Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral “…DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS” (sic) y “DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (sic); por cuanto, fue desvinculado de su fuente laboral en la Fiscalía Departamental de Tarija, a pesar de gozar de inamovilidad laboral, por tener a su cargo a su hermana, quien tiene una discapacidad neurocognitiva y motora. Ante ello, la parte demandada alegó que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, por cuanto al momento de la desvinculación laboral se desconocía que el impetrante de tutela tenía a su cargo -como tutor- a su hermana con discapacidad y que en ese momento el nombrado no gozaba de inamovilidad laboral. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 75 vta. a 79, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0736/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55731-2023-112-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 29/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 75 vta. a 79, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Herbert Antonio Saavedra Chipana contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado.
Por memoriales presentados el 4 y 10 de mayo de 2023, cursantes de fs. 17 a 26 vta. y 30 a 31, el accionante manifestó lo siguiente:
En su condición de abogado, ingresó a trabajar a la Fiscalía Departamental de Tarija el 26 de abril de 2021, en el cargo de “…mensajero notificador I…” (sic) con el ítem 341, designación que se efectuó mediante Memorando Cite FGE/JLP/D 100/2021 de 23 de abril. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2022 fue notificado de manera intempestiva con el Memorando de agradecimiento de servicios Cite FGE/JLP/AG 112/2022 de 22 de noviembre. Dicho acto fue objetado mediante memorial presentado el 24 del mismo mes y año, en el cual expuso que se encontraba a cargo de sus padres adultos mayores y de su hermana Yenny Isabel Saavedra Chipana, quien tiene una discapacidad neurocognitiva del 88% y motora del 60%. En respuesta al citado memorial, por Nota Cite FGE/DAJ/OF. EXT. 00090/2022 de 6 de diciembre, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, remitiéndose al Informe FGE/DA/INF 359/2022 de 2 de diciembre, señaló que los fundamentos y la documentación adjunta no fueron suficientes para respaldar su derecho a la inamovilidad laboral, desconociendo de ese modo la normativa aplicable en materia de protección de personas con discapacidad.
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral “…DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS” (sic) y “DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (sic), citando al efecto el art. 46.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; disponiendo: a) Su resitución a su fuente laboral con el mismo salario, cargo y lugar de funciones; y, b) Se le cancele los salarios devengados, aguinaldos y sea conforme los incrementos que correspondan.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 75 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando refirió que: 1) Al momento de objetar el Memorando de agradecimiento de servicios -Cite FGE/JLP/AG 112/2022- no tenía la calidad de tutor, sino recién a partir del mes de marzo de 2023 a través de “una sentencia” -Sentencia 020/2023 de 1 de marzo- mediante la cual fue declarado tutor de su hermana con discapacidad y; 2) De acuerdo al Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, los funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, hasta el segundo grado en línea colateral gozan de inamovilidad laboral, en ese marco, acreditó documentalmente que Yenny Isabel Saavedra Chipana es su hermana, por tanto se encuentra amparado por el citado Decreto Supremo.
Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado, por informe escrito cursante de fs. 48 a 50, a través de sus representantes, sostuvo que: i) No se cumplió el principio de subsidiariedad, por cuanto el accionante no hizo conocer a la entidad la Sentencia 020/2023, por la que se lo declaró tutor ni el acta de juramento de tutor de 26 de abril de 2023; ii) El Memorando de agradecimiento de servicios Cite FGE/JLP/AG 112/2022 fue emitido en previsión de las atribuciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y que en ese momento, se desconocía alguna causal de inamovilidad laboral, como la que se invocó en la acción tutelar; y, iii) El DS 27477 fue modificado por el DS 29608 de 18 de junio de 2008, y establece que el beneficio de la inamovilidad laboral por razón de discapacidad no alcanza al hermano.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 29/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 75 vta. a 79, denegó la tutela solicitada, refiriendo que, al momento de su desvinculación laboral el impetrante de tutela no gozaba del beneficio de la inamovilidad laboral, toda vez que la Sentencia 020/2023, es posterior a su desvinculación.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 121 a 123); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2022, ante la Fiscal Departamental de Tarija, Herbert Antonio Saavedra Chipana -ahora accionante- refirió: “OBJETA EL MEMORANDUM DE AGRADECIMIENTO DE SERVICIOS, COMUNICA MOTIVOS DE INAMOVILIDAD, Y SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO EL MEMORANDUM” (sic [fs. 4 a 7]). II.2. Cursa Sentencia 020/2023 de 1 de marzo, emitida por el Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Tarija, dentro del proceso de declaración de interdicción seguido por el impetrante de tutela contra Jenny Isabel Saavedra Chipana, mediante el cual se dispuso designar como tutor de la nombrada al accionante (fs. 12 a 13). II.3. Consta acta de juramento de tutor de 26 de abril de 2023, del cual se advierte que el solicitante de tutela, compareció ante el Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Tarija a prestar juramento al cargo de tutor legal de Jenny Isabel Saavedra Chipana (fs. 14). II.4. Se tiene carnet de discapacidad de Jenny Isabel Saavedra Chipana, con tipo de discapacidad múltiple y grado de discapacidad grave (fs. 9).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral “…DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS” (sic) y “DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (sic); por cuanto, fue desvinculado de su fuente laboral en la Fiscalía Departamental de Tarija, a pesar de gozar de inamovilidad laboral, por tener a su cargo a su hermana, quien tiene una discapacidad neurocognitiva y motora. Ante ello, la parte demandada alegó que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, por cuanto al momento de la desvinculación laboral se desconocía que el impetrante de tutela tenía a su cargo -como tutor- a su hermana con discapacidad y que en ese momento el nombrado no gozaba de inamovilidad laboral. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0493/2024-S2 de 20 de agosto, señaló que: “...es pertinente remitirnos a lo establecido en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que, específicamente sobre la inamovilidad laboral determina que ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación’, contenido normativo a partir del cual en efecto se incluyen como beneficiarios para acceder a la inamovilidad laboral la madre o padre, cónyuge, tutor o tutora que tengan bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad hasta que la misma cumpla los dieciocho años de edad, o cuando presente un grado de discapacidad grave o muy grave; para cualquiera de estos casos -que la persona con discapacidad sea o no menor de edad- se debe cumplir con la normativa respectiva concerniente a los requisitos para acreditar ambas condiciones; es decir, el grado de calificación de la persona con discapacidad, así como el vínculo relacional existente entre la madre, padre, cónyuge o tutor; y, la persona con discapacidad. Por su parte, el DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, que reglamenta la mencionada Ley, nos otorga mayores luces en cuanto a dichos requisitos, en cuyo art. 4, si bien hace referencia a los requisitos necesarios para las beneficiarias y beneficiarios a fin de la inserción laboral obligatoria, no es menos cierto que estos son presupuestos generales que pueden perfectamente ser considerados como parámetros a momento de verificar la procedencia o no de la inamovilidad laboral, pues a partir de estos se acredita la situación de discapacidad del beneficiario y el vínculo existente entre éste y la persona responsable de su cuidado, aspectos en función a los cuales justamente hace viable la determinación de la inamovilidad laboral en atención a la cual se garantiza la permanencia del trabajador en su fuente laboral, considerando precisamente su condición de discapacidad o que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad. Así, para la persona con discapacidad solo se requiere su cédula de identidad y el carnet de discapacidad vigente, registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD); para la madre o padre, certificado de nacimiento original de la hija o hijo con discapacidad; para el tutor o tutora, copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento; y para el cónyuge, certificado de matrimonio o copia legalizada de la resolución judicial de reconocimiento de unión libre que demuestre el vínculo conyugal con la persona con discapacidad” (las negrillas fueron añadidas).
Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta, al tratarse de la presunta lesión del derecho a la inamovilidad laboral de una persona que tiene a su cargo a su hermana con discapacidad, en el marco de lo establecido por la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, corresponde abstraer el principio de subsidiariedad que caracteriza la presente acción tutelar. Conforme a los antecedentes, el impetrante de tutela adjunta como prueba de su pretensión la Sentencia 020/2023 de 1 de marzo, emitida por el Juez Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Tarija (Conclusión II.2), el acta de juramento de tutor de 26 de abril de 2023 (Conclusión II.3) y el carnet de discapacidad de Jenny Isabel Saavedra Chipana (Conclusión II.4), documentos que acreditan que, a la fecha, el peticionante de tutela se encuentra en condición de tutor de su hermana. No obstante, de la misma documentación también se evidencia que dicha condición se efectivizó el 26 de abril de 2023, con el acta de juramento de tutor, lo que implica que, al momento de la desvinculación -22 de noviembre de 2022-, aún no contaba con tal calidad; por consiguiente, no gozaba del beneficio de inamovilidad laboral por razón de discapacidad. Este extremo también se corrobora con el memorial presentado el 24 del citado mes y año, por el impetrante de tutela (Conclusión II.1) en el que objeta el Memorando de agradecimiento de servicios Cite FGE/JLP/AG 112/2022 de 22 de noviembre, cuyo contenido únicamente hace referencia a que tenía una hermana con discapacidad, sin mencionar su designación como tutor mediante sentencia judicial, lo cual resulta coherente con las fechas de los actuados señalados. En síntesis, se puede advertir la inobservancia de lo previsto por el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece con claridad que, cuando se invoca inamovilidad laboral por estar a cargo de una persona mayor que tiene discapacidad, corresponde presentar copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento de tutor o tutora. En dicho contexto, el solicitante de tutela no cumplió con el citado requisito exigido por la normativa vigente; reiterando que, al ser su hermana mayor de edad, debió acreditar su calidad de tutor a través de la respectiva resolución judicial que le hubiere otorgado dicha calidad; requisito sin el cual no es posible determinar la concurrencia de los presupuestos que configuran el derecho a la inamovilidad laboral, en este caso, por ser responsable o tutor de una persona discapacitada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 75 vta. a 79, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0736_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8892d0c07d58684f7ca458a9cf55aa435ca0b02231c06b0b076597ef9e471a72
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