Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de octubre de 2024
Concede la tutela
La parte accionante consideran lesionados sus derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; a la propiedad y a la indemnización por expropiación, así como el debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; toda vez que, las autoridades demandadas, dentro del procedimiento administrativo de pago por afectación de terrenos privados, signado como “DIAMANTE 1122/22, Tramite D.G.M. 1226394”, que iniciaron ante el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emitieron las Resoluciones Técnicas DOT 24/2023 y DOT 31/2023, obviando realizar el análisis jurídico, manteniendo la lesión de sus derechos con la RA SEMPLAD 032/2023 (de última instancia), que rechazó in límine su pretensión, remitiendo su caso a la vía ordinaria para que se resuelva en proceso de reivindicación, cuando la única vía para dilucidar el pago de indemnización es la vía administrativa, tal como estableció el Auto Supremo 561/2015-L y la SCP 0968/2016-S2; habiéndose incluso demostrado que el terreno expropiado del cual se pide la indemnización, está dentro del cuarto anillo de circunvalación, que se declaró de utilidad pública, y que la vía para procesar el pago del justiprecio es la administrativa municipal; no existiendo en el referido fallo, fundamentación que ampare su decisión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 161/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 927 vta., a 955 vta., dictada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, sin efecto la la Resolución Administrativa SEMPLAD 032/2023 de 13 de julio; 2º Disponer que las autoridades demandadas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, pronuncien inmediatamente, nueva Resolución de manera motivada, fundamentada y congruente en el marco del debido proceso y el derecho a una justicia eficaz, pronta y oportuna, conforme a los lineamientos de forma y fondo establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° Ordenar que una vez emitido el nuevo fallo jerárquico, tanto el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, como las autoridades del ente edil hoy demandadas, cumplan con el pago del justiprecio, para que opere la cesión o transferencia del derecho propietario en favor del ente municipal, como parte de la finalización del proceso de expropiación dispuesto en la Ordenanza Municipal 034/92 de 27 de agosto de 1992, tantas veces mencionada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0734/2024-S4 Sucre, 21 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 59932-2023-120-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 161/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 927 vta., a 955 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Jaime Eduardo y José Luis, ambos Lavayen Amelunge contra Max Jhonny Fernández Saucedo y María Andrea Daza Justiniano, Alcalde y Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2023, cursante de fs. 13 a 42; y, el de subsanación de 15 de igual mes y año (fs. 497 a 504 vta.); la parte accionante expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Son herederos ab-intestato al fallecimiento de sus padres, por lo que, son propietarios mortis causa en acciones y derechos relictos a la muerte de su padres, de una extensión del bien inmueble ubicado en la U.V. 55-A con una superficie de 17 375.05 m, registrado bajo la Matrícula computarizada 7.01.1.99.0007758, de Derechos Reales (DD.RR.), denominada “La Madre”, zona oeste; superficie que es la restante de ventas y cesiones realizadas por sus progenitores en vida; empero, el 27 de agosto de 1992, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, promulgó la Ordenanza Municipal 034/92, por la que se declaró de utilidad e interés social las áreas circundantes al cuarto anillo de la ciudad, en toda su extensión, para la apertura y ejecución de obras de pavimento y drenaje, expropiando todas las superficies de terrenos comprendidos en el cuarto anillo de la Circunvalación, estableciendo que los propietarios deben acreditar su derecho propietario para obtener su respectiva indemnización; en su caso, esta determinación les afectó en una superficie de 17 375.05 m, así se acreditó mediante Registro Topográfico 1280 de 12 de marzo de 1993, existiendo asimismo el Informe OF. EXT. DOU-DU 0621/2012 de 28 de noviembre, que ratificó y confirmó que el área expropiada afectó a la familia Lavayen, en una extensión de 17 476.5267 m. Una vez promulgada la Ordenanza Municipal 034/92, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, tomó toda la propiedad y ejecutó las obras de apertura del cuarto anillo, sin ninguna indemnización previa, de manera abusiva y de hecho; no habiéndose pagado desde ese entonces el justiprecio establecido en ley, por lo que, sus padres acudieron a la vía judicial para exigir el pago, proceso que fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 561/2015-L, exhortando a la parte actora acudir a la vía administrativa; razón por la que, concurrieron ante dicha vía, solicitando el pago por afectación de terrenos privados, acción signada como “DIAMANTE 1122/22 Trámite D.G.M. 1226394”, radicado ante la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del citado ente municipal; que a raíz de una acción de cumplimento, pronunció la Resolución Técnica DOT 24/2023, con la que fueron notificados el 17 de mayo de 2023; determinación que únicamente hizo un análisis técnico ratificando que la prenombrada entidad municipal no procedió con el pago de justiprecio de los terrenos intervenidos, obviando el análisis jurídico y atentando contra su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; por lo que, formularon recurso de revocatoria, que fue resuelto a través de la Resolución Técnica 31/2023 de 5 de junio, que confirmó el fallo impugnado, manteniendo la lesión de sus derechos fundamentales; motivo por el que, interpusieron recurso jerárquico, que mereció la Resolución Administrativa (RA) SEMPLAD 032/2023 de 13 de julio, que mantuvo los errores y atropellos contenido en los fallos previos. Añadió que, la RA SEMPLAD 032/2023, atento contra sus derechos al acceso a la justica y la tutela judicial efectiva, puesto que, al rechazar in limine la solicitud y pago de indemnización por afectación de terrenos privados y haberlo remitido a la vía ordinaria para que se resuelva en proceso de conocimiento de reivindicación, se transgredieron los mencionados derechos, más cuando la única vía para dilucidar el pago de indemnización es la vía administrativa, tal como establecieron el Auto Supremo 561/2015-L y la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0968/2016-S2 de 7 de octubre, dictadas sobre el caso en particular y que no dejaron otra vía para la resolución del caso, que la del proceso administrativo municipal; atentando además, contra su derecho a la propiedad y a la justa indemnización por expropiación; puesto que, a pesar de haberse demostrado que el terreno expropiado del cual se pide la indemnización, está dentro del cuarto anillo de circunvalación, que se declaró de utilidad pública, y que la vía para procesar el pago del justiprecio es la administrativa municipal, se rechazó su petición sin fundamento alguno, dado que, incluso su derecho propietario nunca fue cuestionado habiendo el mismo ente municipal indicado en diferentes Informes emitidos a lo largo de los años, que su predio fue afectado, transgrediendo sus derechos a la fundamentación y congruencia de las resoluciones; siendo que, la RA SEMPLAD 032/2023, no expuso una fundamentación que ampare su decisión de enviar a la vía ordinaria su caso, no expone en que normas se ampara y únicamente hace referencia a una serie de atribuciones que tiene para atender los casos sobre pago de indemnización por expropiación; empero, contrario a ello, de manera incongruente peticionaron que inicien un nuevo proceso de expropiación, cuando la jurisprudencia manda que sea la entidad expropiante quien realice todas las gestiones, y el afectado solo debe cobrar el justiprecio, esta afectación al debido proceso evidencia el incumplimiento del principio a la seguridad jurídica al realizar un análisis fuera de los marcos de la razonabilidad de la Ordenanza Municipal 034/92
La parte accionante denunció como lesionados sus derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, a la propiedad y a la indemnización por expropiación, así como el debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; citando al efecto, los arts. 56, 57, 115.I y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21.I de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la RA SEMPLAD 032/2023, dictada por la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, asimismo, las Resoluciones Técnicas DOT 031/2003 y DOT 024/2023; b) Ordenar al Alcalde municipal y a la Secretaría Municipal de Desarrollo, del referido ente municipal, cumplir lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 034/92; y, se ordene el pago de indemnización por expropiación, sea en función al avalúo pericial presentado por los recurrentes; c) Que el Ejecutivo Municipal realice todas las acciones necesarias para la conclusión de la expropiación, incluyendo la aprobación de los planos y certificados catastrales extrañados por el propio ente edil, con celeridad como lo dispone Ordenanza Municipal 034/92; d) Los demandados, en su condición de Alcalde y Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, cumplan a cabalidad la Ordenanza Municipal 034/92 en especial lo instruido en sus arts. 3, 4 y 5; y, e) El proceso administrativo de pago de justiprecio no debe exceder los 60 días desde la notificación de la resolución que resuelve la acción de amparo constitucional, plazo perentorio y de cumplimiento obligatorio para las autoridades ejecutivas municipales accionadas considerando que ya han transcurrido más de treinta años desde la expropiación y la existencia de la ejecución del pavimento y canal de drenaje, obra de interés social que afectó a su propiedad, y, dentro de dicho plazo, se deberán realizar todas las actuaciones, incluyendo la aprobación de planos, certificados, catastrales, minuta de transferencia, e inspecciones de ser necesario, hasta la emisión del pago del justiprecio.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 904 a 927 vta., presentes la parte solicitante de tutela y las autoridades demandadas, acompañados por sus abogados, así como el amicus curiae; se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, ratificó los fundamentos expuestos en su memorial de demanda de acción de amparo constitucional, reiterando los mismos en la audiencia de consideración de la acción tutelar.
Max Johnny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por intermedio de su abogado, en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, señaló que: 1) La máxima autoridad ejecutiva del referido ente municipal, carece de legitimación activa en el presente caso, puesto que, si se toma como hecho vulnerador de derechos a la Resolución jerárquica, el mismo, no participó en el proceso administrativo; por lo que, no se puede acusar que hubiese vulnerado derechos fundamentales; y, 2) En este caso, existen hechos controvertidos, toda vez que los accionantes solicitaron el cumplimiento de una Ordenanza Municipal, constituyendo una pretensión de fondo expuesta en el petitorio de la acción de amparo constitucional, siendo que las coordenadas establecidas en dicha norma no coinciden con la de los predios de la parte impetrante de tutela, no habiéndose transgredido el debido proceso, ya que, en la resolución del recurso jerárquico, se explicó a detalle el procedimiento correcto para iniciar un nuevo proceso de expropiación. María Andrea Daza Justiniano, Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por intermedio de sus abogados, en la audiencia de consideración de esta acción tutelar señaló: i) La “Resolución administrativa 32”, se manifestó sobre los puntos establecidos en el recurso de revocatoria, como establece la normativa, siendo el motivo del rechazo, una cuestión básicamente técnica que se encuentra respaldada por el gráfico y la imagen que se acompañó en la referida resolución administrativa; ii) No es evidente que no se hubiese realizado un análisis objetivo de la Ordenanza municipal, puesto que el mismo, se encuentra contenido no solo en la Resolución ahora cuestionada, sino desde el conocimiento previo que se tuvo del trámite; vale decir, desde las solicitudes iniciales; iii) En el criterio técnico de la Secretaría Municipal hoy demandada, las coordenadas que son susceptibles del proceso de expropiación se encuentran al norte conforme se tiene establecido en el gráfico y todas las respuestas que se otorgaron al accionante; iv) Mediante Ordenanza Municipal 58/92, se dispuso una expropiación pero en la parte oeste del cuarto anillo, que afectó a los predios de la familia Lavayen, dicha Ordenanza Municipal posteriormente fue dejada sin efecto, emitiéndose otra en 1995, en virtud de la cual sí se le pagó una parte que corresponde a la expropiación dictada en dicha ordenanza municipal, vale decir, no tendría sentido que una ordenanza de 1992 dispusiera la expropiación de todo el cuarto anillo y una expropiación posterior del año 1995 volviera a disponer la expropiación en una zona que también se encuentra dentro del cuarto anillo; v) La idea no es precisamente decirles a los hoy accionantes que no se va atender en su petición, sino, simple y sencillamente que la obra que se hubiera ejecutado en el cuarto anillo ubicado en la zona oeste de la ciudad no corresponde dentro de la Ordenanza Municipal 034/92; explicación que fue expuesta en todas las etapas del procedimiento administrativo; y, vi) No existe vulneración de los derechos señalados por los impetrantes de tutela, dado que, bajo el criterio precisamente técnico –ya expresado– se analizó y mencionó en todos los documentos emitidos por el citado Gobierno Municipal, el departamento de expropiaciones solicitó a los ahora accionantes que en lugar de presentarse y peticionar el pago de una indemnización, en virtud de una Ordenanza Municipal que técnicamente no tiene alcance a los predios de los impetrantes de tutela, presenten su solicitud y demuestren sobre la afectación realizada por la obra ejecutada.
Richard Colodro Morales, en la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, señaló que: a) Realizo el Informe en razón a que fue nombrado “Amicus Curiae de la Corte”, para aclarar algunos datos técnicos a los Vocales de la Sala Constitucional, referentes a un área sobre el Cuarto Anillo donde se realizó un trabajo de medición de los terrenos de la familia Lavayen; b) De los datos cursantes en el expediente, se realizó la interpretación en base a las coordenadas reflejadas en el sistema OTPR, como establece la Ordenanza Municipal 034/92, el predio de la familia Lavayen se encuentra afectado en el ancho de los 60 metros, de lo que indica la ordenanza; que viene a ser el eje del Cuarto Anillo, 30 metros a la derecha y 30 metros a la izquierda; y, c) Por la imagen satelital, actualmente el área se nota desde la avenida Roca y Coronado y viene a ser esta intersección hacia el lado norte, hasta lo que es la Quinta Municipal, así se ve a simple vista, y si se pone las coordenadas del predio que se proporcionó en el expediente, se advierte claramente la afectación, donde actualmente existe un canal, existen aceras peatonales, existe un pavimento en el cuarto anillo, y esta es una calle pavimentada, por lo que los predios de la familia Lavayen, estarían afectados por la Ordenanza Municipal 034/92, observándose la construcción de aceras peatonales, pavimentos rígidos y canal de drenaje en el área.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución 161/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 927 vta., a 955 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la RA SEMPLAD 032/2023, debiendo dictarse una nueva Resolución, enmarcándose en los fundamentos y plazos señalados en el fallo constitucional; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Existe vulneración al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, de la lectura de la RA SEMPLAD 32/2023, que resuelve el recurso jerárquico de 13 de julio de 2023, se evidencia que no se consideró que el Auto Supremo 561/2015-L, dio lugar posteriormente a la SCP 0968/2016-S2 de 7 de octubre, que estableció que el derecho de propiedad de los accionantes no está del todo negado o vulnerado en el Auto Supremo 561/2015-L, porque indicó que se acuda a la vía administrativa, dando a entender que en la propiedad de los hoy impetrantes de tutela, actualmente hay un drenaje y una avenida, lo cual también fue ratificado por el perito presentado por los solicitantes de tutela y el amigo de la Corte convocado por el Tribunal de garantías, que acudió en representación de la Sociedad de Ingenieros, habiendo el mismo establecido que el predio mensurado existe y se encuentra sobre el cuarto anillo y la avenida Roca y Coronado, y que también se evidencia la construcción de obras públicas en el área del predio mensurado, como ser acera peatonal con pavimento rígido y canal de drenaje pluvial que son de dominio municipal; 2) Se puede advertir que las autoridades demandadas, no consideraron lo señalado en la SCP 968/2016-S2, habiendo en consecuencia rechazado el trámite de los ahora solicitantes de tutela, no habiendo la resolución jerárquica restituido los derechos de los ahora accionantes, en el entendido de que se rechazó su petición, sin haber iniciado siquiera el trámite pertinente como se manifestó en la audiencia de consideración de la acción de defensa, la tramitación normal es que se solicite a las diferentes unidades del ente municipal la información pertinente para tomar la decisión y la calificación del procedimiento, bajo el principio de informalismo, así como también el de verdad material y de buena fe; 3) Al no haberse seguido el debido procedimiento, se trastocó los derechos fundamentales de los accionantes, que están vinculados con el derecho fundamental a la propiedad privada; 4) Conforme lo señalado por el representante del Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, y teniendo en cuenta que la Ordenanza Municipal 04/92, estableció en sus arts. 4 y 5, que el Órgano Ejecutivo municipal imprima la mayor celeridad posible al procedimiento de expropiación y que el Ejecutivo del ente municipal y las oficinas mayores técnicas administrativa quedan encargadas del cabal cumplimiento de dicha ordenanza; enmarca el contexto, por el que, el Ejecutivo Municipal debe dar cumplimiento a lo desarrollado por parte del Tribunal de garantías a efectos de hacer el seguimiento necesario, teniendo en cuenta que los ahora impetrantes de tutela, por el tiempo transcurrido, son personas adultas mayores y por ende, sujetos de protección reforzada; 5) En audiencia se demostró por el perito ofrecido, así como por la prueba aportada por los accionantes y la conclusión realizada por Amicus Curiae, cuál es el perímetro del cuarto anillo en su totalidad y qué se entiende por las áreas circundantes del cuarto anillo y cuáles son las coordenadas relevantes que visualizan el cinturón denominado cuarto anillo o su perímetro, evidenciando que en dicha área se encuentra la propiedad de la familia Lavayen, existiendo de manera indubitable la construcción de un canal de drenaje y avenidas pavimentadas sobre ese predio; y, 6) Entendiendo que sobre los predios de los ahora solicitantes de tutela se encuentran construidas obras municipales, el Alcalde Municipal, en razón a que la Ordenanza Municipal 034/92 expresa y encarga a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) que cumpla y ejecute en su integridad la misma, debe tomar en cuenta que si no existe un plazo prudencial dentro de su estructura orgánica procesal, debe acudir a lo previsto por el art. 71 inc. g) del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, debiendo pronunciarse respetando los plazos otorgados; toda vez que, los hoy accionantes no han obtenido una justicia rápida, pronta y oportuna.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta Fotocopias de Cédula de Identidad de los ahora accionantes que acredita que al presente, Jaime Eduardo y Luis Alberto, ambos Lavayen Amelunge, cuentan con 67 y 77 años de edad, respectivamente (fs. 7 y 8). Cursa Ordenanza Municipal 034/92 de 27 de agosto de 1992; por la que, el II.2. Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, declaró de utilidad pública e interés social, las áreas circundantes al cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en toda su extensión, para la ejecución de obras de pavimentación y drenaje, conforme a especificaciones técnicas, planos y programas aprobados, estableciendo además, que con esa finalidad, serán expropiadas las superficies comprendidas en el área de terreno de 60 metros, 30 metros a la izquierda y 30m metros a la derecha del eje del cuarto anillo, así como las construcciones y mejoras existentes, dentro las coordenadas señaladas en dicha ordenanza municipal, instruyendo al Órgano Ejecutivo Municipal, imprimir la mayor celeridad posible en el procedimiento de expropiación, quedando dicha instancia y las Oficialías Mayores Técnicas y Administrativas encargadas del cabal cumplimiento de dicha Ordenanza Municipal (fs. 326 a 328). II.3. Mediante Nota OF. EXT. DOU-DU 0621/2012 de 28 de noviembre, en respuesta a una solitud de informe presentada por los ahora accionantes, la Sección de Diseño Urbano, dependiente del Departamento de Ordenamiento Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, certificó que, verificadas las coordenadas de la copia del plano de Registro Topográfico 1280 de 12 de marzo de 1993, presentado a nombre de Luis Lavayen Jauregui y Boris Yaksic Ostoic, con Revisión Topográfica de 9 de marzo de 1993, se pudo verificar que ploteadas las coordenadas en el plano de Santa Cruz de la Sierra, el área ocupada por el cuarto anillo y la av. Roca y Coronado (Radial 20), es de aproximadamente 17 476,5267 m (1,7477 ha) de la superficie presentada de 15,0960 ha (fs. 619). II.4. Por memorial presentado el 7 de julio de 2022, dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, los hoy impetrantes de tutela, se apersonaron ante dicha autoridad y solicitaron el pago de indemnización por afectación de terrenos privados (fs. 606 a 612 vta.). II.5. Mediante Resolución Técnica DOT 24/2023 de 10 de mayo, la Directora de Ordenamiento Territorial y la Jefa de Departamento de Expropiaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, rechazaron en todas sus partes lo solicitado por la parte ahora accionante respecto al pago de indemnización por afectación de terrenos privados, pretensión sustanciada en el trámite de 7 de julio de 2022, signado con D.G.M. 1226394 y Diamante 1122/22; bajo el argumento de que el predio con Matrícula computarizada 7.01.1.99.0007758, no fue afectado por ninguna Ordenanza Municipal ni por Ley Autonómica (fs. 425 a 437). II.6. A través de la Resolución Técnica DOT 31/2023 de 5 de junio, el Director de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, resolvió el recurso de revocatoria formulado por los hoy impetrantes de tutela contra la Resolución Técnica DOT 24/2023, confirmando en forma total el fallo impugnado (fs. 419 a 424). II.7. Por memorial presentado el 16 de junio de 2023, los ahora accionantes, formularon recurso jerárquico contra la Resolución Técnica DOT 31/2023; que fue resuelto la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante Resolución Administrativa (RA) SEMPLAD 032/2023 de 13 de julio, confirmando el fallo confutado (fs. 408 a 418 y 570 a 579 vta.). II.8. A través del Folio Real de 17 de agosto de 2023, con Matrícula computarizada 7.01.1.99.0007758, se tiene acreditado el derecho propietario de Luis Lavayen Jáuregui, sobre un bien inmueble ubicado en la prolongación Av. Landívar y Carlos Rodríguez Rivas, con una superficie restante de 17 375.05 m, denominada “La Madre”, zona oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; habiendo acreditado los ahora accionantes, ser herederos de Luis Lavayen Jáuregui, por medio de declaración de herederos sustanciada ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Sexto del departamento de Santa Cruz (fs. 75 a 85 y 359 a 361). II.9. Consta Informe Técnico Pericial de parte, de 5 de septiembre de 2023, elaborado por René Ortuño Aguilar, Ingeniero Agrimensor (perito), presentado por los hoy solicitantes de tutela, en la presente acción de amparo constitucional; concluyendo que, “De acuerdo al trabajo de campo y apoyados con imágenes satelitales, y lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 034/92 concluyo y puntos de la pericia evacuados en el presente informe, certificó que el predio ubicado en la U.V. 55-A, con una superficie de 17.375.05 metros2, registrado bajo matrícula 7.01.1.99.0007758, propiedad de Luis Lavayen Jáuregui, denominada La Madre, zona Oeste, como se evidencia del Folio Real emitido por Derechos Reales que nos permitimos adjuntar, se encuentra en el cuarto anillo y de acuerdo al estudio topográfico realizado en campo el día de la fecha, se encuentra sobre la propiedad particular mencionada, le ejecución de pavimento y se de determina que el predio existe, y tiene una afectación de una superficie de 18 332.47m por obras de uso público, de domino enteramente municipal como ser: Canal de drenaje, calle pavimentada y aceras peatonales, como se evidencio en las imágenes mostradas” (sic [lo resaltado nos pertenece]) (fs. 337 a 347). II.10. Cursa Informe Técnico de 12 de octubre de 2023, presentado ante la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el Amicus Curiae, posesionado en la presente acción de amparo constitucional, por los Vocales de la referida Sala Constitucional, el 5 de igual data, con la finalidad de proporcionar a las mencionadas autoridades constitucionales, datos técnicos referentes al área del cuarto anillo de circunvalación al lado oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se realizó un trabajo de medición para ubicar el predio de la familia Lavayen, que fue afectada por la Ordenanza Municipal 034/92; concluyendo que: i) El predio mensurado existe y se encuentra sobre el cuarto anillo y la avenida Roca y Coronado; ii) De acuerdo al plano topográfico que cursa en el expediente y que fue levantado en campo, se determina una afectación de una superficie de 18 332,47 m según se demostró en las imágenes contenidas en el informe técnico; iii) Se evidenció la construcción de obras públicas en el área del predio mensurado; entre ellas, una “…acera peatonal, calle con pavimento rígido y canal de drenaje fluvial, que son de dominio municipal” (sic); y, iv) “De acuerdo a la ordenanza 034/92 y la pericia técnica se infiere que la normativa municipal del año 1992 y los planes urbanísticos que la misma establece, la declaratoria de necesidad pública toda él aérea circundante al 4 anillo en toda su extensión fue realizada. Luego con esa finalidad se instruye expropiar: Las superficies de terrenos Y las construcciones y mejoras existentes en todo el cuarto anillo en toda su extensión. Las coordenadas que están referenciadas son para las construcciones y mejoras que existían en ese año 1992 en esa zona de acuerdo al desarrollo de esa época., así como a los datos y documentos arrimados al proceso revisado” (sic [fs. 956 a 962]).
La parte accionante consideran lesionados sus derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; a la propiedad y a la indemnización por expropiación, así como el debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; toda vez que, las autoridades demandadas, dentro del procedimiento administrativo de pago por afectación de terrenos privados, signado como “DIAMANTE 1122/22, Tramite D.G.M. 1226394”, que iniciaron ante el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emitieron las Resoluciones Técnicas DOT 24/2023 y DOT 31/2023, obviando realizar el análisis jurídico, manteniendo la lesión de sus derechos con la RA SEMPLAD 032/2023 (de última instancia), que rechazó in límine su pretensión, remitiendo su caso a la vía ordinaria para que se resuelva en proceso de reivindicación, cuando la única vía para dilucidar el pago de indemnización es la vía administrativa, tal como estableció el Auto Supremo 561/2015-L y la SCP 0968/2016-S2; habiéndose incluso demostrado que el terreno expropiado del cual se pide la indemnización, está dentro del cuarto anillo de circunvalación, que se declaró de utilidad pública, y que la vía para procesar el pago del justiprecio es la administrativa municipal; no existiendo en el referido fallo, fundamentación que ampare su decisión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), dispone que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Norma que dispone, el derecho a que los Estados garanticen a todos sus ciudadanos el acceso a la justicia, a objeto de que sus derechos sean protegidos y tutelados si corresponde, pudiendo estos acudir ante las autoridades ya sean administrativas o jurisdiccionales (jueces, vocales o magistrados).
Asimismo, el art. 25.1 de la misma convención, respecto al acceso a la justicia dispone: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, de dicha norma que forma parte de bloque de constitucionalidad, se concluye que el derecho de acceso a la justicia, no se limita solo a la posibilidad o facultad de acudir ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas para buscar la tutela de los derechos que podrían estar siendo afectados; sino también abarca y tiene relación con el derecho de impugnación, pues cualquier medida que imposibilite o dificulte a hacer uso de los medios de impugnación reconocidos por la Ley y la Constitución Política del Estado, constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, pues dicha restricción impediría que determinada resolución pueda ser revisada por una autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa. Toda vez que, uno de los fines del Estado es materializar el principio de armonía social a través de la resolución efectiva de los conflictos suscitados entre sus ciudadanos, el derecho de acceso a justicia viene a constituir uno de sus pilares fundamentales, siendo que para lograr la solución o tutela judicial efectiva de los conflictos, el Estado primero debe poner a disposición de sus ciudadanos, mecanismos de tutela a sus derechos, a través de políticas que faciliten el acceso a la justicia y el uso efectivo de recursos de impugnación. En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en el art. 115.I de la CPE, cuando señala lo siguiente: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, pues sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz ni ejercer sus derechos, razón por la que a través de los citados preceptos normativos constitucionales y supraconstitucionales, se garantiza el derecho que tienen todos los individuos a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y tutelen sus derechos; suprimiendo la posibilidad de que se niegue el acceso a la justicia por cuestiones o aspectos económicos, sociales o políticos, pues a través de este derecho se garantiza la igualdad de condiciones para que los ciudadanos puedan acudir ante las jurisdicciones correspondientes en sus diferentes instancias y solicitar la tutela de sus derechos. En este marco, se puede también señalar, que a partir de los elementos constitutivos del derecho de acceso a la justicia, éste, no sólo implica la opción de presentar el conflicto ante los tribunales, sino sobre todo, la posibilidad de obtener una resolución que sea cumplida y ejecutada por la autoridad jurisdiccional; criterio desarrollado SCP 1898/2012 de 12 de octubre, señaló: “En ese orden de ideas, siguiendo la normativa señalada, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”.
La motivación y fundamentación entre otros, son elementos que componen el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional y deben ser observados por las y los juzgadores al momento de emitir sus resoluciones; es en este sentido, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, refirió que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso…”. Asimismo, la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero, al respecto señaló: “En cuanto al derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, este se constituye en la garantía del sujeto procesal, de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió”. Ahora, si bien la motivación y la fundamentación son elementos de obligatoria existencia y cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, esto no implica que su desarrollo sea ampuloso en cuanto a sus consideraciones y citas legales, sino, debe existir una estructura explicativa de forma y de fondo, pudiendo ser concisa y clara, de modo que se entiendan satisfechos todos los puntos reclamados por quien demanda o impugna, pues en una resolución debe existir la posibilidad de identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida; es en aplicación de dicho razonamiento que la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, señaló que: “Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. Acotando a este criterio, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, señaló: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. Otro de los elementos, que hacen al debido proceso es el principio de congruencia, expresado en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, que señaló lo siguiente: “...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En el mismo sentido, este Tribunal, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. Dichos precedentes jurisprudenciales resaltan la importancia que tiene el deber de las autoridades jurisdiccionales, de motivar y fundamentar sus resoluciones; en virtud a que a través del cumplimiento de dichos componentes del debido proceso, lo que optimiza un adecuado ejercicio del derecho a la defensa en favor de partes; también constituye un elemento que permite analizar y controlar de manera eficaz el desempeño de las funciones jurisdiccionales, pues el deber de justificar las resoluciones a través de la motivación y fundamentación configurando una estructura de hecho y de derecho, permite dar a conocer a las partes respecto al por qué de una determinada decisión y los alcances que tiene dicha decisión respecto a un determinado reclamo o a una pretensión formulada; aspecto este último, que tiene relación con el deber de garantizar el principio de congruencia, dado que la motivación y fundamentación de la resolución debe enmarcarse en lo pretendido o solicitado por las partes. Elementos que sin duda, permiten además, que se realice un control efectivo por parte de las diferentes instancias y etapas del proceso, a través de los medios de impugnación que la ley reconoce.
El debido proceso se encuentra reconocido constitucionalmente como derecho, garantía y principio en los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); también fue establecido como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); el mismo que es entendido por la jurisprudencia constitucional, como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, así como los Convenios y Tratados Internacionales.
No obstante, dicho entendimiento inicial del debido proceso se limitaba únicamente a la faceta formal o adjetiva, desconociendo el ámbito sustantivo o material de los derechos, dejando de lado que, por imperio del art. 109.I de la CPE, todos los derechos reconocidos en la Ley Fundamental y el bloque de constitucionalidad son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, lo que hacía necesaria una tutela integral del debido proceso.
En ese sentido, la SCP 0683/2013 de 3 de junio, desarrolló la faceta sustantiva del debido proceso, señalando al respecto que: “…el debido proceso se configura como un estándar de justicia que en resguardo del principio constitucional de prohibición de ejercicio arbitrario de poder, en cuanto a las sentencias judiciales, asegura la prevalencia del principio de razonabilidad y por ende de los valores justicia e igualdad, para consolidar así el vivir bien en el Estado Plurinacional de Bolivia, razón por la cual, en teoría constitucional, se identifica al debido proceso sustantivo como 'una regla del equilibrio conveniente o de racionalidad de las relaciones sustanciales'. (…)
De acuerdo a lo señalado, se colige que en el Estado Plurinacional de Bolivia, la dimensión material del debido proceso en cuanto a sentencias judiciales, exige que éstas, sean justas y aseguren el valor igualdad, aspecto que las tornará razonables y respetuosas del bloque de constitucionalidad imperante, en ese contexto, la inobservancia de los valores plurales supremos por parte de sentencias judiciales, deberá ser tutelada a través de la acción de amparo constitucional disciplinada en el art. 128 de la CPE” (las negrillas nos pertenecen). Dicho entendimiento sobre el debido proceso sustantivo tiene directa vinculación con el principio de prohibición de ejercicio arbitrario de poder, que en el marco del nuevo modelo de Estado, vigente a partir de la actual Norma Suprema, se sustenta en una diversidad de principios estructurantes de todo el sistema normativo, como de todos los actos de la vida social, cuya característica principal es la vigencia plena de los derechos fundamentales individuales y colectivos, en el marco de un sistema jurídico plural destinado a consagrar el vivir bien como valor supremo del Estado; de manera que, el ejercicio de poder se encuentra condicionado a la estricta observancia de las normas del bloque de constitucionalidad imperante, el cual, no se encuentra compuesto únicamente por reglas jurídicas de rango supremo, sino también por principios y valores supremos destinados a la materialización del vivir bien como fin esencial del Estado, entre ellos, la igualdad, la justicia, la complementariedad, la dignidad, el respeto, el equilibrio, la reciprocidad y la justicia social, los cuales, a su vez, en el marco de la interculturalidad, se complementan con los valores ético-morales plasmados en el art. 8.1 de la Ley Fundamental, como el suma qamaña (vivir bien), el ñandereko (vida armoniosa) o el ivi maraei (tierra sin mal).
En el marco de lo precedentemente indicado, solo será razonable una decisión, sea esta judicial, administrativa o corporativa, cuando ella sea compatible con las reglas jurídicas supremas, así como los principios y valores comprendidos en la Ley fundamental y las normas del bloque de constitucionalidad imperante, entre ellos los valores de justicia e igualdad, presupuesto que se constituye precisamente en el límite objetivo a las decisiones arbitrarias o discriminatorias, contrarias al Estado Constitucional de Derecho.
Así, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, desarrollando la regla del equilibrio armónico con el bloque de constitucionalidad a través de la “razonabilidad cualitativa”, estableció que toda resolución debe responder a la estructura lógica de la norma jurídica, la cual está compuesta por los siguientes elementos esenciales: a) El supuesto de hecho, que es el conjunto de requisitos o condiciones establecidos en la norma y de cuyo cumplimiento se hace la producción de la consecuencia jurídica; b) La consecuencia jurídica, que son los efectos que se producen una vez cumplidos todos los requisitos o condiciones establecidas en la norma jurídica; y, c) El nexo o vínculo del deber ser, que une al supuesto de hecho con la consecuencia jurídica. Pues se debe tomar en cuenta que toda desviación normativa torna arbitraria la resolución, por disimilitud del supuesto de hecho con la consecuencia jurídica y los antecedentes facticos del caso, evidenciándose en estas circunstancias la irrazonabilidad del nexo o vínculo del deber ser y afectándose por tanto los valores supremos de justicia e igualdad.
Sobre la expropiación, la SCP 0993/2016-S3 de 22 de septiembre, citando la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “La norma consagrada por el art. 56 de la CPE reconoce el derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social y se la garantiza mientras el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Por su parte, la norma prevista por el art. 57 de la citada norma, reconoce el instituto jurídico de la expropiación, disponiendo que la misma se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. Ahora bien, el instituto de la expropiación reconocido por la Constitución, (…)
En ese sentido el art. 1 de la Ley de Expropiación (LE), dispone que: ̀Siendo inviolable el derecho de propiedad, no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie, a que ceda o enajene lo que sea de su propiedad para obras de interés público, sin que precedan los requisitos siguientes: 1º declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso competente para ejecutarla; 2º declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública; 3º justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse; 4º pago del precio de la indemnizaciónˊ. En ese marco, los preceptos subsiguientes de la Ley de Expropiación establecen las etapas de la misma y el marco procesal en el que deben desenvolverse las actuaciones tanto del propietario del bien a ser expropiado, como de la autoridad que ejecuta la obra y a la que corresponde seguir el trámite respectivo; de lo que se concluye que la expropiación de una propiedad privada está sometida a un procedimiento administrativo que se inicia con la declaración de necesidad y utilidad pública y culmina con el establecimiento del justiprecio y el pago de la indemnización al propietario; es decir, que existen obligaciones reciprocas que deben cumplirse para que se efectivice la expropiación. La jurisprudencia constitucional al respecto, se encuentra en concordancia con el texto constitucional y las normas legales expuestas, así la SC 1671/2003-R de 21 de noviembre, señala lo siguiente: ̀…si bien es cierto que, en el marco de la nueva concepción sobre los alcances de los derechos fundamentales, el Constituyente ha determinado una limitación al ejercicio del derecho a la propiedad privada, que se opera a través de la expropiación, no es menos cierto que, para la aplicación de esa limitación, ha establecido garantías a favor del titular del derecho limitado, las que se pueden resumir en lo siguiente: a) la expropiación sólo se realizará previa declaración solemne de la necesidad y utilidad pública, determinada por autoridad competente; b) el procedimiento se someterá a las disposiciones legales previamente establecidas; y c) la cesión del derecho propietario, así como la ocupación pública del bien expropiado, sólo se materializará previo pago de la justa indemnización’” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SCP 0542/2012 de 9 de julio, estableció que: “El ejercicio del derecho a la propiedad no es ilimitado, al contrario tiene ciertas restricciones de orden legal, en ese sentido, el art. 57 de la CPE, establece como límite, la expropiación, que se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa, disposición que guarda relación con la Ley de Municipalidades, que en su Título V referido a Patrimonio, Bienes Municipales y Régimen Financiero, Capítulo VII (Expropiaciones), art. 122 dispone: ̀I. Los Gobiernos Municipales están facultados para ejercer el derecho de expropiación de bienes privados mediante Ordenanza Municipal, dentro del ámbito de su jurisdicción, con sujeción a la Constitución Política del Estado y a lo establecido por la presente Ley. II. Las expropiaciones requieren de previa declaratoria de necesidad y utilidad pública previo pago de indemnización justa, mediante Ordenanza Municipal aprobada por dos tercios. En esta Ordenanza deberá especificarse con precisión el fin a que habrá de aplicarse el bien expropiado de acuerdo con los planes, proyectos y programas debidamente aprobados con anterioridad a la expropiación. Una vez concluido el trámite de expropiación, el Alcalde Municipal deberá informar al Concejo Municipalˊ. De acuerdo al art. 123, el monto de la indemnización o justiprecio por expropiación de bienes inmuebles urbanos, será el valor acordado entre partes o, en su caso, establecido por la autoridad competente, previo avalúo pericial. Las expropiaciones en el área rural requeridas por el Gobierno Municipal, para obras de Interés Social y Servicios Públicos, se regirán por la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. En ningún caso se aplicará la compensación con otros inmuebles de propiedad pública municipal. El parágrafo IV de esta disposición establece que el valor de todas las expropiaciones dispuestas por el Concejo deberá incluirse en el presupuesto municipal de la gestión correspondiente, como gasto de inversión”.
Al respecto, la SCP 0841/2017-S2 de 14 de agosto, precisó que: “…efectuando una integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las autorestricciones con relación a la valoración probatoria efectuada en sede ordinaria refirió ‘…respecto a la valoración de la prueba: «…la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 1) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 2) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); 3) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final». Entendimientos que mediante la indica Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se hubiera incurrido en errónea interpretación de la ley o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: «…en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. (…) No obstante lo expresado precedentemente, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que, en los casos en los cuales no se hayan observado y cumplido los presupuestos para que esta jurisdicción ingrese a la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria; de la valoración de la prueba y de la fundamentación, motivación y congruencia vinculada con ambas, y cuando de la revisión de antecedentes se advierta que la lesión a los derechos y garantías fundamentales sea grosera y evidente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dados los fines propios de la justicia constitucional, traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, podrá en revisión ingresar al análisis de la problemática planteada, aclarándose expresamente que esta, es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional, y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien, en párrafos precedentes, conforme establece la jurisprudencia emanada de esta instancia, se han establecido determinados presupuestos que deben cumplir a objeto de que la jurisdicción constitucional pueda revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, la valoración de la prueba, y la fundamentación, motivación y congruencia»’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El principio de verdad material es reconocido por el art. 180 de la CPE, que junto al principio de eficacia también establecido por la referida norma constitucional, establecen la obligación de las autoridades jurisdiccionales que imparten justicia en las distintas materias, de asumir las medidas y decisiones necesarias para llegar a la verdad material de los hechos y asegurar la efectividad del proceso, para que, el mismo cumpla con su finalidad de resolver el conflicto y de manera efectiva restablecer la armonía social (fin del estado) quebrantada a partir del problema jurídico que generó el litigio o proceso. Principios aplicables a todo tipo de procesos entre ellos los administrativos regulados por ley específica, así como por la Ley de Procedimiento Administrativo - Ley 2341. Sobre el principio de verdad material la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, señaló que: "El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad fáctica sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de las formas" (las negrillas nos pertenecen).
La SC 0713/2010-R de 26 de julio, precisó el siguiente razonamiento sobre la verdad material: “…abarca la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras). A su vez, la SC 0747/2010-R de 2 de agosto, refiriéndose a este principio, indicó: “Empero, siempre partiendo de un equilibrio, debe tenerse en cuenta que dicha autoridad o tribunal de garantías está supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para conceder o denegar la tutela, debe partir de la revisión y análisis de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego establecer la norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una determinación no sólo correcta sino justa” (las negrillas nos pertenecen); así también la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, refiere: “El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad fáctica sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de las formas” (las negrillas nos corresponden). En ese mismo sentido, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez” (las negrillas son nuestras). Se puede sostener entonces, que la verdad material busca la materialización del valor supremo “justicia”, procurando la realización de la justicia material como objetivo axiológico y último de la razón de ser del sistema judicial en general, el cual incluye no solo a la institucionalidad creada al efecto, sino también de las normas sustantivas que reconocen los derechos y las normas adjetivas destinadas a resolver los conflictos jurídicos suscitados en la sociedad. Por otra parte y complementando lo anteriormente dicho, se tiene al principio de prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, respecto al cual la SC 0897/2011-R de 6 de junio, estableció el siguiente razonamiento: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos. En este sentido, debe considerarse que la Constitución Política del Estado, en el art. 9 inc. 4), establece como fines y funciones esenciales del Estado, 'Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución'. En coherencia con dicha norma, el art. 13.I de la CPE, establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos. Por otra parte, el art. 196 establece que: 'El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales'. (…) no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales" (las negrillas nos pertenecen). En este contexto, la aplicación del principio de primacía del derecho sustantivo sobre el adjetivo cobra mayor relevancia en el ámbito constitucional, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el deber de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, por lo cual, a tiempo de emitir sus resoluciones debe buscar siempre la aplicación preferente del derecho material antes que el formal, conforme fue razonado en la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, que establece que el principio de justicia material o verdaderamente eficaz: “se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales” (las negrillas nos pertenecen).
La Constitución Política del Estado, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad que se encuentran dentro del grupo denominado “vulnerable”, y por tanto de protección reforzada en sus arts. 67 al 69, reconociendo los derechos de los adultos mayores y garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana, a través de una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales.
En tal sentido, la SC 0989/2011-R de 22 de junio, estableció: “Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ”acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado” (las negrillas son nuestras).
De igual manera la SCP 0307/2019-S4 de 29 de mayo, señaló que : “Abordar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas adultas mayores, implica el reconocimiento de las facultades y potestades de las que éstas gozan para desenvolverse en un ámbito de igualdad de oportunidades y con condiciones que les garantice la calidad y calidez de una vida digna y sin discriminación ni actos de violencia. La Constitución Política del Estado, en sus arts. 67 al 69, reconoce los derechos de los adultos mayores, garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana.
Así la SCP 1567/2013 de 16 de septiembre, en cuanto a la protección constitucional de los derechos del adulto mayor, señaló que: “El art. 1 de la CPE, establece que: «Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…», en este sentido, la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona, así la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, citando a la SC 1017/2002-R de 21 de agosto, señalando que: ‘…según la doctrina el derecho a la igualdad es la potestad o facultad que tiene toda persona a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común - la racionalidad y la dignidad - y los méritos particulares; es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición…’.
Ahora bien, bajo el razonamiento precedentemente referido, permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que: ‘el principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciada’ (SCP 0292/2012 de 8 de junio), concordante con el art. 67.I de la CPE, que indica: ‘Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana’. En el nuevo orden constitucional, se va profundizando la incorporación y aplicación de políticas a favor de sectores vulnerables que formalmente, son iguales respecto del resto de las otras personas, pero al encontrarse materialmente en desventaja dentro de nuestra realidad social, por varias situaciones requieren protección reforzada por parte del Estado, traducidas en diversas acciones afirmativas y coherentes con el valor justicia; en tal sentido la jurisprudencia constitucional, refiere que: ‘… la protección constitucional reforzada de los derechos de las personas pertenecientes a sectores en condiciones de vulnerabilidad es la igualdad en su múltiple dimensión, valor-principio-derecho, fuertemente proclamada en el nuevo orden constitucional, que debe ser comprendida en sus dos vertientes: La igualdad formal e igualdad material, que se hallan complementadas, compatibilizadas y conciliadas en el texto constitucional’ (SCP 0846/2012 de 20 de agosto). Así también para dichos sectores en situación de vulnerabilidad la SCP 0086/2012 de 16 de abril, señaló: ‘…procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la «igualdad» y la «justicia»
sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas’.
En consecuencia, del contenido expresado en la justicia constitucional respecto de las personas adultas mayores con sus particularidades y por estar expuestas a diferentes riesgos, cuentan con tutela reforzada constitucional, complementándose con los principios y valores del Estado Plurinacional, referente en concreto al principio de dignidad y la realidad de los adultos mayores, recordando que mientras más edad tenga una persona es más propensa al abandono por su familia; hecho que convoca al Estado a disminuir ese penoso escenario, proporcionando la protección requerida, traducidas en políticas públicas, desde luego que también la sociedad debe generar mayor espacio y oportunidad de participación, según sus características pero ante todo revitalizando los conocimientos que tan ampliamente tienen, asumiendo actitudes en torno a la concepción cíclica de la vida” (las negrillas pertenecen al texto original).
Asimismo, la SCP 0998/2014 de 5 de junio, agregó que: “Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandados”.
Los impetrantes de tutela, acusan la lesión de sus derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, a la propiedad y a la indemnización por expropiación, así como el debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; toda vez que, las autoridades demandadas, emitieron las Resoluciones Técnicas DOT 24/2023 y DOT 31/2023, obviando realizar el análisis jurídico, y manteniendo la lesión de sus derechos con la RA SEMPLAD 032/2023 (de última instancia) que rechazó in limine su pretensión, remitiendo su caso a la vía ordinaria para que se resuelva en proceso de reivindicación, cuando la única vía para dilucidar el pago de indemnización es la vía administrativa, tal como estableció el Auto Supremo 561/2015-L y la SCP 0698/2016-S2; habiéndose incluso demostrado que el terreno expropiado del cual se pide la indemnización, está dentro del cuarto anillo de circunvalación, que se declaró de utilidad pública, y que la vía para procesar el pago del justiprecio es la administrativa municipal; no existiendo en el referido fallo, fundamentación que ampare su decisión.
Previo a ingresar al análisis del caso concreto, advertidos de que en la presente acción de defensa la parte solicitante de tutela no solo cuestiona la RA SEMPLAD 032/2023, sino también las Resoluciones Técnicas DOT 24/2023 y DOT 31/2023 emitidas en primera instancia del procedimiento administrativo de pago por afectación de terrenos privados, pidiendo se dejen sin efecto las mismas; se debe tener en cuenta, que esta jurisdicción no puede emitir pronunciamiento sobre las Resoluciones o actuaciones realizadas en primera instancia del proceso administrativo, puesto que la acción de amparo constitucional, no constituye una instancia o etapa recursiva adicional de examen de todo el proceso, esto en virtud a que en el mismo rige un sistema de impugnación vertical en el que cada fallo emitido tiene su recurso de revisión para denunciar los agravios que se podría ocasionar en la emisión de sus resoluciones de instancia; es decir, su revisión es de exclusiva competencia de las autoridades jurisdiccionales llamadas por ley, siendo en el presente caso que dicha labor de revisión correspondió a la autoridad jerárquica, quedando por lo tanto, limitada la intervención de la jurisdicción constitucional a analizar solo los reclamos de vulneración de derechos fundamentales que se hubiesen generado por la RA SEMPLAD 032/2023.
En relación a la problemática planteada, se denuncia la lesión de los derechos sus derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, a la propiedad y a la indemnización por expropiación, así como el debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; que en su contenido fundamental resultan interdependientes al debido proceso sustantivo y a la motivación; debido a que la autoridad demandada, al emitir la RA SEMPLAD 032/2023, que rechazó in limine su pretensión, determinando que corresponde a los impetrantes de tutela acudir a un proceso ordinario de reivindicación o iniciar nuevamente el proceso administrativo, sin exponer fundamento legal alguno que funde su decisión; por lo que, constituye una resolución incongruente, debido a que, pese haberse demostrado que el terreno expropiado del cual se pide el pago de la indemnización, que se declaró de utilidad pública y fue expropiado, está dentro del Cuarto Anillo de Circunvalación, y que la vía para procesar el pago del justiprecio es la administrativa municipal, se rechazó su solicitud de pago; afectando con tal determinación los derechos fundamentales denunciados así como al debido proceso.
Por otra parte, corresponde aclarar que si bien el representante del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, observó que la referida autoridad no tendría legitimación en este caso, porque el mismo no hubiese participado en el proceso administrativo en cuestión; se debe precisar que los ahora impetrantes de tutela, iniciaron la vía administrativa con la presentación de su memorial dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, peticionando el pago de indemnización por afectación de terrenos privados (expropiación); demanda que si bien se derivó para su trámite a la Dirección de Ordenamiento Territorial y el Departamento de Expropiaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que emitieron las resoluciones de primera instancia; se debe tener en cuenta que el art. 5 de la Ordenanza Municipal 034/92, que ordenó la expropiación objeto de análisis en este caso, prevé que el Ejecutivo del Gobierno Municipal y las Oficialías Mayores Técnicas y Administrativas, son las encargadas del cabal cumplimiento de la señalada Ordenanza; es decir, que dicha norma, al determinar la expropiación de los terrenos, respecto a los cuales los accionantes hoy reclaman el pago de justiprecio, es el Alcalde Municipal quien también tiene legitimación activa como representante del ente municipal demandado, que además ya hubiese ejecutado las obras de utilidad pública sin que se hubiese cumplido con el pago exigido por los solicitantes de tutela.
Realizadas las precisiones previas, corresponde ingresar a resolver el fondo del problema jurídico-constitucional propuesto por la parte accionante, a cuyo efecto se debe señalar que, conforme a las Conclusiones del presente fallo constitucional; los antecedentes que se tienen adjuntos al legajo constitucional y lo expuesto por las partes en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, se advierte que, mediante Ordenanza Municipal 034/92, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, declaró de utilidad pública e interés social, las áreas circundantes al Cuarto Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en toda su extensión, para la ejecución de obras de pavimentación y drenaje conforme a especificaciones técnicas, planos y programas aprobados, estableciendo además, que con esa finalidad serán expropiadas las superficies comprendidas en el área de terreno de 60 metros, 30 metros a la izquierda y 30 metros a la derecha del eje del Cuarto Anillo, así como las construcciones y mejoras existentes dentro las coordenadas señaladas en dicha Ordenanza Municipal, instruyendo al Órgano Ejecutivo Municipal, imprimir la mayor celeridad posible en el procedimiento de expropiación, quedando dicha instancia y las Oficialías Mayores Técnicas y Administrativas, encargadas del cabal cumplimiento de la referida Ordenanza Municipal.
Posteriormente, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante Nota OF. EXT. DOU-DU 0621/2012, en respuesta a una solitud de informe presentada por los ahora accionantes, por intermedio de su Sección de Diseño Urbano, dependiente del Departamento de Ordenamiento Urbano, certificó que, verificadas las coordenadas de la copia del plano de Registro Topográfico 1280 de 12 de marzo de 1993, presentado a nombre de Luis Lavayen Jauregui y Boris Yaksic Ostoic, con revisión topográfica de 9 de marzo de 1993, se pudo verificar que ploteadas las coordenadas en el plano de Santa Cruz de la Sierra, el área ocupada por el Cuarto Anillo y la Avenida Roca y Coronado (radial 20) es de aproximadamente 17 476,5267 m (1,7477 ha) de la superficie presentada de 15,0960 ha. Con ese antecedente, los hoy impetrantes de tutela, solicitaron al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el pago de indemnización por afectación de terrenos privados, pretensión sustanciada en el trámite de 7 de julio de 2022, signado con D.G.M. 1226394 y Diamante 1122/2022, resuelto por la Directora de Ordenamiento Territorial y la Jefa de Departamento de Expropiaciones, ambos del citado ente municipal mediante la Resolución Técnica DOT 24/2023, que rechazó su solicitud de pago; determinación que fue impugnada por los ahora impetrantes de tutela, mediante recurso de revocatoria, que mereció la Resolución Técnica DOT 31/2023, que confirmó en forma total el fallo recurrido; razón por la que los hoy accionantes, presentaron recurso jerárquico, que fue resuelto por la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de RA SEMPLAD 032/2023, que confirmó la resolución impugnada. En relación a lo antes anotado, se debe precisar que en lo principal de la problemática planteada por la parte ahora solicitante de tutela, se acusa la lesión de sus derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva; así como la transgresión debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia; derechos cuya lesión decantó en la afectación del derecho a la propiedad y a la indemnización por expropiación; identificando como acto lesivo de dichos derechos, a la RA SEMPLAD 032/2023, que rechazó in limine su pretensión, sin tener en cuenta que la única vía para dilucidar el pago de indemnización es la vía administrativa; y, utilizando un fundamento incongruente y contradictorio para asumir la decisión de confirmar la resolución impugnada en la instancia jerárquica. Consiguientemente, toda vez que en el presente caso, se identifica como el acto lesivo de derechos a la RA SEMPLAD 032/2023; a efectos de la resolución de fondo de esta causa, se debe precisar que de la revisión y análisis de dicho fallo, se advierte que, el mismo confirmó la determinación de rechazo de la pretensión de pago de indemnización por afectación de terrenos, citando como fundamento de su decisión, normativa referente al derecho de petición y el debido proceso, así como los principios del derecho administrativo municipal y sobre la impugnación en dicha vía; para luego en lo principal señalar que, las Resoluciones Técnicas DOT 24/2023 y DOT 31/2023 (esta última objeto del recurso jerárquico), concluyeron que los predios de los recurrentes, no se encontraban afectados al no estar ubicados dentro de las coordenadas descritas en la Ordenanza Municipal 034/92; indicando además, que la parte recurrente, debe seguir el procedimiento legal correspondiente para que, en caso de que se determine que el predio esté afectado, se pueda pasar por un proceso de expropiación, si los informes de las unidades técnicas dependientes del ente municipal, así lo determinan; concluyendo de esta forma que, las coordenadas solamente corresponden a las construcciones y mejoras, por lo que, no resulta procedente el pago del justiprecio. Ahora bien, a los efectos de la resolución de la presente causa constitucional, es preciso realizar las siguientes consideraciones.
Según se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.7. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la Constitución Política del Estado, consagra, garantiza y protege los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad que se encuentran dentro de los grupos denominados “vulnerables”, y por tanto, sujetos de protección reforzada en sus arts. 67 al 69, reconociendo los derechos de los adultos mayores y garantizando su vigencia a través políticas públicas definidas por el Estado, que tengan como finalidad la protección y resguardo de los mismos, creando las condiciones necesarias para que este grupo de personas que integran los grupos de atención prioritaria, puedan vivir con dignidad humana, a través de una vejez digna, con calidad y calidez humana; esto, permite la flexibilización de los rigorismos formales, cuando los derechos de los miembros del referido grupo sean contrastados en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que el principio favor debilis, les es aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, que obliga al Estado a través de todas sus institucionales a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra no se encuentra en igualdad de condiciones, situación que debe observarse en los casos de los grupos de atención prioritaria como los ya mencionados adultos mayores, que por su condición de desigualdad merecen un trato preferente, que permita nivelar y atender sus necesidades en todos los ámbitos de la vida en sociedad.
En este marco, de las fotocopias de las cédulas de identidad de los impetrantes de tutela, descritas en el apartado de Conclusiones II.1. del presente fallo constitucional, se advierte que los mismos cuentan al presente con 67 y 77 años y por consiguiente tienen la condición de adultos mayores; es decir, se encuentran dentro de los denominados grupos “vulnerables”, respecto de quienes el Estado tiene el deber ineludible de resguardar sus derechos con prioridad y preferencia, creando las condiciones necesarias para que puedan alcanzar una vida y vejez digna; por lo que, la denuncia de afectación de sus derechos por la falta de pago de justiprecio que no se hizo efectivo desde hace más 30 años, permite abstraer cualquier rigorismo formal e ingresar en la efectiva resolución de fondo de la problemática traída en la presente acción de defensa.
Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz
Si bien en atención a la doctrina de los autos restricciones, descritas en el Fundamento Jurídico III.5. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisdicción constitucional se halla impedida de ingresar en la revisión de la interpretación de la norma y la valoración de la prueba, a no ser que se hubieran cumplido con los presupuestos establecidos para tal fin; empero, cuando de la revisión de antecedentes se advierta que la lesión a los derechos y garantías fundamentales sea grosera y evidente, la jurisdicción constitucional, dados los fines propios de la justicia constitucional, traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos, podrá en revisión ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada, constituyendo esta, una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional.
En ejercicio de la referida facultad potestativa de la jurisdicción constitucional, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico III.6. de este fallo constitucional, toda autoridad que imparte justicia, en el análisis de la resolución del caso, debe ajustarse a la verdad material de los hechos, es decir, debe hacer prevalecer la verificación y el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de las formas; por lo que debe aplicar el principio de verdad material, que tiene por finalidad buscar la materialización del valor supremo “justicia”, procurando la realización de la justicia material; estando las autoridades constitucionales, supeditadas a este principio y al de certeza, lo cual implica que, para conceder o denegar la tutela impetrada, debe partirse de la revisión y análisis de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego establecer la norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una determinación no sólo correcta sino justa. En aplicación de estos entendimientos, y tomando en cuenta que en el presente caso se denuncia la lesión de derechos de personas adultas mayores conforme se tiene expuesto en el acápite precedente, este Tribunal considera conveniente para la eficaz resolución de la presente causa, revisar la prueba y antecedentes adjuntos a esta acción de defensa, así como la prueba producida por los Vocales de la Sala Constitucional, quienes designaron un Amicus Curiae a efectos de alcanzar la suficiente certeza sobre los asuntos objeto de debate, que les permita emitir una correcta y justa resolución de la problemática denunciada.
Consiguientemente, a efectos de ingresar en la resolución de fondo del problema jurídico constitucional sometido a revisión, resulta preciso efectuar una relación fáctica de los elementos sobresalientes que hacen al hilo conductor sobre el que habrá de llevar a este Tribunal a sustentar su decisión; enumerando y detallando toda la documental aparejada por las partes al cuaderno constitucional, entre la que igualmente habrá de considerarse la prueba producida en sede constitucional; detalle que será expuesta a continuación: a) Según se tiene descrito en el apartado de Conclusiones II.7. del presente fallo constitucional, conforme al Folio real con Matrícula computarizada 7.01.1.99.0007758, se tiene demostrado el derecho propietario de Luis Lavayen Jáuregui, de quien los ahora accionantes demostraron ser causahabientes por declaratoria de herederos, y por ende propietarios de un terreno ubicado en la prolongación Av. Landívar y Carlos Rodríguez Rivas, con una superficie restante de 17 375.05 m, denominada “La Madre”, zona oeste;
b) Mediante Nota OF. EXT. DOU-DU 0621/2012, la Sección de Diseño Urbano, dependiente del Departamento de Ordenamiento Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en respuesta a una solitud de informe presentada por los ahora accionantes, certificó lo siguiente: “…verificadas las coordenadas de la copia del plano de Registro topográfico 1280 de 12 de marzo de 1993, presentado a nombre de Luis Lavayen Jáuregui, con revisión topográfica de 9 de marzo de 1993, se pudo verificar que ploteadas las coordenadas en el plano de Santa Cruz de la Sierra, que el área ocupada por el cuarto anillo y la avenida Roca y Coronado (radial 20) es de aproximadamente 17 476,5267 m2 (1,7477 ha) de la superficie presentada de 15,0960 ha” (sic [el resaltado es nuestro]);
c) Por Informe Técnico Pericial de parte, de 5 de septiembre de 2023, elaborado por el Ingeniero Agrimensor Rene Ortuño Aguilar, se concluyó que: 1) De acuerdo al trabajo de campo con apoyo de imágenes satelitales, y lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 034/92, el predio ubicado en la U.V. 55-A, con una superficie de 17 375.05 m, registrado bajo Matrícula computarizada 7.01.1.99.0007758, propiedad de Luis Lavayen Jáuregui, denominada La Madre, zona Oeste, como se evidencia del Folio Real emitido por Derechos Reales que adjunta al informe, se encuentra en el cuarto anillo; y, b) De acuerdo al estudio topográfico realizado en campo, sobre la propiedad particular mencionada, se ejecutaron obras de pavimentado, determinándose por una lado que el predio existe, y, por parte, que tiene una afectación en una superficie de 18 332.47m, por obras de uso público, de dominio enteramente municipal como ser: canal de drenaje, calle pavimentada y aceras peatonales, como se evidenció en las imágenes adjuntas a la pericia; y, d) El 5 de octubre de 2023, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, posesionó al Amicus Curiae designado por la referida Sala con la finalidad de contar con mayor información técnica a efectos de mejor decidir; es así que, el personero antes mencionado, mediante Informe Técnico de 12 de octubre de 2023, informó que, respecto al área sobre el cuarto anillo de circunvalación a lado oeste, se realizó un trabajo de medición para ubicar el predio de la familia Lavayen, que fue afectado por la Ordenanza Municipal 034/92; concluyendo que: i) El predio mensurado existe y se encuentra sobre el cuarto anillo y la avenida Roca y Coronado; ii) De acuerdo al plano topográfico que cursa en el expediente y que fue levantado en campo, se determina una afectación de una superficie de 18 332,47 m; iii) Se evidenció la construcción de obras públicas en el área del predio mensurado; entre ellas, una “…acera peatonal, calle con pavimento rígido y canal de drenaje fluvial, que son de dominio municipal” (sic); y, iv) “De acuerdo a la ordenanza 034/92 y la pericia técnica se infiere que la normativa municipal del año 1992 y los planes urbanísticos que la misma establece, la declaratoria de necesidad pública toda él aérea circundante al 4 anillo en toda su extensión fue realizada. Luego con esa finalidad se instruye expropiar: Las superficies de terrenos Y las construcciones y mejoras existentes en todo el cuarto anillo en toda su extensión. Las coordenadas que están referenciadas son para las construcciones y mejoras que existían en ese año 1992 en esa zona de acuerdo al desarrollo de esa época, así como a los datos y documentos arrimados al proceso revisado” (sic). Ahora bien, de las pruebas antes identificadas, se tiene demostrado el derecho propietario de los hoy solicitantes de tutela, sobre 17 375.05 m, ubicados en la prolongación Av. Landívar y Carlos Rodríguez Rivas, superficie restante de la propiedad denominada “La Madre”, zona oeste; asimismo, se evidencia que en el presente caso y conforme expresaron las propias dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante la Nota OF. EXT. DOU-DU 0621/2012, existe una afectación de 17 476,5267 m, en los terrenos de los hoy impetrantes de tutela; por su parte, el informe pericial presentado por los solicitantes de tutela, concluyó que de acuerdo al estudio topográfico realizado en campo, sobre la propiedad particular de los hoy accionantes, se ejecutaron obras de pavimentado, determinándose por un lado que el predio sí existe, y, por parte, que tiene una afectación en una superficie de 18 332.47m, por obras de uso público; pruebas las antes mencionadas que adquieren mayor valor y eficacia, al ser coincidentes con el informe técnico presentado por el Amicus Curiae designado y posesionado por la Sala Constitucional, con la finalidad de obtener datos e información técnica imparciales, para mejor proveer en la resolución de la presenta causa, en cuya conclusión estableció que se tiene claramente identificado que la expropiación determinada por la Ordenanza Municipal 034/92, afectó a la propiedad de los accionantes, evidenciando además, que al presente, sobre los mismos, ya se ejecutaron obras públicas de pavimentado, construcción de drenajes y aceras peatonales.
034/92
Conforme se tiene desarrollado en el fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional, el art. 56 de la CPE, reconoce el derecho a la propiedad privada, cuyo ejercicio se garantiza mientras el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Por su parte, la norma prevista por el art. 57 de la citada Norma Suprema, reconoce el instituto jurídico de la expropiación, disponiendo que la misma se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa, vale decir, que este instituto de la expropiación está reconocido por la Constitución y está sometida a un procedimiento administrativo que se inicia con la declaración de necesidad y utilidad pública y culmina con el establecimiento del justiprecio y el pago de la indemnización al propietario.
En relación al procedimiento de expropiación, el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que, la expropiación de una propiedad privada se inicia con la declaración de necesidad y utilidad pública y culmina con el establecimiento del justiprecio y el pago de la indemnización al propietario; en este contexto, si bien es cierto que, esta figura constituye una limitación legal al ejercicio del derecho a la propiedad privada, no es menos cierto que conforme ya se manifestó, para la aplicación de esa limitación, se establecieron garantías a favor del titular del derecho limitado, que se pueden resumir en los siguientes: a) La expropiación sólo se realizará previa declaración solemne de la necesidad y utilidad pública, determinada por autoridad competente; b) El procedimiento se someterá a las disposiciones legales previamente establecidas; y, c) La cesión del derecho propietario, así como la ocupación pública del bien expropiado, sólo se materializará previo pago de la justa indemnización.
En el caso analizado, existiendo la certeza del derecho propietario demostrado por los hoy solicitantes de tutela, acreditado mediante Folio Real con Matrícula computarizada 7.01.1.99.0007758, así como por el informe pericial de parte y el elevado por el amicus curiae, es evidente que los terrenos en cuestión se encuentran dentro las coordenadas señaladas en la Ordenanza Municipal 034/92, sobre los que dichos informes señalaron, además, que ya se ejecutaron obras públicas de pavimento, drenaje y aceras peatonales; se puede concluir que las autoridades demandadas no cumplieron con el tercer presupuesto del instituto y procedimiento de expropiación, referido a que, previo a la cesión del derecho propietario y la ocupación del bien inmueble por el ente municipal a objeto de emplazar las obras públicas antes descritas, correspondía se cumpla con el pago de la justa indemnización (justiprecio), lo que no ocurrió, razón por la que incluso se advierte que el derecho propietario de la superficie de terreno en cuestión, según el folio real antes citado, aun se encuentra a nombre del padre de los ahora accionantes, del cual los mismos se declararon herederos; conforme se tiene evidenciado de los datos analizados a la luz del principio de verdad material; pese al transcurso de más de 30 años desde la emisión de la referida Ordenanza Municipal 034/92 y la afectación material de los terrenos de propiedad de los hoy impetrantes de tutela, el justiprecio correspondiente por la superficie cuya expropiación por necesidad y utilidad pública fue dispuesta por la institución municipal, continua al presente impago.
Omisión que resulta abiertamente lesiva a los derechos fundamentales de los ahora accionantes y que se mantiene latente desde entonces a la fecha y que, pese a las solicitudes de finalización del proceso de expropiación iniciado en 1992 a través del pago de la correcta indemnización, únicamente mereció la esquiva y arbitraria respuesta por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de que: primero, los terrenos no se encontrarían dentro de las coordenadas establecidas en la Ordenanza Municipal 034/92, lo cual fue desvirtuado tanto por el Informe Pericial presentado por los solicitantes de tutela, así como por el Informe aportado por el Amicus Curiae designado por la Sala Constitucional; y, finalmente, mediante la Nota OF. EXT. DOU-DU 0621/2012, emitida por el propio ente edil; segundo, que la referida Ordenanza Municipal, sólo dispuso la expropiación de áreas en las que existían mejoras o construcciones; extremo que también constituye una interpretación sesgada y distorsionada de la indicada norma municipal, puesto que la misma no solo ordenó la expropiación de mejoras y construcciones del área del cuarto anillo en toda su extensión, sino también todas las superficies circundantes, en dicho lugar; y, tercero, que corresponde a los impetrantes de tutela promover ante la instancia administrativa los trámites respectivos a efectos de que por las instancias técnicas del municipio se determine si los terrenos de su propiedad hubiesen sido afectados, para que de advertirse tal situación, los hoy peticionantes de tutela inicien nuevo proceso de expropiación.
Respuesta que este Tribunal, por la gravedad de los hechos considera transgrede no solo la razón jurídica, sino que rompe el esquema del Estado Constitucional de Derecho, pues el inconcluso proceso de expropiación que inició hace más de 30 años por disposición de la Ordenanza Municipal 034/92, emitida por el –ahora– Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, evidencia, que el referido ente municipal ejerció de manera arbitraria su poder como entidad estatal, ejecutando obras a partir de la determinación de expropiación contenida en la mencionada Ordenanza municipal, sin cancelar previamente el justiprecio a los propietarios, concretamente, a los hoy impetrantes de tutela; cuyos terrenos fueron destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y sociales a través de la ejecución de obras del ente edil como parte de sus obligaciones con la población, cuya afectación a su patrimonio, debió ser correcta y oportunamente indemnizada; sin embargo, como se ha evidenciado en el presente caso, la institución municipal se desentendió por más de 30 años de proceder con el pago del justiprecio por la extensión que les fue afectada a los accionantes, y que conforme se tiene del tenor de la Resolución SEMPLAD 032/2023, dictada por la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se pretende seguir incumpliendo, bajo argumentos pueriles y vacíos de toda explicación jurídica; fallo este, que evidentemente resulta lesivo de los derechos denunciados por los siguientes motivos:
Según se tienen desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este derecho se compone de 3 elementos: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución; 2) Lograr un pronunciamiento (Resolución) que solucione el conflicto o tutele el derecho; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho .
En este contexto, del argumento contenido en la RA SEMPLAD 032/2023, se advierte que si bien las autoridades municipales, confirmaron el rechazo de la pretensión del pago de justiprecio, por considerar que la propiedad de los ahora solicitantes de tutela no hubiese sido afectada por la Ordenanza Municipal 034/92, no es menos evidente que, también establecen que los hoy accionantes deberían acudir al procedimiento legal correspondiente, para que, en el caso de que las Unidades Técnicas del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra determinen si es evidente o no la afectación a sus terrenos, se inicie el respectivo trámite de expropiación.
Argumento expuesto por las autoridades ahora demandadas para rechazar la pretensión de pago de los ahora impetrantes de tutela y pretender que los mismos nuevamente inicien otro procedimiento administrativo de expropiación, que no tiene fundamento legal alguno; puesto que únicamente se basa en el criterio contradictorio e incongruente, de señalar que los terrenos no se encontrarían dentro las coordenadas establecidas por la Ordenanza Municipal 034/92; empero, mantienen la posibilidad de que las instancias técnicas del ente municipal determinen si dichos terrenos fueron o no afectados, para luego, iniciar un nuevo trámite de expropiación, cuando, conforme demandó la parte hoy solicitante de tutela, una vez aperturada la vía administrativa municipal, en este caso, debió enfocarse y resolver de forma definitiva sobre el pago del justiprecio por la afectación de sus terrenos como efecto de la indicada Ordenanza Municipal 034/92, permitiendo incluso a la misma parte, la posibilidad de acreditar su pretensión, si no existía certidumbre sobre la ubicación de sus terrenos y realizando los estudios técnicos necesarios para tal fin; resultando reprochable que el ente municipal mantenga una restricción con afectación al derecho propietario de los ahora accionantes por más de 30 años, retrasando la solución definitiva del pretendido pago de indemnización por afectación de terrenos (justiprecio), remitiendo a los recurrentes a otras instancias y nuevos trámites innecesariamente, cuando la resolución definitiva del caso, debió realizarse en el referido procedimiento administrativo, iniciado a partir de la emisión de la Ordenanza Municipal 034/92.
Por lo manifestado, es evidente que las autoridades municipales demandadas transgredieron el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en su segundo elemento; es decir, lograr un pronunciamiento de las autoridades competentes –en este caso el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra– que solucione el conflicto o tutele el derecho, es decir, defina y se pronuncie respecto al pago del justiprecio en contraprestación a la expropiación de terrenos de la que fueron sujetos por disposición de la Ordenanza Municipal 034/92; omisión que además, decantó en la vulneración conexa del derecho a obtener una justicia pronta y oportuna, debido a que tampoco se consideró que los ahora accionantes, por más de 30 años, continúan sin obtener una solución efectiva a su pretensión de pago de justiprecio por la afectación de sus terrenos como efecto de la señalada Ordenanza Municipal 034/92.
Se debe precisar que del análisis del contenido de la de la RA SEMPLAD 032/2023, se advierte claramente que la base de la determinación asumida para negar la solicitud de pago de justiprecio, radica en el argumento de que las resoluciones de primera instancia hubiesen determinado que el bien inmueble de los impetrantes de tutela, no se encontraría dentro las coordenadas establecidas en la Ordenanza Municipal 034/92, señalando que la misma haría solo referencia a las construcciones y mejoras en el área; empero, contradictoriamente, se establece que la parte hoy accionante, debe seguir el procedimiento legal correspondiente, para que las Unidades Técnicas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, determinen si sus terrenos fueron afectados, y de ser así, inicien el correspondiente proceso de expropiación.
En tal sentido, se advierte que si bien la Resolución hoy cuestionada, cita normativa referente al derecho de petición y el debido proceso, así como los principios del derecho administrativo municipal y el derecho de impugnación en dicha vía; la RA SEMPLAD 032/2023, no fundamenta ni sustenta en derecho el motivo por el que no acoge la pretensión de pago de los ahora accionantes, limitándose en su análisis a exponer una conclusión referencial, circunscrita a la reiteración de los argumentos contenidos en las Resoluciones de primera instancia, restringiendo su análisis a indicar que las Resoluciones Técnicas DOT 24/2023 y DOT 31/2023, establecieron que el predio en cuestión no recae dentro de las coordenadas establecidas en la Ordenanza Municipal 034/92, sin antes verificar por su parte, tal situación ni solicitar la elaboración de prueba técnica al respecto; reiterando la autoridad jerárquica, que los terrenos de los ahora impetrantes de tutela, no estarían dentro las coordenadas contenidas en el Ordenanza Municipal 034/92, y que dicha afectación solo haría referencia a construcciones y mejoras en el área de las coordenadas establecidas. Añadido a ello, la incongruencia de la referida determinación se hace igualmente evidente, en razón a que, pese a aseverarse que el bien inmueble de los hoy accionantes no se encontraría dentro las coordenadas establecidas en la indicada Ordenanza Municipal 034/92; empero, los solicitantes debían acudir nuevamente a la vía administrativa a objeto de que se realicen nuevos estudios técnicos que determinen la afectación o no de los terrenos en cuestión, y de ser el caso, iniciar nuevo proceso de expropiación, manteniendo de ese modo en suspenso, la resolución definitiva de la pretensión de pago de los hoy impetrantes de tutela.
Por lo que, la antedicha determinación, a los ojos de la justicia constitucional, según se tienen desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, resulta evidentemente una determinación arbitraria y desproporcional; por cuanto, las autoridades municipales demandadas, incumplieron con su deber de pronunciar un fallo congruente y fundado en derecho, así como con base en una estructura argumentativa que responda a la congruencia interna y externa que toda decisión debe contener; extremos que por los motivos y razones antes expuestos, es evidente la lesión de los derechos denunciados; no resultando desde ningún punto de vista razonable, que se pretenda someter a los accionantes, a probar su derecho al pago del justiprecio; cuando tal obligación que recae únicamente en la entidad municipal, siendo además un total despropósito, inducir a los solicitantes de tutela a iniciar un nuevo trámite de expropiación, cuando, conforme se tiene demostrado, existe uno que fue iniciado hace más de 30 años con la Ordenanza Municipal 034/92, que a la fecha permanece inconcluso y que, únicamente le corresponde cumplir en su última etapa, cual es la de proceder al pago de la indemnización y consolidar la transferencia del derecho propietario sobre el terreno en cuestión, al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, entidad ahora demandada.
Consiguientemente, la Resolución ahora cuestionada por los impetrantes de tutela, resulta lesiva al debido proceso sustantivo; toda vez que, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene directa vinculación con el principio de prohibición de ejercicio arbitrario de poder, que a partir del nuevo modelo de Estado, se sustenta en una diversidad de principios estructurantes de todo el sistema normativo, como de todos los actos de la vida social, cuya característica principal es la vigencia plena de los derechos fundamentales individuales y colectivos, en el marco de un sistema jurídico plural destinado a consagrar el vivir bien como valor supremo del Estado; de manera que, el ejercicio de poder se encuentra condicionado a la estricta observancia de las normas del bloque de constitucionalidad imperante, el cual, no se encuentra compuesto únicamente por reglas jurídicas de rango supremo, sino también por principios y valores supremos destinados a la materialización del vivir bien como fin esencial del Estado, entre ellos, la igualdad, la justicia, la complementariedad, la dignidad, el respeto, el equilibrio, la reciprocidad y la justicia social, los cuales, a su vez, en el marco de la interculturalidad, se complementan con los valores ético-morales plasmados en el art. 8.1 de la Ley Fundamental, como el suma qamaña (vivir bien), el ñandereko (vida armoniosa) o el ivi maraei (tierra sin mal).
En esa razón, solo puede entenderse como razonable un decisión cuando sea compatible con las reglas jurídicas supremas, así como los principios y valores comprendidos en la Norma Suprema y las normas del bloque de constitucionalidad imperante, entre ellos los valores de justicia e igualdad; en tal virtud, toda desviación de aplicación normativa o jurisprudencial, ya sea de manera incongruente o desproporcional, torna arbitraria la resolución, por disimilitud del supuesto de hecho con la consecuencia jurídica y los antecedentes fácticos, extremos a partir de los cuales se puede identificar irrazonabilidad del fallo puesto que llega a afectar los valores supremos de justicia e igualdad; situación que puede advertirse concurrió en la presente causa, puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no cumplió con el tercer presupuesto del instituto y procedimiento de expropiación, no habiendo procedido con la cancelación del justiprecio ni antes de la cesión del derecho propietario y ejecución de las obras públicas, ni menos al presente, pese a que, como se tiene ampliamente demostrado, desde que se dispuso la afectación de los terrenos de su propiedad a la fecha, transcurrieron más de 30 sin que el pago fuera efectivizado por causa entera y exclusivamente atribuibles al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Hechos que, sin duda configuran una actuación arbitraria y desproporcional en desmedro de los derechos de los ahora solicitantes de tutela; toda vez que, de lo ampliamente explanado en este fallo constitucional a la luz del principio de verdad material, conforme se expuso ampliamente en los acápites precedentes, se logró evidenciar que: i) Mediante Ordenanza Municipal 034/92, se declaró de necesidad y utilidad pública, las áreas del cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; ii) La Referida declaración, afectó los terrenos sobre los que los hoy accionantes acreditaron su derecho propietario, en los cuales ya fueron emplazadas por el ente municipal, obras de pavimento, drenaje y aceras peatonales; y, iii) Hasta el presente, a más de 30 años después de la declaratoria de necesidad y utilidad pública (que fue motivo de la expropiación de los terrenos) y de la ejecución de obras, no se cumplió con el pago del justiprecio correspondiente.
De ahí que la consecuencia jurídica de la decisión asumida de las autoridades municipales de rechazar la pretensión de pago de los ahora solicitantes de tutela y seguir manteniendo en suspenso indeterminado el mismo, al margen de no tener un justificativo legal, implica la prohibición arbitraria del ejercicio del derecho propietario de los ahora impetrantes de tutela; evidenciándose la clara transgresión del debido proceso sustantivo vinculado con las garantías de seguridad jurídica y legalidad.
Dicho de otra forma, el hecho de que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, haya rechazado de manera incongruente y sin fundamento legal la pretensión de pago de justiprecio de los impetrantes de tutela, dejando de lado la solución de fondo a la solicitud de pago por afectación de terrenos, sin efectuar el análisis en aplicación de la verdad material, manteniendo un actuar desproporcional y arbitrario, al no brindar una justicia eficaz pronta y oportuna, a los ahora accionantes quienes son personas adultas mayores, implica una vulneración evidente del debido proceso, que trae como consecuencia la lesión sistemática de los demás derechos cuestionados en el presente caso como el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva así como de propiedad privada; cuando como entidad estatal, haciendo uso de sus recursos, atribuciones y los mecanismos administrativos, le correspondía viabilizar el pago del justo precio adeudado por esa entidad a los hoy accionantes por más de 30 años. Puesto que, la Ordenanza Municipal 034/92, además de declarar de utilidad pública e interés social las áreas circundantes al Cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en toda su extensión para la ejecución de obras de pavimentación y drenaje, identificando las coordenadas a tal fin; ordenó que las personas afectadas, jurídicas o naturales, deberán acreditar sus derechos propietarios ante la Alcaldía Municipal, a efecto de iniciar el trámite para obtener la respectiva indemnización; asimismo y por tratarse de un proyecto de emergencia y de excepcional importancia, instruyó al Órgano Ejecutivo Municipal, imprimir la mayor celeridad posible al procedimiento de expropiación; quedando el Ejecutivo del Gobierno Municipal y las Oficialías Mayores Técnicas y Administrativa, encargados del cabal cumplimiento de la Ordenanza.
Por todo lo manifestado, corresponde que la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, emita nuevo fallo conforme prevén los arts. 4 y 5 de la Ordenanza Municipal 034/92, disponiendo el pago (Justiprecio) por la superficie de 17 375.05 m, cuyo derecho propietario fue acreditado con el respectivo folio real; debiendo para ello, una vez emitido el nuevo fallo jerárquico, tanto el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, como las autoridades del ente edil hoy demandado, cumplir con dicho pago para que opere la cesión o transferencia del derecho propietario en favor del ente municipal, como parte de la finalización del proceso de expropiación dispuesto en dicha ordenanza. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aplicó correctamente los alcances de la presente acción de defensa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 161/2023 de 12 de octubre, cursante de fs. 927 vta., a 955 vta., dictada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, sin efecto la la Resolución Administrativa SEMPLAD 032/2023 de 13 de julio; 2º Disponer que las autoridades demandadas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, pronuncien inmediatamente, nueva Resolución de manera motivada, fundamentada y congruente en el marco del debido proceso y el derecho a una justicia eficaz, pronta y oportuna, conforme a los lineamientos de forma y fondo establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° Ordenar que una vez emitido el nuevo fallo jerárquico, tanto el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, como las autoridades del ente edil hoy demandadas, cumplan con el pago del justiprecio, para que opere la cesión o transferencia del derecho propietario en favor del ente municipal, como parte de la finalización del proceso de expropiación dispuesto en la Ordenanza Municipal 034/92 de 27 de agosto de 1992, tantas veces mencionada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0734_2024-S4.pdf · páginas 1 a 43.
Huella digital del PDF (SHA-256): eeddae83b1a1f00585b6bc68a7104d00fc1294f2ea54854d9026d51a139554e4
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