B.IA.LEGAL

SCP 0276/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
51212-2022-103-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — preventiva / restringida

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad -se entiende al debido proceso-; puesto que, la Jueza ahora accionada, sin revisar el contenido de los antecedentes procesales, al tramitar un juicio oral, público y contradictorio de reenvío respecto a otra persona -Juan Carlos Torrez Prado-, de manera errónea, emitió Auto de rebeldía 520/2022 de 14 de octubre, disponiendo que se emita mandamiento de aprehensión contra su persona, sin considerar que anteriormente, por Sentencia 46/2021 de 20 de septiembre, fue absuelto de culpa y pena; y, que esa determinación -respecto a él- se encuentra plenamente ejecutoriada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2025-S1 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51212-2022-103-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 12/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de José Luis Ayaviri Pallares contra Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 30 a 32 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Torrez Prado, por la presunta comisión del delito de falsificación de documento aduanero, el 14 de octubre de 2022, a las 9:30 horas, la Jueza ahora accionada llevó a cabo una audiencia de juicio oral, público y contradictorio del nombrado, la cual fue suspendida y en la que lo declaró rebelde, librándose en consecuencia, mandamiento de aprehensión contra su persona. Dicha determinación fue asumida por la Jueza hoy accionada, sin revisar el contenido de los antecedentes procesales; por lo que, de manera totalmente injustificada ejercitó esa declaratoria de rebeldía porque su persona no tiene la calidad de imputado en el proceso penal. En ese entendido, se debe considerar que la SC 0044/2010-R de 20 de abril, refiere que la acción de libertad preventiva se produce cuando la detención aún no se concretó, pero que es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse de manera positiva, siendo ese supuesto coincidente con el caso en que se emite mandamiento de aprehensión al margen de la ley incumpliendo requisitos y formalidades de ley. Se debe considerar que una persona que no es sujeto procesal no puede ser declarada rebelde, lo cual se encuentra fuera de lo previsto por el art. 87.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En ese entendido, resaltó que, en un proceso anterior, se pronunció la Sentencia 46/2021 de 20 de septiembre, en la cual se lo absolvió de culpa y pena, por la comisión de los delitos de falsificación de documento aduanero, uso de instrumento falsificado -y falsedad ideológica-.

Posteriormente, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 97/”29222” -siendo lo correcto 97/2022- de 20 de junio declararon procedente el recurso de apelación restringida planteado por Juan Carlos Torrez Prado, y alternativamente, con relación al resto de la Sentencia 46/2021 mantuvieron incólume lo determinado. Pese a ello, hizo notar que su calidad de absuelto en el proceso penal se mantiene inalterable; y en consecuencia, que la realización de un nuevo juicio oral, público y contradictorio contra otro sujeto -Juan Carlos Torrez Prado- se debe a que en apelación, se ordenó la realización de un juicio de reenvío solo con relación al antes nombrado; por lo que, reiteró que no correspondía que se lo declare rebelde y sea perseguido indebidamente con un mandamiento de aprehensión cuando ya no es parte del proceso.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad -del contenido del memorial se entiende al debido proceso-; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza ahora accionada, pronuncie resolución declarando la “nulidad” del Auto de rebeldía 520/2022 de 14 de octubre contra su persona; b) Se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra; y, c) Sea con costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 43, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Para la realización de dicho acto procesal, apareció un “auto” -decreto de 14 de octubre de 2022-, que antes no fue emitido; actuación que no es justa ni correcta, sino que daña al sistema, prueba de ello es que este “auto” no está registrado en el Libro de Tomas de Razón; y, 2) Su persona no es sujeto procesal porque existió un proceso en el que se emitió Sentencia 46/2021 absolutoria en su favor, y en recurso de apelación, por Auto de Vista 97/2022 se revocó parcialmente la referida Sentencia; empero, mantuvo incólume la determinación; por lo que, no correspondía que sea declarado rebelde, peor aun cuando la audiencia de juicio oral, público y contradictorio terminó de una manera y el “auto” nunca estuvo insertado.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 37 y vta., manifestó que: i) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Torrez Prado, por la presunta comisión del delito de falsificación de documento aduanero, el 14 de igual mes y año, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, público y contradictorio y por error, se pronunció Auto de rebeldía 520/2022 contra el accionante; empero, advirtiendo ese extremo, se dejó sin efecto esa determinación, por decreto de la misma fecha; ii) En consecuencia, no se causó perjuicio o agravio al accionante, al no haberse materializado ninguno de los puntos dispuestos en la declaratoria de rebeldía; y, iii) En la citada audiencia se encontraban presentes las partes que tenían pleno conocimiento del proceso, permitiendo que se emita el indicado Auto de rebeldía, sin manifestar oposición alguna.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 44 a 47, “otorgó” la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: a) En el plazo máximo de veinticuatro horas, la Jueza hoy accionada deberá dejar sin efecto el Auto de rebeldía 520/2022, en el entendido de que el accionante fue absuelto por Sentencia 46/2021 ratificada por Auto de Vista 97/2022; y, b) En lo que refiere al citado Auto de rebeldía por el que se dispuso la declaratoria de rebeldía, ello corresponderá a instancias pertinentes para que los sujetos procesales puedan hacer valer lo que en derecho corresponda, más aun tomando en cuenta que de acuerdo a la reproducción audiovisual no se tiene inserta ninguna complementación de rectificación de la autoridad judicial hoy accionada; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) “…producto de una interposición de una Apelación restringida…” (sic) contra la Sentencia 46/2021 emitida por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del citado departamento, mereciendo el referido Auto de Vista, por el cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, revocó parcialmente la indicada Sentencia respecto al delito de falsificación de documento aduanero y dispuso el reenvío del caso al Juzgado de origen, conforme al art. 123 del CPP, de acuerdo con las modificaciones establecidas en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; 2) En ese entendido, la Jueza ahora accionada, ordenó la radicatoria del caso y el señalamiento de una nueva audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 14 de octubre de 2022; sin embargo, al no presentarse el accionante se emitió el Auto de rebeldía 520/2022, y se dispuso la publicación de sus datos, la designación de un defensor de oficio y un mandamiento de aprehensión; 3) Por su parte, en la misma fecha, mediante decreto se dejó sin efecto el referido Auto de rebeldía, reconociendo que el accionante fue absuelto de los cargos, conforme a la señalada Sentencia y también dispuso la convalidación de todos los actos procesales anteriores; 4) La principal cuestión planteada es si tras la Sentencia absolutoria, el actual accionante debería ser sometido a un nuevo juicio oral, público y contradictorio tomando en cuenta que según la Sentencia 46/2021, fue absuelto de los cargos de falsificación de documento aduanero, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica; 5) En ese contexto, el accionante pretende que se deje sin efecto el Auto de rebeldía 520/2022, que declaró su rebeldía, dado que no es correcto declarar a un absuelto como sujeto procesal en un nuevo juicio oral, público y contradictorio; 6) Además, se debe tener presente que no se registró ningún recurso de casación por parte de la víctima ni de otros procesados; por lo que, la citada Sentencia y el referido Auto de Vista ya se encuentran ejecutoriados; por lo tanto, no procedía su declaración de rebeldía; 7) El señalado Auto de rebeldía carece de fundamento legal; ya que, el accionante fue beneficiado con la indicada Sentencia absolutoria y el nuevo juicio oral, público y contradictorio no debía reinstalarse contra el accionante; ya que, no existe base para considerarlo sujeto procesal nuevamente; y, 8) Aunque la Jueza ahora accionada reconoció el error y emitió un decreto dejando sin efecto la rebeldía, dicho decreto no fue pronunciado durante la audiencia de juicio oral, público y contradictorio de la indicada fecha y esa discrepancia será resuelta por las instancias correspondientes, y el recurrente podrá hacer valer sus derechos a través de las fotocopias legalizadas pertinentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Sentencia 46/2021 de 20 de septiembre, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, declaró a Juan Carlos Torrez Prado, autor de la comisión del delito de falsificación de documento aduanero, condenándolo con la pena privativa de libertad de seis años de reclusión y lo absolvió de culpa y pena de la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica; y, absolvió de culpa y pena a José Luis Ayaviri Pallares -hoy accionante- de la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento aduanero, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica (fs. 2 a 18). II.2. Cursa Auto de Vista 97/2022 de 20 de junio, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por el cual, declararon procedente el recurso de apelación restringida formulado por Juan Carlos Torrez Prado, y en el fondo, revocaron parcialmente la Sentencia 46/2021, solo con relación al delito de falsificación de documento aduanero, disponiendo el reenvió de la causa al “Órgano Jurisdiccional de turno”, previo sorteo que deberá realizar el Juzgado de origen (fs. 19 a 24 vta.). II.3. Consta decreto de 28 de julio de 2022, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, por el cual radicó el proceso penal en cuestión y fijó audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 14 de octubre de igual año (fs. 25).

II.4. Cursa Acta de registro de audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 14 de octubre de 2022, en el cual, Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -hoy accionada- emitió el Auto de rebeldía 520/2022 contra el accionante, disponiendo que se emita mandamiento de aprehensión contra el nombrado; posteriormente, por decreto de la misma fecha, la indicada autoridad judicial sostuvo que: “De la revisión de antecedentes en relación a lo dispuesto en contra de José Luis Ayaviri Pallares SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO DE REBELDÍA Nº 520/2022 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 y conforme establece el Auto de Vista N° 97/2022 de fecha 20 de junio de 2022 deberá convalidar al efecto todos los actuados jurídico procesales precedentes a esta resolución, debiendo figurar en adelante con la corrección consignada en la presente resolución” (sic [fs. 24 a 25 vta.]); constando las respectivas notificaciones por ciudadanía digital a las partes procesales y al abogado del accionante, Julio César Torrico Salinas el 18 de octubre de 2022 a las 16:27 horas (fs. 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad -se entiende al debido proceso-; puesto que, la Jueza ahora accionada, sin revisar el contenido de los antecedentes procesales, al tramitar un juicio oral, público y contradictorio de reenvío respecto a otra persona -Juan Carlos Torrez Prado-, de manera errónea, emitió Auto de rebeldía 520/2022 de 14 de octubre, disponiendo que se emita mandamiento de aprehensión contra su persona, sin considerar que anteriormente, por Sentencia 46/2021 de 20 de septiembre, fue absuelto de culpa y pena; y, que esa determinación -respecto a él- se encuentra plenamente ejecutoriada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales

La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: «Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: “No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad'.

Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad -se entiende al debido proceso-; puesto que, la Jueza ahora accionada, sin revisar el contenido de los antecedentes procesales, al tramitar un juicio oral, público y contradictorio de reenvío respecto a otra persona -Juan Carlos Torrez Prado-, de manera errónea, emitió Auto de rebeldía 520/2022 de 14 de octubre, disponiendo que se emita mandamiento de aprehensión contra su persona, sin considerar que anteriormente, por Sentencia 46/2021 de 20 de septiembre, fue absuelto de culpa y pena; y, que esa determinación -respecto a él- se encuentra plenamente ejecutoriada. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Sentencia 46/2021, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, declaró a Juan Carlos Torrez Prado, autor de la comisión del delito de falsificación de documento aduanero, condenándolo con la pena privativa de libertad de seis años de reclusión y lo absolvió de culpa y pena de la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica, y falsificación de documento aduanero; y, absolvió de culpa y pena al accionante de la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento aduanero, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica (Conclusión II.1.).

Asimismo, cursa Auto de Vista 97/2022, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por el cual, declararon procedente el recurso de apelación restringida formulado por Juan Carlos Torrez Prado, y en el fondo, revocaron parcialmente la Sentencia 46/2021, solo con relación al delito de falsificación de documento aduanero, disponiendo el reenvió de la causa al “Órgano Jurisdiccional de turno”, previo sorteo que deberá realizar el Juzgado de origen (Conclusión II.2.).

Posteriormente, la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro emitió decreto de 28 de julio de 2022, por el cual, radicó el proceso penal en cuestión y fijó audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 14 de octubre de igual año (Conclusión II.3.).

Finalmente, cursa Acta de registro de audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 14 de octubre de 2022, en la cual, la Jueza hoy accionada emitió el Auto de rebeldía 520/2022 contra el accionante, disponiendo que se emita mandamiento de aprehensión contra su persona; posteriormente, por decreto de la misma fecha, la indicada autoridad judicial sostuvo que: “De la revisión de antecedentes en relación a lo dispuesto en contra de José Luis Ayaviri Pallares SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO DE REBELDÍA Nº 520/2022 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 y conforme establece el Auto de Vista N° 97/2022 de fecha 20 de junio de 2022 deberá convalidar al efecto todos los actuados jurídico procesales precedentes a esta resolución, debiendo figurar en adelante con la corrección consignada en la presente resolución” (sic); constando las respectivas notificaciones por ciudadanía digital a las partes procesales y al abogado del accionante, Julio César Torrico Salinas el 18 de octubre de ese año a las 16:27 horas (Conclusión II.4.).

Ahora bien, precisados los antecedentes fáctico procesales y delimitado el objeto procesal de la presente acción de defensa, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede dejar de lado, que si bien, por un lado, el accionante cuenta con Sentencia 46/2021 absolutoria emitida en su favor, la cual se encuentra plenamente ejecutoriada; por lo que, lo que alega respecto a que no es parte procesal, resulta evidente; empero, no es menos cierto que ante la declaratoria de rebeldía y la orden de emisión de mandamiento de aprehensión, el antes mencionado acudió directamente a esta instancia constitucional, sin previamente haberse dirigido a la Jueza ahora accionada a efectos de que la misma subsane su error, tomando en cuenta que si él consideraba que estaba sometido a un procesamiento indebido emergente de una decisión arbitraria a partir de una errónea revisión de los antecedentes del proceso por parte de la citada Jueza, debió interponer el incidente de actividad procesal defectuosa, que conforme al art. 169 del CPP, es el mecanismo idóneo para corregir esas irregularidades. Y en ese entendido, corresponde aplicar el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que el incidente de actividad procesal por defectos absolutos es el medio idóneo para impugnar ante la autoridad judicial competente, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso penal, que causen agravio a las partes procesales, así como defectos concernientes a la inobservancia o vulneración de derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales.

Aclarando que por la particularidad del caso que se analiza, se reitera que si bien el accionante alega ya no ser parte procesal; sin embargo, al estar sujeto a un trámite irregular, el mismo adquiere esa condición, aunque de manera pasiva, lo cual hace posible que el mismo pueda acudir ante la autoridad judicial respectiva, en este caso Rosario Inés Rodríguez Sánchez Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, para poner a su conocimiento la actuación que le causa agravio.

Y con esa necesaria aclaración por la particularidad del caso concreto, se evidencia que el accionante no hizo uso del incidente de actividad procesal por defectos absolutos para impugnar las omisiones de procedimiento que le causan agravio ante la Jueza hoy accionada, quien es la que conocía la causa -de juicio de reenvío de otro sujeto- en ese momento procesal; con la finalidad de que, advertida las vulneraciones, controle que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad.

Consecuentemente, el accionante de manera previa a acudir a la jurisdicción constitucional, debió hacer uso del indicado mecanismo de impugnación; por lo que, incumplió con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

En razón a ello, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar a resolver el fondo del asunto -que además ya fue atendido con la emisión del decreto de 14 de octubre de 2022, por el que se dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión-; ya que, la jurisdicción constitucional no puede sustituir los mecanismos intraprocesales de defensa ordinarios idóneos establecidos por ley, más aún, si se tratan de vulneraciones del derecho al debido proceso como en el presente caso; puesto que, obrar en sentido contrario, reemplazaría la finalidad que tiene el incidente de actividad procesal por defectos absolutos, mediante la activación de la acción de libertad, convirtiendo al primero en ineficaz.

Finalmente, respecto a la solicitud de costas, de acuerdo al art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), dicha disposición constituye en una facultad de la jurisdicción constitucional y por lo tanto no obligatoria; a partir de lo cual, en el caso concreto no corresponde tal imposición En consecuencia, el Juez de garantías, al “otorgar” la tutela solicitada, aunque con terminología errónea obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0276_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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