B.IA.LEGAL

SCP 0231/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51022-2022-103-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — preventiva / restringida

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, tutela judicial y efectiva, a recurrir y a la libertad; toda vez que el Juez demandado: 1) No dispuso su notificación personal con la sentencia dictada en su contra, conforme ordenan los arts. 161 y 163 del CPP, pese a que no asistió a la audiencia de lectura dando por bien hecha la realizada mediante el buzón de ciudadanía digital de uno de sus abogados, lo que le impidió conocer oportunamente el contenido íntegro de la sentencia y ejercer su derecho a impugnar; y, 2) No obstante la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa contra dicha notificación, no resolvió el fondo de su reclamo bajo el fundamento de los arts. 44 y 428 del referido Código, disponiendo que sea el Juez de Ejecución Penal quien conozca y resuelva dicho incidente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) El alcance del derecho a la defensa; ii) La notificación personal con las sentencias y resoluciones de carácter definitivo en materia penal; iii) La finalidad de la notificación en el proceso y la sanción de nulidad; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 56 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance del derecho a la defensa
  2. III.2. La notificación personal con las sentencias y resoluciones de carácter definitivo en materia penal
  3. III.3. La finalidad de la notificación en el proceso y la sanción de nulidad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0231/2025-S1 Sucre, 1 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51022-2022-103-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 07/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 56 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Irineo Condori Carlos contra Julio Martín Echevarría Céspedes, Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 43 a 49, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y extorsión; el 16 de septiembre de 2022, a horas 16:00, se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, a la cual no asistió, por no ser obligatoria su presencia en virtud de lo dispuesto por el ordenamiento procesal penal. En tal contexto, se encontraba a la espera de la correspondiente notificación personal con la sentencia, conforme a lo establecido en el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, dicha notificación nunca se realizó. Ante esta omisión, el 6 de octubre de 2022, uno de sus abogados se apersonó al referido Juzgado a efectos de consultar sobre el estado de la notificación de la sentencia, informándosele que no se procedería con su notificación personal, por cuanto, según se dijo, la sentencia ya habría sido notificada al abogado Luis Marco Antonio Luján Camacho mediante el Buzón de Notificaciones de Ciudadanía Digital, el 17 de septiembre de 2022. No obstante, se constató que la referida notificación fue realizada con el acta de audiencia del 16 del mismo mes y año, y no con el texto íntegro de la sentencia, tal cual establece el acta de notificación. Resulta relevante destacar que, mientras a las víctimas del proceso penal se les notificó en sus domicilios reales, su persona fue notificado únicamente a través de ciudadanía digital del mencionado abogado, sin cumplirse con la notificación personal que exige la normativa procesal penal. Por tal razón, el 6 de octubre de 2022, presentó un memorial solicitando expresamente que se proceda a notificarle en su domicilio real, conforme a los arts. 161 y 163 del CPP. En atención a dicho pedido, la autoridad judicial emitió una providencia mediante la cual dispuso requerir informe a Secretaría sobre la forma en que se habría practicado la notificación. En cumplimiento de dicha instrucción, Secretaría informó que, ante su inasistencia a la audiencia de lectura de sentencia, se notificó con dicho pronunciamiento mediante Ciudadanía Digital al abogado Luis Marco Antonio Luján Camacho, con base en el art. 361 del CPP, dejando constancia de ello a fs. 1558 del cuaderno procesal. Con base en dicho informe, la autoridad judicial emitió el proveído de 13 de octubre de 2022, en el que dispuso: “de acuerdo al informe que antecede, estése a la notificación realizada con la sentencia; así también, una vez vencido el plazo de impugnación, reingrese a despacho para su ejecutoria”. Esta determinación fue notificada nuevamente al citado abogado defensor el 17 de octubre de 2022, vía ciudadanía digital; sin considerar que en su memorial presentado el 6 de octubre de 2022, solicitó expresamente que las futuras resoluciones fueran notificadas en su domicilio real. No obstante, mediante proveído de 11 del mismo mes y año, la autoridad judicial hoy demandada ordenó que se haga la notificación del abogado impetrante Edgard Earl Petersen Kelley que tampoco se cumplió, motivo por el que no conocía oportunamente las resoluciones posteriores. Una vez que tomó conocimiento personal de lo ocurrido, y dentro del plazo de diez (10) días previsto en el art. 314 del CPP, el 25 de octubre de 2022 presentó incidente de actividad procesal defectuosa con sustento en los arts. 161 y 163 del CPP que exigen la necesidad de la notificación personal de la sentencia al acusado. Si bien el art. 361 de la misma norma adjetiva penal establece que ante la ausencia del acusado en audiencia de lectura íntegra de la sentencia, la misma podrá ser notificada por Ciudadanía Digital, tal mecanismo debe realizarse al buzón electrónico del acusado, y no al de uno de sus abogados. No obstante, en vez de resolver el incidente planteado, la autoridad judicial emitió Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2022, en el que argumentó que, habiéndose dispuesto la ejecutoria de la sentencia mediante Auto Interlocutorio de 21 del mismo mes y año, el proceso se encontraba en etapa de ejecución, por lo que correspondería al Juzgado de Ejecución Penal conocer el incidente, con base en los arts. 428 y 44 del CPP relativos a competencia. Llama la atención que, de acuerdo con el cuaderno jurisdiccional, el 24 de octubre de 2022, es decir, un día antes de que el accionante presentara el incidente, ya se había emitido el Auto de ejecutoria, el mandamiento de condena y se remitieron los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal, sin esperar que venza el plazo legal para interponer recursos o incidentes, lo que evidencia una afectación sustancial a las garantías del debido proceso. Finalmente, cabe reiterar que, pese a haberse ordenado en el proveído de 11 de octubre de 2022 que las providencias se notifiquen al abogado antes mencionado, dicha orden no fue cumplida, dejando al accionante en situación de indefensión y sin posibilidad de ejercer de manera efectiva su derecho a impugnar.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a recurrir, tutela judicial efectiva y a la libertad; citando al efecto, los arts. 22, 23, 115.II, 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela “…DEJANDO EN SUSPENSO LA EJECUCIÓN DEL MANDAMIENTO DE CONDENA emitido por la autoridad accionada, hasta que se resuelva en su totalidad todo el trámite que implica el Incidente de Actividad Procesal defectuosa que conlleva un defecto absoluto no susceptible de convalidación por violación de derechos y Garantías Constitucionales…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de sus abogados, en audiencia ratificó el contenido íntegro del memorial de su demanda tutelar y ampliándolo, señaló que: a) Se trata de una acción de libertad preventiva, para que no se consume la detención mientras se resuelva el incidente del defecto procesal, es ahí donde se debatirá el debido proceso y no en la acción de libertad, porque es ahí donde se debatirá si el Juez aplicó mal el art. 361 del CPP; y, b) La invalidez de la notificación tiene un carácter vinculante al proceso en sí, y no puede ser delegado al Juez de Ejecución Penal, en medida que su competencia no está llamada a ello, tratando de hacer valer una notificación ilegal

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Martín Echevarría Céspedes, Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca; mediante informe oral brindado en audiencia, la autoridad demandada señaló: 1) El accionante no precisa el acto lesivo que se pretende resolver ya que se habla de una presunta anómala notificación pero también se identifica el auto que declara ejecutoriada la Sentencia, el mandamiento de condena, y el Auto con el cual se pronuncia sobre el incidente; 2) Se alega la vulneración del debido proceso y una presunta persecución ilegal o indebida, sin embargo la acción de libertad se rige por el principio de subsidiariedad excepcional y no se puede resolver el fondo puesto que existe un recurso ordinario pendiente; 3) Respecto al Auto de Ejecutoria y mandamiento de condena, es un punto incompleto y se podría analizar la supuesta persecución indebida, pero la acción de libertad de carácter preventivo sólo puede operar ante hostigamientos o cuando se emite una orden de detención captura o aprehensión al margen de la ley; 4) En el caso presente se ha emitido una sentencia condenatoria, se ha notificado y después del plazo establecido por ley sin que las partes hayan interpuesto un recurso, se ha emitido el Auto de Ejecutoria, por lo que no existe ninguna persecución ilegal o indebida porque el mandamiento de condena se ha emitido a partir de una ejecutoría de Sentencia; 5) Respecto al Auto Interlocutorio por el cual se remite el incidente de actividad procesal defectuosa presentado por el accionante, el supuesto acto lesivo no está dentro de los alcances de la acción de libertad pero en caso de que se decida analizar este aspecto se debe tomar en cuenta que carece de competencia para conocer y resolver el incidente presentado después de la ejecutoria de Sentencia máxime si los antecedentes fueron enviados al “Juzgado de Ejecución Penal”; 6) Antes que concluya el plazo de la interposición del recurso de apelación restringida, la parte accionante solicitó la notificación personal con la sentencia, lo que no correspondía; 7) No se tiene claro si el accionante pretende que el Juez de garantías determine si es el competente para resolver el referido incidente; y, 8) El petitorio del accionante es improcedente e inviable; dado que, se ha respetado el debido proceso y la inacción de la defensa del acusado no puede ser suplida mediante una acción de libertad pues han tenido legal conocimiento de la sentencia condenatoria dictada y no han hecho uso de los recursos previstos en el ordenamiento, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada A las preguntas del juez de garantías, el Juez demandado respondió que el proceso ya se encuentra radicado en el “Juzgado de Ejecución Penal” y todos los antecedentes del proceso ya se encuentra en esa instancia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 07/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 56 a 60 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar en suspenso la ejecución del mandamiento de condena y notificar a la autoridad demandada, al Juez de Ejecución Penal, al Fiscal de materia que hubiese conocido la causa y a los terceros interesados, para evitar la ejecución del mandamiento de condena 21/2022 emitido en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del Juzgado; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a la violación del debido proceso, la tutela judicial y el derecho a recurrir vinculado a su derecho a la libertad, emergente de una defectuosa notificación con la sentencia va a analizar estas presuntas vulneraciones debido a que no se ha agotado la vía ordinaria; ii) Respecto al Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2022 por el cual la autoridad demandada dispone de los antecedentes del Juzgado de Ejecución Penal y que por ello, alega no tener competencia para resolver el incidente de actividad procesal defectuosa presentada por el ahora accionante y que por otra parte el Juez de Ejecución Penal no hubiera iniciado su competencia porque no está cumpliendo condena y que por ello estuviera presentando la acción de libertad preventiva a efectos de que el mandamiento de condena permanezca en suspenso, esta vía sería la más idónea para impedir la consumación de la vulneración, entre tanto se resuelva el incidente; iii) Como Juez de garantías no tiene facultad para pronunciarse qué autoridad es competente para resolver el incidente de actividad procesal defectuosa, sin embargo el mantener vigente el mandamiento de condena sin que antes se resuelva el incidente planteado dejaría al acusado en estado de indefensión; iv) Cualquier camino procesal que en la jurisdicción ordinaria el acusado pueda tomar para que se le consideren los argumentos del incidente de actividad procesal defectuosa planteado, no resultarían eficaces para evitar la consumación de la restricción de su derecho a la libertad. Ante la solicitud de aclaración impetrada por la autoridad demandada, el Juez de garantías dispuso: a) Se ordenó la notificación del Juez de Ejecución Penal, no porque tenga legitimación pasiva sino porque el mandamiento de condena fue remitido a dicha instancia, la legitimación pasiva de la autoridad demandada radica en el hecho de que el mismo emitió el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2022; b) No existe de momento un acto vulneratorio que la autoridad demandada hubiese cometido por lo que aclara que la decisión asumida es sin responsabilidad, por ello se trata de una acción de libertad preventiva que busca evitar la consumación de un acto restrictivo a la libertad; c) Precisamente se trata de una probabilidad, ya que ninguna autoridad jurisdiccional ha resuelto el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesta por el accionante; y, d) No se ha pedido en ningún momento que se deje sin efecto el mandamiento de condena solamente se ha solicitado que se deje en suspenso de forma preventiva mientras resuelvan y agotan las instancias emergentes del planteamiento del incidente de actividad procesal defectuosa, que a criterio del accionante devendría de un defecto absoluto no susceptible de convalidación por mandato del art. 169 del CPP.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa reporte de notificación realizada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Irineo Condori Carlos -hoy accionante-, por ciudadanía digital al abogado Luis Marco Antonio Luján Camacho con acta de audiencia de 16 de septiembre de 2022 –lectura de sentencia-, diligencia efectuada el 17 de septiembre de 2022 a horas 21:08 en la fotocopia se observa que correspondía a fs. 1558 del expediente original (fs. 2). II.2. Consta memorial presentado el 6 de octubre de 2022, por el cual Irineo Condori Carlos –accionante- solicita se le notifique con la sentencia y en su Otrosí pide “Providencias en mi Domicilio Real”, en respuesta por decreto de 11 de similar mes y año, el Juez hoy demandado dispone que se informe por secretaría al respecto y en relación a la solicitud de notificación en domicilio real, ordena que se efectué por ciudadanía digital del abogado impetrante -Edgard Earl Pertensen Kelley- (fs. 7 y 8). II.3. Por informe de 12 de octubre de 2022 Nilda Nina Barcaya Secretaria Abogada del referido Juzgado, señala que ante la ausencia del acusado –accionante- a la audiencia de lectura de sentencia, se le notificó “mediante ciudadanía digital a su abogado Marco Lujan Camacho, conforme al art. 361 del CPP y la misma cursa a fs. 1558”, ante lo cual, el Juez ahora demandado por proveído de 13 del mismo mes y año dispuso que el ahora accionante se remita a la notificación efectuada con la sentencia dictada y que una vez vencido el plazo de impugnación, reingrese a despacho para su ejecutoria, actuados notificados nuevamente en la ciudadanía digital de Luis Marco Antonio Luján Camacho (fs. 9 a 10). II.4. Corre Auto Interlocutorio de 21 de octubre de 2022, por el cual el Juez ahora demandado declara formalmente ejecutoriada la sentencia, ordena la emisión del mandamiento de condena y la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal (fs. 17), con dicho actuado se notificó al ahora accionante mediante ciudadanía digital del mencionado abogado Luis Marco Antonio Luján Camacho (fs. 22). II.5. Cursa mandamiento de condena 021/2022 de 24 de octubre, por la comisión del delito de Incumplimiento de deberes y extorsión, en contra del ahora accionante a efectos que cumpla la pena privativa de libertad de siete años de presidio e inhabilitación especial para la función pública por seis (6) años, en mérito a encontrarse ejecutoriada la sentencia condenatoria 40/2022 de 13 de septiembre (fs. 18).

II.6. Consta oficio 756/2022 de 24 de octubre 2022 por el cual el Juez demandado, remite al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, la Sentencia 40/2022 de 13 de septiembre, Auto Interlocutorio de 21 de octubre y mandamiento de condena (fs. 20). II.7. Por memorial presentado el 25 de octubre de 2022, Irineo Condori Carlos interpone incidente de actividad procesal defectuosa que deviene de un defecto absoluto (fs. 30 a 34) y mediante memorial presentado el 26 de similar mes y años solicita audiencia para considerar el incidente (fs. 36); memoriales a los cuales el Juez demandado respondió mediante Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 222, señalando que al haber concluido la tramitación del proceso carece de competencia y que el mismo ya está en conocimiento del Juzgado de Ejecución Penal a quien le corresponde conocer el incidente, ordena la remisión del memorial a esa instancia (fs. 42).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, tutela judicial y efectiva, a recurrir y a la libertad; toda vez que el Juez demandado: 1) No dispuso su notificación personal con la sentencia dictada en su contra, conforme ordenan los arts. 161 y 163 del CPP, pese a que no asistió a la audiencia de lectura dando por bien hecha la realizada mediante el buzón de ciudadanía digital de uno de sus abogados, lo que le impidió conocer oportunamente el contenido íntegro de la sentencia y ejercer su derecho a impugnar; y, 2) No obstante la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa contra dicha notificación, no resolvió el fondo de su reclamo bajo el fundamento de los arts. 44 y 428 del referido Código, disponiendo que sea el Juez de Ejecución Penal quien conozca y resuelva dicho incidente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) El alcance del derecho a la defensa; ii) La notificación personal con las sentencias y resoluciones de carácter definitivo en materia penal; iii) La finalidad de la notificación en el proceso y la sanción de nulidad; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. El alcance del derecho a la defensa

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0093/2018-S2 de 29 de marzo, realizó una sistematización de la jurisprudencia constitucional, estableciendo lo siguiente: El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello, su inviolabilidad es la garantía fundamental con que cuenta el procesado; el cual se encuentra previsto en el art. 119.II de la CPE, que señala: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. El derecho a la defensa tiene dos dimensiones: i) El derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y, ii) El derecho a la defensa material que se concreta en el derecho a ser oído o derecho a declarar en el proceso. El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material, reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal; y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado, entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, siendo confirmado por la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre estableció que el derecho a la defensa comprenden a la vez, los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia; dicho criterio fue reiterado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo y en la SCP 0279/2012 de 4 de junio, entre otras; por su parte, la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre señaló que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones; la primera, referida a contar con un abogado; y la segunda, al acceso y posibilidad de conocer los actuados para poder impugnarlos, cuando corresponda; razonamiento que fue reiterado por las SSCC 1034/2004-R 1 El FJ III.4, refiere: “Previsto por el art. 16.II CPEabrg, que establecía que el derecho a la defensa de la persona en juicio es inviolable, en ese entendido, la jurisprudencia constitucional en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre, sentó la siguiente doctrina jurisprudencial:`...es necesario establecer los alcances del derecho a la defensa reclamado por la recurrente, sobre el cual este Tribunal Constitucional, en la SC 1534/2003-R de 30 de octubre manifestó que es la: «(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos»'.

Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE”.

2 El FJ III.3, manifiesta: “Al respecto, la SC 2148/2010-R de 19 de noviembre, determinó sobre el derecho a la defensa, que: `Si bien es parte integrante de la garantía del debido proceso, no obstante, está normado constitucionalmente dentro de las garantías jurisdiccionales como un derecho exigible, tal cual establece el art. 115.II de la CPE, por otro lado el art. 119.II de la CPE, en definitiva es un derecho que a la vez forma parte de las garantías jurisdiccionales; y que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como: «…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos» (SC 1490/2004-R de 14 de septiembre)´” (las negrillas son nuestras).

3 El FJ III.2, expresa: “El derecho a la defensa es un derecho fundamental consagrado por la norma prevista por el art. 16.II CPE, este derecho tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio. Este derecho se halla íntimamente ligado al derecho al debido proceso consagrado en la norma prevista por el art. 16.IV CPE, en caso de constatarse la restricción a este derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional”.

de 5 de julio y 0239/2010-R de 31 de mayo; y, por la SCP 0326/2012 de 18 de junio, entre otras. En síntesis de la jurisprudencia glosada, se establece que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones; una técnica y otra material; mismo que en procesos no penales, mínimamente comprende a la vez, los derechos al acceso y posibilidad de conocer los actuados, a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia.

III.2. La notificación personal con las sentencias y resoluciones de carácter definitivo en materia penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0659/2021-S1 de 16 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento: El Código de Procedimiento Penal, a partir de los arts. 160 al 166, estableció la exigencia de que determinadas resoluciones deben ser notificadas de forma personal a las partes que intervienen dentro del proceso penal, instaurando una serie de requisitos formas y condiciones que deben ser cumplidas para tal efecto. Así, el art. 160 citado Código delimita el objeto principal de este acto procesal al determinar que “Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales”; bajo esa directriz, el art. 163 del mencionado Código, estableció excepciones a la regla general descrita en el art. 160 de la norma mencionada, citando específicamente el término personal, lo que implica que dicho acto procesal debe ser efectuado a las partes del proceso, permitiendo el ejercicio de derechos fundamentales como la defensa y la impugnación de las resoluciones.

4 El FJ III.2, dispone: “Por otra parte, el orden constitucional, no obstante de ser el derecho a la defensa un instituto integrante de las garantías del debido proceso, lo consagra autónomamente, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE que `El derecho a la defensa en juicio es inviolable´; precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente, (SC 0136/2003-R, de 6 de febrero). Así, el derecho a la defensa es un derecho fundamental consagrado por la norma prevista por el art. 16.II de la CPE, este derecho tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio. Este derecho se halla íntimamente ligado al derecho al debido proceso consagrado en la norma prevista por el art. 16.IV de la CPE, en caso de constatarse la restricción a este derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, (SC 1842/2003-R, de 12 de diciembre)”.

5 En el FJ III.3. señala: “Así el derecho a la defensa está previsto por el art. 115.II de la CPE, y que por su importancia también es una garantía, de que las personas conocerán y se defenderán de toda acusación contra ella. Al respecto, la SC 0859/2007-R de 12 de diciembre, que citó como referente a la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, señaló que este derecho: `tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio´. Este derecho se halla íntimamente ligado al derecho al debido proceso (…), en caso de constatarse la restricción a este derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional”.

En esa línea, el art. 163 del CPP, modificado por disposición de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estableció los casos en los que la notificación debe ser realizada de forma personal, enumerándolos de la siguiente forma:

1. La denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de la acción penal;

2. La primera resolución que se dicte respecto de las partes;

3. Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo;

4. Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales; y,

5. Otras resoluciones que por disposición del presente Código, deban notificarse personalmente.

Cuando la notificación sea realizada en audiencia, se entregará una copia del registro digital dejando constancia de su recepción.

Cuando la notificación no sea realizada en audiencia, se entregará una copia de los documentos o resolución al interesado en su domicilio real o donde sea habido con la advertencia de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad, será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital de la o el abogado. Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará dejando copia de los documentos o resolución en su domicilio real, en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia; la copia de los documentos o resoluciones también será enviada a su buzón de notificaciones de ciudadanía digital si lo tuviera.

Entonces al tenor de dichos articulados, es concluyente manifestar que la notificación de las sentencias y resoluciones de carácter definitivo necesariamente deben ser cumplidas guardando las exigencias y formalidades establecidas; es decir, deben ser efectuadas de forma personal, con la entrega de la copia de la resolución a las partes, ya que lo contrario se configura en una notificación que no resulta valida, por el incumplimiento de las exigencias formales establecidas en la norma señalada, puesto que debe entenderse que el objeto principal de la notificación personal, es permitir que las partes procesales tengan conocimiento de las razones, motivos y fundamentos jurídicos que fueron base de la resolución, permitiendo a la vez el pleno ejercicio del derecho a recurrir o impugnarla. En esa línea, la SCP 0953/2019-S2 de 15 de octubre, estableció:

Este instituto procesal, establecido en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuya efectivización compete a la autoridad jurisdiccional y personal subalterno en el marco de sus atribuciones, tiene por objeto hacer conocer a los sujetos procesales o a terceros con interés legítimo en el proceso, las providencias, autos, sentencias y todas las actuaciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales; cuya finalidad es garantizar los derechos de contradicción, defensa e impugnación, como elementos esenciales del debido proceso consagrados en los arts. 115.II y 180.II de la CPE; es decir, la notificación, permite la publicidad de los actos procesales y el uso de los mecanismos de impugnación a su alcance para la protección de aquellos; sobre el particular De Santo señaló “la notificación tiene por objeto, fundamentalmente, asegurar la vigencia del principio de contradicción y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos De lo expuesto, se establece que la omisión de la notificación, hace que esta diligencia no cumple su finalidad, es susceptible de nulidad, porque anula la materialización del normal desarrollo del proceso; puesto que, impide a ejercer el derecho a la defensa e impugnación, ya que, el desconocimiento real y efectivo de las resoluciones emergentes del proceso, coloca al sujeto procesal en un estado de indefensión; al respecto, la SCP 1074/2014 de 10 de junio señaló: “…la falta de notificación de aquellos actos que involucren derechos y/o garantías constitucionales de las partes procesales, acarrea indiscutiblemente una disminución o el cercenamiento total y arbitrario de las posibilidades del ejercicio de la defensa, lo cual, afecta directamente el desarrollo del proceso dentro de los cánones del debido proceso”.

III.3. La finalidad de la notificación en el proceso y la sanción de nulidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0896/2019-S2 de 1 de octubre, realizó una sistematización de la jurisprudencia constitucional, estableciendo lo siguiente:

La SC 1079/2010-R de 27 de agosto, respecto a las notificaciones establece:

… comprende toda actividad dirigida a: `poner algo en conocimiento de alguien´, por eso resulta que la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros una resolución y/o providencia judicial, para que dándose por enterada de ellas, sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales.

Entre las diversas clases de notificación tenemos a la notificación personal y la notificación cedularía, las cuales para que surtan sus efectos y que dicho conocimiento se produzca en forma válida, real y efectiva, es necesario que cumplan con su finalidad, que es dar a conocer a las partes o interesados de las resoluciones o providencias dictadas en los procesos, para que los litigantes queden en situación de poder ejercitar de manera oportuna y eficazmente sus derechos en la causa, ya que solo mediante la notificación, la actuación respectiva de la parte llega a ser existente para la otra parte o la cual se notifica; y en segundo lugar el acto debe cumplir con los requisitos y formalidades establecidas para cada forma de notificación, materializando así, el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus derechos e intereses, cuya inobservancia provocaría indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo del acto procesal, y por ende implicaría una vulneración al debido proceso, en su componente del derecho a la defensa. No obstante, si pese a la inobservancia de las formalidades legales la notificación surte sus efectos, ésta se tiene por válida (las negritas y el subrayado son nuestros).

En torno a este tema, sobre la nulidad de la notificación, el art. 166 del CPP, dispone:

La notificación será nula: 1) Si ha existido error sobre la identidad de la persona notificada o sobre el lugar de la notificación; 2) Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta; 3) Si en la diligencia no consta la fecha y hora de su realización y, en los casos exigidos, la entrega de la copia y la advertencia correspondiente; 4) Si falta alguna de las firmas requeridas; y, 5) Si existe disconformidad entre el original y la copia o si esta última es ilegible. La notificación será válida cuando a pesar de los defectos enunciados haya cumplido su finalidad (el resaltado es incorporado).

III.4. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, tutela judicial y efectiva, a recurrir y a la libertad; toda vez que el Juez demandado: 1) No dispuso su notificación personal con la sentencia dictada en su contra, conforme ordenan los arts. 161 y 163 del CPP, pese a que no asistió a la audiencia de lectura dando por bien hecha la realizada mediante el buzón de ciudadanía digital de uno de sus abogados, lo que le impidió conocer oportunamente el contenido íntegro de la sentencia y ejercer su derecho a impugnar; y, 2) No obstante la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa contra dicha notificación, no resolvió el fondo de su reclamo bajo el fundamento de los arts. 44 y 428 del referido Código, disponiendo que sea el Juez de Ejecución Penal quien conozca y resuelva dicho incidente. Delimitado como se tiene precedentemente el alcance de la reclamación constitucional que motivó la activación de esta acción tutelar, a los fines de su contextualización es pertinente conocer los actuados procesales relacionados con la misma. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Irineo Condori Carlos -ahora accionante- por los delitos de incumplimiento de deberes y extorsión, el 16 de septiembre de 2022 se procedió a la lectura de sentencia condenatoria en su contra, posteriormente se notificó con acta de audiencia al abogado del accionante, Luis Marco Antonio Luján Camacho, por ciudadanía digital el 17 de septiembre de 2022 a horas 21:08 (Conclusión II.1)

Irineo Condori Carlos -accionante- por memorial presentado el 6 de octubre de 2022, solicitó se le notifique con la sentencia y en su Otrosí pide “Providencias en mi Domicilio Real”, en respuesta el Juez ahora demandado por providencia de 11 de similar mes y año, dispuso que se le informe por secretaría y en relación a la solicitud de notificación en domicilio real que se efectué por ciudadanía del abogado impetrante (Conclusiones II.2).

En cumplimiento a lo dispuesto la Secretaria Abogada del referido Juzgado mediante informe de 12 de octubre de 2022, hizo conocer que ante la ausencia del acusado a la audiencia de lectura de sentencia, la notificación se la efectuó “mediante ciudadanía digital a su abogado Marco Lujan Camacho, conforme al art. 361 del CPP y la misma cursa a fs. 1558” (sic), ante dicho informe el Juez ahora demandado por proveído de 13 de octubre de 2022 dispuso que el ahora accionante esté a la notificación con la sentencia dictada y que una vez vencido el plazo de impugnación, reingrese a despacho para su ejecutoria (Conclusión II.3), con dicho actuado se notificó al ahora accionante mediante ciudadanía digital, al abogado Luis Marco Antonio Luján Camacho, y no así al abogado Edgard Earl Petersen Kelley por ciudadanía digital.

En ese contexto, el Juez hoy demandado, mediante Auto Interlocutorio de 21 de octubre de 2022, declaró formalmente ejecutoriada la sentencia, ordenando la emisión del mandamiento de condena y la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal (Conclusión II.4), actuados que nuevamente se notifican en la ciudadanía digital del abogado antes mencionado -pese a haberse apersonado ya con otro abogado-. El mismo día se emite el mandamiento de condena 021/2022 de 24 de octubre, por la comisión del delito, en contra del ahora accionante a efectos que cumpla la pena privativa de libertad de siete años de presidio e inhabilitación especial para la función pública por seis años, en mérito a encontrarse ejecutoriada la sentencia condenatoria 40/2022 de 13 de septiembre (Conclusiones II. 5).

Asimismo, consta oficio 756/2022 de 24 de octubre 2022 por el cual, la ahora autoridad jurisdiccional demandada, remitió al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, la Sentencia 40/2022 de 13 de septiembre, Auto Interlocutorio de 21 de octubre y Mandamiento de Condena (Conclusión II.6).

Posteriormente, por memorial presentado el 25 de octubre de 2022, Irineo Condori Carlos -ahora accionante- interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos y mediante escrito de 26 de similar mes y año, solicitó audiencia para considerar dicho incidente; memoriales a los cuales el Juez hoy demandado, mediante Auto Interlocutorio de 27 de igual mes y año, responde señalando que al haber concluido la tramitación del proceso carece de competencia y que el mismo ya está en conocimiento del mencionado Juzgado de Ejecución Penal, a quien le corresponde conocer el incidente, por lo que ordena la remisión del incidente planteado (Conclusiones II.7). Efectuadas las precisiones precedentes, corresponde abordar el estudio de las problemáticas planteada por la parte accionante, a fin de verificar si procede o no la tutela que se pretende, en resguardo de los derechos invocados en la presente acción de libertad que se demandan. Sobre la falta de notificación personal con la sentencia condenatoria y su incidencia en el derecho a la impugnación, se advierte que el accionante denunció que el Juez demandado no dispuso su notificación personal con la sentencia dictada en su contra, pese a su inasistencia a la audiencia de lectura, dando por cumplida dicha diligencia mediante el buzón de ciudadanía digital de uno de sus abogados. Esta actuación -según afirma- le impidió conocer el contenido íntegro del fallo y ejercer su derecho a la impugnación dentro del plazo legal. Al respecto, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la notificación con la sentencia se constituye en un presupuesto imprescindible para el ejercicio del derecho a recurrir, así como para garantizar la defensa dentro del debido proceso. En efecto, cuando la notificación no cumple su finalidad esencial -esto es, poner en conocimiento efectivo del acusado el contenido íntegro del fallo- se produce una afectación sustancial al derecho de acceso a los recursos y, por ende, a la legalidad de la eventual declaratoria de ejecutoria de la sentencia y de la emisión del correspondiente mandamiento de condena. En el caso concreto, conforme a la constancia señalada en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, la notificación fue efectuada a horas 21:08 mediante el buzón digital del abogado Luis Marco Antonio Luján Camacho, sin que se precise expresamente que dicha notificación haya sido con la Sentencia, sino con el acta de audiencia, lo cual refuerza la presunción de que el acusado no tuvo acceso efectivo y pleno al contenido del fallo condenatorio. De lo anterior se colige que, al encontrarse pendiente de resolución el incidente de actividad procesal defectuosa planteado contra dicha notificación, la ejecución del mandamiento de condena dictado por el Juez demandado se sostiene sobre una sentencia cuya ejecutoria se encuentra cuestionada, en razón de un posible vicio en la notificación, lo cual genera un riesgo cierto de vulneración al derecho a la libertad personal, reconocido en el art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el art. 117.I de la Constitución Política del Estado, que establece que ninguna persona puede sufrir sanción penal que no haya sido impuesta mediante sentencia ejecutoriada emitida por autoridad competente. Sobre la remisión del incidente al Juez de Ejecución Penal y la alegada negativa a resolverlo El accionante también denuncia que, habiendo planteado un incidente de actividad procesal defectuosa contra la notificación realizada, el Juez demandado, en lugar de pronunciarse sobre su admisibilidad y resolver el fondo del mismo, lo derivó al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital, bajo el argumento de que era esta la autoridad competente. Sobre este punto, se advierte que, durante la audiencia de consideración de la demanda tutelar, las partes reconocieron que el incidente de actividad procesal defectuosa, interpuesto por el ahora accionante con el objeto de cuestionar la legalidad de la notificación de la sentencia condenatoria, fue efectivamente remitido al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, y que a la fecha no ha sido resuelto, encontrándose en trámite dentro de la vía ordinaria. En ese entendido, resulta necesario realizar una precisión desde el plano constitucional, en cuanto a que la cuestión central planteada en el incidente, gira en torno a una presunta nulidad en la notificación de la sentencia condenatoria, lo que comprometería la validez de su ejecutoria y, en consecuencia, la legalidad del mandamiento de condena emitido para su cumplimiento. Si bien el incidente no ha sido aún resuelto, lo cual formalmente implica que el mecanismo ordinario se encuentra activo, no puede pasarse por alto que el acto que motiva la tutela constitucional -esto es, la inminente ejecución de una sentencia cuya notificación ha sido objetada por el propio condenado-representa una amenaza cierta, concreta e inminente al derecho fundamental a la libertad personal. Ahora bien, el fondo del conflicto competencial -esto es, la determinación de cuál autoridad jurisdiccional debe pronunciarse sobre el incidente planteado- corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto por la norma adjetiva penal. Es decir, en caso de que el Juez de Ejecución Penal se declare incompetente, corresponderá que dicha controversia sea tramitada y resuelta conforme al procedimiento establecido por ley, incluso con la posibilidad de revisión mediante recurso de apelación incidental. Por ello, esta jurisdicción constitucional no puede ni debe sustituir dicha competencia ni dirigir la decisión que debe adoptar la autoridad judicial correspondiente, en resguardo del principio de subsidiariedad que rige la justicia constitucional. No obstante, se reitera que el hecho de que se encuentre pendiente de resolución un incidente que plantea una posible nulidad de notificación y que, pese a ello, se haya dispuesto la ejecución de la sentencia -acto cuya validez precisamente depende de la certeza sobre su ejecutoria-coloca al beneficiario de la tutela en una situación de vulnerabilidad frente a una privación de libertad que podría resultar contraria a derecho, si eventualmente se acreditara la invalidez del acto cuestionado. A tal efecto, sin prejuzgar sobre el fondo del incidente de nulidad ni sobre la competencia de la autoridad que debe conocerlo, este Tribunal considera que la amenaza a la libertad personal derivada de la ejecución de una sentencia con ejecutoria discutida y sujeta aún a revisión dentro de la vía ordinaria, justifica el otorgamiento de tutela constitucional en su modalidad preventiva que procura impedir una lesión al derecho a la libertad y puede ser utilizado en aquellos casos en los que pese a que no se concretó la privación a dicho derecho, empero, existe la amenaza que ello ocurra incumpliendo las condiciones de validez establecidas al efecto; es decir, mediante una orden librada al margen de los casos previstos por la Constitución Política del Estado y la ley, sin la presencia de los requisitos materiales y formales establecidos al efecto. Finalmente, es necesario precisar que, aunque la resolución del Juez de garantías hace mención de una concesión parcial de la tutela, en realidad, en términos sustantivos, concedió la tutela en su totalidad, ya que dio curso al único petitorio formulado por el accionante. En consecuencia, el Juez de garantías actuó correctamente al conceder la totalidad de la tutela solicitada, a pesar de haber calificado su decisión como parcial.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 1 de noviembre, cursante de fs. 56 a 60 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0231_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): c0a99bbf431daf485540f69dcbad9fb232e8c828451b84caa679efb25d26e5e9

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