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SCP 0739/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 31 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
31 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48373-2022-97-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 60/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 178 a 187 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0739/2023-S2 Sucre, 31 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 48373-2022-97-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 60/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 178 a 187 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Mercado Pinto contra Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 y 20 de mayo de 2022, cursantes a fs. 1, 140 a 145 y 149, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Elida Vargas Ortiz -representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo del departamento de Beni- en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual de la menor AA, el Juez de Sentencia Penal Tercero de Trinidad del citado departamento, mediante Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2022, ante la concurrencia de los riesgos procesales de fuga previstos en el art. 234 numerales 1, 2, 4 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y sin fundamentar su decisión respecto a la probabilidad de autoría dispuso su detención preventiva. Contra esa decisión formuló recurso de apelación incidental, alegando que los riesgos procesales contenidos en la imputación formal no estaban acreditados, mereciendo el Auto de Vista 78/2022 de 25 de abril, emitido por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada-, quien revocó en parte el referido Auto Interlocutorio, manteniendo los riesgos de fuga previstos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del citado Código; empero, pese a reconocer que la carga probatoria correspondía al Ministerio Público -conforme sostuvo la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio-, de manera subjetiva y con base en meras presunciones e información verbal proporcionada por la Fiscal de Materia asignada al caso, considera acreditado únicamente la concurrencia del art. 234.1 del CPP, en relación al domicilio, sin referirse sobre los elementos de familia y trabajo; asimismo, con relación al numeral 7 del mismo artículo, se mantuvo por vivir en la misma localidad que la víctima; pese a que, de forma previa, el representante fiscal alegó que residía en el municipio de San Borja del señalado departamento, denotando incongruencia; lo que, devino en una determinación subjetiva que desconoció las reglas de la sana crítica previstas en el art. 173 del Código Adjetivo Penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a ser oído como elemento de la defensa y al debido proceso en sus componentes de correcta valoración de la prueba y legalidad; y, del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista 78/2022; y, b) Se emita una nueva resolución correctamente fundamentada y motivada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de junio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 172 a 177 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó y reiteró los argumentos contenidos en la demanda tutelar presentada.

I.2.2. Informe de la demandada

Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en audiencia de garantías manifestó que: 1) Respecto a la falta de notificación con la imputación formal, esta se efectivizó mediante edictos y a través del sistema Hermes, demostrando que no era evidente la supuesta falta de comunicación del procesado; 2) Ante la falta de conocimiento del paradero del peticionante de tutela, no se podía exigir al Ministerio Público cumplir con la carga probatoria a fin de poder acreditar los dos riesgos procesales, máxime si según los antecedentes se encontraba en el municipio de San Borja del señalado departamento; en ese orden y debido a la ausencia de arraigo natural, no se acreditó domicilio, familia ni ocupación; 3) Sobre la concurrencia del riesgo de obstaculización establecido en el art. 234.7 del CPP, se procedió al juzgamiento con perspectiva de género y protección reforzada, tomando en cuenta que el impetrante de tutela radicaba en la misma localidad que la víctima y existían vínculos de familiaridad y consanguinidad; y, 4) En cuanto a lo previsto en el art. 234.4 del citado Código, no se dio por concurrido el mismo, precautelando el ejercicio del derecho al debido proceso en sus componentes de “conocimiento previo” y defensa; toda vez que, no podía sorprenderlo alegando cuestiones que no fueron consignadas en la imputación formal -no indica fecha-.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Nathalie Vega Vega, representante fiscal, en audiencia de garantías señaló que: i) No existió ningún acto lesivo a los derechos del solicitante de tutela; por el contrario, se tomó en cuenta que la víctima era parte de un grupo vulnerable, y además, hermana del prenombrado, quien al tener conocimiento de la denuncia abandonó su domicilio; por tal motivo, fue notificado mediante edictos de ley; ii) Posteriormente, se tuvo conocimiento que el accionante volvió al lugar donde la menor reside, oportunidad en la que se procedió a su aprehensión; y, iii) La autoridad demandada subsanó los errores cometidos por el Juez a quo, respecto a la detención preventiva en primera instancia y aplicó correctamente la perspectiva de género y la protección reforzada que tenía la víctima.

I.2.4. Participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Maira Mendeces Pacheco, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Pablo del departamento de Beni, en audiencia de garantías sostuvo que, acorde a lo previsto en la “…sentencia constitucional 001/2019 de la sala Segunda del 15 de enero de 2019…” (sic) y normas internacionales, a partir de la perspectiva de género como en el caso concreto que se trata de violencia a niñas o adolescentes mujeres, corresponde se apliquen las medidas cautelares personales al peticionante de tutela, considerando la situación de vulnerabilidad o desventaja en las que se encuentra la víctima con relación al prenombrado, y otras situaciones que se dieron en el caso específico, como la relación familiar o de consanguineidad entre las partes. Elida Vargas Ortiz, entonces representante de la citada Defensoría, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 155.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 60/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 178 a 187 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 78/2022, respecto al riesgo de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, debiendo emitirse un nuevo fallo, con base en los siguientes fundamentos: a) En la audiencia de medidas cautelares, pese a que, la autoridad a quo no fundamentó respecto a la probabilidad de autoría del impetrante de tutela, alegando que dicho extremo no era necesario, el prenombrado formuló recurso de apelación incidental, resuelto por la Vocal demandada, quien sostuvo que existía una denuncia verbal, el acta de declaración de la víctima y un informe psicológico de 18 de octubre de 2019, los cuales respaldaron la concurrencia del requisito previsto en el art. 233.1 del citado Código; b) Respecto a la acreditación del riesgo procesal estipulado en el art. 234.1 del referido cuerpo normativo, el Ministerio Público alegó que se desconocía el paradero del solicitante de tutela; por lo que, se procedió a su notificación mediante edicto de ley, y se demostró que no contaba con familia ni ocupación lícita; por otro lado, se evidenció que el Juez de la causa, que dispuso la aplicación de la medida extrema, alegó que correspondía a la defensa demostrar que tenía domicilio conocido; empero, si bien es cierto que el Ministerio Público tenía la carga probatoria; en el caso concreto, se observó que la decisión de la Vocal demandada estaba fundamentada respecto a la concurrencia de los riesgos de fuga, estipulados en el art. 234.1 y 2 del CPP, en razón de la ausencia de un arraigo natural del accionante; c) En relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del referido cuerpo legal, la imputación formal señaló que: “…es evidente que dicho riesgo es latente pues que el imputado con uso de razón consiente de las consecuencias del hecho procedió a realizar el acto sexual Cómo ser los tocamientos impúdicos, que obviamente genera una suerte de temor en la víctima y una afectación psicológica, qué en definitiva a provocado que la misma rompa el silencio, siendo en consecuencia evidente que este constituye un peligro para la víctima…” (sic); en la audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial a quo realizó una fundamentación alejada de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y pese a que el Tribunal de alzada tenía la obligación de pronunciarse sobre dicho riesgo de manera objetiva, emitió una decisión incongruente; debido a que, en primera instancia sostuvo la concurrencia del citado peligro en consideración al domicilio del imputado (localidad de San Pablo) y la facilidad para acceder a la víctima; empero, al momento de dar por acreditado el riesgo previsto en el art. 234.1 del CPP, en lo referente a la falta de domicilio, señaló que el proceso se trasladó a otra ciudad (San Borja); d) Con el mismo sentido no tomó en cuenta lo alegado por la defensa técnica respecto a la residencia del ahora accionante, dato que estaba consignado en información proporcionada por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y que señaló como domicilio la calle Paraba, zona del Pantanal, Barrio El Sujo del municipio de Trinidad; es decir, una ubicación distinta al de la víctima; e) En esa lógica, la demandada introdujo nuevos elementos al momento de dar por concurrido el riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del citado Código, sin considerar que los mismos no fueron consignados en la imputación formal presentada por el Ministerio Público, llevando a cabo una actividad valorativa errónea al momento de demostrar el referido riesgo procesal; y, f) Finalmente, “…este tribunal de garantías puede verificar de forma clara y precisa que la autoridad demandada no realizó una valoración objetiva de los elementos señalado por la parte imputada a través de su defensa cómo es el informe al cual hace referencia…” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por acta de audiencia pública de consideración de medidas cautelares y Auto Interlocutorio, ambos de 13 de abril de 2022, el Juez de Sentencia Penal Tercero de Trinidad del departamento de Beni, dispuso la detención preventiva de Jesús Mercado Pinto -accionante-, debido a la concurrencia de los riesgos de fuga previstos en el art. 234 numerales 1, 2, 4 y 7 del CPP; en cuyo verificativo, el prenombrado en atención a lo establecido en el art. 251 del mismo cuerpo legal, formuló recurso de apelación incidental (fs. 63 a 64 vta.). II.2. Mediante acta de audiencia pública de apelación incidental de medidas cautelares de “20” de abril de 2022 y Auto de Vista 78/2022 de 25 de igual mes; Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada-, revocó en parte el Auto Interlocutorio impugnado; manteniendo vigentes únicamente los riesgos procesales previstos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP (fs. 72 a 81 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a ser oído como elemento de la defensa y al debido proceso en su componente correcta valoración de la prueba y legalidad; y, del principio de seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual de la menor AA, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 78/2022 de 25 de abril, manteniendo subsistente su detención preventiva por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP; sin que los mismos fueran acreditados de forma objetiva; siendo que cada elemento de prueba, debió haber sido correctamente valorado por la prenombrada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

Sobre el tópico, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que:

“…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes procesales se colige que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual de la menor AA, el Juez de Sentencia Penal Tercero de Trinidad del departamento de Beni, dispuso la detención preventiva del accionante mediante el Auto Interlocutorio de 13 de abril de 2022; en ese mismo verificativo, el prenombrado en atención a lo establecido en el art. 251 del mismo cuerpo legal, formuló recurso de apelación incidental (Conclusión II.1); siendo resuelto en la audiencia pública de 20 de igual mes y año, por la Vocal demandada a través del Auto de Vista 78/2022 de 25 de ese mes, revocando en parte el referido Auto Interlocutorio y manteniendo vigentes únicamente los riesgos procesales previstos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del CPP (Conclusión II.2), decisión que el impetrante de tutela reclamó aduciendo que no valoró correctamente cada elemento de prueba que acreditó la concurrencia de dichos riesgos procesales, lesionando sus derechos señalados en la presente acción de defensa. Debe tomarse en cuenta que, este Tribunal no puede realizar una nueva valoración de la prueba sobre la problemática de fondo que motivó la decisión judicial ahora cuestionada; pues ello, implicaría invadir otras jurisdicciones, desnaturalizando la esencia de este mecanismo de defensa; ello, considerando que la valoración de la prueba es una facultad privativa de esas instancias ordinarias; excepto si, se demuestra que las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, omitieron de forma arbitraria la consideración de alguna de las pruebas, ya sea de forma parcial o total, y si la resolución se basó en prueba inexistente o reflejó un hecho diferente al utilizado como argumento, vulnerando así derechos fundamentales, tal como entendió la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, de la lectura de la demanda tutelar, este Tribunal no advierte que la autoridad demandada hubiese incurrido en la valoración de la prueba fuera de los marcos de razonabilidad y equidad, o que en su defecto, habría omitido alguna prueba al momento de exponer su fundamentación en el Auto de Vista 78/2022; toda vez que, la prenombrada autoridad mostró a través de un análisis integral de las mismas, como estas no tuvieron la virtud de desacreditar la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 del CPP, en lo que respecta al peligro para la víctima y la sociedad, considerando la protección reforzada que merece esta última, a fin de encontrar una verdadera igualdad sustancial; en ese sentido, señaló que el impetrante de tutela es su familiar, denotando con ello la vulnerabilidad en que sitúa a la mencionada; asimismo, afirmó que la Fiscal de Materia expresó que ambos viven en la misma localidad, que es donde fue aprehendido el ahora peticionante de tutela; por tales razones, existen facilidades para que este pueda acercarse a la víctima, concurriendo el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del citado Código; todo lo expuesto precedentemente denota que hubo una adecuada valoración integral de la prueba por parte de la Vocal demandada. Si bien el accionante identifica en su demanda tutelar, que existiría prueba que no fue valorada por la autoridad demandada, no individualizó la misma; es decir, no señala cual fue omitida en el Auto de Vista 78/2022, o que la prenombrada hubiera basado su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; por lo que, no se adecúa a los presupuestos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; por ello, siendo que el peticionante de tutela no demostró la vulneración de sus derechos a ser oído como elemento de la defensa y al debido proceso en su componente correcta valoración de la prueba y de legalidad, como también del principio de seguridad jurídica, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 60/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 178 a 187 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0739_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9911fde3aac85ef1b35669ccf3908f14561740d0cb9a0458f6006b68ffda8ed6

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