Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 9 de abril de 2024
Deniega la tutela
La parte impetrante de tutela, denunció la vulneración de los derechos de su hijo menor de edad, de recreación, esparcimiento y a “transitar libremente” (sic); toda vez que, al haber extraviado la cédula de identidad de NN, a momento de adquirir los boletos aéreos, los progenitores se acercaron ante plataforma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a fin de gestionar el permiso de viaje correspondiente, quien iría acompañado de su padre; sin embargo, funcionarios públicos ahora demandados, se rehusaron a atender dicha solicitud, alegando que necesitaban la Cédula de Identidad original del menor, pese a habérseles expuesto lo sucedido, sin tomar en cuenta las fotocopias que se adjuntan, menos el contenido del DS 4861; por el cual, se podría realizar la verificación de los mismos a través de un “QR”. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 34 a 42, emitida por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0102/2024-S4 Sucre, 9 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 62225-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 34 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nadeshda Lilian Terceros Núñez en representación sin mandato de su hijo menor de edad NN contra Wara Judith Bedregal Pinto, Responsable; y, Javier Carmelo Poma Zaiza, Gestor de Servicios, ambos de la Plataforma Integral de Atención Ciudadana Camacho (PIAC CAMACHO) dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Por memoriales presentados el 15 de febrero de 2024, cursante de fs. 7 a 8 vta.; y, de subsanación el 16 del mismo mes y año (fs. 13); la parte accionante, manifestó lo siguiente:
El 15 de febrero de 2024, se apersonó junto a su esposo, a dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, concretamente a la PIAC CAMACHO, con la finalidad de obtener la autorización de viaje para su hijo menor de edad, quien tenía pasaje en una línea aérea, para el día siguiente con destino a Cochabamba y viajaría en compañía de su padre; es decir, para el 16 de ese mes y año. Una vez en el lugar, esperaron su turno de atención y luego se entrevistaron con Javier Carmelo Poma Zaiza –ahora codemandado–, quien se negó a dar curso a su trámite de autorización, alegando que debían presentar la Cédula de Identidad original del menor y no una simple copia; no obstante que, le habían manifestado que dicho documento fue extraviado al momento de comprar el boleto y debían reponerlo en el transcurso de las siguientes horas, exhibiéndole copia del certificado de nacimiento y de la Cédula de Identidad del menor; a fin de que, si él considerara necesario podría escanear el Código “MRZ (similar al QR)” para que pueda verificar la información que se le brindaba mientras se gestionaba el trámite de una nueva Cédula; ya que, su hijo se encontraba en el Colegio. Ante tal negativa, pidieron entrevistarse con la persona encargada –la hoy demandada–, a quien se le explicó la situación pidiendo que considere la misma; además de aclararle de que sin duda alguna ellos realizarían ese trámite de la nueva Cédula de Identidad del menor; toda vez que, dicho documento sería exigido por la empresa aérea Boliviana de Aviación (BOA); ya que, recién podría gestionar al día siguiente por la tarde; debido a que, el menor se encontraría en clases por la mañana, es así que ya solo les daría el tiempo para realizar ese trámite; sin embargo, ésta evitó escuchar con atención las razones expuesta por el padre del menor, indicando de que no habría forma de evitar la presencia física de la cédula de identidad de su hijo, de lo contrario ellos como funcionarios podrían recibir una llamada de atención; por lo que, interpuso la presente acción tutelar, bajo la modalidad acción de libertad preventiva; la cual, procura evitar se lesione el derecho de libre tránsito, con el fin recreacional e innovativa; ya que, pretende que en el futuro no se vuelva a repetir dicho incidente por parte de los funcionarios de plataforma de la señalada institución municipal, pidiendo se tome en cuenta el art. 121 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014–, respecto al derecho de recreación y esparcimiento del menor.
La impetrante de tutela, denunció la lesión de los derechos de su hijo menor de edad, de recreación, esparcimiento y a “transitar libremente” (sic); citando al efecto, el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, que: a) En el plazo de “…treinta minutos, después de resolver la presente acción de libertad, extiendan la correspondiente autorización de viaje…” (sic) para su hijo; y, b) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, “…tenga en Plataforma de la plaza Camacho, dos ventanillas exclusivas para la atención de autorizaciones de viaje a menores de edad, cuyo personal tenga estudios de derechos de la niñez; y sea capacitado en atención al público con calidad y calidez…” (sic), además de pedir de que se priorice el interés superior del niño.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 33 vta., presentes la parte accionante, así como los funcionarios públicos demandados, se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela, a través de su defensa se ratificó íntegramente en el memorial de esta acción de libertad y ampliando la misma manifestó que: 1) El accionante indicó que su hijo NN de diez años de edad, estuvo resfriado; por lo que, precautelando su salud, no pudo disfrutar del carnaval como él hubiera pretendido, es por ello que, decidieron llevar al menor NN al “Corso de Corso de Cochabamba”; para lo cual, se adquirió los boletos el día de “ayer” (15 de abril de 2023); cerca del mediodía en ese trajín se extravió la cédula de identidad de NN; consiguientemente, se apersonan al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a fin de tramitar su permiso de viaje, la cual fue negada; 2) Ante la negativa de los funcionarios ahora demandados, quienes les exhibieron una Ordenanza municipal, sin que les pudiera señalar mínimamente dónde indica de que necesariamente se tiene que presentar la cédula de identidad en físico; pues, conforme el Decreto Supremo (DS) 4342 emitido el 2020, se dispuso la digitalización de todas las cédulas de identidad; es así que, en su art. 5, establece que, por medio del código escaneado por un “QR” permite que se pueda verificar los datos de los ciudadanos, por ello que resulta paradójico el actuar de estos funcionarios; ya que, el referido Decreto Supremo es firmado por el propio Alcalde en otra Cartera de Estado; 3) Asimismo, citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0469/2019-S2 y 0821/2019-S3, haciendo referencia al interés superior del niño, en particular en los caso donde se encuentra comprometido la libertad, la cual incluye el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, mismo que está vinculado con el derecho a la recreación, previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente; en consecuencia, los funcionarios demandados no han justificado la determinación de negarse a realizar el trámite de autorización, sin haber señalado ninguna normativa, limitándose únicamente de manera cerrada indicando “…que pena que hayan perdido su cédula de identidad, sin cédula de identidad no les podemos iniciar el trámite” (sic); 4) Con relación a su petitorio, en caso de la denegatoria de tutela, implicaría la vulneración del derecho a la libre circulación de NN de diez años de edad, que no ha disfrutado de los carnavales; por lo que, se pretende llevarlo al “Corso de Corso de Cochabamba”, por dos días; es así que, no solamente se le estaría afectando los derechos de NN, sino también a la economía de sus padres; ya que, han pagado por los pasajes de ida y vuelta a dicha ciudad, solicitando que en ese caso los funcionarios demandados devuelvan el pago de los pasajes; y, 5) Finalmente, se planteó esta acción vía innovativa; ya que, consideran que no son los únicos afectados en este tipo de situación; por lo que, pide se disponga que en la PIAC CAMACHO, se aperturen dos ventanillas exclusivamente para el trámite de autorización de viajes de menores de edad y que las mismas, sean atendidas por funcionarios capacitados en derecho de la niñez y adolescencia; pues, posiblemente el accionar de estos funcionarios se debió a que ellos no cuentan con la capacitación necesaria en tecnología para poder realizar la verificación de datos a través del escaneado.
Wara Judith Bedregal Pinto, Responsable; y, Javier Carmelo Poma Zaiza, Gestor de Servicio, ambos de la PIAC CAMACHO del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de informe escrito presentado el 16 de febrero de 2024, cursante de fs. 28 a 29, manifestaron que: i) La presente acción tutelar, no procede; toda vez que, no concurren ninguno de los presupuestos establecidos conforme a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo; ii) En cumplimiento a la Orden de Servicio DDM 002/2021 de 7 de enero, en el marco de lo previsto por la Ley Niña, Niño y Adolescente y su Reglamento, aprobado por el DS 2377 de 27 de mayo de 2015, en lo que respecta a viajes nacionales, interdepartamentales al interior del territorio boliviano de menores, establece en su art. 58 (viales Nacionales).- “Los viajes nacionales, interdepartamentales al interior del territorio boliviano de niña, niños y adolescentes deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 1. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre, tutora o tutor, guardadora o guardador; éstos deberán portar y presentar a las autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad. En este caso de tutora o tutor, guardadora o guardador, la resolución judicial correspondiente; 2. Cuando niñas, niños o adolescentes viajen acompañados por solo la madre o el padre, se deberá presentar los documentos de identificación y la autorización del otro, datos que serán verificados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 3. Cuando no se cuente con la autorización de la madre o el padre, además de los documentos de identidad, se deberá presentar la documentación respectiva que evidencie la imposibilidad de autorización del otro, información que será verificada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; (…); art. 59 (verificación de documentos). La verificación de documentos requeridos para viajes nacionales e interdepartamentales de niñas, niños y adolescentes, se realizará en las terminales terrestres, aéreas, policiales y puestos de control por las Defensorías de la Niñez y adolescencia, o en su defecto la Policía Boliviana o la autoridad que ejerza la rectoría para la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente en su respectiva jurisdicción. La documentación a verificar será la siguiente: 1. Documento de identidad de la madre, padre tutor(a), guardador(a) o terceros responsables; 2. Cédula de identidad de la niña, niño o adolescente; 3. Certificado de Nacimiento de la niña, niño o adolescente; 4. Adicionalmente, en caso del numeral 2 del Artículo 59 del presente Decreto Supremo, la autorización escrita del padre o madre que no viaja; (…)”; iii) Consideran que, al no concurrir vulneración ni agravio a ningún derecho constitucional, existiendo un procedimiento y requisitos formales para la obtención de permisos de viajes de niñas, niños y adolescente, conforme la citada Ley 548 y su Reglamento DS 2377 en su art. 58 y 59, que debe ser de cumplimiento obligatorio, solicitan se deniegue la tutela impetrada; iv) En audiencia, a través de la defensa, refirieron que, la programación familiar de un viaje, evidentemente cuenta con días de antelación, que involucra la compra de pasajes, es este caso a Cochabamba; sin embargo, los permisos de las niñas, niños y adolescentes que viajen dentro del territorio nacional, tienen una validez de noventa días; es decir, desde el momento en que se decide tomar esta actividad con el fin recreacional, se pudo realizar también el trámite con anticipación, dicha solicitud puede desarrollarse de forma digital a través del portal “Igo247 del municipio de La Paz”, se introducen los datos en un Formulario digital y se valida el comprobante de pago en la plataforma, evitando los tiempos; en el caso presente, la parte ahora accionante incluso habría adquirido la ficha preferencial y en el entendido de que la previsión legal señala la exigencia de la documentación original como es la cédula de identidad del menor, evidentemente no podía admitirse trámite al respecto; por ello, no existe vulneración alguna a los derechos denunciados; v) Por otro lado, la libre circulación tampoco trasunta sobre actos arbitrarios que restrinjan derechos de tercera o cuarta generación, en esta acción tutelar no refiere a que exista un peligro inminente sobre la vida o sobre la libre circulación alegada que hubiera sido o que se estuviera transgredido algún elemento de la propia salud de la parte accionante; vi) Cabe resaltar que, los mismos requisitos solicitados podrían haber realizado ante El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en su terminal de buses, que se encuentra más cercano al Aeropuerto Internacional de El Alto; por el cual, deberá tomar el viaje programado; por lo que, no resulta evidente que debía tramitarlo de manera exclusiva en ese lugar; ya que, se cuenta para ello también en la terminal de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, ubicada en la Av. Perú ya que consta de cuatro ventanillas, del mismo modo en la terminal de Minasa, con plataformas exclusivas para la emisión de estas autorizaciones, en la calle Camacho, otra en Miraflores y la Zona Sur, evidentemente son plataformas multidisciplinarias donde se tramitan catastros, temas impositivos y entre ellas estas autorizaciones de viaje del menor; por lo que, no se comprende la vulneración ni agravio alegado por éstos, existiendo un proceso especializado de tramitación para la obtención de los permisos de viajes de las niñas, niños y adolescentes; y, vii) Por todo lo expuesto, piden se considere la documentación señalada y los argumentos de la parte impetrante de tutela y se deniegue esta acción de defensa, exhortándoles a que como medio de flexibilización del documento de identidad que tramita el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), pueda también gestionar el certificado de nacimiento en el Servicio de Registro Cívico (SERECI) o de cualquier Oficialía de Registro Civil y acuda a cualquier plataforma habilitadas ya sea en nuestra Señora de La Paz o de El Alto para obtener la autorización correspondiente.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 02/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 34 a 42, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, en un plazo no mayor a treinta minutos, se proceda a otorgar la autorización correspondiente a la accionante, a objeto de que pueda abordar su viaje aéreo el menor NN de “nueve” años de edad; con base en los siguientes fundamentos: a) En este caso, el ahora impetrante de tutela habría extraviado su cédula de identidad, a momento de comprar su pasaje aéreo de La Paz a Cochabamba; por lo que, no contaba en el momento de gestionar el permiso de viaje del menor; sin embargo, habría presentado fotocopia simple de su certificado de nacimiento y de la Cédula de Identidad del menor, pero además habría solicitado que se realice el escaneo del Código MRZ; lo cual, fue obviado por los ahora solicitantes de tutela, aspecto que amenaza a su derecho de locomoción; b) Al respecto, el Estado plurinacional de Bolivia ha establecido un nuevo sistema relacionado a la cédula de identidad aprobado a través del DS 4861 de 11 de enero de 2023, cuyo objetivo y finalidad es verificar la identificación de los datos personales a base de la emisión de la cédula de identidad por medio de una aplicación desde el celular, en este caso, se trata de verificar si un menor está siendo trasladado de manera legal o ilegal hacia otro lugar, tomando en cuenta de que existen organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas o de menores; por ello, se ha implementado estos aspectos para facilitar la verificación de la identidad de las personas en oficinas públicas y privadas; vertiendo de un Decreto Supremo, es de aplicación obligatoria para todos los funcionarios; por lo que, en este caso la parte accionante no cumplió con la normativa jurídica vigente de presentar en físico la cédula de identidad ante funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; sin embargo, ha hecho mención a que sea solicitado la verificación de estos datos mediante el escaneo desde sistema que es parecido a un "QR" que en la actualidad está plenamente vigente; y, c) Finalmente, indica que si bien los padres del menor extraviaron la cédula de identidad por la mañana, éstos por la tarde debieron conseguir la cédula de identidad, siendo también la obligación de los padres proteger los derechos del menor; asimismo, llama la atención de los funcionarios públicos ahora demandados, que deben cumplir y socializar las nuevas normativas para que puedan resolver este tipo de problemas ya que es de conocimiento de que muchos menores son trasladados sin autorización de los padres por organizaciones criminales; por ello, se entiende que los funcionarios municipales han negado la extensión de la autorización solicitada, de lo contrario hubiesen incumplido la normativa legal. En vía de complementación y enmienda, la autoridad de garantías resolviendo esta solicitud de la parte demandada, refirió que: 1) La impetrante de tutela previamente debe presentar la cédula de identidad en formato físico o digital ante los funcionarios demandados, para que éstos otorguen la respectiva autorización de viaje del menor, conforme al DS 2377 de 27 de mayo de 2015, en los arts. 58 y 59 exige que, cuando una niña, niño y adolescente viaje a un lugar dentro del territorio nacional debe presentar necesariamente la cédula de identidad en forma física, esa es una norma que no se puede extraer; 2) Respecto a la exigencia de los funcionarios municipales de que realicen la cédula digital tampoco es aceptable, ya que puede hacerlo de forma física y dura quince minutos y los padres debieron prever aquello; toda vez que, tienen la obligación de velar derechos y garantías del menor; y, 3) En este entendido, esta autoridad está ordenando de que la parte solicitante de tutela vaya al SEGIP; ya que, se cuenta con el tiempo todavía, para que pueda obtener la cédula de identidad del menor de forma física o digital, una vez de que tenga en mano, presente ante los funcionarios municipales a quienes se les ha exhortado que otorguen el permiso de viaje en quince minutos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 45 a 52).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta fotocopia simple de cédula de identidad correspondiente a NN válida desde 1 de diciembre de 2023 hasta el 1 de diciembre de 2028, con fecha de nacimiento de 29 de noviembre de 2013; es decir, diez años de edad (fs. 2). II.2. Asimismo, Certificado de Nacimiento del menor, emitido por el SERECI, de 23 de enero de 2014 en copia simple (fs. 3). II.3. Cursa Tarjeta de embarque OB621, emitido por la empresa aérea BOA correspondientes a NN y Juan Reynaldo Ugarte Conde –padre del menor– (fs. 4). II.4. Se tiene fotocopia simple de cedula de identidad de Nadeshda Lilian Terceros Núñez –madre del menor ahora accionante–, quien autoriza el viaje de NN acompañado de su padre, adjuntando fotocopia de cédula de identidad del padre (fs. 5 y 6). II.5. Consta Orden de Servicio D.D.M. 002/2021 de 7 de enero, emitida por Rodrigo Arce Ortiz, Defensor de la Defensoría Municipal a.i., para el Coordinador de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de las Terminales, con referencia: “SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL FORMULARIO DE VIAJE NACIONAL DE NNAs”, resaltando en su art. 58.1 del DS 2377, “Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre, tutora o tutor, guardadora o guardador; éstos deberán portar y presentar a las autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad…”; y, 2.“Cuando niñas, niños o adolecente viajen acompañados por solo la madre o el padre, se deberán presentar los documentos de identificación y la autorización del otro, datos que serán verificados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; asimismo, dentro de la verificación de estos documento comprende, lo establecido en el art. 59.2 del citado Decreto: “Cédula de identidad de la niña, niño y adolescente;” adjuntando la parte pertinente del respectivo Decreto (fs. 14 a 27).
La parte impetrante de tutela, denunció la vulneración de los derechos de su hijo menor de edad, de recreación, esparcimiento y a “transitar libremente” (sic); toda vez que, al haber extraviado la cédula de identidad de NN, a momento de adquirir los boletos aéreos, los progenitores se acercaron ante plataforma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a fin de gestionar el permiso de viaje correspondiente, quien iría acompañado de su padre; sin embargo, funcionarios públicos ahora demandados, se rehusaron a atender dicha solicitud, alegando que necesitaban la Cédula de Identidad original del menor, pese a habérseles expuesto lo sucedido, sin tomar en cuenta las fotocopias que se adjuntan, menos el contenido del DS 4861; por el cual, se podría realizar la verificación de los mismos a través de un “QR”. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Al respecto la SCP 0074/2020-S4 de 10 de julio, refirió que: “los arts. 125 a 127 de la CPE, consagran a la acción de libertad como una garantía jurisdiccional, que tiene por finalidad, dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario, con el objeto de: a) Tutelar la vida de una persona; b) Evitar las persecuciones ilegales; c) Remediar los procesos indebidos; y, d) Restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente, de forma inmediata y oportuna. Sobre la naturaleza de la acción de libertad la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señala: ‘(…) se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida′. En la misma línea la SCP 003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad′.
De conformidad con el art 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo): ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro′. Por determinación de la SCP 0212/2012 de 24 de mayo: ‘Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley′. La SC 0687/2000-R de 14 de julio, citada por la SCP 0390/2012 de 22 de junio sostuvo respecto al derecho a la vida que: ‘(…) es el bien jurídico más importante de cuanto consagra el orden constitucional (…). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya la titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: Su respeto y su protección′. El derecho a la vida en consecuencia puede ser tutelado por la acción de libertad, con la condicionante que este se encuentre en un peligro o daño irreparable, al respecto la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, sostuvo que: ‘Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparables′. A modo de cierre la SCP 1278/2013 de 2 de agosto estableció que: ‘Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro».
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (las negrillas nos corresponden).
La parte impetrante de tutela, denunció la vulneración de los derechos de su hijo menor de edad, de recreación, esparcimiento y a “transitar libremente” (sic); toda vez que, al haber extraviado la cédula de identidad de NN, a momento de adquirir los boletos aéreos, los progenitores se acercaron ante plataforma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a fin de gestionar el permiso de viaje correspondiente, quien iría acompañado de su padre; sin embargo, funcionarios públicos ahora demandados, se rehusaron a atender dicha solicitud, alegando que necesitaban la Cédula de Identidad original del menor, pese a habérseles expuesto lo sucedido, sin tomar en cuenta las fotocopias que se adjuntan, menos el contenido del DS 4861; por el cual, se podría realizar la verificación de los mismos a través de un “QR”.
De antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, la parte accionante habría presentado en fotocopia simple la Cédula de Identidad de NN, validada desde 1 de diciembre de 2023 hasta el 1 de diciembre de 2028, evidenciándose la fecha de nacimiento de 29 de noviembre de 2013; es decir, que cuenta con diez años de edad; asimismo, el Certificado de Nacimiento del menor, emitido por el SERECI, de 23 de enero de 2014; por otro lado, se cuenta con la Tarjeta de embarque OB621, emitido por la empresa aérea BOA correspondientes a NN y Juan Reynaldo Ugarte Conde –padre del menor–, quienes habrían solicitado el permiso de viaje del menor; para lo cual, también acompañaron fotocopia simple de cedula de identidad de Nadeshda Lilian Terceros Núñez –madre del menor–, quien autoriza con puño y letra el viaje de NN acompañado de su padre, adjuntando la fotocopia de cédula de identidad del padre (Conclusiones II.1 a II.4). En ese orden, se tiene la Orden de Servicio D.D.M. 002/2021 de 7 de enero, emitida por Rodrigo Arce Ortiz, Defensor de la Defensoría Municipal a.i., para el Coordinador de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de las Terminales, con referencia: “SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL FORMULARIO DE VIAJE NACIONAL DE NNAs”, resaltando en su art. 58.1 del DS 2377, “Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes acompañados por la madre y el padre, tutora o tutor, guardadora o guardador; éstos deberán portar y presentar a las autoridades responsables de control, los documentos originales que acrediten la identidad de la niña, niño o adolescente, la paternidad y maternidad…”; y, 2.“Cuando niñas, niños o adolecente viajen acompañados por solo la madre o el padre, se deberán presentar los documentos de identificación y la autorización del otro, datos que serán verificados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; asimismo, dentro de la verificación de estos documento comprende, lo establecido en el art. 59.2 del citado Decreto: “Cédula de identidad de la niña, niño y adolescente”; adjuntando la parte pertinente del respectivo Decreto ([Conclusión II.5] las negrillas nos corresponden).
Identificada la problemática planteada a través de esta acción tutelar, corresponde determinar si la denuncia presentada puede ser resuelta a través de la acción de libertad, para recién proceder a examinar si en efecto hubo o no la lesión alegada. En ese entendido, del contenido del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual realiza una delimitación o demarcación precisa de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, instituyendo situaciones o presupuestos en los que las personas afectadas puedan activar dicha acción de defensa; al señalar que, “La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad”; se establece que, las denuncias realizadas por la solicitante de tutela a través de esta acción de defensa, están referidos al hecho de que los funcionarios públicos ahora demandados se habrían negado a emitir el permiso de viaje del menor; toda vez que, no se contaba con la Cédula de Identidad original de éste, pese a que los padres expusieron la situación, que la misma habría sido extraviada, para cuyo efecto adjuntaron las fotocopias simples de la Cedula de Identidad; así como, del Certificado de Nacimiento del menor, mientras ellos realizaban el trámite en el SEGIP; además de negarse a verificar la existencia de esta documentación a través de un Código mediante un “QR” conforme al DS 4861; empero, dichos extremos, si bien se trata de la libre locomoción de un menor para que éste pueda recrearse; sin embargo, no se encuentran dentro del alcance de protección a través de la acción de libertad; puesto que, de ninguna manera afecta el derecho de libertad ni de locomoción del accionante emergentes de “detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos” como exige la jurisprudencia antes glosada; ya que, la misma está sujeta a un trámite administrativo que con la emisión de su nueva Cédula de Identidad, se le puede otorgar dicho permiso de viaje en cualquiera de las ventanillas o plataforma autorizadas del departamento de La Paz, como señala en su informe los funcionarios públicos hoy demandados, entendiendo de que en el momento de verificación de la presente acción tutelar, todavía se encontraban a tiempo de gestionar dicho trámite y poder abordar el vuelo; pues, como reconoce la misma parte impetrante de tutela, de todos modos tendría que realizar esta diligencia para que con su Cédula de Identidad pueda ingresar al pre embarque; por ello, no incide directamente en la libertad del accionante; de ser así, recién correspondería al Tribunal Constitucional Plurinacional abrir la tutela que brinda este medio de defensa, claro está, siempre y cuando se tenga vinculación con el denunciado derecho; y por lo mismo, cuando no se advierta la citada vinculación, no podrán analizarse los hechos denunciados como ilegales y menos tutelarse los derechos fundamentales y garantías constitucionales alegados como lesionados; ya que, solamente podrá ingresarse al fondo del problema planteado, cuando se verifique dicha relación; de lo contrario, al no verse implicada o afectada la libertad física o de locomoción de NN, correspondería, realizar el reclamo a través de una acción de amparo constitucional contra los requisitos establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente. Por lo que, atañe denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2024 de 16 de febrero, cursante de fs. 34 a 42, emitida por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0102_2024-S4_id63171.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 456fb11e5931811d62a86be64c853c1cbd8a88b46089f4765d6634097cb8ed3b
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