Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante consideró lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa al debido proceso y verdad material; toda vez que, el 4 de febrero de 2022, la fiscal emitió Imputación Formal en su contra por los delitos de falsedad material, falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, de forma arbitraria y sin justificación al no haber valorado el documento privado de compra y venta con pacto de rescate que en momento oportuno aporto como prueba de la buena fe en la que adquirió el vehículo (objeto de su aprehensión), encontrándose ilegalmente perseguido e indebidamente procesado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el artículo 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital de departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, bajo los Fundamentos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis del fondo del asunto.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0734/2023-S1 Sucre, 5 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46767-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gastón Mauricio Nolasco de Ávila contra Edwin Boris Enríquez Mercado, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 20 de febrero de 2022, cursante de fs. 29 a 32 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Fue interceptado por funcionarios policiales cuando se encontraba manejando su vehículo rumbo a su domicilio, por inmediaciones de la Zona Sur (Calacoto), indicando que las placas de circulación serian falsas, motivo por el cual, fue conducido a dependencias de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DI.PRO.VE.) a objeto de que pueda demostrar con documentación idónea su derecho propietario. En dependencias de DI.PRO.VE. Zona Sur, el 4 de febrero de 2022, Gustavo Baldiviezo Sánchez, oficial investigador, realiza la verificación de los alfanuméricos del chasis, motor, placas de control, etc. del vehículo clase vagoneta, color rojo, marca audi, posterior a ello el ahora impetrante de tutela, presta su declaración informativa acompañado de su abogado, el mismo día presentó el documento de compra y venta con pacto de rescate para poder demostrar el derecho propietario del vehículo objeto de su aprehensión.
El 4 de igual mes y año la fiscal asignada al caso presenta Imputación Formal en su contra, poniéndole en consideración de la Jueza de Instrucción Penal de turno, para su aplicación de medidas cautelares, hechos que considera totalmente ilegales, arbitrarios y vulneradores de su derechos y garantías constitucionales; ya que, no se habría valorado la documental aportada ni tampoco se recibió la declaración de la persona que le habría vendido dicho vehículo, ocasionándole un proceso con hechos en los cuales no tenía conocimiento, tal cual lo demuestra con el documento de compra y venta con pacto de rescate que no fue correctamente valorado por la autoridad fiscal, actuando de manera desproporcional y sin ninguna objetividad, existiendo una persecución indebida, consecuencia de ello se encuentra con detención domiciliaria, pidiendo abstracción del principio de subsidiariedad, porque, a la fecha no se tuvo claro cuál sería el juez de control jurisdiccional, puesto que por jurisdicción el caso se habría remitido a otro juzgado, quedando su caso sin control jurisdiccional a quien poder acudir y hacer prevalecer sus derechos y garantías constitucionales.
El peticionante de tutela consideró lesionado sus derechos libertad, la defensa, al debido proceso y verdad material, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia disponga dejar sin efecto la Imputación Formal emitido en su contra por el Fiscal de Materia.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de febrero de 2022, según consta el acta cursante de fs. 36 a 39, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado ratificó íntegramente el contenido de su demanda y ampliándola señaló: a) El 7 de septiembre de 2021 el ahora impetrante de tutela realizó un contrato de Compra y Venta con pacto de rescate con Manuel Franco Rivera, dicho documento fue adjuntado al expediente y donde establece que el vehículo se encontraría libre de gravámenes, vicios ocultos y demás, siendo totalmente responsable el vendedor; y, b) el 3 de febrero de 2022, el ahora impetrante de tutela, fue detenido por la Policía cuando conducía el vehículo, que poseía como garantía indicándole que las placas de dicho vehículo eran falsas, dando curso a la imputación formal por los delitos de receptación, uso de material falsificado, falsedad material y otros, y su detención preventiva domiciliaria a pesar de haber presentado documentación de compra y venta con pacto de rescate el mismo día de su detención, vulnerando su derecho al debido proceso en la faceta de exigencia de motivación en el sentido que al haber recibido la detención domiciliaria se pone en evidencia su derecho a la libertad, haciendo una exigencia de subsidiariedad; puesto que, no se tiene un claro control jurisdiccional a quien acudir a efectos de hacer prevalecer sus derechos.
Edwin Boris Enríquez Mercado, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 21 de febrero de 2022, cursante de fs. 33 y vta., señaló que: 1) Por informe de acción directa evacuado por Jhonny Mamani Mita, funcionario policial, el 3 de febrero de 2022, donde se comunicó que en un patrullaje preventivo se detuvo al ahora impetrante de tutela por circular con vehículo con placas falsas, remitiéndolo a oficinas de DI.PRO.VE de la Zona Sur, a objeto de que presente documentación que demuestre su derecho propietario, se verifique la autenticidad de las placas de circulación, así como también la verificación del alfanumérico del chasis, ya que presentaría vestigios de adulteración, así como también, el VIN localizado en el B-SISA que aparentemente se encontraría falsificado; 2) En atención a dicha acción directa la Fiscal de turno apertura el caso 201102032200260 donde tras valorar los elementos colectados en la investigación preliminar se imputa formalmente al accionante por la presunta comisión de los delitos de receptación y aplicación indebida de marcas y contraseñas previstos en los arts. 172 y 193 ambos del Código Penal (CP). Habiéndose llevado a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares por parte de “la Juez 4to. De Instrucción en lo Penal, dispuso su libertad aplicando medidas cautelares de carácter personal, las mismas que fueron apeladas por la defensa del señor Gastón Mauricio Nolasco de Avila, la cual al presente no habrían sido resueltas.”(sic); y, 3) En relación a los argumentos esgrimidos por la parte accionante, con relación a la vulneración de su derecho a la defensa, se debe tener en cuenta que la imputación formal es de carácter provisional, no siendo factible que habiendo vencido el plazo establecido en el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pretendiendo a través de la acción de libertad, dejar sin efecto la Resolución que se pronunció en su contra, más aun estando en plazo la etapa preparatoria, donde el Ministerio Público debe colectar los elementos necesarios para sustentar o no en su contra una acusación o por el contrario disponer un sobreseimiento, solicitando denegar la tutela solicitada por el peticionante de tutela.
El Juez del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 07/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., concede la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Se evidencia que el accionante ha sido sometido a una investigación, por parte del Ministerio Público y siendo que como director funcional de la investigación y titular de la acción penal, está facultado para iniciar, proseguir, concluir una investigación, así como también velar por el cumplimiento por jerarquía normativa, primero por la Constitución y las leyes, normas y tratados internacionales antes que cualquier actuación y en el presente caso el impetrante de tutela aporto los elementos necesarios bajo el principio de verdad material, para demostrar que no habría cometido ningún delito, sin embargo se prosiguió con la persecución penal ya que, no tendría conocimiento que su vehículo tenía las placas falsas, y pese a ello la autoridad fiscal ahora demandada optó por someterlo a un proceso penal, poniendo en riesgo su derecho a la libertad, debiendo obrar con objetividad haciendo un control minucioso de los elementos aportados en etapa investigativa y, ii) El fiscal asignado al caso debió obrar con objetividad haciendo un control minucioso de los elementos aportados y si el caso amerite convertirlo en prueba, y siendo el caso aplicar el derecho material antes del derecho formal y así no generar vulneraciones de derechos y garantías constitucionales ya que se estaría generando un procesamiento indebido contra el impetrante de tutela así lo establece el art. 23 de la CPE al proteger el derecho a la libertad aportadas en el transcurso de la investigación.
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1 Se tiene Informe de Acción Directa, evacuado por Jhonny Mamani Mita funcionario Policial de DIPROVE de 3 de febrero de 2022, donde se evidencia la circulación de un vehículo color rojo con placa de circulación y demás contraseñas, presuntamente falsas (fs. 21 a 22). II.2. Consta Documento de Compra y Venta con Pacto de Rescate, por la suma de $us10 000 suscrito el 7 de septiembre de 2021 por Widen Manuel Franco Rivera con Cedula de Identidad 6953393 expedido en La Paz (vendedor) quien declara ser propietario y poseedor de un vehículo con las siguientes características: “Marca AUDI, Clase: VAGONETA, Tipo: Q5, modelo 2012, con placa de circulación: 2858 KYA, Color: Rojo y demás características que constan en el correspondiente Carnet de Propiedad y POLIZA DE IMPORTACION, RUAT 03” (sic) y Gastón Mauricio Nolasco de Ávila -ahora accionante- con Cedula de Identidad. 2227825 expedido en La Paz (fs. 3 a 4). II.3. Cursa Informe Conclusivo emitido a la Fiscal de Materia de turno con relación al caso, adjunta impresión de Consulta de Vehículos y fotografías (fs. 23 a 28). II.4. A través de Imputación Formal, emitido en su contra por la presunta comisión de los delitos de receptación, falsedad material, Uso de instrumento falsificado y falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, previsto en los arts. 171, 198, 203 y 193 del CPP, pone en consideración del Juez de garantías para su aplicación de medidas cautelares (fs. 15 a 20).
El accionante consideró lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa al debido proceso y verdad material; toda vez que, el 4 de febrero de 2022, la fiscal emitió Imputación Formal en su contra por los delitos de falsedad material, falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, de forma arbitraria y sin justificación al no haber valorado el documento privado de compra y venta con pacto de rescate que en momento oportuno aporto como prueba de la buena fe en la que adquirió el vehículo (objeto de su aprehensión), encontrándose ilegalmente perseguido e indebidamente procesado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal. En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 982/2000-R, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad . En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, en su ratio decidendi señaló que:
“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc.1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente”.
Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:
“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (El resaltado y subrayado fueron añadidos). Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad. Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:
“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”. Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:
“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad”. De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:
“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas fueron añadidas). De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:
“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”. Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las SSCCPP 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencial con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad. En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:
“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y el resaltado fueron incluidos).
Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:
“i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación: ii.a) No se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; o cuando ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
No siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”.
Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3 de 22 de abril; 0811/2021-S1 de 12 de abril; 0762/2021-S2 de 8 de noviembre; y, 0235/2020-S1 de 3 de agosto; 0560/2020-S1 de 5 de octubre, entre otras.
De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.
El accionante consideró lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa al debido proceso y verdad material; toda vez que, el 4 de febrero de 2022, la fiscal emitió Imputación Formal en su contra por los delitos de falsedad material, falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, de forma arbitraria y sin justificación al no haber valorado el documento privado de compra y venta con pacto de rescate que en momento oportuno aporto como prueba de la buena fe en la que adquirió el vehículo (objeto de su aprehensión), encontrándose ilegalmente perseguido e indebidamente procesado.
De la compulsa y revisión de los antecedentes, se evidencia que el 3 de febrero de 2022, en un patrullaje preventivo fue reportado por transito un vehículo que circulaba con placas falsificadas, es así que, por inmediaciones de la Zona Sur (Calacoto) fue encontrado el vehículo color rojo con placa de circulación 2858 KYA conducido por el accionante, quien manifestó que su vehículo lo adquirió de un “Sr. Manuel” que desconocía su apellido, motivo por el cual fue remitido a oficinas de DI.PRO.VE. para que en su defensa pueda demostrar con documentación idónea su derecho propietario, razón por la cual presentó un documento privado de compra y venta con pacto de rescate suscrito, el 7 de septiembre de 2021 con el impetrante de tutela (COMPRADOR) y Widen Manuel Franco Rivera (VENDEDOR) y propietario del vehículo “Marca AUDI, Clase: VAGONETA, Tipo: Q5, modelo 2012, con placa de circulación: 2858 KYA, Color: Rojo y demás características que constan en el correspondiente Carnet de Propiedad y POLIZA DE IMPORTACION, RUAT 03” (sic) por la suma de dinero de $us10 000 que recibió el peticionante de tutela, el investigador asignado al caso presenta informe conclusivo al fiscal, quien en merito a ello puso en conocimiento de la Juez de Instrucción Penal Cuarto, el inicio de investigaciones y el requerimiento conclusivo de imputación formal expedidos en contra del accionante, por ser presunto autor de la comisión de los delitos de falsedad material, falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; por lo que le solicitó programar una audiencia para considerar la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, por lo que se dispuso su detención domiciliaria (Conclusiones II.1, 2, 3 y 4).
En ese contexto, con el objeto de analizar la problemática identificada, es pertinente traer a colación el razonamiento jurisprudencia concerniente a uno de los supuestos de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; el cual señala lo siguiente:
“Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional” (Fundamento Jurídico III.1.)
En ese marco, los antecedentes dan cuenta que el accionante fue aprehendido, a razón de un intervención policial directa, el 3 de febrero de 2022, por ser presunto autor de la comisión de los delitos de falsedad material, falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; circunstancia que el Fiscal de Materia -ahora demandado- puso en conocimiento de la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, el 4 del mismo mes y año, a través de un inicio de investigaciones y requerimiento conclusivo de imputación formal que expidió en contra de aquel (fs. 15 a 20 y 23 a 28). Ello lleva a la conclusión de que el proceso penal seguido en contra del accionante, contaba con una autoridad jurisdiccional designada -la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz- que ejercería el control jurisdiccional correspondiente; por lo que, si el mismo consideró que en su sustanciación, del Fiscal de Materia demandado, habría lesionado alguno de sus derechos, debió denunciar tal situación ante aquella de forma primigenia, antes de presentar su acción de defensa, por ser quien tiene la potestad de supervisar que todos los actos investigativos ejecutados y a ejecutarse por el director funcional de la investigación y sus brazos operativos, se rijan a las disposiciones normativas establecidas por la Constitución Política del Estado y dispuestas por la Ley (Fundamento Jurídico III.1.). El proceder del accionante, al margen de desconocer la jurisdicción y competencia de una autoridad jurisdiccional, se orienta a generar una disfunción procesal que la jurisdicción constitucional no puede convalidar, por existir cauces legales de protección inmediata de derechos establecidas por el legislador, de los cuales ningún sujeto de derecho puede prescindir. En ese sentido, al existir una instancia a la que aquel debió acudir, antes de presentar su acción de defensa, es aplicable el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad.
En el caso, a fin de que este Tribunal haga abstracción de la excepción de subsidiariedad, el accionante argumentó que en el momento de la interposición de ésta acción tutelar no se cuenta con control jurisdiccional, debido a que la “Dra. Palacios” a cargo de quien se encontraba, bajo control jurisdiccional, ya no es la autoridad que ejerce dicho control, debido a que por efecto de un conflicto jurisdiccional, la causa fue remitida a la Zona Sur, por lo que no puede advertir quien es el Juez de Control Jurisdiccional a quien pueda acudir. Al respecto cabe aclarar que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.I señaló que es previsible hacer excepción al principio de subsidiariedad cuando no se tenga control jurisdiccional durante la investigación y el hecho no esté vinculado a un delito y no así cuando luego de haber tenido control jurisdiccional el caso se remite a otra autoridad de la cual se desconoce su identidad. En merito a lo expuesto corresponde denegar la tutela impetrada por la concurrencia de la subsidiariedad excepcional, aclarando que no se analizó en el fondo la problemática identificada.
Consiguientemente, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el artículo 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital de departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, bajo los Fundamentos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis del fondo del asunto. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.
2 “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
3 Artículo 54. (Jueces de instrucción).- “Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: 1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código; (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0734_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 882db6e23b1c9723bfd599857354ce1213697feacc65c8f20fba6b193ae043f1
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