B.IA.LEGAL

SCP 0737/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53191-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al acceso a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defensa; y, de los principios de temporalidad de las medidas cautelares y celeridad; puesto que, atribuyendo al Vocal y a la Jueza ahora accionados que en la tramitación de su solicitud de cesación de su detención preventiva y ratificación en alzada, no consideraron la conclusión del Informe Médico de 22 de agosto de 2022 e Informe Psicológico SEPDEP/PSI/CPCHR 055/2021 de 1 de igual mes, que indican que tiene un trastorno psicótico, menos ordenar de oficio su reconocimiento psiquiátrico como manda el art. 86 del CPP, para finalmente rechazar su solicitud por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre, sin observar que se cumplieron las causales de cesación de las medidas cautelares personales del art. 239.3 y 4 del CPP por estar tres años, ocho meses y veintiocho días con detención preventiva y, sin dictarse sentencia, adecuándose a la extinción de la acción penal prevista por el art. 133 del CPP, aplicando las medidas cautelares como una pena anticipada, provocándole dilación en el acceso a su libertad, la cual debía limitarse en el tiempo, duración y responder a los fines del proceso según prevé el art. 221 del CPP. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 55 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre, debiendo emitirse uno nuevo en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR con relación a la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; así como, respecto de los derechos a la vida, a la presunción de inocencia y a la defensa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. El principio de congruencia como elemento de toda resolución judicial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0737/2025-S1 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53191-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 009/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 55 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Huanca Reyes en representación sin mandato de Jorge Damián Martínez de La Vega contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Lucia Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del indicado departamento -en suplencia legal de su similar Segunda-.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 12 de enero de 2023, cursante de fs. 14 a 18 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), dentro del cual cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, dispuesto mediante Auto Interlocutorio de 14 de abril de 2019, al cumplir tres años, ocho meses y veintiocho días y, siendo superado el mínimo legal de la sanción de 3 a 10 años, así como al encontrarse veinticuatro meses sin sentencia y sin que los actos dilatorios sean atribuibles a su persona, ni cursar declaratoria de rebeldía, el 25 de agosto de 2022, solicitó cesación de dicha medida cautelar, alegando el art. 239.3 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), adjuntando en efecto los certificados de permanencia y conducta, informes y valoración psicológica.

Atendiendo lo solicitado la Jueza ahora coaccionada, mediante Auto Interlocutorio 07/2022 de 13 de octubre, rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, afirmando que tendría antecedentes por los delitos de abuso sexual en el “juzgado de instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Segundo”; por el que hubiese ingresado el 8 de enero de 2016, a pesar que lo que se certificó fue que se benefició con un sobreseimiento, cuya causa hubiese sido archivada, omitiendo valorarse el Informe Médico de 22 de agosto de 2022, expedido por el Médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y el Informe Psicológico SEPDEP/PSI/CPCHR 055/2021 de 1 de agosto, que señala que tiene un trastorno psicótico y sin orientación en ninguna esfera, con memoria estuporosa y deficiencia psíquica; además, en virtud del art. 86 del CPP, el Juez al advertir que el procesado padecía de enfermedad que le impedía comprender el proceso penal, debía ordenar de oficio su reconocimiento psiquiátrico. Contra dicha determinación, formuló recurso de apelación incidental, si bien se declaró infundado inicialmente por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, mediante una primera acción de libertad que concedió la tutela y ordenó se emita un nuevo auto de vista por la Sala de turno; por consiguiente, se resolvió por el Vocal ahora accionado, declarando la improcedencia del indicado recurso mediante Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre, careciendo de fundamentación, motivación y congruencia al no resolver los agravios que formuló; puesto que: a) Concluyó que si hubiese tenido alguna discapacidad psíquica debía ser internado, señalando como juicio de valor que sería un peligro inminente para la sociedad, negando que se hubiera solicitado internación, cuando como autoridad judicial debería conocer las actuaciones de oficio, como aplicar el art. 86 del CPP respecto de ordenar su reconocimiento psiquiátrico, cuya labor implica efectuar una interpretación extensiva de la norma y no restrictiva; y, b) El art. 133 del citado Código claramente establece como término de duración máxima del proceso tres años, debiendo comprenderse a la detención preventiva de manera inescindible con las características de excepcionalidad, proporcionalidad, intrumentalidad, revisabilidad, temporalidad y “jurisdiccionalidad”, que de concebirse de manera separada, se entenderá como una verdadera sanción y no una función estrictamente procesal, como sostiene la Sentencia de 30 de octubre de 2008 del caso Bayarri Vs. Argentina, Acosta Calderón Vs. Ecuador y Suarez Rosero Vs. Ecuador, cuya finalidad de las medidas cautelares, según el art. 221 del CPP deben ser limitadas en el tiempo y su duración y responder a los fines del proceso, sin estar supeditada al cumplimiento de ningún otro requisito, lo contrario implicaría una pena anticipada que genera una dilación indebida en el acceso a su libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al acceso a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defensa; y, de los principios de temporalidad de las medidas cautelares y celeridad; citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que, se revoque el Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre y el Auto Interlocutorio 07/2022 de 13 de octubre y, se “…DE CURSO A LA SOLICITUD DE CESACION A LA DETENCION PREVENTIVA IMPETRADA…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 13 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 54, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: 1) Luego de una serie de irregularidades procedimentales en el proceso penal seguido -por el Ministerio Publico- por el delito de robo agravado, emitiendo la Jueza ahora coaccionada el Auto Interlocutorio 07/2022, que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, y que mereció recurso de apelación incidental, el Vocal hoy accionado, mediante Auto de Vista 902/2022, declaró infundado el referido Auto Interlocutorio, sin resolver los motivos expuestos en el indicado recurso, careciendo de fundamento legal la ratificación de rechazo, a pesar que la “SC 0827/2013” estableció que deberá concederse la cesación de su detención preventiva sin presentar documental alguna fundada en el art. 239.3 y 4 del CPP, debiendo solamente acreditarse el transcurso del tiempo; 2) Al concluir el referido Auto de Vista que sería un peligro efectivo para la sociedad, vulnera el derecho a la presunción de inocencia, sin que además se observe una interpretación de forma extensiva del art. 86 del citado Código, al padecer un trastorno psicótico y el hecho de hacerse presente en audiencia, no fue atribuida a su persona sino al Centro Penitenciario -San Pedro de La Paz- donde guarda detención preventiva; y, 3) Su detención no debía durar más de veinticuatro meses, de conformidad al art. 239.4 del CPP, y que según el art. 133 del citado Código, el proceso penal no debió extenderse más de tres años, siendo la pena mínima por el delito de robo agravado superada, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, tres años, ocho meses y veintiocho días.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 13 de enero de 2023, cursante a fs. 48 y vta., manifestó que: i) No se advierte que la acción de libertad este correctamente planteada al no haber identificado la causa petendi con relación a los fundamentos; además de no alegar las causales de procedencia de este mecanismo constitucional, en el marco del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), tampoco señaló la manera de cómo los derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso fueron vulnerados, incumpliendo la carga procesal argumentativa; y, ii) La resolución que emitió contiene fundamentación y, si a criterio del recurrente -accionante- ameritaba la cesación a su detención preventiva por su incapacidad psíquica, se extraña que su defensa no solicitó otras medidas para la rehabilitación médica, siendo que la salud debía ser prioritaria, más aun si el proceso penal se encontraría en etapa de juicio oral, público y contradictorio; por lo que, solicitó se deniega la tutela solicitada. Lucia Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Segunda-, mediante informe presentado el 13 de enero de 2023, cursante a fs. 23 y vta., manifestó que: si bien es cierto que emitió el Auto Interlocutorio 07/2022, mediante el cual se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante; empero, fue objeto de recurso de apelación incidental, emergiendo el Auto de Vista 902/2022, correspondiendo que el Juez de garantías se pronuncie sobre el último auto de vista, conforme lo establece la SCP 0279/2021-S3 de 8 de junio, que sostiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional emite sus fallos respecto de la última determinación dictada en sede ordinaria; lo contrario implicaría convertir a la instancia constitucional en un mecanismo de apelación. Por los extremos vertidos; pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 009/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 55 a 61 vta., concedió la tutela solicitada, con relación al Vocal ahora accionado, y denegó respecto a la Jueza hoy coaccionada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre pronunciado por el mencionado Vocal, debiendo emitirse uno nuevo, con base en los fundamentos jurídicos desarrollados, aclarando que la valoración probatoria queda bajo criterio exclusivo de la autoridad de alzada, regida por las reglas de la sana crítica. Determinación que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Con relación a la Jueza ahora coaccionada que emitió el Auto Interlocutorio 07/2022, estando previsto como medio de reclamo el recurso de apelación incidental tal cual prevé el art. 251 del CPP, mismo que fue activado, no se cumplió con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, al constituirse la decisión de alzada en la última pronunciada en instancia ordinaria; y, b) El Auto de Vista pronunciado por el Vocal hoy accionado, no dio respuesta al marco normativo y fáctico expresado por el accionante bajo el principio de congruencia, en relación a los presupuestos del art. 239.3 y 4 del CPP, debiendo considerar que la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres estableció que toda determinación respecto de la aplicación, modificación y consideración de medidas cautelares debe necesariamente regirse y observar la excepcionalidad, la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, ello con la finalidad de que guarde la coherencia necesaria y el justiciable conozca que su pretensión a través de la solicitud efectuada fue debidamente resuelta, respaldada, y con la fundamentación y motivación correspondiente, habiéndose limitado a realizar expresiones sobre el estado de salud del accionante sin ingresar a resolver ni considerar lo pedido y sustentado en previsión del art. 239.3 y 4 del CPP.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 07/2022 de 13 de octubre, emitido por Lucia Fuentes Nina, Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar Segunda-, -hoy coaccionada-, determinó que se “…DENIEGA la solicitud de la parte acusada de cesación a la detención preventiva…” (sic), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Damián Martínez de La Vega -ahora accionante- por el delito de robo agravado, quien cumplía detención preventiva y por medio de su abogada defensora solicitó cesación de dicha medida de última ratio (fs. 10 a 12). II.2. Consta Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre, emitido por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionado-, emergente del recurso de apelación incidental formulado por el accionante, cuya parte resolutiva declara “…la IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas y en el fondo CONFIRMA la Resolución Nº 143/2022 de 04 de junio de 2022, pronunciado por el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de El Alto…” (sic [fs. 45 a 47 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al acceso a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defensa; y, de los principios de temporalidad de las medidas cautelares y celeridad; puesto que, atribuyendo al Vocal y a la Jueza ahora accionados que en la tramitación de su solicitud de cesación de su detención preventiva y ratificación en alzada, no consideraron la conclusión del Informe Médico de 22 de agosto de 2022 e Informe Psicológico SEPDEP/PSI/CPCHR 055/2021 de 1 de igual mes, que indican que tiene un trastorno psicótico, menos ordenar de oficio su reconocimiento psiquiátrico como manda el art. 86 del CPP, para finalmente rechazar su solicitud por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre, sin observar que se cumplieron las causales de cesación de las medidas cautelares personales del art. 239.3 y 4 del CPP por estar tres años, ocho meses y veintiocho días con detención preventiva y, sin dictarse sentencia, adecuándose a la extinción de la acción penal prevista por el art. 133 del CPP, aplicando las medidas cautelares como una pena anticipada, provocándole dilación en el acceso a su libertad, la cual debía limitarse en el tiempo, duración y responder a los fines del proceso según prevé el art. 221 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; 2) El principio de congruencia como elemento de toda resolución judicial; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, reiterando lo sentado por la SCP 0450/2012 de 29 de junio, establece que: «...“La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”.

Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”» (las negrillas son nuestras). En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: ‘De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP’.

III.2. El principio de congruencia como elemento de toda resolución judicial

La SCP 0275/2025-S1 de 10 de abril, reiterando lo razonado por la SCP 1083/2014 de 10 de junio, señala que: ‘…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’ . En el mismo sentido, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló: ‘…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución’’ (las negrillas nos pertenecen)

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al acceso a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defensa; y, de los principios de temporalidad de las medidas cautelares y celeridad; puesto que, atribuyendo al Vocal y a la Jueza ahora accionados que en la tramitación de su solicitud de cesación de su detención preventiva y ratificación en alzada, no consideraron la conclusión del Informe Médico de 22 de agosto de 2022 e Informe Psicológico SEPDEP/PSI/CPCHR 055/2021 de 1 de igual mes, que indican que tiene un trastorno psicótico, menos ordenar de oficio su reconocimiento psiquiátrico como manda el art. 86 del CPP, para finalmente rechazar su solicitud por el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre, sin observar que se cumplieron las causales de cesación de las medidas cautelares personales del art. 239.3 y 4 del CPP por estar tres años, ocho meses y veintiocho días con detención preventiva y, sin dictarse sentencia, adecuándose a la extinción de la acción penal prevista por el art. 133 del CPP, aplicando las medidas cautelares como una pena anticipada, provocándole dilación en el acceso a su libertad, la cual debía limitarse en el tiempo, duración y responder a los fines del proceso según prevé el art. 221 del CPP.

Tal como se tiene identificado el objeto procesal que nos ocupa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados concernientes al proceso penal seguido contra el accionante por el delito de robo agravado quien cumple detención preventiva, solicitó cesación de dicha medida cautelar, que fue rechazada a través del Auto Interlocutorio 07/2022 por la Jueza hoy coaccionada -en suplencia legal de su similar Segunda-(Conclusión II.1.); que habiendo formulado recurso de apelación incidental, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 902/2022, declaró “…la IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas y en el fondo CONFIRMA la Resolución Nº 143/2022 de 04 de junio de 2022, pronunciada por el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de El Alto…” (sic [Conclusión II.2.]). Ahora bien, antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, resulta pertinente aclarar que, tratándose de medidas cautelares -cuando existe privación o restricción del derecho a la libertad física del procesado-, los aspectos concernientes a su trámite; así como, la fundamentación en el fondo -siempre que fuese agotado el recurso en la jurisdicción ordinaria de acuerdo a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-, pueden ser analizados vía acción de libertad; ya que, por su carácter temporal y su finalidad instrumental al proceso, definen en el fondo si el encausado va a defenderse en libertad o en detención -medida extrema excepcional-; así, en el caso sub judice, habiéndose apelado por el accionante la decisión de la Jueza hoy coaccionada; en razón a que, la autoridad judicial de alzada encargada de la revisión, tenía la oportunidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía, como entendió la jurisprudencia constitucional sosteniendo que ‘…las ilegalidades denunciadas oportunamente pueden ser revisadas y corregidas en el mismo proceso y sólo cuando éstas se hayan mantenido pese a las diferentes observaciones, habiendo agotado así todos los medios de impugnación, recién se abre la vía constitucional, siendo por ello la competencia de este Tribunal el analizar la última resolución emitida dentro del proceso…’ (las negrillas y el subrayado nos corresponden [SCP 0431/2015-S3 de 4 de mayo]), resulta ineludible denegar la tutela solicitada contra la Jueza ahora coaccionada y, efectuar el examen a partir del Auto de Vista 902/2022, verificando si el mismo se pronunció debidamente fundamentado y motivado como se denuncia. Para dicho cometido, amerita extractar los puntos cuestionados por el accionante de la parte considerativa de la determinación de alzada, con la finalidad de precisar y determinar si resultan evidentes las aseveraciones denunciadas como agravios por el nombrado: i) Alega que padece trastornos psíquicos según Informe Médico Psicológico, que acredita que no se encontraría dentro de las tres esferas médicas, operando la extinción de la acción penal y, respecto del proceso penal que se le instauró en otro juzgado, aclara que se benefició con un sobreseimiento y se dispuso la cesación de su detención preventiva, siendo ratificada por el superior en grado. ii) El hecho que estuvo detenido tres años y ocho meses se configura a los presupuestos del art. 239.3 y 4 del CPP y, por el hecho de no contar con sentencia y al tratarse del ilícito de robo agravado que prevé una pena privativa de libertad entre 3 a 10 años, entendida así por la SCP 947/2001 de 6 de septiembre, estableciendo que el transcurso del tiempo no está supeditada a ningún otro presupuesto, que no sea el mismo periodo del tiempo. Ante los agravios alegados por el accionante, el Vocal hoy accionado, resolvió el recurso de apelación incidental a través del Auto de Vista 902/2022, con los siguientes argumentos. a) “…esta sala se extraña el por qué la defensa técnica del acusado no ha solicitado otras medidas para las rehabilitación médica del acusado y simple y llanamente solicita la cesación a la detención preventiva para que pueda gozar de este beneficio y se defiendan en libertad o con medidas cautelares, pero este con estas medidas, pues en detención domiciliaria u otras medidas. Pero no hemos escuchado si tiene problemas psíquicos; cuál es el camino correcto, dejarlo en la calle, estar en su domicilio con detención domiciliaria o en su defecto, su rehabilitación de salud psíquica, no hemos escuchado al respecto, el solicitar la cesación a la detención preventiva en forma pura y simple, en base a la norma adjetiva penal, tomando en cuenta la salud y sustentando la cesación a la detención preventiva sobre problemas de salud y no son propiamente la rehabilitación de la misma y en qué centro corresponda, no hemos escuchado. El que solicita la cesación a la detención preventiva para que luego pueda lograr su salida en vías públicas, es una petición no acorde a los datos del proceso, a la misma prueba que ha acompañado la parte de la defensa y al origen del porque se ha aperturado el presente caso que el origen muestra lo siguiente; y amerita que se tome en cuenta, que el 13 de abril del 2018 a horas 15:30 aproximadamente durante el patrullaje a pie realizado por efectivos de la DACI comerciantes de la Calle Onda y Pérez Velasco denunciaron que cinco sujetos de sexo masculino se encontraban transitando por la zona, atracando a los transeuntes que circulaban por el lugar, sustrayendo sus pertenencias después de tenderlos al piso, asfixiandolos con soga en el cuello, indican que los denunciantes que no quieren ser identificados por temor a represalias debido a que venden todos los dias en el mismo lugar, las mismas denunciaron cómo se encontraban vestidos y hace mención como se contra vestidos a horas 05:00 am, en el patrullaje a pie por inmediaciones de la Calle Mercado altura Onda debajo del túnel, aprehenden en flagrancia a cinco personas del sexo masculino a quien sujetaban por el cuello, dejándolo sin posibilidad de defenderse, por lo que proceden a la aprehensión de cinco personas, auxiliándolos a la víctima para su restablecimiento, y se imputa entre ellos al ciudadano Jorge Damian Martinez de la Vega” (sic); y, b) “Si la Sentencia Constitucional Nº947/2001 toma en cuenta para que se conecte con la petición del artículo 239 numeral 3) y 4) del Código de procedimiento Penal, pero vayamos al principio de objetividad; Sentencia Constitucional del año 2001 y el año 2001 no estaba descrito en esta norma 239 numeral 1) el numeral 4).. El año 2001 estaba, descrito en esta norma tres numerales y diferentes. Qué dice el numeral 39 del año 2001, número 4) cuando su duración exceda de 18 meses, sin que se haya dictado sentencia, y actualmente, en la que sustenta su petitorio; numeral 4) exceda de 12 meses sin que se haya dictado sentencia; diferentes y él sustentar su petición en base a un precedente constitucional que no corresponde al actual Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 1173…” (sic). Concluyendo que únicamente se solicita cesación, sin que por responsabilidad de la defensa técnica se privilegie su salud y, que al tratarse del delito de robo agravado en el que se pretendió inclusive asfixiar con una soga a personas, no se evidencia agravio alguno.

Sintetizados los fundamentos contenidos en el Auto de Vista 902/2022, se tiene que efectivamente se declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación incidental, cuyo Auto de Vista es ahora cuestionado al no observar el debido proceso. La jurisprudencia constitucional respecto al derecho del debido proceso, tal cual fue ilustrada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, entendió que toda decisión judicial, inclusive aquellas que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar, deben estar provistas de razones que sostengan la determinación que se emita, estableciendo los criterios jurídicos con una exposición que permita conocer de manera clara los motivos que la sustentan, satisfaciendo todos los puntos demandados, lo cual no requiere precisamente de una ampulosa evocación de consideraciones y citas normativas ni de sujetarse a una mera relación de las piezas procesales o mención de los requerimientos de las partes sino, estar dotada de una estructura y contenido de forma y de fondo en la que se expresen las razones determinativas de sustento de la decisión asumida. Bajo ese alcance jurisprudencial, en el caso que nos ocupa, el accionante denunció como primer punto la no consideración de los contenidos y conclusiones del Informe Médico de 22 de agosto de 2022, expedido por el Médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y del Informe Psicológico SEPDEP/PSI/CPCHR 055/2021, que deducen que padece un trastorno psicótico y sin orientación en ninguna esfera, con memoria estuporosa y deficiencia psíquica, que ameritaba por mandato del art. 86 del CPP, que el Juez de oficio ordenara su reconocimiento psiquiátrico, causa por la cual operaría la extinción de la acción penal; así como, la existencia de un proceso penal anterior, cuando en el mismo se benefició con sobreseimiento y se dispuso la cesación de su detención preventiva. Al respecto, el Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 902/2022, se circunscribe a realizar una reflexión a la defensa técnica del acusado, sugiriéndole que correspondía solicitar otras medidas para la rehabilitación médica del acusado y no la cesación de su detención preventiva, interrogando incluso cuál es el camino correcto en el trámite de su defensa en relación a sus problemas de salud y rehabilitación, para concluir que es “…una petición no acorde a los datos del proceso…” (sic), para finalmente efectuar una narración sucesiva de la forma como fue aprehendido el accionante por efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) relatando detalles de la presunta comisión que se indilga al aludido, sin que dichas consideraciones resulten suficientes a objeto de justificar que una decisión como el Auto de Vista 902/2022, que en el fondo resolvió la situación jurídica del accionante y declaró “…la IMPROCEDENCIA de las cuestiones planteadas…” (sic) alcance a responder la no consideración del reconocimiento psiquiátrico en el marco del art. 86 del CPP, más aun, si según se tiene de lo aseverado por la defensa pública del accionante, dicho extremo fue pedido y no fue atendido por el Vocal ahora accionado, resultando inexcusable explicar las razones del por qué no ameritaba una evaluación psicológica del accionante, más si se tiene como antecedentes informes médicos que afirman la existencia de enfermedad mental caracterizada por la pérdida del contacto con la realidad arrogada a los síntomas en dichas documentales al accionante como paciente con dificultad en el discernimiento entre lo real y lo no real por su alteración de su pensamiento y percepción; por lo que, la exposición del Auto de Vista 902/2022 en examen, carece manifiestamente de fundamentación jurídica con pertinencia en la valoración de la condición psicológica del procesado -accionante-, estando obligado el Vocal ahora accionado a resolver la pretensión y, no evadir los argumentos alegados con una reseña de la forma como presuntamente se cometió el ilícito. Con relación a que la detención preventiva del accionante por tres años y ocho meses se configuraría a los presupuestos del núm. 3 y el no contar con sentencia del núm. 4, ambos del art. 239 del CPP, en virtud a que el ilícito por el cual está siendo procesado prevé una pena privativa de libertad entre 3 a 10 años, entendida igualmente por la SCP 947/2001, que sostiene que el transcurso del tiempo no está supeditado a ningún otro presupuesto que no sea el mismo periodo de tiempo, el Vocal hoy accionado, desarrolla una exposición a partir de la data de dicho fallo constitucional coligiendo que no conectaría con aquel fallo constitucional con la actual estructura y composición del artículo 239.3 y 4 del citado Código, sosteniendo que entonces contenía diferente texto, armando una eventual comparación para concluir una diferencia de tiempos y, que por ello “…él sustentar su petición en base a un precedente constitucional que no corresponde al actual Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 1173, pero hace mención a cuatro numerales, como el 2002 había tres numerales de esta norma, uno, amerita remitirnos al principio de objetividad” (sic), sin concluir razón sustancial alguna, ni respecto de la jurisprudencia sindicada ni sobre los preceptos procesales alegados como causales de cesación de su detención preventiva; es decir, sin concluir al caso en concreto si era o no procedente que el lapso de tiempo transcurrido podría encuadrarse en algún presupuesto de cesación previsto en el art. 239.3 del CPP, respecto de estar cumpliendo la detención preventiva por tres años, ocho meses y veintiocho días y con relación al núm. 4 de dicho artículo, si habiendo sobrepasado los tres años de dicha privación de libertad, podía o no proceder la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, este también en referencia al art. 133 del citado Código, desatención que claramente se aparta de una mínima de fundamentación, al margen de la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1. precedente, más aun si lo que se cuestiona en el caso de autos es justamente el carácter de excepcionalidad, intrumentalidad y temporalidad de las medidas cautelares, cuya finalidad según el art. 221 del CPP debe ser limitada en el tiempo y su duración responder a los fines del proceso y no implicar una dilación en el acceso a obtener la libertad.

Por otro lado, con relación a la denunciada inobservancia del principio de congruencia; debido a que, el Auto de Vista 902/2022 en análisis no se hubiese circunscrito a los aspectos cuestionados por el accionante, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, la congruencia como elemento del debido proceso puede ser analizada desde dos acepciones: ‘…externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales (…) la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva…’ (SCP 1083/2014); sobre cuya base doctrinal, los administradores de justicia deben emitir fallos congruentes, así como pertinentes y que en una misma resolución no existan contradicciones; empero, en el caso en cuestión, tal cual fue desarrollado con anterioridad, los puntos reclamados por el accionante no fueron respondidos en el Auto de Vista 902/2022 de manera coherente a los agravios, sin que exista coincidencia entre lo reclamado por el recurrente -accionante- y lo resuelto por el Vocal ahora accionado que soslayó resolver en el fondo, evidenciándose una incongruencia externa.

Así también, en relación a la necesaria coherencia entre la parte considerativa y dispositiva, no se tiene que se guarde un hilo conductor, puesto que, si bien la parte considerativa del fallo refiere a las cuestiones planteadas sobre el rechazo de la cesación de la detención preventiva del accionante en el proceso penal mediante Auto Interlocutorio 07/2022, en la parte dispositiva el Auto de Vista 902/2022 “…CONFIRMA la Resolución Nº 143/2022 de 04 de junio de 2022, pronunciada por el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de El Alto…” (sic); es decir ratificó otro fallo judicial, inobservando en consecuencia la debida congruencia interna, sin que la decisión este estructurada de manera coherente entre sus partes, apartándose de un orden y racionalidad en cuanto a los efectos de la parte dispositiva. Por todo lo expuesto, el Vocal ahora accionado se desmarcó en su determinación de la jurisprudencia constitucional y no asumió una decisión acorde al orden constitucional; puesto que, un fallo carente de análisis en el fondo, que no responde a todos los agravios peticionados, genera incertidumbre en el justiciable; en consecuencia, el Auto de Vista 902/2022, eludió resolver de manera pertinente los puntos alegados en el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, cuyo contenido omite fundamentación, motivación y finalmente, resulta incongruente, incurriendo en la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos precitados, correspondiendo que la tutela solicitada al respecto sea concedida.

Por último, con relación a la presunta transgresión de los derechos a la vida, a la presunción de inocencia y a la defensa, los argumentos vertidos por el accionante no resultan suficientes para formar convicción sobre los hechos denunciados, a objeto de acreditar cómo o de qué manera se hubiesen vulnerado los mismos, resultando dicha omisión en su denegatoria. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 55 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 902/2022 de 9 de diciembre, debiendo emitirse uno nuevo en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR con relación a la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; así como, respecto de los derechos a la vida, a la presunción de inocencia y a la defensa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0737_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d453f533329a95b8c7488d9fa5f0afb1391964bb7198e1ec54974b5306bb11ae

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