Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa en relación con su derecho a la libertad; toda vez que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada y otros, el Juez demandado, no emitió la conminatoria prevista en el art. 134 del CPP para que el Fiscal Departamental emita requerimiento conclusivo, no obstante a que el plazo de la etapa preparatoria venció; y, sin considerar los memoriales que en forma reiterativa presentó solicitando dicha conminatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El derecho a la conclusión de la etapa preparatoria en un plazo razonable y el control del juez de instrucción penal; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al Juez demandado, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y: 2° Disponer que el Juez demandado resuelva inmediatamente los memoriales presentados por el accionante conforme a ley, siempre y cuando no lo hubiera hecho. 3° Denegar la tutela en cuanto a la Secretaria Abogada ahora demandada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0733/2023-S1 Sucre, 5 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46792-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Ulises Ibáñez Valverde en representación sin mandato de Jorge Alejandro Jaldin Salazar contra Roberto Parada Mole, Juez y Esther Patricia Alanes Oropeza, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 9 de febrero de 2022, cursante de fs. 22 a 30 vta., el accionante por intermedio de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por los presuntos delitos de estafa agravada y asociación delictuosa, desde la presentación de la imputación formal en su contra hasta la fecha, han transcurrido nueve meses y quince días sin que el Ministerio Público presente su acusación formal, y sin que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- hubiera emitido la conminatoria al Fiscal Departamental. En reiteradas oportunidades solicitó se emita la conminatoria sin que dicha solicitud merezca respuesta alguna, omisión con la cual se vulnera su derecho al debido proceso y a la defensa apartándose de lo que establece el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que constituye una actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación.
Alega como vulnerados el derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa en relación con el derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115.II; 119.II; y, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que el Juez demandado emita la correspondiente conminatoria al Fiscal Departamental en cumplimiento con lo establecido en el art. 134 del CPP.
La audiencia pública de acción de libertad, fue realizada el 11 de febrero de 2022, conforme consta en el acta de audiencia cursante de fs. 49 a 50 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su representante sin mandato ratificó el memorial de acción de libertad presentado y ampliando el mismo añadió lo siguiente: a) El art. 134 del CPP, señala que la etapa preparatoria debe finalizar en el plazo de seis meses de iniciado el proceso, el proceso se inició con la imputación formal de 23 de abril de 2021; es decir, que se está a casi un año; b) Se hizo conocer a la autoridad demandada en diversos memoriales por ejemplo el de 17 de diciembre, que la etapa preparatoria venció y que conforme el artículo antes mencionado, corresponde efectuar la conminatoria al Fiscal Departamental para que dentro del plazo de cinco días presente su requerimiento conclusivo, sin respuesta alguna, finalmente luego de varias reiteraciones el 7 de febrero de 2022, solicitó nueva conminatoria; sin embargo, tampoco se tuvo respuesta, de esa manera el proceso fue vulnerado por algún funcionario subalterno que no registró ni pasó al Juez los memoriales, que no le avisó que la etapa preparatoria habría vencido; c) Si el Fiscal dentro del plazo de seis meses no encuentra pruebas ni investiga, debe emitir su correspondiente requerimiento conclusivo de acusación o sobreseimiento o algún requerimiento conclusivo o salida alternativa la cual debe presentar al Juez de la causa; y, d) Pide se conceda la tutela y se instruya al Juez emita la conminatoria al Fiscal Departamental; toda vez que, es obligación del Ministerio Público emitir el requerimiento conclusivo.
Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, presente en audiencia manifestó que: 1) El cuaderno procesal fue remitido en original a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento el 18 de diciembre de 2021, debido a que el accionante presentó un incidente que fue admitido para que por la Oficina Gestora de Procesos proceda al sorteo y remisión en original del cuaderno procesal; por cuanto, el apelante no proporcionó las copias; 2) La Secretaria Abogada del juzgado Esther Patricia Alanes Oropeza informó al Juzgador que el apelante no habría proporcionado las copias y el suscrito ordenó la remisión del original para un mejor saneamiento procesal, como consta del Oficio “90/21 de fecha 11 de febrero de 2022” (sic); 3) Del informe de la Secretaria Abogada se evidencia que no fueron decretados los cuatro memoriales que ha presentado respecto a la conminatoria conforme el art. 134 del CPP; por cuanto, no tiene el cuaderno procesal en original; 4) Corresponde remitir los memoriales ante la Sala Penal Tercera para que se adjunte al cuaderno procesal en original y como se tiene ordenado una vez devuelto el cuaderno procesal cual fuere la resolución del Tribunal de alzada va a resolver los memoriales de solicitud de conminatoria; y, 5) Es importante tomar en cuenta lo establecido por el art. 396 del CPP, sobre el efecto suspensivo del recurso; y lo dispuesto en el art. 56 del citado Código; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. A su turno Esther Patricia Alanes Oropeza, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, presente en audiencia se adhirió a lo manifestado por el Juez Roberto Parada Mole, e informó que: Cumplió con todas sus funciones conforme establece la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y solicitó se deniegue la tutela solicitada por la parte accionante.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 51 a 53 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Citó la SCP 0005/2018-S1 de 27 de febrero y señaló que del análisis del caso concreto se tiene que la parte accionante no ha establecido como es que través de una conminatoria al Fiscal Departamental se ha conculcado el derecho a la libertad; más bien al efecto se ha pronunciado dentro de los marcos normativos que reglan el procedimiento penal los efectos de apelación, puesto que el mismo accionante habría recurrido a este recurso de impugnación, siendo éste el mecanismo idóneo procesal para poder objetar cualquier resolución por parte del Juez de Instrucción en una primera instancia, tal como se lo ha efectivizado por el hoy accionante; por lo que, al amparo de esta Sentencia Constitucional Plurinacional al no haber sustentado tampoco la vinculación directa a través de la presentación de esta acción de defensa, así también a partir de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales que establecen que la carga probatoria debe estar sustentada por la parte accionante, puesto que en la acción de libertad rige el principio de informalismo; y, ii) Pero no por ello se debe prescindir de la presentación de una prueba mínima que acredite hechos denunciados esto respecto a la segunda parte, en cuanto a la Secretaria Abogada de dicho juzgado -ahora demandada-, que no habría procedido a remitir los memoriales y al haber puesto en conocimiento de la autoridad que tiene a cargo el control de dicho proceso y que adjunto copia del libro; en ese sentido no se tiene prueba ni certidumbre de ese aspecto, carece de prueba mínima aportada por la parte accionante y obtenido el pronunciamiento por parte de la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal presentada por el Ministerio Público el 26 de abril de 2021, contra Jorge Alejandro Jaldin Salazar y otros por los presuntos delitos de estafa agravada y asociación delictuosa; lo que mereció que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, señale audiencia de medidas cautelares para el 20 de mayo de igual año a horas 09:00, para considerar la situación jurídica de los imputados (fs. 2 a 17). II.2. El 18 de noviembre de 2021, fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el cuaderno procesal original Ministerio Público contra Jorge Alejandro Jaldin Salazar y otros correspondiente al NUREJ 70252389 en grado de apelación incidental (fs. 47). II.3. Mediante memoriales de 17, 22 y 23 de diciembre de 2021 Jorge Alejandro Jaldin Salazar, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conmine al Fiscal Departamental para que en el plazo máximo de cinco días desde su notificación presente requerimiento conclusivo al haber superado el plazo establecido para la etapa preparatoria, a objeto de dar cumplimiento el art. 134 del CPP (fs. 19 a 21). II.4. El 7 de enero de 2022, se evidencia la remisión de cuatro memoriales, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz correspondientes al caso NUREJ 70252389 presentados por Jorge Alejandro Jaldin Salazar (fs. 44 a 46). II.5. Por memorial de 7 de febrero de 2022, Jorge Alejandro Jaldin Salazar, reiteró ante el referido Juez, solicitud de conminatoria al Fiscal Departamental para que en el plazo de cinco días de su notificación emita requerimiento conclusivo (fs. 18).
II.6. Consta Informe de 11 de febrero de 2022, remitido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la Secretaria Abogada Esther Patricia Alanes Oropeza del mismo Juzgado, en el que refiere que dentro del proceso por estafa agravada y otros, seguido por el Ministerio Público contra Jorge Alejandro Jaldin Salazar, signado con el NUREJ 70252389, el cuaderno procesal en original no se encuentra en el Juzgado, sino que ha sido remitido el 18 de noviembre de 2021 y se encuentra radicado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento en grado de apelación incidental, en consideración a que el incidentista Jorge Alejandro Jaldin Salazar, no proporcionó las copias para la remisión de su recurso de apelación incidental, en cumplimiento del art. 398 del CPP (fs. 48); y, anexó copias de la remisión (fs. 47).
El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa en relación con su derecho a la libertad; toda vez que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada y otros, el Juez demandado, no emitió la conminatoria prevista en el art. 134 del CPP para que el Fiscal Departamental emita requerimiento conclusivo, no obstante a que el plazo de la etapa preparatoria venció; y, sin considerar los memoriales que en forma reiterativa presentó solicitando dicha conminatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El derecho a la conclusión de la etapa preparatoria en un plazo razonable y el control del juez de instrucción penal; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre1, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril2, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad…”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0576/2021-S1 de 22 de octubre, asumió el siguiente entendimiento
La Constitución Política del Estado en el art. 115.II refiere que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; precepto constitucional que guarda relación con los arts. 7 inc. 5) y 8 inc. 1) de la CADH, que señala que toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial dentro de un plazo razonable, o caso contrario a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso penal. Este derecho también se encuentra reconocido en el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) cuando refiere que: “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”; a su vez, el art. 14.3 inc. c), indica que toda persona acusada de un delito, tiene derecho “A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. En este sentido, queda claro que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin duda tiene por objeto dar certidumbre al justiciable, respecto a la duración de su procesamiento penal a efectos de que éste, no sea indefinido y su duración excesiva le impida o menoscabe el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales; en este sentido, ante la apertura de un proceso, el Estado tiene el deber de garantizar que el mismo tenga una decisión final en el tiempo previsto por ley y que no sea dilatado injustificadamente, así la SC 0101/2004 de 14 de septiembre en el Fundamento Jurídico III.4, establece que el derecho a un plazo razonable permite que el imputado:
…pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables. Ahora bien, dentro del procesamiento penal, debe considerarse que el plazo razonable, puede operar en sus diferentes etapas procesales; pues no solo se refiere a la conclusión general del procesamiento penal, sino también, a todas sus fases, las cuales deben concluir en los tiempos máximos previstos por la norma, no pudiendo extenderse de forma indefinida, dejando en incertidumbre al imputado, con lo cual el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, puede ser alegado en la etapa preliminar, preparatoria o para el juzgamiento en general del proceso; puesto que, conforme nuestra normativa procesal penal, cada una de estas fases observa un tiempo de duración determinado.
En este entendido, y concretamente para la etapa preparatoria la misma comienza con la imputación formal y debe durar seis meses desde dicha resolución, pudiendo ampliarse únicamente conforme el segundo párrafo del art. 134 del CPP; correspondiendo tomar en cuenta, que el cómputo de los seis meses se efectúa desde la última imputación formal conforme lo estableció la amplia línea jurisprudencial sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo cual, el plazo de los seis meses, tiene por objeto que el Ministerio Público pueda emitir su requerimiento conclusivo y disponga por una de las resoluciones previstas en el art. 323 del CPP; vale decir, presente la acusación, cuando existan suficientes elementos y fundamentos sólidos para el enjuiciamiento del imputado, el requerimiento para la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado de un criterio de oportunidad, que se promueva la conciliación; o el sobreseimiento, ante la certidumbre de que el hecho no existió, que éste no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba no son insuficientes para fundamentar la acusación. Ahora bien, cuando el Ministerio Público vencido el plazo de los seis meses computados conforme lo antes indicado, no presenta ninguna de estas posibles resoluciones; vulnera el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable; por cuanto, la etapa preparatoria se encontraría vencida y el procesamiento consiguientemente devendría en arbitrario; situación, que la norma procesal, en el art. 134 del CPP, instituyó la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria; en efecto, el juez de instrucción penal, en cumplimiento a lo dispuesto por dicho precepto, al advertir el incumplimiento de la duración máxima de la etapa preparatoria, deberá conminar al Fiscal Departamental, para que en el plazo de cinco días presente requerimiento conclusivo, bajo sanción de declarar extinguida la acción penal, salvo que el proceso pueda continuar en base a la acusación del querellante; a su vez, esta autoridad hará saber de esta determinación al Fiscal de Materia, para su cumplimiento bajo responsabilidad. Como puede advertirse, el Código de Procedimiento Penal, le otorga al juez de instrucción penal, un rol muy importante en cuanto al control del retardo de la etapa de investigación; por cuanto, le faculta a conminar al Ministerio Público a efectos que cumpla con su deber y presente su requerimiento conclusivo o caso contrario extinga la causa, siempre y cuando el proceso no pueda continuar sobre la acusación particular; en consecuencia, se puede evidenciar que el art. 134 del CPP, le otorga a dicho juez de instrucción dos atribuciones concretas como son: 1) Conminar al Misterio Público para la presentación del requerimiento conclusivo; y, 2) Extinguir la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria.
Las atribuciones descritas, al estar directamente relacionadas con el control de la investigación que debe hacer el juez de instrucción penal, que a su vez se vincula con el derecho del encausado a ser juzgado en un plazo razonable, no pueden estar limitadas o supeditadas a la solicitud expresa de parte; puesto que, en aras de la materialización de una justicia, pronta oportuna y sin dilaciones, el control de la duración de la investigación; vale decir, la conminatoria y la extinción de la acción penal antes señaladas deberán ser dispuestas incluso de oficio, cuando se cumplan los presupuestos previstos por ley; a efecto de que se evite el procesamiento indefinido del encausado, quien en muchos casos se encuentra privado de libertad y no tiene acceso a una defensa técnica que pueda ser solicitada, estas atribuciones en realidad, se constituyen en deberes del juez de control jurisdiccional, conforme lo determina el art. 54.1 del CPP; entendimiento que fue expresado en la SC 0895/2002-R de 29 de julio; con la aclaración que en caso de declararse de oficio la extinción de la causa, ésta no operará de hecho, sino deberá realizársela mediante una resolución judicial fundamentada.
De la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en audiencia de acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Alejandro Jaldin Salazar y otros, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y otros, el accionante interpuso apelación incidental; admitido dicho recurso por el Juez demandado el 18 de diciembre de 2021, fue remitido el expediente original ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con recurso de apelación, conforme a lo previsto por el art. 398 del CPP, debido a que el accionante no proporcionó las copias del cuaderno procesal para su remisión; datos procesales que guardan relación con el informe de la Secretaria Abogada del Juzgado, que refiere que el cuaderno procesal en original no se encuentra en el Juzgado desde el 18 de diciembre de 2021, que se encuentra en grado de apelación, radicado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Por su parte el accionante el 17, 22 y 23 de diciembre de 2021, presentó memoriales al Juzgado pidiendo se conmine al Fiscal Departamental para que en el plazo de cinco días de su notificación presente requerimiento conclusivo al haber superado el plazo establecido para la etapa preparatoria y con la finalidad que se dé cumplimiento a lo previsto por el art. 134 del CPP. Petitorio reiterado el 7 de febrero de 2022. Memoriales que conforme consta en obrados fueron remitidos a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz donde radica la causa. Analizados los antecedentes precedentemente descritos, se tiene que el accionante presentó memoriales pidiendo que el Juez demandado conmine al Fiscal Departamental; y si bien, el expediente en original fue remitido ante el Tribunal de apelación -Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, no impide que el Juez de Instrucción ahora demandado se pronuncie oportunamente ante la presentación de memoriales relativos al caso. Al no haber obrado de ese modo, pasó por alto la jurisprudencia glosada en el fundamento Jurídico III.1 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional que señala que:
…toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso Vale decir que, la autoridad demandada, en consideración a que es evidente que el accionante tiene derecho a la conclusión de la etapa preparatoria en un plazo razonable y al control del Juez de Instrucción Penal aún de oficio, como señala la norma y la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; debió emitir algún tipo de determinación frente a los memoriales presentados por el hoy accionante, pues el deber de la autoridad jurisdiccional es efectuar el control de la investigación y emitir las resoluciones que correspondan en la etapa preparatoria, y consiguientemente resolver las solicitudes que son puestas a su conocimiento, dentro de plazos razonables; consecuentemente, corresponde conceder la tutela impetrada, en atención a la acción de libertad de pronto despacho y en aplicación al estándar jurisprudencial más alto, que permite tutelar lesiones del debido proceso aun no exista una lesión directa al derecho a la libertad3. En cuanto a la Secretaria Abogada ahora demandada, consta que remitió los memoriales presentados por el accionante, ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no obstante según el propio informe del Juez demandado, eso fue de conocimiento de la indicada autoridad, lo que demuestra que la Secretaria Abogada puso en conocimiento oportuno del Juez demandado la problemática denunciada por el accionante, en ese entendido no se evidencia que la Secretaria Abogada del juzgado hubiera lesionado los derechos alegados por el accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela en cuanto a dicha funcionaria. A tal efecto, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al Juez demandado, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y: 2° Disponer que el Juez demandado resuelva inmediatamente los memoriales presentados por el accionante conforme a ley, siempre y cuando no lo hubiera hecho. 3° Denegar la tutela en cuanto a la Secretaria Abogada ahora demandada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 En el FJ.III.1 de la SCP 0306/2020-S1 de 12 de agosto: señala que: “A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado-, determina que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0733_2023-S1_id64355.pdf · páginas 1 a 11.
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