B.IA.LEGAL

SCP 0733/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
52712-2023-106-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, a la impugnación, a una tutela judicial efectiva, principio de legalidad y de verdad material; toda vez que, las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 384/2022 de 29 de septiembre, rechazaron por inadmisible su recurso de apelación, sin haber ingresado al fondo del mismo, con el argumento que la impugnación planteada no cumplió con las formalidades estatuidas en el art. 404 del CPP; es decir, que la apelación no fue interpuesta de manera oral, en la misma audiencia de 29 de octubre de 2021, en la que el Juez a quo rechazó su incidente de nulidad de imputación; sino, que la apelación incidental fue presentada de manera escrita el 4 de noviembre de 2021. Todo lo anterior, soslayando que al concluir la audiencia de 29 de octubre de 2021, su defensa expresó que se reservaba el derecho de apelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 203 a 207; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, vinculado al derecho a la doble instancia. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Respecto a la interposición y trámite del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0733/2024-S4 Sucre, 21 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 52712-2023-106-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 006/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 203 a 207, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Margoth Yucra Ríos contra Hugo Michel Lescano y José Manuel Gutiérrez Velásquez, ambos, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 9 a 20 y de subsanación de 28 de igual mes y año de (fs. 23 a 24), la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derechos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Mario Yucra Martínez –hoy tercero interesado–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (psicológica); causa signada con el COD. ÚNICO: 101102012101477, interpuso incidente de nulidad de resolución de imputación, por evidenciarse actividad procesal defectuosa absoluta y transgresora de derechos fundamentales y garantías constitucionales; fue así, que requirió al Juez a quo, al amparo de los arts. 54.1 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), declare la nulidad de la imputación, debido a que fue emitida vulnerando derechos y garantías constitucionales y, se ordene al Ministerio Público, que en cumplimiento de los arts. 71, 72, 73, 301.3 y 304 inc.) 1 del mismo cuerpo legal y arts. 5.1, 3 y 8, “12.12” y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), emita el requerimiento conclusivo de rechazo de la denuncia, en mérito a que la prueba de cargo y descargo, dieron cuenta de que el hecho denunciado jamás existió. Ahora bien, el 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de resolución de incidente de nulidad de imputación, y conforme consta en el acta de dicha audiencia, su defensa se reservó el derecho de apelar. En ese sentido, mediante memorial de 4 de noviembre de 2021, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 29 de octubre del mismo año, solicitando al Tribunal de alzada que, resolviendo en el fondo, revoque el mismo, porque “también fue emitido, en franca vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados en la Imputación”. Fue así, que conforme se tiene del desarrollo de la Audiencia de apelación incidental, celebrada el 29 de septiembre de 2022; es decir, once meses después de haberse emitido la resolución impugnada, cuando por disposición del art. 406 CPP, la misma debía haberse realizado dentro de los cinco días, como máximo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin ingresar al fondo del recurso, rechazó el incidente por inadmisible; es decir, por no haber sido presentado con el formalismo previsto en el art. 404 de la Ley adjetiva penal, lesionando su derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, a la impugnación, a una tutela judicial efectiva, principio de legalidad y de verdad material; citando al efecto los arts. 13.I, IV, 109.1, 115.II, 117, 119, 178.1 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: se deje sin efecto el Auto de Vista 384/2022 de 29 de septiembre, disponiendo la inmediata restitución del derecho a la impugnación en los procesos judiciales; y, en su caso, disponiendo la reparación de los defectos legales, debiendo ordenarse que los Vocales demandados emitan un nuevo Auto de Vista resolviendo la apelación incidental, aplicando objetivamente el ordenamiento jurídico, efectuando una adecuada compulsa de antecedentes, en el marco de la jurisprudencia constitucional y los estándares mínimos internacionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 10 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 196 a 202 vta., presente la accionante y, ausentes las autoridades ahora demandadas; el representante del Ministerio Público y el tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionaria de tutela, a través de sus abogadas en audiencia, ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando los mismos, señaló que: a) Toda la prueba producida, da cuenta que el hecho que se le endilga es inexistente; empero, lamentablemente, no fue objetivamente valorada y apreciada por ambos juzgadores, principalmente el de primera instancia, motivo por el cual, pretendieron que el Tribunal de alzada pueda advertir e ingresar al fondo, en mérito a todo lo cuestionado en la apelación; sin embargo, el único sustento que tiene el Auto de Vista fue: “es este contexto el principio de legalidad se convierte en la piedra fundamental sobre la que se edifica el derecho penal, de modo que viene a sustituir el Gobierno de los hombres o el Gobierno de la Ley” (sic); b) El sustento esencial de la presente acción de defensa, será la solicitud que puedan hacer prevalecer el derecho sustancial por encima del derecho formal; ya que simplemente por una situación formal plasmada en el Auto de Vista es que de alguna manera se desestima el poder ingresar al fondo del Recurso de Apelación y por el mismo hecho se rechace por inadmisible; c) Debe considerarse el génesis del art. 404 del CPP, ya que antes de la modificación establecía que con la Resolución que fuera dictada en audiencia oral, se tenía el plazo de tres días para interponer el recurso pertinente; ahora bien, con la Ley –se comprende la Ley 1173– evidentemente, fue modificado, pero dicha ley tampoco es tan ajena, “porque esta mismas ley si bien señala que de alguna manera tiene que ser de esa manera, pero también de alguna manera la posibilidad que otro tipo de soluciones dicen lo mismo ya modificado el art. 104 del CPP que uno tiene los tres días” (sic), ello quiere decir, que lo que está reclamando se encuentra en sentido de que tenga que aplicarse el derecho sustancial por encima del derecho formal, no es algo nuevo, algo que se pretenda implementar o que se esté inventando; por el contrario ya existía y aún existe en ese mismo artículo modificado; d) El espíritu de la Ley 1173 es el de agilizar los procesos, y de la revisión de obrados, se advierte y le parece injusto que a una de las partes se le exija dicha situación y no así a los juzgadores, habida cuenta que el recurso de apelación fue resuelto después de casi un año; entonces surge la cuestionante, ¿de qué principio de inmediación, de rapidez, de celeridad se puede hablar en este tipo de procesos?; e) Existe prueba suficiente para que la denuncia hubiese sido rechazada hace bastante tiempo; inclusive cursa en obrados una representación efectuada por la Trabajadora Social y el Psicólogo de la Oficina del Adulto Mayor, dirigida a la Fiscal de Materia que conocía el caso, refiriendo que el denunciante formuló la denuncia porque quería que su hija le devuelva la suma de “5 000.- (cinco mil)” (sic) sin especificar si se trata de bolivianos o dólares; y, f) El supuesto hecho fue inventado por el denunciante; pero además de ello, las declaraciones de los testigos no fueron valoradas, en sentido de que ya había una situación de enemistad con ella, señalaron aspectos contradictorios con la misma denuncia.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Hugo Michel Lescano, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través de informe escrito de 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 45 a 49, señaló que: 1) En la audiencia de 29 de octubre de 2021, una vez dictada la Resolución de forma oral, el abogado de Margoth Yucra Rios, tenía la obligación de interponer su recurso de apelación, inmediatamente de forma oral; es decir, una vez escuchada la Resolución emitida en audiencia de forma oral, en base al principio de legalidad, tenía que plantear su recurso de apelación inmediatamente en forma oral en la misma audiencia; 2) En ese entendimiento, el hecho de que Margoth Yucra Rios, haya reservado su derecho para apelar, se tiene que no cumplió con lo dispuesto por el art. 404 del CPP, de presentar inmediatamente la apelación; 3) La reserva de apelación precitada se concretizó el 5 de noviembre de 2021, cuando se presentó el recurso de apelación de forma escrita; debe considerarse que la defensa de la apelante hoy accionante, no consideró las modificaciones establecidas por la Ley 1173, respecto al momento y forma en el que se tiene que presentar el recurso de apelación incidental, como se encuentra estatuido en el art. 404 del CPP; 4) El recurso de apelación formulado por Margoth Yucra Rios, no cumplió con el requisito sustancial, inexcusable e insubsanable, exigido por el art. 404 del CPP, el de haber sido planteado inmediatamente de forma oral en audiencia, restringiendo al Tribunal para que ingrese a considerar el fondo del mismo; respecto a la aplicación directa a lo previsto en el art. 399, segundo párrafo del Código Adjetivo Penal; por lo que, corresponde rechazar por inadmisible, el recurso planteado. Por lo expuesto, de ninguna manera se ha vulnerado el derecho al debido proceso, en sus vertientes derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, legalidad y tutela judicial efectiva; y, 5) Debido a que, se tiene que tomar en cuenta, como claramente se explica en el Auto de Vista cuestionado, la apelación incidental exige en el numeral 3 del art. 396 del CPP, como regla general, la forma de apelación, que concordante con el art. 404 del CPP, esta tiene que ser de forma inmediata, reglas generales no cumplidas por la apelante, quien falta a la verdad, cuando en la segunda página de su acción, señala que su abogado habría indicado que iba a apelar, circunstancia que no refleja el acta de la audiencia de 29 de octubre de 2021.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Mario Yucra Martínez, no asistió a la audiencia ni presentó informe escrito, a pesar de su legal notificación cursante a fs. 32. José Manuel Gutiérrez Velásquez –entonces– Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no asistió la audiencia de consideración de la acción tutelar ni presentó informe escrito alguno; sin embargo, en la citada audiencia se mencionó que fue debidamente notificado; empero, no consta notificación de dicho actuado.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Fiscal Departamental de Chuquisaca, no asistió a la audiencia de admisión de la acción tutelar ni presentó informe escrito alguno, a pesar de su legal notificación cursante a fs. 32.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 006/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 203 a 207, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 384/2022, disponiendo que las autoridades demandadas en observancia al art. 406 del CPP, sustancien y resuelvan el fondo del recurso de apelación planteado por la ahora accionante, en observancia a los parámetros del debido proceso y lo expresado en el presente fallo; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) En ese marco, del examen de los antecedentes y elementos aportados conforme a los parámetros señalados precedentemente, se tiene que la accionante denuncia la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales como ser al debido proceso en su componente derecho a la defensa, derecho a la impugnación o doble instancia, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, a partir de que los Vocales de la Sala Penal Segunda emitieron el Auto de Vista 384/2022 rechazando por inadmisible el recurso de apelación incidental; ii) Del análisis del Auto de Vista 384/2022, se puede advertir que, en su "CONSIDERANDO II" realizando la cita textual del art. 403 del CPP respecto a las resoluciones apelables, y el art. 404 del mismo cuerpo normativo, referido a la interposición del recurso que en su primer párrafo establece: "Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente" (sic), y también parafrasearon sobre estos aspectos. En su “Considerando III” en juicio de inadmisibilidad en el marco de los arts. 394, 396, 403 y 404 del CPP, señalan que: a) La impugnante es parte del proceso y se encuentra legitimada para recurrir; b) La resolución impugnada es recurrible; y, c) En cuanto al momento para la interposición del recurso de apelación incidental, citando lo expresado en el art. 404 refirieron que la accionante debió formular su recurso en audiencia y no por escrito, por cuanto la resolución fue dictada en audiencia y, la norma es taxativa con énfasis en el principio de legalidad, las resoluciones dictadas oralmente en audiencia también deben ser impugnadas en la misma audiencia, y que en el caso simplemente se manifestó "nos reservamos el derecho para apelar"; a partir del cual, la entonces recurrente presentó memorial de apelación en el plazo de 3 días, empero que no se cumplió con los requisitos de forma y oportunidad, vale decir, que no se formuló oral ni oportunamente como debería proceder en cumplimiento del art. 404 del CPP; iii) Conforme lo descrito se podría entender que la Resolución se encuentra fundamentada al citar la norma prevista en el art. 404 del CPP, estableciendo el sentido, alcance que le asignan los Vocales demandados y lo que se entiende por lo dispuesto en dicha norma; y, motivada al explicar que la parte accionante no formuló su recurso de apelación incidental cumpliendo esa forma y oportunidad, sino que solo hubiese manifestado reservarse el recurso sin cumplir con esos aspectos, lo cual derivaría en inadmisible; iv) Sin embargo, la jurisdicción constitucional en análisis de lo invocado por la parte accionante y de la prevalencia del derecho sustancial vinculado a la verdad material, como componentes del debido proceso que esencialmente implica la búsqueda del orden justo, se debe analizar la razonabilidad de ésta decisión y determinar la relevancia de lo denunciado; v) De la revisión de los antecedentes y entre ellos el Acta de 29 de octubre de 2021 se advierte que, la parte ahora accionante refirió: "nos reservamos el derecho para apelar" (sic), lo cual constituye una manifestación de rechazo a la decisión asumida, que formalmente puede entenderse como un simple anuncio; sin embargo, también se debe tomar en cuenta que, el Juez tenía el deber de señalar si la resolución es recurrible, en qué plazo u oportunidad y de qué manera, empero según el registro en aquella Acta no se cumplió con ese deber, lo cual hace incurrir en error a la parte ahora accionante, puesto que el Juez a la culminación de la emisión de su resolución manifestó que se les notifica a las partes y, que la resolución puede ser recurrida conforme a lo previsto en el art. 404 del CPP, sin tener en cuenta que esa disposición normativa contempla las dos formas de recurrir, tanto la apelación oral en la misma audiencia contra resoluciones dictadas oralmente en ella, y la apelación de manera escrita en el plazo de tres días; vi) Por lo anotado, entendiendo que la apelación de las resoluciones de forma oral consiste en manifestar y hacer conocer el rechazo o impugnación de la decisión asumida, en la resolución pronunciada en la misma audiencia sin la necesidad de fundamentar ante la misma autoridad, puesto que resultaría insulso e inocuo expresar agravios ante la misma autoridad que emitió la resolución recurrida, por cuanto bajo el principio de oralidad, de concentración e inmediación debe ser el Tribunal de Apelación quien tenga que conocer los fundamentos del recurso de apelación, conforme al art. 406 del CPP; una vez expresado ese rechazo a la resolución emitida oralmente que implica manifestación de impugnación, debe entenderse que esta resulta suficiente para la remisión del expediente y antecedentes al Superior, para que éste señale la audiencia, oportunidad en la cual el impugnante hará conocer los agravios y motivos al Tribunal que resolverá el recurso, y también la respuesta de la otra parte a esos agravios; por ello, la apelación oral no tiene ninguna otra formalidad más que hacer conocer al Juez Jueza o Tribunal su decisión de apelar del fallo; vii) Los Vocales demandados al entender que la reserva de apelación no equivale a impugnación, incurren en un excesivo formalismo, a partir de ello no le otorgan ningún efecto a esa manifestación y, consideran la presentación del memorial escrito de fundamentación determinaría el incumplimiento de las formalidades del recurso de apelación; empero, no consideran, primero que el Juez hizo incurrir en error al no precisar el plazo y la forma en la que podía ser apelada dicha Resolución, y tampoco consideraron que hubo una manifestación de rechazo o impugnación expresada al concluir la lectura de la Resolución del a quo; a partir de lo cual, ante una situación de duda, aplicando los estándares de la prevalencia del derecho sustancial y verdad material, debió ser entendido a favor de la activación de la impugnación; viii) A partir de lo anotado, habiéndose procedido a señalar la audiencia de fundamentación para el 28 de septiembre de 2022 y reprogramada para el día siguiente, el Tribunal de apelación ejerciendo la dirección del proceso en el marco de la primera parte del art. 406 del CPP, debió disponer que la parte recurrente exponga oralmente los fundamentos de su impugnación y resolver el fondo de la impugnación de manera fundamentada, cumpliendo los estándares de la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; empero, al no haber obrado de esa manera y haber declarado la inadmisibilidad del recurso, haciendo prevalecer obstáculos irrazonables para el acceso al recurso de impugnación, con prevalencia de las formalidades frente al derecho sustancial como es el derecho a la impugnación; lesionaron los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la accionante, convirtiendo en ineficaz el recurso de impugnación, derecho a la doble instancia vinculado con el derecho a la defensa; y, ix) Aclarando, que a esta jurisdicción no le compete ni corresponde pronunciarse respecto al fondo de la impugnación, por cuanto lo cuestionado en esta acción es la decisión de declarar la inadmisibilidad; por lo cual, corresponde conceder la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista 384/2022 que rechazó por inadmisible el recurso de apelación planteado por la impetrante de tutela, ordenando a los Vocales de la Sala Penal Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca ahora demandadas, señalen nueva audiencia siguiendo los estándares y parámetros del debido proceso, y la prevalencia del derecho sustancial, para escuchar los fundamentos del recurso y resuelvan el mismo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de nulidad de imputación formal, celebrada el 29 de octubre de 2021, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Chuquisaca, de donde se constata que Margoth Yucra Ríos –hoy accionante–, interpuso incidente de nulidad de imputación y a la conclusión de dicho actuado procesal su defensa técnica expresó “Nos reservamos el derecho para apelar” (sic) (fs. 175 y vta.) II.2. Por Auto Interlocutorio 39/21 de 29 de octubre de 2021, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Mario Yucra Ríos en contra de la hoy accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Chuquisaca, dispuso declarar infundado el incidente de nulidad de imputación formal planteado por la defensa de Margoth Yucra Ríos; así mismo, del memorial presentado –digitalmente– el 4 de noviembre de 2021 y de manera física el 5 del mismo mes y año, ante el Juzgado precitado, se conoce que la ahora solicitante de tutela opuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio citado precedentemente; habida cuenta, que en audiencia de 29 de octubre de 2021, su defensa se reservó el derecho de apelación incidental (fs. 176 a 177 vta.; y, 180 a 188 vta.). II.3. Por Auto de Vista 384/2022 de 29 de septiembre, emitido por Hugo Michel Lescano y José Manuel Gutiérrez Velásquez, –entonces– Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandados–, rechazaron por inadmisible el recurso de apelación incidental formulado por Margoth Yucra Rios, por no haber cumplido con el requisito sustancial, inexcusable e insubsanable, exigido por el art. 404 del CPP, el de haber sido planteado inmediatamente de forma oral en audiencia (fs. 6 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, a la impugnación, a una tutela judicial efectiva, principio de legalidad y de verdad material; toda vez que, las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 384/2022 de 29 de septiembre, rechazaron por inadmisible su recurso de apelación, sin haber ingresado al fondo del mismo, con el argumento que la impugnación planteada no cumplió con las formalidades estatuidas en el art. 404 del CPP; es decir, que la apelación no fue interpuesta de manera oral, en la misma audiencia de 29 de octubre de 2021, en la que el Juez a quo rechazó su incidente de nulidad de imputación; sino, que la apelación incidental fue presentada de manera escrita el 4 de noviembre de 2021. Todo lo anterior, soslayando que al concluir la audiencia de 29 de octubre de 2021, su defensa expresó que se reservaba el derecho de apelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada

III.1. El derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, vinculado al derecho a la doble instancia. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0735/2023-S4 de 14 de agosto, citando a su vez la SCP 0052/2021-S4 de 27 de abril; se refirió sobre el derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, estableciendo que: “La Constitución Política del Estado, como Ley Fundamental ha consagrado que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’ (art. 115.II); así como, que ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios’ (art. 119.II); en ese marco, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0002/2020-S4 de 9 de enero, entre otras, sobre el derecho a la defensa en el proceso penal, estableció que: ‘Con referencia al derecho a la defensa (…) la Norma Suprema, instituye que toda persona tiene el derecho a la defensa; por su parte la doctrina y la jurisprudencia constitucional desarrollada al respecto señalan que el derecho a la defensa tiene dos dimensiones: La defensa material y la defensa técnica, la primera es aquella que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal, posibilitándole realizar todos los actos que le permitan excluir o atenuar la reacción penal estatal; en tanto que la segunda dimensión, está referida al derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del proceso hasta su conclusión. En ese contexto la SCP 0743/2018-S4 de 6 de noviembre, sostuvo: «El extinto Tribunal Constitucional sobre el derecho a la defensa en la SC 0887/2010-R de 10 de agosto, indicó lo siguiente: `En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPE abrg. que «El derecho a la defensa en juicio es inviolable» y en el art. 115.II de la CPE, que: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones». Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente. Sobre el particular, en la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, refiriéndose al derecho a la defensa, identificó dos connotaciones: «La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio»; A su vez la SCP 0567/2012 de 20 de julio, estableció que: «El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’ (…) El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo…»’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

De igual modo, este Tribunal, instituyó en la SCP 0270 /2017-S3 de 5 de abril, que el derecho a la impugnación como garantía procesal se encontraba vinculado al derecho a la defensa, al concluir bajo la reiteración de entendimientos anteriores que: “‘…«La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos»’. En ese sentido, la Constitución Política del Estado en sus arts. 115.II y 180.I, disponen que el Estado a través de sus órganos y autoridades jurisdiccionales y administrativas, en todo proceso judicial o administrativo, tiene el deber de garantizar el ejercicio del derecho al debido proceso, entendido como la correcta administración de justicia donde las partes tienen la posibilidad de utilizar todos los medios de defensa, establecidos por ley tendientes a lograr una sentencia justa que ponga fin a la controversia jurídica sometida al juez o tribunal competente; asimismo, el art. 180.II de la Norma Suprema establece que en todo proceso judicial o administrativo, se garantiza el derecho a la impugnación, mediante el cual las partes procesales tienen la posibilidad de cuestionar las resoluciones cuando consideran que son vulneratorias a sus derechos o garantías de orden procesal relacionados directamente con sus intereses legítimos reconocidos por ley, de manera que el juez o tribunal de segunda instancia pueda corregir los agravios deducidos de las determinaciones asumidas en primera instancia; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Barreto Vs. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009 (Fondo, reparaciones y costas), señaló que: ‘El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo’ (las negrillas y el subrayado fueron añadidos). Bajo tales razonamientos, podemos establecer que, siendo el derecho a la defensa irrestricta, un componente elemental del proceso sancionatorio, constituido como uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en procedimientos de esa índole, el cual se instituye como un bloque de garantías procesales a favor del justiciable en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, el mismo es inviolable e irrenunciable; a partir de lo cual, las autoridades judiciales y/o administrativas deben garantizar el mismo, interpretando las normas pertinentes bajo el principio de favorabilidad antes que restrictivamente; derecho que además, al ser un elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, también se encuentra vinculado al derecho a la doble instancia, que se traduce en la posibilidad de que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia”.

III.2. Respecto a la interposición y trámite del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0735/2023-S4 de 14 de agosto, refiriéndose sobre la interposición y trámite del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción, señaló que: “La tramitación del recurso de apelación incidental, prevista en el adjetivo penal boliviano, en sus arts. 403 al 406, fue modificada por la Ley 1173 –‘Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres’, de 3 de mayo de 2019–; norma que, tuvo como uno de sus pilares fundamentales el materializar los principios de celeridad, oralidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, estableciendo al efecto mecanismos procesales que permitan, entre otros, profundizar la oralidad en la sustanciación de las causas. En ese sentido, bajo las modificaciones indicadas, los preceptos señalados, establecieron que: ‘Artículo 403º.- (RESOLUCIONES APELABLES). El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: 1) La que resuelve la suspensión condicional del proceso; 2) La que resuelve una excepción o incidente; 3) La que resuelve medidas cautelares o su sustitución; 4) La que desestime la querella en delitos de acción privada; 5) La que resuelve la objeción de la querella; 6) La que declara la extinción de la acción penal;

7) La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional; 8) La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales; 9) La que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena, 10) La que resuelva la reparación del daño; y, 11) Las demás señaladas por este Código. Artículo 404º.- (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar. Artículo 405º.- (REMISIÓN). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva. Artículo 406º.- (TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código’. Disposición ésta última, que nos remite a lo previsto por el art. 113 del CPP, que a su letra, manda: ‘I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes.

Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal.

III. Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el

debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes. IV. Las audiencias serán registradas en su integridad digitalmente de manera audiovisual. La Oficina Gestora de Procesos será responsable de cumplir con los protocolos de seguridad que garanticen la inalterabilidad del registro y su incorporación al sistema informático de gestión de causas. Los registros digitales de las audiencias deberán estar disponibles en el sistema informático de gestión de causas, para el acceso de las partes en todo momento, a través de la ciudadanía digital conforme a protocolos de seguridad establecidos para el efecto. A solicitud verbal de las partes se proporcionará copia en formato digital y se registrará constancia de la entrega a través de la Oficina Gestora de Procesos’’”(las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, a la impugnación, a una tutela judicial efectiva, principio de legalidad y de verdad material; toda vez que, las autoridades demandadas mediante el Auto de Vista 384/2022 de 29 de septiembre, rechazaron por inadmisible su recurso de apelación, sin haber ingresado al fondo del mismo, con el argumento que la impugnación planteada no cumplió con las formalidades estatuidas en el art. 404 del CPP; es decir, que la apelación no fue interpuesta de manera oral, en la misma audiencia de 29 de octubre de 2021, en la que el Juez A quo rechazó su incidente de nulidad de imputación; sino, que la apelación incidental fue presentada de manera escrita el 4 de noviembre de 2021. Todo lo anterior, soslayando que al concluir la audiencia de 29 de octubre de 2021, su defensa expresó que se reservaba el derecho de apelar. De los antecedentes que ilustran el expediente remitido en revisión, se tiene que, el 29 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Audiencia de consideración de incidente de nulidad de imputación formal, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Chuquisaca, oportunidad en la que Margoth Yucra Ríos, ahora peticionaria de tutela, expuso y fundamentó su pretensión procesal y, a la finalización de dicha audiencia, su abogado defensor manifestó “Nos reservamos el derecho para apelar” (sic) (Conclusión II.1). Asimismo, se conoce que en la misma data –29 de octubre de 2021–, Gary Bracamonte Gumiel, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Chuquisaca, como corolario de la audiencia referida precedentemente, emitió el Auto Interlocutorio 39/21 de 29 de octubre de 2021; por el que declaró infundado el incidente de nulidad de imputación formal interpuesto por la hoy accionante; de la misma forma, cursa en antecedentes el escrito presentado –digitalmente– el 4 de noviembre de 2021 y de manera impresa o física el 5 del mismo mes y año, ante el Juzgado citado anteriormente, de donde se aprecia que la ahora peticionante de tutela opuso apelación incidental contra el Auto Interlocutorio mencionado supra; toda vez, que en la audiencia de 29 de octubre de 2021, su defensa se reservó el derecho de apelación incidental (Conclusión II.2). Finalmente, los Vocales –ahora demandados– de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Hugo Michel Lescano y José Manuel Gutiérrez Velásquez, pronunciaron el Auto de Vista 384/2022 de 29 de septiembre, mediante el cual rechazaron por inadmisible el recurso de apelación incidental opuesto por Margoth Yucra Ríos, por no haber cumplido con el requisito sustancial, inexcusable e insubsanable, previsto en el art. 404 de la Ley adjetiva penal; es decir, haber sido planteado inmediatamente de forma oral en audiencia (Conclusión II.3). En tal sentido, la hoy impetrante de tutela, identificó al Auto de Vista citado precedentemente, como el fallo que lesionó el debido proceso en sus componentes, derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, a la impugnación, a una tutela judicial efectiva, principio de legalidad y de verdad material; en razón a que los Vocales ahora demandados, declararon inadmisible su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que resolvió el incidente de nulidad de imputación formal, sin haber ingresado al fondo del recurso, soslayando que en audiencia expresó la reserva de su derecho a apelar y concluyeron erradamente que hubo incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 404 del CPP, referida a que el recurso debió ser planteado inmediatamente de forma oral en audiencia; y, por ende, no hubo manifestación alguna respecto de los agravios referidos en la impugnación aludida. Ahora bien, para realizar la compulsa respectiva resulta menester analizar los argumentos vertidos en el Auto de Vista 384/2022 de 29 de septiembre, de cuyo contenido se advierte que, el 29 de octubre de 2021, una vez que el Juez a quo dictó el Auto Interlocutorio en forma oral; el abogado de Margoth Yucra Ríos –hoy accionante–, tenía la obligación de interponer su recurso de apelación inmediatamente en forma oral; empero, el hecho de que “haya reservado su derecho para apelar, se tiene que no cumplió con lo dispuesto por el art. 404 del CPP, de presentar inmediatamente su apelación. Reserva de apelación que se concretizó en fecha 5 de noviembre de 2021, cuando se presentó el recurso de apelación de forma escrita. Considerándose, sin lugar a duda, que la defensa de la ahora apelante no tomó en cuenta las modificaciones establecidas por la Ley 1173, respecto al momento y forma en el que se tiene que presentar el recurso de apelación incidental, como indica el art. 404 del CPP”(sic). Por lo que el Tribunal consideró que el recurso de apelación planteado por Margoth Yucra Ríos, no tenía los requisitos de plazo, ni forma. En ese orden de ideas, ingresando al análisis referido a que las autoridades hoy demandadas, no ingresaron al fondo de dicho recurso, toda vez que concluyeron erróneamente que la hoy impetrante de tutela al haber reservado su derecho para apelar, no cumplió con lo previsto por el art. 404 del CPP; al respecto, corresponde remitirnos al marco normativo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, concerniente a la interposición y trámite del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción, rescatando el mandato de los arts. 404 y 406 de la Ley adjetiva Penal; en los cuales prevé que, cuando la Resolución se dicte en audiencia, el mencionado recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó; y, por otro lado, que recibidas las actuaciones, la Sala Penal respectiva, señalará día y hora para el verificativo y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro horas con aquello; además que, la audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el art. 113 del mismo cuerpo legal; precepto éste último, que entre dichas reglas ordena que los verificativos se realizarán bajo los principios de oralidad; que en ningún caso se alterará el procedimiento establecido autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales; y, que una vez verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate; así como, que en ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Mandatos a partir de los cuales, en el caso de análisis; se evidencia que, los Vocales recurridos se apartaron del marco estatuido en el Código de Procedimiento Penal para la tramitación del recurso de apelación contra un incidente y/o excepción; puesto que, habiendo señalado e instalado el verificativo respectivo, la parte apelante no tuvo la oportunidad de exponer oralmente los agravios enunciados en su apelación, lo que contradice el criterio de los Vocales demandados, que observaron que la defensa técnica de la apelante no expuso dichos agravios ante el Juez a quo a tiempo de plantear la impugnación; por otro lado, el fundamento de que la “anunciación” del recurso de apelación, no estaba reconocida por el art. 404 del CPP, resulta un criterio demasiado restrictivo; más aún, si se considera que dicho recurso fue posteriormente reiterado y ampliado por la hoy accionante el 4 de noviembre de 2022; en ese orden de ideas, es menester reconocer que si bien, la parte procesada, equivocó la observancia del procedimiento exponiendo agravios de forma escrita en la data precitada; no obstante, aquello no excusaba a los Vocales hoy demandados en su obligación de proseguir conforme lo previsto por los arts. 404 y 406 CPP, a efecto de resolver lo que corresponda conforme a derecho respecto al recurso de apelación incidental; más aún, si la determinación al respecto debía preponderar el derecho a la doble instancia de la recurrente, al encontrarse éste vinculado al derecho a la defensa como elemento constitutivo esencial e imprescindible del debido proceso, que se traduce en la posibilidad de que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar a un irrestricto acceso a la justicia; en tal sentido, el derecho a la defensa irrestricta, es un componente elemental del proceso sancionatorio, constituido como uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en procedimientos de esa índole, el cual se instituye como un bloque de garantías procesales a favor del justiciable en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, siendo el mismo inviolable e irrenunciable; a partir de lo cual, las autoridades judiciales y/o administrativas deben garantizar su prevalencia y aplicación preferente, interpretando las normas pertinentes bajo el principio de favorabilidad antes que restrictivamente (Fundamento Jurídico III.1.); correspondiendo por todo ello, conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2023 de 10 de enero, cursante de fs. 203 a 207; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0733_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6daef282307b32ec0cbbd16d06b6185817be5cb5590bc50c4560dc165e3bfa16

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