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SCP 0733/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55842-2023-112-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho a la propiedad privada; toda vez que, de manera violenta, abusiva, con amenazas y amedrentamientos, por medio de vías de hecho, avasalladores –hoy demandados- ingresaron y tomaron posesión de su propiedad privada, garantía tutelada por el art. 56 de la CPE. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 63 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial de Familia Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la protección constitucional brindada a los accionantes, se aclara que el presente fallo constitucional no define derechos, pues ello corresponde única y exclusivamente a la vía ordinaria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Del derecho de propiedad
  3. III.3. Jurisprudencia constitucional aplicable a las medidas de hecho
  4. III.4. Los demandados en avasallamientos a la propiedad privada
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0733/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55842-2023-112-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 02/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 63 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Augusto Mencia Miranda y Clara Maura Sotomayor de Mencia contra Farid Zeitun Becerra “y otros”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 y 12 de mayo de 2023, cursante a fs. 1, 26 a 30 vta. y fs. 33 y vta., los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Son propietarios de un bien inmueble urbano, ubicado en la futura Urbanización "EL CARMEN”, Distrito 5 del municipio de Riberalta del departamento de Beni; el cual fue adquirido de sus anteriores propietarios Fernando Medrano Velarde y Constantina Campos Gonzáles, mediante Escritura Pública 0216/2017 de 22 de marzo, encontrándose registrado en las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), bajo el folio real con matrícula computarizada “8.02.0.01.0006563”-siendo lo correcto 8.02.1.01.0006563-. Señalaron que recibieron una llamada del encargado de ventas Sergio Argote, quien le informó que un grupo numeroso de personas habría ingresado a su propiedad privada, de forma violenta, amedrentando y amenazando; es decir, con vías de hecho; ante estos acontecimientos, el viernes 11 de noviembre de 2022, conjuntamente un Notario de Fe Pública, abogados y un ingeniero, se trasladaron a los terrenos con todos los documentos de propiedad; al ingresar comprobó que se había consumado un avasallamiento al evidenciar que existían personas que se encontraban construyendo y plantando una serie de trípodes, con colocado de cerca de alambrados en su propiedad; al percatarse de su presencia, se acercaron con violencia, amedrentamientos, amenazas, munidos de palos, machetes y objetos contundentes con la firme intención de no permitirles la entrada, privándoles el derecho al ingreso de su propiedad. Ahora bien, el Notario de Fe Pública 8 de Riberalta del departamento de Beni, Boris Pacheco Barrios, elaboró Acta Circunstancial de Verificación de Propiedad Rústica 50/2022 de 11 de noviembre, adjuntando fotografías a fs. 7 a 11, en las que evidenció que los avasalladores destruyeron todo lo que encontraron a su paso, arrancando linderos, distribuyéndose a diestra y siniestra su propiedad, verificando la existencia de maquinaria pesada, la cual abrió caminos para lotear, afectando el diseño original del terreno y posesionándose ilegal e ilegítimamente en dichos predios. Arguyeron que, con ese avasallamiento se vulneró de manera flagrante su derecho constitucional a la propiedad privada; toda vez que, de manera violenta, abusiva, con amenazas y amedrentamientos, por medio de vías de hecho, estas personas ingresaron y tomaron posesión de su propiedad privada, legalmente registrada ante las oficinas de DD.RR., constituyendo actos ilegales que atentan contra los pilares del Estado Constitucional de Derecho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la vulneración de su derecho a la propiedad privada, citando al efecto el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene: a) La inmediata restitución de la parte de su bien inmueble; b) Se libre mandamiento de desapoderamiento y desalojo a los accionados; y, c) Se ordene a la fuerza pública la intervención inmediata y en caso de que se resistan se proceda a la aprehensión directa de quienes lo hagan y la remisión al Ministerio Público para su procesamiento penal por la comisión del delito establecido por el “art. 179 bis” del Código Penal (CP).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 50 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de sus abogados ratificaron los argumentos expuestos en la demanda tutelar y ampliándolos señalaron que: 1) La acción de amparo constitucional está constituida para proteger derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, encontrándose dentro de estos el derecho a la propiedad y no solamente lo reconoce como derecho sino que lo garantiza tratándose de una ocupación arbitraria que se ha realizado a una propiedad privada; los demandados no han demostrado que tienen derecho sobre esa propiedad; 2) El día que se procedió a notificar con la acción de amparo constitucional, los demandados estaban en posesión de machetes, negándose a firmar, se encontraban agresivos, cortando el acceso principal a toda la propiedad privada, justo al ingreso de la entrada principal; y, 3) Se pudo constatar que son propietarios del bien inmueble objeto de la litis aspecto que acreditaron con la documental presentada como prueba; existe formulario de DD.RR. “a fs. 3”, certificado de tradición que demuestra que la titularidad del derecho propietario del bien inmueble, registrado bajo el folio real con matrícula computarizada 8.02.1.01.0006563; así también el plano referencial emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni, por medio de la Unidad de Catastro y donde se verificó la ubicación precisa y las coordenadas geográficas del predio denominado “El Carmen”, elemento fundamental para determinar que dentro de esta área hay personas en posesión de hecho que están vulnerando el derecho a la propiedad privada, reconocido en la Constitución Política del Estado; con base a esos argumentos solicitaron se conceda la tutela.

I.2.2. Informe del demandado

Farid Zeitun Becerra, mediante su representante, en audiencia de garantías; señaló que: i) En un análisis del art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el plazo de la inmediatez se computa a partir de la comisión de la vulneración alegada, o de conocido el hecho, en la acción de amparo constitucional reconocen expresamente que hubiera ocurrido el hecho el “10/05/2021”, luego señalaron que el 11 de noviembre del 2022; pretendiendo con ese memorial mantener la acción dentro del plazo de los seis meses; sin embargo, eso no habría ocurrido porque señalaron que el hecho fue el “10/05/2022” y no así el “11/11/2022”; ii) El memorial de subsanación de la acción tutelar, señaló que los hechos hubieran acaecido el 11 de noviembre del 2022; sin embargo, en el otrosí primero de ese escrito, solicitaron no tomar en cuenta el lapsus de transcripción que se consignó en la demanda tutelar principal en la “página 6”, siendo datos erróneos; incumpliendo de esta manera lo señalado en el artículo 55 del CPCo, que prevé que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada; iii) Otro aspecto es la denuncia de las vías de hecho con machete, sin identificar quiénes supuestamente hubieran sido amenazados, lesionados o golpeados, no existiendo denuncia ante la Policía Boliviana o el Ministerio Público, u otro similar de esas vías de hecho que hubiera realizado su persona; y, iv) Si los accionantes son titulares de esos predios, correspondía acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer su derecho; consecuentemente siendo el plazo para interponer la acción de amparo constitucional de seis meses improrrogables, además de no existir ninguna vía de hecho demostrable, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial de Familia Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 63 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que los demandados en el plazo de diez días desalojen de manera pacífica el bien inmueble objeto del presente proceso constitucional, en caso de negativa se dispondrá el desalojo con ayuda de la fuerza pública; se dispone el plazo antes señalado en razón a lo señalado en el art. 7 de la Ley de Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de noviembre de 2013-, esto debido a garantizar la protección de las personas que se encontrarían actualmente en el espacio del predio denominado “El Carmen”. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Se acreditó documentalmente el derecho propietario por parte de los accionantes, sobre el predio denominado "El Carmen", también se tiene probado que actualmente se tuviera asentado sobre el mismo a personas, las cuales procedieron a construir unas cabañas, letrinas, plantación de trípodes de madera con cerco de alambrado, constituyéndose de tal manera las vías de hecho; b) El demandado no acreditó derecho propietario alguno y no desvirtuó las vías de hecho utilizadas; c) La SCP 0610/2013-L de 3 de julio, refiriéndose a la SCP 0610/2012 de 20 de julio, determina lo siguiente: ‘‘…‘Una característica de los avasallamientos, es la manera como se ingresa a propiedad privada, con violencia, amedrentamientos, amenazas, tumulto de personas, con el único fin de crear una situación de caos y desorden, tratando de adquirir derechos que no les corresponde; por ello, se tiene que, en este tipo de situaciones y dada la cantidad de personas que participan para vulnerar el derecho a la propiedad, el propietario se encuentra en una potencial desventaja frente a los directos agresores, pues identificar a 'todos' los avasalladores para una eventual notificación, con el afán de no vulnerar su derecho a la defensa, significaría que el accionante ingrese a la propiedad poniendo en riesgo su integridad física, incluso su derecho a la vida’…’’ (sic); la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, claramente especifica las características de los avasallamientos, aspecto que se comprobó en la presente acción de amparo constitucional; si bien la parte accionante presentó dentro del plazo establecido su acción de defensa, se procedió a revisar la subsidiariedad de dicha garantía constitucional, que tiene sub reglas procesales en acciones vinculadas con vías de hecho, tal cual estableció la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que establece la flexibilización del principio de subsidiariedad, denotando que esta acción tutelar puede ser activada sin agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa en casos de vías o medidas de hecho; también se estableció qué se entiende por vía de hecho y por último se procedió a indicar una característica de los avasallamientos, situaciones desglosadas y valoradas con la prueba aportada por los accionantes y los demandados; d) En la presente acción de amparo constitucional se evidenció el derecho a la propiedad privada; toda vez que, los accionantes demostraron documentalmente la existencia del derecho propietario que ostentan sobre el predio denominado "El Carmen", siendo un deber del Juez de garantías, velar por su cumplimiento en estricto apego a las leyes y en aplicación al principio de legalidad, imparcialidad y de forma oportuna; derecho que no se cuestiona en la presente acción constitucional, pero que por la prueba aportada se probó las vías o medidas de hecho por parte de los demandados, quienes no comprobaron no haber realizado alguna vía de hecho como tampoco contar con algún derecho propietario; y, e) Se debe dar cumplimiento la jurisprudencia establecida en casos de avasallamiento y en cuanto a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, mismos que fueron desarrollados, como también la valoración de la prueba aportada a efecto de comprobar la existencia o no de vulneración a algún derecho o garantía constitucional, estableciéndose que no se tiene la subsidiariedad agotada, pero si la flexibilización por vías de hecho. Conforme al Acta de Audiencia de Inspección de 18 de mayo de 2023, se tiene que el Juez de garantías y las partes de la acción tutelar se constituyeron en los predios denominados “El Carmen”; evidenciando la existencia de vías o medidas de hecho, en cuanto al asentamiento en la parte recorrida en la inspección in situ por parte de los accionados. Luego de emitida la referida Resolución supra, Farid Zeitun Becerra -demandado-, solicitó aclaración y complementación en función a que conforme al principio de inmediatez los accionantes no lograron subsanar las incongruencias respecto a las fechas que supuestamente ocurrieron los hechos, también en base al principio de subsidiariedad aclare la parcialidad de la Resolución 02/2023, al no existir ningún tipo de demanda, denuncia, carta notariada, dado que los accionantes presentaron su demanda después de más de seis meses; en ese mérito, el aludido Juez de garantías por Auto Constitucional 03/2023 de 24 de mayo , señaló que: 1) Que, el acta de fs. 5 y vuelta se tiene que los accionantes tuvieron conocimiento de los hechos reclamados que vulneran su derecho a la propiedad privada en fecha 11 de noviembre de 2022 y por la caratula de la presente acción de amparo constitucional fue presentada en fecha 08/05/2023, teniéndose así que la misma está dentro del plazo legal de los 6 meses, sin embargo en atención a las SCP citadas anteriormente, se evidencia que existe la superación a los 6 meses en los casos de vías de hecho que atenten el derecho a la propiedad privada; y, 2) En atención al Principio de Subsidiaridad, es necesario indicar que el art. 54-de la Ley 254 señala la viabilidad de la acción de amparo constitucional en los casos que la protección pueda ser tardía como también exista la inminencia de un año irremediable e irreparable a producirse por no otorgarse la tutela; que en la presente acción de amparo constitucional se evidencio en la inspección in situ que la porción reclamada por el accionante se encontraba con cerco de alambres y con la plantación de plantas protegidas por trípodes, mismas que no fueron realizadas por el accionante ni mucho menos consentida, más aun cuando tampoco negó lo manifestado por los demandados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa folio real con matrícula computarizada 8.02.1.01.0006563 de 8 de mayo de 2023, del fundo rústico denominado "EL CARMEN”, con una superficie de 1 026 049, 00 m², Certificado de Tradición de 23 de noviembre de 2021; Plano Catastral Georeferenciado; documentación a nombre de Augusto Mencia Miranda -hoy accionante- (fs. 2 a 5). II.2. Acta Circunstancial de Verificación de Propiedad Rústica 50/2022 de 11 de noviembre y adjuntó fotografías, elaborada por el Notario de Fe Pública 8 -Boris Pacheco Barrios- de Riberalta del departamento de Beni, del predio denominado "EL CARMEN”, Distrito 5 del municipio de Riberalta del mencionado departamento (fs. 6 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho a la propiedad privada; toda vez que, de manera violenta, abusiva, con amenazas y amedrentamientos, por medio de vías de hecho, avasalladores –hoy demandados- ingresaron y tomaron posesión de su propiedad privada, garantía tutelada por el art. 56 de la CPE. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional

La SCP 1234/2013-L de 10 de octubre, sobre el particular precisó: “Dado que los accionantes a través de la acción de amparo constitucional denuncian la vulneración de una serie de derechos y garantías constitucionales, que las más de las veces exigen una intervención pronta y oportuna, la SCP 1591/2012 de 24 de septiembre, que cita a la SCP 0080/2012 de 16 de abril, estableció: 'Resulta imprescindible, en primer término, recordar que la jurisprudencia y doctrina constitucional han dispuesto que, no obstante el carácter subsidiario del amparo, cuando existan situaciones singulares en casos excepcionales, con el único fin de evitar un irreparable daño, es posible otorgar la tutela, aún en caso que el accionante cuente con otra vía o recurso legal, por no actuar con la inmediatez que la emergencia exige'.

La SC 0289/2010 de 7 de junio, ha señalado: 'Del entendimiento referido por la jurisprudencia glosada, además de inferirse la naturaleza subsidiaria del amparo, también se concluye la existencia de la excepción a la subsidiariedad cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable; empero, cabe advertir que para la aplicación de esta excepción no basta con invocar la existencia de daño irreparable o irremediable, sino que también, la parte accionante debe demostrar en forma fehaciente que los actos que se denuncian como ilegales causarán un daño irreparable que no podrá ser subsanado por otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea al efecto, o que la protección concedida podría resultar ineficaz por tardía, por lo mismo, en caso de presentarse cualquiera de esas circunstancias, quien recurre de amparo no debe limitarse sólo a invocarlas, sino debe demostrarlas y probarlas para que la excepción proceda a su favor'”.

Entendimiento, que también se encuentra contenido en el art. 54.II del CPCo, que señala: “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”.

Por lo expuesto, se establece que la acción de amparo constitucional es un instituto procesal de naturaleza constitucional que tiene por objeto garantizar la vigencia y el respeto de los derechos de las personas reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, cuando estos son restringidos, suprimidos o amenazados por acciones u omisiones indebidas provenientes de servidores públicos o de particulares, siendo su esencia el ser preventivo y correctivo; y, ante la inminencia de la consumación de un daño irremediable e irreparable, previa acreditación de tal circunstancia, el accionante puede acudir a la jurisdicción constitucional solicitando una protección pronta y oportuna.

III.2. Del derecho de propiedad

La SCP 0762/2013-L de 30 de julio, refirió: “El art. 56.I de la CPE, prevé que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual y colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”; derecho fundamental que se encuentra garantizado por el Estado, en su libre y eficaz ejercicio conforme señalan los arts. 14.III y 56.II de nuestra Ley Fundamental.

Sin embargo, cabe resaltar que el referido derecho no sólo está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado, sino que también se encuentra previsto en el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que señala:

“1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

Pacto internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad por expresa disposición del art. 410.II de la CPE. En armonía con dichas normas legales, el art. 105 del CC, prevé:

“I. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.

II. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el libro V del Código presente” (el resaltado es nuestro).

A su vez, en correspondencia con el citado derecho, existe el deber de los integrantes de la sociedad de respetar los derechos que están reconocidos por nuestra Norma Suprema (art. 108.2 de la CPE), ya que en una sociedad democrática “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común…” (art. 32.2 del Pacto de San José de Costa Rica).

Finalmente, expresar que no se podrá constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, si los miembros de nuestra sociedad optan por hacer justicia por mano propia sin que éstas acudan a las autoridades y órganos legalmente constituidos en nuestro país para administrar justicia, que tienen competencia para resolver los conflictos entre derechos, conforme establecen los arts. 1281 y 1282.I del CC.”.

III.3. Jurisprudencia constitucional aplicable a las medidas de hecho

Con relación a este acápite la SCP 0610/2013-L de 3 de julio, señaló que: “El anterior tribunal constitucional, a tiempo de pronunciar la SC 0520/2011-R de 25 de abril, entre otras, con relación a las medidas de hecho, indicó: 'Cuando se denuncian, como en este caso, acciones que implican una pretendida reivindicación de prerrogativas, utilizando la fuerza en las cosas aprovechando su poder por ser titulares o poseedores, o ejerciendo coacción sobre personas, ostentando calidad de propietarios, empleando violencia, alegar o reivindicar aparente o efectivo mejor derecho, al margen de las acciones y mecanismos establecidos por la Constitución Política del Estado y las leyes; es decir, actuando por sí mismos, sin recurrir al ordenamiento legal, este Tribunal Constitucional, determinó que tales actos son acciones o vías de hecho, que no tienen justificación de ninguna índole, menos legal; la sola circunstancia de pertenecer a un colectivo social, supone la observancia de exigir derechos, previo el cumplimiento de obligaciones, en el marco del estricto respeto de la dignidad e igualdad, que es la base de la convivencia pacífica entre semejantes y el principio sustancial que informa al derecho, como conjunto de normas que regulan las relaciones recíprocas, así como de los individuos con el Estado y viceversa, situación que proscribe toda posibilidad de tomar por mano propia una aparente justicia que definitivamente no lo es, desde el momento mismo que se la activa por sí y para sí; tomando las cosas desde un ángulo o punto de vista, que interesa sólo a uno, sin tomar en cuenta al otro, que es la parte esencial de la bilateralidad del derecho, porque terminantemente es imposible vivir sin convivir, siendo un imperativo -cuando no se vislumbra una solución pactada- someter nuestras controversias, al imperio de la ley y en su caso a los tribunales establecidos por ella'.

Ahora bien, a efectos de brindar tutela constitucional por la comisión de medidas de hecho o la toma de justicia por mano propia, la jurisprudencia constitucional ha establecido presupuestos que deben cumplirse, cuando se demande protección de derechos vulnerados por vías de hecho, así la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, expresó: 1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional. 2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentales y acreditadas. 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos. 4) En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante”. No obstante de lo anterior, considerando que el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de su refundación ha consolidado el modelo de Estado Constitucional de Derecho Plurinacional y Comunitario, velando por el acceso irrestricto a la justicia, así como por el principio de justicia material, a partir del entendimiento asumido en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre que, ha modulado y superado el entendimiento asumido en la SC 0148/2010-R, citada anteriormente, flexibilizando los presupuestos procesales constitucionales, que prima facie debe cumplir todo quien acuda a la jurisdicción constitucional y pretenda tutela de sus derechos, cuando los mismos hubieran sido restringidos o suprimidos por la comisión de medidas de hecho o por la toma de la justicia a mano propia, así dicho fallo a tiempo de determinar tales presupuestos señaló: “La línea jurisprudencial precedentemente señalada es modulada por la presente sentencia, cambio de entendimiento que responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de hermenéuticas armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.1 de la CPE, que indica que el principio de favorabilidad; por cuanto, en base al Fundamento Jurídico III.4, se establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros” . En consecuencia, se abordará el análisis del presente fallo a la luz de la nueva interpretación constitucional sobre medidas de hecho o justicia a mano propia, compulsando si los antecedentes del caso, cumplen con los presupuestos asumidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional. (las negrillas son agregadas)

III.4. Los demandados en avasallamientos a la propiedad privada

En la SCP 0610/2012 de 20 de julio, expuso: “Una característica de los avasallamientos, es la manera como se ingresa a propiedad privada, con violencia, amedrentamientos, amenazas, tumulto de personas, con el único fin de crear una situación de caos y desorden -tratando de adquirir derechos que no les corresponde-; por ello, se tiene que, en este tipo de situaciones y dada la cantidad de personas que participan para vulnerar el derecho a la propiedad, el propietario se encuentra en una potencial desventaja frente a los directos agresores, pues identificar a ´todos´ los avasalladores para una eventual notificación, con el afán de no vulnerar su derecho a la defensa, significaría que el accionante ingrese a la propiedad poniendo en riesgo su integridad física, incluso su derecho a la vida.

Por lo expuesto, y con el fin de no poner en una situación de desventaja a los propietarios -respecto de su derecho propietario-, se establece a través de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que cuando la vulneración del derecho a la propiedad sea por avasallamientos, la identificación a los demandados se la realice de acuerdo a las posibilidades del accionante; empero, demostrando la imposibilidad de su identificación a través de algún medio, fotografías, informe policial, certificación notarial o incluso certificado médico, a efectos de demostrar de manera clara, la desventaja del propietario frente a quienes invaden su propiedad; es decir que, si existe un número indeterminado de personas, el simple hecho de nombrar a algunas personas, no sea un óbice para denegar una acción de amparo constitucional”.

III.5. Análisis del caso concreto

Los accionantes acreditaron documentalmente el derecho propietario del fundo rústico denominado "EL CARMEN”, contando con una superficie de 1 026 049, 00 m²; mediante folio real con matrícula computarizada 8.02.1.01.0006563; Certificado de Tradición de 23 de noviembre de 2021; Plano Catastral Georeferenciado; todos a nombre de Augusto Mencia Miranda (Conclusión II.1); asimismo, mediante Acta Circunstancial de Verificación de Propiedad Rústica 50/2022 de 11 de noviembre y adjuntó fotografías, elaborada por el Notario de Fe Pública 8 -Boris Pacheco Barrios-, de Riberalta del departamento de Beni del predio denominado "EL CARMEN”, Distrito 5 del municipio de Riberalta del mencionado departamento (Conclusión II.2)

Como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2, el actual Estado Constitucional de Derecho, garantiza y protege el ejercicio del derecho de propiedad, garantizando a su titular el uso, goce y disposición del mismo, imponiéndose a los demás integrantes de la sociedad el deber de respetarlo; empero, en el presente caso, ello no sucedió pues los demandados, optaron por ocupar mediante la violencia y la intimidación los terrenos de los ahora accionantes. Se hace necesario aplicar la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, referido a la protección del derecho de propiedad cuando se advierte la existencia de medidas de hecho, en razón a que se cumplió con los presupuestos exigidos por este Tribunal: i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica; y, ii) Demostraron la titularidad o dominialidad del bien inmueble. Los mencionados hechos evidencian que los accionantes efectivamente sufrieron avasallamiento por parte de los demandados, muestra de ello se tiene el Acta Circunstancial de Verificación de Propiedad Rústica 50/2022 de 11 de noviembre, elaborada por el Notario de Fe Pública 8 de Riberalta del departamento de Beni y el Acta de Inspección de acción de amparo constitucional de 18 de mayo de 2023; es necesario mencionar que una de las características de los avasallamientos, como se expuso en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es la manera como los agresores ingresan a la propiedad privada, con violencia, amedrentamientos, amenazas, tumulto de personas, con el único fin de crear una situación de caos y desorden, situaciones que ocurrieron en el caso de autos pues los referidos actos de hecho colocaron a los accionantes en una situación de desventaja frente a los demandados, pretendiendo con ello -a través de mecanismos de coacción- crear derechos que les faculten apropiarse indebidamente de propiedad privada, haciendo uso de la fuerza y violencia. Corresponde señalar que la violencia no crea derechos: La Norma Suprema prevé que; en el ámbito interno, prohíbe la justicia por mano propia (art. 1282.I del Código Civil [CC]), garantizando a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos; estableciendo, en forma rotunda, que nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban (art. 14.III y IV de la CPE); por ende, Augusto Mencia Miranda y Clara Maura Sotomayor de Mencía-ahora accionantes- acreditaron la titularidad de su derecho propietario, adquirido mediante Escritura Pública 0216/2017 de 22 de marzo, del inmueble ubicado en la Urbanización "EL CARMEN”, Distrito 5, del municipio de Riberalta del departamento de Beni, registrado en las oficinas de DD.RR bajo el folio real con matrícula computarizada 8.02.1.01.0006563; demostrado el pago de impuestos a la propiedad inmueble de las gestiones 2018 a 2022; y que sufrió el avasallamiento violento de su propiedad por parte de los demandados. Consecuentemente, la resolución de la presente causa se efectúo tomando en cuenta los antecedentes expuestos por los accionantes, los demandados y los argumentos expuestos por el Juez de garantías, debido a que la tutela que brinda la jurisdicción constitucional, tratándose de medidas de hecho, son siempre provisionales y no definen derechos, pues las controversias que surgen entre éstos deben ser resueltos en la vía ordinaria conforme establece el art. 1281 del CC, que indica: “Los conflictos entre derechos son resueltos por los órganos jurisdiccionales en la forma determinada por las leyes de la República”. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 63 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial de Familia Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la protección constitucional brindada a los accionantes, se aclara que el presente fallo constitucional no define derechos, pues ello corresponde única y exclusivamente a la vía ordinaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0733_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 202366982af4328cb541aba18ad0580e995a7dc310be9d81a3fd7f067e332f41

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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