Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de agosto de 2024
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad; alegando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista de 154 de 12 de julio de 2022, carente de fundamentación y motivación, manteniendo subsistente el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; además, de expresar que no se presentó documentación alguna para demostrar que declararon las testigos “Adela y Basilia Quispe”, y que el informe de la Secretaria que acreditó que si lo hicieron no tenía valor, contra quien también dirigió esta por no haber remitido la documental completa en el legajo de apelación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 50 a 58, pronunciada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0736/2024-S3 Sucre, 29 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49275-2022-99-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 50 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Cuizara Sarzuri contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia y Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado Público de Familia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón, ambas del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 19 de julio de 2022, cursante de fs. 2 a 6 vta., la parte accionante, expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitó en anterior oportunidad la cesación de la detención preventiva que le fue impuesta por el Juez de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, como medida cautelar de carácter personal, por la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que al ser rechazada con el argumento que se debía recibir las declaraciones del hermano de la víctima, de Basilia Quispe y la madre de la víctima (su pareja), observando que no desvirtuó el art. 234.1 del Código adjetivo penal, en su vertiente trabajo fue objeto de apelación por su parte; instancia en la cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, confirmó la resolución apelada. Refirió que posteriormente, una vez que “…en JUICIO declaro la señora ADELA Y BASILIA QUISPE” (sic), pidió al Juez la cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, al existir “documentación e ‘informes’ que acreditaban y además el mismo juez el fiscal y defensoría escucharon las declaraciones en juicio de la señora ADELA Y BASILIA QUISPE” (sic), se la rechazó variando la autoridad jurisdiccional los motivos y hechos que fundaron la privación de libertad que estaba relacionada con el art. 235.2 del CPP, argumentando que desvirtuó el elemento trabajo; empero, mantuvo el riesgo de obstaculización del art. 235.2 del Código adjetivo penal, imponiendo nuevos motivos al señalar que: “por mi PRUEBA DE DESCARGO DONDE ESTAN EX SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PORQUE ME ADHERÍ A LA PRUEBA PERICIAL” (sic), estaría vigente ese riesgo, sin fundamentar o motivar sobre su conducta, ni cómo habría obstaculizado en más de un año de su privación de libertad; decisión, contra la que planteó recurso de apelación incidental; instancia en la cual, la Vocal ahora accionada, emitió el Auto de Vista de 12 de julio de 2022, declarándolo improcedente, mismo carente de motivación y fundamentación, además de expresar que “…NO SE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ALGUNA PARA DEMOSTRAR QUE DECLARÓ LA SEÑORA ADELA Y BASILIA QUISPE, y que el INFORME DE LA SECRETARIA QUE ACREDITO QUE HABIAN DECLARADO LA SEÑORA BASILIA Y ADELA QUISPE no TENIA VALOR…” (sic), desconociendo “el audio y el acta donde tanto la Defensoría como el Ministerio Público “…ACEPTAN LA DECLARACIONES DE LA SEÑORA BASILIA Y ADELA QUISPE…” (sic), cuando la Vocal accionada solo tenía que basarse en el Auto de Vista de 3 de mayo de 2022, emitido por la misma Sala y en la entonces petición de cesación de detención preventiva y cotejarlo con la prueba producida por su parte; demostrando de esta manera que la accionada no corrigió la falta de fundamentación y motivación del inferior. Finalmente, también planteó esta acción de defensa contra la Secretaria del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado Público de Familia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, quien no remitió el Auto de Vista emitido en la anterior cesación de la detención preventiva que formuló y demás documentación del legajo de la alzada, cuya resolución ahora es impugnada y en la que se señaló que no presentó elementos para desvirtuar el riesgo procesal, lo que no es evidente; puesto que, proveyó los recaudos para las fotocopias de las piezas procesales requeridas para su recurso y que debieron ser extendidas por la citada funcionaria judicial.
Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad, sin citar norma alguna de la Constitución Política del Estado.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se anule el Auto de Vista 154 de 12 de julio de 2022; y, b) La Vocal accionada emita uno nuevo, en el plazo de veinticuatro horas, otorgando medidas menos gravosas previstas en el art. 231 bis del CPP, con imposición de costas y costos procesales y sea con conocimiento del Consejo de la Magistratura por ser la primera vez.
Celebrada la audiencia pública el 21 de julio de 2021 (lo correcto es 2022), según consta en el acta cursante de fs. 43 a 50, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que: 1) Como se advierte del acta de imposición de medidas cautelares, el Juez de la causa fue claro al disponer su detención preventiva por el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, al haber desvirtuado otros, haciendo conocer que el día de ayer se dictó sentencia en su contra; habiendo en su petición de cesación atacado el referido riesgo procesal; sin embargo, la Vocal accionada se remitió a la resolución de imposición de las medidas cautelares en las que se observó que faltaba recepcionarse las declaraciones del hermano, tía y madre de la víctima, aspecto que fue desvirtuado en la anterior petición de cesación, en vez de haber revisado los agravios expuestos en su apelación y la resolución apelada, que era lo que correspondía; por cuanto, el Juez de la causa a solicitud de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, concluyó que faltaba la declaración de un perito, prueba a la que se adhirió su persona y por ese hecho que es distinto al que motivó la subsistencia de su detención preventiva, mantuvo la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, aspecto que debió analizar la Vocal accionada y no manifestar que su persona hubo de presentar documental demostrando que ya declararon la “…señora Adela y Basilia Quispe”, sin considerar que tanto el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez como el Juez de la causa, en la audiencia de cesación reconocieron que las nombradas ya habían declarado, aspecto corroborado por el informe de la secretaria del Tribunal de Sentencia, que no lo valoró; y, 2) El Auto de Vista 154 cuestionado, fue emitido sin la debida fundamentación relacionada con la valoración de la prueba, al no compulsar el informe de la secretaria, ni tampoco lo reconocido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de que las declaraciones fueron recepcionadas y que la falta de las mismas en su oportunidad fueron motivo de la determinación del riesgo procesal de obstaculización del art. 235.2 del CPP, y motivo por el que solicitó la cesación de su detención preventiva, admitiendo que no desvirtuó el de fuga; reiterando por lo expuesto, se conceda la tutela pedida, dejando sin efecto el Auto de Vista de 12 de julio, disponiendo que la Vocal accionada emita uno nuevo basándose en la última acta de cesación de detención preventiva, a los puntos apelados y valore la prueba aportada; y, finalmente respecto a la referida secretaria no tiene pruebas para acreditar su demanda y cree en su buena fe.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, remitió informe escrito de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 13 a 16, por el que peticionó se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos: i) El apelante expuso como agravios en su recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2022, que rechazó la cesación de la detención preventiva que solicitó, la falta de fundamentación, motivación y valoración probatoria; respecto a los cuales, como Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista, previo análisis de la resolución impugnada cumplió con la debida fundamentación de hecho y derecho, dando respuesta a cada uno de los puntos agraviados, estableciendo que el apelante no cumplió con la carga probatoria, verificando que la Resolución impugnada contenía la debida fundamentación y valoración de la prueba adjuntada por la parte imputada; puesto que, en la audiencia solicitó un informe oral de la secretaria de su despacho, no habiendo el imputado demostrado objetivamente su alegato, por corresponderle la carga probatoria; ii) No es evidente que el Juez a quo actuó ultra petita al señalar que existía aún el riesgo procesal de influir contra otras personas; toda vez que, verificada el acta y resolución en la audiencia de medidas cautelares, se encontró inmerso que el imputado influía en otras personas, no habiendo desvirtuado el referido riesgo, habiendo cumplido el inferior con lo que dispone el art. 239.1 del CPP, además el apelante señaló que solo concurría un riesgo procesal procediendo por ello la cesación de la detención preventiva pedida; empero, sin fundamentar la norma o jurisprudencia que sustente su petición, motivo por el que también fue rechazada su pretensión; iii) No es cierto que el Auto de Vista impugnado, incumplió con la debida fundamentación; y el hecho de que no se le hubiere dado la razón al apelante, no significó que no hubiera cumplido con los arts. 124 y 173 del Código adjetivo penal. Por otra parte, en esta acción tutelar el accionante no indicó cómo no se valoró la prueba; es decir, en cuál de sus elementos y qué prueba fue ilegalmente e indebidamente valorada, como tenía la obligación de hacerlo, más aún cuando no estableció qué prueba documental presentó para desvirtuar los riesgos procesales; teniendo presente además, que las partes tienen la obligación de verificar que se envíe la documental que convenga a sus derechos, verificación con la que no cumplió el ahora accionante, quien pretende atribuir su negligencia a su persona o a la Secretaria de su despacho, habiendo cumplido como Tribunal de apelación con la valoración objetiva del documental existente en el proceso, y si los testigos declararon o no tenía que haberlo demostrado objetivamente y no con informes verbales; iv) La fundamentación no concurre cuando se le da la razón a la parte apelante, sino cuando se justifica y se da respuesta a cada uno de los agravios expresados, como sucedió en autos, porque en esta etapa se debe cumplir con el art. 398 del CPP; es decir, determinar si el Juez cumplió con la legalidad y razonabilidad de su resolución, evidenciando que la misma contaba con la debida fundamentación y valoración de la prueba; y, v) Habiendo concluido la audiencia de apelación, se advirtió a las partes si alguna solicitaba complementación, que fue pedida evidenciando que fueron solicitudes incongruentes y sin sustento; y, finalmente establecer que esta acción de defensa no es una tercera instancia, sino que se debe demostrar objetivamente que su persona no cumplió con la fundamentación en la resolución emitida. Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado Público de Familia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, remitió informe escrito de 21 de julio de 2022, cursante a fs. 17 y vta., por el que pidió se rechace la tutela, arguyendo que: a) El Juez del Juzgado de Sentencia Penal Primero, Yerick José Luis Núñez, señaló en audiencia pública para la consideración de la cesación de la detención preventiva solicitada por el ahora accionante, contra cuyo rechazó apeló en la misma audiencia, ordenando la autoridad jurisdiccional se remitan los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, debiendo la parte apelante correr con los recaudos requeridos; b) La Secretaria de Marvin Velásquez, abogado de la defensa, se apersonó a la secretaría a objeto de recabar las fotocopias, habiendo su persona señalado las piezas procesales importantes y facilitado el expediente para la obtención de las mismas; empero, cuando lo devolvió advirtió que faltaban algunas documentales, motivo por el cual, fue a la fotocopiadora de Elena Alfaro Churquina y le dejó el cuaderno indicándole que el citado profesional recogería y cancelaría las fotocopias respectivas, habiendo puesto en su conocimiento del abogado, que no se sacaron las copias completas, contestando el mismo, que iría a la fotocopiadora para ese objeto, procediendo luego el personal de apoyo de secretaría a recoger el expediente y remitir al Tribunal de alzada las fotocopias de las piezas procesales que se proporcionó; y, c) Como señaló el accionante, si bien es cierto que no es obligación de su abogado estar junto a su persona para ver si enviaba todas las piezas procesales requeridas, no es menos evidente que lo es, sacar todas las piezas procesales inclusive las que ellos vean conveniente para presentar en audiencia de apelación como lo establece el art. 404 del CPP.
Los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, mediante la Resolución de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 50 a 58, constituido en Tribunal de garantías, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) La Vocal accionada verificó que el Juez a quo, actuó correctamente, al mantener subsistente el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, al verificar que aún se tiene que recepcionar las declaraciones del perito, así como del hermano de la víctima y de “Marleny Solís Magaly Mallea”, personera de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y otros testigos, sobre quienes va a influir negativamente el ahora accionante, quien no desvirtuó mediante prueba documental el referido riesgo procesal; 2) La justicia constitucional no es una tercera instancia de revisión, como era la pretensión del accionante de buscar una sentencia tutelar en la justicia constitucional y de esta forma se disponga su libertad, lo que resultó contradictorio en razón a que él mismo reconoció que persiste el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, entonces ahora procuró desvirtuar el art. 235.2 del mismo Código adjetivo penal, sobre el cual se tuvo presente que la víctima es un menor de edad, y otro que es su hermano a quien no se le tomó su declaración informativa, existiendo también otros testigos que deben deponer; por lo cual, este riesgo procesal no estaba vinculado solo a dos testigos; 3) Por otra parte, se tomó en cuenta los autos que modificaron los riesgos procesales a partir de enervar los motivos de la resolución que impuso la detención preventiva y el Auto de Vista extrañado de 3 de mayo de 2022, que en el punto dos con relación al art. 235.2 del CPP, hizo referencia a la amenaza de los testigos “Basilia y Adela”, fallo que no concluyó que eran las únicas testigos; contrariamente, hizo referencia a otros, no siendo evidente que esa resolución estableció que si declaraban las mismas, tendría que darse la libertad irrestricta al accionante; y, 4) En la audiencia se argumentó una supuesta valoración ineficaz de informe de la Secretaria del Tribunal de Sentencia, a la que no puede ingresar la justicia constitucional para establecer si es o no válida, ya que en ese sentido se debe tomar en cuenta el razonamiento errado de la autoridad ordinaria; empero, de ninguna manera para establecer la idoneidad de una determinada prueba, como sería una supuesta declaración verbal de la secretaria, más aún cuando quedó precisado el riesgo procesal el art. 235.2 del CPP, refiriéndose a la pluralidad de testigos y no así solo a dos, habiendo sido ese el razonamiento del inferior para disponer la detención preventiva, confirmado por el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 7 de 3 de mayo de 2022, en la anterior petición de cesación de detención preventiva.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villazón del departamento de Potosí contra Ramiro Cuizara Sarzuri -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, reiteró su petición de cesación de la detención preventiva que le fue impuesta por el Juez de la causa, como medida cautelar de carácter personal por Resolución de 9 de enero de 2021 (fs. 24 vta. a 26 vta.).
II.2. El impetrante de tutela planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2022, que rechazó la cesación de la detención preventiva; instancia en la cual, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Auto de Vista 154 de 12 de julio de 2020 (siendo lo correcto 2022), lo declaró improcedente y confirmó la resolución apelada (fs. 18 a 22).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad; alegando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista de 154 de 12 de julio de 2022, carente de fundamentación y motivación, manteniendo subsistente el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; además, de expresar que no se presentó documentación alguna para demostrar que declararon las testigos “Adela y Basilia Quispe”, y que el informe de la Secretaria que acreditó que si lo hicieron no tenía valor, contra quien también dirigió esta por no haber remitido la documental completa en el legajo de apelación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
(…) Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras.(…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”. Como se observa del entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, constituye lesión al debido proceso, la emisión de resoluciones sean judiciales o administrativas, carentes de fundamentación y motivación, en consideración a que se debe garantizar a los justiciables y administrados, que la resolución adoptada por la autoridad judicial o administrativa, definiendo sus derechos, cumpla con las reglas del debido proceso, como derecho fundamental”.
De conformidad a los antecedentes procesales y lo argumentado por la parte peticionante de tutela, que la Vocal ahora accionada, lesionó su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, vinculado a su libertad; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villazón del departamento de Potosí, reiteró su petición de cesación de la detención preventiva, cuyo rechazo fue objeto del recurso de apelación incidental por su parte; instancia en la cual, la Vocal accionada emitió el Auto de Vista 154 de 12 de julio de 2022, sin la debida fundamentación y motivación relacionada con la valoración de la prueba, al remitirse a la resolución de imposición de las medidas cautelares en las que se observó que faltaba recepcionarse las declaraciones del hermano, tía y madre de la víctima, aspecto que fue desvirtuado en la anterior petición de cesación, en vez, de haber revisado los agravios expuestos en su apelación y la resolución apelada, que era lo que correspondía; por cuanto, el Juez de la causa a solicitud de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, concluyó que faltaba la declaración de un perito, prueba a la que se adhirió su persona y por ese motivo que es distinto al que ocasionó la subsistencia de su detención preventiva, mantuvo la concurrencia del riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, aspecto sobre el cual debió pronunciarse la Vocal accionada y no manifestar que su persona debió presentar documental demostrando que ya declararon la “señora Adela y Basilia Quispe”, sin considerar que tanto el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez como el Juez de la causa, en la audiencia de cesación reconocieron que las nombradas ya habían declarado, aspecto corroborado por el informe de la Secretaria del Tribunal de Sentencia, que no lo valoró; concluyendo que el inferior actuó correctamente. Planteada la problemática y dentro del contexto señalado, lo que se cuestiona en la presente acción tutelar es el Auto de Vista 154; en cuyo mérito, se procederá a su revisión a objeto de verificar si es evidente lo denunciado por la accionante, y en cual se señalan los agravios expuestos por el apelante, quien en la audiencia de apelación señaló: i) Falta de valoración de la prueba, como la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, en la que no efectuó un análisis de la anterior petición de cesación de la detención preventiva presentada en abril de 2022, en la que concurrían los riesgos procesales de los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2, ambos del CPP, habiendo en esa ocasión desvirtuado el elemento trabajo quedando subsistente el de fuga (234.7 del Código adjetivo penal), habiendo atacado el de obstaculización (art. 235.2 CPP), solicitando al efecto un informe de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Primero, aclarando fue verbal, en sentido que la tía y madre de la víctima que faltaban declarar ya lo habían hecho y que aún el acta de esa audiencia no se tenía elaborada, cumpliéndose así con la observación que se efectuó y por la que se determinó la concurrencia del citado riesgo de obstaculización; ii) Asimismo, el 3 de marzo del mismo año, mediante Auto de Vista emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el Vocal Juan Carlos Ramírez, señaló que se desvirtuó el art. 235.2 del Código adjetivo penal, correspondiendo hacer una evaluación integral estando vigente solo el art. 234.7 del CPP, y tomando en cuenta que la menor se encontraba en la República de Argentina, se imponga medidas menos gravosas y se deje sin efecto la detención preventiva; y, iii) No era la primera vez que la autoridad jurisdiccional, no fundamentaba sus resoluciones, pidiendo se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, teniendo presente que la detención preventiva no es una condena anticipada, siendo aplicables en su caso las medidas del art. 231 bis del CPP, que se consideren convenientes. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, al asumir conocimiento del recurso de apelación incidental, pronunció el Auto de Vista 154 de 12 de julio 2022, declarándolo admisible e improcedente confirmando de esta manera la resolución apelada, con los siguientes fundamentos: a) El apelante manifestó que el Juez a quo no fundamentó, motivó, menos realizó una valoración integral de los elementos probatorios aportados; ahora bien, de antecedentes consta que se encuentran vigentes los arts. 233.1 y 234.7 del CPP, que no fueron objeto de la apelación, refiriéndose su apelación a desvirtuar el riesgo procesal de obstaculización del art. 235.2 del mismo Código adjetivo penal, respecto al cual, el a quo señaló que no presentó elementos probatorios que lo hubieren desvirtuado tomando en cuenta el enfoque interseccional, el delito atribuido y al encontrarse en desarrollo la etapa de juicio oral y producción de la prueba, determinó que el acusado -ahora accionante-, influiría en los testigos y peritos propuestos por las partes, como es el caso del apelante, que propuso como testigos a la madre de la menor víctima Adela Quispe, Magaly María Aguilar y Marlene Solíz Loayza, esta última de las nombradas fue personera de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, además de haberse adherido a la prueba pericial ofrecida por el Ministerio Público, teniendo en cuenta que aún quedan declaraciones testificales de la ex personera de la Defensoría de la Niñez (Psicóloga) que le realizó la evaluación a la víctima, del perito y más aún a la madre de la víctima que es la pareja del acusado, quien influirá sobre ella y los demás nombrados; y, b) La defensa alegó sobre una audiencia y Auto de Vista de 3 de marzo de 2022, documentales que no cursaban en el legajo de la apelación, por lo que menos pudo valorar objetivamente por la falta de esa documentación, siendo obligación de la parte apelante al momento de obtener las fotocopias verificar si estaba adjuntada esa documental; sin embargo, conforme al Auto Interlocutorio apelado, el inferior manifestó que en el precitado Auto de Vista se estableció que declararon la madre, la tía y hermano de la víctima; empero, quedaban pendientes de recepción la delos peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), evidenciando como Tribunal de alzada que el apelante no presentó ninguna documentación objetiva que hubiere desvirtuado el riesgo procesal de obstaculización del art. 235.2 del CPP, no pudiendo ser sustento de su pretensión el informe verbal de la Secretaria del Tribunal de Sentencia, al cual qué valor se le podría dar al haber sido prestado en audiencia, cuando su obligación conforme reconoció la propia defensa era demostrar objetivamente que modificaron los motivos que fundaron su detención preventiva; y por otra parte, al desconocer el contenido de las declaraciones de los testigos que se recibieron, no se tuvo evidencia si son o no objeto de obstaculización o influencia del acusado, aspectos valorados por el a quo para concluir que el referido riesgo procesal no se desvirtuó por la parte acusada, más aún si siguen vigentes los previstos en los arts. 233.1 y 234.7 del CPP, determinando por lo expuesto, que la autoridad jurisdiccional en la emisión del Auto Interlocutorio apelado, cumplió con la fundamentación y valoración objetiva de los elementos de convicción y estableció claramente que la defensa omitió cumplir con la carga probatoria, más aún cuando la Secretaria del Tribunal de Sentencia no era parte de la investigación, sino era una funcionaria administrativa que cumple sus funciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial. Lo relacionado precedentemente y de la revisión del Auto de Vista 154, se constata que la Vocal ahora accionada, actuó correctamente al declarar improcedente el recurso de apelación y confirmar la resolución; al haberse pronunciado de forma fundamentada y motivada sobre los agravios expuestos por el apelante, señalando que el inferior emitió su decisión fundamentando que el riesgo procesal de obstaculización del art. 235.2 del CPP, no fue desvirtuado por el ahora accionante, con nuevos elementos probatorios, además que seguían vigentes los previstos en los art. 233.1 y el 234.7, ambos del citado Código adjetivo penal que tampoco fueron objeto del recurso de apelación; procediendo de la misma manera, respecto a lo alegado por el recurrente de alzada, que el Auto de Vista de 3 de marzo de 2022, emitido en una anterior solicitud de cesación de la detención preventiva, sostuvo que se cumplieron con las declaraciones testificales que faltaban y que motivaron la subsistencia del aludido riesgo procesal; por lo cual, correspondía la sustitución de la medida extrema que le fue impuesta como medida cautelar de carácter personal por otras menos gravosas, fallo -que adujo-, no fue objeto de análisis por parte de la Vocal accionada, lo que no es evidente, en virtud a que esa pieza procesal no se adjuntó en el legajo de la apelación, por lo cual, no podía examinarla menos valorarla objetivamente; omisión no atribuible al Tribunal de alzada, sino del apelante a quien le correspondía, la carga probatoria para desvirtuarlo, teniendo presente que en esa instancia se falla con base a la documentación y elementos probatorios que se acompañan al recurso planteado; empero, no obstante de ello, previa revisión del Auto Interlocutorio impugnado, verificó que el inferior se refirió sobre lo extrañado, señalando que si bien en el Auto de Vista de 3 de marzo de 2023, el Tribunal de alzada sostuvo que fueron recepcionadas las declaraciones de la madre, tía y hermano de la víctima, se verificó que esa instancia no advirtió que faltaban aún presten sus declaraciones los peritos así como la personera de la Niñez y adolescencia sobre los que influiría el apelante, además que no solo estaba vigente este riesgo procesal sino también los precitados contenidos en los arts. 233.1 y 234.7 del CPP, que no fueron objeto del recurso de alzada; lo que demuestra que la autoridad accionada, argumentó los motivos de su decisión. Es así que, por lo expuesto precedentemente no resulta veraz lo denunciado por el impetrante de tutela que la Vocal accionada vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculado a la libertad, con la emisión del Auto de Vista 154; en mérito a que, como se refirió ut supra, fundamentó los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental, aplicando las normas legales que sustentaron su decisión; es decir, que la resolución de grado impugnada, fue pronunciada con la debida fundamentación y motivación, cumpliendo de esta manera con las reglas del debido proceso, y con lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que determina se deniegue la tutela impetrada, al no ser evidente la lesión del derecho invocado por el peticionante de tutela. Respecto a la accionada Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado Público de Familia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, corresponde su denegatoria; toda vez que, si bien en la demanda de esta acción tutelar el accionante denunció que la citada funcionaria no adjuntó todas las piezas procesales en el legajo de apelación que remitió al Tribunal de alzada; empero, en la audiencia de consideración de esta acción, señaló que respecto a ella no tenía ninguna prueba objetiva y creía en su buena fe y en su actuación, además que conforme al informe de la referida funcionaria, fue el abogado de la defensa quien recogió las fotocopias y las presentó al Tribunal de Sentencia para su envío, aseveración, que no fue desvirtuada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 50 a 58, pronunciada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0736_2024-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3f9c43fe41889ea46e4fc9ad99e459c73fab74695bdc9223a3f2a63dffd4014c
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