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SCP 0739/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46840-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal, en consideración a que, una vez presentada la imputación formal en su contra que fue realizada el 26 de marzo de 2022, el Juez demandado no señaló la audiencia de consideración de medidas cautelares dentro el plazo de veinticuatro conforme dispone el art. 226 del CPP, a efecto de pronunciarse sobre su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) Sobre el límite constitucional máximo de privación de libertad; 2) La obligación inexcusable de celebrar la audiencia de medidas cautelares, aún en días y horas extraordinarias por el juez de la causa; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos precedentemente desarrollados por esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el límite constitucional máximo de privación de libertad
  2. III.2. La obligación inexcusable de celebrar la audiencia de medidas cautelares, aún en días y horas extraordinarias por el juez de la causa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0739/2023-S1 Sucre, 06 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46840-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 74/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alexandre Hurtado Egüez contra Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial de 27 de marzo de 2022, cursante a fs. 10 y vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho, señalando que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y conducta antieconómica, el Ministerio Público presentó imputación formal el 26 de marzo de 2022, a horas 12:15, por lo que de conformidad con el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez que conoce la imputación formal temía veinticuatro horas para llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares; sin embargo, transcurrió más del referido plazo, sin haber sido notificado “hasta el momento” con la mencionada audiencia y sin que el Juez demandado se hubiese pronunciado sobre su situación legal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela señala como lesionado su derecho a la libertad personal, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Si bien el accionante no menciona expresamente cual la tutela solicitada, de lo expuesto en su “petitorio”, se infiere que el mismo requiere que el Juez señale audiencia de medidas cautelares a efecto de definir su situación jurídica.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Verificada la audiencia de acción de libertad el 28 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogada, ratificó los argumentos de su acción de libertad, y ampliándolos señaló que: a) El Juez no cumplió con su obligación de señalar audiencia para el día de ayer -se entiende para el 27 de marzo de 2022-, vale decir, dentro de las veinticuatro horas, puesto que dicho acto fue programado fuera del plazo establecido por ley; b) El Juez demandado, a través de su informe, justifica algo que no se puede justificar; c) Se ha hecho conocer que el Secretario Abogado de “vuestro despacho en fotografía por vía Whatsaap la fotografía de la diligencia de notificación con la resolución de imputación formal, de mi defendido en esa diligencia su autoridad va poder evidenciar que se le ha notificado a hrs 12:22 del día de ayer fuera de plazo que tenía el señor juez para determinar su situación legal” (sic); y, d) La autoridad jurisdiccional le ha privado indebidamente de su libertad; y, al haberse llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares no va a poder recuperar su libertad, salvo la responsabilidad de la autoridad judicial.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 13, manifestó que: 1) Existe un proceso seguido por el Ministerio Público, a instancia de la Caja Nacional de Salud (CNS), contra Alexandre Hurtado Egüez y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y conducta antieconómica, mismo que radica en el “Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de la capital”; evidentemente, se encontraba de turno el fin de semana, razón por la cual el 26 de marzo de 2022, se presentó imputación formal por el representante del Ministerio Público contra el imputado Alexandre Hurtado Egüez; 2) Al ser el único Juzgado de turno de las audiencias en la ciudad de La Paz y ante la interoperación de varios procesos con aprehendidos, se señaló audiencia de medidas cautelares en relación al referido imputado para el día 27 de marzo de 2022, a horas 12:30, audiencia fijada a esa hora porque su despacho se encontraba con otras audiencias que fueron señaladas por orden de llegada de los mismos, y también por la extensión de las mismas; y, 3) El 27 de marzo de 2022, se convocó a horas 12:30 para la consideración de la medida cautelar del imputado Alexandre Hurtado Egüez, informando la abogada América Ríos Quispe en la audiencia virtual, con carácter previo, que habría interpuesto una acción de libertad en su contra, por lo que una vez que cedió la palabra a las partes procesales, dispuso un cuarto intermedio para horas 18:00; instalada nuevamente la audiencia de medidas cautelares, mediante Resolución 79/2022 de 27 de marzo, se dispuso la detención preventiva del referido imputado en el Centro Penitenciario de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por Resolución 74/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante señala que la imputación formal fue recibida el 26 de marzo de “2021”, a horas 12:15, sello que corresponde a la gestora del Tribunal Departamental de Justicia, indicando además que vía digital habría acompañado al Secretario Abogado de ese despacho un elemento el cual a la fecha no se puede dar lectura porque existe una falla al momento de abrir el documento, “encontrándonos en día hábil la defensa debió acompañar estos elementos de forma física, a través de gestoría o en su caso mostrarlos en pantalla a través del sistema lo que no ocurrió en este caso” (sic); ii) No se cuenta con otro elemento con el cual pueda justificar la abogada de que el Juez demandado habría tenido conocimiento de la imputación dentro de las veinticuatro horas, no se tiene el descargo para saber a qué hora ha ingresado a estrados judiciales, es decir, a la oficina del despacho judicial décimo primero (no existe sello de cargo de juzgado); no se tiene un elemento por el cual se pueda precisar que evidentemente la autoridad judicial demandada habría recibido a la misma hora la imputación, lo cual tampoco se informó en el informe que fue enviado por dicha autoridad, por lo que se debe aplicar el principio de favorabilidad; y, iii) Es evidente que dentro de las veinticuatro horas se debe señalar la audiencia de medida cautelar; sin embargo, se tienen quince minutos de los cuales se desconoce si en ese lapso de tiempo habría ingresado a despacho judicial.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal, remisión de aprehendido y solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra Alexander Hurtado Egüez -hoy accionante-, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y conducta antieconómica; constando el cargo de recepción de la oficina gestora de procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la fecha de 26 de marzo de 2022, a horas 12:15 (fs. 2 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal, en consideración a que, una vez presentada la imputación formal en su contra que fue realizada el 26 de marzo de 2022, el Juez demandado no señaló la audiencia de consideración de medidas cautelares dentro el plazo de veinticuatro conforme dispone el art. 226 del CPP, a efecto de pronunciarse sobre su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) Sobre el límite constitucional máximo de privación de libertad; 2) La obligación inexcusable de celebrar la audiencia de medidas cautelares, aún en días y horas extraordinarias por el juez de la causa; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el límite constitucional máximo de privación de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0086/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente entendimiento:

Respecto a la libertad personal, el art. 23 de la CPE, establece, que:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito.

IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas.

V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra (…) [las negrillas son añadidas]. En correspondencia con la norma constitucional citada, el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé:

El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal.

La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios (las negrillas nos pertenecen). En sintonía con lo precedentemente dispuesto, el mismo cuerpo legal en su art. 303, dispone:

Si el imputado se encuentra detenido y el fiscal considera que debe continuar privado de libertad, formalizará la imputación requiriendo al juez de la instrucción la detención preventiva, dentro de las veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión. Si el fiscal no requiere en dicho plazo, el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido, salvo que el querellante haya solicitado la detención preventiva y el juez la considere procedente (las negrillas son ilustrativas). Al respecto, la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), expresa que: “…nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”. Esto significa que la autoridad judicial bajo ninguna circunstancia, puede prolongar indefinidamente la restricción del derecho a la libertad de las personas, más allá de las veinticuatro horas, teniendo la obligación de resolver su situación jurídica, en las formas previstas por ley; por lo que, sobrepasar el límite constitucional máximo para la restricción excepcional del derecho a la libertad en el ámbito de un proceso penal, implicaría incumplimiento de plazos constitucionales y legales establecidos para tal efecto, convirtiéndose en detención ilegal proscrita por la Ley Fundamental.

III.2. La obligación inexcusable de celebrar la audiencia de medidas cautelares, aún en días y horas extraordinarias por el juez de la causa

Al respecto la misma SCP 0086/2018-S2 de 23 de marzo, señaló: Complementando las disposiciones concernientes al límite constitucional máximo de privación de libertad, es necesario resaltar el deber inexcusable de la autoridad judicial de definir la situación jurídica del imputado en el término de veinticuatro horas; para ello es preciso reiterar que el art. 23.IV de la CPE, dispone:

…El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas (las negrillas son agregadas). En sintonía con esta norma constitucional, el segundo párrafo del art. 226 del CPP, establece:

La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios (el resaltado es añadido). Por otra parte, entre las atribuciones previstas en el inciso 1) del art. 54 del CPP, que competen a los Jueces de Instrucción Penal, está:

El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código (las negrillas son nuestras). En el marco constitucional y legal citado, la jurisprudencia expresa que este límite constitucional máximo de privación de libertad, solo admite excepciones en determinados supuestos, fundados en criterios razonables y debidamente justificados, en procura de precautelar los derechos fundamentales de los imputados. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional reconoce que las excepciones se dan cuando, por ejemplo, los imputados se encuentran a mucha distancia del asiento judicial de la autoridad encargada de conocer y resolver la situación jurídica de los mismos; otro supuesto admisible, está dado cuando los imputados por razones de salud debidamente demostradas, no puedan ser trasladados desde el lugar donde se encuentran hasta el juzgado -entre otros supuestos-; circunstancias que deberán ser valoradas en el caso en particular, al tiempo de señalar la audiencia de medidas cautelares. En la comprensión precedentemente citada, puede concluirse que a la autoridad judicial que le corresponde conocer y resolver la situación jurídica del imputado en el límite máximo constitucional previsto de veinticuatro horas, le asiste el deber inexcusable de celebrar la audiencia de medidas cautelares -como condición indispensable-, incluso en horas extraordinarias y días inhábiles, sin que exista norma constitucional ni legal que le libere de esa obligación ni se encuentre en algún supuesto que la dispense; puesto que, lo contrario implicaría promover la prolongación de la privación de libertad, tornándola en ilegal, afectando abiertamente su derecho al debido proceso y a la libertad, deber que encuentra excepción en los supuestos y formas previstas en la ley.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal, en mérito a que se presentó imputación formal -estando aprehendido- en su contra el 26 de marzo de 2022, sin que el Juez demandado señale audiencia de consideración de medidas cautelares en el plazo de veinticuatro horas conforme está previsto por ley, a efecto de pronunciarse sobre su situación jurídica.

3La SC 0002/2006-R de 3 de enero, en el FJ III.1, indica: “…la determinación que pueda asumir el Juez cautelar obedecerá -como se ha dicho- a situaciones excepcionales en las que preservando el espíritu de las normas procesales y al mismo tiempo valorando la situación particular, exista una justificación razonable para asumir determinada decisión, situación que se da efectivamente en el caso en que recibida la imputación el Juez constata que los detenidos o imputados se encuentran a mucha distancia de la sede judicial y debe considerarse el tiempo que demorará su traslado, por lo que precautelando el derecho de estos de estar presentes en la audiencia de medidas cautelares y además de estar asistidos por defensor en dicha audiencia, el Juez puede fijar un plazo razonable, prudente y debidamente justificado que al contrario de significar una negligencia en la actuación jurisdiccional, se constituye más bien, en una determinación tendiente a preservar los derechos fundamentales del o los imputados, por lo que se concluye que estas situaciones excepcionales son procedentes y legales en la medida en la que se advierta la justificación razonable y debida para haber sido asumidas”.

4La SC 1372/2003-R de 22 de septiembre, en el FJ III.4, señala: “…es posible que el fiscal esté imposibilitado materialmente de remitir al imputado ante el Juez cautelar para que determine las medidas cautelares; éste es el caso de aquellos imputados que por razones de salud debidamente demostradas no pueden ser trasladados desde el lugar donde guardan su detención hasta el Juzgado, en cuyo caso, a tiempo de imputarse, deberá acreditarse tal extremo, correspondiendo al Juez tomar las medidas conducentes a garantizar se desarrolle la audiencia de las medidas cautelares lo más inmediatamente posible (…)”.

5La SC 0547/2002-R de 13 de mayo, en su Cuarto Considerando, expresa que la actuación procesal indispensable para la imposición de medidas cautelares de carácter personal es la audiencia, en los siguientes términos: “…Por otra parte, tampoco consta la participación de un abogado defensor en la adopción de las medidas cautelares por parte de la Jueza recurrida, ni se acredita que hubiera existido la audiencia correspondiente para el efecto; al contrario, de la documentación adjunta se infiere que a solo requerimiento escrito del fiscal, la Jueza recurrida dispuso igualmente en forma escrita la detención preventiva del recurrente, sin tomar en cuenta que la Ley 1970 establece el régimen oral para los juicios penales, lo que significa que toda determinación debe realizarse en audiencia, en presencia de las partes procesales y de sus abogados, a fin de que éstos puedan asumir defensa en igualdad de condiciones”.

Delimitada la problemática a resolver, si bien se cuenta como único antecedente la imputación formal con remisión de aprehendido, y solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra accionante Alexander Hurtado Egüez, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y conducta antieconómica, resulta de suma importancia tomar en cuenta el cargo de recepción de la Oficina Gestora de procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el cual se evidencia que la imputación formal fue presentada por el representante del Ministerio Público el 26 de marzo de 2022, a horas 12:15; por lo que de acuerdo con la regulación normativa del art. 226 del adjetivo penal, el Juez ahora demandado debía señalar audiencia dentro de las veinticuatro horas de asumido conocimiento de la imputación a objeto de definir la situación jurídica del imputado, ya sea aplicando alguna medida cautelar o disponiendo su libertad por falta de indicios suficientes en su contra. Ahora bien, de acuerdo con el informe presentado por la autoridad judicial demandada, se tiene que señaló fecha de audiencia para el 27 de marzo de 2022, a celebrarse a horas 12:30, instalando el acto procesal en dicho término; y, si bien existiría una diferencia de quince minutos de retraso conforme prevé el precitado art. 226 del CPP, es importante traer a consideración dos aspectos relevantes; el primero relacionado con el hecho de que el cargo de recepción del 26 de marzo del citado año, a horas 12:15, corresponde a la Oficina Gestora de procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, desconociéndose si en ese mismo instante se remitió la imputación ante el Juez hoy demandado, toda vez que la citada fecha recae en un día sábado; situación que deriva en el segundo aspecto a considerar, pues al tratarse de un fin de semana, el Juez demandado se encontraba de turno, por lo que era su deber celebrar varias audiencias puestas a su conocimiento y resolver los casos con aprehendidos, conllevando recargadas labores, circunstancias que evidentemente fueron referidas por el Juez demandado en su informe; contexto fáctico por el que se advierte que el señalamiento de la audiencia reclamada, se considera fue fijada con la prontitud requerida y con apenas quince minutos de diferencia del plazo establecido por la norma, claro está que dicho plazo puede ser menor tomando en cuenta que la Gestora de Procesos recibió la imputación formal a las 12:15 horas del 26 de marzo de 2022, por lo que la remisión al Juez de turno –ahora demandado- debió realizarse minutos después. Bajo esa misma línea de análisis, puede considerarse lo argumentado por el propio accionante, a través de su defensa técnica, en la audiencia de acción de libertad, quien sostuvo que el Juez no cumplió con su obligación de señalar audiencia para el “día de ayer” -entiéndase para el 27 de marzo de 2022- dentro de las veinticuatro horas, pero al mismo tiempo, extrañamente argumentó que: “vuestro despacho en fotografía por vía Watsaap la fotografía de la diligencia de notificación con la resolución de imputación formal, de mi defendido en esa diligencia su autoridad va poder evidenciar que se le ha notificado a hrs 12:22 del día de ayer fuera de plazo que tenía el señor juez para determinar su situación legal” (sic) [las negrillas son nuestras]. Asimismo, es pertinente traer a colación, que la presente acción de libertad fue interpuesta el 27 de marzo de 2022, a horas 12:22 antes de llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares respectiva, denotando un actuar con falta de lealtad procesal, tal es así que al momento de hacer uso de la palabra en la audiencia reclamada, la defensa técnica manifestó haber interpuesto esta acción tutelar, dando lugar a la suspensión momentánea del referido acto procesal, cuando bien pudo continuar con el mismo hasta su culminación, pues no se puede soslayar que la pretensión principal era la de definir la situación jurídica del imputado. De lo razonado precedentemente, este Tribunal concluye que, la autoridad demandada, al señalar la fecha de audiencia de medidas cautelares el 27 de marzo de 2022, a hora 12:30, aun cuando con minutos de diferencia del plazo previsto por el art. 226 del adjetivo penal, actuó de manera suficientemente diligente considerando que se encontraba de turno el fin de semana, debiendo celebrar diferentes audiencias, por lo que la tutela pretendida corresponde ser denegada; no sin antes precisar que ante la puesta en conocimiento del Juez demandado de que se interpuso una acción de libertad en su contra, éste debió continuar con el acto procesal de consideración de las medidas cautelares, por cuanto no existía motivo alguno para decretar un cuarto intermedio, máxime si en la acción de defensa sólo se estaba dilucidando la supuesta dilación en el señalamiento de audiencia de las medidas de carácter personal.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 16 a 17, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme los fundamentos precedentemente desarrollados por esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Corte IDH, Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Sentencia de 21 de enero de 1994 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C N° 6, párr. 47. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf 2La SCP 0071/2012 de 12 de abril, en el FJ III.3, expresa: “…es evidente que el juez demandado, no cumplió con el plazo previsto por el art. 226 del CPP, puesto que si bien la autoridad demandada fijó audiencia para el domingo 5 de febrero de 2012, la misma se suspendió alegando que `en ese momento se estaba realizando una audiencia´ (fs. 12 a 13 vta.). En tal sentido, celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares fuera del plazo de veinticuatro horas, no siendo válido ningún justificativo (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0739_2023-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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