Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 18 de diciembre de 2024
Concede la tutela
La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que el 14 de febrero de 2022 formuló solicitud de cesación a la detención preventiva, sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad, pese a que hicieron seguimiento, nunca se les notifico con el señalamiento de audiencia; el 18 del mismo mes y año, le informaron que la audiencia se suspendió y que debe presentar una nueva solicitud a través de escrito o memorial. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, d) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER en todo la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0734/2024-S1 Sucre, 18 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46023-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Lucio Jauregui Sempertegui en representación sin mandato de Luciana Regina Cagnola contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de febrero de 2022, cursante de fs. 3 a 6, la accionante por intermedio de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y otros, se encuentra con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, por tal razón, en diferentes oportunidades solicitó cesación a su detención preventiva que fue negada por distintas autoridades. Mediante memorial de 14 de febrero de 2022 solicitó nuevamente cesación a la detención preventiva, pero hasta la presentación de la acción de libertad, pese a que hicieron seguimiento, nunca se les notificó con el señalamiento de audiencia. El 18 del mismo mes y año, le informaron que la audiencia se habría suspendido y debe presentar una nueva solicitud, lo cual es inaceptable, porque la autoridad jurisdiccional demandada tiene la obligación de adoptar las acciones pertinentes para la efectivización del actuado, no limitarse a señalar la audiencia, sino resolver la solicitud dentro de parámetros de tiempo eficaces.
Considera lesionados su derecho a la libertad física y de locomoción; citando los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se restablezcan las formalidades legales y ordene a la autoridad demandada que en el plazo de cuarenta y ocho horas considere y resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia el 18 de febrero de 2022, según acta de fs. 15 a 17 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogado patrocinante, ratificó el contenido de la acción presentada; y, ampliándola manifestó que: a) Se le informó que la audiencia de cesación a la detención preventiva presuntamente se instaló y se suspendió por la falta de comunicación con el acto procesal a los sujetos procesales, que no cumplieron con la obligación de facilitar fotocopias para fines de las notificaciones, lo que resulta arbitrario, porque las notificaciones se las desarrollan virtualmente a través de la plataforma WhatsApp, por lo que no es necesario ir a pagar por las fotocopias, además, a tiempo de la presentación del escrito, los elementos de prueba fueron escaneados e ingresaron al sistema del órgano jurisdiccional y de esa forma también se desarrollan las notificaciones; y, b) La autoridad demandada, no debió exigir que se realice nueva solicitud de cesación mediante otro memorial al tratarse de su derecho a la libertad.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia informó: 1) Se presento la solicitud de cesación a la detención preventiva el 14 de febrero de 2022, señalándose audiencia para el 17 del mismo mes a horas 11:45 dentro de las cuarenta y ocho horas; 2) No se hizo seguimiento al memorial presentado con 241 fojas de pruebas; 3) El despacho no cuenta con fotocopiadora para poder sacar fotocopias de las 241 fojas de la prueba para remitir a la gestora, instancia que exige los documentos en fotocopias, los escanean y lo generan para subir al sistema, luego proceden a notificar, por ello, debe cumplirse el art. 112 del CPP; 4) Citó la SCP 0172/2015-S3 de 6 de marzo, que estableció sobre la indefensión provocada voluntariamente; y, 5) La audiencia se instalo y se suspendió debido a lo informado por el Secretario abogado, en sentido que la parte imputada no cumplió con el art. 112 del CPP respecto a las fotocopias de las pruebas, para remitir y generar las notificaciones a la gestora y proceda a notificar a las partes; por lo que solicita se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, concedió en parte la tutela solicitada, y en consecuencia se dispuso que la autoridad ahora demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación, fije nuevo día y hora de audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva a la parte accionante; bajo los siguientes fundamentos: i) El trámite de estas solicitudes debe ser con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales establecidos, configura trámite dilatorio cuando se incurre en tres situaciones identificadas por la SCP 0577/2018 de 1 de octubre, entre ellas, la falta de notificación con las solicitudes de cesación a la detención preventiva por no haberse dejado los recaudos para el sacado de fotocopias, este extremo debe ser debidamente demostrado, incluso solicitando la boleta extraordinaria al Consejo de la Magistratura o cumplir con las notificaciones de forma digital para garantizar el desarrollo de la audiencia; ii) La autoridad judicial no puede paralizar la prosecución de un proceso, ni la realización de la audiencia por circunstancias en las cuales se alegue la falta de provisión de los recaudos de ley, este hecho constituye un obstáculo a la celeridad en el trámite, más aun cuando se resuelve la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad; y, iii) Le corresponde a la autoridad judicial garantizar el desarrollo de la audiencia y la resolución del pedido que se realiza, en caso de suspensión de la audiencia por falta de notificación o por inasistencia, la jurisprudencia establece que el juez debe fijar nueva fecha de audiencia y eso no fue cumplido por el Juez demandado lo que también constituye una dilación en cuanto a la resolución de la situación jurídica de la accionante.
Mediante Auto Constitucional 020/2023-BIS de 7 de junio (fs. 28 a 31), se declaró ilegal la excusa formulada por la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller, disponiéndose reasumir el conocimiento de la acción de libertad y que mientras se tramite la presente excusa se suspenda el plazo procesal; habiéndose reanudado dicho plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación efectuada el 17 de diciembre de 2024 con el referido Auto Constitucional Plurinacional, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva de 14 de febrero de 2022 presentada por Luciana Regina Cagnola dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y otros, que mereció la providencia de 16 del mismo mes y año, emitido por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz que señaló audiencia pública de consideración de la cesación a la detención preventiva para el 17 del referido mes y año, a horas 11:45 (fs. 13 y vta.). II.2. Cursa acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de 17 de febrero de 2022 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luciana Regina Cagnola en la que el secretario abogado informó que las partes no fueron legalmente notificadas para el acto procesal, que el impetrante no cumplió con lo establecido en el art. 112 del CPP y ese juzgado no cuenta con boleta de copias, disponiendo el Juez demandado la suspensión de la audiencia hasta que solicite la parte impetrante (fs. 14).
La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que el 14 de febrero de 2022 formuló solicitud de cesación a la detención preventiva, sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad, pese a que hicieron seguimiento, nunca se les notifico con el señalamiento de audiencia; el 18 del mismo mes y año, le informaron que la audiencia se suspendió y que debe presentar una nueva solicitud a través de escrito o memorial. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, d) Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.3 al respecto refirió que: El art. 115 de la CPE, estipula:
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 desarrolló la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aún, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales.
El principio de celeridad anotado, no sólo es exigible a las autoridades jurisdiccionales, sino también a otras autoridades que intervienen en el proceso penal; lo que supone que deben actuar cumpliendo los plazos legales, sin dilaciones indebidas, debiendo cumplir con sus obligaciones desde el primer momento que se computa el plazo y no esperar a su vencimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, precedida por la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril y la SCP 0558/2020-S1 de 5 de octubre –entre otras-, desarrollo el siguiente razonamiento:
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.
Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.
Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
La accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, el 14 de febrero de 2022 planteó solicitud de cesación a la detención preventiva, pero hasta la presentación de la acción de libertad, pese a que hicieron seguimiento, nunca se les notificó con el señalamiento de audiencia; el 18 del mismo mes y año, le informaron que la audiencia se suspendió y que debía presentar una nueva solicitud a través de escrito o memorial. De los antecedentes anotados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que la imputada Luciana Regina Cagnola -ahora impetrante de tutela-, solicitó cesación a la detención preventiva el 14 de febrero de 2022, señalándose por decreto de 16 del mismo mes y año audiencia para el 17 de febrero, a horas 11:45 (Conclusión II.1), actuado procesal que fue instalado el día y hora señalado y suspendido por no estar legalmente notificadas las partes, argumentando que la impetrante no cumplió con lo establecido en el art. 112 del CPP y el juzgado a la fecha no cuenta con boleta de copias, disponiendo que se solicite mediante escrito nueva audiencia (Conclusión II.2). Ahora bien, de la secuencia de actuaciones suscitadas en el caso concreto, se constata que una vez presentada la solicitud de cesación a la detención preventiva, fue providenciada fuera del plazo legal de veinticuatro horas previsto por el art. 132.1 del CPP, señalándose la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva más allá de las cuarenta y ocho horas establecidas por el art. 239 del CPP, la que una vez instalada, fue inmediatamente suspendida a causa de la falta de notificación a las partes procesales y con el argumento que la accionante no proveyó los recaudos para la obtención de las fotocopias las que debían ser escaneadas por la Oficina Gestora de Procesos, y por si fuera poco la autoridad demandada, dispuso que la ahora accionante solicite nueva audiencia a efectos de que se programe el actuado. En ese marco, conforme el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las actuaciones procesales deben ser efectuadas por los servidores judiciales con la mayor celeridad posible, dado que tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas, deben llevarse adelante sin dilaciones indebidas; en el caso en particular, el Juez demandado, tanto en la emisión de la providencia de 16 de febrero de 2022 y en el señalamiento de la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, los realizó fuera de los plazos establecidos por el CPP; por otra parte, al momento de tomar conocimiento a través del informe del Secretario del despacho sobre la ausencia de notificación a las partes, en su calidad de director del proceso y contralor de garantías, advirtiendo que una de las atribuciones de la Oficina Gestora de Procesos es la recepción de la documentación presentada y digitalizarla, tenía la obligación de disponer que se notifique a las partes con la información digitalizada que ya se encuentra en el sistema; y así prever que la audiencia a señalarse sea efectivizada, dado que se trata de una persona privada de libertad. Asimismo, la autoridad demandada, al no haber señalado nueva audiencia de consideración a tiempo de suspender la anterior y condicionar para que sea la accionante quien efectúe nueva solicitud, carece de mérito, configurando dicho actuar en infundado y dilatorio que va en desmedro de la situación jurídica de la ahora impetrante de tutela, por cuanto conforme el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora de audiencia, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud, más si existe el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible por los antecedentes particulares del caso; por lo que, correspondía al Juez demandado, señalar audiencia de forma inmediata y dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas, sin necesidad de requerir nueva solicitud de manera escrita. En consecuencia, resulta evidente la denuncia de la peticionante de tutela, que la autoridad demandada, ocasionó una dilación indebida en la tramitación, suspensión y luego en la omisión de señalamiento de audiencia, causando vulneración a su derecho a la libertad vinculado al elemento de celeridad a causa de la dilación, apartándose de la jurisprudencia constitucional señalada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 del presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER en todo la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 En FJ III.4, precisa: ”…a través de la SCP 0248/2012 de 29 de mayo, respecto al derecho a la libertad y el principio de celeridad, señalo que: ʽToda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, evitando de ésta manera dilaciones innecesarias que en definitiva lesionan el derecho fundamental de la libertad´. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente”. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras”.
6 La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).
7 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0734_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): cc49bd28c19f90139e9667e4602d6b1371ee2bf61cfc9161f7499c65be376d60
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