B.IA.LEGAL

SCP 0740/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46844-2022-94-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — preventiva / restringida

Qué se discutió

El accionante denunció como lesionado sus derechos a la libertad, debido proceso, tutela jurídica y presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación a niña, niño adolescente, no pudo asistir a la audiencia de consideración de medidas cautelares donde se lo declaró rebelde; por lo que, la Jueza demandada, no obstante que por memorial de apersonamiento de 11 de marzo de 2022 adjuntó un certificado médico que indica que tiene dolores de abdomen; mediante providencia de 14 del citado mes y año, de una forma anormal señaló que –esa justificación– se considerará en audiencia con la intervención de las partes, cuando lo que correspondía era dejar sin efecto la rebeldía y luego señalar cuanto acto fuera necesario, por lo que esta ilegalmente perseguido, siendo que no se valoró ese certificado médico dejando en zozobra su situación jurídica e incumpliendo el rol previsto en el art. 54 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; ii) Sobre la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 117 a 120 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres
  2. III.2. Sobre la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0740/2023-S1 Sucre, 6 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46844-2022-94-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 01/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 117 a 120 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Charles Fernando Meja Carozo en representación sin mandato de Cleiton Urresti Pinto contra Pedro Alberto Aquim Vargas, Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de abril de 2022, cursante de fs. 27 a 29 vta. el accionante, a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal iniciado en su contra, se fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para el 8 de marzo de 2021, a la cual no pudo asistir por un impedimento médico y se lo declaró rebelde, por lo que el 11 de marzo de 2022 con el justificativo o certificado médico que indicaba que tiene dolores en el abdomen, se apersonó ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni; empero, dicha autoridad mediante providencia de 14 del referido mes y año, de una forma anormal señaló que se considerará en audiencia con la intervención de los demás sujetos procesales, siendo que lo que correspondía era dejar sin efecto la rebeldía y luego señalar cuanto acto fuera necesario. En ese sentido se encuentra perseguido ilegalmente, ya que no se valoró el certificado médico dejando en zozobra su situación jurídica por cuanto conforme a la jurisprudencia la declaratoria de rebeldía es finalista, por lo que con la sola presentación se debió dejar sin efecto la misma pero la autoridad judicial sin valorar el impedimento medico señaló audiencia de medidas cautelares dejándole rebelde indicando que en dicha audiencia se consideraría dicho impedimento cuando la finalidad de justificar el impedimento era dejar sin efecto esa rebeldía y el mandamiento de aprehensión situación que “a la fecha” aun continua con ese mandamiento de apremio mediante una ilegal actuación del Juez por una conducta omisiva con el temor de que la misma se traduzca en una parcialización procesal que afecta sus derechos y garantías al debido proceso y libertad. El derecho a su libertad, debido proceso, tutela jurídica y presunción de inocencia fue vulnerado con un mandamiento de apremio ilegal; es decir sin considerar el impedimento médico documentalmente presentado, siendo que el art.7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) previene que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario; asimismo, la autoridad judicial al haber omitido pronunciarse o dejar sin efecto la rebeldía cometió una arbitrariedad incumpliendo su rol previsto en el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vale decir que realizó una indebida interpretación de la norma y una omisión valorativa de su certificado médico que se tradujo en la lesión a su derecho a la libertad sin pronunciarse sobre su memorial de 11 de marzo de 2021.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció como lesionado sus derechos a la libertad, debido proceso, tutela jurídica y presunción de inocencia, al efecto cita los arts. 22, 23, 24, 115, 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.3 de la CADH.

I.1.3. Petitorio

La parte accionante solicita que se conceda la tutela y por consiguiente se restituyan las formalidades legales ordenando al Juez demandado se pronuncie fundadamente sobre su memorial de 11 de marzo de 2022 y sobre el Certificado médico adjuntado, a fin de dejar sin efecto la rebeldía dispuesta en su contra, sea con costas más el resarcimiento de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública se efectuó el 1 de abril de 2022, según acta cursante de fs. 111 a 116 vta. produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante se ratificó en su acción de libertad presentado, ampliándola manifestó que: a) En su caso se aplica la acción de libertad preventiva, siendo que existió una amenaza cierta e inminente de una detención ilegal; b) Sobre el argumento de que la presentación debe ser física, ese aspecto ya fue dilucidado en la SCP 0038/2020-S2 de 17 de marzo, donde señala que la comparecencia ante la autoridad judicial conforme a la norma no determina si es una presentación física del encausado; c) Hubo un certificado médico que no fue valorado por el Juez, lo que correspondía es que se le de valor o por último señalar que no le convence ese certificado y enviarlo al médico forense para que lo homologue o complemente con ese análisis clínico; y, d) Existió un daño inminente de que pierda su libertad, ya que esta perseguido ilegalmente producto del capricho del juez de no aplicar el parágrafo segundo del art. 91 del CPP, de no valorar ese certificado y no hacer caso a la jurisprudencia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Pedro Alberto Aquim Vargas, Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, mediante informe prestado en audiencia manifestó que: 1) Es cierto que lleva el control jurisdiccional de un proceso penal seguido contra el hoy accionante, en la cual se señaló audiencia de medidas cautelares para el 13 de marzo de 2022 acto al cuál sí compareció el nombrado pero sin su defensa técnica, ante esa situación se suspendió la audiencia porque él dijo que sus abogados venían desde Santa Cruz y que llegaban a Guayaramerin vía aérea ese mismo día, ante su pedido se fijó nuevamente audiencia al día siguiente y previendo que esa situación de sus abogados sea falsa se le puso un abogado de oficio a pedido de las otras partes el Ministerio Público y abogado de la víctima; 2) El 14 del mismo mes y año lo que dijo era una total mentira una burla hacia está autoridad y todos los demás sujetos procesales, nunca llegaron sus tales abogados ni compareció el accionante pese a que estaba notificado en día anterior a la audiencia, lo que motivó la declaratoria de Rebeldía porque hasta ahí no existía un justificativo, no vino ni sus abogados simplemente vino el abogado de oficio y dijo que no sabía porque no había venido su defendido; 3) Transcurrido dos días recién ingresó su memorial de justificativo adjuntando un certificado médico como señala la demanda, a lo cual se fijó audiencia cautelar y se le dijo que le había considerar en audiencia su justificativo, tampoco viene a esa audiencia no olvidemos qué la Rebeldía es por su incomparecencia, es la Rebeldía es porque no vino, se le dijo que venga nuevamente a considerar su justificativo y a la audiencia de medidas cautelares cuál es el acto que queremos desarrollar tampoco vino; 4) La comparecencia es presentarse ante la autoridad en persona y en físico de forma voluntaria, la otra es que lo presenten ante su autoridad cuando se libra el mandamiento, son dos situaciones para que él se presente o que lo traigan pero en físico, lo que hizo es enviar un memorial con un certificado médico siendo que para esta autoridad eso no es comparecer porque lo que se quiere hacer la audiencia de medidas cautelares para lo cual se necesita su presencia y él no se pronuncia sobre eso en su memorial al primer punto; 5) Con respecto al acto jurisdiccional de medidas cautelares simple y llanamente dice levántame el mandamiento y todas las órdenes y qué hacemos con la audiencia de medidas cautelares? ahí se calla, es para esto que queremos que comparezca para la audiencia de medidas cautelares para nada más el comparece y se deja sin efecto todas las medidas cautelares; 6) El accionante no purgó su rebeldía el cual tiene su costo tiene su valorado que hay que pagar, empero simplemente envió un certificado médico nada más, entonces cómo quiere que deje sin efecto una Rebeldía cuando no la ha purgado, simple y llanamente como dice la abogada de la víctima desde la clandestinidad envía memoriales y eso no es comparecer porque queremos realizar la audiencia de medidas cautelares y eso es con su presencia; 7) Debemos tomar en cuenta que la orden dada por una autoridad tiene que ver que se materialice y se cumpla lo ordenado que comparezca situaciones no se han dado, es en ese sentido que está autoridad cree que no se le ha vulnerado ningún derecho, y garantía, siendo que no está procesado indebidamente porque él no dice cuándo vamos a dar la audiencia de medidas cautelares, no se ha materializado la orden que he dado de que comparezca, en otras palabras eso significa una declaratoria de Rebeldía y su correspondiente mandamiento, que venga o que lo traiga y esa situación no se ha dado y debo velar porque se materialice esa orden; 8) También se debe tomar en cuenta que estamos ante un hecho de contenido sexual a una menor cuando se trata de eso ya tenemos los principios establecidos en la ley 548, debemos dejar de lado los formalismos también nos dice que debemos hacer la debida diligencia, rápido, inmediato cuando se trata de proteger los derechos de una menor igual que de una mujer y eso es lo que está haciendo el suscrito juzgador aplicar la debida diligencia, la celeridad, el de formalismo nos manda la Constitución y la ley cuando se trata de llevar un caso de menores, el art. 60 de la CPE establece, al igual que el art. 193 de la Ley 548, ahí están los principios que debemos basarnos cuando estamos juzgando un hecho de violación de un menor; y, 9) En ese entendido, al no haber purgado Rebeldía el accionante y no haber comparecido ante la autoridad al haber guardado silencio ante la autorización al que íbamos a realizar, cómo es la audiencia de medidas cautelares voy a pedir que se deniegue la tutela, toda vez de que no hay ninguna vulneración del derecho ni garantía ya que cuando el comparezca se va levantar lo que se ha ordenado.

I.2.2. Intervención del Ministerio Publico

El representante del Ministerio Publico manifestó: i) Es importante tener en cuenta los alcances que tiene el mandamiento de aprehensión librado por una autoridad judicial y obviamente a efecto de establecer si está ha sido ilegal, en todo caso no debe estar contenida en la ley solo así se puede hablar de una persecución ilegal cuando dentro del proceso la misma ley y los arts. 87 y 89 del CPP prevé esta facultad donde el juez ante una incomparecencia del imputado a un acto jurisdiccional y eso es lo que ocurrió, existe un incomparecencia dolosa y maliciosa por parte del sindicado; ii) Como lo ha manifestado el Juez de control jurisdiccional, días antes el imputado estaba físicamente en la audiencia cautelar y al día siguiente curiosamente no se presentó, por otro lado también la norma prevé de manera clara que ante una incomparecencia debe existir dos posibilidades, una comparecencia voluntaria y libre que pueda ser el imputado y otra que se le haga la policía una vez se materialice el mandamiento de aprehensión en este caso no ocurrido ninguna de las dos situaciones, es decir no existiendo una comparecencia física como exige el art. 91 del CPP y mucho menos ha existido un informe policial a través del cual se hace comparecer al imputado; iii) Se pudo advertir que no se puede hablar de una persecución ilegal o de un atentado contra un derecho a la libertad porque el mandamiento de aprehensión se encuentra regulado por la ley, el otro tema es ya básicamente argucias jurídicas a través del cual pretende el imputado evadir el proceso y la acción de la justicia como tal no es el primer caso de que el imputado ya en una audiencia no se presente o en todo caso aparezca en cámaras y no da datos de cuál es su presencia física del lugar pese a que existe un mandamiento de aprehensión en su contra, entonces ese memorial presentado como la manifestado no constituye una comparecencia física ni mucho justifica la purga de Rebeldía ninguna de las tres situaciones ocurre; iv) Por ello el juez más al contrario ha señalado una audiencia a efectos de resolver la situación jurídica del imputado obviamente también considerar el justificativo presentado, empero el imputado tampoco se presentó a esa otra audiencia, lo que denota una vez más esa reticencia del mismo ante la acción de la justicia, siendo que además se interpuso una recusación contra el juez, lo cual se constituye en actos dilatorios y obviamente están pretendiendo utilizar esta acción constitucional, cuándo existen los mecanismos legales ordinarios necesarios como para restituir aquel hecho aparentemente vulnerado y no así una acción de libertad porque no existe fundamento alguno para que él diga que al momento existe una persecución ilegal el mandamiento de aprehensión es producto de un proceso penal a raíz de una incomparecencia; v) Pero además está el principio de subsidiariedad existen recursos ordinarios por los cuales puede el imputado hacer respetar aquellos derechos que cree vulnerados pero en este caso no existe, una persecución ilegal puesto que ese mandamiento de aprehensión ha sido librado dentro del marco legal y dentro de las facultades que tiene el juez de control jurisdiccional entonces no da viabilidad a una argucia jurídica más camuflada de una persecución ilegal obviamente constituiría en el materializar esta pretensión que tiene el imputado de evadir la acción de la justicia; y, vi) No encontramos fundamentos suficientes que hagan viable la pretensión, pues de lo contrario sería prácticamente caer en las argucias jurídicas y someter el órgano judicial y el Ministerio Público a las pretensiones que tiene el imputado dentro de este proceso penal dónde la víctima es una menor de edad, existe la etapa procesal correspondiente donde el imputado puede hacer uso de su derecho a la defensa, por lo que vamos a pedir se rechace la acción de libertad y obviamente se mantenga firme todos los mandamientos.

I.2.3. Participación del tercero interviniente

Rosmery Moron Sanjinés abogada de la tercera interviniente manifestó que: a) Es menester manifestar que el accionante está legalmente perseguido por una acción penal por el delito de violación de niño, niña, Adolescente, cuya victimiza una menor de once años y es así que se ha extendido un mandamiento de aprehensión y fue sido declarado Rebelde y contumaz a la ley justamente porque no se presentó a la convocatoria, en ese entendido y como ya lo explicó tanto el Juez como el Fiscal Javier Colque Gutiérrez de qué el mandamiento y la declaratoria de Rebeldía ha sido emitida por una autoridad competente; b) Bajo estos aspectos siendo de qué se debe cumplir lo estricto emanado por el art. 60 de la CPE, que estos casos de violación cuya víctima es una niña de apenas once años se le debe dar prioridad y esta acción de libertad no es otra cosa que dilatar el proceso a objeto de que el imputado no se someta a procedimiento porque ya lo manifestó el Fiscal así como el Juez de qué existen los mecanismos para que se haga presente; sin embargo, se está acudiendo a una chicana más queriendo hacerse pasar como víctima siendo que el accionante podría dejar sin efecto ese mandamiento con presentarse a la audiencia purgar costas y rebeldías como dice el art. 91 del CPP; c) Al no haberse presentado a la audiencia porque él quiere que se le tome esa aplicación de medidas cautelares vía virtual o sea quiere el imputado que se le haga un procedimiento o un proceso penal a su favor y con todas las comodidades que no están en una ley especial, eso no es factible la aplicación de medidas cautelares son de carácter personal y por lo tanto se ha hecho la burla, no solamente de la víctima de los jueces de los fiscales al presentarse un día antes sin su abogado y al día siguiente ya presenta como un certificado médico trucho; y, d) Más bien se debe investigar a ese médico porque extiende un certificado médico sin siquiera valorar al paciente, por todo ello es que viendo como la forma en que se manosea, de cómo hace entrar en error a diferentes autoridades como los Vocales de Trinidad, a los policías, a la defensoría a los fiscales a los jueces para que este delito quede en la impunidad de eso nosotros tenemos pleno conocimiento que en su momento los vamos a adjuntar por todo ello el imputado Clayton Urresti está legalmente perseguido y tiene porque está prófugo de la ley y ha sido declarado Rebelde y contumaz por una autoridad competente por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni, mediante Resolución 01/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 117 a 120 vta.; concedió en parte la tutela ordenado que la Autoridad demandada pronunciarse en el día sobre el contenido del memorial de 11 de marzo de 2021, y deniega la tutela con relación a dejar sin efecto el Auto de declaratoria de rebeldía debiendo el Juez demandado determinar conforme corresponde en su pronunciamiento de la solicitud del citado memorial, bajo los siguientes fundamentos: 1) Efectuada la correspondiente ponderación de las pruebas y armonizadas las mismas con las normas, se llega a un convencimiento jurídico, en el caso preciso el accionante solicitó que este Tribunal disponga que el Juez accionado se pronuncie de forma fundamentada sobre el memorial de 11 de marzo del 2022 y el certificado médico adjunto, a efecto de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, ahora bien de las pruebas acompañadas en el caso que nos ocupa se puede evidenciar el citado memorial bajo la sumatoria: 1) Purga Rebeldía y Comparezco Espontáneamente fundamenta justificativo de la no asistencia a la Audiencia de Medidas Cautelares, al igual que se acompaña la providencia de 14 de marzo de 2022, emitida por la autoridad hoy demandada, refiriendo “En atención al memorial que antecede, en audiencia se considerara con la intervención de los sujetos procesales”(sic); 2) Sin embargo, este Tribunal de garantías pudo evidenciar que la solicitud de Cleiton Urresti Pinto, no fue respondida de forma correcta por la autoridad de control jurisdiccional, siendo que en el caso que nos ocupa se estaba purgando la rebeldía por parte del procesado; por lo que, este Tribunal no puede pronunciarse sobre la problemática del certificado médico presentado ante el Juez para que sea aplicable en el caso que nos ocupa lo que establece la mencionada SCP 1298/2015-S2 de 13 de noviembre; 3) Siendo que es evidente que el ahora accionante a través de su representante sin mandado en su condición de procesado dentro del mencionado proceso penal consintió el acto de la autoridad jurisdiccional en el caso preciso el haber sido declarado en rebeldía, prueba de ello está el propio memorial de 11 de marzo de 2021 bajo la sumatoria: 1) Purga Rebeldía y Comparezco Espontáneamente Ante su Autoridad; 4) Es evidente que al consentir el acto de la declaratoria de rebeldía, procedió a purgar su rebeldía mediante el reiterado memorial, sin embargo no es menos cierto que la autoridad jurisdiccional debió pronunciarse sobre la purga de rebeldía conforme lo establece el art. 91 del CPP que señala cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real, el imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza; y, 5) En el caso que nos ocupa la autoridad demandada no dio contestación correctamente conforme establece la norma procesal penal sobre la solicitud de la purga del rebelde, a su solicitud del memorial de 11 de marzo de 2021, presentado el 14 de marzo de 2022.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta copia de 9 de julio de 2021, por el cual la Fiscal de Materia asignado al caso –notificado por edicto– formuló ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni imputación formal contra Cleyton Urresti Pinto, por la supuesta comisión del delito de violación de Infante, Niño, Niña y Adolescente, pidiendo al efecto su detención preventiva (fs. 72 a 77). II.2. Cursa copia de acta de audiencia pública de incidente de “R/05/11/21”

(fs. 47 a 53); al efecto el Juez de Control Jurisdiccional por Auto interlocutorio de la misma fecha declaró rebelde al imputado deponiendo entre otros aspectos que se libre el mandamiento de aprehensión (fs. 53 a 55). II.3. Se tiene copia de Acta de Audiencia de consideración de incidente de actividad procesal defectuosa de 10 de enero de 2022 (fs. 78 a 88); asimismo, cursa copia de Auto Motivado de la misma fecha, por el cual el Juez de control jurisdiccional declaró fundado en parte el incidente presentado por el imputado declarando nulo el peritaje especificado, así como la imputación formal, cuya solicitud de complementación y enmienda formulado por la parte imputada fue rechazado, a continuación dicha resolución fue objeto de apelación tanto por parte imputado y la supuesta víctima (fs. 89 a 93).

II.4. Mediante memorial de 8 de febrero de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso, formuló ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni nueva imputación formal contra Cleyton Urresti Pinto, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, pidiendo al efecto su detención preventiva por cuarenta días hábiles (fs. 97 a 102). II.5. Por memorial presentado el 11 de marzo de 2022, el accionante purgó rebeldía y compareció espontáneamente ante la autoridad judicial de la causa; al efecto justificó su inasistencia a la audiencia de consideración de medidas cautelares –de 8 de marzo de 2022– adjuntando un Certificado Médico de 9 del citado mes y año; en el que además pidió dejar sin efecto cualquier tipo de mandamiento de apremio (fs. 57 a 58). II.6. El Juez de control jurisdiccional por providencia de 14 de marzo de 2022 señaló que: “En atención al memorial que antecede se considerará con la intervención de las partes procesales” (sic); al efecto fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para horas 11:00 del 15 del referido mes y año, acto a llevarse de forma presencial en el despacho del juzgado (fs. 6). II.7. A través de escrito presentado el 15 de marzo de 2022, el accionante interpuso recurso de reposición contra la providencia de 14 de del mismo mes y año por atentar contra sus derechos, pidiendo que con carácter preferencial se resuelva su memorial de 11 de marzo de 2022 en cuanto a su petición de purga de rebeldía y justificativo de inasistencia a la audiencia (fs. 33 a 38). II.8. Se tiene Acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 15 de marzo de 2022 en la cual luego de que el Secretario del Juzgado informara la incomparecencia del imputado señaló que el mismo presentó un memorial de recurso de reposición contra la providencia de 14 de marzo de 2022.

“El Juez luego de correr en traslado a las partes ese recurso de reposición, preguntó al abogado de oficio acerca de la incomparecencia del imputado a la audiencia.

El Abog. de Oficio manifestó que “…teníamos que estar presentes en este momento, desconozco el motivo del cual no está presente…” (sic)

El Fiscal de Materia manifestó que: “queda una vez más demostrado de que no hay justificativo alguno por la incomparecencia del impetrado a la presente audiencia de medias cautelares (…) en síntesis vamos a solicitar a su autoridad se rechace el recurso de reposición (…) existe un mandamiento de aprehensión no ha sido revocado porque no ha habido una comparecencia física y real…”(sic).

Abog. de la Victima manifestó que: “…el recurso de reposición planteado por Cleiton Urresti Pinto, no es más que una triquiñuela más por parte del imputado a objeto de no someterse (…) el certificado médico de fecha 9 de marzo en fs. 251 no amerita una gravedad para justificar la incomparecencia (…) se mantenga el mandamiento de aprehensión, y la declaratoria de rebeldía…” (sic)

El Juez dispuso: “…no haberse cumplido con los presupuestos del art. 91 del C.P.P. se le va a rechazar el recurso de reposición interpuesta en contra la providencia del 14 de marzo del 2022 toda vez que se le dijo que esa situación iba hacer considerada en esta audiencia y tiene pleno conocimiento de aquello, por ello ha interpuesto el recurso de reposición porque tiene conocimiento de dicha providencia y de que se le dijo que en esta audiencia se lo iba a considerar el levantamiento de las medias cautelares, por tanto se mantiene informe el auto interlocutorio de rebeldía del 09 de marzo del 2022 y toda la disposición establecidas en el mismo, con ello damos por resuelto el recurso de reposición toda vez que no tiene recurso ulterior el mismo no establece otro recurso vamos a dar por suspendida la audiencia de medida cautelar. (…) En vía de complementación señaló: “…cabe recalcar que el suscrito juzgador ha señalado que la rebeldía esta incorme con todas sus determinaciones, mandamiento arraigo y rendición al REJAP no han sido modificadas, designación de defensor de oficio también persiste, en cuanto por lo del imputado ya en la resolución contiene los motivos por los cuales el recurso se ha resuelto en la oralidad y no en lo escrito porque se ha hecho una ponderación de derechos y el suscrito en aplicación al art. 60 de la C.P.P ha resuelto lo resolver del recurso de reposición en la oralidad ya que en nada va a inferir que se lo haga por escrito en las siguientes horas sabiendo que son 24 horas es por eso que se ve que no se le ha vulnerado ningún derecho al imputado con ello ha sido aclarada la resolución y toda vez que no hay más actos…” (sic) (fs. 39 a 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como lesionado sus derechos a la libertad, debido proceso, tutela jurídica y presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación a niña, niño adolescente, no pudo asistir a la audiencia de consideración de medidas cautelares donde se lo declaró rebelde; por lo que, la Jueza demandada, no obstante que por memorial de apersonamiento de 11 de marzo de 2022 adjuntó un certificado médico que indica que tiene dolores de abdomen; mediante providencia de 14 del citado mes y año, de una forma anormal señaló que –esa justificación– se considerará en audiencia con la intervención de las partes, cuando lo que correspondía era dejar sin efecto la rebeldía y luego señalar cuanto acto fuera necesario, por lo que esta ilegalmente perseguido, siendo que no se valoró ese certificado médico dejando en zozobra su situación jurídica e incumpliendo el rol previsto en el art. 54 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; ii) Sobre la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia.

En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido).

Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación.

1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque intersección es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorias para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)” 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estados el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (negrillas son agregadas).

de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación” 7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“..El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo).

En ese marco, añadió que en el caso el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

Sujetándose a la normativa internacional descrita, la SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, La obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012- (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido).

Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora- art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”.

En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art.234.7 del CPP peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una re victimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”.

De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2, se tiene que, esta contiene reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, cuyo objetivo es reforzar y garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, la sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; al mismo tiempo de constituirse en una herramienta orientadora para todos los actores de la administración de justicia, que tengan que resolver casos en las que se vean involucradas mujeres, niñas y/o adolescentes, en los cuales necesariamente deberán observar el enfoque interseccional para analizar especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, de las mujeres víctimas de discriminación y violencia en general; permitiéndole comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado y en instrumentos internacionales.

III.2. Sobre la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión

Al respecto, el art. 23.III de la CPE establece que “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la Ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”; al efecto, los arts. 87 al 91 el CPP regula la rebeldía, el impedimento del imputado o emplazado, la declaratoria de rebeldía y la comparecencia en los siguientes términos:

“Artículo 87º.- (Rebeldía). El imputado será declarado rebelde cuando: 1. No comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo previsto en este Código; 2. Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido; 3. No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4. Se ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir.

Artículo 88º.- (Impedimento del imputado emplazado). El imputado o cualquiera a su nombre podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca.

Artículo 89º.- (Declaratoria de rebeldía). El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido. Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá: 1. El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión; 2. Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; 3. La ejecución de la fianza que haya sido prestada; 4. La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción; y, 5. La designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado.

Artículo 90º.- (Efectos de la Rebeldía). La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, excepto en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los imputados, estando o no presentes. La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción.

Artículo 91º.- (Comparecencia). Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza”. En relación a la declaratoria de rebeldía el Tribunal Constitucional en la SC 1774/2004-R de 11 de noviembre, estableció que: “…el mandamiento de aprehensión expedido, como consecuencia de la declaratoria de rebeldía, tiene como única finalidad el conducir al imputado o procesado rebelde ante el juez o tribunal del proceso para ponerlo a su disposición a objeto de que prosiga la sustanciación del proceso…”. A su vez la SC 1404/2005-R de 8 de noviembre, sobre las consecuencias de la comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal, señaló: “…cabe expresar que el mandamiento de aprehensión [emitido en mérito a lo dispuesto en los] arts. 87 y 89 del CPP, [fue] únicamente para conducirlo al acto de la audiencia del juicio; y si el representado acude voluntariamente, no hay necesidad que se ejecute el mandamiento expedido en su contra”. Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0772/2012 de 13 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.2.2, en base al art. 91 del CPP precisó las dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal siendo estas: a) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y, b) La comparecencia del rebelde al proceso penal en ejecución del mandamiento de aprehensión. Asimismo, la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, luego de establecer la naturaleza jurídica de la declaratoria de rebeldía, El mandamiento de aprehensión emitido como efecto de la declaratoria de rebeldía y Revocatoria de la declaratoria de rebeldía, en su Fundamento Jurídico III.6 estableció:

“En ese sentido, el art. 91 del CPP, es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; añadiendo que si el imputado justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.

En este marco, se tiene claramente identificado que la pretensión del imputado ahora accionante, es anular por la vía constitucional, el auto que lo declara rebelde y por su efecto, el mandamiento de aprehensión dispuesto; en este sentido, si acogemos el petitorio de tutela mencionado, éste Tribunal Constitucional Plurinacional, estaría ingresando al análisis de una situación jurídica y valoración que le corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, específicamente a la autoridad ahora demandada quien bajo la facultad y aplicación del art. 91 del CPP, descrito, puede dejar sin efecto en el día o en un plazo razonable, las medidas que ahora considera lesivas a sus derechos, el hoy accionante.

Bajo este razonamiento, si bien el accionante denuncia que la audiencia señalada para el 13 de junio de 2012 a horas 15:30, se instaló media hora antes de lo previsto, no es menos evidente que el imputado, inmediatamente podía acudir ante la autoridad demandada quien emitió el auto de rebeldía y justificar su incomparecencia o impedimento en los mismos términos que lo hace ahora vía jurisdicción constitucional y de esta forma, otorgar la oportunidad de que el Juez competente se pronuncie a la luz del art. 91 del CPP, o sea, aplicando el camino procedimental trazado por la voluntad del legislador con la finalidad de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado; en merito a ello, compartimos la posición del Juez demandado quien en su informe de ley, independientemente de indicar que a la fecha no se han expedido el mandamiento de aprehensión al estar sujeto a la publicación de edictos, refiere en su defensa que, si el imputado pretendía anular la resolución de rebeldía, la vía de solución es acudir a su autoridad para así efectivizar los efectos que conlleva el artículo ya citado del Código de Procedimiento Penal.

Otra situación seria, si en el caso de que el imputado active el procedimiento que le otorga la ley de apersonarse ante el Juez o Tribunal con la finalidad de justificar su incomparecencia y la autoridad jurisdiccional se pronuncie saliéndose de la norma o contrariamente a los derechos y garantías de imputado, recién se podrá acudir ante esta jurisdicción buscando la tutela efectiva para restablecer los derechos presuntamente lesionados al no existir medio procesal o norma para el efecto; pues si activamos directamente la acción tutelar, no solo desconocemos un procedimiento específico establecido por la ley, sino, invadiendo la jurisdicción ordinaria podríamos dejar -por consecuencia- sin validez una resolución de declaratoria de rebeldía que conforme establece el art. 90 del CPP, tiene como uno de sus efectos, el interrumpir la prescripción; por eso mismo, el imputado tiene una puerta abierta jurídicamente, para intentar revocar o anular la resolución que ahora se denuncia mediante la presente acción de defensa y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas provisionales adoptadas, claro está, previa valoración y resolución fundamentada resultado de la sana critica del Juez”.

Por su parte la SCP 0456/2018-S2 de 27 de agosto, realizando un resumen de lo más relevante de la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1203/2012 de 6 de septiembrey 2029/2013 de 13 de noviembre estableció:

“Ahora bien, respecto a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0772/2012 de 13 de agosto, precisó las dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal de acuerdo al art. 91 del CPP, siendo estas: a) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y b) La comparecencia del rebelde al proceso penal en ejecución del mandamiento de aprehensión; sobre la primera forma, dejó claro que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado, la declaratoria de rebeldía no tendría ninguna razón de persistir; por lo que, debe dejársela sin efecto, así como el mandamiento de aprehensión dispuesto, al haberse cumplido el objetivo del mismo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente; caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal.

Respecto a la segunda forma de comparecencia, es decir, cuando se ejecutó el mandamiento de aprehensión poniendo al imputado a disposición del juez o tribunal, la Sentencia estableció que el proceso debe continuar con su trámite; por lo que, igualmente corresponde dejar sin efecto las órdenes emitidas, por cuanto pese de no haber sido voluntaria la presencia del imputado, el mandamiento de aprehensión no puede seguir subsistiendo ya que al haberse ejecutado este cumplió su objetivo; en tal sentido la causa debe continuar con su tramitación, con la salvedad que el juez o tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica”.

De la norma constitucional, procesal penal y la jurisprudencia inherente al caso, se establece que entre las formas de comparecencia del rebelde esta la voluntaria que es hasta antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión entendiendo que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado el mandamiento de aprehensión no tendría razón alguna de persistir por lo que debe dejársela sin efecto, así como la declaratoria de rebeldía dispuesta puesto que se cumplió el objetivo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente pues caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal; asimismo cuando se ejecutó el mandamiento de aprehensión poniendo al imputado a disposición de la autoridad judicial, el proceso debe continuar con su trámite; por lo que, igualmente corresponde dejar sin efecto las órdenes emitidas, por cuanto pese de no haber sido voluntaria la presencia del imputado, el mandamiento de aprehensión no puede seguir subsistiendo ya que al haberse ejecutado este cumplió su objetivo; con la salvedad que el juez o tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que el imputado sea conducido ante su despacho, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica. Además, cuando el imputado se apersonó a efectos de justificar su incomparecencia y la autoridad judicial se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando derechos y garantías, es posible acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, buscando se restablezcan sus derechos.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció como lesionado sus derechos a la libertad, debido proceso, tutela jurídica y presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación a niña, niño adolescente, no pudo asistir a la audiencia de consideración de medidas cautelares donde se lo declaró rebelde, por lo que la Jueza demandada, no obstante que por memorial de apersonamiento de 11 de marzo de 2022 adjuntó un certificado médico que indica que tiene dolores de abdomen; mediante providencia de 14 del citado mes y año, de una forma anormal señaló que –esa justificación– se considerará en audiencia con la intervención de las partes, cuando lo que correspondía era dejar sin efecto la rebeldía y luego señalar cuanto acto fuera necesario, por lo que esta ilegalmente perseguido, siendo que no se valoró ese certificado médico dejando en zozobra su situación jurídica e incumpliendo el rol previsto en el art. 54 del CPP. De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que el 9 de julio de 2021, la Fiscal de Materia –notificado por edicto– formuló ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni imputación formal contra Cleyton Urresti Pinto, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niño, niña y adolescente; en ese contexto, el Juez de la causa en audiencia de “R/05/11/21” por Auto interlocutorio declaró rebelde al imputado; asimismo, en audiencia de 10 de enero de 2022 mediante Auto Motivado, declaró fundado en parte el incidente presentado declarando nulo el peritaje especificado, así como la imputación formal; por lo que la autoridad fiscal el 8 de febrero de 2022, formuló ante el Juez nueva imputación formal contra el prenombrado; posteriormente el accionante el 11 de marzo de 2022, justificó su inasistencia a la audiencia de 8 de marzo de 2022 purgó rebeldía y compareció espontáneamente ante la autoridad judicial; al efecto adjuntó un certificado médico (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5).

El Juez de control jurisdiccional por providencia de 14 de marzo de 2022, señaló que: “En atención al memorial que antecede se considerará con la intervención de las partes procesales” (sic); al efecto fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para horas 11:00 del 15 de marzo de 2022, acto a llevarse de forma presencial en el despacho del juzgado; asimismo a través de escrito presentado el 15 de marzo de 2022, el accionante interpuso recurso de reposición contra la referida providencia, pidiendo que con carácter preferencial se resuelva su memorial de 11 de marzo de 2022; al efecto se tiene Acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 15 de marzo de 2022 en la cual luego de que el Secretario del juzgado informara la incomparecencia del imputado, rechazó el citado recurso de reposición y mantuvo incólume el Auto de declaratoria de rebeldía (Conclusiones II.6, II.7 y II.8) Ahora bien, sobre la declaratoria de rebeldía del imputado, previamente corresponde señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que estableció que entre las formas de comparecencia del rebelde esta la voluntaria que es hasta antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión entendiendo que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado el mandamiento de aprehensión no tendría razón alguna de persistir, por lo que debe dejársela sin efecto, así como la declaratoria de rebeldía dispuesta puesto que se cumplió el objetivo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente pues caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal, aspecto que concuerda con lo regulado por el art. 91 del CPP. Además, dicho fundamento jurídico agrega que cuando el imputado se apersonó a efectos de justificar su incomparecencia y la autoridad judicial se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando derechos y garantías del imputado, es posible acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, buscando se restablezcan sus derechos. En ese marco, de la revisión de antecedentes se tiene que el proceso data de la gestión 2020, donde el “05/11/21” fue declarado rebelde; empero al haberse declarado fundado el incidente de actividad procesal defectuosa que anuló incluso la imputación formal, la Autoridad judicial una vez presentado una nueva imputación, fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para el 8 de marzo de 2022, en la cual ante la inasistencia del imputado –según afirma el accionante– le declaró rebelde y dispuso entre otros aspectos emitir mandamiento de aprehensión; empero, la parte accionante el 11 de igual mes y año adjuntando un certificado médico de 9 del citado mes y año que indicaría que el nombrado adolece de un dolor de abdomen hubiera justificado su inasistencia al referido acto procesal; sin embargo, el Juez de la causa no dejó sin efecto la rebeldía ni el mandamiento que de ella surgió, por cuanto mediante providencia de 14 de marzo de 2022 dispuso que “En atención al memorial que antecede se considerará con la intervención de las partes procesales” (sic); asimismo, fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para el 15 de marzo de 2022, en la cual por providencia, rechazó el recuso de reposición planteado por el imputado y mantuvo incólume el Auto de declaratoria de rebeldía. Lo señalado y descrito en el párrafo anterior, a la luz de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional se establece que si bien la autoridad de control jurisdiccional, ante el memorial de apersonamiento del imputado de 11 de marzo de 2022 –en el que adjuntó un certificado médico– emitió la providencia de 14 del citado mes y año señalando: “En atención al memorial que antecede se considerará con la intervención de las partes procesales” (sic), ciertamente inobservó o no aplicó correctamente el art. 91 del CPP –desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional– que dispone que ante la comparecencia del rebelde debe dejarse sin efecto la rebeldía y órdenes dispuestas, por lo que la Autoridad judicial ahora demandada, al no ceñir su decisión en base a dicho precepto legal a prima facie hizo que se haya vulnerado el debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante, siendo que ante el referido apersonamiento del imputado en aplicación de la norma precitada y el art. 54 de la Norma Adjetiva Penal debió dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión que emergió de la declaratoria de rebeldía. No obstante de lo señalado y precisado en forma precedente, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia una mujer menor de edad, se encuentra obligado de efectuar un análisis integral del problema jurídico aplicando el enfoque interseccional, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.

En ese contexto, se tiene que la Autoridad demandada luego de que por Providencia de 14 de marzo de 2022 haya inobservado el art. 91 del CPP –tal como se tiene precisado en forma precedente–, en ese mismo actuado procesal, fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para horas 11:00 del 15 de marzo de 2022, en la cual el ahora accionante conforme al Acta de audiencia, tampoco se hizo presente, sino que en un afán dilatorio, tal como alegó el abogado de la supuesta víctima, previo a la instalación de la audiencia interpuso recurso de reposición contra la referida providencia pidiendo se resuelva su “purga” de rebeldía. Al respecto, se tiene que la autoridad judicial, si bien en su decisión expresada en audiencia mediante Providencia del 15 de marzo de 2022, en el que Rechazó el mencionado recurso de reposición fundamentando entre otros aspectos haber evidenciado una actitud dilatoria del imputado, que además no habría cumplido con los presupuestos del art. 91 del CPP, realizando “una ponderación de derechos” al señalar la aplicación del “art. 60 del C.P.P.” –siendo lo correcto el art. 60 de la CPE referido al interés de la niña, niño y adolescente– mantuvo incólume el Auto de declaratoria de rebeldía. Sobre lo precisado en el párrafo anterior se denota que el Juez de la causa, si bien no argumentó esa decisión de rechazar el recurso de reposición y mantener incólume la declaratoria de rebeldía, aplicando expresamente el enfoque interseccional glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; empero, al haber realizado “una ponderación de derechos” citando el art. 60 de la CPE, veló y garantizó el interés superior de la niña niño y adolescente, siendo que además advirtió una actitud dilatoria del imputado –que conforme al Auto Interlocutorio de 5 de noviembre de 2021 ya había sido declarado rebelde– determinando al efecto mantener incólume el Auto de declaratoria de rebeldía. En ese contexto, se tiene por un lado que el Juez de la causa tal como se tiene precisado supra no obró correctamente conforme a la normativa prevista en el art. 91 del CPP relativo a la declaratoria de rebeldía; empero, por otro lado se advierte que en observancia del art. 60 de la CPE, al rechazar el recurso de reposición aplicó el interés superior de la niña, víctima de una supuesta agresión sexual, lo cual conlleva aplicar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional referido al enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, ello siempre buscando que la protección inmediata de la menor dentro de un proceso penal sea rápido y célere, por lo que, no obstante de advertir cierta irregularidad en el proceder del Juez respecto a la declaratoria de rebeldía, este Tribunal en mérito de no provocar una revictimización con la supuesta víctima menor de edad aplicando el enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, se decanta por denegar la tutela solicitada. Asimismo, cabe precisar que la autoridad judicial al mantener incólume el Auto de declaratoria de rebeldía, y haber advertido el incumplimiento de los presupuestos del art. 91 del CPP, cumplió con el deber de la debida diligencia en el presente caso, que tiene como víctima a una mujer menor de edad, dando a su vez cumplimiento a los Estándares Internacionales y Nacionales de respecto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, poniendo en alto el interés superior del niño conforme lo establece el art. 60 de la CPE, al observar la vulnerabilidad de las víctimas, obligaciones que se encuentran descritos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Finalmente en el presente caso, es necesario aclarar que no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad del ahora accionante, puesto que no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad jurisdiccional del ramo la que realice la valoración de todos los actuados y poder emitir una decisión ya sea absolutoria o condenatoria; en ese antecedente se analizó las denuncias realizadas por el impetrante de tutela en relación a los agravios denunciados en contra de la Autoridad demandada, y en una valoración integral de todo el historial de hechos, se aplicó el enfoque interseccional para la solución del caso concreto. En consecuencia la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 117 a 120 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

11 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

12 Reiterada entre otras por la SCP 0877/2013 de 20 de junio, SCP 1280/2015-S2 de 13 de noviembre, SCP 0267/2018-S2 de 25 de junio, y la 0660/2020-S1 de 29 de octubre.

13 En su FJ III.3 estableció que: “Es importante puntualizar que, en primer término, la declaratoria de rebeldía deriva en la emisión del mandamiento de aprehensión contra el rebelde o la ratificación del mismo si estuviese expedido. Sin embargo, esta medida tiene una finalidad exclusiva, la de conducir al rebelde ante la autoridad de quien emanó la orden. Una vez ejecutado el mandamiento y conducido el imputado a la presencia de la autoridad judicial, o si el rebelde decide comparecer de manera voluntaria ante quien dispuso dicha medida, las consecuencias o los efectos establecidos en el art. 89 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, cesan automáticamente, ello significa que el proceso debe retrotraerse al momento en que se dispuso la rebeldía y seguir el curso normal”.

14 En su FJ.III.2 establece que: “…la autoridad judicial dentro de un proceso penal, a tiempo de dictar una resolución y resolver así la situación jurídica del imputado o procesado, deberá ajustar su fallo a la verdad material; es decir, la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos, priorizando el derecho sustantivo sobre el formal, en busca de justicia. Así, en atención al derecho a la libertad personal y a efectos de no interrumpir la tramitación de la causa corresponde cuando el declarado rebelde en juicio y presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso aunque en el mismo no se señale expresamente su apersonamiento será reconducida al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), si así se desprende de su contenido”

Más sobre Acción de libertad — preventiva / restringida

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0740_2023-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): 56e6ebab037d0638ce3392cefaa032539e798b515a1af6b6862a192407c31119

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