B.IA.LEGAL

SCP 0736/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53443-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad ya que se encuentra detenido preventivamente sin que se pueda definir su situación jurídica; puesto que, ante la presentación de acusación formal en su contra, expediente procesal fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin considerar que existían actuados pendientes; razón por la cual, dicho expediente fue devuelto al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mencionado departamento con observaciones, generándose una incongruencia entre la ubicación física del mismo que se encuentra en el referido Juzgado, y la ubicación que figura en el sistema de gestión procesal; motivo por el cual, la parte accionante no puede presentar memorial de solicitud de consideración de la cesación a la detención preventiva, puesto que, precisa un sello de recepción del mencionado Juzgado, para que la oficina gestora de procesos pueda recibir el referido memorial a efecto de resolver su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 26 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme dispuso el Tribunal de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo, la solicitud haya sido efectivizada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La competencia del juez de instrucción penal en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando ya existe presentación de acusación
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal subalterno en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0736/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53443-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 021/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 26 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeyson Hernán Martínez Medina contra Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 8 a 11; el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, se le impuso la aplicación de la medida extrema de detención preventiva. A manera de antecedente refiere que el “13 de enero de 2023”, el demandado, remitió el expediente de su proceso penal al Tribunal de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la capital de departamento de La Paz, al considerar que dicho proceso contaba con una acusación formal, por lo cual ya no correspondía su trámite en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer Segundo de la Capital del indicado departamento; sin embargo, en el expediente procesal cursaban actuados pendientes como ser un memorial de interposición de incidente de actividad procesal defectuosa, presentado el “29” -siendo lo correcto 30- de noviembre de 2022 y que no fue resuelto por el señalado Juez de Instrucción, situación que fue puesta a conocimiento del referido Tribunal de Sentencia mediante memorial presentado el 19 de enero de 2023; por otra parte, la Secretaria de dicho Tribunal elaboró un informe que observó algunos actuados “y de esta manera no radica hasta la fecha el expediente” (sic). Alegó que, al encontrarse detenido preventivamente y su plazo de detención se encuentra vencido, no pudo ingresar su memorial de solicitud de audiencia -entiéndase para consideración de cesación a la detención preventiva-, porque el demandado no subsanó lo observado por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción precitado y se rehusó a sellar el memorial de solicitud de audiencia, “porque ya lo había remitido por sistema el expediente sin embargo el expediente procesal se encuentra en físico en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN…” (sic) Concluyó manifestando que, al encontrarse detenido preventivamente, sin que pueda definirse su situación jurídica y al no existir ningún medio idóneo acude a la justicia constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene que el demandado “… selle el MEMORIAL DE SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA máxime si el expediente procesal aún no se encuentra radicando en el Tribunal de Sentencia Penal (…) y así pueda llevarse mi AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PLAZO” (sic)

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual, el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que, el 13 de enero de 2023 el demandado remitió su expediente procesal al Tribunal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, desde esa fecha se encuentra “sin radicatoria”, debido a actuados pendientes de realizar; también señaló que el Secretario demandando se rehusó a poner el sello -de recepción- al memorial

-de solicitud de cesación a la detención preventiva-, requisito necesario para que el mismo “ingrese por plataforma”. Reiteró que el expediente procesal físicamente se encontraba en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer Segundo de la Capital, sin embargo, al haber sido remitido de forma “virtual” (sic), no pueden solicitar la audiencia de cesación a la detención preventiva y que la demora es atribuible al demandado, dado que “…es atribución del mismo remitir el expediente en todas las condiciones…” (sic). Aclaró que, la oficina gestora manifestó al respecto, que por sistema el expediente ha sido remitido al citado Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero, “el secretario solo tiene que sellar en la parte superior del memorial y lo va a ingresar” (sic).

I.2.2. Informe del demandado

Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 27 de julio de 2023, cursante a fs. 22 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) De la revisión de antecedentes se habría remitido el cuaderno de control jurisdiccional en originales al Tribunal Anticorrupción Primero de la Capital del señalado departamento, toda vez que, existiría pliego acusatorio; b) “…que con observaciones realizadas mediante decreto de 19 de enero de 2023 en las mismas que refiere que ‘se adjunte Resolución Jerárquica de Objeción de Rechazo’ empero dicho acto procesal no cursa en antecedentes ni en sistema de Interoperabilidad SIREJ por lo que este despacho judicial emitió OFICIO a fiscalía departamental a objeto de informar la existencia de Resolución jerárquica de objeción de rechazo el cual hasta la fecha el Representante del Ministerio Público no se ha pronunciado” (sic); c) Igualmente el mencionado Tribunal realizó observaciones que ya fueron subsanadas, como la notificación con el decreto de 30 de noviembre de 2022, lo mismo en cuanto a (…) apelación incidental de medida cautelar, aspecto que ya fue informado al indicado Tribunal; y, d) En cuanto al memorial de 29 de noviembre de 2022, el accionante refiere que a través de este se planteó un incidente de actividad procesal defectuosa; sin embargo, de la revisión de antecedentes, se tiene que el accionante solicita ‘“se ordene corrección de procedimiento y disponga que la autoridad fiscal ordene requerimientos presentados’ y no así solicitando señalamiento de audiencia” (sic), mismo que mereció providencia de 30 de noviembre de 2022, por la cual se dispuso la notificación al representante del Ministerio Público a efectos de su pronunciamiento en el plazo de cuarenta y ocho horas y que habiendo sido notificado, no se pronunció hasta la fecha -entiéndase de emisión del informe-.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 021/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 26 y vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el demandado proceda a “…poner el sello respectivo para la recepción del memorial a efectos de la tramitación que solicita, en relación a un privado de libertad y correr con los trámites correspondientes, considerándose de que los mismos se encontrarían (…) en el Juzgado Cautelar, es obligación de ese estrado judicial cualquier tipo de tramitación (…)” (sic).

Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante señaló que no puede tramitar su solicitud de cesación a la detención preventiva en razón a que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, habría procedido al sorteo a un Tribunal para el conocimiento de la causa, en mérito a un requerimiento conclusivo de acusación emitido por el Ministerio Público; 2) El Tribunal Anticorrupción Primero de la Capital del señalado departamento realizó observaciones que deben ser subsanadas por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo, en consecuencia habiendo hecho el sorteo ante el referido Tribunal, el accionante tiene restricciones para tramitar la solicitud de cesación de la detención preventiva, en razón a que el expediente en sistema se encuentra remitido al indicado Tribunal; sin embargo, los antecedentes estarían en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo y la gestora se encuentra limitada de recibir el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva; 3) En ese marco y en mérito al informe evacuado por el Secretario ahora demandado, se advierte que también -el accionante- se habría constituido a dicho Juzgado a efectos de que pueda ser recibida la solicitud a la cesación de la detención preventiva, para que proceda al sello respectivo y la oficina gestora proceda a su recepción, y tramitar su solicitud de cesación a la referida detención; 4) Se puede evidenciar que existe un acto omisivo por parte del demandado toda vez que, la solicitud de sello de recepción para ingresar el trámite de cesación de la detención preventiva, no fue realizado, argumentado que el expediente ya estaría sorteado ante un Tribunal, circunstancias que hacen ver que existe un acto estrechamente vinculado a la libertad; es decir, que no se tramitó con la celeridad debida siendo que se trata de un privado de libertad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 19 de enero de 2023, emitido por la Jueza del Tribunal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, respecto al proceso penal contra Jeyson Hernán Martínez Medina -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, que determinó: i) “SIN RADICAR”, de antecedentes se puede colegir que cursa una resolución de rechazo N° 52/2022(…); sin embargo, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional no se advierte cual el resultado, (…) y siendo que no cursa un pronunciamiento en cuanto a la resolución de rechazo, (…)en consecuencia por el Juzgado a quo se adjunte la Resolución Jerárquica que recibió del Rechazo “(sic); ii) A fs. 285 de obrados cursa una solicitud presentada por parte de Jeyson Hernan Martínez Medina, de fecha 30 de noviembre y providencia de igual fecha, el cual dispone: ´“… póngase en conocimiento del Representante del Ministerio Público el presente memorial, que antecede y piezas procesales pertinentes a efecto de su pronunciamiento sea en el plazo de 48 horas…”´, “disposición de la cual no cursan diligencias respectivas y el pronunciamiento de la autoridad” (sic); iii) Cursa la Resolución de cesación a la detención preventiva 473/2022 de 1 de noviembre, elevada en apelación ante el superior en grado, “…no se advierte la devolución del mismo” (sic); empero cursa un informe referido a dicha apelación -sin fecha de emisión- emitido por el Auxiliar – se entiende del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz-; en ese sentido, al no existir certeza, de la data del mismo, dispone que se informe sobre la devolución o cual el resultado de la apelación contra la Resolución de cesación de la detención preventiva 473/2022 (fs. 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad ya que se encuentra detenido preventivamente sin que se pueda definir su situación jurídica; puesto que, ante la presentación de acusación formal en su contra, expediente procesal fue remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin considerar que existían actuados pendientes; razón por la cual, dicho expediente fue devuelto al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mencionado departamento con observaciones, generándose una incongruencia entre la ubicación física del mismo que se encuentra en el referido Juzgado, y la ubicación que figura en el sistema de gestión procesal; motivo por el cual, la parte accionante no puede presentar memorial de solicitud de consideración de la cesación a la detención preventiva, puesto que, precisa un sello de recepción del mencionado Juzgado, para que la oficina gestora de procesos pueda recibir el referido memorial a efecto de resolver su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. La competencia del juez de instrucción penal en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando ya existe presentación de acusación

Al respecto, SCP 0684/2022-S2 de 27 de junio, citando el mismo entendimiento jurisprudencial referido en la SCP 0232/2016-S3 de 19 de febrero, señaló que: «“…La SCP 0880/2015-S1 de 22 de septiembre, recogiendo la jurisprudencia constitucional y precisando el entendimiento sobre la competencia para ejercer el control jurisdiccional del proceso, estableció que: ʽ…Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…ʼ (SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, citando la SC 487/2005-R de 6 de marzo). De la jurisprudencia constitucional citada es posible concluir que la radicación de la causa en un juzgado de destino adquiere vital importancia para el ejercicio del control jurisdiccional del proceso, puesto que ese acto determina la pérdida de competencia del juzgado de origen y la asunción de competencia de destino, habida cuenta que no puede haber proceso penal sobre el cual no exista autoridad judicial que no ejerza el control jurisdiccional; en consecuencia, mientras no conste la radicatoria de la causa, la autoridad judicial de origen continúa ejerciendo el control referido, porque, tal como asevera la Sentencia antes citada: ʽ...la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud éste considerada oportunamente y con la celeridad que ameritaʼ. En el mismo sentido, la SCP 0001/2019-S1 de 7 de enero, estableció el siguiente entendimiento: ‘(…)cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal (…) así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo que dice: (…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia (…)′. De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada precedentemente, se entiende que una vez presentada la acusación formal por el Ministerio Público y en tanto no radique la causa en el Tribunal de Sentencia Penal, el Juez de Instrucción Penal puede proceder a la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva”» (el resaltado y subrayado es nuestro).

III.2. La legitimación pasiva del personal subalterno en la acción de libertad

Con relación a la legitimación pasiva del personal subalterno del Órgano Judicial, la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, luego de sistematizar la línea jurisprudencial respecto a esta temática, expresó el siguiente entendimiento: “…La jurisprudencia emanada de este Tribunal, señaló que el personal subalterno, al no contar con poder de decisión o jurisdicción que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales, este personal comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes o cuando el acto lesivo derive de actuaciones meramente administrativas; casos en los cuales, sí tendría legitimación pasiva para ser demandado. Siendo que en este último supuesto, la autoridad jurisdiccional que ejerce la supervisión del personal a su cargo, asume responsabilidad” (las negrilla nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que se encuentra detenido preventivamente sin que se pueda definir su situación jurídica; puesto que, ante la presentación de acusación formal en su contra, su expediente procesal fue sorteado y remitido al Tribunal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, sin considerar que existían actuados pendientes que debían ser resueltos en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del señalado departamento; razón por la cual, dicho expediente fue devuelto al referido Juzgado con informe haciendo conocer observaciones identificadas en cuanto a los actuados procesales pendientes; generando una incongruencia entre la ubicación física del mismo que se encontraba en el indicado Juzgado de Instrucción, y la ubicación que figuraba en el sistema de gestión procesal; motivo por el cual, la parte accionante no pudo presentar memorial de solicitud de consideración de la cesación a la detención preventiva, puesto que la oficina “gestora de procesos” le exigía que su memorial tenga el sello de recepción del aludido Juzgado cautelar donde radica la causa. Por otra parte, de acuerdo al decreto emitido por la Jueza del Tribunal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, se evidencia que el expediente procesal del accionante no se encuentra radicado en dicho Tribunal, es decir, que formalmente no ingreso a tal jurisdicción. En el mismo decreto se menciona actuados procesales que deben ser realizados en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento. (Conclusiones II.1). En ese marco, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es posible que el juez de instrucción penal a cargo del control jurisdiccional de una causa, pueda resolver la cesación de la detención preventiva, siempre y cuando no se hubiera radicado la acusación formal en un determinado juzgado o tribunal de sentencia. Sobre todo, en aplicación del razonamiento jurisprudencial citado en el en el referido Fundamento Jurídico III.1, que establece: “…cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud éste considerada oportunamente y con la celeridad que amerita (SCP 0684/2022-S2 [las negrillas y el subrayado fueron añadidos]).

De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, así como lo manifestado por la parte accionante en la audiencia de consideración de la presente acción de tutela, este Tribunal advierte que el demandado desplegó una conducta omisiva al no atender la solicitud del accionante, puesto que, al no haberse aún radicado la acusación formal, en el Tribunal de sentencia, principalmente porque aún se encontraba con observaciones tal cual lo hace conocer en el referido decreto, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital, se constituía en la instancia competente para conocer y resolver la situación jurídica del peticionante de tutela. En ese sentido, se tiene que el Secretario del aludido Juzgado no fue diligente, al rehusarse a poner el sello requerido por la oficina gestora de procesos, hecho que implica una causal para que el accionante no pueda presentar su memorial de solicitud de consideración a la detención preventiva y consecuentemente derive en una situación de incertidumbre jurídica con relación a su detención preventiva, hecho que confirma la vulneración de derechos alegados por el impetrante de tutela, pues con carácter previo a la remisión de los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal asumiendo una conducta previsora estaba en la obligación de verificar que el expediente se encuentre conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde conceder la tutela. Respecto a la responsabilidad y la legitimación del demandado, en observancia al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que todo funcionario subalterno, también es responsable por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, debido a que la responsabilidad no recae únicamente sobre la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso, sino también en los secretarios y otros funcionarios de apoyo jurisdiccional que intervienen en el proceso y dan lugar a dilación o irregularidades en las actuaciones procesales; en ese sentido, en el caso que nos ocupa, siendo evidente su accionar al rehusarse a poner un sello y en consecuencia generar una demora innecesaria en la tramitación del proceso y principalmente en la solicitud para la consideración de la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 26 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de departamento de La Paz; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme dispuso el Tribunal de garantías, salvo que por el transcurso del tiempo, la solicitud haya sido efectivizada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0736_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): ca79d30815d8df0990f0de8dd433ad1d72d358f891dc6bbd9cc7534c2ce952d1

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