B.IA.LEGAL

SCP 0735/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
48350-2022-97-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de defensa, fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de violación a menor de edad, se encuentra con medida de internamiento; al respecto considera que las autoridades demandadas incursionaron en las siguientes ilegalidades: i) El Auto de Vista 05/2022, dispuso revocar las medidas sustitutivas otorgadas a su favor, disponiendo su detención preventiva, señalando que: i.a) Con relación al art. 289.I inc. a) del CNNA, referido a la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho, se valoró el certificado médico forense y el informe psicológico preliminar; por los cuales, sin fundamentación ni motivación se dio por sentado que concurre el primer requisito para la detención preventiva; i.b) Respecto al riesgo de fuga establecido en el art. 289.I inc. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 106 a 109, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Auto de Vista 05/2022 de 3 de marzo, en relación a la segunda subproblemática; y, respecto a la Resolución de 22 de marzo del 2022, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2º Disponiendo dejar sin efecto la Resolución de 22 de marzo del 2022 y el Auto de Vista 05/2022, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitir una nueva Resolución conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 3º DENEGAR la tutela solicitada respecto al Auto de Vista 05/2022, en relación a la primera y tercera subproblemáticas conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 4º EXHORTAR a los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz y al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del referido departamento, aplicar el enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, el cual debe ser aplicado y precisado de manera enfática; así como también, efectuar una ponderación entre la víctima y el adolescente, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de los derechos de ambas partes, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
  2. III.2. La protección directa de adolescentes responsables penalmente a través de la acción de libertad
  3. III.3. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño
  4. III.4. Sobre la responsabilidad penal del adolescente y el carácter excepcional de la medida cautelar de detención preventiva
  5. III.5. Criterios o condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad en el Sistema Procesal Penal para adolescentes
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 48350-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 106 a 109, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iris Ajhuacho Rojas en representación sin mandato de AA contra Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera; y, Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta, todos de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de abril de 2022, cursante de fs. 34 a 37 vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de violación, se encuentra con medida de internamiento (detención preventiva) indebida e ilegal desde el 22 de marzo de 2022. Al respecto, resulta que mediante Auto de 8 de octubre del 2021, Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso a su favor, la aplicación de medidas cautelares sustitutivas, las cuales fueron apeladas por la presunta víctima, ante lo cual, Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de similar Capital y departamento, mediante Auto de Vista 05/2022 de 3 de marzo, dispusieron revocar las medidas sustitutivas; ordenando su detención preventiva, librando un mandamiento de detención preventiva; dicha Resolución le generó los siguientes agravios: a) Con relación al art. 289.I inc. a) del CNNA, referido a la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho, se valoró el certificado médico forense y el informe psicológico preliminar, por los cuales sin fundamentación ni motivación se dio por sentado que concurre el primer requisito para la detención preventiva; b) Con relación al art. 289.I inc. b) del CNNA, refirieron de forma genérica los riesgos de fuga y obstaculización establecidos en el art. 290 del CNNA, cuando debieron fundamentar sobre lo sentado en la resolución de 8 de octubre de 2021, respecto a los incisos: a) “Que tenga facilidades o le puedan ser suministradas, para abandonar el país o permanecer oculto” (sic); y, e) “Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero” (sic); es así que: b.1) Con relación al riesgo de fuga, señalaron que no se acreditó que el menor se encuentre registrado en un centro educativo y que solo presentó libreta del colegio; de lo que se observa que no valoraron los documentos acreditados en la Audiencia cautelar, referidos a que tiene un domicilio ubicado en el Barrio “Los Laureles” zona Plan 300; y que se presentó una libreta de colegio que demuestra que es estudiante; tomando en cuenta que la carga procesal en dicha audiencia le correspondía al Ministerio Público y no así al imputado adolescente; como tampoco se valoró que el incumplimiento del registro arraigo se debió a que el mismo no pudo ser tramitado por falta de recursos económicos de sus familiares; y concluyeron que, dada la naturaleza del hecho, existe el riesgo que pueda ausentarse, máxime si no existe un arraigo natural o una documentación que demuestre que permanecerá en su domicilio; y, b.2) Con relación al riesgo de obstaculización, señalaron que el informe psicológico de la presunta víctima, describe que ella y su familia sufrieron amenazas de su parte; que pertenece a una pandilla y consume sustancias controladas; sin que exista un certificado toxicológico; tomándose en cuenta la característica de la minoridad de la víctima y que por su condición de género existe la presunción de verdad, por lo que concluyeron que existe el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, apartándose totalmente de lo descrito en el referido artículo; y, dando por sentado que concurre este riesgo en base a hechos que no fueron sustentados con prueba por el Ministerio Público ni por la víctima. Posteriormente, mediante auto de apertura de juicio se señaló fecha de audiencia de juicio oral para el 10 de marzo de 2022, la cual fue suspendida, debido a que en la misma no se encontraba presente, como tampoco el representante del Ministerio Público, ni la abogada de Defensa Pública; por lo que, Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló audiencia para el 22 de marzo de idéntico año, a efecto de considerar la revocatoria de las medidas cautelares, en la cual la abogada de Defensa Pública solicitó que se rechace la solicitud de revocatoria de medidas cautelares que fueron impuestas mediante Auto de 8 de octubre del 2021, mismas que fueron cumplidas, excepto la de registro de arraigo, la cual no se pudo efectivizar porque sus progenitores no contaban con recursos económicos, cuya tramitación se comprometió a realizar gratuitamente en “Migración”, además agregó que por un contratiempo con el ascensor el adolescente no pudo comparecer a la audiencia de 10 de marzo de 2022; asimismo, se expuso el Mandamiento de detención preventiva emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta, del cual la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera ambas de misma Capital y departamento, no se pronunció señalando que desconocía la resolución que ordenó dicha detención preventiva, procediendo a emitir la Resolución de 22 de marzo del 2022, a través de la cual resolvió revocar dichas medidas cautelares por su incumplimiento, ordenando su internamiento en el Centro de Reintegración Social CENVICRUZ, resolución que resulta ser arbitraria, sin motivación, ni fundamentación, en la que no se valoró el cumplimiento de las demás medidas cautelares.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela alegó como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de defensa, fundamentación y motivación, sin señalar norma constitucional alguna que lo contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se admita y declare procedente la acción de libertad, restituyendo su derecho a la libertad de forma inmediata y en el plazo establecido por el Tribunal de garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 6 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 105 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela a través de su abogada ratificó in extenso el contenido de la presente acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Freddy Larrea Melgar, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 6 de abril de 2022 cursante a fs. 101 y vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada; en razón a que: i) El Auto de Vista 05/2022, cumple con los parámetros de fundamentación, motivación, pertinencia y congruencia; ii) Se precauteló los derechos de todas las partes, por lo que los argumentos expuestos en la presente acción tutelar no son ciertos ni evidentes, máxime si mediante acta de la fecha antes referida, se encontraban presentes en audiencia virtual el abogado del acusado conjuntamente con el acusado, como así también se encontraba notificado con la audiencia Defensa Pública, quién se hizo presente en sala virtual, también se encontraba presente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sujetos procesales que fueron notificados en audiencia virtual con la resolución emitida, aspecto que no es mencionado en la presente demanda de acción tutelar, es más fueron notificados los sujetos procesales en audiencia, a objeto de no vulnerar ningún derecho constitucional; y, iii) Por otro lado la Oficial de Diligencias de la sala procedió notificar con el Auto de Vista emitido en tablero judicial el 25 de marzo del 2022, en aplicación a lo establecido en el art. 212 del Código Niña Niño y Adolescente en su II) “después de la admisión de la demanda, las notificaciones serán realizadas en secretaría o en audiencia, según corresponda” (sic); asimismo, se tiene registrado en el libro de notificaciones de la presente sala, el cual se adjunta en el presente informe conjuntamente con el acta de audiencia de fundamentación de apelación realizada. En audiencia de la presente acción tutelar Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitó se deniegue la tutela solicitada; en razón a que: a) El adolescente tuvo diferentes abogados que realizaron escritos en el expediente, tal como se tiene en actuados de fs. 43 firma la abogada Lourdes Condori; b) En audiencia de medidas cautelares el 8 de octubre de 2021, al dictar el requerido auto de medidas cautelares, por el principio de favorabilidad se dispuso medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, imponiendo medidas cautelares con fines instrumentales, disponiendo que el adolescente esté presente en todos los actos del proceso para que no haya ningún óbice de obstaculización, estableciéndose que se presente en las oficinas de su despacho hasta la conclusión del proceso, la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, se comunique por WhatsApp u otro medio, firma de acta de compromiso de que se presentará junto a su hijo a todos los actos del proceso hasta su conclusión, arraigarse en el plazo de cinco días, se oficie al centro de Cenvicruz y la advertencia que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares se ordenará otra más grave, todo ello al amparo del “art. 188 del código”; estableciéndose las medidas menos gravosas, tomando en cuenta el principio de favorabilidad que establece la norma, y concurriendo todos los requisitos que establece la ley conforme al art. 268 núm. 2) del CNNA; c) Resolución que fue apelada por la víctima, disponiéndose la remisión del cuaderno ante el Tribunal superior en grado, que revocó la resolución que dictó, mediante el Auto de Vista de 3 de marzo de 2021; d) Devuelto este cuadernillo de apelaciones al Juzgado de la Niñez y Adolescencia el 30 de marzo de 2021, el Ministerio Público presentó un acto conclusivo de acusación formal estando en la tramitación y sustanciación del juicio, donde la suscrita el 23 de febrero, señaló audiencia el día jueves 10 de marzo, procediéndose con la notificación a todas las partes procesales; sin embargo, conforme cursa en el acta de fs. 167, en esta audiencia no se hizo presente el adolescente, solamente su madre; por lo que, en cumplimiento de la facultad que tiene; y no así como dice la abogada demandante que la suscrita oficiosamente sin petición de partes había procedido a señalar la audiencia para considerar la revocatoria de las medidas cautelares; toda vez que, de acuerdo el art. 273 del CNNA, corresponde al “juez de adolescencias” el conocimiento exclusivo de los casos en el que se atribuya a la persona adolescente mayor de catorce años y menor de dieciocho años de edad la comisión de un hecho delictivo así como la ejecución y control de sus decisiones; por lo que, le corresponde de oficio hacer el control de las decisiones, cual fue disponer medidas cautelares que deben ser cumplidas; e) El adolescente no cumplió la medida cautelar de presentar la orden de arraigo en cinco días, conforme establece el art. 145 del CPP; f) La madre tenía la responsabilidad como garante, que su hijo se presente a todos los actos procesales conforme al art. 33, 193 del CNNA que establece que los padres son los representantes legales que deben representar a sus hijos y cuando no existiera, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; g) Tampoco estuvo presente la Fiscal, de tal manera que en el caso de que hubiese estado la representante del Ministerio Público tendría que tomarse otra decisión, que consiste en declararse la rebeldía en dicho acto procesal; h) En esa audiencia, incluso la victima hizo conocer y portó el mandamiento de aprehensión librado por la referida Sala, sin embargo; ante esa situación, hizo el reclamo de que se envíe el expediente; la suscrita señaló la audiencia para considerar la revocatoria de las medidas cautelares ante el incumplimiento de las mismas por parte del adolescente; e, i) El auto donde se revocan las medidas cautelares que cursa a fs. 197 a 198 vta. fue fundamentado; por lo tanto, no se vulneró ningún derecho al debido proceso, ni a la privación de libertad alegada; en virtud de que, la suscrita debe controlar el debido proceso tanto de la víctima como del adolescente que establece el CNNA “…al imponer una medida en el hipotético caso se lo sentencia con una medida socioeducativa” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías, mediante Resolución 03/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 106 a 109, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se dispuso medidas cautelares en contra del adolescente AA, por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, recurrida en apelación por la víctima, resuelto por Auto de Vista 05/2022, del cual se alude falta de motivación y que vulnera el debido proceso; al respecto, la exigencia que establece el art. 289 en su inc. a) exigencia de elementos suficientes que demuestren sobre la probable participación del adolescente; si concurre el primer requisito establecido por el art. 289 del CNNA -si está en riesgo de fuga y obstaculización- se puede establecer de que no se acreditó que el menor se encuentre registrado en un centro educativo donde este cursando estudios regulares, solamente acreditaron una libreta de colegio; también se dispuso que se practique el arraigo; sin embargo, tampoco se presentó esta certificación de arraigo para el menor, para poder evitar que este se dé a la fuga, dada la naturaleza del hecho que se investiga; 2) El art. 398 del CPP establece que las autoridades o tribunal de alzada tienen que circunscribirse al derecho apelado, los vocales resolvieron el auto interlocutorio emitido, circunscribiendo su valoración y su resolución a esos aspectos y no en la situación actual; por lo tanto, el Auto de Vista cumple con la debida fundamentación y no se constata vulneración al debido proceso; ya que fue notificado conforme se tiene en las pruebas presentadas; y, del informe presentado, el adolescente fue asistido por un abogado; por lo que, no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa que se denuncia en esta acción; 3) Respecto al segundo agravio, vendría a ser el auto interlocutorio por el cual la autoridad ahora demandada revocó las medidas cautelares al verificarse su incumplimiento, en razón a que al haber sido convocado a audiencia, el mismo no asistió; razón por la cual, se le revocaron las medidas sustitutivas a fs. 39 a 39 del expediente; y, 4) La acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia y su finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o casacional.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 28 de mayo de 2024, cursante a fs. 115, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 17 de diciembre de 2024 (fs. 146); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Auto de 8 de octubre de 2021, emitido por Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del adolescente AA por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP); que en su parte resolutiva dispone la aplicación de las siguientes medidas sustitutivas:

“CONSIDERANDO: que, de acuerdo a las pruebas concerniente los documentos que acreditan la a edad dl adolescente imputado y AA es nacido el 31 de agosto de 2004 contando a la fecha con 17 años de edad y al momento del supuesto hecho tenía 16 años y y ocho meses y la victima J.Y.M.Z, es nacida el 31 de octubre de 2007, es decir, no existe la diferencia de edad establecida en párrafo tercero del art. 308 bis del Código Penal, para considerarse la EXENCIÓN de responsabilidad,. Y por otro lado, la víctima en su testimonio no indica que tendría una relación consensuada con el adolescente imputado. Que bajo la citada normativa, del análisis de las pruebas presentadas como indicios y que constan en el cuaderno de investigaciones, la suscrita ha llegado a establecer que suficientes elementos de convicción suficientes para sustentar que posiblemente el adolescente imputado NN, seria presumiblemente autor o participe del hecho imputado de violación de infante niña, niño o adolescente descrito por el art. 388 bis del Código Penal; conclusión que emerge de elementos de convicción suficientes presentados por la Fiscal relativos a: 2.- Con relación al segundo requisito de riesgos procesales que señala el citado Art. 289 I- inc. b) con relación al Art. 290 ic. a ) e) sobre los riesgos procesales de fuga y de obstaculización alegados por la fiscalía y parte denunciante, en base a la prueba presentada por la fiscal, es obligación de la fiscalía demostrar que el imputado no tiene domicilio, trabajo y familia, asi como de qué forma se darían los riesgos procesales, no obstante, de acuerdo a los datos de la imputación formal , se tiene que el Ministerio Publioc reporta el domicilio del imputado en su imputación formal ubicado en el Barrio Los Laureles, zona del Plan Tres Mil, domicilio donde el adolescente fue buscado y citado por el Policía con la denuncia, domicilio que se reconoce también por la parte denunciante, indicando que sería vecinos de la víctima, además, se extraña que la Fiscalía no haya ordenado la realización del informe Social para el adolescente y establecer dicha situación, por lo que la suscrita considera que el riesgo de fuga subsiste solo en cuanto a que el adolescente no está estudiando ni ejerce ninguna actividad laboral; en cuanto a la familia y domicilio, este riesgo se ha desvirtuado, por cuanto al haberse demostrado que el adolescentes imputado tiene domicilio, lugar donde el adolescente ha sido citado para que se presente a prestar su declaración informativa policial y se ha presentado a la citación en su oportunidad , la representante del Ministerio Publico ni la pate denunciante no ha fundamentado que facilidades tiene el adolescente para abandonan el país o permanece oculto, o quienes serían las personas que le puede suministrar facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; por otro lado, de las actuaciones incursas en el cuadernillo de investigación y lo expuesto en audiencia, se puede establecer que el adolescente fue citado y se ha sometido al proceso, es decir, no ha tenido un comportamiento que demuestra que no se someterá al proceso, tiene una familia constituida, se encuentra su madre la responsable de su cuidado. Con relación al riesgo procesal de obstaculización argumentado por el Ministerio Público en el sentido que el adolescente estado en libertad podría realizar actos de obstaculización de la investigación, especialmente realizando actos de intimidación en contra de la víctima que es una niña y puede ser fácilmente influenciable, así como en contra de familiares, testigos, familiares, vecinos y peritos, riesgo procesal que podría darse tomando en cuenta la naturaleza del caso. Se debe tomar en cuenta, que la presente investigación se inicia en fecha 26 de abril del 2021 por denuncia por el presunto delito de violación de infante, niña, niño o adolescente y de acuerdo al informe Policial de fecha 18 de mayo de 2021, que en fecha 13 de mayo de 2021 se procedió a la toma de la declaración ampliatoria de la denunciante Roxana Zabala Fernández donde se refiere que la denunciante conoce el nombre verdadero del denunciado que corresponde a Fernando Pozo Fernández y que el sindicado junto con su hija menor JY.M.Z (victima). Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos considera que existen elementos suficientes de adolescente imputado AA seria con probabilidad autor del delito que se les atribuye, y que el riesgo de fuga descrito por el Art. 290 núm. II) en cuanto la actividad lícita no ha sido totalmente desvirtuado y puede darse el riesgo obstaculización descrito en el núm. I. e) de la citada ley 548, sin embargo, la suscrita considera que la imposición de la medida cautelar de detención preventiva solicitada puede ser asegurada con otras medidas, dada las circunstancias del caso, donde los plazos de la investigación se encuentran súper abundantemente cumplidos, siendo necesario aplicar otras medidas cautelares menos gravosas de las establecidas en el art. 288 del C.N.NA., que aseguren la presencia del imputado en el proceso, el buen desarrollo del mismo hasta su conclusión, tomado en cuenta que las medidas cautelares tienen fines preventivos, son provisionales y no constituyen una sanción anticipada.

POR TANTO

La suscrita Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital, en base al art. 273 inc. E) de la Ley 548 y en aplicación de las normas precedentemente enunciadas y velando por el interés superior del adolescente AA dispone la aplicación de las siguientes MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS: 1.- El adolescente deben presentarse semanalmente a las oficinas del Ministerio Público a firmar el libro de control el día viernes a horas 14:00 pm hasta que concluya la investigación y ante este despacho el día lunes a horas 8:30 a.m. hasta la conclusión del proceso. 2.- Queda prohibido que el adolescente efectúe cualquier acto de amedrentamiento, obstaculización o coacción contra la víctima, testigos, vecinos, familiares, parte denunciante o peritos. 3.- Queda prohibido que el adolescente se acerque al domicilio de la víctima y por los lugares por los cuales esta transita y sus familias frecuentan, así como la prohibición expresa de mantener cualquier comunicación mediante wassap u otro medio. 4.- La obligación de la madre del adolescente de firmar acta de compromiso y responsabilidad ante este Juzgado que presentara a su hijo a todos los actos del proceso hasta su conclusión y que supervisara las actividades que estos realicen. 5.- Arraigo, oficiase para tal efecto a la oficina de Migración, debiendo hacerse efectivo el mismo en el plazo de cinco (5) días. 6.- Líbrese el mandamiento de libertad. 7.- El Centro CENVIRUZ debe realizar el cumplimiento de las medidas en libertad, ofíciese, el adolescente debe presentarse ante dicha oficina. 8.- Se advierte al adolescente que en caso de incumplimiento de las medidas impuestas, se procederá a su revocación y se ordenarán otras más graves. Se advierte a las partes que esta resolución no es definitiva y puede ser modificada, pudiendo hacer uso del recurso de apelación en el plazo de tres días, conforme establece el Art. 314 de C. N. N. A.” (sic [fs. 2 a 6]). II.2. Mediante Auto de Vista 5/2022 de 3 de marzo, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, se resolvió la apelación incidental planteada por la víctima en contra de las medidas sustitutivas dispuestas por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de similar Capital y departamento, mediante Auto de 8 de octubre de 2021, revocando las mismas y ordenando la detención preventiva por un periodo de treinta días del menor infractor AA en el Centro de Reintegración Social CENVICRUZ, señalando lo siguiente:

“CONSIDERANDO II.-Resolviendo el recurso interpuesto, debemos indicar que el art. 314 ( APELACIÓN INCIDENTAL) de la ley 548, dice: I “ Que, el recurso de apelación incidental procederá contra la siguiente resoluciones: a) Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento; b) La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos; y c) las que dicten en ejecución de sentencia. II. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante la jueza o el juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente. III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso ser elevado a consideración del tribunal departamental de justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso”.

Ahora bien la resolución venido a este Tribual para que este resuelva dentro del plazo establecido, que observado en el cuaderno de apelación, se tiene que si ha cumplido con los requisitos que establece la ley para la interposición del recurso de apelación y de esta manera este tribunal asuma la competencia la resolución venida contra la resolución de fecha 08 de octubre del 2021, La Jueza Publico de la Niñez y de la adolescencia de la Capital compuesto por la jueza Leda Ojopi Rivero ha, procedido a considerar las medidas cautelares con relación a una imputación formal presentada por el Ministerio Publico por el delito de violación niño niña y adolescente, en dicha imputación formal presentada por la representante del ministerio público fundamenta los riesgo procesales con relación a requisito materiales del menor infractor (…) donde se establece que existe suficiente elemento de convicción para presumir que con probabilidad sea autor del hecho que se investiga es decir, el hecho de violación infante niño niña adolescente de conformidad el artículo 289. I) inciso b) de la ley 548, existe un riesgo razonable de fuga y obstaculización de averiguación a la verdad, indica que en su imputación se imponga medida cautelares de carácter personal considerando que se ha cumplido con los requisitos del art. 293 en su inciso I) de la referido ley, así también en amparo del art. 268 inciso g) y 325 inciso a) b) y d) de la ley 548, se aplique la medida cautelar en detención preventiva en el centro de rehabilitación que corresponda atento a esta fundamentación emitido por el ministerio publico la juez en su resolución a dispuesto de acuerdo al artículo 273 inciso e) de la ley 548, velando por e interés superior del adolescente (…) dispone la aplicación de la medida cautelares sustitutiva que el adolescente debe presentarse semanalmente a la oficina del ministerio público, que el adolescente se acerque al domicilio de la víctima y por los lugares por la cuales este transitan y sus familiares frecuenta así como la prohibición de mantener cualquier comunicación mediante wasaap u otro medio en su punto 4) la obligación de la madre del adolescente de firma acta de compromiso y de conformidad ante este juzgado que presentara a su hijo a todo acto del proceso hasta su conclusión y supervisara la actividad que estos realice en el punto 5) dispone el arraigo y el oficio migración y el punto 6 libre el mandamiento de libertad como así también el punto 7 el cumplimiento de la mediad de libertad debe ser seguida y monitoreada por el centro Cervicruz y con advertencia de que el adolescente en caso de incumplimiento de la medida interpuesta a la revocación y se ordenara a otra más grave.

Asimismo en su conclusiones examen físico indica que la menor tiene contusión en el brazo izquierdo en el examen genital el himen elástico o complaciente examen proctólogo sin lección y la sugerencia a la observación, reconvención y valoración por una psicóloga que también antiséptico de emergencia y control de sede b, d y r, indica que tiene 5 días de incapacidad médico legal hace referencia a los antecedente en el examen físico; examen segmentario, indica cráneo sin huella ni lecciones, rostro sin huella ni lecciones, cuellos sin huella ni lecciones, tórax anterior sin huella ni lecciones, tórax exterior sin huella ni lecciones, abdomen sin huella ni lecciones extremidades superiores el brazo medio, superior del brazo izquierdo, tercio medio, cara anterior, equimosis y violácea de tres por dos centímetros, extremidades inferiores sin huellas ni lesiones traumáticas en el exterior, examen físico para genital muslo izquierdo sin huellas ni lesiones, muslo derecho sin huellas ni lesiones, glúteos sin huellas ni lesiones, abdomen bajo sin huellas de lesiones traumáticas exterior, examen genital, medio de observación visualización directa, posición de observación utilizada por la ginecóloga tes ginecológica sin tipo de membrana himeneal elástica con relación al informe psicológico emitido por el Lic. Diego Andrés Enríquez Contreras, refiere en su parte conclusiva que la entrevista realizada a la adolescente con las iniciales J.Y.M. de 13 años de edad se observa lo siguiente; “denota un estado afectivo de tristeza en su gesto, el tono de su voz fue adecuada denota preocupación por su futuro y su integridad física, en su conclusión segunda durante la entrevista se muestran las siguientes conductas, cabeza cabizbaja, vista hacia el suelo, denota llanto en algunos momentos de la entrevista”, según la prueba proyectiva PBL realizada presenta ciertos indicadores emocionales psicológicos, angustia, mecanismos defensivos activos, conflicto con lo sexual, vividos síntomas depresivo, rasgos de feminidad, por otro lado, puede comprender y responder a lo que se le pregunte, presenta ubicación en tiempo y en espacio, se puede apreciar que la victima de 13 años de edad se encuentra afectada emocionalmente, manifiesta que sufrió violación sexual por parte del denunciado en doce ocasiones, la victima manifiesta que la primera vez fue en su casa cuando el denunciado ingreso sin permiso cuando sus padres no se encontraban, la abollono en un cuarto, las demás ocasiones también sufrió violación, esto ocurrió en la casa de su tía del denunciado, la forzó y la presiono para llevarla a ese lugar, el denunciado según manifiesta la víctima, es pandillero y se droga, y la ha amenazado a ella y a su familia por hacerle daño, otro dato a resaltar es que tanto como la tía del denunciado como su madre sabían de esta situación y no hicieron nada, más bien intentaban echarle la culpa de todo a la víctima, la adolescente desapareció durante 6 días, sus padres de la víctima la estaban buscando, actualmente la adolescente se encuentra con miedo y temor de que el denunciado vuelva a agredirla sexualmente, en el punto 7) de las conclusiones, el pedido de la víctima es el siguiente, “yo quiero que Femando se vaya preso, quiero que también que se vaya preso, Fernando es un violador, abuso de mí muchas veces, se drogaba, es un pandillero, su madre y él me han amenazado con lastimarme o hacerle algo a mi familia, yo quiero vivir en paz alejada de Fernando y su familia, no quiero tener contacto con él, concluye el psicólogo recomendando una terapia psicológica para superar alteraciones emocionales para la menor, este informe psicológico fue efectuado por el Lic. Diego Andrés Enríquez Contreras y cursa en el cuaderno procesal de fs. 86 a fs. 89, del expediente original, con estos dos elementos se puede evidenciar de que existe el primer requisito que vendría a ser la probabilidad de autoría, este primer requisito es la exigencia que establece el art. 289 en su inc. a), que dice; la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación del adolescente, es decir que concurre este primer requisito establecido por el art. 289 de la Ley 548 Código Niña, Niño, Adolescente; con relación al segundo elemento, es si está en riesgo de fuga y/u obstaculización en la averiguación de la verdad, se puede establecer de que no se ha acreditado de que el menor se encuentre registrado en un centro educativo donde esté cursando estudios regulares, solamente han acreditado una libreta de colegio, ha dispuesto de que se practiquen el arraigo correspondiente y ha establecido un plazo, sin embargo, tampoco se ha presentado esa certificación de que se haya hecho el arraigo correspondiente contra el menor infractor para poder evitar de que éste pueda darse a la fuga dada la naturaleza también del hecho de que se investiga, por consiguiente, este Tribunal concluye de que sí existen riesgos razonables de fuga y de que el menor infractor pueda en cualquier momento ausentarse libremente, máxime si no existe un arraigo natural o una documentación de que demuestre y que se pueda acreditar de que permanecerá ahí o en domicilio, con relación al riesgo de obstaculización, conforme lo establecido en el art. 289 en su inc. b), se tiene de que sí en el informe psicológico indica muy claramente la menor de que ha sufrido amenazas por parte de su agresor tanto a ella como a su familia y de que el menor infractor estaría envuelto o pertenecería a alguna pandilla y además que consume sustancias controladas, si bien no existe un certificado o una valoración efectuada con un informe toxicológico que acredite tal extremo tampoco es menos cierto de que por las características y portada la minoridad de la víctima y por su condición de género existe la presunción de verdad y más aún si esto se encuentra plasmado en un informe psicológico emitido por un profesional especializado para realizar este tipo de evaluaciones, este Tribunal ve de que existe la concurrencia de lo que establece el art. 289 en su inc. b) de la Ley 548, es decir, la obstaculización de la averiguación de la verdad.

Consecuentemente, se observa de que de acuerdo al informe psicológico que no ha sido valorado de forma correcta por la señora juez, se tiene de que ha existido uso de la violencia, no es correcto lo que manifiesta el abogado del menor infractor, al decir que ha sido una relación consensuada, de los antecedentes se tiene de que el menor para agredir sexualmente a su víctima ha entrado por la barda y en situaciones aprovechando cuando ésta se encontraba sola en ausencia de sus padres, familiares he aquí donde procedía a agredirla sexualmente y esta conducta ha sido de forma reiterada, dada la situación también de que el menor infractor es prácticamente su vecino que está a tres casas y valiéndose de esta situación es que procedía a realizar esta conducta antijurídica, por otra parte, también se informa de que se puede constatar de que el informe médico forense si bien por la naturaleza indica de que existe himen complaciente pero también manifiesta de que existen cinco días de impedimento, esto producto de una agresión inferida por el menor infractor y que no ha sido debidamente valorada por la juez ad quo, por consiguiente también es un elemento de que va considerar este Tribunal para determinar la correspondiente resolución, en este sentido, de igual manera es otro elemento que subsume lo establecido en el art. 289 en su inc. b) de la Ley 548.

POR TANTO

La Sala Cuarta Civil y Comercial, Familiar, de la Niñez y adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en mérito todo el fundamento jurídico expuesto, dispone REVOCAR las medidas sustitutivas dispuestas por la Juez Público de la Niñez y Adolescencia 1º de la Capital y ordena la detención preventiva del menor infractor AA y sea en el Centro de Reintegración Social CENVICRUZ.

Por Secretaría líbrese el correspondiente mandamiento de Detención Preventiva, notificadas en el acto con la presente resolución.

En la vía de la COMPLEMENTACIÓN, se dispone de que la Detención Preventiva será por un periodo de 30 días, señores abogados quedan todos debidamente notificados, la audiencia ha concluido” (sic [fs. 93 vta. a 97]). Asimismo, se evidencia que en el Libro de control de notificaciones Tomo I -2022- correspondiente a la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde se advierte lo siguiente:

Viernes 25 de marzo de 2022

(…) Nurej Nº de Exp.

Partes del Proceso

Lugar de notificación

Notifiqué

A Hrs. con…

70110204201207

12/221

NNA

M.P. Roxana

Zabala SaucedoM.P Roxana Zabala

Saucedo

(AA))

UVE

Tablero

Judicial

Mem. de fecha 25/02/2022,

Decreto de fecha 28/02/2022,

Acta de Audiencia y Auto de Vista Nº 05/2022 de fecha 03/03/2022

11:00 11:02 11:03

(sic. [fs. 99 a 100]).

II.3. Consta Acta de suspensión de audiencia de juicio emitida por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso de responsabilidad penal atenuada Exp. 200/2021 NUREJ 701102042101207 llevada adelante el 10 de marzo de 2022, en la que se produjeron los siguientes actuados:

“En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 11:00 a.m. del día Jueves 10 de Marzo del 2022, se reunió el Tribunal del Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia 1o de la Capital, compuesto por la Señora Jueza Dra. LEDA MIRNA OJOPI RIVERO y a suscrita secretaria Abg. CARLA GRACIELA CABRERA BANEGAS, dentro del proceso de RESPONSABILIDAD PENAL ATENUADA. JUEZA.- Por secretaria se informe sobre las notificaciones a las partes y si se encuentran en la sala de audiencia. SECRETARIA.- Se informa Señora Juez que las partes fueron legalmente notificadas, encontrándose presentes en sala de audiencia, la parte denunciante la Sra. Roxana Zabala Parada y su esposo acompañada de su abogado el Dr. Beto Flavio Sandoval Céspedes, la responsable legal del adolescente su madre la Sra. María Luz Fernández, la Representante de la Unidad de Victima Especiales la Dra. Ofelia Sánchez, y no se encuentra presente la Representante del Ministerio Publico la Dra. Nancy Carrasco, ni el adolescente, así mismo hago conocer que la abogada de Defensa Publica solicita suspensión de la presente audiencia, toda vez que recién tomo conocimiento del presente caso, es todo en cuanto informo señora Juez, para fines que corresponden a Derecho. JUEZA.- Téngase presente, que no se encuentra la Sra. Fiscal ni la abogada del adolescente ni el adolescente que se extraña la presentación de este siendo que debería estar presente como se había ordenado, por lo que en la próxima audiencia se va considerar la revocatoria de las medidas, por su imcomparecencia. ABOGADO DE LA VICTIMA, DRL. BETO FLAVIO SANDOVAL.- Sra. Juez ya se revocó en apelación, la audiencia fue el 3 de Marzo. JUEZA.- No tengo conocimiento de esa situación, no nos llegó la resolución. Debe solicitar que se remita la resolución, se señala audiencia para considerar la revocación de lás. medidas para el día Martes 22 de Marzo del 2022 a horas 10:15 a.m. presencial, ordenándose la notificación a las partes, por lo que ha concluido el presente acto procesal.

Firmando en constancia la Jueza las partes y la suscrita secretaria”. (sic [fs. 30 y vta.]). II.4. A través de Resolución de 22 de marzo del 2022, Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso revocar las medidas cautelares impuestas a favor del adolescente AA; y, ordenar su internamiento en el Centro de Orientación y Desarrollo Integral CENVICRUZ, señalando lo siguiente:

“II. FUNDAMENTA CON NORMATIVA.- El Art. 237 del Código de Procedimiento Penal (aplicable por analogía) establece las CAUSALES DE REVOCACIÓN: “Las medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán ser revocadas por las siguientes causales:

1.- El imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas;

2.- Se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad; o,

3.- El imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente.

III. CONCLUSIONES: Que de la revisión del cuaderno procesal se tiene que en audiencia cautelar celebrada en fecha 08 de octubre de 2021, fs.35 a 38 y vlta, se dispuso medidas personales sustitutivas a la detención preventiva para el adolescente (AA). De la verificación de los antecedentes probatorios se puede establecer que dichas medidas han sido incumplidas.

1 .- De acuerdo al informe de la secretaria del juzgado, el adolescente no ha cumplido con la medida de arraigo, la misma que debía ser cumplida en el plazo de cinco días posteriores a la emisión del referido auto que las ordeno.

2 .- El adolescente no se presentó a la audiencia de juicio que debía celebrarse el día jueves 10 de marzo del 2022, lo que denota que el adolescente eta realizando actos de obstaculización al buen desarrollo del juicio. Que las medias cautelares, tienen fines instrumentales, por finalidad el desarrollo del juicio hasta su finalización.

Que, si bien la madre del adolescente estuvo presente en audiencia, se evidencia que la adolescente no acredito impedimento legitimo para justificar su inasistencia a audiencia y no cumplir con la medida de arraigo.

Estas circunstancias general en la suscrita que el adolescente incumple las medidas impuestas y que en libertad obstaculizara el desarrollo del juicio y que no se someterá al Por lo que la suscrita considera que en su oportunidad se consideraron las medidas menos lesivas para el adolescente.

POR TANTO

La Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia 1ero. de la capital, en merito a lo expuesto precedentemente se REVOCAN las medidas personales sustitutivas impuestas al adolescente, AA, mediante auto de fecha 08 de octubre de 2021 Y ORDENA SU DETENCIÓN PREVENTIVA en el centro especializado para varones CENVICRUZ. Líbrese el correspondiente mandamiento.

Se advierte a las partes pueden hacer uso del recurso de apelación incidental en el plazo de tres días conforme al Art. 314 inc. a) del C.N.N.A. Ley 548.” (sic. [fs. 138 a 139 vta.]).

II.5. Cursa Oficio 131/2022 de 24 de marzo, emitido por Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dirigido a la Dirección General de Migración; por el que, les comunica que dentro del proceso con responsabilidad penal atenuada que sigue el Ministerio Público contra el adolescente AA por el presunto delito de violación de infante niña niño o adolescente, mediante Auto de 8 de octubre del 2021, ordenó que a través de la institución que se encuentra a su cargo, procedan al registro del arraigo del referido adolescente para fines consiguientes de Ley (fs. 33). II.6. Se advierte Certificado de Estudio emitido por la Dirección del CEA Boliviano Alemán del Distrito Plan 3000; por el que, Víctor Rivas Director de dicha institución Certifica que el estudiante AA realiza sus estudios en el referido centro educativo cursando el del tuno tarde en el curso: aplicado “A”, de horas 14:00 a 17:30, según el registro de la institución de 2 de febrero al 29 de noviembre de 2022, cumpliendo de forma responsable con todo su avance curricular (fs. 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de defensa, fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de violación a menor de edad, se encuentra con medida de internamiento; al respecto considera que las autoridades demandadas incursionaron en las siguientes ilegalidades: i) El Auto de Vista 05/2022, dispuso revocar las medidas sustitutivas otorgadas a su favor, disponiendo su detención preventiva, señalando que: i.a) Con relación al art. 289.I inc. a) del CNNA, referido a la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho, se valoró el certificado médico forense y el informe psicológico preliminar; por los cuales, sin fundamentación ni motivación se dio por sentado que concurre el primer requisito para la detención preventiva; i.b) Respecto al riesgo de fuga establecido en el art. 289.I inc. b) del CNNA, señalaron que no se acreditó que el menor se encuentre registrado en un centro educativo y que solo presentó libreta del colegio; de lo que se observa que no valoraron los documentos acreditados en la Audiencia cautelar, referidos a que tiene un domicilio ubicado en el Barrio “Los Laureles” zona Plan 300; y que se presentó una libreta de colegio que demuestra que es estudiante; tomando en cuenta que la carga procesal en dicha audiencia le correspondía al Ministerio Público y no así al imputado adolescente; como tampoco se valoró que el incumplimiento del registro arraigo se debió a que el mismo no pudo ser tramitado por falta de recursos económicos de sus familiares; y concluyeron que, dada la naturaleza del hecho, existe el riesgo que pueda ausentarse, máxime si no existe un arraigo natural o una documentación que demuestre que permanecerá en su domicilio; y, i.c) Respecto al riesgo de obstaculización establecido en el art. 289.I inc. b) del CNNA. señalaron que el informe psicológico de la presunta víctima, describe que ella y su familia sufrieron amenazas de su parte; que pertenece a una pandilla y consume sustancias controladas; sin que exista un certificado toxicológico, tomándose en cuenta la característica de la minoridad de la víctima y que por su condición de género existe la presunción de verdad; por lo que, concluyeron que existe el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, apartándose totalmente de lo descrito en el referido artículo; y, dando por sentado que concurre este riesgo con base a hechos que no fueron sustentados con prueba por el Ministerio Público ni por la víctima; y, ii) La Resolución de 22 de marzo del 2022, a pesar de que la abogada de Defensa Pública solicitó que se rechace la solicitud de revocatoria de medidas cautelares que fueron impuestas mediante resolución de 8 de octubre del 2021, mismas que fueron cumplidas, excepto la de registro de arraigo, cuya tramitación se comprometió a realizar gratuitamente en “Migración” y que por un contratiempo con el ascensor el adolescente no pudo comparecer a la anterior audiencia; se dictó resolución, donde la jueza resolvió revocar dichas medidas, por su incumplimiento, ordenando su internamiento en el Centro de Reintegración Social Cenvicruz; por lo que, dicha resolución resulta ser arbitraria, sin motivación, ni fundamentación, en la que no se valoró el cumplimiento de las demás medidas cautelares. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; i.a) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; ii) La protección directa de adolescentes responsables penalmente a través de la acción de libertad; iii) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; iv) Sobre la responsabilidad penal del adolescente y el carácter excepcional de la medida cautelar de detención preventiva; v) Criterios o condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad en el Sistema Procesal Penal para adolescentes; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0116/2023-S1 de 28 de marzo; 1302/2022-S1 de 10 de noviembre; y, 0646/2023-S1, 14 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres.

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación.

1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) , que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) , que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”.

violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW , es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) , el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad 8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10 “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art. 234.7- del CPP -peligro efectivo para la 11 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y,

En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. La protección directa de adolescentes responsables penalmente a través de la acción de libertad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 0681/2022-S1 de 20 de julio que formuló el siguiente razonamiento. El art. 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en Bolivia mediante la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, establece que: “…Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Al respecto, la Constitución Política del Estado en el Titulo II, Capítulo Quinto Sección V, integra al catálogo de derechos fundamentales, los referidos a la niñez, adolescencia y juventud conforme lo siguiente:

“Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

Artículo 59.

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el

seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. (…)

Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Artículo 61.I Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad…”. En tal sentido, se establece que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Estado promulgado el 7 de febrero de 2009, protegen de manera integral y progresiva a las niñas niños y adolescentes, en el entendido que de acuerdo a su crecimiento y desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones, las mismas que deben ser garantizadas por el Estado, la sociedad y la familia con prioridad y preminencia, en este caso, accediendo a una justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

En ese marco, sobre la protección directa de los derechos de este grupo etario –niña, niño y adolescente–, a través de la ahora acción de libertad, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el lineamiento jurisprudencial inmerso en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, referido a los supuestos de subsidiariedad, estableció que es posible activar directamente esta acción tutelar en los casos de: “…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…”, entendimiento que fue reiterado entre otras por la SC 1245/2011-R de 16 de noviembre y la SCP 0156/2019-S2 de 28 de abril, que a su vez, se enmarca en la Ley 2026 de 27 de octubre de 1999 – abrogado– que en su art. 222 establecía: “La responsabilidad social se aplicará a los adolescentes comprendidos desde los doce años hasta los dieciséis años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito…”. Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0260/2015-S2 de 26 de febrero, reiterado entre otras por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, siguiendo la línea jurisprudencial descrita en forma precedente también concluyó que no es posible en el caso de menores, considerados infractores por la presunta 12 El Fundamento Jurídico III.1.2, establece: “Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”. 13 El Fundamento Jurídico III.4, señala: “Por todo lo referido, con respecto al Código del Niño, Niña y Adolescente, corresponde incidir a las circunstancias del caso concreto: primero, la inviabilidad de la aplicación del carácter excepcional de subsidiariedad de esta acción tutelar; es decir, por ser menores de edad no se puede aplicar la subsidiariedad, conforme lo señala el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia; por lo que, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada…” (Las negrillas nos corresponden). 14 El Fundamento Jurídico III.7, refiere: “Previamente a ingresar en la problemática planteada, corresponde señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el caso de menores infractores no corresponde exigir el agotamiento previo de los recursos o medios de impugnación existentes; toda vez que, en el marco del interés superior se constituyen en un sector vulnerable de la población y por ende son sujetos de una especial protección y atención preferente de parte del Estado como la sociedad, razón por la cual, en este caso se aplica la excepción a la subsidiariedad excepcional y se hace viable el análisis del problema jurídico expresado por el accionante a través de sus representantes sin mandato en la presente acción tutelar.

comisión de delitos, exigir el agotamiento previo de los recursos o medios de impugnación existentes, en razón al régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad debe garantizar a toda niña, niño y adolescente. Lo señalado en el párrafo precedente se enmarca en el Sistema Penal para adolescentes previsto en el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, -Ley 548 de 17 de julio de 2014– que contempla la franja etaria de 14 a 18 años de edad, a quienes se aplica una responsabilidad penal atenuada, en mérito a la protección constitucional reforzada de la que gozan; en ese sentido, se les otorga una protección especial, a quienes no resulta aplicable la subsidiariedad excepcional desarrollada en la SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial, sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de los derechos que comprende su espectro de protección y el informalismo, entre otras. En consecuencia, se llega a la conclusión de que no corresponde denegar la acción de libertad por aspectos formales vinculados a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando es presentada a favor de niñas, niños o adolescentes; más aún, cuando el art. 60 de la CPE de forma clara establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado, asimismo el art. 61 de la Norma Suprema, más bien prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad (las negrillas son nuestras).

III.3. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 1509/2022-S1 de 5 de diciembre; 0183/2023-S1 de 10 de abril; y, 1322/2023-S1 de 20 de diciembre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:

“…En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…” Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 10 de mayo, señaló que:

“…Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna.

Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia».

En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño…” (las negrillas son nuestras).

Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014–; el cual, establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:

“…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas”.

En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:

“A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia”.

De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencial señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos, y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio. Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.

III.4. Sobre la responsabilidad penal del adolescente y el carácter excepcional de la medida cautelar de detención preventiva

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 0681/2022-S1 de 20 de julio, que formuló el siguiente razonamiento. En principio, resulta necesario remitirnos al art. 23.II de la CPE que textualmente señala:

“Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad”. En ese marco, la SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial de la SCP 0908/2012 de 22 de agosto, tomando en cuenta el art. 261 del nuevo CNNA, aplicando el principio de interés superior del niño reconocido en los arts. 3 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y 60 de la CPE, asume y justifica la existencia de un sistema especial y diferenciado de justicia de adolescentes y una aplicación o sanción alternativa a la privación de libertad; al efecto se hace pertinente remitirnos a lo previsto por el art. 259 del CNNA que señala:

“El Sistema Penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socio-educativas correspondientes” (las negrillas son nuestras). En ese contexto, el art. 262 del CNNA, exige que esa aplicación de sanciones y medidas socioeducativas sean proporcionales en relación a dos componentes que son el hecho punible y sus consecuencias; a su vez, precisa que la conducta del adolescente tampoco puede ser objeto de sanción, si la misma no lesiona el bien jurídico tutelado; vale decir que, en observancia de la normativa nacional e internacional, se reconocen las garantías y principios del derecho penal, aunque con un enfoque generacional inserto en el modelo de protección integral y la justicia restaurativa, siendo que el objetivo no es sancionar a las y los adolescentes, sino que concibiéndolos como sujetos de derecho, darles oportunidad a fin de no reincidir y se responsabilicen de sus actos. Al respecto, es necesario remitirnos al art. 37 de la CDN, que entre otros aspectos dispone que los Estados deben velar que ningún niño sea privado de su libertad de forma arbitraria e ilegal, cuya detención, encarcelamiento o prisión de un niño debe llevarse a cabo conforme a la ley, como medida de último recurso y durante el plazo más breve posible; es decir que, la misma norma internacional determina que si se aplica esta medida, debe respetarse la dignidad inherente a la persona humana, tomando en cuenta las necesidades de las personas de su edad, que además tiene el derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

III.5. Criterios o condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad en el Sistema Procesal Penal para adolescentes

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 0681/2022-S1 de 20 de julio, que formuló el siguiente razonamiento. Al respecto, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, siguiendo entre otras el criterio, de las SSCC 0697/2003-R y 0540/2004-R , partiendo de la interpretación de la Norma Suprema abrogada, así como los arts. 23.I, III y IV de la CPE; 9.I del PIDCP; y, 7.2 de la CADH, establece que para que una restricción a la libertad sea constitucional y legalmente válida, deben cumplirse con ciertos requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, señala que sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley; con relación a los requisitos formales refiere que la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley; es decir si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia conforme prevé el 23.IV de la CPE. Por lo que, de lo señalado en forma precedente se advierte que la imposición de una medida restrictiva al derecho a la libertad, procederá: i) En los casos previstos por ley; y, ii) Según las formas establecidas por ley. En ese marco, en relación al Sistema Penal para adolescentes, los casos en los que una o un adolescente puede ser privado de su libertad, en el marco del art. 23.I y II de la CPE, están claramente previstos en el Código Penal, tratándose de sanciones penales; y, en el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014– con referencia a las medidas cautelares, entre ellas, la detención preventiva y las formalidades que deben observarse para su privación de libertad, las que también se encuentran determinadas en la Norma Adjetiva Penal, cuyas normativas sustantivas y adjetivas aludidas, están destinadas a la averiguación de la verdad histórica de los hechos y/o asegurar la presencia del imputado en juicio. Ahora bien, además del principio de legalidad señalado en forma precedente para la restricción del derecho a la libertad física o personal, el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 de 25 de junio y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0276/2018-S2 de 25 de junio y 0451/2019-S2 de 24 de junio respectivamente, en el marco de las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos, desarrollaron determinadas condiciones o requisitos de validez, que también son aplicables en el caso de restricción de la libertad de adolescentes, aunque con las debidas particularidades que exige su protección integral; es así que el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 señala como primera condición para la validez de la detención preventiva el principio de legalidad o intervención legislativa, el cual también fue desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.1 de la SCP 0276/2018-S2 y el Fundamento Jurídico III.2.1 de la SCP 0451/2019-S2 respectivamente. En relación a la segunda condición de validez para la detención preventiva se señala el principio de proporcionalidad que fue abordado entre otras en el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 y el Fundamento Jurídico III.2.2 de la SCP 0451/2019-S2; en cuanto a la tercera condición para la validez de la preventiva se señala los elementos del debido proceso como son la fundamentación y motivación, que fue señalada entre otras en la SCP 0276/2018-S2. Finalmente como una cuarta condición de validez de la preventiva, se establece la razonabilidad, que esta glosada en el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 y el Fundamento Jurídico III.2.4 de la SCP 0451/2019-S2 entre otras, al efecto se realiza la siguiente descripción y desarrollo de los referidos fallos constitucionales:

III.5.1. Primera condición para la validez de la detención preventiva: Principio de legalidad o intervención legislativa

En principio corresponde establecer que el sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado y la ley, constituyen la base del principio de legalidad; es decir que por un lado importa la observancia de la indefectible existencia de una norma jurídica (ley formal y material) que establezca objetivamente los supuestos de restricción del derecho a la libertad y por otro las cuestiones procedimentales que acompañan su aplicabilidad. Al efecto, la SCP 0451/2019-S2 señala que toda privación de libertad, debe cumplir con requisitos formales y materiales que derivan del principio de legalidad. Respecto al requisito formal, la restricción del derecho a la libertad solo será válida si se respetan las formas establecidas por ley; es decir, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia. Con relación al requisito material refiere que la privación de libertad solo será válida por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. En ese sentido, para la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, el juez debe partir de la consideración que las medidas cautelares de carácter personal no equivalen a una sentencia condenatoria ni pueden ser confundidas con penas; son simples cautelas que pueden dictarse con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio, cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por ley para el efecto y resulten indispensables para alcanzar la finalidad que con ella se persigue, como es, la comparecencia del imputado al proceso.

En el marco de lo expresado por la referida jurisprudencia, corresponde añadir que en el caso de adolescentes, estos requisitos se cumplen a través del postulado procesal consagrado en el art. 288 del CNNA, normativa que conforme al criterio precedente, tiene el carácter de ley material y formal adoptada por el órgano constitucionalmente facultado y de conformidad al procedimiento legal establecido al efecto. Dicho artículo dispone que: “La Jueza o el Juez podrá disponer razonablemente, la aplicación de una o varias de las siguientes medidas cautelares:

“a. Obligación de presentarse ante la Jueza o Juez, con la periodicidad que esta autoridad determine; b. La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad, que no tenga antecedentes penales; c. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o reunirse con determinadas personas; d. Abstenerse de comunicarse con determinadas personas, siempre que no afecte su derecho a la defensa; e. Arraigo; f. La obligación de permanecer en su propio domicilio, con el cuidado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor; y g. Detención preventiva” (las negrillas nos corresponden). Del precepto legal señalado puede advertirse que la Jueza o Juez Pública de Niñez y Adolescencia tiene la facultad de disponer la aplicación de una o varias medidas cautelares; y, otro de limitación que radica en la razonabilidad de la medida, es decir previo ejercicio intelectivo racional que deberá realizar la autoridad de control jurisdiccional a momento de la aplicación de una o varias medidas cautelares; supuesto que se encuentra indefectiblemente vinculado a la “legitimidad” de la restricción, es decir a la ponderación de la máxima libertad y justicia.

Al respecto, el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 de 25 de junio, complementa el entendimiento jurisprudencial señalando que la medida cautelar de detención preventiva que importa la afectación del derecho a la libertad del imputado, debe ser dispuesta por la autoridad judicial, previa verificación de requisitos establecidos por ley, con la necesaria justificación de su necesidad y finalidad, refiriendo que estas condiciones están establecidas en el art. 289 del CNNA, que recoge los requisitos para la detención preventiva precisando entre ellos las siguientes:

“I. A pedido escrito y fundamentado de la o el Fiscal, podrá la Jueza o el Juez ordenar la detención preventiva, cuando se presenten, de manera concurrente, las siguientes circunstancias: a. La existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho; y b. Que exista riesgo razonable de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad…” (el resaltado es añadido). De la norma glosada, el citado Voto Disidente refiere que para la procedencia de la detención preventiva de un o una adolescente, deben presentarse de manera concurrente, dos requisitos, que son similares a los previstos en la norma procesal penal ordinaria: a) La existencia de suficientes elementos sobre la participación y el hecho; y, b) La existencia de riesgo razonable de fuga u obstaculización; además, la norma exige que dicha medida cautelar: c) Solo proceda ante pedido escrito y fundamentado del fiscal.

Sostiene que, en cuanto al primer requisito para la detención preventiva, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que: “deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”. En relación al tema la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso caso de López Ribalda y otros contra España, hace referencia a sospechas razonables fundadas en hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo, que el encausado pudo haber cometido un delito, al respecto la Corte IDH, determinó que tal sospecha: “…tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas” . La consideración de este requisito, es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de consideración de la medida cautelar de detención preventiva, escuchando al efecto el argumento del fiscal y someterlo al contradictorio para determinar, si en el caso concreto, concurre este primer requisito, pues solo cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo requisito.

Con relación al segundo requisito previsto por el art. 289.I inc. b) del CNNA, referido a la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso –riesgo de fuga– u obstaculizará a la averiguación de la verdad -riesgo de obstaculización-, el aludido Voto Disidente refiere que la misma corresponde al acusador demostrar su concurrencia; es decir, explicar cuál es el riesgo procesal que se presenta; y si es más de uno, deberá identificar cuáles son, así como las circunstancias de hecho de las que deriva; y finalmente, explicar por qué la medida cautelar de detención preventiva que se solicita, permitiría contrarrestar el riesgo procesal.

El referido Voto Disidente señala que el riesgo procesal debe ser acreditado por la parte acusadora, pues el mismo no puede presumirse, tampoco considerarse en abstracto ni con la mera cita de la disposición legal; el fiscal debe ir a la audiencia con evidencia que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Así por ejemplo, el acusador debe llevar a la audiencia, la información que permita sostener que el imputado no tiene domicilio fijo y luego argumentar cómo se deriva de ese extremo la existencia del peligro de fuga, no basta indicar que no tiene domicilio, es necesario justificar cómo esa circunstancia, implica el peligro de fuga.

A propósito de lo señalado en forma precedente, la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, (reiterado entre otras por las Sentencias Constitucionales 1747/2004-R, 0129/2007-R y 1048/2010-R) respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares en meras suposiciones, precisó que si bien la autoridad judicial está facultada para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral; empero:

“…debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”.

Al respecto, la SCP 0276/2018-S2 establece que ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones; lo cual implica, que si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser que “el imputado en libertad 'podría' asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir convicción, para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial con base a lo argumentado por el acusador y lo sostenido por la defensa en el contradictorio, definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido, es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez conjeture sobre la base de las probabilidades -podría o no podría-. En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no, de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado.

A lo expresado en el citado fallo constitucional, corresponde añadir que respecto a la concurrencia simultánea de la probabilidad de autoría y riesgos procesales –fuga y obstaculización– el Código Niña, Niño y Adolescente, no establece requisitos para la solicitud y aplicación de las citadas medidas, así el art. 293 (Imputación Fiscal) en su parágrafo I, señala que:

“Cuando la o el Fiscal considere que existen indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación de la persona adolescente en el Sistema Penal, mediante resolución fundamentada imputará por el delito cometido y solicitará a la Jueza o al Juez resuelva la situación procesal y aplique las medidas cautelares que correspondan, a fin de asegurar su presencia en el proceso penal”.

Por lo que sobre el precepto legal señalado permite establecer que la aplicación de las medidas cautelares, debe realizarse sobre la base de la imputación formal, donde se fundamente: i) La existencia de indicios suficientes respecto a la existencia del hecho investigado; ii) La probable participación de la o el adolescente en el mismo; y, iii) El riesgo razonable de que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.

Asimismo, en el marco de lo expresado por la referida jurisprudencia, de igual forma corresponde añadir realizando una interpretación sistémica del art. 289 del CNNA relativo a los requisitos para la detención preventiva, se tiene que para que la restricción al derecho a la libertad sea legítimamente válido, deberá, indefectiblemente fundarse, por un lado la probabilidad de autoría; sustancialmente en la posibilidad de que éste obstaculice la investigación o bien trate de eludirla, advirtiéndose en consecuencia una falta de voluntad de sometimiento al proceso, es decir en la existencia de uno o varios riesgos procesales; a propósito de ello el art. 290 del CNNA, establece que:

“I. Para decidir acerca de la concurrencia de peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad respecto de la persona adolescente, la Jueza o el Juez realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, pronunciándose sobre las siguientes:

a. Que tenga facilidades o le puedan ser suministradas, para abandonar el país o permanecer oculto; b. Que haya tenido durante el proceso o en otro anterior, un comportamiento que manifieste su voluntad de no someterse al mismo; c. Que cuente con imputación o sentencia por otro delito; d. Que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; e. Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero; y f. Que pertenezca a alguna organización criminal o a una asociación delictuosa. II. Si trabajara en el país y cooperara permanentemente en el sostenimiento de su familia, se considerará que no existe riesgo de fuga” (las negrillas nos corresponden).

Consecuentemente, en el marco de lo desarrollado es posible concluir que para la aplicación de una medida cautelar, la autoridad competente, deberá realizar una valoración integral de las circunstancias detalladas ut supra que hacen a los riesgos procesales de fuga y obstaculización en caso de adolescentes, considerando además, los criterios de legitimidad y proporcionalidad de la medida, así como la obligación convencional de favorabilidad e interés superior desarrollados precedentemente. La decisión producto de dicha valoración deberá ser debidamente motivada y fundamentada no siendo suficiente la mera referencia o presunción de que concurran las mismas, pues por mandato constitucional y convencional, se presume la inocencia del inculpado mientras no se pruebe su culpabilidad.

III.5.2. Segunda condición para la detención preventiva: respecto al principio de proporcionalidad

En este punto la SCP 0451/2019-S2 señala que para la restricción del derecho a la libertad a través de la detención preventiva, no basta con el cumplimiento de los requisitos formales y materiales, sino además, esa limitación debe atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y sea proporcional a ese objetivo; y cuando existan varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la menos restrictiva del derecho a la libertad, cuidando que la medida sea proporcional con el propósito que se persigue, considerando el carácter excepcional de esta medida cautelar, más aún, en el caso de la imposición de medidas restrictivas de la libertad del adolescente; pues por una parte, en el marco de lo desarrollado, la regla exige que se evite la imposición de medidas privativas de libertad –art. 23.II de la CPE– y de ser necesarias, sean estrictamente excepcionales y como medida de último recurso, en el marco de un enfoque socio-educativo y atendiendo el interés superior del niño.

Sostiene que, para la aplicación del principio de proporcionalidad en materia de detención preventiva, implica que el juez analice, si el objetivo que se persigue con la aplicación de esa medida restrictiva del derecho a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los titulares del derecho y la sociedad. A su vez, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico precedente, las sanciones aplicadas al adolescente deben ser proporcionales en relación a las circunstancias del hecho punible que se le atribuye y las consecuencias del mismo; y que en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos, el mandato constitucional y la normativa nacional vigente, corresponde tomar en cuenta la visión restaurativa, propia del modelo adoptado en el Sistema Penal; en la que, antes que la sanción, se promueva la reparación del daño ocasionado, la restitución de los derechos vulnerados, la responsabilidad por los hechos y el respeto de los derechos tanto de la víctima como del autor del acto sancionado; fomentando su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la sociedad.

El referido fallo constitucional señala que, la Corte IDH -cuya jurisprudencia fue incorporada al bloque de constitucionalidad a partir de la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, en los Casos Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, a través de la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; y, Andrade Salmón vs. Bolivia, mediante la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Fondo, Reparaciones y Costas -específicamente en el último caso-, en el párrafo 147, estableció que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, determinando los siguientes criterios:

“Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver”. Al respecto, el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 refiere y precisa que sobre la base de dichos precedentes interamericanos y el juicio de proporcionalidad, para determinar si una restricción o limitación del derecho a la libertad es legítima, la autoridad judicial debe analizar: i) Si la detención preventiva es idónea o adecuada para lograr la finalidad de las medidas cautelares; finalidad que además de la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, deberá considerar el principio de interés superior del niño, niña y adolescente, el fomento a su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la sociedad; ii) La necesidad de la medida cautelar, explicando por qué resulta indispensable su aplicación, en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la prueba y la argumentación efectuada por la autoridad fiscal o la parte acusadora, que tienen la carga de demostrar que la detención preventiva es la única medida que elimina el riesgo procesal, cuya existencia se alega; y, iii) La proporcionalidad en sentido estricto; es decir, si la restricción del derecho a la libertad física de la o el adolescente, se justifica en aras de los beneficios que se obtienen respecto a la finalidad de las medidas cautelares. Al efecto, precisa que es el fiscal o la parte acusadora, la que tiene la carga de demostrar y argumentar el por qué la detención preventiva es la única medida de coerción que elimina el riesgo procesal, cuya existencia se alega; pues si no se acredita ese extremo, con seguridad existe alguna otra forma de resguardar los fines del proceso y la aplicación 26 El Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 de 25 de junio desarrolla de forma precisa los tres presupuestos señalando que: “La idoneidad o adecuación implica analizar si la medida cautelar -concretamente la detención preventiva- es idónea o adecuada para alcanzar la finalidad de la misma, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; finalidad, que desde la perspectiva de la protección reforzada a las y los adolescentes, deberá considerar, además, el principio de interés superior del niño, niña y adolescente, el fomento a su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la sociedad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 40 de la CDN.

“La necesidad significa que la detención preventiva solo procede, cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso, tras demostrarse que otras medidas cautelares menos lesivas resultarían infructuosas a ese fin. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que conforme al marco normativo descrito, la detención preventiva constituye una medida excepcional a ser aplicada en caso que no exista otras medidas alternativas; más aún, tratándose de adolescentes, pues, de acuerdo a las normas contenidas en los instrumentos internacionales que fueron glosadas en el Fundamento Jurídico II.2 de este Voto Disidente, la detención preventiva debe ser utilizada como último recurso y durante el plazo más breve posible, priorizando las medidas no privativas de libertad; entendiendo que la autoridad judicial está impelida a respetar el derecho de las y los adolescentes, a desarrollarse física y mentalmente en libertad, aspecto que responde al modelo de protección integral del Sistema Penal para adolescentes”.

“Finalmente, la proporcionalidad consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación del derecho a la libertad física o personal que supone la detención preventiva, no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida”.

de la ley, siendo pertinente la adopción de una medida distinta; pues, se recuerda que la detención preventiva es la excepción, y por tanto, debe ser considerada en último término.

III.5.3. Tercera condición: Fundamentación y motivación de las resoluciones

Al respecto, corresponde aclarar que ambos elementos del debido proceso fueron señalados respectivamente como condición de validez de la detención preventiva en el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 y la SCP 0276/2018-S2, al efecto señalan y precisan que:

“…La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino, que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva, lo que implica que se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, cuando corresponda; aclarándose, que respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es necesario que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente, sino, que explique por qué resulta indispensable su aplicación, en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por la autoridad fiscal o la parte acusadora” (el resaltado es nuestro).

En el marco de lo expresado por la referida jurisprudencia, siguiendo la doctrina argumentativa y la jurisprudencia desarrollada en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre complementado por la SCP 1414/2013 de 16 de agosto concierne añadir y precisar que la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido en observancia de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del PIDCP, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa.

Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Por consiguiente, en mérito a lo precisado en forma precedente se puede concluir que la fundamentación y motivación en la aplicación de las resoluciones de una medida cautelar, en especial de la detención preventiva, la autoridad judicial en la emisión de su resolución también deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, cuando corresponda, con la aclaración de que respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es necesario que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente, sino, que explique las razones lógico-jurídicas sobre su indispensable aplicación, en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el representante del Ministerio Público o la parte acusadora.

III.5.4. Cuarta condición: Razonabilidad

La SCP 0451/2019-S2 sobre la razonabilidad señaló que es otro elemento que debe ser observado en los casos de detención preventiva, cuando excedan los límites temporales fijados por la normativa aplicable al procesamiento penal de adolescentes; pues, de acuerdo al art. 7.5 de la CADH: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso (….)”; al efecto, el Voto Disidente de la SCP 0270/2018-S2 precisó que la norma impone límites temporales al Estado, para asegurar los fines del proceso mediante la medida cautelar de detención preventiva. De ahí, que en aplicación de la citada disposición convencional, la persona mantenida en detención preventiva, debe ser puesta en libertad desde el momento en el que esta medida cautelar traspasa los límites del sacrificio, que pueda imponerse razonablemente a una persona que se presuma inocente.

Asimismo, señala que en atención a la naturaleza de la detención preventiva, ésta debe ser razonable, es decir, que solo puede estar vigente durante el lapso necesario para garantizar el fin procesal propuesto; sin embargo, esta condición -conforme se tiene señalado- se observa en los casos en que la detención preventiva, exceda los límites temporales señalados por la ley.

El referido Voto disidente agrega que la razonabilidad adquiere mayor relevancia en los casos de la detención preventiva de adolescentes; pues, conforme a las normas contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos, que fueron referidas en forma precedente, esta medida cautelar debe ser utilizada como último recurso y durante el plazo más breve posible.

III.6. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de defensa, fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de violación a menor de edad, se encuentra con medida de internamiento; al respecto considera que las autoridades demandadas incursionaron en las siguientes ilegalidades: 1) El Auto de Vista 05/2022, dispuso revocar las medidas sustitutivas otorgadas a su favor, disponiendo su detención preventiva, señalando que: 1.i) Con relación al art. 289.I inc. a) del CNNA, referido a la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho, se valoró el certificado médico forense y el informe psicológico preliminar; por los cuales, sin fundamentación ni motivación se dio por sentado que concurre el primer requisito para la detención preventiva; 1.ii) Respecto al riesgo de fuga establecido en el art. 289.I inc. b) del CNNA, señalaron que no se acreditó que el menor se encuentre registrado en un centro educativo y que solo presentó libreta del colegio; de lo que se observa que no valoraron los documentos acreditados en la Audiencia cautelar, referidos a que tiene un domicilio ubicado en el Barrio “Los Laureles” zona Plan 300; y que se presentó una libreta de colegio que demuestra que es estudiante; tomando en cuenta que la carga procesal en dicha audiencia le correspondía al Ministerio Público y no así al imputado adolescente; como tampoco se valoró que el incumplimiento del registro arraigo se debió a que el mismo no pudo ser tramitado por falta de recursos económicos de sus familiares; y concluyeron que, dada la naturaleza del hecho, existe el riesgo que pueda ausentarse, máxime si no existe un arraigo natural o una documentación que demuestre que permanecerá en su domicilio; y, 1.iii) Respecto al riesgo de obstaculización establecido en el art. 289.I inc. b) del CNNA. señalaron que el informe psicológico de la presunta víctima, describe que ella y su familia sufrieron amenazas de su parte; que pertenece a una pandilla y consume sustancias controladas; sin que exista un certificado toxicológico, tomándose en cuenta la característica de la minoridad de la víctima y que por su condición de género existe la presunción de verdad; por lo que, concluyeron que existe el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, apartándose totalmente de lo descrito en el referido artículo; y, dando por sentado que concurre este riesgo con base a hechos que no fueron sustentados con prueba por el Ministerio Público ni por la víctima; y, 2) La Resolución de 22 de marzo del 2022, a pesar de que la abogada de Defensa Pública solicitó que se rechace la solicitud de revocatoria de medidas cautelares que fueron impuestas mediante resolución de 8 de octubre del 2021, mismas que fueron cumplidas, excepto la de registro de arraigo, cuya tramitación se comprometió a realizar gratuitamente en “Migración” y que por un contratiempo con el ascensor el adolescente no pudo comparecer a la anterior audiencia; se dictó resolución, donde la jueza resolvió revocar dichas medidas, por su incumplimiento, ordenando su internamiento en el Centro de Reintegración Social Cenvicruz; por lo que, dicha resolución resulta ser arbitraria, sin motivación, ni fundamentación, en la que no se valoró el cumplimiento de las demás medidas cautelares.

Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de los que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del adolescente AA por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente previsto y sancionado por el art. 308 del CP, mediante Auto de 8 de octubre de 2021, emitido por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas (Conclusión II.1); las cuales fueron revocadas mediante Auto de Vista 5/2022, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de precitada Capital y departamento, que resolvió la apelación incidental planteada por la víctima en contra de las medidas sustitutivas referidas, ordenando la detención preventiva del adolescente AA por un periodo de treinta días en el Centro de Reintegración Social Cenvicruz, notificado mediante tablero judicial el 25 de marzo de 2022 (Conclusión II.2); el 10 de igual mes y año se suspendió la audiencia de juicio debido a la inasistencia de la Fiscal de Materia, el adolescente y su abogada, señalando audiencia presencial para considerar la revocación de las medidas para el martes 22 de similar mes y año (Conclusión II.3); celebrada dicha audiencia, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución, dispuso revocar las medidas cautelares impuestas a favor del adolescente AA y ordenar su internamiento en el Centro de Orientación y Desarrollo Integral Cenvicruz (Conclusión II.4); posteriormente la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante oficio de 24 de marzo de 2022, dirigido a la Dirección General de Migración, ordenó que se proceda al registro del arraigo del adolescente AA (Conclusión II.5); y, por Certificado de Estudio emitido por la Dirección del CEA Boliviano Alemán del Distrito Plan 3000, el Director de dicha institución certifica que el estudiante AA realiza sus estudios en el referido centro educativo cursando el tuno de la tarde en el curso: aplicado “A”, de horas 14:00 a 17:30 según el registro de la institución de 2 de febrero al 29 de noviembre de 2022 (Conclusión II.6). En ese contexto, previamente resulta pertinente aclarar que en mérito al carácter informal de la presente acción tutelar, considerando además la tutela reforzada que tiene el menor; en estricta observancia del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que en casos de adolescentes responsables penalmente, -tal como sucede en el caso en examen- permite la presentación directa de la acción de libertad prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, en el presente caso, respecto de la Resolución de 22 de marzo del 2022; a este efecto, se ingresará a verificar si evidentemente existe la vulneración de los derechos y garantías alegados.

Efectuada la contextualización de antecedentes, y bajo el alcance del acto lesivo denunciado supra, se advierte que el reclamo formulado por el accionante, en lo medular, se encuentra enfocado en el Auto de Vista 05/2022 y en la Resolución de 22 de marzo del 2022; por lo que, las problemáticas serán analizadas de forma separada por cada autoridad demandada para una mayor comprensión, para posteriormente, como se mencionó líneas arriba, verificar si las autoridades demandadas a momento de emitir las resoluciones cuestionadas cumplieron o no con la aplicación del enfoque interseccional en apego a los Estándares Internacionales y Nacionales. Asimismo cabe señalar la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 del presente fallo constitucional, que en suma establece como deber del Estado, la sociedad y la familia, en especial de las autoridades judiciales, proteger el interés superior de las niñas niños y adolescentes, que entre otros aspectos comprende la preminencia de sus derechos y la interpretación de la Ley 548 de 17 de julio de 2014, velando el indicado principio; al efecto, en observancia del sistema penal especial de justicia que rige para los adolescentes, trasuntados en la Norma Suprema, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código Niña Niño y Adolescente y otras normativas inherentes, la medida cautelar de detención preventiva es de carácter excepcional; es decir, como medida de último recurso y por el periodo más prevé posible. Asimismo, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece las condiciones o criterios de validez de la procedencia de la restricción del derecho a la libertad en el sistema penal para adolescentes resumidos en: la aplicación del principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, la razonabilidad cuando corresponda y la aplicación del control jurisdiccional y de convencionalidad, cuyos requisitos o condiciones de validez de la detención preventiva de adolescentes precitados tienen sus subreglas a ser aplicadas en el caso concreto. En ese marco, se procederá a realizar el análisis -en primera instancia- del Auto de Vista 05/2022 y -en segunda instancia- de la Resolución de 22 de marzo del 2022. a) Respecto al Auto de Vista 05/2022, que dispuso revocar las medidas sustitutivas otorgadas a su favor, disponiendo su detención preventiva a.1 La parte accionante señala que con relación al art. 289.I inc. a) del CNNA, referido a la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho, se valoró el certificado médico forense y el informe psicológico preliminar; por los cuales, sin fundamentación ni motivación se dio por sentado que concurre el primer requisito para la detención preventiva. En ese contexto, debemos remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5.3 del presente fallo constitucional, que refiere que:

“…en observancia de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del PIDCP, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador”.

Así también, la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo constitucional, señala que:

“…que para la procedencia de la detención preventiva de un o una adolescente, deben presentarse de manera concurrente, dos requisitos, que son similares a los previstos en la norma procesal penal ordinaria: a) La existencia de suficientes elementos sobre la participación y el hecho; y, b) La existencia de riesgo razonable de fuga u obstaculización; además, la norma exige que dicha medida cautelar: c) Solo proceda ante pedido escrito y fundamentado del fiscal.

Sostiene que, en cuanto al primer requisito para la detención preventiva, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que: “deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”. En relación al tema la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de López Ribalda y otros contra España, hace referencia a sospechas razonables fundadas en hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo, que el encausado pudo haber cometido un delito, al respecto la Corte IDH, determinó que tal sospecha: “…tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas”. La consideración de este requisito, es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de consideración de la medida cautelar de detención preventiva, escuchando al efecto el argumento del fiscal y someterlo al contradictorio para determinar, si en el caso concreto, concurre este primer requisito, pues solo cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo requisito.” (el subrayado es nuestro). Es decir, que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. De otra parte, para la detención preventiva, la jurisprudencia de la Corte IDH estableció que deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga.

En ese contexto, corresponde a esta jurisdicción constitucional, realizar la compulsa sobre si el Auto de Vista 05/2022 ahora impugnado, se encuentra debidamente fundamentado y motivado; así, conforme lo descrito en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, se dictó el antedicho Auto de Vista, bajo los siguientes argumentos:

“…Asimismo en su conclusiones examen físico indica que la menor tiene contusión en el brazo izquierdo en el examen genital el himen elástico o complaciente examen proctólogo sin lección y la sugerencia a la observación, reconvención y valoración por una psicóloga que también antiséptico de emergencia y control de sede b, d y r, indica que tiene 5 días de incapacidad médico legal hace referencia a los antecedente en el examen físico; examen segmentario, indica cráneo sin huella ni lecciones, rostro sin huella ni lecciones, cuellos sin huella ni lecciones, tórax anterior sin huella ni lecciones, tórax exterior sin huella ni lecciones, abdomen sin huella ni lecciones extremidades superiores el brazo medio, superior del brazo izquierdo, tercio medio, cara anterior, equimosis y violácea de tres por dos centímetros, extremidades inferiores sin huellas ni lesiones traumáticas en el exterior, examen físico para genital muslo izquierdo sin huellas ni lesiones, muslo derecho sin huellas ni lesiones, glúteos sin huellas ni lesiones, abdomen bajo sin huellas de lesiones traumáticas exterior, examen genital, medio de observación visualización directa, posición de observación utilizada por la ginecóloga tes ginecológica sin tipo de membrana himeneal elástica con relación al informe psicológico emitido por el Lic. Diego Andrés Enríquez Contreras, refiere en su parte conclusiva que la entrevista realizada a la adolescente con las iniciales J.Y.M. de 13 años de edad se observa lo siguiente; “denota un estado afectivo de tristeza en su gesto, el tono de su voz fue adecuada denota preocupación por su futuro y su integridad física, en su conclusión segunda durante la entrevista se muestran las siguientes conductas, cabeza cabizbaja, vista hacia el suelo, denota llanto en algunos momentos de la entrevista”, según la prueba proyectiva PBL realizada presenta ciertos indicadores emocionales psicológicos, angustia, mecanismos defensivos activos, conflicto con lo sexual, vividos síntomas depresivo, rasgos de feminidad, por otro lado, puede comprender y responder a lo que se le pregunte, presenta ubicación en tiempo y en espacio, se puede apreciar que la victima de 13 años de edad se encuentra afectada emocionalmente, manifiesta que sufrió violación sexual por parte del denunciado en doce ocasiones, la victima manifiesta que la primera vez fue en su casa cuando el denunciado ingreso sin permiso cuando sus padres no se encontraban, la abollono en un cuarto, las demás ocasiones también sufrió violación, esto ocurrió en la casa de su tía del denunciado, la forzó y la presiono para llevarla a ese lugar, el denunciado según manifiesta la víctima, es pandillero y se droga, y la ha amenazado a ella y a su familia por hacerle daño, otro dato a resaltar es que tanto como la tía del denunciado como su madre sabían de esta situación y no hicieron nada, más bien intentaban echarle la culpa de todo a la víctima, la adolescente desapareció durante 6 días, sus padres de la víctima la estaban buscando, actualmente la adolescente se encuentra con miedo y temor de que el denunciado vuelva a agredirla sexualmente, en el punto 7) de las conclusiones, el pedido de la víctima es el siguiente, “yo quiero que Femando se vaya preso, quiero que también que se vaya preso, Fernando es un violador, abuso de mí muchas veces, se drogaba, es un pandillero, su madre y él me han amenazado con lastimarme o hacerle algo a mi familia, yo quiero vivir en paz alejada de Fernando y su familia, no quiero tener contacto con él, concluye el psicólogo recomendando una terapia psicológica para superar alteraciones emocionales para la menor, este informe psicológico fue efectuado por el Lic. Diego Andrés Enríquez Contreras y cursa en el cuaderno procesal de fs. 86 a fs. 89, del expediente original, con estos dos elementos se puede evidenciar de que existe el primer requisito que vendría a ser la probabilidad de autoría, este primer requisito es la exigencia que establece el art. 289 en su inc. a), que dice; la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación del adolescente, es decir que concurre este primer requisito establecido por el art. 289 de la Ley 548 Código Niña, Niño, Adolescente”. En ese marco, de la revisión del Auto de Vista 05/2022, a la luz de la jurisprudencia descrita previamente, se tiene que los vocales demandados establecieron que existen indicios suficientes para suponer razonablemente que el menor sometido a proceso haya participado en el ilícito que se investiga; fundamentando la resolución en el art. 289.I inc. a) del CNNA que señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 289. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). I. A pedido escrito y fundamentado de la o el Fiscal, podrá la Jueza o el Juez ordenar la detención preventiva, cuando se presenten, de manera concurrente, las siguientes circunstancias:

a) La existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho; y (…)” Explicando conforme al artículo descrito, que existen suficientes elementos sobre la probable autoría del adolescente, todo ello en base al informe físico el cual refiere que la menor tiene cinco días de incapacidad médico legal; y, el informe psicológico que establece indicadores emocionales psicológicos como ser angustia, mecanismos defensivos activos, conflicto con lo sexual, vívidos síntomas depresivo, rasgos de feminidad, además que la supuesta víctima señala que se encuentra afectada emocionalmente al haber sufrido violación sexual por parte del denunciado en doce ocasiones.

Del análisis realizado, se advierte que de acuerdo a la jurisprudencia señalada para la resolución de la presente problemática, se citó la disposición legal aplicable para la detención preventiva del ahora accionante -art. 289.I inc. a) del CNNA-, así como se efectuó una adecuada explicación a efectos de establecer la existencia de elementos suficientes sobre la probable participación del adolescente en el hecho; toda vez que, la jurisprudencia refiere que es necesario que existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga; extremo que se satisfizo con los informes físico y psicológico, lo cual pone de manifiesto que la aludida Resolución cuenta con una adecuada fundamentación y motivación; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. a.2 La parte impetrante de tutela señala que con relación al riesgo de fuga establecido en el art. 289.I inc. b) del CNNA, señalaron que no se acreditó que el menor se encuentre registrado en un centro educativo y que solo presentó libreta del colegio; de lo que se observa que no valoraron los documentos acreditados en la Audiencia cautelar, referidos a que tiene un domicilio ubicado en el Barrio “Los Laureles” zona Plan 300; y que se presentó una libreta de colegio que demuestra que es estudiante; tomando en cuenta que la carga procesal en dicha audiencia le correspondía al Ministerio Público y no así al imputado adolescente; como tampoco se valoró que el incumplimiento del registro arraigo se debió a que el mismo no pudo ser tramitado por falta de recursos económicos de sus familiares; y concluyeron que, dada la naturaleza del hecho, existe el riesgo que pueda ausentarse, máxime si no existe un arraigo natural o una documentación que demuestre que permanecerá en su domicilio. En ese contexto, debemos remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5.3 del presente fallo constitucional, descrito en la anterior problemática, que refiere que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación.

De otra parte, el Fundamento Jurídico III.5.1 señala que: con relación al segundo requisito previsto por el art. 289.I inc. b) del CNNA, referido a la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso -riesgo de fuga- u obstaculizará a la averiguación de la verdad -riesgo de obstaculización-, corresponde al acusador demostrar su concurrencia; explicar cuál es el riesgo procesal que se presenta; y si es más de uno, identificar cuáles son, así como las circunstancias de hecho de las que deriva; y finalmente, explicar por qué la medida cautelar de detención preventiva que se solicita, permitiría contrarrestar el riesgo procesal; el cual, debe ser acreditado por la parte acusadora, pues el mismo no puede presumirse, tampoco considerarse en abstracto ni con la mera cita de la disposición legal; el fiscal debe ir a la audiencia con evidencia que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Asimismo, ningún peligro procesal debe estar fundado en meras suposiciones; ya que con ello no se satisface la exigencia de una debida motivación ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida cautelar de carácter personal; por consiguiente, lo que no está permitido, es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez conjeture sobre la base de las probabilidades -podría o no podría-. En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no, de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado. De igual forma corresponde realizar una interpretación sistémica del art. 289 del CNNA relativo a los requisitos para la detención preventiva, debiendo indefectiblemente fundarse, por un lado la probabilidad de autoría; sustancialmente en la posibilidad de que éste obstaculice la investigación o bien trate de eludirla, advirtiéndose en consecuencia una falta de voluntad de sometimiento al proceso, es decir en la existencia de uno o varios riesgos procesales que el art. 290 del CNNA, establece.

Para el análisis de la presente problemática, en primer lugar nos remitiremos al Auto de 8 de octubre de 2021 (Conclusión II.1), emitido por Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, que señala lo siguiente:

“2.- Con relación al segundo requisito de riesgos procesales que señala el citado Art. 289 I- inc. b) con relación al Art. 290 ic. a ) e) sobre los riesgos procesales de fuga y de obstaculización alegados por la fiscalía y parte denunciante, en base a la prueba presentada por la fiscal, es obligación de la fiscalía demostrar que el imputado no tiene domicilio, trabajo y familia, asi como de qué forma se darían los riesgos procesales, no obstante, de acuerdo a los datos de la imputación formal , se tiene que el Ministerio Publico reporta el domicilio del imputado en su imputación formal ubicado en el Barrio Los Laureles, zona del Plan Tres Mil, domicilio donde el adolescente fue buscado y citado por el Policía con la denuncia, domicilio que se reconoce también por la parte denunciante, indicando que sería vecinos de la víctima, además, se extraña que la Fiscalía no haya ordenado la realización del informe Social para el adolescente y establecer dicha situación, por lo que la suscrita considera que el riesgo de fuga subsiste solo en cuanto a que el adolescente no está estudiando ni ejerce ninguna actividad laboral; en cuanto a la familia y domicilio, este riesgo se ha desvirtuado, por cuanto al haberse demostrado que el adolescentes imputado tiene domicilio, lugar donde el adolescente ha sido citado para que se presente a prestar su declaración informativa policial y se ha presentado a la citación en su oportunidad , la representante del Ministerio Publico ni la pate denunciante no ha fundamentado que facilidades tiene el adolescente para abandonan el país o permanece oculto, o quienes serían las personas que le puede suministrar facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; por otro lado, de las actuaciones incursas en el cuadernillo de investigación y lo expuesto en audiencia, se puede establecer que el adolescente fue citado y se ha sometido al proceso, es decir, no ha tenido un comportamiento que demuestra que no se someterá al proceso, tiene una familia constituida, se encuentra su madre la responsable de su cuidado” (sic). El Auto señalado, cita el art. 289.I inc. b) con relación al art. 290 inc. a) y e) del CNNA, referido a los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, que fueron alegados por la fiscalía y parte denunciante en base a prueba presentada por el Ministerio Público, consistente en el domicilio del imputado ubicado en el Barrio “Los Laureles”, del Plan 3000, donde el adolescente fue buscado y citado por el Policía con la denuncia, lugar que a su vez es reconocido por la parte denunciante, desvirtuando el riesgo en cuanto al domicilio, señalando además que el adolescente cuenta con una familia constituida; y que, el Ministerio Público no señaló las facilidades del adolescente para abandonar el país o permanecer oculto, considerando que el menor no tuvo un comportamiento que demuestre que no se someterá al proceso.

El Auto de Vista 05/2022, ahora cuestionado (Conclusión II.2) emitió los siguientes criterios:

“…con relación al segundo elemento, es si está en riesgo de fuga y/u obstaculización en la averiguación de la verdad, se puede establecer de que no se ha acreditado de que el menor se encuentre registrado en un centro educativo donde esté cursando estudios regulares, solamente han acreditado una libreta de colegio, ha dispuesto de que se practiquen el arraigo correspondiente y ha establecido un plazo, sin embargo, tampoco se ha presentado esa certificación de que se haya hecho el arraigo correspondiente contra el menor infractor para poder evitar de que éste pueda darse a la fuga dada la naturaleza también del hecho de que se investiga, por consiguiente, este Tribunal concluye de que sí existen riesgos razonables de fuga y de que el menor infractor pueda en cualquier momento ausentarse libremente, máxime si no existe un arraigo natural o una documentación de que demuestre y que se pueda acreditar de que permanecerá ahí o en domicilio…” (sic). De donde se tiene que los vocales ahora demandados, a través del Auto de Vista 05/2022 -respecto al riesgo de fuga- refieren que no se acreditó que el menor se encuentre registrado en un centro educativo donde esté cursando estudios regulares, sino simplemente una libreta de colegio, como tampoco presentó certificación de arraigo, concluyendo que existen riesgos razonables de fuga al no existir un arraigo natural o documento que acredite su permanencia en un domicilio.

Conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.5.1, el Auto de Vista cuestionado, el referido Auto no efectuó una interpretación sistémica del art. 289 del CNNA relativo a los requisitos para la detención preventiva, sustancialmente en la posibilidad de que éste obstaculice la investigación o bien trate de eludirla, advirtiéndose en consecuencia una falta de voluntad de sometimiento al proceso; es decir, en la existencia de uno o varios riesgos procesales que el art. 290 del CNNA, establece; por lo que dicha resolución carece de fundamentación. De otra parte, el referido Auto concluye que existen riesgos razonables de fuga y que el menor infractor pueda ausentarse libremente, máxime si no existe un arraigo natural, afirmación que carece de sustento; toda vez que, no señala a partir de qué elemento o razonamiento llega a dicha conclusión, más aún si como se describió anteriormente, el Auto de 8 de octubre de 2021, a partir del cual se debió efectuar dicho análisis, señala que el imputado cuenta con un domicilio donde el adolescente fue buscado y citado con la denuncia, el cual es reconocido por la parte denunciante; que tiene una familia constituida; y que, el Ministerio Público no señaló las facilidades del adolescente para abandonar el país o permanecer oculto, considerando que el menor no tuvo un comportamiento que demuestre que no se someterá al proceso. En este sentido, el referido Fundamento Jurídico III.5.1 refiere que el acusador debe llevar a la audiencia, la información que permita sostener que el imputado no tiene domicilio fijo y luego argumentar cómo se deriva de ese extremo la existencia del peligro de fuga, siendo necesario justificar cómo esa circunstancia, implica el peligro de fuga; de donde se tiene que las autoridades ahora demandadas fundaron su decisión en el supuesto de que el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta propia del peligro de fuga y obstaculización, sin tomar en cuenta que el juzgador debe asumir convicción, para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial con base a lo argumentado por el acusador y lo sostenido por la defensa en el contradictorio, definir si existe o no algún peligro procesal. Por lo que dicho Auto de Vista carece de objetividad. En este caso, es el Ministerio Público el que debió acreditar que el imputado no tenía casa o no se encontraba registrado en un centro educativo, para lo cual tenía la obligación de presentar alguna prueba que demuestre dicho extremo; el cual, no le correspondía al denunciado. Por lo que mal se podría decir que el imputado no acreditó dichos elementos; correspondiendo conceder la tutela respecto a la presente problemática.

a.3 Respecto al riesgo de obstaculización establecido en el art. 289.I inc. b)

del CNNA. señalaron que el informe psicológico de la presunta víctima, describe que ella y su familia sufrieron amenazas de su parte; que pertenece a una pandilla y consume sustancias controladas; sin que exista un certificado toxicológico; tomándose en cuenta la característica de la minoridad de la víctima y que por su condición de género existe la presunción de verdad; por lo que, concluyeron que existe el riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, apartándose totalmente de lo descrito en el referido artículo; y, dando por sentado que concurre este riesgo en base a hechos que no fueron sustentados con prueba por el Ministerio Público ni por la víctima.

Al respecto el Fundamento Jurídico III.5.1 del presente fallo constitucional, respecto a la obstaculización refiere que en caso de adolescentes, considerando además, los criterios de legitimidad y proporcionalidad de la medida, así como la obligación convencional de favorabilidad e interés superior desarrollados precedentemente. La decisión producto de dicha valoración deberá ser debidamente motivada y fundamentada no siendo suficiente la mera referencia o presunción de que concurran las mismas, pues por mandato constitucional y convencional, se presume la inocencia del inculpado mientras no se pruebe su culpabilidad.

El Auto de Vista 5/2022, con relación al riesgo de obstaculización, señaló lo siguiente:

“…conforme lo establecido en el art. 289 en su inc. b), se tiene de que sí en el informe psicológico indica muy claramente la menor de que ha sufrido amenazas por parte de su agresor tanto a ella como a su familia y de que el menor infractor estaría envuelto o pertenecería a alguna pandilla y además que consume sustancias controladas, si bien no existe un certificado o una valoración efectuada con un informe toxicológico que acredite tal extremo tampoco es menos cierto de que por las características y portada la minoridad de la víctima y por su condición de género existe la presunción de verdad y más aun si esto se encuentra plasmado en un informe psicológico emitido por un profesional especializado para realizar este tipo de evaluaciones, este Tribunal ve de que existe la concurrencia de lo que establece el art. 289 en su inc. b) de la Ley 548, es decir, la obstaculización de la averiguación de la verdad.

Consecuentemente, se observa de que de acuerdo al informe psicológico que no ha sido valorado de forma correcta por la señora juez, se tiene de que ha existido uso de la violencia, no es correcto lo que manifiesta el abogado del menor infractor, al decir que ha sido una relación consensuada, de los antecedentes se tiene de que el menor para agredir sexualmente a su víctima ha entrado por la barda y en situaciones aprovechando cuando ésta se encontraba sola en ausencia de sus padres, familiares he aquí donde procedía a agredirla sexualmente y esta conducta ha sido de forma reiterada, dada la situación también de que el menor infractor es prácticamente su vecino que está a tres casas y valiéndose de esta situación es que procedía a realizar esta conducta antijurídica, por otra parte, también se informa de que se puede constatar de que el informe médico forense si bien por la naturaleza indica de que existe himen complaciente pero también manifiesta de que existen cinco días de impedimento, esto producto de una agresión inferida por el menor infractor y que no ha sido debidamente valorada por la juez ad quo, por consiguiente también es un elemento de que va considerar este Tribunal para determinar la correspondiente resolución, en este sentido, de igual manera es otro elemento que subsume lo establecido en el art. 289 en su inc. b) de la Ley 548” (sic).

Al respecto, se tiene que el Auto de Vista 5/2022, al referirse al riesgo de obstaculización, fundó su determinación en el art. 289 inc. b) del CNNA, el cual si bien no refirió al art. 290 inc. e) del mencionado Código, es decir de la circunstancia que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso; sin embargo del desarrollo de la referida resolución, se tiene que la misma se basó en el informe psicológico, del cual refiere que no fue valorado debidamente por la juez a quo respecto al uso de la violencia, ya que el menor ingresaba por la barda del domicilio de la víctima para agredirla sexualmente cuando ésta se encontraba sola en su domicilio, además que el menor infractor es su vecino, advirtiéndose la cercanía que tiene con relación a la adolescente, quien efectuó amenazas tanto a la menor como a su familia; de donde se tiene que respecto a la presente problemática, la Resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada y motivada, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

b. Respecto a la Resolución de 22 de marzo del 2022 b.i. La Resolución de 22 de marzo del 2022, a pesar de que la abogada de Defensa Pública solicitó que se rechace la solicitud de revocatoria de medidas cautelares que fueron impuestas mediante resolución de 8 de octubre del 2021, mismas que fueron cumplidas, excepto la de registro de arraigo, cuya tramitación se comprometió a realizar gratuitamente en “Migración”; y que, por un contratiempo con el ascensor el adolescente no pudo comparecer a la anterior audiencia; se dictó resolución, donde la jueza resolvió revocar dichas medidas, por su incumplimiento, ordenando su internamiento en el centro de Cenvicruz, por lo que dicha resolución resulta ser arbitraria, sin motivación, ni fundamentación, en la que no se valoró el cumplimiento de las demás medidas cautelares.

Conforme se desprende de la Conclusión II.4 del presente fallo constitucional, la Resolución de 22 de marzo del 2022, señaló lo siguiente:

“II. FUNDAMENTA CON NORMATIVA.- El Art. 237 del Código de Procedimiento Penal (aplicable por analogía) establece las CAUSALES DE REVOCACIÓN: “Las medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán ser revocadas por las siguientes causales:

1.- El imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas;

2.- Se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad; o,

3.- El imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente.

III. CONCLUSIONES: Que de la revisión del cuaderno procesal se tiene que en audiencia cautelar celebrada en fecha 08 de octubre de 2021, fs.35 a 38 y vlta, se dispuso medidas personales sustitutivas a la detención preventiva para el adolescente (AA). De la verificación de los antecedentes probatorios se puede establecer que dichas medidas han sido incumplidas.

1 .- De acuerdo al informe de la secretaria del juzgado, el adolescente no ha cumplido con la medida de arraigo, la misma que debía ser cumplida en el plazo de cinco días posteriores a la emisión del referido auto que las ordeno.

2 .- El adolescente no se presentó a la audiencia de juicio que debía celebrarse el día jueves 10 de marzo del 2022, lo que denota que el adolescente eta realizando actos de obstaculización al buen desarrollo del juicio. Que las medias cautelares, tienen fines instrumentales, por finalidad el desarrollo del juicio hasta su finalización.

Que, si bien la madre del adolescente estuvo presente en audiencia, se evidencia que la adolescente no acredito impedimento legitimo para justificar su inasistencia a audiencia y no cumplir con la medida de arraigo.

Estas circunstancias general en la suscrita que el adolescente incumple las medidas impuestas y que en libertad obstaculizara el desarrollo del juicio y que no se someterá al Por lo que la suscrita considera que en su oportunidad se consideraron las medidas menos lesivas para el adolescente” De lo expuesto se evidencia que la cuestionada Resolución, se refirió al art. 237 -siendo lo correcto el art. 147- del Código de Procedimiento Penal; señalando que el 8 de octubre de 2021, se dispuso medidas personales sustitutivas a la detención preventiva para el adolescente, siendo que incumplió la medida de arraigo, además que sin acreditar impedimento legítimo, no se hizo presente a la audiencia de juicio que debía celebrarse el 10 de marzo de 2022, lo que denota actos de obstaculización al desarrollo del juicio. De lo expuesto, se tiene que el referido artículo señala que la revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente. Asimismo, el Fundamento Jurídico III.5.2 del presente fallo constitucional referido al principio de proporcionalidad, indica que para la restricción del derecho a la libertad a través de la detención preventiva, no basta con el cumplimiento de los requisitos formales y materiales, sino además, esa limitación debe atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y sea proporcional a ese objetivo; y cuando existan varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la menos restrictiva del derecho a la libertad, cuidando que la medida sea proporcional con el propósito que se persigue, considerando el carácter excepcional de esta medida cautelar, más aún, en el caso de la imposición de medidas restrictivas de la libertad del adolescente; pues por una parte, en el marco de lo desarrollado, la regla exige que se evite la imposición de medidas privativas de libertad –art. 23.II de la CPE– y de ser necesarias, sean estrictamente excepcionales y como medida de último recurso, en el marco de un enfoque socio-educativo y atendiendo el interés superior del niño; para ello, es necesario que el juez analice, si el objetivo que se persigue con la aplicación de esa medida restrictiva del derecho a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los titulares del derecho y la sociedad; al efecto, es el fiscal o la parte acusadora, quienes tienen la carga de demostrar y argumentar el por qué la detención preventiva es la única medida de coerción que elimina el riesgo procesal, cuya existencia se alega. Ahora bien, en la Resolución de 22 de marzo del 2022, que revoca las medidas personales sustitutivas impuestas al adolescente mediante Auto de 8 de octubre de 2021, no se advierte el referido análisis de proporcionalidad, solamente señala que dicha decisión se debe a que el adolescente incumplió las medidas impuestas y que en libertad obstaculizará el desarrollo del juicio. A este efecto la referida Resolución debió explicar cuál es el riesgo procesal que se presenta; y si es más de uno, identificar cuáles son, así como las circunstancias de hecho de las que deriva; y finalmente, explicar por qué la medida cautelar de detención preventiva, permitiría contrarrestar el riesgo procesal; tampoco refiere a ningún riesgo procesal acreditado por la parte acusadora, pues el mismo no puede presumirse, tampoco considerarse en abstracto ni con la mera cita de la disposición legal; es decir, que la autoridad judicial con base a lo argumentado por el acusador y lo sostenido por la defensa en el contradictorio, debió definir si existe o no algún peligro procesal; extremos que ponen de manifiesto que la aludida Resolución no cuenta con una debida fundamentación y motivación, como tampoco aplicó el principio de proporcionalidad; correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada. Otras consideraciones: Finalmente debe considerarse que mediante Auto de Vista 5/2022, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2), se resolvió la apelación incidental planteada por la víctima en contra de las medidas sustitutivas dispuestas por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de igual Capital y departamento, mediante Auto de 8 de octubre de 2021, resolviéndose de la siguiente manera:

“POR TANTO: La Sala Cuarta Civil y Comercial, Familiar, de la Niñez y adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en mérito todo el fundamento jurídico expuesto, dispone REVOCAR las medidas sustitutivas dispuestas por la Juez Público de la Niñez y Adolescencia 1º de la Capital y ordena la detención preventiva del menor infractor AA y sea en el Centro de Reintegración Social CENVICRUZ.

Por Secretaría líbrese el correspondiente mandamiento de Detención Preventiva, notificadas en el acto con la presente resolución.

En la vía de la COMPLEMENTACIÓN, se dispone de que la Detención Preventiva será por un periodo de 30 días, señores abogados quedan todos debidamente notificados, la audiencia ha concluido” (sic [el subrayado nos corresponde]). En este sentido, la detención preventiva del menor AA ya había sido dispuesta por el referido Auto, la cual fue por un periodo de treinta días en el Centro de Reintegración Social CENVICRUZ; aspecto que el abogado de la víctima hizo notar a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz en la audiencia de 10 de marzo de 2022 (Conclusión II.3):

“JUEZA.- Téngase presente, que no se encuentra la Sra. Fiscal ni la abogada del adolescente ni el adolescente que se extraña la presentación de este siendo que debería estar presente como se había ordenado, por lo que en la próxima audiencia se va considerar la revocatoria de las medidas, por su imcomparecencia. ABOGADO DE LA VICTIMA, DRL. BETO FLAVIO SANDOVAL.- Sra. Juez ya se revocó en apelación, la audiencia fue el 3 de Marzo. JUEZA.- No tengo conocimiento de esa situación, no nos llegó la resolución. Debe solicitar que se remita la resolución, se señala audiencia para considerar la revocación de lás. medidas para el día Martes 22 de Marzo del 2022 a horas 10:15 a.m. presencial, ordenándose la notificación a las partes, por lo que ha concluido el presente acto procesal” (sic [el subrayado nos corresponde]).

De donde se tiene que a pesar de existir un Auto de Vista que ya dispuso la detención preventiva del menor, aspecto que como se señaló fue advertido a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz en audiencia de 10 de marzo de 2022, por el abogado de la parte acusadora; dicha autoridad omitiendo dicha advertencia, a través de la Resolución de 22 de similar mes y año, ordenó nuevamente la detención preventiva del menor en el centro especializado para varones CENVICRUZ, pero en esta ocasión sin especificar la duración de dicha detención, tal como lo hizo el Auto de Vista 5/2022, ordenando se libre otro mandamiento de aprehensión; de lo descrito, no correspondía el verificativo de la Audiencia de 22 de marzo de 2022 y mucho menos la emisión de la Resolución ahora cuestionada; toda vez que dicha detención preventiva ya había sido dispuesta con anterioridad por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la capital del departamento de Santa Cruz, en tal sentido se dispondrá que solo los vocales emitan una nueva resolución conforme a los fundamentos desarrollados. Finalmente, tratándose de una víctima menor de edad inmersa en un proceso penal por la supuesta comisión del delito de violación; en cumplimiento a la prioridad nacional asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a los delitos de violencia contra las mujeres; se exhorta a los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, quienes deberán emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional, el enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, debe ser aplicado y precisado de manera enfática; así como también por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de misma Capital y departamento, hasta la finalización del proceso, ya que es obligación del Estado, a través de su sistema de justicia e instituciones públicas, adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, en el marco de los elementos desarrollados ampliamente en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, enfoque que permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad, así como identificar los criterios reforzados de protección de sus derechos contenidos tanto en la Constitución Política del Estado de Bolivia como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a mujeres víctimas de violencia. Todo ello además en aplicación de las herramientas ya desolladas por este Tribunal, como la de efectuar una ponderación entre la víctima y el adolescente, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de los derechos de ambas partes. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/22 de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 106 a 109, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Auto de Vista 05/2022 de 3 de marzo, en relación a la segunda subproblemática; y, respecto a la Resolución de 22 de marzo del 2022, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2º Disponiendo dejar sin efecto la Resolución de 22 de marzo del 2022 y el Auto de Vista 05/2022, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitir una nueva Resolución conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 3º DENEGAR la tutela solicitada respecto al Auto de Vista 05/2022, en relación a la primera y tercera subproblemáticas conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 4º EXHORTAR a los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz y al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del referido departamento, aplicar el enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, el cual debe ser aplicado y precisado de manera enfática; así como también, efectuar una ponderación entre la víctima y el adolescente, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de los derechos de ambas partes, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta

7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

15 Al respecto el Fundamento Jurídico III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora…”.

16 El Fundamento Jurídico III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.

17 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.

18 El Fundamento Jurídico III.2 señala: “En síntesis, las leyes penales son el punto de referencia común para sancionar conductas tipificadas por el Código Penal, tanto para adolescentes como para adultos; la diferencia radica en su juzgamiento, pues para los primeros es más ágil y abreviado que para los segundos; sin perder de vista, de la necesidad, en ambos casos, del respeto más riguroso de las garantías constitucionales y legales; así como en el quantum de las penas, la cuales, para el caso de los menores se caracterizan por una variedad de medidas, dándose preferencia a las sanciones alternativas, en lugar de las privativas de libertad, con predominio de los aspectos de carácter pedagógico, por sobre otros aspectos de corte retributivo”.

19 El art.261 del CNNA señala: “(RESPONSABILIDAD DE LA Y EL ADOLESCENTE). I. La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la Jurisdicción Especializada y en la medida socio-educativa que se le imponga…”

20 El art. 37 de la CDN dispone: “…b) Ningún niño sea privado de su libertad legal o arbitrariamente. La detección, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevara a cabo de conformidad con la Ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”.

21 El Fundamento Jurídico III.1 señala: “…que para proteger el derecho a la libertad física consagrado por los arts. 6-II y 7.g) de la Constitución, el Constituyente ha previsto una garantía normativa consagrado por el art. 9 de la Ley Fundamental, de cuyo mandato se infiere que para restringir excepcionalmente el referido derecho fundamental se debe establecer en la ley los casos y las formas de restricción”

(…) Que, asimismo la garantía normativa consagrada por el art. 9 de la Constitución establece que para la restricción excepcional del derecho a la libertad física de la persona, un segundo requisito es que un mandamiento sea emanado de una autoridad competente y sea intimado por escrito; de manera que si no se cumple con dicho requisito la privación de la libertad será considerada ilegal”.

22 El Fundamento Jurídico III.1. refiere que: “Previo a ingresar al análisis del momento a partir del cual la recurrente considera ilegal su detención, es preciso referirnos a la norma prevista en el art. 9 de la Ley Fundamental que establece “nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito”. La norma citada establece las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física; empero, como resulta obvio, siendo ésta una norma de carácter fundamental existen las normas legales que desarrollan su contenido; así, tanto en el anterior sistema procesal penal como en el vigente, el legislador mediante los Códigos de procedimiento penal de 1972 como en el de 1999, ha previsto las formalidades que deben guardar los mandamientos, quien debe expedirlo y como deben ser expedidos para reunir todas las condiciones de validez legales”.

23 Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C 172, párrafos 101 a 103.

24 Ibíd., párr. 103.

25 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf.

27 Así, lo señaló el Protocolo de Dirección de Audiencia de Medidas Cautelares del Órgano Judicial. Sucre-Bolivia, agosto 2017, pág. 60.

28 Código Niña, Niño y adolescente ARTÍCULO 290. (RIESGO DE FUGA U OBSTACULIZACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD). I. Para decidir acerca de la concurrencia de peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad respecto de la persona adolescente, la Jueza o el Juez realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, pronunciándose sobre las siguientes: a) Que tenga facilidades o le puedan ser suministradas, para abandonar el país o permanecer oculto; b) Que haya tenido durante el proceso o en otro anterior, un comportamiento que manifieste su voluntad de no someterse al mismo; c) Que cuente con imputación o sentencia por otro delito; d) Que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; e) Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero; y f) Que pertenezca a alguna organización criminal o a una asociación delictuosa. (…)

29 Código de Procedimiento Penal Artículo 247. (CAUSALES DE REVOCACIÓN). Las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o de la víctima aunque no se haya constituido en querellante, cuando se acrediten sin otra formalidad que: 1. El imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas; 2. Se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad; o, 3. El imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente. La audiencia de revocatoria será señalada dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la solicitud.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0735_2024-S1.pdf · páginas 1 a 60.

Huella digital del PDF (SHA-256): 01dffc29ab5e0ee94371d39d1c50ef166a728b29b94a8bd28dba748046804f79

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