada. No obstante, cabe resaltar que la tutela a ser concedida posee un carácter extraordinario y provisional; por cuanto, conforme se tiene de antecedentes, las vías impugnativas en sede administrativa han sido activadas por la parte empleadora a través de los medios recursivos de aquella jurisdicción, emitiéndose la RA 452-22 donde la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y confirmando la Conminatoria observada. Siendo además que, una vez concluida dicha vía, se halla abierta la posibilidad de que la entidad demandada, pueda acudir a la jurisdicción laboral, ante la cual deberá exponer y probar los argumentos que fueron expresados a través de esta acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, ha evaluado en forma incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución Constitucional 321/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 86 a 89 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela impetrada, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante su representante legal, dé cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/198/2022 de 3 de mayo, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en los términos dispuestos en la misma, debiendo proceder a la inmediata reincorporación de Johnny Benigno Loayza Cobarrubias, al mismo puesto que ocupaba al momento de la desvinculación laboral, así como al pago de salarios devengados que correspondan; debiendo efectivizarse el mismo en un plazo de tres días, a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando aún no se lo hubiere hecho. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0740_2024-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d6115e211c2920a1f3fcf43175d4a1369b7823abbf4e0780bbec5599ea2faa27

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