B.IA.LEGAL

SCP 0738/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53194-2023-107-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; puesto que, la Jueza hoy accionada emitió y ejecutó el 26 de diciembre de 2022 el Mandamiento de Apremio 192/2022 de 28 de julio, en su contra al entender erróneamente el Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio suscrito el 24 de febrero de 2020, cuando conforme al art. 112.3 del CFPF los obligados a otorgar la asistencia familiar son los hermanos y no los tíos, condición última que tiene su persona; por lo que, no estaría obligado a otorgar dicho beneficio.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal a causa del incumplimiento de la obligación de asistencia familiar; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal a causa del incumplimiento de la obligación de asistencia familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0738/2025-S1 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53194-2023-107-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 2/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricio Flores Coa contra Karen Lopez Chispas, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 22 a 29, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP); el 24 de febrero de 2020 cuando conducía un vehículo se produjo un accidente de tránsito, en el que su hermano Julián Flores Coa falleció; a causa del proceso penal en esa fecha se suscribió un documento transaccional con la viuda de su hermano, que en su cláusula tercera refiere “…cubrir todos los gastos de crianza de sus sobrinos ya que los mismos son cinco hijos u cubrir la deuda que existe en los Banco…” (sic). Concluido el proceso penal, el 21 de noviembre de 2021, Francisca Martina Cervantes Barron -viuda- solicitó a la Jueza ahora accionada la homologación del “referido documento” indicando que su persona estaba obligado a cumplir con la asistencia familiar de sus cinco sobrinos, emitiéndose en consecuencia la Sentencia 149/2022 de 22 de junio, que homologa el documento transaccional, otorgando la referida asistencia familiar por la suma de Bs424.- (cuatrocientos veinticuatro bolivianos) que se incrementó a Bs450.- (cuatrocientos cincuenta bolivianos) para cada uno de sus sobrinos. Efectuada la liquidación, la Jueza hoy accionada emitió un indebido Mandamiento de Apremio de 28 de julio de 2022, por Bs59 784.- (cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro bolivianos), que fue ejecutado el 26 de diciembre de ese año, encontrándose privado de libertad de manera arbitraria en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre. La Jueza ahora accionada cometió un abuso al privarle de su libertad, ya que: a) El documento transaccional y conciliatorio de 24 de febrero de 2022, tiene por objeto tranzar un hecho de tránsito iniciado en la vía penal y como emergencia el pago del daño causado y su correspondiente acción civil, mas no la obligación de la asistencia familiar, como de manera irregular entendió la referida Jueza, que conforme al art. 945 del Código Civil (CC) respecto a la cesión y otorgación de obligación de deberes se tiene en el documento la manifestación de voluntad a colaborar en la crianza de sus sobrinos, mas no una obligación asumida; y, b) Conforme al art. 112.3 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) los obligados a otorgar la asistencia familiar son los hermanos y no los tíos, siendo su persona en línea colateral en segundo grado pariente de sus sobrinos; por lo que, la imposibilidad es manifiesta, no estando obligado pasar asistencia familiar; puesto que, sus sobrinos tienen a su madre quien demandó la homologación de asistencia familiar; asimismo, su persona tiene obligaciones con su familia, compuesta por su esposa y tres hijos.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; citando al efecto los arts. 23.I, 24 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3, 6 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el mandamiento de apremio y de manera inmediata se ordene su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El documento transaccional que suscribió es un documento que emerge a consecuencia de un accidente de tránsito con la finalidad de transar y conciliar con la esposa de la víctima, en la cual se le reparó el daño causado; 2) En ninguna parte de ese documento se hace referencia sobre que tiene que cubrir la asistencia familiar, sino señala de forma textual “gastos de crianza”; la Jueza hoy accionada no revisó ese documento ni hizo mención expresa de su cláusula tercera, y así emitió la Sentencia 149/2022 de 28 de “enero” -lo correcto es junio-, omitiendo respecto al razonamiento analítico, intelectivo de si correspondía o no el pago de la asistencia familiar; ante ello se encuentra indebidamente privado de su libertad; 3) Como tío colateral no existe la obligación de pasar asistencia familiar a sus sobrinos, si la ley no le obliga aquello, no puede ser impuesta por la Jueza ahora accionada al no estar establecido en dicho documento; 4) Solicitó la verificación de que no se puede homologar “a primeras” cualquier tipo de documento, peor si este es ambiguo y no es claro, no se puede asumir una obligación por parte de una persona, la cual no está obligada, así entendió conforme al art. 112 del CFPF; y, 5) La Jueza ahora accionada antes de emitir un mandamiento de apremio debe verificar “tal situación”, al contrario no verificó los alcances del documento transaccional; por lo que, esta indebidamente detenido desde el 26 de diciembre de 2022 por el pago de Bs58 000.- (cincuenta y ocho mil bolivianos) que supuestamente adeuda por asistencia familiar a sus sobrinos.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Karen Lopez Chispas, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante informe presentado el 1 de febrero de 2023, cursante a fs. 34 y vta., señaló que: i) Ante la demanda de homologación presentada por Francisca Martínez Cervantes, el accionante formuló recurso de nulidad y excepción de cosa juzgada, los cuales fueron resueltos “a fs. 33-35”, continuando con los trámites respectivos se emitió la Sentencia 149/2022, la que notificada no fue impugnada, y “a fs. 150” es ejecutoriada, seguidamente la beneficiaria presenta la planilla de liquidación, la cual fue notificada y posteriormente aprobada, derivando su incumplimiento de pago en el mandamiento de apremio; ii) Los dos argumentos expuestos por el accionante son aspectos que se encuentran vinculados únicamente al fondo del proceso resueltos en la referida Sentencia, contando con los recursos necesarios para impugnarlos en su debido momento, no siendo posible su análisis dentro de una acción de defensa como si se tratara de una instancia de revisión jurisdiccional; iii) El derecho al debido proceso no fue alegado por el accionante, en razón a que participó de manera activa en el proceso en el que se garantizó su derecho al debido proceso y a la defensa sin que en su momento hubiese planteado la impugnación ni presentar la observación a la planilla de liquidación como le permite el art. 415 del CFPF, convalidando todos los actuados realizados; y, iv) Los argumentos expuestos en su acción de libertad fueron resueltos en la mencionada Sentencia sin que esta se haya impugnado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 2/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 39 a 40 vta., denegó la tutela; bajo los siguientes fundamentos: a) Los antecedentes demuestran que el accionante no activó mecanismo de impugnación contra la Sentencia 149/2022 de 28 de junio, tampoco observó las planillas de liquidación presentadas por la demandante del proceso familiar; los recursos dispuestos para que con mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial las supuestas arbitrariedades que se cometieron en dicho proceso, por lo cual existió desidia en el accionante al no activar los mecanismos específicos de defensa para cuestionar la presunta vulneración del derecho al debido proceso; y, b) En el presente caso se aplica el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; puesto que, la acción de libertad opera únicamente en caso de no restituirse los derechos afectados a pesar de agotarse las vías específicas, lo que no aconteció en el caso concreto. En la vía de aclaración complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, solicitó al Juez de garantías que: 1) Siendo el documento transaccional ambiguo y al efectuarse una incorrecta interpretación y aplicación de los preceptos que rigen a la materia familiar por parte de la Jueza hoy accionada, se aclare cómo se podría reparar ese error, si se tiene en cuenta que no existe ningún recurso ordinario para impugnar una decisión ya ejecutoriada en la que se dispuso el apremio de una persona de manera indebida; y, 2) En caso de no haber otro mecanismo procesal para poder reparar el daño causado respecto a la privación indebida de su libertad, cuál sería el mecanismo para reclamar la vulneración de ese derecho -se entiende la libertad-. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, señaló que: i) Debe tenerse en cuenta que la asistencia familiar es modificable en el tiempo de acuerdo a las exigencias y a la condición de los sujetos procesales conforme establece el procedimiento familiar, pudiendo solicitarse en cualquier etapa del proceso su reducción, aumento e incluso la cesación de esa obligación; y, ii) La acción de libertad no puede constituir un mecanismo de revisión o de una instancia de apelación o casación conforme a lo descrito en la jurisprudencia constitucional; en ese sentido se debe acudir a los mecanismos intraprocesales dispuestos en favor de las partes para poder modificar la situación jurídica del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio suscrito el 24 de febrero de 2020, entre Patricio Flores Coa -hoy accionante-, como denunciado del proceso penal; y, Francisca Martina Cervantes Barrón en su condición de víctima y esposa del fallecido Julián Flores Coa (fs. 2 y vta.). II.2. Por memorial de 22 de noviembre de 2021, dirigido al Juez de turno de Familia de la Capital del departamento de Chuquisaca, Francisca Martina Cervantes Barrón y María Soledad Flores Cervantes solicitaron la homologación del Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio de 24 de febrero de 2020 con relación únicamente a la asistencia familiar y en su mérito se asigne una pensión alimenticia en favor de cuatro menores de edad y una de dieciocho años de edad en Bs450 (cuatrocientos cincuenta bolivianos) mensual para cada uno de los beneficiarios, con cargo al accionante, además que desconocen la entrega de Bs10 000 (diez mil bolivianos) por parte del accionante, lo que será reclamado en otra vía (fs. 3 y 4 vta.). II.3. Consta Sentencia 149/2022 de 18 de junio, emitida por Karen Lopez Chispas, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora accionada-; por el cual, homologó el documento privado “de fs. 1-2” en lo que respecta a la asistencia familiar debiendo el accionante pagar la asistencia familiar en favor de Marien, Jhon Neymar, Noemi, Zaida y María Soledad, todos de apellidos Flores Cervantes en Bs424 (cuatrocientos veinticuatro bolivianos) por cada uno, haciendo un total de Bs2 120.- (dos mil ciento veinte bolivianos) mensual, monto de asistencia familiar que corre desde la fecha señalada en el Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio; es decir, desde el 24 de febrero de 2020 (fs. 5 y vta.). Notificado con dicha determinación al accionante el 20 de julio de 2022 (fs. 6). II.4. Mediante Mandamiento de Apremio 192/2022 librado el 28 de julio, por la Jueza ahora accionada se ordenó el apremio del accionante hasta que cancele el total de Bs59 784 (cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro bolivianos), ordenado por Auto de 19 de ese mes de 2022 (fs. 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; puesto que, la Jueza hoy accionada emitió y ejecutó el 26 de diciembre de 2022 el Mandamiento de Apremio 192/2022 de 28 de julio, en su contra al entender erróneamente el Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio suscrito el 24 de febrero de 2020, cuando conforme al art. 112.3 del CFPF los obligados a otorgar la asistencia familiar son los hermanos y no los tíos, condición última que tiene su persona; por lo que, no estaría obligado a otorgar dicho beneficio.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; b) Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal a causa del incumplimiento de la obligación de asistencia familiar; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

La SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, establece que: “…El art. 125 de la CPE refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad

Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: ‘Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos’.

Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, este entendimiento debe ser asumidos en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (las negrillas nos corresponden). Así, también la SCP 447/2021-S1 de 16 de septiembre, señala que: “… las eventuales denuncias de lesión al derecho fundamental a la libertad personal en la ejecución del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de asistencia familiar deben ser conocidas por el juez público de familia, quien es la autoridad competente para la consideración y resolución de las cuestiones de fondo y cuestiones incidentales como las mencionadas denuncias que deben ser resueltas en la vía incidental prevista en la normativa procesal de familia, aún en el periodo de vacación judicial colectiva, lapso de tiempo en el cual no puede suspenderse la ejecución de los mandamientos de apremio y cuya atención y control debe estar a cargo de juzgados de familia de turno, acordados y programados por los Tribunales Departamentales de Justicia, entendimiento establecido en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre. Por los razonamientos expuestos puede concluirse en especie, el ordenamiento procesal en materia familiar establece el medio de defensa idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, la presunta lesión del derecho a libertad ilegalmente restringido durante la ejecución del mandamiento de apremio por incumplimiento de asistencia familiar, tramitada en la vía incidental ante el juez público de familia dentro del proceso de petición de asistencia familiar; por lo que, la acción de libertad no puede activarse de manera directa e inmediata, sino, agotando el medio intraprocesal ante el juez de familia en la vía incidental” (las negrillas son nuestras).

III.2. Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal a causa del incumplimiento de la obligación de asistencia familiar

La SCP 0529/2022-S1 de 5 de julio, establece que: “En materia familiar, las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física pueden ser desarrolladas en el siguiente orden:

(…) Principio de legalidad En correspondencia con el marco constitucional citado en el anterior Fundamento, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece los casos, condiciones y formalidades en los que es posible la limitación al derecho a la libertad del obligado que incumple con el pago de la asistencia familiar, dado a que este derecho, concierne a la satisfacción de las necesidades más elementales como la alimentación, vestido, vivienda, educación, etc.; en ese entendido, no solo incumbe al interés particular de las partes, sino alcanza a un interés social, cuya materialización se encuentra garantizada por el Estado. Así, el art. 127.II del CFPF, dispone que: Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado. Por su parte, el art. 415 del CFPF, haciendo referencia a la ejecución de la asistencia familiar, señala que:

I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.

II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día.

Conforme se aprecia, las condiciones de validez material y formal para la restricción del derecho a la libertad física, por incumplimiento del pago de asistencia familiar, se encuentran previstos en los arts. 127.II y 415.III del CFPF, que autorizan el apremio corporal del obligado que incumplió con su obligación de prestar la asistencia familiar, no obstante siendo intimado judicialmente -condiciones de validez material-; y, establecen que la autoridad competente para ordenar el apremio es el Juez Público de materia familiar, con la condición de que se cumplan determinadas formalidades, como es la presentación de la liquidación de la obligación devengada a cargo de la parte beneficiaria, puesta a conocimiento del obligado para que en su caso, éste la observe en el plazo de tres días, a cuya conclusión, la referida autoridad judicial deberá aprobar la liquidación e intimar su pago dentro del tercer día -condiciones de validez formal-” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad personal; puesto que, la Jueza hoy accionada emitió y ejecutó el 26 de diciembre de 2022 el Mandamiento de Apremio 192/2022 de 28 de julio en su contra al entender erróneamente el Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio suscrito el 24 de febrero de 2020, cuando conforme al art. 112.3 del CFPF los obligados a otorgar la asistencia familiar son los hermanos y no los tíos, condición última que tiene su persona; por lo que no estaría obligado a otorgar dicho beneficio. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes se tiene que el Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio suscrito el 24 de febrero de 2020, entre el accionante, como denunciado del proceso penal; y, Francisca Martina Cervantes Barrón en su condición de víctima y esposa del fallecido Julián Flores Coa (Conclusión II.1.). Posteriormente, la nombrada mediante memorial de 22 de noviembre de 2021, solicitó la homologación del referido documento únicamente en cuanto a la asistencia familiar y la asignación una pensión alimenticia en favor de cuatro menores de edad y una de dieciocho años de edad en Bs450.- mensual para cada uno de los beneficiarios, con cargo al accionante, además que desconocen la entrega de Bs10 000 por parte del accionante, lo que sería reclamado en otra vía (Conclusión II.2.); en consecuencia, se emitió la Sentencia 149/2022 por la Jueza ahora accionada; por el cual, homologó dicho Documento disponiendo que el accionante pague la asistencia familiar en favor de Marien, Jhon Neymar, Noemi, Zaida y María Soledad, todos de apellidos Flores Cervantes en Bs424.- haciendo un total de Bs2120.- mensual, que debe ser cancelado desde 24 de febrero de 2020, fecha señalada en el Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio; notificado con dicha determinación al accionante el 20 de julio de 2022 (Conclusión II.3.); para que posteriormente se emita el Mandamiento de Apremio 192/2022 contra el accionante hasta que cancele el total de Bs59 784.- ordenado por Auto de 19 de ese mes de 2022 (Conclusión II.4.).

Efectuando el análisis de la problemática planteada, corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, estableció sobre la línea jurisprudencial de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que “…en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad…”, presupuesto que se aplica a casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar en los cuales se alcance a restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio. En ese contexto, y al haberse ejecutado el mandamiento de apremio, en el presente caso se advierte que ante el pronunciamiento del Auto de 19 de julio de 2022 que ordenó la emisión del mandamiento de apremio correspondiente ante el incumplimiento de asistencia familiar, se tiene que fue pronunciado en virtud a la planilla de liquidación presentada por la beneficiaria, este acto no fue observado por el accionante en el plazo de tres días, el cual podía efectuarla antes de aprobar la liquidación e intimar a su pago dentro del tercer día de acuerdo al art. 415.I del CFPF establecido por el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, correspondiendo que el accionante agote los mecanismos intraprocesales idóneos de defensa observando el Auto de 19 de julio de 2022, en virtud del cual se emitió el Mandamiento de Apremio 192/2022 de 28 del mismo mes; empero, el accionante omitió el procedimiento determinado en la normativa específica, siendo aplicable al presente caso, el principio de subsidiariedad excepcional establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional no pudiendo activarse la acción de libertad de manera directa e inmediata, sino, agotando el medio intraprocesal ante la Jueza ahora accionada. Además, corresponde precisar que en la Sentencia 149/2022 que homologó el Documento Privado de Acuerdo Transaccional y Conciliatorio de 24 de febrero de 2020, fue donde se debió considerar lo denunciado por el accionante en esta acción tutelar respecto a la legalidad de que los obligados a otorgar la asistencia familiar son los hermanos y no los tíos, condición última que tendría el accionante; alegación que no pude ser objeto de análisis del presente caso al constatarse en una determinación asumida dentro de la referida Sentencia; sin embargo, se puede observar que dicha Sentencia tampoco fue impugnada, cuando el accionante tenía los medios de defensa idóneos, eficaces y oportunos a su alcance en la vía ordinaria, los cuales debió agotar previamente al interior del proceso familiar antes de acudir a la jurisdicción constitucional activando la presente acción de libertad, y no pretender recién manifestar su disconformidad ante la jurisdicción constitucional cuando ya se tenía emitido el mandamiento de apremio, siendo aplicable lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, con relación a la subsidiariedad excepcional, impidiendo que la autoridad competente pueda -en su caso- reparar de manera pronta y eficaz, la presunta vulneración de los derechos del accionante que dieron lugar a la emisión y posterior ejecución del mandamiento de apremio por incumplimiento del pago de asistencia familiar, siendo una actuación negligente del accionante, que no puede ser corregida a través de la presente acción de libertad, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2023 de 1 de febrero, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0738_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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