Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos motivación y fundamentación, valoración razonable de la prueba, Juez natural e imparcial y el derecho a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; la autoridad ahora demandada, mediante Auto de 22 de noviembre de 2023, rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, incurriendo en las siguientes ilegalidades: i) No valoró el certificado domiciliario presentado, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, en razón de que no se habría adjuntado croquis y muestrario fotográfico; y, no se demostró la “habitualidad y la habitabilidad”; ii) Tampoco valoró el certificado de trabajo, la licencia de funcionamiento y otros documentos, como un informe social y psicológico presentados, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal inmerso en el art. 290.I inc. d) de la citada Ley; iii) No se valoró la declaración de los testigos, ni el informe elaborado por el investigador asignado al caso, producidos a efectos de desvirtuar el art. 290.I inc. e) de la referida Ley, con el argumento de que sería prueba insuficiente; y, iv) Emitió el Auto de 22 de noviembre de 2023, sin la debida fundamentación y motivación, debido a que no se dio aplicación al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 97/2023 A.L. de 29 de noviembre, cursante de fs. 40 a 44 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a:
1.1. La vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y, derecho a la libertad, conforme a los fundamentos desarrollados en la cuarta problemática del apartado III.7.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Potosí -ahora demandado- se pronuncie y emita una nueva resolución tomando en cuenta los referidos fundamentos. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a:
2.1. La vulneración del derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba, conforme a los fundamentos desarrollados en la primera problemática del apartado III.7.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2.2. La vulneración del derecho al debido proceso en su elemento valoración probatoria, conforme a los fundamentos desarrollados en la segunda problemática del apartado III.7.2 del presente fallo constitucional. 2.3 La vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos valoración de la prueba y motivación; y, derecho a la libertad, conforme a los fundamentos desarrollados en la tercera problemática del apartado III.7.3 del presente fallo constitucional. 2.4. La vulneración del derecho al Juez natural e imparcial, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0738/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 60235-2023-121-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 97/2023 A.L. de 29 de noviembre, cursante de fs. 40 a 44 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Mendoza Camiño, en representación sin mandato de NN, contra Eulogio Mamani Calla, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2023, cursante de fs. 1, 10 a 13 vta., el accionante expreso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Como antecedente y relación de hechos, manifiesta que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, a denuncia de Oscar Baldiviezo Guzmán, por la presunta comisión del delito tipificado en el art. 308 Bis del Código Penal (CP), se encuentra detenido preventivamente en el Centro de Rehabilitación “Nuevos Horizontes”. En ese antecedente, debe considerarse que una vez presentada la imputación formal, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares el 9 de octubre de 2023; en la que, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Potosí -ahora demandado- dispuso su detención preventiva, considerando la vigencia de los riesgos procesales contenidos en las siguientes disposiciones: a) El art. 290 inc. a) (no menciona de qué normativa), respecto a que el imputado no tendría domicilio en la ciudad y que no se habría presentado certificado domiciliario; b) El art. 290 inc. d) del Código Niña, Niño, y Adolescentes (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014, con relación a la inexistencia de arraigo nacional y que no tendría un trabajo lícito en la ciudad; y, c) El art. 290 inc. e) de la citada Ley, respecto a que el imputado podría influir negativamente en los testigos y que éstos serían sus familiares. Ante la decisión asumida jurisdiccionalmente, solicitó audiencia de cesación de detención preventiva, conforme al art. 291.I inc. a) de la Ley 548, llevándose a cabo audiencia el 22 de noviembre de 2023, en la cual sostuvo la existencia de nuevos elementos de prueba, los cuales demuestran que no concurren los elementos que la fundaron y que desvirtuaban los riesgos procesales. En ese sentido, se presentó: 1) ”Certificado de verificación domiciliar” (sic), obtenida con las formalidades de ley, documento que no fue valorado con el argumento de que no se adjuntó muestrario fotográfico y que no tendría la “habitabilidad ni la habitabilidad” (sic), sin considerar que dicha documental fue extrañada en audiencia de medida cautelar; habiéndose hecho notar que, habitaba dicho domicilio, antes de su detención, aspecto demostrado con el informe social que se presentó en la señalada audiencia; desvirtuándose de esta manera el riesgo procesal del art. 290 inc. a) (no indica de qué normativa); 2) Con la finalidad de desvirtuar el art. 290 inc. d), presentó certificado de trabajo, conjuntamente licencia de funcionamiento y otros documentos, con los que se habría demostrado la actividad lícita, acompañado de un informe social y psicológico, documental que tampoco fue valorada por el Juez ahora demandado, vulnerándose su derecho a la libertad; 3) Asimismo, se produjo la declaración de diferentes testigos, entre los que se encontraban familiares de la víctima como del denunciado, también se acompañó el informe elaborado por el investigador asignado al caso, desvirtuándose de esta manera el art. 290 inc. e) de la Ley 548; extremo que, no habría sido considerado por la autoridad ahora demandada, manifestándose que no sería suficiente dicha documentación, exigiendo aspectos de imposible cumplimiento; y, 4) El Juez ahora demandado, rechazó la cesación de la detención preventiva emitiendo una resolución sin la debida fundamentación y motivación; sin considerar ni valorar la previsión contenida en el art. 290.II de la referida Ley; pese a que, se exigió y dio lectura a dicha normativa, presentando informe social y la entrevista de la madre del imputado, en la cual refería que el adolescente trabajaba en el taller de su hermano, para ayudar al sostenimiento de su familia; es decir, a la madre y la hermana menor.
El accionante denuncio la vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos motivación y fundamentación, Juez natural e imparcial, valoración de la prueba; y, derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23, 116, 117.II, 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se restablezca su derecho a la libertad, dejando sin efecto el Auto de 22 de noviembre de 2023, consecuentemente se ordene la emisión de una nueva resolución.
La audiencia pública de la acción tutelar impetrada, se efectuó el 29 de noviembre de 2023, según acta cursante de fs. 33 a 39 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por medio de su abogado y representante sin mandato, amplió su acción de libertad, manifestando que: i) Se presentó el documento exigido en la audiencia cautelar, obtenido previa verificación policial y en mérito a Requerimiento Fiscal, el cual establece el lugar exacto mediante un croquis preciso del domicilio donde habita, que se encuentra respaldado por un informe social elaborado por el equipo multidisciplinario del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), por el que la trabajadora social verificó el domicilio, de igual forma se tiene un muestrario fotográfico incluso de la habitación donde vivía; sin embargo, se estableció que dicha documental no era suficiente, ya que no existía croquis ni fotografías; ii) El Juez determinó que no se desvirtúa el riesgo procesal contenido en el inc. a) (no señala de qué normativa), en razón de que no existen los elementos de habitabilidad y habitualidad, refiriendo que a la fecha presente -el ahora accionante- no vive en ese domicilio, exigiéndosele tal situación; y, con relación al inc. e) (no indica de qué normativa); el riesgo procesal contenido en esta disposición se mantiene vigente, no por la falta de la declaración de los testigos; sino, por que éstos serían familiares del ahora peticionante de tutela; iii) Es así que, el Juez ahora demandado, sin ninguna motivación ni fundamentación y ningún análisis preciso de los elementos de prueba, los declara como insuficientes, sin establecer en qué testigo se estaría fundamentando este riesgo procesal; iv) Con relación al inc. d), este riesgo continuaría latente, debido a que no se tiene arraigo natural ni trabajo establecido en el país o en la ciudad; no obstante, en la audiencia de la cesación a la detención preventiva, se presentó certificado de trabajo obtenido mediante requerimiento fiscal, acompañado de la cédula de identidad del propietario y la licencia de funcionamiento del taller mecánico; v) Respecto a lo anterior, la autoridad ahora demandada, cambió de criterio, indicando que tendría que demostrarse dónde está el vehículo y demás aspectos que no fueron debatidos en audiencia de medidas cautelares; empero, en su informe, el propio Juez ahora demandado, refiere que se acredita el trabajo; vi) Con la documental presentada se estaría desvirtuando la totalidad de los riesgos procesales, tomando en cuenta que el ahora impetrante de tutela antes de ser privado de su libertad, trabajaba en ese taller mecánico, ayudando a su familia; aspectos por los cuales, se advierte que no se tomó en cuenta el art. 290.2 (no menciona de qué normativa), el cual establece que, en caso de que se evidencie una fuente laboral en el país y cooperación permanente en el sostenimiento de la familia, se considerará que no existe riesgo de fuga, por lo que debió haberse concedido la cesación de la detención preventiva; y, vii) Respecto a la subsidiariedad, debe considerarse la SCP 0206/2018-S3, la cual establece que, cuando se trata de un menor de edad no es exigible agotar la vía ordinaria, operando directamente la acción de libertad.
Eulogio Mamani Calla, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Potosí, presentó informe escrito cursante de fs. 30 a 32, solicitando se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) En la audiencia de medida cautelar llevada a cabo el 9 de octubre de 2023, la “autoridad judicial en S/L” (sic), impuso detención preventiva en contra del ahora accionante, debido a que concurrían los presupuestos establecidos en el art. 289.I incisos a) y b) y 290.I incisos a), d) y e); b) Dicha resolución fue ratificada por la Sala Civil, Comercial, Niñez y Adolescencia Primera, mediante Auto de Vista 19/2023, como consecuencia de la interposición de recurso de apelación; c) Casi de manera inmediata, de haber sido emitido el referido Auto de Vista en grado de apelación, el ahora peticionante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva, amparado en el art. 291.I inc. a) de la Ley 548, señalándose audiencia para el 22 de noviembre de 2023; d) En la referida audiencia, el abogado del ahora impetrante de tutela, con relación al art. 290.I inc. a) (no menciona de qué normativa), presentó un certificado de “verificación domiciliaria”, manifestando que -el ahora accionante-, tiene domicilio conocido; e) Respecto al art. 290.I inc. e); se presentaron actas de declaración de testigos y un informe policial, de 9 de noviembre de 2023, evacuado por la Sargento Mayor Sandra Jumpiri Condori, ante el Fiscal de Materia y una entrevista efectuada a Julia Taquichiri Cabezas, habiendo señalado el ahora accionante que se había impuesto este riesgo, porque faltaba tomar declaraciones a las personas quienes ya habían prestado su entrevista policial; f) Con relación al art. 290.I inc. d) (no menciona de qué normativa), se presentó un informe social, emitido por la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación “Nuevos Horizontes” y un informe psicológico emitido por la psicóloga de la misma institución, ambos documentos datan de 1 de igual mes y año; g) Con la referida prueba documental se solicitó la cesación de la detención preventiva y aplicación de medidas sustitutivas, previstas por el art. 208 de la Ley 548; siendo rechazada dicha solicitud, debido a que la documental no era suficiente; así, con relación al presupuesto previsto por el art. 290.I inc. a) (no indica la normativa), se tomó en cuenta que el menor NN, en su declaración informativa señaló como domicilio real la Avenida Panamericana entre calle Arellano s/n; sin embargo, a través de la prueba obtenida por el Ministerio Público, consistente en una certificación extendida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), se dio a conocer que el menor tendría su domicilio en la calle Challapata de la ciudad de Oruro, al haberse presentado en la audiencia de cesación de detención preventiva un certificado domiciliario de 16 de noviembre de 2023; extendido por la Policía; h) De esa forma se llegó a establecer que el menor Ramiro Castro, tendría su domicilio en la Av. Panamericana, sin ningún otro dato de referencia consignado en el anverso del certificado; sin embargo, en el reverso, se establece que el inmueble se encuentra ubicado en la “calle Panamericana s/n entre M. Aron”, construcción de adobe de una planta, con una puerta metálica de color azul y también una puerta de color plomo metálica, con ventana de madera y una sola ventana con rejas, donde el menor ocuparía una sola habitación del inmueble; empero, no se llega a establecer en qué calidad se encontraría el menor en el inmueble, considerando su minoría de edad y con quién o quiénes habita dicho inmueble; i) No obstante; también se presentó un informe social, emitido por la Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación “Nuevos Horizontes”, aunque no se refirió en audiencia si su finalidad era enervar el art. 290 inc. a) (no señala de qué normativa); el cual, se consideró bajo el principio de favorabilidad e interés superior del menor, estableciendo que: i.1) El adolescente proviene de una familia nuclear que se constituye de un matrimonio, con el apoyo moral de la madre y los hermanos mayores, i.2) El menor se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación “Nuevos Horizontes”; i.3) La madre se encuentra muy consternada por la repentina aprehensión de su hijo; i.4) Que el adolescente vive en el inmueble ubicado en la Avenida Panamericana s/n, zona Villa Copacabana, distrital Potosí, el cual consta de dos plantas, dividida en cuartos y un patio compartido, donde el adolescente habita un cuarto de tres por tres; j) Sin embargo, el informe social tampoco acredita la habitabilidad ni la habitualidad en el domicilio; es decir que, dada su condición de menor de edad no se evidencia con quien o con quienes habita en el referido inmueble, si la madre, el padre o los hermanos se encuentran a cargo de su desarrollo, dedicándose a la actividad de ayudante de mecánico; k) Al margen de ello, el Informe Social es contradictorio con el certificado domiciliario, por cuanto, éste último señala que inmueble es de una planta, mientras que el referido Informe Social menciona que el inmueble es de dos plantas; l) Dichos motivos son los que llevaron a la conclusión de que no se ha enervado el supuesto previsto por el art. 290.I inc. a) de la Ley 548; m) Respecto al art. 290.I inc. e) de la misma Ley, se presentó en audiencia actas de declaraciones de cuatro testigos y un informe evacuado por el investigador asignado al caso; debiendo considerarse al efecto que, el motivo que llevó a establecer la existencia de este riesgo procesal se debía a que estando en libertad el menor, podría poner en peligro la vida de cualquier persona relacionada con el proceso, sea participe, testigo, perito o tercero, tomando en cuenta que según declaración de la presunta víctima existirían personas de quienes falta tomar su declaración, quienes podría prestar su declaración incluso en la etapa del juicio oral y en ese sentido el presupuesto se mantiene latente, no siendo suficiente que ya hayan prestado su declaración en la etapa investigativa, aspecto analizado de similar manera por el Auto de Vista emitido por la Sala Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia del Tribunal departamental de Justicia de Potosí; n) Con relación al riesgo procesal establecido por el art. 290.I inc. d), se impuso en razón de que el menor de edad no acreditó tener un trabajo lícito, o que se dedica a estudiar; al respecto, la Sala Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, ahonda un poco más con relación a este aspecto, señalando que se mantiene latente este riesgo, debido a que se hubiese demostrado que se están ocultando elementos de prueba a efectos de investigación, como el hecho de no mencionar dónde se encuentra la movilidad en la cual se hubiera cometido el hecho delictivo; o) A efectos de enervar dicho riesgo procesal, se presentó un informe psicológico, del cual se extraen características relacionadas con un comportamiento histriónico y en cuanto a su situación emocional, el adolescente es desconfiado y amenazante, presentando inmadurez y dependencia materna, teniendo una moderada probabilidad de reincidencia, concluyéndose que la documental presentada, no desvirtúa el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. d) de la Ley 548, tomando en cuenta que todavía falta colectar pruebas que lleven a averiguar la verdad histórica de los hechos, como el vehículo en el cual se hubiera cometido el ilícito; por lo que, si bien el ahora accionante acreditó que tiene un oficio, este aspecto no desvirtúa el referido riesgo procesal que sigue latente; p) Con relación a que se hubiera presentado un certificado de trabajo el cual no ha sido valorado, evidentemente por un lapsus calami no se hizo la valoración respectiva; toda vez que, “en el caso presente efectivamente se había presentado una certificación de trabajo por lo que se enervaría lo dispuesto la Juez en primera instancia como peligro de obstaculización más de fuga porque no fue considerado este presupuesto como peligro de fuga” (sic), debido a que la documentación presentada no desvirtúa el extremo referido a que no se hubiera dado referencia sobre el paradero de la movilidad en la cual se hubiera perpetrado el presunto hecho delictivo; por lo que, el presupuesto queda desvirtuado de manera parcial y no total, manteniéndose latente este riesgo procesal; y, q) Por lo relacionado, resulta falso que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, y, con relación a la vulneración del derecho al Juez natural, valoración de la prueba, derecho a la libertad y presunción de inocencia, -el ahora impetrante de tutela- no fundamenta de qué forma se habrían vulnerado los mencionados derechos.
Ramiro Carmona, Fiscal de Materia, en su condición de tercero interesado, intervino en audiencia, manifestando: i) Que el ahora accionante no se pronunció con relación a qué derechos se hubieran vulnerado y si está ilegalmente perseguido o detenido; ii) Con relación al inc. a); al tratarse de un menor de edad, debió acreditar con quién habita en su domicilio ya que tiene que encontrarse a cargo de alguna persona; iii) Asimismo, existe una contradicción entre el certificado domiciliario y el informe social y no se acredita las características de habitabilidad y habitualidad; iv) Respecto al inc. e), se establecido que el menor estando en libertad podría influenciar en los testigos; v) Los padres del menor manifiestan que viven en el campo, entonces quién se encontraría a cargo del menor; vi) Con relación al inc. d), debe tomarse en cuenta que este inciso fue demandado porque se desconoce el paradero de la movilidad, que se constituye en un elemento esencial a efectos de establecer la verdad histórica de los hechos; vii) Al respecto, los testigos quienes conocían de la existencia del vehículo, ahora manifiestan de que no habría tal vehículo, por lo que se estaría influyendo negativamente en ellos, tratando de ocultar o modificar elementos de prueba; aspectos por los cuales, no se habría desvirtuado los riesgos procesales y tampoco se habría agotado la instancia previa a la presentación de la acción de libertad; y, viii) En ese antecedente, solicitó se rechace la acción de libertad interpuesta.
Marcelo Gutiérrez, Abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), intervino en audiencia, manifestando que: a) La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, tiene como finalidad la erradicación de la violencia hacia las mujeres y considerando ese antecedente no se ve ningún derecho vulnerado en contra del ahora accionante, toda vez que el Juez actuó protegiendo el bien superior que son los menores; y, b) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Sala constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 97/2023 A.L. de 29 de noviembre, cursante de fs. 40 a 44 vta.; concedió parcialmente la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Con relación al derecho a la libertad, valoración de la prueba y el Juez natural e imparcial, no se hace ninguna referencia, en razón de que el ahora impetrante de tutela no efectuó fundamentación alguna, solo lo hizo con relación al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; 2) En ese comprendido, corresponde verificar si el Auto de 22 de noviembre de 2023, vulnero algún derecho del ahora accionante; y, al respecto con relación al art. 290 inc. a) de la Ley 548; el Juez ahora demandado, hace referencia de que el bien inmueble referido por el ahora peticionante de tutela, sería habitable y habitual; sin embargo, si se toma en cuenta el certificado domiciliario emitido por la Policía, éste no establece con quienes vive el ahora accionante -menor de edad-, ni a cargo de quien se encuentra, solo evidencia las características y ubicación del inmueble; en consecuencia, el Juez ahora demandado no fundamentó bajo qué normativa, doctrina o jurisprudencia existiría la obligación del menor, para que acredite con quienes vive, encontrándose -en este aspecto- un vacío en la fundamentación desarrollada por la autoridad ahora demandada; 3) Con relación al art. 290 inc. d) de la Ley 548, se advierte la existencia de un elemento de prueba, que es una movilidad involucrada en el supuesto ilícito, respecto de lo cual, el Juez ahora demandado, motivó y fundamentó su fallo; por cuanto, la desaparición del referido vehículo, tendría incidencia en la investigación y ante el desconocimiento del paradero de dicha movilidad, continuaría latente el riesgo contenido en el inc. d) del art. 290 de la citada Ley; y, 4) Con relación al art. 290 inc. e) de la referida Ley, en relación a los testigos, se considera que si bien éstos podrían declarar en la acusación formal; no obstante, el Juez ahora demandado, no señala qué valor se le puede dar en la etapa preparatoria, si tienen valor o no sus declaraciones y si estos mismos testigos van a ser citados en la etapa conclusiva; por lo que, tampoco en este aspecto se observa fundamentación y motivación con relación al análisis del riesgo procesal como tal.
Por Decreto Constitucional de 8 de abril de 2024, cursante a fs. 56, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 30 de diciembre de 2024 a fs. 81;
por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1.Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público contra el menor de edad NN -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito, tipificado en el art. 308 Bis del Código Penal (CP); el 9 de octubre de 2023, se llevó a cabo audiencia cautelar, en la cual, se impuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación denominado “NUEVOS HORIZONTES”, debido a la existencia de los riesgos procesales contenidos en el art. 290.I incisos a), d) y e) del Código Niña, Niño, Adolescente (CNNA); en ese antecedente, es que el ahora peticionante de tutela, solicitó la cesación de su detención preventiva, señalándose audiencia el 22 de noviembre de 2023, en la cual -mediante su representante legal- manifestó:
“(…) vamos a fundamentar únicamente con relación a los riesgos procesales de la audiencia de 9 de octubre de 2023, en la que su autoridad ha visto concurrente el riesgo procesal del inciso a) … manifestando de que no tuviera domicilio legal en la ciudad de Potosí, por cuanto a la fecha con nuevos elementos de juicio vamos a demostrar que el adolescente tiene su domicilio habitual ubicado en la Avenida Panamericana de esta ciudad, documento que ha sido adquirido mediante formalidades de ley, bajo requerimientos fiscales y demás con el que estamos demostrando que este ciudadano (…) tiene su domicilio (…) únicamente ha sido vigente este riesgo procesal, porque no se tenía certificado domiciliario, en esta audiencia estamos presentando el documento extrañado (…) ahora bien con relación al otro riesgo procesal nos han indicado con relación al inciso e) que podría influir negativamente a los testigos y que testigos nos ha referido la autoridad fiscal en su momento, nos ha indicado entre sus familiares del imputado o familiares de la víctima, dentro de los actos investigativos se ha solicitado a la autoridad fiscal que convoque en calidad de testigos a estas personas que se han mencionado en la audiencia de medidas cautelares y se ha notificado como testigos y aquí tenemos el informe del investigador asignado al caso, documento que es de fecha 9 de noviembre de la presente gestión que refiere quienes han declarado (…) Lino Castro Cruz (…) Zenón Castro Taquichiri y Julia Cabezas Taquichiri (…) esos documentos han sido extrañados y exigidos en audiencia de medidas cautelares, así lo establece el acta falta las declaraciones de estas personas (…) se nos ha dicho (…) por otro lado por la parte contraria nos dice que tienen que declarar los familiares, han invocado el nombre del padre de la menor el señor Abel Edwin Viscarra Arias ha prestado su declaración informativa en calidad de testigo, se está cumpliendo con lo que se nos ha pedido tienen que declarar tales personas y en esta audiencia estamos presentando esas declaraciones, por cuanto se está desvirtuando también y se está enervando el inc. e) a la influencia negativa con esas documentales (…) con relación al inciso d), nos indica que tiene facilidades para (…) modificar elementos de prueba y demás porque no tiene un arraigo natural (…) en este aspecto se tiene 1. El informe social elaborado por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí de Sedeges, hace referencia al núcleo familiar, hace referencia a su actividad laboral, en este caso queremos dejar en relevancia que mi defendido evidentemente trabaja como ayudante de mecánica, que esto ha sido un contrato verbal con su hermano Zenón Castro, propietario de dicho taller mecánico, cual es la finalidad aquí lo que refieren que dicho adolescente genera ingresos económicos con la finalidad de apoyar a su familia, a su padre, a su madre y a su hermana menor (…) este informe social ha sido verificado, corroborado por la Lic. Flavia Ramírez Oyola Directora Técnica de Sedeges e incluso se tiene un muestrario fotográfico donde está establecido el domicilio exacto, lugar de trabajo y demás aspectos (…) vamos a adjuntar el certificado de trabajo obtenido mediante requerimiento fiscal (…) la licencia de funcionamiento de este taller mecánico, la cédula de identidad del propietario (…) con estas documental se está presentando de forma objetiva lo que se ha extrañado en su momento, no tiene arraigo porque no tiene trabajo, no se tiene un informe social e incluso que en audiencia ha intervenido el equipo multidisciplinario de la niñez y adolescencia indicando a viva vos que si tiene domicilio (…) la profesional recomienda que si se pueda dar una reinserción familiar con su familia, debido a que está atravesando con este tipo de problemas (…) por cuanto su autoridad podrá evidenciar conforme los documentos se está demostrando estos dos aspectos, la situación emocional y que no tiene esa conducta criminal (…) su autoridad aplique lo que establece el artículo 60 de la CPE proteger reforzadamente a los menores y el artículo 290 romano II de forma clara establece, si trabaja en el país y coopera permanentemente en el sostenimiento de su familia, se considera de que no existe riesgo de fuga (…) se está desvirtuando en su totalidad lo establecido en el art. 290 de riesgo de fuga u obstaculización (…) por otro lado, conforme rige los principios del Código Niña, Niño y Adolescente, refiere en el art. 12 inciso a) se debe dar una prioridad al menor así sea infractor o sea un adolescente con responsabilidad penal se debe dar un apoyo reforzado, más aun cuando se están enervando los riesgos procesales y el adolescente va a estar presente en todas las audiencias que su autoridad convoque (…) vamos a pedir que se pueda aplicar lo establecido en el artículo 208 con relación a las medidas cautelares personales, medidas sustitutivas, las que su autoridad vea conveniente, se está demostrando que tiene papá, mamá y una actividad lícita, tiene un domicilio donde puede estar permanentemente el adolescente (…).” (sic [fs. 68 a 69] vta.). II.2.Respecto a la solicitud de cesación de detención preventiva, Eulogio Mamani Calla, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de Potosí -ahora demandado-, se pronunció mediante Auto de 22 de noviembre de 2023, en los siguientes términos:
“(...) cuando una autoridad judicial o un tribunal deba resolver una solicitud de detención preventiva, esa debe de ser resuelto de un análisis ponderado de dos elementos: 1) Cuáles fueron los motivos que fundaron la aplicación de la medida extrema de la detención preventiva; y, 2) Cuáles son los nuevos motivos o elementos de convicción que el imputado haya presentado para demostrar que los motivos ya no concurren y sean convenientes que la medida sea sustituida por otra medida menos gravosa. Bajo esa norma establecida en el presente caso, en principio recurriendo al cuaderno procesal se puede establecer que efectivamente mediante audiencia celebrada en fecha lunes 9 de octubre de 2023 años, se ha dispuesto la detención preventiva del menor (…) presuntamente con responsabilidad penal, considerando la concurrencia de lo dispuesto por el art. 289 en Núm. I) Inc. a) y b), en relación al Núm. I) Inc. b), se ha considerado lo dispuesto por el art. 290 Núm. I) Inc. a), e) y d), es decir riesgo de fuga y de obstaculización, en base a esos antecedentes es que se debe hacer una valoración ponderada, es decir si en esta oportunidad la situación jurídica procesal del menor adolescente ha mejorado (…) para otorgarse medidas menos gravosas, o mantenerse la medida extrema de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público y la víctima (…). En relación al inc. a) del art. 290 de la Ley 548, a partir de la revisión del acta de medidas cautelares se ha dispuesto como riesgo procesal, este presupuesto tomando en cuenta en el menor en su declaración informativa habría manifestado que tiene como domicilio real, el que se encuentra ubicado en la Av. Panamericana entre calle Arellano s/n y a partir de la prueba obtenida por parte del Ministerio Público consistente en una certificación del Segip se habría dado a conocer que el menor tendría su domicilio en la calle Challapata de la ciudad de Oruro y al no haberse acreditado de forma precisa el domicilio, es que se ha tenido por considerar la vigencia de este presupuesto procesal de fuga establecido en el inc. a) en el art. 290; ahora bien, para desvirtuar este presupuesto procesal en esta oportunidad se nos ha traído un certificado policial domiciliario de fecha 16 de noviembre de 2023 años, y a partir del análisis de esta documental ciertamente se puede establecer que el menor Ramiro Castro, tendría su domicilio ubicado en la Av. Panamericana, sin ningún otro dato de referencia en la parte frontal del certificado, sin embargo en la parte reversa se puede establecer que el inmueble se encuentra ubicado en la calle Panamericana S/N entre M. Aron, construcción de adobe de una planta con una puerta metálica de color azul y también con una puerta de color plomo metálica con ventana de madera y una sola ventana con rejas, donde el menor ocuparía una habitación en ese inmueble, sin embargo a partir de esta documental no dice en que calidad se encuentra el menor en ese inmueble y sobre todo considerando su minoridad de edad no se hace referencia con quien o quienes habita dicho inmueble, sin embargo al haberse también traído un informe de tipo social emitido por la Trabajadora Social del Centro Nuevos Horizontes, aunque no se nos haya referido en esta audiencia que es para enervar el inc. a) del art. 290, bajo el principio de favorabilidad e interés superior del menor también se debe hacer una ponderación, y a partir de su análisis por la documental se hace referencia que el menor presunto con responsabilidad penal (…) tiene como dirección la Av. Panamericana de Potosí y en relación a su situación familiar se refiere que el adolescente proviene de una familia nuclear que se constituye dentro de un matrimonio, con el apoyo moral de la madre y el de los hermanos mayores con quienes mantienen una comunicación constante sobre todo con el hermano Zenón que anhela de poder ver a su hermano menor libre y que pueda seguir y trabajando en su taller, que actualmente el menor (…) se encuentra en el centro de reintegración social para adolescentes y responsabilidad de Nuevos Horizontes (…) y en lo que respecta a su domicilio, se hace referencia a que el adolescente vive en el inmueble ubicado en la Av. Panamericana, que es de 2 plantas dividida en cuartos y un patio baño compartido, donde el adolescente (…) vive en un cuarto 3 por 3, cuenta con los servicios básicos agua y luz, a partir de estos antecedentes, si bien se hace referencia a que el menor (…) tiene como domicilio en la Av. Panamericana s/n, de la zona Villa Copacabana de la distrital de Potosí, sin embargo a partir del análisis del informe social tampoco se acredita la habitabilidad, la habitualidad en el domicilio, es decir que teniendo la característica de menor de edad, no se hace referencia conjuntamente a quien o quienes habita dicho inmueble, si la madre, el padre o los hermanos se encuentran a su cargo, desarrollando como una actividad de ayudante de mecánico, al margen de ser contradictoria con el certificado domiciliario tomando en cuenta que en el certificado domiciliario se hace referencia que el inmueble es de una planta mientras en el informe social se hace referencia a que es de dos plantas dividido en cuartos, por lo que bajo esos antecedentes entiende el suscrito juzgador que no se ha enervado a cabalidad (…). En relación al inc. e), Núm. I del art. 290 de la Ley 548 (…) se ha traído acta de declaración de lo Sres. Lino Castro Cruz (…) Zenón Castro Taquichiri (…) Abel Viscarra Arias (…) el informe evacuado por el (…) investigador asignado al caso (…) en la audiencia cautelar se habría dispuesto este riesgo procesal, tomando en cuenta que faltaba las entrevistas o declaraciones de los testigos que conocerían algo en relación al hecho acusado, a la fecha se habían tomado las declaraciones y por tanto se hubiese enervado este presupuesto procesal del inc. e) … resulta evidente que este presupuesto se estableció porque el adolescente estando en libertad puede negativamente poner en peligro a una persona relacionada al proceso; sea participe, testigo y/o perito o tercero en la etapa de la investigación y a partir de la prueba aportada por el Ministerio Publico y la declaración realizada por la víctima existirían personas que faltan por declarar, aunque en el fondo no se hace referencia que ciertas personas no habrían depuesto su atestación; sin embargo si bien en esta oportunidad se nos está demostrando de que evidentemente varias personas que serían testigos en relación al hecho que ha sido imputado han depuesto su declaración como testigos, sin embargo este hecho no se puede considerar que ya no exista la posibilidad de que el menor influencie negativamente en personas relacionadas al proceso, sobre todo a los testigos, tomando en cuenta que el proceso a partir de lo que dispone la Ley 548, no solamente concluye con la imputación formal, sino concluye con la acusación y a través de los recursos que prevé la norma, sobre todo la acusación, por cuanto de existir la misma, los testigos también serán convocados a la audiencia de juicio oral para que ellos bajo el principio de inmediación, el principio de contradicción puedan deponer su declaración en estrados judiciales, y por tanto al no haber concluido su participación dentro del proceso, únicamente con su declaración en la fase de investigación no se puede considerar que ya no exista ese presupuesto y es ese razonamiento que se ha dado en el acta de medidas cautelares y además en el Auto de Vista que ha sido pronunciado por la Sala de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (…)
Finalmente, en relación al riesgo procesal establecido en el Art. 290 Núm. I) Inc.
d), de acuerdo al acta de medidas cautelares se ha dispuesto que concurría este riesgo procesal, toda vez que el adolescente no hubiese demostrado que tenga un trabajo ilícito (sic); es decir, que el menor no había acreditado que estudia, sin embargo el Auto de Vista pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia, producto de un recurso de apelación precisamente interpuesto por la defensa de la menor adolescente, ahonda un poquito más en relación a este riesgo procesal, estableciendo que se encuentra latente este riesgo procesal porque se hubiese demostrado que se está ocultando elementos de prueba para efectos de investigación, que seguramente por el principio de objetividad e incluso si correspondería ayudarían a mejorar al imputado, a mejorar su situación, pero como no se menciona donde se encontraría la movilidad, donde supuestamente se hubiese cometido el hecho, se dice concurre ese presupuesto legal, toda vez que no se tiene antecedente que se encuentre en su poder o en poder de terceras personas o ante la ausencia del paradero, tiene la concurrencia con este presupuesto legal y a partir de la documental que se hizo presente en el informe del equipo psicológico por el cual únicamente a partir de los instrumentos utilizados por el equipo interdisciplinario del centro de nuevos horizontes, entre ellos la observación directa (…) además de la reincidencia en sus conclusiones únicamente hace referencia que el adolescente durante la valoración psicológica y la entrevista y las pruebas aplicables que se muestran colaborativos durante el proceso de evaluación, el adolescente presenta características posiblemente están relacionados en la finalidad histriónica, en relación a la situación emocional el adolescente es desconfiado siempre y amenace en relación al proceso por el cual está atravesando presenta inmadurez emocional y dependencia materna en la actualidad no se adapta al centro (…) generalmente se presenta un indicador bajo las conductas antisociales, en relación a la escala de reincidencia el adolescente concluye, tiene una moderada probabilidad de reincidencia, según los factores del riesgo que pesa, es decir se relación esta prueba con lo que se ha hecho presente que se ha hecho la valoración de ninguna forma nos permite entender de que a través de ella se desvirtué en relación a la valoración realizada por la Juez de primera instancia de que el adolescente tenga un trabajo constituido, estudia esos aspectos que han corroborado en el además también la valoración que se ha realizado de la Sala Civil, Comercial y Niñez y Adolescencia Primera a través del auto de vista No. 19/2023 donde hace referencia que inclusive faltaría por colectar ciertas pruebas para llegar a esa verdad material histórica de los hechos, consecuencia de ello tampoco considera el suscrito Juez que se encuentra enervado el riesgo procesal establecido en el art. 290 núm. 1 inc. d). En consecuencia del análisis general se llega al convencimiento, que si bien las medidas cautelares deben ser aplicadas con criterio restringido, además debe ser aplicable de manera excepcional es decir que la regla es la libertad y la detención es la excepción, sin embargo al no haberse enervado de parte del menor imputado los riesgo procesal que originaron su detención preventiva este Juzgado de la Niñez y Adolescencia ha visto que no concurren los requisitos para aplicar medidas menos gravosas que puedan cumplir la finalidad del proceso.
.- El Juzgado de la Niñez y Adolescencia de este asiento judicial bajo los antecedentes expresados en aplicación de lo dispuesto por el art. 291 del CNNA con relación al art. 290, 289, 282, 288 del mismo cuerpo normativo rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva del menor presunto con responsabilidad penal (…) al no haberse desvirtuado los riesgos procesales de acuerdo a la fundamentación expuesta, por lo que se mantiene firme e incólume la detención preventiva en contra del menor adolescente.
JUEZ: Se tiene presente (…) la explicación, complementación y enmienda, sin embargo las partes también deben hacer mención de que, que es lo que se solicita (…) en el caso concreto entiende el suscrito Juzgador que se está solicitando complementación tomando en cuenta que la prueba presentada de su parte la certificación de trabajo no hubiese sido valorado en ese merito vamos a seguir con la complementación, efectivamente el suscrito Juez a la omisión no ha valorado el certificado de trabajo presentado en la presente audiencia por parte de la defensa del menor presunto responsable penal, obviamente que esto ha sido por un lapsus calami, porque la misma se hubiese entre papelado, sin embargo de ella se puede establecer que obviamente en el acta de audiencia de medidas cautelares se ha señalado de que concurría el inc. d) del art. 290, tomando en cuenta que el menor presunto responsable no había acreditado una actividad lícita es decir, familia, trabajo, en el caso presente efectivamente se había presentado una certificación de trabajo que enervaría lo que ha dispuesto la Juez en primera instancia a partir de su resolución pronunciada, sin embargo esta autoridad jurisdiccional también se ha referido a la resolución pronunciada la Sala Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia del tribunal departamental de Justicia a partir del auto de vista, no solo se contempla la concurrencia de este riesgo procesal a partir de la interpretación de la valoración que hubiese establecido la Juez de primera instancia, producto de una apelación que hubiese puesto la defensa del acusado y a partir de ella concurría dice el riesgo procesal, tomando en cuenta que no se hubiese dado el paradero de una movilidad, donde presuntamente se hubiesen ocurrido los hechos de que no se tiene conocimiento del paradero de la movilidad donde presuntamente hubiese ocurrido los hechos y en consecuencia de ello a partir del certificado de trabajo inclusive que no se encuentra visado por la instancia pertinente, se entiende de que también se hubiese enervado de alguna forma de forma parcial a la resolución de la Juez de primera instancia pero no en forma total a los riesgos procesal por lo que al no haberse desvirtuado de forma total este riesgo procesal, también se mantiene latente, así se tiene por complementado la resolución en relación a la valoración del certificado de trabajo” (fs. 72 vta. a 76).
El accionante, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos motivación y fundamentación, valoración razonable de la prueba, Juez natural e imparcial y el derecho a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; la autoridad ahora demandada, mediante Auto de 22 de noviembre de 2023, rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, incurriendo en las siguientes ilegalidades: i) No valoró el certificado domiciliario presentado, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, en razón de que no se habría adjuntado croquis y muestrario fotográfico; y, no se demostró la “habitualidad y la habitabilidad”; ii) Tampoco valoró el certificado de trabajo, la licencia de funcionamiento y otros documentos, como un informe social y psicológico presentados, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal inmerso en el art. 290.I inc. d) de la citada Ley; iii) No se valoró la declaración de los testigos, ni el informe elaborado por el investigador asignado al caso, producidos a efectos de desvirtuar el art. 290.I inc. e) de la referida Ley, con el argumento de que sería prueba insuficiente; y, iv) Emitió el Auto de 22 de noviembre de 2023, sin la debida fundamentación y motivación, debido a que no se dio aplicación al art. 290.II de la Ley 548, tomando en cuenta que se había presentado el Informe Social, Psicológico y la entrevista de la madre del imputado que demostraban que éste contaba con una fuente laboral, incluso con anterioridad a que fuera cautelado, desvirtuando el riesgo de fuga. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán las siguientes temáticas: a) Sobre la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables; b) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; c) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; d) El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños; y, e) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0466/2020-S1 de 9 de septiembre;
0619/2021-S1 de 9 de noviembre; 0699/2021-S1 de 23 de noviembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
Al respecto, la jurisprudencia constitucional, mediante la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció lineamientos sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, señalando que en los supuestos en los que la norma prevea medios idóneos de defensa; es decir, cuando existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través del habeas corpus -ahora acción de libertad-.
De igual manera, la SC 0589/2011-R de 3 mayo se pronunció respecto a la subsidiariedad excepcional, no obstante, estableció la inaplicabilidad de ese instituto procesal cuando se trate de la tutela del derecho a la vida; en tal sentido precisó:
“El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SC 0255/2011-R de 16 de marzo, se pronunció sobre la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional con relación al grado de vulnerabilidad del agraviado y/o peticionante de tutela, desarrollando lo siguiente:
es aplicable la subsidiariedad excepcional; pues al merecer protección especial del Estado por su condición que los coloca en desventaja frente al resto de la población, esos derechos se trasladan al ámbito proceso penal y conlleva a la aplicación de la regla y no así de la excepción” (el resaltado es nuestro). En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado constantemente fallos que en congruencia y en armonía entre sí, promueven la protección de los grupos que se encuentran en vulnerabilidad, de modo que, dichas Sentencias Constitucionales son aplicables a todos los tipos de acciones tutelares, como es el caso de la acción de libertad -más aun por el principio de informalidad que goza- ya que es el medio de defensa idóneo para garantizar, proteger y/o tutelar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal y de locomoción; consecuentemente, no es posible exigir el agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios inmediatos para su activación cuando se tratare de personas integrantes de grupos vulnerables, quienes tienen atención prioritaria, tal como la SCP 0998/2014 de 5 de junio se pronunció sobre la abstracción del principio de subsidiariedad al tratarse de adultos mayores, mujeres embarazadas trabajadoras, niños -entre otros-, pese que no se hubieran agotado los medios de impugnación previstos por la norma por corresponder estos a grupos de atención prioritaria; reflexión constitucional, que a su vez fue secundado por la SCP 0140/2018-S4 de 16 de abril. De igual forma la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre, agrego sobre el presente aspecto que:
“Sobre este tópico, la SCP 1564/2014 de 1 de agosto, desarrolló el siguiente entendimiento: ´La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido excepciones, en consideración a la vulneración de derechos fundamentales, vinculados a personas que requieren de una protección inmediata, abstrayendo exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, ha denominado como grupos vulnerables, que comprende a los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, que requieren de una protección inmediata, por ello en estos casos inclusive se hace abstracción del principio de En su F.J.III.3, secundando lo establecido en la SCP 0055/2013 de 11 de enero que señaló: `…de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad…´.
Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados” (el resaltado es nuestro).
subsidiariedad en las acciones de defensa, las que pueden ser presentadas de manera directa, no obstante de existir los medios en la vía ordinaria o administrativa” (el resaltado nos pertenece). Bajo el mismo criterio la SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre3 hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico.
Consecuentemente, es posible concluir en que, es pertinente la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la transgresión de derechos y garantías constitucionales al tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo de protección especial por el Estado.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0116/2023-S1 de 28 de marzo; 1302/2022-S1 de 10 de noviembre; y, 0646/2023-S1, 14 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento.
La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.
La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia.
En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:
…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido).
Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará)4; en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación5.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.
La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.
Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.
Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.
También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)” 6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH)8, que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.
Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:
“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 8 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ...
(…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:
...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.
En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA)13, el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:
…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.
En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido).
Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP.
Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente 14 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”.
En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art. 234.7- del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:
“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y,
En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”.
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).
(…). 16 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0442/2021-S1 de 16 de septiembre; 0209/2023-S1 de 12 de abril; y, 0660/2023-S1 de 20 de junio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
La protección de la niñez fue una preocupación en el plano internacional después de la Primera Guerra Mundial, ya que muchos niños y adolescentes fueron afectados por la misma; por cuanto, a iniciativa de la fundadora de Save The Children Fund, Eglantyne Jebb, quien elaboró la Declaración de Ginebra y la envió a la Sociedad de Naciones, la cual la adoptó en su V Asamblea en diciembre de 1924, constituyéndose así en el primer texto internacional que reconoce la existencia de derechos específicos para los niños y niñas17.
Ahora bien, dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la X Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, incluyó el Derecho de protección a la infancia al establecer en su art. VII que “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.
Asimismo, el art. 25.II de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1948, dispuso también que: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (las negrillas son añadidas).
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959 proclamada por la Asamblea de la ONU establece una protección especial para el mismo a fin de precautelar su desarrollo, e inclusive en los principios 2 y 6 hace mención a que se debe tener en cuenta el interés superior del niño en la emisión de leyes y a quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; asimismo, contiene derechos, entre ellos a la salud, alimentación, vestimenta, servicios, educación elemental y a la no discriminación. En este orden, las Declaraciones internacionales señaladas precedentemente fueron ratificadas por Bolivia; de ahí que, en nuestro país los derechos a la salud física, mental y moral de la infancia, como los derechos del niño al hogar, la educación y la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia se encuentran visibilizados constitucionalmente por primera vez en el art. 134 de la CPE de 1938, que fue promulgado durante la presidencia de Germán Busch, encomendando su cumplimiento a organismos técnicos adecuados, regulación que se mantuvo en la referida Norma Suprema hasta que en la Constitución Política del Estado de 1967 se incluyó una reserva de ley para la regulación de la protección del menor. Si bien hasta esa época el Sistema Internacional de Derechos Humanos, a través de las Declaraciones Internacionales mencionadas ut supra e inclusive la Declaración Universal de Derechos del Niño y asimismo la Constitución Política del Estado de Bolivia señalada anteriormente, instituyeron disposiciones de protección a la infancia y a la niñez; empero, obedecían a la corriente de la “doctrina de la situación irregular”; es decir que, se concebía a los niños y a los jóvenes como “objetos de protección o tutela” a partir de una definición negativa de estos actores sociales, y que en palabras de Antonio Carlos Gomes da Costa, esa definición se basaba en lo que no saben, no tienen o no son capaces; es así que, la normativa emitida durante esa corriente ideológica tiene varios indicadores conforme ha desarrollado la experta internacional en materia penal y en derechos de la Niñez y Adolescencia Mary Beloff, entre los cuales se tienen los siguientes:
“Los niños y jóvenes aparecen como objetos de protección, no son reconocidos como sujetos de derecho sino como incapaces que requieren un abordaje especial. Por eso las leyes no son para toda la infancia y la adolescencia sino sólo para una parte del universo de la infancia y la adolescencia, son para los “menores”. Se utilizan categorías vagas, ambiguas, de difícil aprehensión desde la perspectiva del derecho, tales como “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”, o “en situación de riesgo” o “en circunstancias especialmente difíciles” o similares, que son las que habilitan el ingreso discrecional de los “menores” al sistema de justicia especializado. En este sistema, es el “menor” quien está en situación irregular; son sus condiciones personales, familiares y sociales las que lo convierten en un “menor en situación irregular” y por eso es objeto de intervenciones estatales coactivas tanto él como su familia. A partir de esa concepción, existe una división entre aquellos que serán atravesados por el dispositivo legal/tutelar, que generalmente coinciden con los que están fuera del circuito familia-escuela (los “menores”), y los niños y jóvenes, sobre quienes este tipo de leyes -como se señaló- no aplica. Un ejemplo de este punto es que, frente a un mismo problema de la familia, un grupo de personas (los “menores”) son intervenidos por la justicia de menores, en tanto que otro grupo, probablemente, si hay intervención judicial, será intervenido por la justicia de familia.
También aparece que la protección es de los “menores” en sí mismos, de la persona de los menores, de ahí la idea de que son “objetos de protección”. Por eso, esa protección frecuentemente viola o restringe derechos, porque no está pensada desde la perspectiva de los derechos. Aparece también la idea de la incapacidad. Vinculada con ésta última, entonces, la opinión del niño es irrelevante. En la misma lógica, se afecta la función jurisdiccional, ya que el juez de menores debe ocuparse no solo de las cuestiones típicamente “judiciales” sino también de suplir las deficiencias de la falta de políticas sociales adecuadas. Por eso se espera que el juez actúe como un “buen padre de familia” en su misión de encargado del “patronato” del Estado sobre estos “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”. De ahí que el juez no esté limitado por la ley y tenga facultades omnímodas de disposición e intervención sobre la familia y el niño. Todo está centralizado. Así queda definitivamente confundido todo lo relacionado con los niños y jóvenes que cometen delitos con cuestiones relacionadas con las políticas sociales y la asistencia, es lo que se conoce como “secuestro y judicialización de los problemas sociales”. De este modo es que también se instala la categoría del “menor abandonado/delincuente” y se “inventa” la delincuencia juvenil. Se relaciona este punto con la “profecía autocumplida”: si se trata a una persona como delincuente aun cuando no haya cometido delito es probable que exitosamente se le pegue esa etiqueta de “desviado” y que, en el futuro, efectivamente lleve a cabo conductas criminales. Como consecuencia de todo lo explicado, se desconocen todas las garantías individuales reconocidas por los diferentes sistemas jurídicos de los Estados de Derecho a todas las personas (no sólo a las personas adultas). Principalmente, la medida por excelencia que adoptan los juzgados -tanto para infractores de la ley penal, cuanto para víctimas o para los “protegidos”- es la privación de la libertad. Todas las medidas se adoptan por tiempo indeterminado. Se consideran a los niños y jóvenes imputados de delitos como inimputables, lo que entre otras cosas implica que no se les hará un proceso con todas las garantías que tienen los adultos, y que la decisión de privarlos de libertad o de adoptar cualquier otra medida no dependerá necesariamente del hecho cometido sino, precisamente, de que el niño o joven se encuentre en “estado de riesgo”. En este entendido, el sistema de la “situación irregular” se caracteriza a decir de la autora porque:
a) Refleja criterios criminológicos propios del positivismo de fines del siglo pasado y principios de éste, de la cual deriva un sistema de justicia de menores que justifica las reacciones estatales coactivas frente a infractores (o “potenciales infractores”) de la ley penal a partir de las ideas del tratamiento, la resocialización -o neutralización en su caso- y, finalmente, de la defensa de la sociedad frente a los peligrosos. Desde la perspectiva de las teorías del castigo; b) El argumento de la tutela. Mediante este argumento fue posible obviar dos cuestiones centrales en materia político-criminal. En primer lugar, el hecho de que todos los derechos fundamentales de los que gozan los adultos no fueran reconocidos a los niños y a los jóvenes. En segundo lugar, el hecho de que las consecuencias reales de esa forma de concebir y tratar a la infancia y la juventud sólo reprodujera y ampliara la violencia y marginalidad que se pretendía evitar con la intervención “protectora” del Estado; y, c) Las funciones atribuidas al juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales22. En este estado de cosas, la doctrina de la “situación irregular” estuvo fuertemente acentuada también en Bolivia, puesto que en nuestro país después de la Guerra del Chaco (1932-1935) se creó el Patronato del Menor debido a que muchos niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad, entonces se hace visible la institucionalización o internación de este sector de la población en el marco de la visión tutelar del Estado, así también siguiendo esta misma perspectiva se crea posteriormente el Consejo Nacional del Menor (CONAME), y para 1971 empieza a funcionar la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que en 1982 se convierte en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que se encargaba de coordinar sus funciones asistencialistas y proteccionistas dirigida a la referida población en coordinación con las Direcciones Regionales del Menor (DIRME) en cada departamento, que de igual manera su accionar estaba dirigido a la asistencia social y protección a niños, niñas y adolescentes que tenían esa calidad, que persistió con la creación del Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia, en 1992, el cual también funcionaba a nivel nacional, departamental y provincial, para posteriormente en 1999 con el proceso de descentralización se originan los SEDEGES, como órganos desconcentrados de las prefecturas, con la misión de aplicar políticas y normas emitidas en el ámbito nacional, en temas de género, generacionales, familia y servicios sociales, además de coordinar programas y proyectos en materia de gestión social. Esta corriente tutelar y asistencialista estuvo fuertemente arraigada con la creación de las instituciones estatales señaladas precedentemente no sólo en Bolivia sino también en Latinoamérica inclusive la Corte IDH durante los años sesenta y setenta tuvo como marco normativo la Declaración Americana de Derechos y Deberes de los Hombres para efectuar sus informes sobre la constatación de violaciones en lo concerniente a detenciones arbitrarias de niños como el caso del niño dominicano Felipe de Jesúsy otros relacionados con la muerte de niños por la milicia privada al servicio del Gobierno, de niños que permanecían privados de libertad en condiciones inadecuadas; asimismo, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, se establece en su art. 19 una cláusula de derechos, que señala “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”; y también instituye varias disposiciones de protección inherentes a esa población; que de manera posterior es fortalecida por el Protocolo de San Salvador, adicional a la mencionada Convención, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 16 dispone como Derechos de la Niñez que “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo” (las negrillas son añadidas), que si bien fue suscrito en 1988, recién entró en vigencia el 16 de noviembre de 1999; por lo que, la Corte IDH, en su Informe Anual de 1984 - 1985 hace referencia al citado art. 19; de igual manera, entre los años 1985 y 1990 emitió varios informes sobre la violación del derecho a la vida y a la libertad de niños, a su integridad personal y sus garantías judicialesy en relación a los que se encuentran también en conflicto con la ley penal, precisando en este caso que los mismos debían ser sometidos a un juez especial y que su detención debía llevarse a cabo en lugares distintos a los de la población adulta.
26 CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Haití, (OEA/Ser.L/V/II.21 doc. 6 (español) Rev. 21) de mayo de 1969, capítulo II. CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Chile, (OEA/Ser.L/V/II.34, doc. 21), 25 octubre 1974, Capítulo V. 27 Arts. 4, 5, 5.5, 13.4, 17.4 y 5 y 27.2 de la Convención de los Derechos del Niño.
29 CIDH. Informe Anual 1984–1985. “Adicionalmente, considera la Comisión que deben incorporarse normas tendientes a la protección de instituciones y grupos que, por sus especiales características, requieren consideración preferencial por parte del Estado a fin de lograr una vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión alude aquí a las normas de protección de la familia, de la niñez, de la juventud, de los minusválidos y de los ancianos”, párrafo 17. 30 CIDH. Caso 9449 (Perú) 30 de junio de 1987 Con comunicación de 6 de septiembre de 1984, Resolución 20/87 de 30 de junio, Vistos, 1. Denuncia sobre Martín Hipólito Bellido Canchari, de 14 años, estudiante de secundaria en la escuela "Mariscal Cáceres", que fue detenido a finales de 1983, por miembros encapuchados de la Guardia Civil en su casa en Ayacucho, sin tener conocimiento de su paradero, sin lograr esclarecer su paradero, temiéndose por su vida. 31 CIDH. Informe Anual 1986-1987. Caso 9619 (Honduras) 28 de marzo de 1987. 32 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua de 1978, capítulo IV.D “En relación a la libertad personal, una grave situación observada por la Comisión Especial es la que se refiere a los menores. Es cierto que la Constitución nicaragüense prescribe que las menores de edad a quienes se les detenga deben ser internados en instituciones especiales de rehabilitación 13/; pero, no obstante ello, la Comisión pudo constatar en los centros de detención visitados, numerosas personas de 14, 15, 16 y 17 años conviviendo en condiciones de promiscuidad con mayores”.
Sin embargo, es a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990, que se trasunta a otro paradigma en la forma de concebir a las niñas, niños y adolescentes; es decir, que es una transición de la doctrina de la “situación irregular” en la que se encontraba esta población hacia la doctrina de protección integral, mediante la cual se constituyen en sujetos de derechos y no simplemente en objetos de tutela, tal cual se los consideraba antes de la Convención; en consecuencia, se entiende que la protección integral es igual a la “protección de derechos” de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez tiene como eje central el principio rector del interés superior del niño, que si bien ya fue instituido en la Declaración Universal de Derechos del Niño; empero, ahora en el marco de la visión de que los niños son sujetos de derechos, y ciudadanos que también tienen responsabilidades, en este entendido dicho principio viene a ser una directriz obligatoria para el cumplimiento efectivo y satisfacción de manera preeminente de sus derechos por parte del Estado a través de todos sus órganos de gobierno; asimismo, la sociedad incluyendo la familia, de ahí que, también la Corte IDH, en el análisis de las decisiones adoptadas en materia de la niñez empieza a consolidar el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y se pronuncia sobre varias situaciones de violaciones de sus derechos, y una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño que se realiza en el Sistema Internacional de Derechos Humanos puede encontrarse en su Informe Anual de 1997, donde señala que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño, estableciendo así un estándar de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por lo que, debe entenderse que esas decisiones no pueden ser en ningún momento discrecionales sino precautelando siempre la satisfacción de sus derechos en su calidad de sujetos y no objetos; es decir, teniendo en cuenta su opinión en su calidad de personas; asimismo, en la Opinión Consultiva 17/2002 de 28 de agosto se expresa que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, con el objeto de realizar un seguimiento a las obligaciones contraídas por los Estados que son parte ha incorporado la creación de un Comité de los Derechos del Niño, para lo cual los mencionados Estados deben presentar de manera obligatoria informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos que se encuentran reconocidos por la Convención y el progreso obtenido en lo referente al goce de los mismos, de conformidad al plazo establecido; por lo que, el referido Comité en la Observación General 10 pronunciada sobre Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, se ha referido al interés superior del niño en la justicia penal, señalando que:
“…Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública” (las negrillas son añadidas).
De la misma forma varias observaciones establecidas en la Observación 10 señalada ut supra, se emitieron a la luz del interés superior del niño40, de conformidad a la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual a su vez también ha establecido otros principios como el de No Discriminación, Autonomía, Participación, Protección, excepcionalidad, legalidad, y especialización que garantizan el cumplimiento de los derechos establecidos en esta norma internacional.
Asimismo, el interés superior del niño, no puede concebirse solamente como principio, sino también como garantía, puesto que la misma se entiende como “vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos”, en este entendido también se constituye en un derecho, pues tal como se explicó precedentemente es de cumplimiento obligatorio y se encuentra vinculado a principios que coadyuvan en su cumplimiento; es así que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha referido en varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales al interés superior del niño; sin embargo, en la SCP 0125/2017–S1 de 9 de marzo, reiterada por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, ha establecido una comprensión amplia del referido principio, y su vinculación con otros principios que refuerzan su cumplimiento al señalar que:
“…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina” (el resaltado fue añadido).
A mayor abundamiento, el interés superior del niño tiene asimismo una labor hermenéutica que permite interpretar sistemáticamente sus disposiciones a fin de efectivizar el ejercicio pleno de sus derechos, así también posibilita la resolución de conflictos entre derechos que se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; es decir, que se utiliza este principio en la ponderación de derechos, entonces bajo esta comprensión los derechos del niño no pueden estar supeditadas al interés colectivo ni pueden asimilarse al mismo; por lo que, cuando surgen conflictos de derechos del niño con el interés social, los otros deben ser ponderados de manera prioritaria.
Así también, el interés superior del niño según el autor Parker puede servir como un principio orientador al momento de evaluar la legislación o práctica que no se encuentren regidas por la ley, facilitando llenar algunos vacíos o lagunas legales, tanto para la promulgación de leyes como para cuando se tenga que tomar decisiones en casos en que no existe norma expresa44; de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño expresó que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”45, conceptualizando también la referida Opinión Consultiva 17/02 a dicho principio como un “principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, siguiendo la concepción del nuevo paradigma de protección integral, esta fue también reconocida en la Sentencia de 19 de noviembre de 1999, en el caso “Niños de la Calle”, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una interpretación evolutiva del art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, apartándose de la concepción tutelar con la cual fue concebida, otorgándole un contenido a partir de la incorporación de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de los instrumentos internacionales comprendidos en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores de 1985, las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Riad) de 1990 y las Reglas para la Protección de los Menores de Edad Privados de Libertad de 1990, las cuales bajo esa comprensión se constituyen en parte del corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de niñas, niños, y adolescentes, de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño se refiere a la protección integral, ratificando la concepción de que el niño se constituye en sujeto de derechos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño; es así que, en base al referido corpus iuris la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también estándares importantes con relación a las garantías y derechos de los adolescentes en conflicto con la ley y que tienen que ver con el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial, a la doble instancia, presunción de inocencia, contradicción, audiencia y defensa, así como de los principios que rigen a la administración de justicia referente a esta población, entre los cuales se puede destacar el caso Instituto de Reducación del Menor Vs. Paraguay, en el cual se hace un desarrollo del carácter excepcional de la prisión preventiva y de la sanción privativa de libertad, así como se enumera los principios de la justicia penal juvenil, como los principios de especialización y de excepcionalidad; asimismo, sobre estos principios las Observaciones finales Antigua y Barbuda, manifiestan su preocupación por la responsabilidad penal que se fija a partir de los 8 años y la posibilidad de que un menor de dieciocho años pueda ser condenado a cadena perpetua por asesinato, pudiendo ser también procesado como adultos por homicidio y no se encuentran separados de los adultos durante su detención; por lo que, el Comité de los Derechos del Niño establece observaciones para que ese país revise sus leyes y políticas para garantizar la plena aplicación de normas de justicia de menores. Por su parte, en el caso Mendoza y otros Vs. Argentina, se refiere a que no se puede aplicar el Derecho Penal para Adultos a los menores de edad, mencionando también el carácter excepcional de la privación de libertad y en su caso la corta duración que debe tener, y la exigencia de su revisión periódica y la prohibición de la pena privativa de libertad perpetua; mientras que en el caso Pacheco Terurel y otros vs. Honduras se hace mención a las detenciones indiscriminadas y la legislación antimaras; en el caso Petruzzi y otros Vs Perú, como en el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, se hace referencia al principio de legalidad; de igual forma la Opinión Consultiva 17/02 se ha expresado con relación al juez natural, a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a la doble instancia, al derecho a ser oído y participar del proceso. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 100 período ordinario de sesiones, que se celebró en Washintong D.C. el 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, con la finalidad de fortalecer el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas.
Consecuentemente, bajo la comprensión de la protección integral en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que los Estados han tenido que realizar las adecuaciones a sus legislativas internas; en consecuencia, la experta en la materia Mary Beloff establece características que permiten identificar a las leyes que se enmarcan en la mencionada protección integral, como ser:
• “Se definen los derechos de los niños y se establece que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere. • Por eso desaparecen las vagas y antijurídicas categorías de “riesgo” “peligro moral o material”, “circunstancias especialmente difíciles”, “situación irregular”, etcétera. • Se establece, en todo caso, que quien se encuentra en “situación irregular” cuando el derecho de un niño o adolescente se encuentra amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o Estado). • Se distinguen claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión penal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales. • Las políticas se caracterizan por estar diseñadas e implementadas por la sociedad civil y el Estado, por estar descentralizadas y focalizadas en los municipios. • Se abandona la noción de menores como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o no son capaces, y pasan a ser definidos de manera afirmativa, como sujetos plenos de derecho. • Se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada. • La protección es de los derechos del niño y/o el adolescente. No se trata como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o adolescente, del “menor”, sino de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. • Por lo tanto, esa protección reconoce y promueve derechos, no los viola ni restringe. • También por ese motivo la protección no puede significar intervención estatal coactiva. • De la idea de universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la infancia y adolescencia, no para una parte. Por eso se dice que con estas leyes se recupera la universalidad de la categoría infancia, perdida con las primeras leyes para “menores”. • Ya no se trata de incapaces, medias-personas o personas incompletas, sino de personas completas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les reconocen todos los derechos que tienen todas las personas, más un plus de derechos específicos precisamente por reconocerse el hecho de que están creciendo. • De ahí que, de todos los derechos, uno que estructura la lógica de la protección integral sea el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
• Se jerarquiza la función del juez en tanto éste debe ocuparse de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) o privado (familia). • El juez, como cualquier juez, está limitado en su intervención por las garantías. • En cuanto a la política criminal, se reconocen a los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes, más garantías específicas. La principal, en relación con los adolescentes, es la de ser juzgado por tribunales específicos con procedimientos específicos, y la de que la responsabilidad del adolescente por el acto cometido se exprese en consecuencias jurídicas absolutamente diferentes de las que se aplican en el sistema de adultos. Este reconocimiento de garantías es independiente del hecho de sostener que los niños y jóvenes son inimputables, como es el caso, por ejemplo, del Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. • Se establece como consecuencia jurídica de la comisión de un delito por parte de un joven un catálogo de medidas, en el que lo alternativo, excepcional, ultima ratio y por tiempo breve es la privación de libertad. Estas medidas se extienden desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de la libertad en institución especializada. Deben dictarse por tiempo determinado. • Se determina que la privación de libertad será una medida de último recurso, que deberá aplicarse por el tiempo más breve que proceda y, en todos los casos, por tiempo determinado como consecuencia de la comisión de un delito grave” (las negrillas y subrayado son añadidas).
Sin embargo, estas características que hacen a las legislaciones que adoptan la protección integral conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo un lento avance en el caso de Bolivia, pues pese a que ratificó la mencionada Convención mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, promulgó un Código del Menor el 18 de diciembre de 1992, donde si bien se establece el principio del interés superior del niño, como pauta de actuación; sin embargo, se mantiene la noción del “menor” como objeto de tutela, pues en esa norma se crea ONANFA como cabeza de sector a nivel nacional, departamental y provincial, el cual si bien se encuentra a cargo de regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al “menor” las mujer y la familia; empero, se crean los Servicios Tutelares del Menor, que dependen de las Direcciones Departamentales Ejecutivas de dicha instancia, que ejercen las facultades de investigación y jurisdiccionales en casos de menores infractores, mientras que, los Jueces Tutelares del Menor tienen otras funciones inherentes a la resolución de procedimientos referentes a la minoridad, vinculadas con situaciones de abandono, de peligro, maltrato en la que se encuentren menores, así como procesos de guarda, tenencia y adopciones; en consecuencia, este Código no supera los resabios de la situación irregular. Posteriormente, el 27 de octubre de 1999, se promulga el Código de Niña, Niño y Adolescente mediante Ley 2026, en la cual existe un cambio trascendental de la concepción que se tenía de los “menores” en el anterior Código, al establecerse un régimen especializado de justicia para adolescentes infractores, que viene a ser el cambio fundamental al nuevo paradigma de la protección integral, donde se establecen principios y garantías procesales importantes que efectivizan los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley, además de otorgarle al Juez de la Niñez y Adolescencia la competencia jurisdiccional; asimismo, se desconcentra a nivel municipal y departamental las instancias de protección de las niñas, niños y adolescentes, de ahí que, los SEDEGES se constituyen en instancias que establecen políticas no solo de atención y protección sino de prevención en materia de niñez y adolescencia a nivel departamental, aunque mantienen resabios de la institucionalización de la doctrina de la situación irregular anterior, que se ve superada en mayor medida al realizar la inserción familiar de niñas, niños y adolescentes de los Hogares bajo su dependencia, de igual manera es trascendental la creación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, quienes a parte de realizar funciones de prevención de la violencia en contra de este sector de la población, son los promotores y defensores de los derechos de los niños y adolescentes en el Municipio del que son parte, por ello se constituyen en un brazo operativo importante de los Gobiernos Autónomos Municipales para garantizar el ejercicio de esos derechos. Asimismo, la Constitución Política del Estado de 2009, ha establecido una Sección específica dirigida a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, siendo importante destacar el art. 60 donde se establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas son añadidas), elevando así el interés superior del niño a rango constitucional, garantizando la satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes en todos los niveles del Estado, los órganos de poder y de la sociedad boliviana, es así que, se realza también la protección de las y los adolescentes en conflicto con la ley, al establecer el acceso a una justicia pronta y oportuna; sin embargo, de acuerdo al Cuarto Informe Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia elevado ante el Comité de los Derechos del Niño, esta instancia en su 52 período de sesiones de 16 de octubre de 2009, ha establecido Observaciones para Bolivia, que en lo referente a la Administración de Justicia Juvenil, son las siguientes:
“82. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena aplicación de las normas de justicia juvenil, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité insta al Estado parte a tener en cuenta la Observación general Nº 10 (2007) del Comité sobre la administración de la justicia de menores. También recomienda que: a) El Estado parte vele por que el sistema jurídico positivo y el sistema indígena tradicional respeten la Convención, e introduzca una clara separación de competencias entre ambos sistemas; b) El Estado parte tome medidas preventivas, como respaldar el papel de la familia y la comunidad, para eliminar las condiciones sociales que llevan a los niños entrar en contacto con el sistema de justicia penal o con el sistema indígena tradicional, y tome todas las disposiciones posibles para evitar la estigmatización; c) Los niños en conflicto con la ley sean juzgados por el sistema de justicia juvenil, y no como adultos en los tribunales ordinarios; d) Se introduzca en todas las regiones la figura del juez especializado en la infancia, y que estos jueces especiales reciban una educación y capacitación apropiadas; e) La privación de libertad constituya una medida de último recurso con la menor duración posible, y cuya aplicación se examine periódicamente con miras a retirarla; f) Se desarrollen penas alternativas a la privación de libertad tanto en el sistema jurídico positivo como en el sistema indígena tradicional, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad, o la condena condicional, siempre que sea posible; g) Los niños privados de libertad tengan acceso a la educación, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva; h) El Estado parte solicite asistencia al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, del que forman parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y diversas ONG”. En este contexto, es que por Ley 548 de 17 de julio de 2014, se promulga en Bolivia el Código de Niño, Niña y Adolescente, norma que se encuentra en la actualidad en vigencia, en el cual se reconocen como sujetos de derecho a los niños que comprenden desde la concepción hasta los doce años y la adolescencia desde los doce a los dieciocho años64; asimismo, establece que se le debe garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales y de aquellas que se encuentran en la citada norma65; de igual forma, se incluyen varios principios generales66, entre ellos el del interés superior del niño, que se vincula con la protección integral y pregona la satisfacción de los derechos de manera preeminente; también, una de las implementaciones importantes del referido Código es la inclusión de un Sistema Penal Para Adolescentes67, en el cual se establece una visión integral de atención y protección de los adolescentes en conflicto con la Ley, desde las instituciones involucradas y los procedimientos tanto procesales como administrativos para el ejercicio de los derechos de esta población, que condice con lo dispuesto en el art. 8.II de la norma en cuestión, ya que esa disposición establece la obligatoriedad del Estado a través de todos sus niveles a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niña, niños y adolescentes68; instituyendo en consecuencia entre sus derechos y garantías la especialidad, presunción de inocencia, a ser oída u oído, a guardar silencio, es decir a no declarar en su contra, a ser informada o informado, a un traductor o intérprete, al debido proceso, a la defensa especializada, asistencia integral, a permanecer en centros especializados para adolescentes, a la comunicación, a la privacidad, confidencialidad, intervención de sus representantes legales, a la proporcionalidad, única persecución, y excepcionalidad de la privación de libertad; por otra parte, uno de los cambios trascendentales es el ámbito de aplicación de dicho sistema penal, pues ahora está dirigida a los adolescentes a partir de los 14 años hasta los 18 años, que modificó la Ley 2026 en la cual se establecía la aplicación del régimen especial desde los 12 a 16 años, finalmente también se incluyen medidas específicas de justicia restaurativa, que tampoco se encontraba en la citada norma. Así las cosas, Bolivia cuenta con una Constitución Política del Estado y un Código de Niña, Niño y Adolescente que se sujetan a la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende al enfoque de la protección integral de derechos, donde se establecen también principios que son directrices para la actuación de las autoridades judiciales y administrativas que conforman el Sistema Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley, a fin de garantizar la plena satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país; sin embargo, en ese entendido es importante remarcar que ante los vacíos normativos e inclusive de tipo administrativo, el corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se constituye en un referente principal de instrumentos internacionales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que deben ser aplicados por dichas autoridades, en virtud a la obligatoriedad que tiene el Estado Plurinacional de cumplir con las Convenciones y Acuerdos suscritos en esa materia, en concordancia con el principio de pacta sunt servanda y además teniendo en cuenta que a la luz de la propia Constitución Política del Estado, estas normas son aplicables de manera preferente cuando establecen derechos más favorables que la referida Norma Suprema70, a su vez de conformidad a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al contenido y alcance del art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no solamente se trata de la aplicación de ese contenido a partir de las Convenciones y Tratados sobre la materia sino también de las Reglas o Directrices de Justicia Juvenil, las Opiniones Consultivas como las Observaciones Generales. Bajo tal comprensión, es importante que el enfoque de la protección integral que pregona la Convención sobre los Derechos del Niño en favor de los adolescentes en conflicto con la ley se consolide materialmente en nuestro país a través de todas las instancias del Estado y de los órganos de poder; es decir, bajo este enfoque de satisfacción de los derechos de esta población de manera preeminente, todo ello en consonancia con el interés superior del niño.
El accionante, denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos motivación y fundamentación, valoración razonable de la prueba, Juez natural e imparcial y el derecho a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; la autoridad ahora demandada, mediante Auto de 22 de noviembre de 2023, rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) No valoró el certificado domiciliario presentado, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, en razón de que no se habría adjuntado croquis y muestrario fotográfico; y, no se demostró la “habitualidad y la habitabilidad”; b) Tampoco valoró el certificado de trabajo, la licencia de funcionamiento y otros documentos, como un informe social y psicológico presentados, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal inmerso en el art. 290.I inc. d) de la citada Ley; c) No se valoró la declaración de los testigos, ni el informe elaborado por el investigador asignado al caso, producidos a efectos de desvirtuar el art. 290.I inc. e) de la referida Ley, con el argumento de que sería prueba insuficiente; y, d) Emitió el Auto de 22 de noviembre de 2023, sin la debida fundamentación y motivación, debido a que no se dio aplicación al art. 290.II de la Ley 548, tomando en cuenta que se había presentado el Informe Social, Psicológico y la entrevista de la madre del imputado que demostraban que éste contaba con una fuente laboral, incluso con anterioridad a que fuera cautelado, desvirtuando el riesgo de fuga.
Identificada la problemática, debe efectuarse una compulsa de las conclusiones formuladas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; así se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito incurso en el art. 308 Bis del Código Penal (CP), se dispuso la detención preventiva del prenombrado en el Centro de Rehabilitación denominada “Nuevos Horizontes”, debido a la existencia de los riesgos procesales contenidos en el art. 290.I. incisos a), d) y e) de la Ley 548; razón por la cual, el menor de edad NN, por medio de su representante legal, solicitó la cesación de su detención preventiva, que se sustanció en audiencia señalada por el Juez ahora demandado, en la cual se expuso los fundamentos de la solicitud impetrada, arguyendo principalmente la existencia de pruebas documentales y testificales, con las que se desvirtuarían los riesgos procesales endilgados en contra del ahora peticionante de tutela, acreditando principalmente su domicilio, una fuente laboral y la existencia de un núcleo familiar al cual pertenece, a más de la declaración de testigos familiares suyos como de la víctima menor de edad (Conclusiones II.1).
La autoridad ahora demandada, mediante Auto de 22 de noviembre de 2023, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del ahora accionante, manteniendo firme e incólume su detención preventiva, debido a que no se habría desvirtuado los riesgos procesales contenidos en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, por cuanto el certificado domiciliario emitido por la Policía Nacional y por el Centro de Rehabilitación denominado “Nuevos Horizontes”, presentarían contradicciones en su contenido; con relación, al art. 290.I inc. d) de la citada Ley, si bien se presentó un certificado de trabajo, éste no es suficiente, desvirtuándose solo parcialmente este riesgo procesal, tomando en cuenta que se tiene pendiente la situación respecto de un automóvil como elemento de prueba, del cual se desconoce su paradero y se sospecha del ahora peticionante de tutela, motivos por los que no se desvirtuaría este riesgo procesal; y, con relación al art. 290.I inc. e) de la referida Ley, pese a las declaraciones testificales de los familiares del ahora impetrante de tutela y del padre de la víctima menor de edad, la autoridad ahora demandada, consideró que el riesgo se mantendría latente, toda vez que, el solo hecho de las declaraciones testificales no desvirtúan la posibilidad de que en el curso del proceso, que se encuentra en etapa investigativa, el ahora accionante, podría influenciar negativamente sobre personas relacionadas al proceso, como los testigos, tomando en cuenta que, de continuar el proceso y existir acusación, los testigos tendrían que declarar en estrados judiciales (Conclusiones II.2).
Previamente a ingresar al análisis del caso concreto; debe tomarse en cuenta la minoría de edad del ahora peticionante de tutela, condición por la que se constituye en una persona vulnerable, a partir de lo establecido por la jurisprudencia constitucional atinente a la temática. En ese antecedente, debe considerarse que, el ahora impetrante de tutela, pese a haber sido notificado en audiencia, con la resolución de rechazo a la cesación de detención preventiva planteada por su parte, no ejerció su derecho a la impugnación; vale decir que, no agotó el mecanismo procesal como requisito previo a acudir ante esta instancia constitucional. Al respecto, debe tenerse presente el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que se refiere a la abstracción del principio de subsidiariedad en la acción de libertad respecto a grupos vulnerables; tomando en cuenta que, la subsidiariedad involucra -precisamente-, la obligatoriedad de agotar previamente la jurisdicción ordinaria (o administrativa en su caso), antes de interponer la acción tutelar. No obstante, debe considerarse que, cuando se trata de aquello grupos conceptuados como vulnerables, como el referido a los menores de edad (niños, niñas y adolescentes), corresponde aplicar la protección reforzada de sus derechos y garantías, por cuanto se comprende que dada las características peculiares de su edad, se encuentran en condición de vulnerabilidad frente a las situaciones de la vida; razón por la cual, en caso de que un menor de edad plantee una acción de libertad -por medio de su representante legal-, no es exigible el agotamiento de los mecanismos procesales ordinarios inmediatos, como la apelación, por ejemplo, a efectos de activar dicha acción, criterio que debe ser aplicado en el caso presente. De igual manera, con carácter previo a efectuarse el análisis del caso concreto, debe tomarse en cuenta y aplicarse los razonamientos y lineamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, la parte víctima del delito endilgado dentro del proceso objeto de análisis, es una mujer menor de edad, considerada una persona vulnerable, que obviamente tiene derecho a una protección reforzada por parte de este Tribunal, aspecto que será abordado de manera transversal en el respectivo análisis, en razón de los principios, derechos y garantías protegidos y desarrollados conforme al lineamiento normativo nacional e internacional producido al efecto y reflejado no solo en disposiciones legales de carácter nacional; sino, también en Convenios y Tratados internacionales, máxime si se considera que en el presente caso, se acusa la comisión de un delito de carácter sexual que mella la integridad y dignidad de la mujer considerada como parte de un grupo vulnerable; por lo que, el enfoque interseccional debe darse desde una premisa garantista y progresiva en pro de este sector. En ese sentido, existe la necesidad de abordar la problemática traída a colación, adoptando un enfoque interseccional, en el caso de tratarse de mujeres víctimas de violencia, entendiendo dicho enfoque como una herramienta útil para abordar el análisis de la vulneración de derechos. Así contextualizados los elementos fácticos, la problemática a tratarse y los presupuestos previos a efectos de ingresar al análisis del caso concreto, corresponde referirse a la primera problemática.
Con relación a que la autoridad judicial ahora demandada no valoró el certificado domiciliario presentado, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, bajo el argumento de que: a) No se adjuntó croquis ni muestrario fotográfico y b) No se llegó a demostrar la “habitualidad y la habitabilidad” en el domicilio. Previamente a efectuar el análisis de esta primera problemática, debe considerarse que, al tenor de lo previsto por el art. 239.1 del CPP, existen causales taxativamente dispuestas a efectos de la procedencia de la cesación de las medidas cautelares de carácter personal, entre las que se encuentra la detención preventiva. Dentro de esas causales se encuentra la prevista por el numeral 1 del referido artículo, que establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 239º.- (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida (…)”.
Bajo ese contenido normativo, el Juez de control jurisdiccional, a momento de resolver una solicitud de cesación a la detención preventiva, deberá efectuar la siguiente valoración: 1) Inicialmente deberá establecer con claridad cuáles fueron los fundamentos que justificaron la imposición de la medida cautelar restrictiva; es decir, los factores que llevaron a asumir la determinación de imponer la detención preventiva, examinando cada causal; y, 2) En función a este primer presupuesto, deberá identificar cuáles son los nuevos elementos de convicción que aporta el imputado con la finalidad de demostrar que ya no concurren los motivos que fundaron la imposición de la medida o la conveniencia de que sea sustituida por otra. Solo con el cumplimiento de ambos presupuestos, se considerará que la autoridad jurisdiccional actuó en el marco de la legalidad y sin incurrir en la vulneración de los derechos y garantías del imputado; aspecto que, será contemplado a lo largo del análisis con relación a las problemáticas presentadas dentro del presente caso.
En ese contexto, e ingresando al análisis de la primera problemática, al verificarse que se subsume a la denuncia sobre la falta de valoración probatoria, corresponde establecer que la valoración de la prueba en sede constitucional, amerita la ponderación de elementos relativos al accionar de la autoridad judicial, que debe enmarcarse en los parámetros de razonabilidad y equidad, no debiendo omitir de manera arbitraria la consideración de las pruebas presentadas, ya sea parcial o totalmente, caso contrario se estará ante el supuesto de conceder la tutela impetrada, siempre que las irregularidades en la valoración de la prueba, incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
71 Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo (…) Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: …explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente (…) Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. (…). En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad Es así que, respecto a la primera problemática planteada, con relación al probable riesgo de fuga, a partir de lo previsto por el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, deben considerarse los fundamentos que inicialmente llevaron al Juez cautelar a imponer la medida extrema de la detención preventiva, que se impuso por la falta de acreditación del domicilio real del ahora impetrante de tutela, por cuanto existía una contradicción respecto a su ubicación exacta, toda vez que en su declaración informativa manifestó que tenía su domicilio real en “Av. Panamericana y calle Arellano s/n”; sin embargo, según la certificación extendida por el SEGIP presentada por la Fiscalía, el ahora accionante figuraba con domicilio en calle Challapata de la ciudad de Oruro. Ante esta contradicción es que, en la referida audiencia cautelar de 9 de octubre de 2023, se advirtió que el ahora peticionante de tutela incurría en el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548 (Conclusiones II.2). Al respecto y de una lectura de la Resolución emitida por el Juez ahora demandado en la audiencia de cesación a la detención preventiva de 22 de noviembre de 2023, se extrae que el ahora accionante a efectos de enervar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, presentó un certificado domiciliario emitido por la Policía Nacional el 16 de noviembre de 2023, advirtiéndose que, la autoridad ahora demandada al respecto, se pronunció de la siguiente manera:
“En relación al inc. a) del art. 290 de la Ley 548, a partir de la revisión del acta de medidas cautelares se ha dispuesto como riesgo procesal, este presupuesto tomando en cuenta en el menor en su declaración informativa habría manifestado que tiene como domicilio real, el que se encuentra ubicado en la Av. Panamericana entre calle Arellano s/n y a partir de la prueba obtenida por parte del Ministerio Público consistente en una certificación del Segip se habría dado a conocer que el menor tendría su domicilio en la calle Challapata de la ciudad de Oruro y al no haberse acreditado de forma precisa el domicilio, es que se ha tenido por considerar la vigencia de este presupuesto procesal de fuga establecido en el inc. a) en el art. 290; “ahora bien, para desvirtuar este presupuesto procesal en esta oportunidad se nos ha traído un certificado policial domiciliario de fecha 16 de noviembre de 2023 años, y a partir del análisis de esta documental ciertamente se puede establecer que el menor Ramiro Castro, tendría su domicilio ubicado en la Av. Panamericana, sin ningún otro dato de referencia en la parte frontal del certificado, sin embargo en la parte reversa se puede establecer que el inmueble se encuentra ubicado en la calle Panamericana S/N entre M. Aron, construcción de adobe de una planta con una puerta metálica de color azul y también con una puerta de color plomo metálica con ventana de madera y una sola ventana con rejas, donde el menor ocuparía una habitación en ese inmueble, sin embargo a partir de esta documental no dice en que calidad se encuentra el menor en ese inmueble y sobre todo considerando su minoridad de edad no se hace referencia con quien o quienes habita dicho inmueble…”. En ese antecedente, se advierte que el Juez ahora demandado, al momento de compulsar el certificado domiciliario presentado, tomó en cuenta criterios relativos al alcance probatorio de dicha documental en función a los riesgos procesales endilgados y si su contenido era suficiente para enervar el presupuesto procesal previsto por el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, relativo a las posibilidades de que el menor imputado pueda incurrir en riesgo de fuga, de ahí que si bien consideró las peculiaridades físicas del inmueble y la dirección exacta que determinó su ubicación en “Av. Panamericana s/n, entre M. Aron”; no obstante, textualmente advirtió que, en el certificado domiciliario no se consignaba en qué calidad o condición se encontraría el menor imputado en el referido inmueble y considerando su minoría de edad, no se establecía con quien o quienes habitaba dicho inmueble.
Bajo ese parámetro se advierte que el Juez ahora demandado, valoró el certificado domiciliario presentado, estableciendo la ausencia del elemento de la habitualidad; a lo cual, debe agregarse que, a efectos de desvirtuar el riesgo contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, también tomó en cuenta el Informe Social emitido por el Centro de Rehabilitación denominado “Nuevos Horizontes”, dependiente del SEDEGES, que si bien había sido presentado a efectos desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. d) de la Ley 548, en mérito al principio de favorabilidad e interés superior del menor, compulsó dicha documental, respecto del cual estableció las características del inmueble donde habitaría el ahora accionante; refiriendo expresamente lo siguiente:
“…sin embargo al haberse también traído un informe de tipo social emitido por la Trabajadora Social del Centro Nuevos Horizontes, aunque no se nos haya referido en esta audiencia que es para enervar el inc. a) del art. 290, bajo el principio de favorabilidad e interés superior del menor también se debe hacer una ponderación, y a partir de su análisis por la documental se hace referencia que el menor presunto con responsabilidad penal (…) tiene como dirección la Av. Panamericana de Potosí y en relación a su situación familiar se refiere que el adolescente proviene de una familia nuclear que se constituye dentro de un matrimonio, con el apoyo moral de la madre y el de los hermanos mayores con quienes mantienen una comunicación constante sobre todo con el hermano Zenón que anhela de poder ver a su hermano menor libre y que pueda seguir y trabajando en su taller, que actualmente el menor (…) se encuentra en el centro de reintegración social para adolescentes y responsabilidad de Nuevos Horizontes (…) y en lo que respecta a su domicilio, se hace referencia a que el adolescente vive en el inmueble ubicado en la Av. Panamericana, que es de 2 plantas dividida en cuartos y un patio baño compartido, donde el adolescente (…) vive en un cuarto 3 por 3, cuenta con los servicios básicos agua y luz, a partir de estos antecedentes, si bien se hace referencia a que el menor (…) tiene como domicilio en la Av. Panamericana s/n, de la zona Villa Copacabana de la distrital de Potosí, sin embargo a partir del análisis del informe social tampoco se acredita la habitabilidad, la habitualidad en el domicilio, es decir que teniendo la característica de menor de edad, no se hace referencia conjuntamente a quien o quienes habita dicho inmueble, si la madre, el padre o los hermanos se encuentran a su cargo, desarrollando como una actividad de ayudante de mecánico, al margen de ser contradictoria con el certificado domiciliario tomando en cuenta que en el certificado domiciliario se hace referencia que el inmueble es de una planta mientras en el informe social se hace referencia a que es de dos plantas dividido en cuartos, por lo que bajo esos antecedentes entiende el suscrito juzgador que no se ha enervado a cabalidad (…)”.
Nótese que luego de efectuar una descripción de las cualidades del bien inmueble ofrecido en calidad de vivienda, el Juez cautelar advirtió el incumplimiento del requisito de habitabilidad, por cuanto no se especifica junto a quien o quienes habitaba dicho inmueble y a cargo de quién se encuentra, considerando su condición de menor de edad; además que, haciendo una compulsa de ambas pruebas documentales, tanto el certificado de trabajo como el Informe Social emitido por el Centro de Rehabilitación denominado “Nuevos Horizontes”, la autoridad demandada advierte una incongruencia en cuanto a la descripción del inmueble como tal, generando duda en el juzgador, aspecto también valorado en el presente análisis si se toma en cuenta el principio de verdad material, respecto al contenido objetivo de las pruebas documental presentadas.
A partir de estos elementos, se tiene que la autoridad ahora demandada, valoró tanto el Certificado de Trabajo como el Informe Social, a este último si bien se había adjuntado el muestrario fotográfico y croquis del inmueble (Conclusiones II.1), debe considerarse que el juzgador efectuó una labor de ponderación integral de los elementos probatorios presentados, tomando en cuenta la condición de vulnerabilidad de la víctima, dentro de los parámetros de la razonabilidad y la equidad, considerando la necesidad de contar con el cumplimiento de los presupuestos de la habitabilidad y la habitualidad, elemento indispensables si se trata de desvirtuar la medida extrema de la detención preventiva; máxime si existe una posible incidencia sobre la víctima dada su condición de vulnerabilidad al tratarse de una menor de edad, y tomando en cuenta que se trata de un delito de carácter sexual; de ahí que, conforme se manifestó ut supra, se hace aplicable de manera transversal el fundamento jurídico referido al enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, con la finalidad de evitar la violencia de género. En esas condiciones, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a esta primera problemática contenida en este apartado III.7.1, con relación al riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548.
Con relación a que la autoridad judicial demandada no valoró el certificado de trabajo, la licencia de funcionamiento; así como, el Informe Social y Psicológico presentados, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal inmerso en el art. 290.I inc. d)
Respecto a esta segunda problemática, corresponde verificar cuáles fueron los elementos de convicción que dieron lugar a la imposición de la detención preventiva y cuáles son los nuevos elementos producidos por el imputado -ahora accionante- a efectos de desvirtuar el riesgo procesal endilgado, correspondiendo establecer si el Juez ahora demandado efectuó correctamente el ejercicio de compulsar ambos presupuestos y emitir un pronunciamiento legal e imparcial que no vulnere los derechos denunciados, respecto a la valoración probatoria de las documentales ofrecidas a efectos de la cesación de la detención preventiva del ahora peticionante de tutela.
Inicialmente y a fines de analizar y comprender de mejor manera esta segunda problemática, corresponde citar el art. 290.I inc. d) de la Ley 548, que se refiere al riesgo procesal acusado, dicha norma señala:
“ARTÍCULO 290. (RIESGO DE FUGA U OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD). I. Para decidir acerca de la concurrencia de peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad respecto de la persona adolescente, la Jueza o el Juez realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, pronunciándose sobre las siguientes: (…) d) Que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba…” (las negrillas son adicionadas).
Dentro de ese parámetro normativo, corresponde referirse al pronunciamiento emitido por el Juez ahora demandado, conforme lo resuelto en el Auto de 22 de noviembre de 2023, del cual se extrae lo siguiente:
“en relación al riesgo procesal establecido en el Art. 290 Núm. I) Inc. d), de acuerdo al acta de medidas cautelares se ha dispuesto que concurría este riesgo procesal, toda vez que el adolescente no hubiese demostrado que tenga un trabajo ilícito (sic); es decir, que el menor no había acreditado que estudia, sin embargo el Auto de Vista pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia, producto de un recurso de apelación precisamente interpuesto por la defensa de la menor adolescente, ahonda un poquito más en relación a este riesgo procesal, estableciendo que se encuentra latente este riesgo procesal porque se hubiese demostrado que se está ocultando elementos de prueba para efectos de investigación, que seguramente por el principio de objetividad e incluso si correspondería ayudarían a mejorar al imputado, a mejorar su situación, pero como no se menciona donde se encontraría la movilidad, donde supuestamente se hubiese cometido el hecho, se dice concurre ese presupuesto legal, toda vez que no se tiene antecedente que se encuentre en su poder o en poder de terceras personas o ante la ausencia del paradero, tiene la concurrencia con este presupuesto legal y a partir de la documental que se hizo presente en el informe del equipo psicológico por el cual únicamente a partir de los instrumentos utilizados por el equipo interdisciplinario del centro de nuevos horizontes, entre ellos la observación directa (…) además de la reincidencia en sus conclusiones únicamente hace referencia que el adolescente durante la valoración psicológica y la entrevista y las pruebas aplicables que se muestran colaborativos durante el proceso de evaluación, el adolescente presenta características posiblemente están relacionados en la finalidad histriónica, en relación a la situación emocional el adolescente es desconfiado siempre y amenace en relación al proceso por el cual está atravesando presenta inmadurez emocional y dependencia materna en la actualidad no se adapta al centro (…) en relación a la escala de reincidencia el adolescente concluye, tiene una moderada probabilidad de reincidencia, según los factores del riesgo que pesa, es decir se relación esta prueba con lo que se ha hecho presente que se ha hecho la valoración de ninguna forma nos permite entender de que a través de ella se desvirtué en relación a la valoración realizada por la Juez de primera instancia de que el adolescente tenga un trabajo constituido, estudia esos aspectos que han corroborado en el además también la valoración que se ha realizado de la Sala Civil, Comercial y Niñez y Adolescencia Primera a través del auto de vista No. 19/2023 donde hace referencia que inclusive faltaría por colectar ciertas pruebas para llegar a esa verdad material histórica de los hechos, consecuencia de ello tampoco considera el suscrito Juez que se encuentra enervado el riesgo procesal establecido en el art. 290 núm. 1 inc. d). En consecuencia del análisis general se llega al convencimiento, que si bien las medidas cautelares deben ser aplicadas con criterio restringido, además debe ser aplicable de manera excepcional es decir que la regla es la libertad y la detención es la excepción, sin embargo al no haberse enervado de parte del menor imputado los riesgos procesal que originaron su detención preventiva, este Juzgado de la Niñez y Adolescencia ha visto que no concurren los requisitos para aplicar medidas menos gravosas que puedan cumplir la finalidad del proceso (…) el suscrito Juez a la omisión no ha valorado el certificado de trabajo presentado en la presente audiencia por parte de la defensa del menor presunto responsable penal, obviamente que esto ha sido por un lapsus calami, porque la misma se hubiese entre papelado, sin embargo de ella se puede establecer que obviamente en el acta de audiencia de medidas cautelares se ha señalado de que concurría el inc. d) del art. 290, tomando en cuenta que el menor presunto responsable no había acreditado una actividad lícita es decir, familia, trabajo, en el caso presente efectivamente se había presentado una certificación de trabajo que enervaría lo que ha dispuesto la Juez en primera instancia a partir de su resolución pronunciada, sin embargo esta autoridad jurisdiccional también se ha referido a la resolución pronunciada la Sala Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia del tribunal departamental de Justicia a partir del auto de vista, no solo se contempla la concurrencia de este riesgo procesal a partir de la interpretación de la valoración que hubiese establecido la Juez de primera instancia, producto de una apelación que hubiese puesto la defensa del acusado y a partir de ella concurría dice el riesgo procesal, tomando en cuenta que no se hubiese dado el paradero de una movilidad, donde presuntamente se hubiesen ocurrido los hechos de que no se tiene conocimiento del paradero de la movilidad donde presuntamente hubiese ocurrido los hechos y en consecuencia de ello a partir del certificado de trabajo inclusive que no se encuentra visado por la instancia pertinente, se entiende de que también se hubiese enervado de alguna forma de forma parcial a la resolución de la Juez de primera instancia pero no en forma total a los riesgos procesal por lo que al no haberse desvirtuado de forma total este riesgo procesal, también se mantiene latente, así se tiene por complementado la resolución en relación a la valoración del certificado de trabajo” (las negrillas y el subrayado se adicionaron).
En ese contexto, se advierte que, el ahora impetrante de tutela, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en la disposición transcrita y conforme a lo dispuesto en la audiencia cautelar de 9 de octubre de 2023, presentó un Certificado de Trabajo y Licencia de Funcionamiento; así como, un Informe Social y Psicológico; estos últimos, emitidos por el Centro de Rehabilitación denominado “Nuevos Horizontes”, dependiente del SEDEGES; de esa forma, la autoridad judicial ahora demandada, al momento de valorar la prueba documental presentada, hizo alusión al hecho de que en grado de apelación a la medida cautelar interpuesta contra el ahora accionante; el Tribunal ad quem, se había pronunciado en el sentido de que, no era suficiente desvirtuar el riesgo procesal endilgado mediante un certificado de trabajo; sino que, deberían considerarse las circunstancias relativas al hecho investigado dentro del proceso penal seguido contra el menor imputado y que tenía directa relación con su situación procesal y el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. d) de la Ley 548, referido a la existencia de un elemento de prueba consistente en un vehículo o movilidad, en el cual se habría perpetrado el hecho delictivo endilgado y del cual se desconocía su paradero. Aspecto que, por otra parte, resulta plenamente razonable, si se considera que el riesgo procesal endilgado, se encuentra relacionado directamente con la integridad de las pruebas producidas dentro del proceso penal.
Bajo esos criterios, se establece que, con relación al Certificado de Trabajo, presentado por el ahora accionante, el Juez cautelar, en la vía de explicación, complementación y enmienda, se pronunció de la siguiente manera:
“…en el acta de audiencia de medidas cautelares se ha señalado de que concurría el inc. d) del art. 290, tomando en cuenta que el menor presunto responsable no había acreditado una actividad lícita, es decir, familia, trabajo, en el caso presente efectivamente se había presentado una certificación de trabajo que enervaría lo que ha dispuesto la Juez en primera instancia a partir de su resolución pronunciada…” (las negrillas se agregaron).
Del pronunciamiento efectuado por la autoridad ahora demandada, se advierte que asume y valora genéricamente el certificado de trabajo presentado, sin ahondar en mayores consideraciones respecto a su contenido, asumiéndola como plenamente válida a efectos de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 290.I inc. d) de la Ley 548, aspecto que es razonable si se considera que dicha documental había sido extrañada en la audiencia cautelar de 9 de octubre de 2023; no obstante, la misma autoridad judicial, haciendo un análisis integral respecto al riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. d) de la citada Ley y tomando en cuenta el Certificado de Trabajo presentado, establece que:
“…sin embargo esta autoridad jurisdiccional también se ha referido a la resolución pronunciada la Sala Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia del tribunal departamental de Justicia a partir del auto de vista, no solo se contempla la concurrencia de este riesgo procesal a partir de la interpretación de la valoración que hubiese establecido la Juez de primera instancia, producto de una apelación que hubiese puesto la defensa del acusado y a partir de ella concurría dice el riesgo procesal, tomando en cuenta que no se hubiese dado el paradero de una movilidad, donde presuntamente se hubiesen ocurrido los hechos de que no se tiene conocimiento del paradero de la movilidad donde presuntamente hubiese ocurrido los hechos y en consecuencia de ello a partir del certificado de trabajo inclusive que no se encuentra visado por la instancia pertinente, se entiende de que también se hubiese enervado de alguna forma de forma parcial a la resolución de la Juez de primera instancia pero no en forma total a los riesgos procesal por lo que al no haberse desvirtuado de forma total este riesgo procesal, también se mantiene latente, así se tiene por complementado la resolución en relación a la valoración del certificado de trabajo.”
Alocución de la cual se advierte que el Juez ahora demandado da por enervado parcialmente el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. d) de la Ley 548, debido a que, a más de haberse dispuesto la presentación del merituado certificado de trabajo, en grado de apelación de la medida cautelar impuesta en primera instancia, se había establecido la existencia de un elemento probatorio cuyo paradero se desconocía y que era vital para el cumplimiento de las diligencias investigativas, razón por la que el criterio del juzgador en este aspecto denunciado, se adhiere plenamente a la decisión asumida en primera instancia cuando se impuso la detención preventiva. En tal sentido, se advierte que la labor de valoración y ponderación del certificado de trabajo presentado, se enmarca dentro de los parámetros de la razonabilidad y la equidad, en cuanto a que la decisión del juzgador se exterioriza en función de otro elemento de mayor preponderancia con relación al riesgo procesal endilgado, siguiendo el criterio que sirvió de base para la imposición de la detención preventiva, motivos por los que precisamente establece que se enervó parcialmente el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. d) de la Ley 548.
Con relación al Informe social emitido por el Centro de Rehabilitación denominado “Nuevos Horizontes”, dependiente del SEDEGES, al cual se hizo referencia en el apartado III.7.1 del presente análisis, debe considerarse lo siguiente: i) En mérito a los principios de favorabilidad e interés superior del menor imputado, esta documental fue valorada por el Juez ahora demandado, a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. a) de la Ley 548, con relación al peligro de fuga; aspecto razonable si se toma en cuenta su directa incidencia, al contener elementos como domicilio, familia y trabajo; y, ii) En ese antecedente y no de menor importancia, debe considerarse el aspecto de que el Informe Social, como elemento probatorio a efectos de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 290.I inc. d) de la Ley 548, no fue expresamente extrañado en la audiencia de medida cautelar de primera instancia, tomando en cuenta la existencia de otro elemento de mayor relevancia, referido al medio probatorio parte de la investigación dentro del proceso penal seguido en contra del ahora impetrante de tutela y del cual no se conocía su paradero y sobre el cual, el prenombrado podía tener una directa influencia.
Asimismo, con relación al Informe Psicológico, también emitido por el Centro de Rehabilitación denominado “Nuevos Horizontes”, dependiente del SEDEGES, el Juez ahora demandado, se pronunció en los siguientes términos:
“… a partir de la documental que se hizo presente en el informe del equipo psicológico por el cual únicamente a partir de los instrumentos utilizados por el equipo interdisciplinario del centro de nuevos horizontes, entre ellos la observación directa (…) además de la reincidencia en sus conclusiones únicamente hace referencia que el adolescente durante la valoración psicológica y la entrevista y las pruebas aplicables que se muestran colaborativos durante el proceso de evaluación, el adolescente presenta características posiblemente están relacionados en la finalidad histriónica, en relación a la situación emocional el adolescente es desconfiado siempre y amenace en relación al proceso por el cual está atravesando presenta inmadurez emocional y dependencia materna en la actualidad no se adapta al centro (…) generalmente se presenta un indicador bajo las conductas antisociales, en relación a la escala de reincidencia el adolescente concluye, tiene una moderada probabilidad de reincidencia, según los factores del riesgo que pesa, es decir se relación esta prueba con lo que se ha hecho presente que se ha hecho la valoración de ninguna forma nos permite entender de que a través de ella se desvirtué en relación a la valoración realizada por la Juez de primera instancia de que el adolescente tenga un trabajo constituido, estudia esos aspectos que han corroborado en el además también la valoración que se ha realizado de la Sala Civil, Comercial y Niñez y Adolescencia Primera a través del auto de vista No. 19/2023 donde hace referencia que inclusive faltaría por colectar ciertas pruebas para llegar a esa verdad material histórica de los hechos, consecuencia de ello tampoco considera el suscrito Juez que se encuentra enervado el riesgo procesal establecido en el art. 290 núm. 1 inc. d). En consecuencia del análisis general se llega al convencimiento, que si bien las medidas cautelares deben ser aplicadas con criterio restringido, además debe ser aplicable de manera excepcional es decir que la regla es la libertad y la detención es la excepción, sin embargo al no haberse enervado de parte del menor imputado los riesgo procesal que originaron su detención preventiva este Juzgado de la Niñez y Adolescencia ha visto que no concurren los requisitos para aplicar medidas menos gravosas que puedan cumplir la finalidad del proceso” (las negrillas se adicionaron).
De una lectura del pronunciamiento exteriorizado por parte del Juez cautelar, se observa que efectúa una ponderación del nuevo elemento presentado, en función de los fundamentos que habían dado lugar a la imposición de la detención preventiva, por cuanto toma en cuenta que en apelación de la medida cautelar impuesta, se había establecido la existencia de un medio probatorio cuyo paradero se desconocía y que ese era el elemento gravitante a efectos de mantener vigente el riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. d) de la Ley 548; de ahí que, no se advierte una omisión de la valoración probatoria como tal; sino que, se toma en cuenta el Informe Psicológico presentado, estableciendo que no es suficiente a efectos de enervar el riesgo procesal endilgado, en razón de que otros fueron los motivos que dieron lugar a la detención preventiva con relación al referido riesgo procesal, máxime si se considera que existe un elemento probatorio en el que se hubiera cometido el hecho delictivo imputado y que resulta trascendental a efectos de la averiguación de los hechos, y sobre el que pudiera existir una incidencia por parte del ahora accionante.
En ese comprendido se tiene que la autoridad judicial demandada, procedió en el marco de la razonabilidad y equidad, si se toma en cuenta la situación integral que dio lugar a la imposición de la medida cautelar extrema en contra del imputado ahora peticionante de tutela; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada con relación a la problemática planteada en este apartado III.7.2.
Con relación a que la autoridad judicial demandada no valoró la declaración de los testigos, ni el informe elaborado por el investigador asignado al caso, producidos a efectos de desvirtuar el art. 290.I inc. e) de la Ley 548, con el argumento de que sería prueba insuficiente.
Con relación a esta problemática, corresponde establecer inicialmente cuáles fueron los motivos que condujeron al establecimiento de la medida cautelar extrema con relación a este riesgo procesal y en función a ello, verificar cuáles son los nuevos elementos presentados por el imputado -ahora impetrante de tutela-. En ese comprendido, se tiene el siguiente pronunciamiento por parte de la autoridad demandada:
“En relación al inc. e), Núm. I del art. 290 de la Ley 548 (…) se ha traído acta de declaración de lo Sres. Lino Castro Cruz de 52 años de edad, Zenón Castro Taquichiri de 24 años de edad, Abel Viscarra Arias de 52 años de edad, el informe evacuado por el mayor Sangaro Jampiri Condori investigador asignado al caso, además de Taquichiri Cabezas de 51 años de edad, nos ha referido que en la audiencia cautelar se habría dispuesto este riesgo procesal, tomando en cuenta que faltaba las entrevistas o declaraciones de los testigos que conocerían algo en relación al hecho acusado, a la fecha se habían tomado las declaraciones y por tanto se hubiese enervado este presupuesto procesal del inc. e)…” (las negrillas son añadidas).
En ese antecedente, se advierte que el fundamento que dio origen a la determinación del riesgo procesal contenido en el art. 290.I inc. e) de la Ley 548, se refería a la falta de entrevistas y declaraciones testificales con relación al hecho imputado; y, en tal sentido, el ahora accionante presentó las declaraciones testificales y el Informe evacuado por el investigador asignado al caso respecto a dichas declaraciones; por lo que, corresponde establecer si con relación a esta prueba testifical presentada y el Informe mencionado, se procedió a la valoración probatoria conforme a los parámetros jurisprudenciales previstos constitucionalmente.
Al respecto, debe considerarse los criterios de resolución emitidos por la autoridad judicial, que, en su Auto de 22 de noviembre de 2023, estableció lo siguiente:
“(…) resulta evidente que este presupuesto se estableció porque el adolescente estando en libertad puede negativamente poner en peligro a una persona relacionada al proceso; sea participe, testigo y/o perito o tercero en la etapa de la investigación y a partir de la prueba aportada por el Ministerio Publico y la declaración realizada por la víctima existirían personas que faltan por declarar, aunque en el fondo no se hace referencia que ciertas personas no habrían depuesto su atestación; sin embargo si bien en esta oportunidad se nos está demostrando de que evidentemente varias personas que serían testigos en relación al hecho que ha sido imputado han depuesto su declaración como testigos, sin embargo este hecho no se puede considerar que ya no exista la posibilidad de que el menor influencie negativamente en personas relacionadas al proceso, sobre todo a los testigos, tomando en cuenta que el proceso a partir de lo que dispone la Ley 548, no solamente concluye con la imputación formal, sino concluye con la acusación y a través de los recursos que prevé la norma, sobre todo la acusación, por cuanto de existir la misma, los testigos también serán convocados a la audiencia de juicio oral para que ellos bajo el principio de inmediación, el principio de contradicción puedan deponer su declaración en estrados judiciales, y por tanto al no haber concluido su participación dentro del proceso, únicamente con su declaración en la fase de investigación no se puede considerar que ya no exista ese presupuesto y es ese razonamiento que se ha dado en el acta de medidas cautelares y además en el Auto de Vista que ha sido pronunciado por la Sala de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ….” (las negrillas se adicionaron). En ese contexto, se advierte como un primer elemento fáctico, el hecho de que la falta de ciertas declaraciones testificales -como tal-, no se constituía en el motivo principal de la existencia del riesgo procesal contenido en el art. 290.I.e) de la Ley 548; sino, el hecho de que el adolescente estando en libertad podía influir negativamente o poner en peligro a una persona relacionada al proceso; sea participe, testigo y/o perito o tercero en la etapa de la investigación. En tal sentido, si bien el accionante produjo las declaraciones testificales de sus familiares, el Juez demandado advirtió que este elemento no era suficiente para desvirtuar el riesgo procesal endilgado, valorando bajo esos parámetros la prueba testifical y el informe policial presentado, éste último que contenía las referidas declaraciones testificales.
Como un segundo elemento fáctico, se advierte que la autoridad judicial demandada, valoró la condición de los testigos presentados, quienes se constituían en familiares consanguíneos del impetrante de tutela, razón por la que asumió una mayor probabilidad de influencia respecto a sus declaraciones y su actuación dentro del proceso penal, que se encontraba en etapa investigativa.
Un tercer elemento fáctico a considerarse, es el relativo a que ciertamente las etapas procesales estaban recién desarrollándose dentro del proceso penal seguido en contra del imputado -ahora accionante-, razón por la que era previsible el hecho de que los mismos testigos que habían sido presentados a declarar en etapa investigativa, fueran llamados a deponer nuevamente en etapas procesales posteriores, como el juicio oral, motivo por el que, el Juez cautelar, consideró que estando en libertad el imputado, el riesgo procesal continuaría latente.
En ese contexto fáctico, corresponde establecer si evidentemente la labor de valoración probatoria fue cabalmente cumplida por el juzgador y si se enmarcó en los criterios jurisprudenciales asumidos por esta Magistratura. Así se tiene que, el Juez ahora demandado, en el ejercicio de su labor jurisdiccional, asumió un criterio razonable, si se considera que la presunta víctima del ilícito era una menor de edad mujer, que presuntamente sufrió una agresión de carácter sexual, advirtiéndose que, en la emisión del Auto de 22 de noviembre de 2023 cumplió con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, debiendo comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada72 de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar una correcta valoración probatoria, a partir de un enfoque interseccional que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos.
En esa labor de valoración probatoria, se advierte que la autoridad judicial demandada, al momento de referirse a los elementos probatorios producidos por el ahora accionante (a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I.e) de la Ley 548), a más de acudir a los parámetros de la razonabilidad y la equidad en dicha labor, esencialmente efectuó una ponderación entre los derechos del imputado y de la víctima menor de edad, atendiendo el deber de la debida diligencia, cumpliendo de esta manera con los estándares internacionales y nacionales de respeto y protección de los 72 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia” 73 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
"CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
(…)
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:
(…)
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.
derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, poniendo en alto el interés superior de la adolescente, conforme manda el art. 60 de la CPE, al observar la vulnerabilidad de la víctima, obligaciones que se encuentran descritos y desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
De donde se puede concluir, que la autoridad demandada, en su labora de valoración probatoria, consideró transversalmente que en casos de violencia contra las mujeres niñas, adolescentes es deber de la autoridad judicial aplicar el enfoque interseccional ello considerando que la víctima de abuso sexual es una mujer menor de edad, quien merece especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para el descubrimiento de la verdad, hasta el enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos, consecuentemente cumplió con los Estándares Internacionales e Internos para la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.
Complementariamente, dentro del presente análisis, debe considerarse el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional, relativo al “enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley”, enmarcado 74 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” 75 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134. 76 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.” 77 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr.
101.
en los Convenios y Tratados Internacionales, que en nuestro país se trasunta en la implantación de un régimen especializado de justicia para adolescentes infractores, a partir de la promulgación del Código Niña, Niño y Adolescente, debiendo consolidarse materialmente este aspecto en todas las instancias estatales y los órganos de administración de justicia. Aspectos que también han sido considerados por el juzgador, dentro de los parámetros del enfoque interseccional y la perspectiva de género, conforme se desarrolló precedentemente. Tomando en cuenta dichos criterios y en atención del análisis efectuado, corresponde dejar establecido que la decisión adoptada por la autoridad judicial ahora demandada, no vulnera el derecho a la valoración probatoria como elemento del debido proceso, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada respecto a esta problemática contenida en el presente apartado III.7.3.
Con relación a que la autoridad judicial demandada emitió el Auto de 22 de noviembre de 2023, sin la debida fundamentación y motivación debido a que no se dio aplicación al art. 290.II de la Ley 548, tomando en cuenta que se había presentado el Informe Social, Psicológico y la entrevista de la madre del imputado que demostraban que éste contaba con una fuente laboral, incluso con anterioridad a que fuera cautelado, desvirtuando el riesgo de fuga
Respecto a esta última problemática, debe tomarse en cuenta los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, con relación a los presupuestos de fundamentación y motivación que son parte del debido proceso, estableciendo que la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; y, por su parte, la motivación, está relacionada con la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.
Bajo ese contexto jurisprudencial, corresponde dejar establecido que el ahora accionante aduce la vulneración de su derecho a la debida fundamentación y motivación, por cuanto el Juez ahora demandado, no se pronunció con relación a la previsión contenida en el art. 290.II de la Ley 548, el cual prescribe:
“ARTÍCULO 290. (RIESGO DE FUGA U OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD). (…) II. Si trabajara en el país y cooperará permanentemente en el sostenimiento de su familia, se considerará que no existe riesgo de fuga.”
Es así que, el imputado -ahora impetrante de tutela-, hizo mención expresa de esta disposición en audiencia de cesación de detención preventiva. A propósito de ello, del acta de la mencionada audiencia de 22 de noviembre de 2023, se extrae la intervención del ahora accionante por intermedio de su abogado, en los siguientes términos:
“…el artículo 290 romano II, de forma clara establece, si trabaja en el País y coopera permanentemente con el sostenimiento de su familia, si considera que no existe riesgo de fuga que estamos demostrando con estas documentales, que el ciudadano trabaja y coopera a su familia y así lo refleja el informe social y psicológico en cuanto con esas simples documentales del informe, se está desvirtuando en su totalidad lo establecido en el artículo 290 de riesgo de fuga u obstaculización, así lo establece a la letra muerta, por cuanto se debe dar pleno cumplimiento a lo que establece dicha normativa…” A ese efecto, se advierte que el ahora peticionante de tutela, evidentemente presentó el Informe Social emitido por el Centro de Rehabilitación denominado “Nuevos Horizontes”, dependiente del SEDEGES, Informe Psicológico y la entrevista de su madre, que en su contenido acreditaban que su persona contaba con una fuente laboral, aspecto que fue expresamente referido por el impetrante de tutela en la audiencia de cesación de detención preventiva, en la cual, al respecto manifestó:
“El informe social elaborado por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí de Sedeges, hace referencia al núcleo familiar, hace referencia a su actividad laboral, en este caso queremos dejar en relevancia que mi defendido evidentemente trabaja como ayudante de mecánica, que esto ha sido un contrato verbal con su hermano Zenón Castro, propietario de dicho taller mecánico, cual es la finalidad aquí lo que refieren que dicho adolescente genera ingresos económicos con la finalidad de apoyar a su familia, a su padre, a su madre y a su hermana menor (…) este informe social ha sido verificado, corroborado por la Lic. Flavia Ramírez Oyola Directora Técnica de Sedeges e incluso se tiene un muestrario fotográfico donde está establecido el domicilio exacto, lugar de trabajo y demás aspectos (…)
vamos a adjuntar el certificado de trabajo obtenido mediante requerimiento fiscal (…) la licencia de funcionamiento de este taller mecánico, la cédula de identidad del propietario (…) con estas documental se está presentando de forma objetiva lo que se ha extrañado en su momento, no tiene arraigo porque no tiene trabajo…”.
A más del Informe Social y la licencia de funcionamiento del taller mecánico de propiedad de su hermano, el ahora accionante también hizo referencia en audiencia al certificado de trabajo (el cual fue analizado precedentemente), evidenciando de manera expresa ante la autoridad judicial, el hecho de que contaba con una fuente laboral en el referido taller, incluso con anterioridad a que sea cautelado el 9 de octubre de 2023, aspectos también corroborados con la entrevista de la madre del imputado, en la cual refería que el ahora peticionante de tutela trabajaba en el taller de su hermano, para ayudar permanentemente al sostenimiento de su familia (Conclusiones II.1).
En ese comprendido, de una lectura del acta de audiencia de cesación de detención preventiva, así como de la resolución emitida el 22 de noviembre de 2023, se advierte que si bien el Juez ahora demandado citó de manera expresa el art. 290 de la Ley 548 a momento de resolver la solicitud de cesación de detención preventiva (fs. 75), no fundamentó ni motivó debidamente la aplicación del parágrafo II del referido artículo, tomando en cuenta que el ahora impetrante de tutela había producido la prueba documental suficiente al efecto, en especial en lo referido a la fuente laboral y el certificado de trabajo presentado, que por otra parte había sido valorado a efectos de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 290.I. inc. d) de la Ley 548.
En ese entendimiento, correspondía que la autoridad judicial fundamente y motive su resolución en cuanto a la aplicación del art. 290.II de la Ley 548, conforme los antecedente procesales y las circunstancias del proceso, por cuanto dicha norma también se constituyó en parte de la base normativa que sustentó su pronunciamiento final; por lo que, ante la falta de fundamentación y motivación, corresponde conceder la tutela con relación a la problemática planteada en el presente apartado
Con relación a la presunta vulneración del derecho al Juez natural e imparcial, también denunciada por el impetrante de tutela, corresponde dejar establecido que a más de que no se fundamentó debidamente y en derecho por parte del ahora accionante esta denuncia; no obstante, se advierte que, analizados y compulsados los antecedentes procesales, no existe evidencia cierta y concreta respecto a la que la actuación del Juez se haya desmarcado del principio de imparcialidad y/o que la autoridad judicial no cuente con la suficiente competencia, a efectos de haber asumido el conocimiento de la causa, tomando en cuenta que el ejercicio de la función jurisdiccional involucra la existencia de órganos de administración de justicia que deben mantenerse ajenos al conflicto suscitado entre las partes procesales y munidos de la suficiente jurisdicción y competencia, aspectos que en el caso de análisis se encuentran cumplidos, por lo que con relación a esta denuncia, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, se aclara que esta instancia constitucional no consideró aspectos relativos a la responsabilidad penal del menor infractor en el hecho que se investiga, remitiéndose solo a considerar elementos respecto a la presunta vulneración de derechos constitucionales, conforme se denunció a través de la presente acción de defensa. A más de ello, siendo que en el presente caso se inmiscuye derechos de menores de edad, las autoridades administrativas y judiciales, tienen la obligación de velar por los referidos derechos en su integridad, evitando la vulneración de los derechos, tanto de la menor víctima a partir de una perspectiva de género, como de los menores infractores a partir del enfoque de protección integral del interés superior del niño, niña y adolescente.
En ese comprendido, toda autoridad judicial a momento de resolver la causa, debe aplicar de manera prioritaria y con especial énfasis la perspectiva de género, con el fin de efectivizar el derecho a la igualdad material o sustantiva, y responder al mandato de las normas del bloque de constitucionalidad de combatir la discriminación, garantizando el acceso a la justicia, remediando en los casos concretos las relaciones asimétricas de poder y posibilitando que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad, lo cual implica, impartir justicia adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en apego al principio de igualdad y no discriminación.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder parcialmente la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 97/2023 A.L. de 29 de noviembre, cursante de fs. 40 a 44 vta.; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a:
1.1. La vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y, derecho a la libertad, conforme a los fundamentos desarrollados en la cuarta problemática del apartado III.7.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Potosí -ahora demandado- se pronuncie y emita una nueva resolución tomando en cuenta los referidos fundamentos. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a:
2.1. La vulneración del derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba, conforme a los fundamentos desarrollados en la primera problemática del apartado III.7.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2.2. La vulneración del derecho al debido proceso en su elemento valoración probatoria, conforme a los fundamentos desarrollados en la segunda problemática del apartado III.7.2 del presente fallo constitucional. 2.3 La vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos valoración de la prueba y motivación; y, derecho a la libertad, conforme a los fundamentos desarrollados en la tercera problemática del apartado III.7.3 del presente fallo constitucional. 2.4. La vulneración del derecho al Juez natural e imparcial, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquiva Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
“No obstante, como se indicó, la subsidiariedad es una excepción y no la regla, por tanto y como ya se estableció en las sentencias indicadas, dados los derechos tutelados por la acción de libertad, en los casos de que inclusive existan medios procesales idóneos dentro del proceso ordinario, si los mismos resultan ineficaces para la tutela dada las circunstancias del caso, como por ejemplo tratándose de medidas cautelares aplicadas a menores de edad, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, a personas de la tercera edad, enfermos graves, o que tengan la vida en situación de peligro, dada su situación de riesgo por esa situación natural; no les 1 “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
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3 En su FJ.III.2, citando la SCP 1323/2016-S2 de 6 de diciembre.
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10 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
11 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.
12 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 13. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la
protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.
15 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los
17 Página de Google de la ONG Internacional Humanium.
18 Constitución Política del Estado de 1938 “Artículo 134 - Es deber primordial del Estado, la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia. El Estado defiende los derechos del niño al hogar, la educación y a la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia. El Estado encomendará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo a organismos técnicos adecuados”.
19 Constitución Política del Estado de 1967 “Artículo 199.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación. Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación general.
20 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar” Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 13.
21 Beloff Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, páginas. 14-16. Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”
22 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, páginas 13 y 14.
23 BOLIVIA. La respuesta institucional del Estado a la temática de violencia contra la niñez y adolescencia, Estudio de casos: SEDEGES de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), La Paz – Bolivia 2008, pág. 29.
24 Constitución y Derechos del Niño, Beloff, Mary, Buenos Aires – Argentina 2005, pág. 769.
25 CIDH Informe sobre la Actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, (OEA/Ser.L/V/II.13, doc. 14 Rev). (español), 15 octubre 1965, capítulo IV. Caso del niño dominicano Felipe de Jesús de 14 años de edad quien fue detenido en su residencia de la Calle 17 por el terrible y célebre Balá y tropas del CEFA, el día 20 de mayo de 1965.
33 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 17.
34 Convención de los Derechos de Niño, Artículo 3.”1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
35 CIDH, Informe Anual 1997. Capítulo VII. Recomendaciones a los Estados miembros en áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
36 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.
37 Art. 43 de la Convención de los Derechos del Niño.
38 Art. 44 de la Convención de los Derechos del Niño.
39 Observación General 10 CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 10).
40 Observación General 10CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 16, 18, 31, 31, 44, 53, 71, 85 y 86).
41 Arts. 2, 3, 4, 5, 12, 37, 40, y 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño.
42 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Trotta, Madrid,1995
43 Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 57.
44 Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 58.
45 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.
46 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 56.
47 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999 “193. El Tribunal ha señalado anteriormente que esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Sobre el particular, esta Corte ha entendido que 194. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana”.
48 El interés superior del niño en la jurisprudencia penal juvenil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Universidad de Costa Rica, Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, Llobet Javier
49 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.
50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
51 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004, Serie C No. 112, párrs. 212, 225, 228 y 230, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
52 Observaciones finales: Antigua y Barbuda, CRC/C/15/Add.247, 3 de noviembre de 2004, párr. 68 y 69.
53 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, Sentencia de 14 de mayo de 2013, (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones).
54 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pacheco Terurel y otros Vs. Honduras, Sentencia de 30 de mayo de 1999, (Fondo, Reparaciones y costas).
55 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gomez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004, 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 83., (Fondo, Reparaciones y costas).
56 Opinión OC‐17/02 del 28 de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Serie A, No. 17, páginas 22, 23, 24 y 25.
57 Página de Google de la CIDH.
58 Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, páginas. 18-20.
59 Art. 281 y siguientes del Código del Menor.
60 Art. 297 y siguientes del Código del Menor.
61 Art. 208 del Código del Menor.
62 Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026-“ Libro Tercero de Protección Jurídica, de la Responsabilidad, de la Jurisdicción y de los Procedimientos”.
63 Sección V. arts. 58 al 61 de la CPE.
64 “ARTÍCULO 5. (SUJETOS DE DERECHOS). Son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo:
a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos”.
65 Art. 8.I de la Ley 548. 66 Art. 12 de la Ley 548.
67 Libro III Sistema Penal, Responsabilidad y Garantías de la Ley 548 Art. 8.II de la CPE.
69 Art. 262 de la Ley 548.
70 Art. 256 de la CPE
y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0738_2024-S1.pdf · páginas 1 a 68.
Huella digital del PDF (SHA-256): a597f78643c719407c0042d2dd67c0d915436bfa54e9c81d9b170b819b64a6f1
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