Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de agosto de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, de acceso a la justicia y al debido proceso; puesto que, no se hubiese celebrado la audiencia virtual de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de 2022, ya que no pudo conectarse a dicha audiencia programada por motivos ajenos a su voluntad, percatándose que en dicho actuado procesal no contó con defensa técnica; por lo que solicitó la reprogramación de esa audiencia, solicitud que fue rechazada; y en consecuencia, formuló el recurso de corrección, el mismo que no fue resuelto hasta la interposición de esta acción de defensa, a pesar de encontrase detenido preventivamente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 16 de julio, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que de manera inmediata el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de 2022 o al Vocal que se encuentra a cargo, resuelva conforme a derecho el recurso de corrección interpuesto por el accionante, si es que la situación jurídica del nombrado no hubiese cambiado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0734/2024-S3 Sucre, 29 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49328-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 16 de julio, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Ticona Urquieta contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 15 de julio de 2022, cursante de fs. 11 a 13, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; mediante decreto de 6 de junio -se entiende de 2022- se programó audiencia pública de consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares para el 7 de igual mes y año; empero, en dicho decreto no se le designó un abogado defensor de oficio; instalada la citada audiencia por motivos ajenos a su voluntad no se pudo conectar a la misma; además que, en dicho actuado procesal no fue asistido por ningún abogado. Pidió la reprogramación de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental a través de memorial de 8 de junio de 2022, solicitud que fue rechazada por decreto de 9 de igual mes y año, ante esa determinación el 1 de julio de ese año, interpuso recurso de corrección señalando que el art. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el derecho a la defensa y el art. 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que todo imputado tiene derecho a la asistencia de un abogado, consagrándose así su derecho a la defensa técnica irrenunciable, lo que en su caso no se cumplió; sin embargo, dicho recurso no fue resuelto hasta la presentación de esta acción de libertad -transcurriendo más de dos semanas-, a pesar de encontrase detenido preventivamente.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, de acceso a la justicia y al debido proceso; citando al efecto los arts. 109.I, 115.I, 116.I, 119.I y II de la CPE.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que la Vocal ahora accionada resuelva de manera inmediata el recurso de corrección interpuesto, o en su caso, programe audiencia pública de consideración del recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Solicitó la cesación de su detención preventiva, cuya resolución fue recurrida en apelación y radicó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que se convocó a una audiencia virtual para considerar el recurso de apelación incidental; sin embargo, al encontrarse con detención preventiva no pudo conectarse a la referida audiencia; puesto que, dicha conexión no depende de su persona, siendo los funcionarios policiales quienes determinan si se conectan o no a la misma; b) Al no encontrarse presente en la citada audiencia su persona como su abogado, se consideró que desistió del recurso de apelación incidental formulado; empero, de la revisión del acta de dicha audiencia se evidenció que no fue asistido por un profesional abogado sea de oficio o del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); c) Para el recurso de corrección que interpuso pidió que se considere lo dispuesto por el art. 168 del CPP; que si bien no refleja de manera puntual un plazo para su tramitación, es posible aplicar un plazo por analogía, conforme al art. 251 del señalado Código; d) En más de un mes no se pudo celebrar la audiencia de consideración del recurso de corrección planteado; y, e) En audiencia de 7 de junio de 2022, ante la inasistencia de su defensa técnica, de oficio debió reprogramarse la misma y designarse un abogado de oficio o del SEPDEP.
Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 15 de julio de 2022, cursante a fs. 19 y vta., manifestó que su autoridad no presidió la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de igual año; por lo que carece de legitimación pasiva conforme a lo establecido en la “SC 0991/2002-R de 9 de julio”.
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -con la intervención del Vocal de su similar Segunda de la citada Sala Penal-, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 16 de julio, cursante de fs. 23 a 24, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) El abogado del accionante no justificó su imposibilidad material de constituirse al llamado de la autoridad judicial, situación que se encuentra enmarcada en el art. 88 del CPP que señala que por única vez el abogado o cualquier persona a su nombre pudiese justificar su impedimento material ante la autoridad judicial; por lo que, una negligencia propia no puede ser considerada como indefensión; 2) Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del referido Tribunal no fue accionado a través de esta acción de libertad; 3) No se presentó informe del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, que acredite desperfectos técnicos para conectarse a la audiencia programada de 7 de junio de 2022; a efectos de considerarse un saneamiento, se tendría que aparejar un documento que acredite la imposibilidad alegada; 4) Conforme al art. 49.III del Reglamento Ordenador aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, el recurrente que no se constituyere a fundar sus agravios de forma oral ante el Tribunal de alzada se declarará con la perención de su derecho; y, 5) No se pudo determinar la legitimación activa y pasiva en esta acción de defensa. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó al Tribunal de garantías que de acuerdo a la solicitud que hizo mediante esa acción tutelar, se pronuncie con relación a que la Vocal ahora accionada resuelva de manera inmediata el recurso de corrección que se interpuso. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías en cumplimiento al principio de transparencia, complementó la resolución disponiendo que en un plazo no mayor a veinticuatro horas se emita el correspondiente pronunciamiento, sea a partir de la debida notificación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 6 de junio de 2022, emitido por Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, a través del cual programó audiencia pública de consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal para el 7 de igual mes y año, a realizarse de manera virtual (fs. 2). II.2. Consta memorial presentado el 8 de junio de 2022, ante la Vocal hoy accionada, a través del cual Armando Ticona Urquieta -ahora accionante- solicitó la programación de nuevo día y hora de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental (fs. 3 a 4); escrito que mereció el decreto de 9 de igual mes y año, que indicó que debía estar a procedimiento, toda vez que, en audiencia de apelación solo es necesaria la presentación del abogado apelante por el principio de celeridad (fs. 5). II.3. Por memorial de 1 de julio de 2022, presentado ante la Vocal ahora accionada; el accionante interpuso recurso de corrección en aplicación del art. 168 del CPP, a efectos de que se programe nuevo día y hora de audiencia pública de consideración del recurso de apelación incidental (fs. 6 a 7).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, de acceso a la justicia y al debido proceso; puesto que, no se hubiese celebrado la audiencia virtual de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de 2022, ya que no pudo conectarse a dicha audiencia programada por motivos ajenos a su voluntad, percatándose que en dicho actuado procesal no contó con defensa técnica; por lo que solicitó la reprogramación de esa audiencia, solicitud que fue rechazada; y en consecuencia, formuló el recurso de corrección, el mismo que no fue resuelto hasta la interposición de esta acción de defensa, a pesar de encontrase detenido preventivamente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a su vez a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
La SCP 0066/2012 de 12 de abril, reiterando los razonamientos de las SSCC 0790/2010-R de 2 de agosto y 1094/2010-R de 27 de igual mes, señaló que, cuando la acción de libertad “…se dirige, por error, contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela, si se verificase lesión al derecho a la libertad personal. La aplicación del referido razonamiento, no es viable cuando la presunta lesión de restricción de libertad o su amenaza, hubiese sido dispuesta u ordenada, por una autoridad distinta a la demandada y que además no pertenezca a la misma institución o fuera de rango, jerarquía o atribuciones distintas que el demandado…”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, de acceso a la justicia y al debido proceso; puesto que, no se hubiese celebrado la audiencia virtual de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de 2022, ya que no pudo conectarse a dicha audiencia programada por motivos ajenos a su voluntad, percatándose que en dicho actuado procesal no contó con defensa técnica; por lo que solicitó la reprogramación de esa audiencia, solicitud que fue rechazada; y en consecuencia, formuló el recurso de corrección, el mismo que no fue resuelto hasta la interposición de esta acción de defensa, a pesar de encontrase detenido preventivamente.
Previamente a ingresar al fondo de la problemática planteada, se debe considerar lo manifestado por la Vocal ahora accionada en su informe presentado como efecto de la interposición de esta acción tutelar, donde señala que su persona no presidió la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de 2022, por lo que carecería de legitimación pasiva; sin embargo, se aclara que no cursa en antecedentes el acta de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; empero, se tiene que dicha audiencia fue celebrada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se puede flexibilizar la legitimación pasiva cuando por error se dirige una acción de libertad contra una autoridad diferente a la que causó la vulneración; cuando esta sea de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, extremo que se acomoda al presente caso; puesto que, si no fue la Vocal ahora accionada la que celebró la referida audiencia de consideración del recurso de apelación incidental del accionante, tuvo que conocerlo su similar de dicha Sala, siendo parte del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y que ostenta similar cargo e idénticas atribuciones a la Vocal hoy accionada; por lo tanto, es posible ingresar a analizar al fondo de la problemática planteada.
Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro un plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho.
En ese entendido, y toda vez que, se evidencia que el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto “…069/200 DE 25 DE MAYO…” (sic [fs. 3]) fue de conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que la Vocal ahora accionada a través del decreto de 6 de junio de 2022, programó audiencia virtual para considerar el citado recurso de apelación incidental para el 7 de igual mes y año (Conclusión II.1.); no obstante, no cursa dicho actuado procesal en antecedentes; sin embargo, de lo manifestado por el accionante y del informe emitido por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la mencionada Sala Penal (fs. 16) se establece que, en esa audiencia no se presentaron el accionante ni su abogado; siendo suspendida la misma; por consiguiente, el accionante a través del memorial de 8 de igual mes y año, solicitó a la citada Sala Penal nuevo día y hora de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, pedido que no fue aceptado (Conclusión II.2.), motivo por el que, el accionante mediante memorial de 1 de julio de 2022 interpuso recurso de corrección en aplicación a lo establecido por el art. 168 del CPP, con el propósito de que fije nuevo día y hora para sustanciar la referida audiencia (Conclusión II.3.); empero, el mencionado recurso de corrección no fue resuelto hasta el “presente” -se entiende hasta la interposición de esta acción de defensa-; por lo que la pretensión perseguida a través de esta acción de defensa es que se resuelva de manera inmediata el citado recurso de corrección para que pueda señalarse nueva audiencia de consideración del recurso de apelación incidental.
En ese entendido, existió demora en la resolución del recurso de corrección interpuesto por el accionante, desde el 1 de julio de 2022 -fecha de interposición- hasta el momento de presentación de esta acción de defensa -15 de igual mes y año-, transcurriendo más de medio mes; no obstante, el art. 168 del CPP no establece un plazo fatal; empero, determinó que debe ser atendido inmediatamente, más aún cuando dicho recurso fue presentado como un trámite del régimen de medidas cautelares, a través del cual el accionante pretendía que la autoridad judicial advertida de su error -la suspensión de la audiencia del recurso de apelación sin reprogramar a pesar de no contar en dicha audiencia con defensa técnica o la designación de un defensor de oficio o del SEPDEP- lo rectifique, señalando nuevo día y hora de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental contra una resolución que modificó o rechazó su medida cautelar, al encontrarse privado de su libertad. Dilación indebida, que implica un actuar negligente por parte del Vocal que celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de 2022, interpuesta por el accionante, debido a que vulneró el derecho a la libertad del nombrado vinculado al derecho al debido proceso; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 16 de julio, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que de manera inmediata el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 7 de junio de 2022 o al Vocal que se encuentra a cargo, resuelva conforme a derecho el recurso de corrección interpuesto por el accionante, si es que la situación jurídica del nombrado no hubiese cambiado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0734_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 43ba3ff92166f594646f87b36239655cd055fc75232fbc851db8f0e2bb439eae
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