B.IA.LEGAL

SCP 0732/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53246-2023-107-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, se cometieron las siguientes arbitrariedades: a) La Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, de manera parcializada con la supuesta víctima, mediante Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, omitiendo analizar de manera objetiva e integral los supuestos elementos de convicción presentados por la Fiscal de Materia para determinar la concurrencia del art. 233.1, estableciendo además la subsistencia de los riesgos procesales de fuga inmersos en el art. 234.1 y 7; y, el peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2, todos del CPP, sin realizar una correcta fundamentación y motivación de la Resolución; sin considerar lo expresado en su declaración informativa policial ni lo señalado por el testigo presencial de los supuestos hechos, César Anturiano Vargas; tampoco que, la denuncia realizada por la supuesta víctima contiene muchas contradicciones; y, b) La Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, a su vez, sin realizar de manera objetiva una correcta fundamentación, por Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, confirmó el fallo apelado, pese a tener facultad para analizar de manera integral el presupuesto material conforme el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 105 a 111 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual:
  3. III.3. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0732/2025-S1 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53246-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 105 a 111 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Juaquin Luna Huanca contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de enero de 2023, cursante de fs. 79 a 82 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado en el art. 308 con relación al 310 inc. d) del Código Penal (CP), fue imputado formalmente y en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, mediante Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, de manera parcializada con la supuesta víctima, dispuso su detención preventiva, estableciendo la concurrencia de los riesgos procesales de fuga inmersos en el art. 234.1 y 7; y, el peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin realizar una correcta fundamentación y motivación. Determinación contra la cual planteó recurso de apelación incidental, que fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, mediante Auto de Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.390/21.12.22 de 21 de igual mes y año; que a su vez, sin efectuar de manera objetiva una fundamentación imparcial, confirmó el fallo apelado, presumiendo su culpabilidad de un delito que jamás cometió. Con estas arbitrariedades y omisiones ilegales, ambas autoridades demandadas lo pusieron en total estado de indefensión; por lo que, refiere encontrarse detenido ilegal e indebidamente en el Centro Penitenciario de San Pablo de Quillacollo de Cochabamba, toda vez que: a) La Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, al omitir analizar de manera objetiva los supuestos elementos de convicción presentados por la Fiscal de Materia -art. 233.1-, y los supuestos riesgos procesales contenidos en los arts. 234.1 y 7; y, 235.2, ambos del CPP, colocó en absoluto estado de indefensión, tomando en cuenta que la supuesta víctima y su persona eran enamorados desde hace más de seis meses atrás, y que la relación sexual que mantuvieron fue de manera consensuada, tal cual manifestó en su declaración informativa policial; no obstante, dicho aspecto no fue considerado y tampoco le exigió a la Fiscal de Materia que acompañe algún análisis de laboratorio para determinar si existía o no alguna sustancia controlada y/o tóxica en la humanidad de la supuesta víctima, asimismo, en cuanto a la declaración informativa del propietario de la concesionaria y testigo presencial de los supuestos hechos, esta no fue tomada en cuenta pese a que se encuentra en el cuaderno de investigación; en consecuencia concluye que la denuncia realizada por la supuesta víctima contiene contradicciones que no fueron analizadas de manera integral por la autoridad de control jurisdiccional; y, b) La Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pese a tener facultad para poder analizar de manera integral conforme dispone el art. 398 del citado código, el presupuesto material dentro del presente caso y habiéndose fundamentado los agravios que sufrió por la Jueza a quo, esta autoridad hizo caso omiso a su competencia y simplemente se limitó a ratificar lo resuelto y fundamentado por la Jueza de la causa, también de manera parcializada.

I.1.2. Derecho, garantías y principio supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad, a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia; y, el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.1, 24, 115.II, 116.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene su inmediata libertad, considerando que las autoridades ahora demandadas vulneraron de manera fragrante sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, no existe el presupuesto material conforme dispone el art. 233.1 del CPP dentro del proceso de investigación.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 100 a 104, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela en audiencia a través de su abogado, procedió a ratificar el contenido de la acción de libertad, añadiendo que hizo notar tanto en audiencia cautelar como en la de apelación, que no se cumple el presupuesto material descrito en el art. 233.1 del señalado código, requisito indispensable para la procedencia de la detención preventiva, sin que este haya sido considerado en ambas instancias, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, y es por ello que acude a la vía constitucional, haciendo énfasis en que existe contradicción en la denuncia realizada por la supuesta víctima con la declaración de César Anturiano Vargas, testigo presencial de los hechos y propietario de Concesionaria “Cesar Motors”, lugar donde se habría cometido el delito; asimismo, las declaraciones juradas ante Notario de Fe Pública por terceras personas, donde principalmente refieren que la denunciante y el imputado sostenían una relación extramatrimonial; pruebas contundentes aportadas que no fueron analizadas de manera objetiva por las autoridades ahora demandadas, presumiendo de forma directa su culpabilidad, sin tomar en cuenta que la relación sexual que sostuvieron fue consensuada por su vínculo existente, además indicó que si fuera cierto que esto se realizó en contra de la voluntad de la denunciante, ésta fácilmente podía pedir auxilio porque estaba presente el dueño de la concesionaria; en cuanto al estado de inconciencia, el Ministerio Público debía acompañar un análisis de laboratorio para verificar si existía alguna sustancia controlada o toxica en la humanidad de la víctima; por todo lo expuesto, hace notar que los motivos o móviles de la denunciante son perjudicarlo para que se separe de su esposa y deje a su familia, por cuanto de la revisión de la documentación se puede advertir que no concurre el elemento material principal -art. 233.1 del CPP-; por lo que, el proceso instaurado y su consiguiente detención preventiva se torna en indebido e ilegal.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentó informe escrito el 17 de enero de 2023, cursante de fs. 97 a 99 vta., señalando lo siguiente: 1) Conforme a la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional se tiene que un Juez o Tribunal de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común, por cuanto la interpretación de la legalidad ordinaria es realizada con plenitud por la jurisdicción ordinaria, no constituyendo la acción de libertad una instancia procesal más de revisión de resoluciones como pretende el ahora peticionante de tutela; asimismo, de la lectura de contenido de la acción, se colige que el prenombrado omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradores de ellos; puesto que, si bien denuncia la lesión de su derecho al debido proceso respecto a la fundamentación objetiva y el derecho a la libertad; empero, omite explicar a partir de qué acciones o fundamentos habría violentado tales derechos, es decir no explica por qué esa fundamentación no es correcta o resulta irracional o en su caso, por qué ese razonamiento se aparta de los marcos legales de la sana crítica y equidad previsible para decidir; debiendo tomar en cuenta que la competencia de un Tribunal de apelación es de revisión, en razón de que su labor se limita a verificar si el Juez de primera instancia, justamente cumplió o no con las reglas establecidas en los arts. 173 y 124 del CPP, esto en función de los aspectos que hayan sido cuestionados por el apelante de una determinada resolución; por otra parte, se debe considerar que el accionante tampoco precisó los motivos por los cuales considera lesionado el principio de seguridad jurídica; y, b) Se debe considerar que no es evidente lo aseverado por el demandante de tutela, en sentido de que el Auto de Vista cuestionado, habría sido emitido sin realizar de manera objetiva una fundamentación imparcial, tampoco es cierto que no haya considerado los requisitos establecidos para la detención preventiva previstos en el art. 233 del adjetivo penal; pues ello se puede corroborar de los fundamentos descritos en su contenido; puesto que, respondió a cada uno de los agravios formulados por la defensa del solicitante de tutela; es así que se determinó declarar la improcedencia del recurso; toda vez que, si bien en audiencia de apelación también reclamó sobre la probabilidad de autoría; sin embargo, al respecto como Tribunal de alzada explicó al prenombrado que de acuerdo a los hechos descritos por la Jueza a quo enunciando lo referido por la víctima y la prueba acompañada por el Ministerio Público, se tiene claramente por respondidas las interrogantes: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo se hizo?; por lo que, existiendo suficientes indicios sobre la probabilidad de autoría del imputado en los hechos ilícitos que se investiga, no advirtió una insuficiente fundamentación o valoración de la prueba, debiendo considerarse que en etapa investigativa solo se requiere de probabilidades e indicios; es decir, no se necesita de prueba plena que acredite la autoría del imputado. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que si bien al presente el apelante reclama que inobservó los requisitos dispuestos en el art. 233 del CPP, en relación a los requisitos de probabilidad de autoría y los riesgos procesales; sin embargo, en audiencia de apelación, este reclamo no fue puesto a consideración del Tribunal de alzada; no obstante de ello, cabe precisar que existiendo en la causa penal que se le sigue al ahora demandante de tutela los referidos requisitos corresponde se mantenga su detención preventiva; en base a lo expuesto, se puede evidenciar que no existe vulneración alguna; puesto que, el Auto de Vista fue pronunciado en estricta observancia de la jurisprudencia y preceptos legales pertinentes al caso, cumpliendo a cabalidad lo dispuesto en los arts. 124 y 173 del Código anotado; por lo que, solicita se deniegue la tutela. Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito el 17 de enero de 2023, cursante a fs. 95 y vta., señalando que en el presente caso el Ministerio Público adjuntó prueba literal y solicitó la aplicación de medidas cautelares, ante lo cual dispuso el señalamiento de audiencia tal como indica el ahora accionante; que como primer requisito para la subsistencia de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, exige la concurrencia de un hecho definido o delimitado, esto no quiere decir que el Juez tenga que tener certeza sobre su ocurrencia y la participación del imputado, la norma exige simples indicios materiales; por lo que, al haber valorado todos los elementos probatorios, determinó la detención preventiva del prenombrado; por lo referido solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 105 a 111 vta., denegó la tutela con los siguientes fundamentos: i) El reclamo principal del accionante radica en la inconcurrencia del requisito inmerso en el art. 233.1 del CPP, referido a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; por tanto, las demás formalidades y requisitos se tienen por cumplidos, pues no fueron expuestos para revisión ante el Tribunal de garantías; por lo que, el análisis se enmarcará únicamente en el hecho que motivó la acción; ii) Sobre este punto, el precepto antes citado fue desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, entre ellas la SCP 0099/2019-S2 de 5 de abril, que estableció que toda resolución judicial debe contener una adecuada fundamentación y motivación sobre las razones por las cuales las autoridades judiciales consideran que se presentan los requisitos previstos en el art. 233 de la normativa procesal penal, para la procedencia de la detención preventiva; en cuanto a la determinación de la concurrencia del primer requisito, exige la existencia de un hecho definido o delimitado, esto no quiere decir que el Juez tenga que tener certeza sobre su ocurrencia y la participación del imputado, para lo cual debe contarse con evidencia física y material que genere un mínimo de credibilidad que permita al juez inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga; iii) De la exposición efectuada por el solicitante de tutela, observó falta de fundamentación y valoración en cuanto al presupuesto autoría, inclusive que existen contradicciones entre los hechos y la declaración de un testigo, que hacen ver que el imputado no sería autor o partícipe de este hecho, así como también pretendiendo introducir para su revisión declaraciones juradas nuevas para su valoración por el Tribunal de garantías, aspecto que no compete en esta jurisdicción; iv) De la revisión del Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, denunciado en la presente acción, se observa que la Jueza de la causa detalla y narra la concurrencia del núm. 1 del art. 233 del referido Código respecto a la autoría, donde además de forma clara y expresa refiere la concurrencia de este numeral que no implica que se haya basado en prueba sino en indicios que hacen ver la probable participación del imputado en el hecho acusado; asimismo, se encuentra claramente explanado en el considerando II, todos los numerales exigidos para disponer una detención preventiva; es decir, la concurrencia de los arts. 233, 234 y 235 de la citada normativa; en cuanto al reclamo efectuado por el impetrante de tutela que versa únicamente sobre el art. 233.1; es decir, la probabilidad de autoría, se debe tener en cuenta que se limita a una simple enunciación de la prueba presentada por el Ministerio público sino que hace una relación y valoración que determina quién es el probable autor, cuál hubiera sido su accionar que constituiría delito, el lugar en el cual ocurrieron los hechos identificando el espacio y tiempo, determinando fechas específicas y además describiendo cómo se habría perpetrado el delito, aspectos que dan cuenta de que la Jueza fundamentó la concurrencia de este numeral, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma y jurisprudencia, es decir la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, máxime si sobre la existencia de indicios la Corte de Intervención de Derechos Humanos (IDH) estableció que, “deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga” (sic); iv.a) Del análisis del fallo emitido por la Jueza de primera instancia, se tiene expresamente que hace cita a cuáles son los documentos e inclusive describe en qué momento se habría dado la participación del accionante, a quien además la denunciante acusa como su agresor, en el segundo aspecto que no ha sido traído a revisión por el impetrante de tutela; sin embargo, también se puede evidenciar en el acta de audiencia cautelar la descripción de la concurrencia de los peligros de fuga y obstaculización inmersos en los arts. 234 y 235 del Código adjetivo penal; v) En cuanto al Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, emitido por la Vocal demandada se debe considerar que en cuanto a los requisitos que debe contener una resolución de segunda instancia, de acuerdo a la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso, es decir su labor se limita únicamente a dilucidar los puntos cuestionados por el apelante; aspecto que, también cumplió la autoridad mencionada; toda vez que, del Auto de Vista se colige que al momento de resolver la apelación referida al numeral 1 del art. 233 del CPP, realiza el análisis de la SCP 0099/2019-S2 de 5 de abril, concluyendo: “…de acuerdo a los hechos descritos por la Juez A quo enunciando lo referido por la victima y la prueba acompañada por el Ministerio Público, se tiene claramente por respondidos las ¿qué se hizo?, ¿quién lo hizo?, ¿cuándo lo hizo?, ¿dónde se hizo? y ¿cómo se hizo?; por lo que, existiendo suficientes indicios sobre la probabilidad de autoría del imputado en los hechos ilícitos que se investiga, este Tribunal de Alzada no advirtió una insuficiente fundamentación y/o valoración de la prueba” (sic); v.a) Entonces, si la Jueza de primera instancia dio cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma, la autoridad de alzada no podría aditamentar otros aspectos que estuvieran fuera de lugar, limitándose únicamente a ratificar el razonamiento del Juez inferior, al respecto debe tomarse en cuenta que el proceso penal es precisamente para determinar la culpabilidad o no y este aspecto será determinado en juicio oral, no siendo la acción de libertad un mecanismo para ingresar al análisis y determinar la autoría o no del imputado en un proceso penal, siendo que existe un procedimiento que debe seguirse conforme el Código de Procedimiento Penal, el cual concluirá con una Sentencia ya sea absolutoria o condenatoria, donde se evalúe toda la prueba que aporta el Ministerio Público, así como de la defensa durante el desarrollo del proceso; y, v.b) Tampoco es pertinente proceder a la revisión de la nueva documentación que el accionante pretende sea revisada, consistente en declaraciones juradas ante Notario de Fe Pública, no pudiendo un Tribunal de garantías constituirse en un Tribunal de casación que vaya a revisar por qué los fundamentos esgrimidos de las autoridades demandadas no son válidos, tampoco mencionó en qué parte del razonamiento estarían vulnerando sus derechos o garantías, limitándose únicamente a señalar el aspecto referente a la inexistencia del presupuesto material inmerso en el núm. 1 del art. 233 del CPP; y, vi) Por todo lo expuesto, se concluye que los Autos de Vista e Interlocutorio emitidos por las autoridades demandadas, realizaron una interpretación conforme a las disposiciones legales, cumpliéndose además los requisitos de forma en cuanto a la aplicación de una medida.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, por el cual, Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, ordenó la detención preventiva de Juaquin Luna Huanca -ahora accionante-, en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado departamento, por el lapso de seis meses; determinación que fue apelada incidentalmente en la misma audiencia conforme prevé el art. 251 del CPP (fs. 48 a 54 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.390/21.12.22 de 21 de diciembre de 2022, pronunciado por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-; por el que, declaró IMPROCEDENTE el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela y en consecuencia confirmó el fallo impugnado (fs. 65 a 70).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, se cometieron las siguientes arbitrariedades: a) La Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, de manera parcializada con la supuesta víctima, mediante Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, omitiendo analizar de manera objetiva e integral los supuestos elementos de convicción presentados por la Fiscal de Materia para determinar la concurrencia del art. 233.1, estableciendo además la subsistencia de los riesgos procesales de fuga inmersos en el art. 234.1 y 7; y, el peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2, todos del CPP, sin realizar una correcta fundamentación y motivación de la Resolución; sin considerar lo expresado en su declaración informativa policial ni lo señalado por el testigo presencial de los supuestos hechos, César Anturiano Vargas; tampoco que, la denuncia realizada por la supuesta víctima contiene muchas contradicciones; y, b) La Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, a su vez, sin realizar de manera objetiva una correcta fundamentación, por Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, confirmó el fallo apelado, pese a tener facultad para analizar de manera integral el presupuesto material conforme el art. 398 del citado código, hizo caso omiso a su competencia y simplemente se limitó a ratificar lo resuelto y fundamentado por la Jueza a quo, también de manera parcializada; por lo que, refiere encontrarse detenido ilegal e indebidamente, en ese sentido solicita se conceda la tutela ordenándose su inmediata libertad, considerando que las autoridades demandadas vulneraron de manera fragrante sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, no existe el presupuesto material conforme dispone el art. 233.1 del CPP. Consiguientemente, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; a cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 2) Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual: La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación en un hecho punible; 3) Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género; 3.i) El riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-; 3.ii) El peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 235 del Código de Procedimiento Penal-; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts.

115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual:

La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación en un hecho punible

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la mencionada SCP 0353/2018-S2, asumió el siguiente entendimiento: Toda privación de libertad, debe cumplir con los requisitos formales y materiales; respecto a los primeros, la restricción del derecho a la libertad solo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, es decir, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia. Con relación al requisito material, la privación de libertad solo será válida por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. En ese sentido, para la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, el juez debe partir de la consideración que las medidas cautelares de carácter personal no equivalen a una sentencia condenatoria ni pueden ser confundidas con penas, sino, son simples cautelas que pueden dictarse con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio, cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto y resulten indispensables para alcanzar la finalidad que con ella se persigue, como es, la comparecencia del imputado al proceso. Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece, que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. En ese sentido, la medida cautelar de detención preventiva que importa la afectación del derecho a la libertad del imputado, debe ser dispuesta por la autoridad judicial competente, previa verificación de requisitos establecidos por ley, con la indispensable justificación de su necesidad y finalidad. Al efecto, estas condiciones están establecidas en nuestra norma procesal penal, específicamente en el art. 233 del CPP, que recoge estas exigencias, al señalar que realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

La consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad que permita al juez, inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones. Sin embargo, con relación a la concurrencia de este primer elemento, referido a la probabilidad de autoría o participación en un hecho punible, en delitos contra la libertad sexual, debe tomarse en cuenta, que el proceso argumentativo adquiere otra connotación; puesto que, debe ajustarse a los estándares de protección normativa y jurisprudencial internacional y nacional generada con relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, específicamente de la violencia sexual, que exige en delitos como los de abuso sexual, aplicar una perspectiva de género, en sujeción a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, como la observancia al principio de igualdad y consecuente prohibición de prácticas discriminatorias negativas contra las mujeres; debiendo tomarse en consideración, que la argumentación fáctica en 11La perspectiva de género tiene su fundamento en los derechos humanos; por cuanto, permite materializar el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Cabe señalar que la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, contiene normas específicas para el desarrollo del proceso de violencia, desde la denuncia, pasando por la investigación, la persecución penal y el juicio propiamente dicho; siendo pertinente, hacer referencia a su art. 45, que establece una serie de garantías a las mujeres en situación de violencia, para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, entre ellas, la adopción de decisiones judiciales sin sesgos de género o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la valoración de pruebas y la consiguiente sanción al agresor.

Asimismo, cabe señalar que el Estado boliviano, conforme a las obligaciones asumidas de aplicar aquellos instrumentos jurídicos regionales relativos a la violencia contra la mujer integrados al ordenamiento jurídico interno, a partir de su ratificación; en el caso, lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará- y las recomendaciones y observaciones de su respectivo Comité. En mérito a que este instrumento internacional, se constituye en el primer tratado en la dimensión internacional que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, tendiente a erradicar la reproducción de distintos tipos de patrones de discriminación en su contra. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable.

De igual modo, la Decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el Caso LC vs. Perú -octubre 2011-, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas; por cuanto, el CEDAW además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres mayores víctimas de violencia sexual.

12El reconocimiento formal de la igualdad de la mujer fue extenso, así desde la perspectiva interna, el nuevo diseño constitucional, establece como uno de sus pilares fundamentales el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este principio está previsto además, como valor del Estado en el art. 9.II de la CPE, lo que significa que -como principio y valor es transversal a todo el conjunto de disposiciones e instituciones constitucionales y del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Por otra parte, el art. 14.I y II de la CPE, consagra los principios de igualdad y no discriminación, en los siguientes términos:

“I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna” (las negrillas son nuestras); reconocimiento que correlaciona con la prohibición y sanción de las prácticas discriminatorias en los términos siguientes: II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras [categorías sospechosas] que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (las negrillas y lo señalado entre corchetes son añadidos).

estos supuestos, sea en la determinación de los hechos como en la valoración de la prueba, resulta más compleja, pues, es donde se manifiesta en mayor medida el sesgo de género; consecuentemente, el juez está obligado a tener una perspectiva de género, considerando la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres, pero también, efectuando un análisis de la situación concreta de la víctima. Asimismo, la valoración de los elementos indiciarios debe ser efectuada en el marco del principio de igualdad, verificando que no exista un análisis o tratamiento discriminatorio, pero además, considerando en todo momento los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, es importante mencionar que la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en se sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: “Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo”. En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, estableció que en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló:

153. En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual -más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones. Así, los desacuerdos intrasujeto; es decir, las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. En ese sentido, en la valoración de la prueba de los hechos, en asuntos de violencia sexual, las declaraciones de la víctima, se constituyen en una prueba fundamental; y en el caso de las medidas cautelares, en una prueba indiciaria esencial para la acreditación del art. 233.1 del CPP; por cuanto, prueban la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible o en palabras de la Corte IDH, la existencia de: “…indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”

La consideración del requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de consideración de medidas cautelares para la aplicación de la detención preventiva, escuchando al efecto, el argumento del fiscal y someterlo al contradictorio para determinar, si en el caso concreto, concurre este primer requisito, pues solo cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo.

De igual modo, la previsión del numeral 1 del art. 233 del CPP, debe ser interpretada y comprendida conforme a la Constitución Política del Estado, en concreto, de acuerdo a la garantía de la presunción de inocencia; habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, a más que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, surja de la acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto -probable autoría o participación-, debe emerger de una valoración armónica e integral de los elementos de juicio que sean objetivos y concretos; siendo uno de ellos, la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual, en el marco de los estándares establecidos por la Corte IDH.

III.3. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente razonamiento:

La detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera excepcional y provisional por autoridad jurisdiccional competente, mediante resolución fundamentada, sustentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se garantiza la presunción de inocencia.

La finalidad de la detención preventiva es netamente instrumental o procesal, para: 1) Asegurar la averiguación de la verdad -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 2) Asegurar el desarrollo del proceso -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 3) Asegurar la aplicación de la ley -art. 221 de CPP-; y, 4) Asegurar la presencia del imputado -art. 234 del CPP-. Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado, en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito, referido al peligro de fuga y obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los art. 234 y 235 del referido Código, que serán analizados a continuación:

III.3.1. El riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-

Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante. Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes.

Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población.

Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente.

En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia.

La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, precisó que considerando las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, b) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ésta -y no el imputado- la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014.

III.3.2. El peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 235 del Código de Procedimiento Penal-

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0443/2021-S1 de 16 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento:

Con relación al peligro de obstaculización, el art. 235 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, dispone que: “Por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentadamente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentran:

1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba;

2. Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;

3. Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia;

4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente Artículo;

5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad. La parte final del referido artículo, también señala que: “El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad”.

Con relación al peligro de obstaculización de la verdad, la SC 0225/2004-R de 14 de febrero -reiterada entre otras por la 20En el FJ III.3, señala: “Respecto a que ya no se puede alegar obstaculización del proceso para negar la cesación de la detención, porque ya finalizó la investigación, este argumento no tiene sustento jurídico ni racional, puesto que lo que estipulan las normas previstas en el art. 233.2 CPP, para disponer una detención, es que se tenga demostrada `La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculice la averiguación de la verdad´.

De las citas legales, se colige que la obstaculización prevista por el legislador, no se reduce a la etapa preparatoria, cuyo plazo es de seis meses en un principio, pues a lo que se refiere el precepto es a la obstaculización de la verdad; y éste no está comprendido únicamente por esa etapa sino que se inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria de la sentencia del proceso por una parte, por otra la averiguación de la verdad; no puede establecerse según el sistema procesal actual en la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se agoten todas las instancias mediante los recursos pertinentes, por consiguiente, la verdad saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiera calidad de cosa juzgada material, razonamiento que se encuentra en su totalidad corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos prescritos en las normas previstas en el art. 235 citado, pues en ellas, se refiere a los jueces ciudadanos y empleados del sistema de administración de justicia.

SC 0301/2011-R de 29 de marzo y la SCP 0711/2012 de 13 de agosto- señala que, la finalización de la etapa investigativa no es un argumento jurídico ni racional que permita desvirtuar el peligro de obstaculización de la verdad; toda vez que, la verdad de los hechos, saldrá a la luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso penal sobre la culpabilidad o no del procesado, adquiere calidad de cosa juzgada material; entendimiento que se encuentra corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos establecidos en el art. 235 del CPP; pues no solo hacen referencia a los fiscales, sino también, a las autoridades judiciales, a otros funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia, que están obligados a colaborar con la averiguación de la verdad material; en consecuencia, el peligro de obstaculización de la verdad, no se reduce únicamente a la etapa preparatoria, sino, que puede generarse desde el inicio con la citación de la imputación formal hasta la ejecutoria de la sentencia emitida dentro del proceso penal; es decir, hasta su conclusión, cuando se agoten todas las circunstancias a través de los recursos pertinentes. Considerando que las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, se constituyen en un peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad; el mismo se encuentra relacionado con la actividad investigativa del Ministerio Público, la cual, está sometida a estándares nacionales e internacionales para la protección de las víctimas de violencia sexual; y, con la materialización de dicha actividad en juicio oral, hasta la conclusión del proceso penal con una sentencia ejecutoriada; es por esta razón, que los fiscales y autoridades judiciales al momento de analizar estas circunstancias, están obligados a adoptar medidas de acción positivas, específicas y reforzadas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, así como el deber de tomar en cuenta la condición de persona en desarrollo en caso de niñas, niños o adolescentes, tal como lo estableció la Corte IDH en el caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua; en ese marco, desde una perspectiva de género y sobre la base de lo desarrollado en el contexto del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se debe considerar lo siguiente:

i) En casos de violencia contra la mujer emerge la obligación de actuar con la debida diligencia, adoptando los mecanismos de investigación necesarios a efectos de sancionarla;

ii) El deber de garantizar los derechos de una mujer víctima de violencia, adquiere especial intensidad en relación con las niñas y adolescentes; pues a la condición de mujer, la vulnerabilidad consustancial a la niñez se encuentra mayormente enmarcada y potenciada; de donde se tiene, que las niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia; lo cual se traduce, en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de sus derechos frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia; surgiendo de esta forma, el deber estatal de actuar con estricta diligencia en la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes;

iii) El deber de la debida diligencia en la actuación del Ministerio Público, implica que las autoridades a cargo de la investigación, la lleven delante de oficio y sin dilaciones, con determinación, eficacia y de manera seria, imparcial y efectiva, brindando confianza a las víctimas de violencia, para su protección; y, iv) El Estado debe reforzar las garantías de protección durante la investigación y proceso penal, cuando el caso se refiere a la violación sexual de una niña; para la cual, las obligaciones de la debida diligencia y la adopción de medidas de protección deben extremarse, además, las investigaciones y proceso penal deben ser dirigidos por el Estado con una perspectiva de género y niñez, con base en la condición de niña de la víctima y tomando en cuenta la naturaleza agravada de la violación sexual, así como los efectos que podrían causar en la misma; pues, de lo que se trata es de proteger sus derechos de forma integral, salvaguardando su posterior desarrollo, velando por su interés superior y evitando su revictimización; De donde se tiene que, el Ministerio Público y las autoridades judiciales, en los casos de violencia contra la mujer deben reforzar sus garantías de protección durante la investigación y el proceso penal; lo cual implica, actuar con la debida diligencia, garantizando: el acceso a la justicia de la víctima; la protección judicial efectiva por parte de sus operadores; el resguardo de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, evitando su revictimización y manejando adecuadamente las evidencias; así como, el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido; para lo cual, deben adoptar medidas o mecanismos necesarios para la averiguación de la verdad material; evitando un ambiente de impunidad, que facilite y promueva la repetición de los hechos de violencia en general; para lo cual, al tiempo de realizar el análisis del art. 235 del CPP, frente a un asunto relacionado con violencia contra la mujer, debe tomarse en cuenta los siguientes presupuestos:

a) En casos de violencia contra la mujer, el peligro de obstaculización debe surgir de la información precisa y circunstanciada que el Ministerio Público aporte en la audiencia; y, de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; no siendo una obligación para la víctima o la parte querellante aportar estos elementos probatorios; toda vez que, es el Ministerio Público quien tiene que llevar adelante de oficio las actuaciones investigativas, pues tiene la responsabilidad de asumir la carga de la prueba en hechos de violencia hacia las mujeres, y no así, la víctima o el denunciante; y, b) El Ministerio Público y las autoridades judiciales, en el marco de la debida diligencia deben evitar que se presenten cualquiera de las circunstancias establecidas en el art. 235 del CPP, que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad o la realización del proceso; para lo cual, deben considerar lo siguiente:

b.1) Debe ser considerado como elemento objetivo y no como una mera presunción abstracta, la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia sexual -u otro tipo- por la situación traumática que atravesó, afectando incluso su estabilidad psicológica y emocional; más aún, la minoridad de edad de la víctima, que en ambos casos, las hace más influenciables y manipulables a cualquier tipo de declaración;

b.2) La declaración de la víctima se constituye en un elemento probatorio fundamental para considerar la concurrencia o no de los riesgos de obstaculización, en el entendido que contenga elementos que hagan prever que el imputado obstaculizará las investigaciones; tomando como ejemplo, que la víctima declare que el imputado quiso darle plata por su silencio o que la amenazó o quiso realizar otro tipo de transacción -entre otros supuestos-;

b.3) Evitar la revictimización, tomando como ejemplo: los supuestos en los que el imputado busque a la víctima o a su familia para proponer o realizar cualquier tipo de transacción, y de esta forma, logre algún contacto que la revictimice, y al mismo tiempo, pueda influir en los mismos, generando incertidumbre, inseguridad o temor en ellos;

b.4) Si bien, el Ministerio Público debe fundar la existencia de estos riesgos procesales a través de elementos probatorios precisos y circunstanciados que otorguen razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad; sin embargo, al tiempo de justificarlos no siempre resulta clara su argumentación, ante lo cual, tomando en cuenta la protección reforzada que goza la víctima de violencia, sobre la base del estándar de la debida diligencia, la autoridad judicial puede reforzar dicha argumentación en base a los antecedentes cursantes en el expediente; lo que de ninguna manera, puede ser considerado como una reforma en perjuicio;

b.5) Existen elementos objetivos y necesarios que deben ser analizados por las autoridades judiciales, a pesar que el Ministerio Público no los hubiera expuesto, para sostener la existencia de estos riesgos procesales, que de ninguna manera se consideran en presunciones abstractas, sino, tan objetivas, que la autoridad judicial pudo percatarse, a efectos de evitar la obstaculización de la investigación, como por ejemplo: el entorno social, la minoridad de edad, el grado de instrucción de la víctima y familiares, su situación económica, los copartícipes en el hecho, el lugar de los hechos, la forma en la que se encontró a la víctima, los nexos que vinculaban al agresor con la víctima, que el agresor resultó ser familiar, amistad o vecino de la misma y otros elementos que resultan necesarios para el administrador de justicia, para establecer la existencia de peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad; así como también, la existencia de actividades investigativas pendientes; y, b.6) Los administradores de justicia deben valorar de manera integral todos los elementos de convicción presentados, no debiendo limitarse a considerar que cada riesgo procesal tenga un determinado elemento de prueba; toda vez que, debe considerarse que los delitos de índole sexual son delitos que en su generalidad se consuman en silencio y sin mayor prueba que la declaración de la víctima o con escasos elementos de convicción que puedan acreditar la perpetración del delito de violencia contra la mujer -más cuando se trata de una violencia sexual-, los mismos pueden ser usados de forma integral, para sustentar una o más circunstancias que constituyen un riesgo procesal, en consideración a la protección integral que debe darse a la mujer víctima de violencia.

III.4. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, se cometieron las siguientes arbitrariedades: i) La Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, de manera parcializada con la supuesta víctima, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, omitiendo analizar de manera objetiva e integral los supuestos elementos de convicción presentados por la Fiscal de Materia para la concurrencia del art. 233.1, estableciendo la subsistencia de los riesgos procesales de fuga inmersos en el art. 234.1 y 7; y, el peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2, todos del CPP, sin realizar una correcta fundamentación y motivación de la Resolución; sin considerar lo expresado en su declaración informativa policial ni lo señalado por el testigo presencial de los supuestos, hechos César Anturiano Vargas; además, sin tomar en cuenta que la denuncia realizada contiene contradicciones; y, ii) La Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, a su vez, sin realizar de manera objetiva una correcta fundamentación, por Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, confirmó el fallo apelado, pese a tener facultad para analizar de manera integral el presupuesto material dentro del presente caso conforme al art. 398 del referido código, hizo caso omiso a su competencia y simplemente se limitó a ratificar lo resuelto y fundamentado por la Jueza a quo, también de manera parcializada; por lo que, refiere encontrarse detenido ilegal e indebidamente. Con carácter previo, cabe precisar que la problemática planteada en la presente acción tutelar hace referencia a que la Jueza y la Vocal ahora demandadas, a través de las Resoluciones de 5 y 21 de diciembre de 2022, respectivamente, determinaron y confirmaron la detención preventiva del solicitante de tutela, sin la debida fundamentación y motivación, omitiendo la valoración objetiva e integral de los supuestos elementos de convicción; en tal sentido, se realizará el análisis individualizado de las referidas determinaciones, dado que se denuncia expresamente, como acto lesivo, las resoluciones emitidas tanto en primera como en segunda instancia; por lo que, corresponde examinar dichas denuncias, a objeto de determinar si es o no evidente la vulneración alegada. A este efecto, de la revisión de antecedentes que ilustran el expediente remitido en revisión, se tiene que cursa un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juaquin Luna Huanca -ahora peticionante de tutela-, por la presunta del delito de violación con agravante, previsto y sancionado en el art. 308 con relación al 310 inc. d) del CP, dentro del cual, el 5 de diciembre de 2022, se efectuó la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales, en la que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de igual data, ordenó la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado departamento, por el lapso de seis meses; motivo por el cual, en la misma audiencia se formuló el recurso de apelación incidental; consiguientemente, se dispuso la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada (Conclusión II.1). Asimismo se tiene el Acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar, celebrada el 21 de diciembre de 2022, ocasión en la que la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento -ahora demandada- mediante el Auto de Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.390/21.12.22 de igual data, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora peticionante de tutela, confirmando el Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022 (Conclusión II.2). En ese sentido, a efectos de corroborar las supuestas lesiones alegadas por el impetrante de tutela, será pertinente desarrollar el análisis de las decisiones de ambas autoridades demandadas: Sobre la Resolución que dispuso la detención preventiva pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba En la audiencia de aplicación de medidas cautelares personales celebrada el 5 de diciembre de 2022, se evidenció que el Ministerio Público previa imputación formal, en observancia a lo establecido por el art. 233 del CPP solicitó la detención preventiva por seis meses del imputado Juaquin Luna Huanca -ahora demandante de tutela-, aclarándose que en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, es posible que la autoridad judicial, a partir del análisis del contexto de violencia en contra de la mujer, de los indicios existentes y, principalmente, de la declaración de la víctima, analice la existencia de los riesgos procesales contenidos en el art. 233.2, 234 y 235 del CPP y, si corresponde, disponga la aplicación de medidas cautelares, entre ellas, la detención preventiva. De la revisión del Auto Interlocutorio de 5 de diciembre de 2022, pronunciado por la Jueza ahora demandada, se verificó que la determinación de la concurrencia del referido requisito se basó esencialmente en el examen de varias documentales ofrecidas por la representante del Ministerio Público como el formulario único de denuncia, el informe del asignado al caso que incluye la toma de declaración de la víctima y adjunta la prueba material a la presente investigación, informe de intervención policial preventiva o acción directa, acta de información y denuncias, declaración informativa de la mujer víctima, que refiere haber perdido el conocimiento luego de consumir el vaso que le ofreció el imputado -ahora accionante- y que al despertar sintió dolor en sus partes genitales y que su hija le dijo “…que el señor Juaquin estaba encima de mí persona y me había bajado mis pantalones…” (sic); entrevista psicológica preliminar efectuada a la hija menor de la denunciante, quien presenció los hechos e identificó al imputado ahora demandante de tutela, refiriendo que “…se encontraba sobre su madre se encontraba con la ropa dentro de las rodillas” (sic), certificado médico legal realizado por la médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en el que se concluye que “…al examen físico no se cuenta con signos de violencia corporal ante la presencia de curungulas multiformes para tener certeza si hubo contacto o coito vaginal sera a partir de los resultados de laboratorio de los hisopos obtenidos en su examen médico forense a quien no se le otorga ningún día de impedimento…” (sic); requerimiento de medidas de protección emitido por el Ministerio Público; requerimiento de aprehensión fundamentada, declaración informativa policial del imputado -ahora accionante-, informe del investigador asignado al caso respecto a los elementos arraigadores, acta de registro del lugar del hecho o colección de evidencia, información sobre el escenario del hecho; muestrarios fotográficos, formulario del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) del impetrante de tutela y citación al sindicado. Concluyendo que dichos elementos de convicción permiten sostener que probablemente el imputado -ahora demandante de tutela-, por versión de la víctima y los elementos detallados supra, habría procedido a abusar sexualmente de la víctima, ingresando de esta manera a la etapa inicial investigativa, tomando en cuenta que el Juez solo se basa en un juicio de probabilidades y no se puede descartar que el sindicado no participó del hecho, siendo que para la audiencia cautelar solo se necesita indicios de la probabilidad de autoría y no elementos de prueba; aspectos por los que, determina que concurre el núm. 1 del art. 233 del CPP. Ahora bien, el solicitante de tutela sostiene que la Resolución de la Jueza de Instrucción fue asumida de manera parcializada con la supuesta víctima; toda vez que, dispuso su detención preventiva omitiendo analizar de manera objetiva los supuestos elementos de convicción presentados por la Fiscal de Materia para determinar la probabilidad de autoría -art. 233.1- en el delito que se le atribuye, estableciendo la existencia y concurrencia de los riesgos procesales de fuga inmersos en el art. 234.1 y 7; y, el riesgo de obstaculización descrito en el art. 235.2, todos del CPP, sin realizar una correcta fundamentación y motivación de la Resolución; es decir, lo colocó en absoluto estado de indefensión; toda vez que, la supuesta víctima y su persona eran enamorados desde hace más de seis meses atrás, y que la relación sexual que mantuvieron fue de manera consensuada, tal cual manifestó en su declaración informativa policial; asimismo, tampoco le exigió a la Fiscal asignada a la causa, que acompañe algún análisis de laboratorio para determinar si existía o no alguna sustancia controlada y/o tóxica en la humanidad de la supuesta víctima; y, en cuanto a la declaración informativa del propietario de la concesionaria y testigo presencial de los supuestos hechos, esta no fue tomada en cuenta pese a que se encuentra en el cuaderno de investigación; en consecuencia, concluye que la denuncia realizada por la supuesta víctima contiene contradicciones que no fueron analizadas de manera integral por la autoridad de control jurisdiccional, puesto que no se cumple principalmente el presupuesto material -233.1 del CPP-, requisito indispensable para la procedencia de la detención preventiva. Respecto al núm. 1 del art. 233 del adjetivo penal, este Tribunal mediante la SCP 0624/2018-S2 de 8 de octubre, enfatizó lo siguiente:

Así, la materialización del inciso 1 del art. 233 del CPP, exige que el hecho esté definido o delimitado, con ello no se quiere decir que se requiera certeza sobre su concurrencia o participación del imputado, se trata que el hecho, objeto del proceso y sobre el cuál se discute la medida cautelar, esté claramente definido, dando respuesta a las siguientes interrogantes: qué se hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo; pues, para aplicar una medida cautelar la autoridad judicial, responsable única de asumir esa determinación, debe entender cuál es el hecho objeto de disputa y la participación del imputado. La garantía del hecho, es pues, la piedra angular sobre la que se ordenan las demás garantías, tanto sustantivas como de procedimiento. Si no hay un hecho medianamente delimitado, sobre todo al comienzo de la investigación preparatoria, no existe objeto procesal, nada de lo que se discuta podrá tener sentido. La existencia de un hecho será condición de un proceso penal, y consecuentemente, de una audiencia en la que se discutan cuestiones relativas a él. Asimismo, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, respecto a que la violencia sexual es un tipo particular de agresión que se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, motivo por el cual, la declaración de la ofendida se constituye en un elemento indiciante fundamental sobre el hecho para la acreditación del requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, modificado por la Ley 1443 de 4 de julio de 2022; así, en el caso concreto, se observa que la Jueza ahora demandada tomó en cuenta el criterio descrito, dándole valor indiciario esencial a la versión de la mujer víctima y denunciante -en la que identifica e individualiza al imputado, ahora accionante como su agresor-, que además fue corroborado por otros actos investigativos, principalmente la entrevista psicológica preliminar efectuada a la hija menor de la denunciante, quien presenció los hechos e identificó al imputado ahora accionante, refiriendo que “…se encontraba sobre su madre (…) con la ropa dentro de las rodillas” (sic), elementos que demuestran suficiente grado de probabilidad requerido -que no exige certeza de la responsabilidad penal del imputado- para determinar la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que él mismo es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; asimismo, en cuanto a la supuesta relación sentimental de ambas partes -alegada por el impetrante de tutela-, refirió que esta aseveración no fue acreditada por la defensa del imputado; por lo que, no puede resolver al margen de los indicios presentados, encontrándose constreñida a juzgar con perspectiva de género. Conforme a lo descrito, se evidencia que la Jueza ahora demandada, actuó en respeto de los estándares internacionales, en especial, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH; pues en la compulsa de elementos probatorios, consideró la declaración de la víctima y su situación de vulnerabilidad; existiendo, por ende, razonabilidad en el fallo, y consecuentemente, la debida motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, cumpliendo el entendimiento descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Con relación a los riesgos de fuga y obstaculización previstos por los arts. 234.1 y 7 y 235.2 del CPP, respectivamente, en el memorial de la acción tutelar ni audiencia tutelar, el accionante no refirió mayor argumentación sobre la forma en que se hubieran vulnerado sus derechos y que esto sea en atención a la declaratoria de subsistencia de los riegos procesales descritos, siendo que centró su denuncia principalmente en el núm. 1 del art. 233 del CPP, aludiendo que no se cumple el presupuesto material -233.1 del CPP-, como requisito indispensable para la procedencia de la detención preventiva; por lo que, no se puede realizar análisis alguno respecto a dichos presupuestos procesales, al haberse incumplido la carga argumentativa requerida para dicha tarea. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones juradas ante Notario de Fe Pública y disco compacto (CD) que fueron adjuntados por el impetrante de tutela en la acción tutelar, esta documentación es de fecha posterior a la emisión del Auto de Vista, no pudiendo ser considerada por este Tribunal al no haber sido introducidas en el proceso principal, en el momento procesal oportuno; toda vez que, las autoridades jurisdiccionales no tuvieron oportunidad de revisarlas. Al margen de ello, en el Auto Interlocutorio se observó que la Jueza ahora demandada, realizó una consideración respecto al argumento del peticionante de tutela referido a una supuesta relación sentimental con la víctima, concluyendo que este no demostró sus aseveraciones, no resultando suficientes por sí mismas para desvirtuar los riesgos procesales existentes, no lesionándose el derecho al debido proceso de la impetrante de tutela. Por todo lo expuesto, se concluye que la Jueza a quo -ahora demandada-, motivó y fundamentó debidamente sus argumentos para considerar la probabilidad de autoría, ameritando la denegatoria respecto a esta autoridad jurisdiccional. Sobre la actuación de la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba El accionante denuncia que esta autoridad, mediante Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, al igual que la inferior en grado, no realizó de manera objetiva una correcta fundamentación y, pese a tener facultad para analizar de manera integral el presupuesto material dentro del presente caso conforme establece el art. 398 del CPP, hizo caso omiso a su competencia y simplemente ratificó lo resuelto y fundamentado por la Jueza de la causa, también de manera parcializada. Respecto a la fundamentación y motivación, en el Auto de Vista REG./S.P.IV/AUT.INC.M.C.390/21.12.22 de 21 de diciembre de 2022 -impugnado-, la Vocal ahora demandada identificó los puntos de agravio señalados por el ahora accionante en su recurso de apelación incidental y luego los resolvió con los siguientes fundamentos:

“…Ahora bien, de acuerdo a los fundamentos expuestos por la parte recurrente, se reclama sobre la fundamentación y motivación en la construcción del presupuesto de probabilidad de autoría y sobre la construcción de los riesgos procesales descritos en los Arts. 234 núm. 7 y 235 núm. 2 del CPP, así como respecto al elemento trabajo, que por ello se habría vulnerado garantía constitucional del debido proceso que tendría estrecha relación con la presunción de inocencia. Respecto al presupuesto de probabilidad de autoría, el apelante reclama que en el caso no se contaría este presupuesto material, ello tomando en cuenta que el tipo penal descrito en el Art. 308 del CP, requiere que en el acceso carnal haya existido violencia física e intimidación del agresor hacia la víctima, empero de la declaración informativa de su defendido, se tendría que las relaciones sexuales que tuvieron fueron consentidas, por cuanto su defendido y la supuesta víctima compartirían cada primer viernes y emergente de ello tenían relaciones sexuales. Así también, señala que el proceso nace de la extorción que pretende realizar la víctima, porque le habría pedido al imputado que se separe de su pareja, caso contrario lo procesaría por el delito de violación, que se debió considerar que su defendido tiene la edad de 26 años y la víctima sería mayor que él, por lo que no existiendo el elemento principal de autoría en audiencia de aplicación correspondía se disponga la medida de libertad irrestricta, por cuanto ante la no existencia del elemento material, tampoco existiría la concurrencia de los riesgos procesales, pidiendo el apelante se considere que la carga de la prueba se funda para la parte acusadora, aspecto que no ha sido probado de manera objetiva, puesto que si bien existiría la declaración de la niña - hija de la supuesta víctima, quien habría indicado que lo vio a Juaquin encima de su madre, se debería considerar que ya existía una relación entre los contendientes al tener una relación de pareja y es por ello que la niña tendría es familiaridad con el nombre de su defendido. A efecto de verificar tal agravio, debemos remitirnos a la resolución apelada de la que se tiene que la Juez A quo, tomando en consideración la prueba presentada, así como los fundamentos efectuados por el representante del MP, ha tomado en cuenta las circunstancias en las que habría sucedido el hecho ilícito que se investiga, para posteriormente luego de realizar valoración integral de la referida prueba, concluyó que, de los elementos de convicción acompañados permiten sostener que el imputado probablemente habría procedido a abusar sexualmente de la víctima, que en el caso se debe considerar, que por la etapa en la que se encuentra el proceso, solo se requiere de indicios de probabilidad de autoría y no elementos de prueba. De lo que se infiere que la Juez A quo, efectuó una correcta valoración de la prueba y una adecuada fundamentación, sobre el presupuesto de probabilidad de autoría, puesto que como dicha autoridad refirió, en el caso existen elementos de convicción que se los considera como indicios que hacen ver que, con probabilidad el actuar del imputado se adecúa al delito que se le sindicó, siendo necesario resaltar que conforme la jurisprudencia del TCP establecida en la SC la SCP 0099/2019-S2 de 5 de abril de 2019 que establece en etapa preparatoria no se requiere que prueba plena para establecer la probabilidad, misma que prevé: (…) Es así que en el caso presente, de acuerdo a los hechos descritos por la Juez A quo enunciando lo referido por la víctima y la prueba acompañada por el Ministerio Público, se tiene claramente por respondidos las interrogantes ¿qué se hizo?, ¿quién lo hizo?, ¿cuándo lo hizo?, ¿dónde se hizo? y ¿cómo se hizo?; por lo que, dadas estas circunstancias y existiendo suficientes indicios sobre la probabilidad de autoría del imputado en los hechos ilícitos que se investiga, este Tribunal de Alzada no advierte una insuficiente fundamentación y/o valoración de la prueba, por consiguiente no tiene mérito la apelación efectuada al respecto por la parte recurrente. 2. Por otro lado, respecto al reclamo de la no acreditación del elemento trabajo, pide se considere que de la declaración informativa se tiene por acreditado este elemento. Al respecto, este Tribunal de Alzada no ingresará a considerar la acreditación o no de dicho elemento arraigador por cuanto el recurrente no cumplió con la carga argumentativa respectiva.

3. Sobre la construcción del riesgo de fuga descrito en el Art. 234 núm.7 del CPP reclama que la Juez A quo de manera subjetiva habría determinado que su defendido es un peligro efectivo para la víctima, sin considerar que no existe un certificado de antecedentes penales, asimismo reclama que dicho riesgo fue construido en virtud de la SC 01/2019, que sería aplicable solo para victima menores de edad, y siendo que al presente la víctima es mayor de edad, no debió tomarse en cuenta la misma, más aun considerando que el agresor es menor que la supuesta víctima. A fin de verificar este agravio, es necesario remitirnos a la resolución impugnada de la que se tiene que de forma acertada la Juez A quo considerar que la víctima por su condición de mujer se encuentra dentro de los grupos vulnerables, que por ello sería necesario que se aplique la perspectiva de género, ello en consideración de la CPE y los Tratados y convenios internacionales, por cuanto Sonia Vallejos Soria habría sido víctima de violencia sexual y por la asimetría de la fuerza del imputado frente al de la víctima; de lo que se tiene que el indicado riesgo está debidamente fundamentado, puesto que es evidente que existen normas no solo nacionales, sino internacionales que determinan que en casos donde la víctima es mujer debe juzgarse con perspectiva de género. En relación al argumento del apelante, en sentido de que, para la concurrencia de este riesgo debe considerarse la existencia de antecedentes penales y para ello debió acreditarse con el correspondiente certificado; se debe considerar que la jurisprudencia del TCP, en especial la SCP 394/2018 establece que tratándose de delitos inmersos en la ley 348, la posibilidad de tomar en cuenta las circunstancias del hecho para fines de acreditar este riesgo procesal, por cuanto la misma determina: ‘Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que: i) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante’, Consecuentemente el hecho de que no se haya acreditado con antecedentes penales la concurrencia este riesgo, en el caso es irrelevante por la naturaleza del delito que se investiga. De otra parte, respecto al argumento de que no debió considerar la SC 001/2019, de la lectura de la resolución impugnada no se tiene que la A quo para la construcción del indicado riesgo, haya tomado en cuenta dicha SC, por ende no corresponde que este Tribunal de Alzada se pronuncie sobre esta observación. En base a los argumentos expuestos, no se advierte mérito en los fundamentos del apelante en relación a este riesgo de fuga. 4. Finalmente, en relación a la concurrencia del riesgo de obstaculización descrito en el Art. 235 núm. 2 del CPP, reclama que no existe elemento probatorios que acrediten tal riesgo, que no se señaló sobre quienes se influenciará, pidiendo que se considere que la testigo menor de edad ya declaró. Al respecto, de la revisión del Auto impugnado se tiene que, la Juez A quo identificó plenamente en quienes puede influir el imputado, identificando así al Sr. Cesar Anturiano Vargas y la menor de edad (…), indicando además que no se contarían aun con la declaración anticipada de la indicada niña, aspectos que para este Tribunal de Alzada son objetivos, por ende tampoco tiene mérito su apelación en relación a este punto…” (sic [énfasis del texto original]). Previamente corresponde referirse al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.1 de este este fallo constitucional, a partir del cual se puede establecer que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido a expresar cuál el fundamento legal de la decisión, citando todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su determinación; y por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos así como los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese orden de ideas y contextualización de los puntos expuestos por el peticionante de tutela en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por la Vocal ahora demandada, quien mediante Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, confirmó el fallo impugnado en todos sus extremos, sustentando su decisión en los siguientes puntos principales: a) Sobre la probabilidad de autoría -art. 233.1 del CPP-, en el caso existen suficientes elementos de convicción que se los considera como indicios que hacen ver que, con probabilidad el actuar del imputado se adecúa al delito que se le sindicó, enfatizando que conforme a la SCP 0099/2019-S2 de 5 de abril, en la etapa preparatoria no se requiere de prueba plena para establecer la probabilidad de autoría; concluyendo que, no advierte una insuficiente fundamentación y valoración de la prueba, por consiguiente no tiene mérito la apelación efectuada al respecto por la parte recurrente; b) En cuanto al reclamo de la no acreditación del elemento trabajo -234.1 del CPP-, el accionante pidió se considere que en su declaración informativa policial se tiene por acreditado este elemento; sobre este aspecto, el Tribunal de alzada no ingresó a considerar la acreditación o no de dicho elemento arraigador por cuanto el recurrente no cumplió la carga argumentativa respectiva; c) Respecto al riesgo de fuga del art. 234.7 del citado código, indicó que de forma acertada la Jueza a quo consideró que la víctima por su condición de mujer pertenece a los grupos vulnerables, y que por ello es necesario aplicar la perspectiva de género, de tal modo que por la asimetría de la fuerza del imputado frente al de la víctima, dicho riesgo se encuentra debidamente fundamentado. En cuanto al argumento del apelante respecto a que para su concurrencia debe considerarse la existencia de antecedentes penales debidamente certificados; la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, estableció que para evaluar este presupuesto, debe considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima respecto del imputado, las características del delito y la conducta exteriorizada por este, antes y con posterioridad a la comisión del delito; por consiguiente, el hecho de no haber acreditado con antecedentes penales su concurrencia en el caso, es irrelevante por la naturaleza del delito que se investiga. Sobre el argumento referido a que no se debió considerar la SCP 0001/2019 de 3 de enero; no se observa que la Jueza a quo en el fallo impugnado haya tomado en cuenta dicha Sentencia para la construcción del riesgo mencionado, no correspondiendo pronunciarse sobre dicha observación, no advirtiendo mérito en los fundamentos del apelante en relación a este riesgo de fuga; y, d) En cuanto a la concurrencia del riesgo de obstaculización descrito en el art. 235.2 del CPP, la Jueza a quo identificó plenamente en quiénes puede influir el imputado, mencionado a César Anturiano Vargas y a la menor de edad AA -hija de la víctima-, indicando además que no se cuenta aún con la declaración anticipada de la menor de edad, aspectos que son objetivos por la Vocal ahora demandada, concluyendo que sobre dicho punto, tampoco tiene mérito la impugnación incoada. A partir de lo expuesto, se advierte que la Vocal ahora demandada, al emitir el Auto de Vista de 21 de diciembre de 2022, aplicó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, de forma suficiente explicó al apelante -ahora accionante-, las razones de hecho emergentes de los elementos fácticos que fueron de su conocimiento, lo cual a su vez fue subsumido a la aplicación de la norma; respondiendo de forma coherente y concisa cada punto de agravio denunciado por el prenombrado, no advirtiéndose que dicha Resolución vulnere el derecho a la libertad, las garantías al debido proceso y presunción de inocencia del demandante de tutela y menos, el principio de seguridad jurídica; toda vez que, explicó a partir de cuáles elementos indiciarios se llegó a la conclusión de probabilidad de autoría del sindicado -ahora accionante-, cumpliendo así el art. 233.1 del CPP, para luego analizar cada uno de los riesgos procesales, compulsando a partir de qué elementos fueron construidos por la autoridad inferior en grado y llegar a la conclusión que la decisión asumida por esta autoridad, es correcta;

además de ello, toma en cuenta que al tratarse de un hecho de violencia en razón de género, incumbía aplicar juzgamiento con perspectiva de género, siendo que la víctima del hecho de violencia sexual es una mujer, y por consiguiente, estaba en la obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial, un enfoque interseccional, en resguardo de los derechos de la víctima; por lo que, al haberse evidenciado que el Auto de Vista cuestionado, fue emitido sin perder de vista dicho enfoque y que cuenta con la debida fundamentación, motivación y valoración de la prueba, corresponde denegar la tutela solicitada. Por todo lo expuesto, este Tribunal concluye que las administradoras de justicia demandadas, no vulneraron ningún derecho constitucional del accionante, por cuanto está detenido preventivamente conforme a Ley, dentro de un debido proceso; puesto que, se motivó y fundamentó debidamente el por qué debía imponérsele la medida cautelar de carácter personal de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no existiendo prueba alguna de que al accionante se le hubiese negado o restringido su libertad de manera ilegal, como denuncia en la acción de defensa. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 105 a 111 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.

13 Párrafo 89. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf 14Párrafo 153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf

15 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Párrafos 105 y 106. 16Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 101.

17 QUISPE PUMA, Roberto, Detención Preventiva. Sucre-Bolivia, pág. 29.

18 Ibídem, pág. 89

19 Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.

Considerar o aseverar que la verdad se la establece en la etapa de investigación, significaría desconocer el proceso penal actual y mutilarlo, de manera que reconocer lo que entienden los recurrentes, importaría que la etapa del proceso oral ante un tribunal jurisdiccional no tendría sentido, pues directamente el Ministerio Público tendría que decidir sobre la verdad, por consiguiente, definiendo si los procesados cometieron o no el delito que se les imputó, pero esta facultad no ha sido atribuida a esta autoridad”. 21En la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 350. Párrafo 289.

22 Criterio asumido del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 287. 23Criterio asumido del Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala; a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 134 y 173. 24Criterio asumido de los Casos J vs. Perú, a través de la Sentencia de 27 de noviembre de 2013 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 350; y, Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, a través de la Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 185.

25 Criterio asumido en el Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, a través de la Sentencia de 8 de marzo de 2018 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 292 y 294.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0732_2025-S1.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): e41f0775bff33586ff96e0732d62a10f965136c1767a0e8fb5d5649fc27a1dc9

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