B.IA.LEGAL

SCP 0732/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
64462-2024-129-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia que sus derechos a la vida e integridad personal se encontrarían en inminente riesgo; por cuanto, ante la decisión asumida por Margarita Laura Morales de cortar cualquier vínculo con Juan Santos Nina Tarqui -ahora demandado-, este asumió una actitud de revanchismo y venganza; y, se rehusó a salir del bien inmueble donde viven, reaccionando agresivamente contra todos, amenazándolos con las armas de fuego que porta, indicándoles que si Margarita Laura Morales continua con la idea de dejarlo prenderá fuego a la casa para quemarla viva y si por alguna razón se logra salvar la matará con dos tiros en la cabeza, amenazas que los mantiene atemorizados y viviendo en zozobra, más aun teniendo en cuenta la condición de adulta mayor de Margarita Laura Morales quien tiene derecho a una vejez digna y a no vivir atemorizada. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) La acción de libertad y la protección del derecho a la vida; 2) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2024 de 23 de mayo, cursante de fs. 67 a 69 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Juan Santos Nina Tarqui, conforme a los Fundamentos Jurídicos asumidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías. 2° EXHORTAR al Ministerio Público de El Alto del departamento de La Paz que en uso de sus facultades y en cumplimiento de su rol de defensa del interés general de la sociedad, adopten las medidas de protección pertinentes a Margarita Laura Morales dentro del proceso penal iniciado contra Juan Santos Nina Tarqui.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.La acción de libertad y la protección del derecho a la vida
  2. III.2. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0732/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 64462-2024-129-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2024 de 23 de mayo, cursante de fs. 67 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abigail Isabel Nina Laura por sí y en representación sin mandato de Margarita Laura Morales; Juan Daniel Nina Laura; Roger Absalon y Jonatan Felix, ambos Castro Laura contra Juan Santos Nina Tarqui.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de mayo de 2024, cursantes de fs. 3 a 4, y 17 a 27 vta., la parte accionante a través de su representante sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Luego de más de veintisiete años de convivencia entre su padre Juan Santos Nina Tarqui -ahora demandado- y su madre Margarita Laura Morales -ahora accionante-, esta última ante diversas situaciones de maltrato y violencia ejercidas en su contra y con el objeto de tener una vida y vejez digna, decidió cortar cualquier vínculo con el prenombrado; no obstante, el mismo asumió una actitud de revanchismo y venganza, rehusándose a salir del bien inmueble donde vive, agrediéndola diariamente con insultos, siendo inclusive que en una ocasión le lanzó con una plancha de ropa caliente a su cara, que logró ser esquivada; así, ante esas agresiones su persona junto a sus hermanos Juan Daniel Nina Laura, Roger Absalon y Jonatan Felix, ambos Castro Laura junto a sus familias se mudaron a vivir con su madre para protegerla; empero, su padre reaccionó agresivamente contra todos amenazándolos con las armas de fuego que porta indicándoles que no se metan que así como les dio la vida se las puede quitar con un tiro, señalando que si su madre continua con la idea de dejarlo prenderá fuego a la casa para quemarla viva y si por alguna razón se logra salvar la matará con dos tiros en la cabeza, amenazas que los mantiene atemorizados y viviendo en zozobra; por lo que, se atenta contra su integridad personal y vida, más aun teniendo en cuenta la condición de adulta mayor de su madre quien tiene derecho a una vejez digna y a no vivir atemorizada.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La parte accionante denuncia que sus derechos a la vida e integridad personal se encontrarían en inminente riesgo, citando al efecto los arts. 15 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al ahora demandado de manera inmediata cese de cualquier acto de agresión física o verbal contra Margarita Laura Morales, sus hermanos y sus familiares, para tal efecto se le ordene el alejamiento en un radio de diez cuadras del bien inmueble donde habita, así como de los lugares de trabajo; b) Se prohíba al ahora demandado realizar cualquier acto de intimidación, amenazas, agresiones contra Margarita Laura Morales –ahora peticionante de tutela-, sus hermanos y sus familiares; c) Se notifique al Ministerio de Gobierno y a las instancias que corresponda para que procedan a cancelar la licencia de armas de fuego y se realice el inmediato secuestro de las mismas; d) Se remita antecedentes ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación contra el ahora demandado por los delitos de violencia familiar y/o doméstica; y, feminicidio en grado de tentativa; y, e) Se ordene como reparación civil la suma de Bs200 000.- (doscientos mil bolivianos) por daños y perjuicios generados a ser depositados en un plazo de diez días.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 66, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte imperante de tutela, a través de su abogado, ratificando el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliándolo el mismo, manifestó que: 1) Del video allegado al expediente constitucional (que fue reproducido) se tiene que el ahora demandado admite que en una oportunidad “…a tratado de agarrarla llevarla hasta la ventana y arrojarla por la venta a la señora Margarita Laura es decir un intento de feminicidio, en otra oportunidad admite señor magistrado haber arrojado con la plancha a la señora Margarita Laura es decir admite todas las agresiones…” (sic); 2) Del segundo video advierte que el carácter agresivo del ahora demandado “…el cual esta agrediendo a uno de los hijos mayores de la señora Margarita quien tiene que salir a su defensa…” (sic);

3) Del tercer video se constata que “…Juan Daniel Nina Laura el cual le esta reclamando y le esta solicitando que cese de la actitud violenta en contra de su madre (…) el señora accionado arroja el celular de la señora Margarita cuando ella esta intentando grabar las agresiones que le está haciendo a sus hijos y posteriormente arroja el celular y admite haber sacado las armas de fuego amenazarles con esas armas de fuego (…) en esta parte del video el señor admite que tiene intención de quemar la casa constantemente son amenazas constantes que hace a los ahora accionantes (…) por último señor magistrado uno de los tantos videos de los cuales ha podido documentar ahora accionantes que demuestran efectivamente el riesgo eminente en el que se encuentra es esto a lo que hacemos referencia cuando el accionado hace referencia los amenaza con quemarlos vivos prendiendo fuego a la casa y para tal efecto se ha dado de reunir bidones de gasolina en el sótano de la vivienda y esto de los que ahora va a hacer evidencia su autoridad en la pantalla son las que se encuentran en el sótano de la vivienda y que tiene la intención según lo mencionado por el mismo accionado de quemar toda la casa y de quemarlos vivos a todos ellos mientras se encuentren durmiendo…” (sic); 4) Juan Santos Nina Tarqui –ahora demandado- es un peligro efectivo para sus personas “…toda vez que tiene en su poder dos armas de fuego como el mismo menciona en su informe de que estos habían sido arrebatados en el mes de noviembre, eso es falso toda vez que los videos son del 12 de mayo de esta gestión, tiene dos armas de fuego en su poder el admite haber hecho uso de las mismas, mostrarles constantemente para adrementarles y amenazarles, está recolectando bidones de gasolina para atentar contra la vida de los mismos lo que demuestra efectivamente lo eminente que es en lo que se encuentra señor magistrado no solo la señora Margarita Laura Morales que reitero que es de la tercera edad sino sus cuatro hijo y las familias y sus hijos de estos…” (sic); 5) La SCP “0198/2014 de 5 de junio” reiterada por la SC “2453/2012” y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0970/2017-S7” Y “514/2018-S4” establece que tratándose de demandas de personas de la tercera edad, no es dable exigir el cumplimiento del principio de subsidiariedad correspondiendo ingresar al análisis de fondo para efectos de ver si existió o no la lesión de derechos; además, la SCP 0414/2019-S3 de 12 de agosto, refiriéndose al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación, indicó que es deber del Estado y la sociedad el garantizar el mismo; por lo que, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutelar los derechos de manera inmediata; y, 6) “…si bien es cierto que existe una denuncia por violencia familiar y domestica que se ha interpuesto en contra de este señor, por el accionado, sin embargo señor magistrado pese a que existe una denuncia, medidas de protección esta actitud violenta, agresiva, hostil que tiene contra los accionantes no ha cesado porque continua amenazándolos, continua amedrentándolos y al tener acceso directo porque si bien ya no vive en la misma casa pero al tener acceso, tiene llaves para ingresar y poder recolectar estos bidones de gasolina, se encuentra en inminente riesgo la vida…” (sic). En mérito a la facultad prevista en el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el Juez de garantías preguntó a la parte accionante: i) Si dentro del proceso penal se dispusieron medidas de protección, y si entre ellas se encuentra el alejamiento u orden de restricción al bien inmueble que habita Margarita Laura Morales; ii) El demandado vive en el mismo bien inmueble; iii) Donde vive el demandado; y, iv) Quien tiene la posesión de las dos armas de fuego. Al respecto, se respondió de la siguiente manera: a) Dentro del proceso si se cuenta con medidas de protección; empero, no existe una orden de alejamiento o de restricción; b) El demandado no vive en el bien inmueble, sin embargo, tiene ingreso irrestricto; c) Se desconoce el domicilio del demandado; y, d) El demandado tiene posesión de las armas de fuego.

I.2.2. Informe de la persona demandada

Juan Santos Nina Tarqui, mediante informe presentado el 23 de mayo de 2024, cursante de fs. 56 a 59 vta.; y, en audiencia a través de su abogado, manifestó que: 1) Desde el 12 de igual mes y año, se encuentra separado de Margarita Laura Morales –ahora accionante–; 2) Durante su convivencia, adquirieron varios bienes inmuebles, entre ellos, una casa de siete pisos registrado a nombre de Jonatan Felix y Roger Absalon, ambos Castro Laura; una casa de cinco niveles a nombre de Abigail Isabel y Juan Daniel, ambos Nina Laura; una casa de siete pisos registrado a nombre de Margarita Laura Morales; y, una casa registrada a su nombre, esta última respecto a la cual los ahora peticonantes de tutela pretenden arrebatarle siendo ese el fin de la interposición de la acción de libertad, omitiendo señalar que los bienes inmuebles que se encuentran registrados a su nombre tienen ingresos superiores a los Bs60 000.- (sesenta mil bolivianos) siendo donde vive cada uno y que “…CURIOSAMENTE A LA FECHA MANIFIESTAN QUE VIVEN CON SU MADRE, ESTO CON LA UNICA FINALIDAD DE QUE NO ME CONSTITUYA A MI CASA Y SE APODEREN” (sic); 3) Las agresiones físicas y verbales que mencionan los ahora impetrantes de tutela son completamente falsas e imaginarias; 4) Margarita Laura Morales, formuló una denuncia contra su persona por la presunta comisión de delito de violencia psicológica que se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, cuya encargada de la investigación es Ana Teresa Alva Torrez, Fiscal de Materia; en ese sentido, la acción de libertad no sería viable al no haberse acudido ante el Juez de control de garantías y/o ante la Fiscal de Materia; 5) La parte accionante alegó que su persona tiene dos armas de fuego y por ello temen de su vida; empero, desde el 2 de noviembre de 2023 no se encuentran en su poder, debido a que Juan Daniel Nina Laura –ahora coaccionante– junto a la esposa de Roger Absalon Castro Laura sustrajeron dichas armas, ello en complicidad de Margarita Laura Morales; además, si bien el 5 de octubre del indicado año, solicitó la renovación de su licencia de portación de arma de fuego ante el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (REAFUC) – Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) de La Paz, dicha Unidad se encuentra intervenida, consecuentemente, no tiene la renovación de su licencia y no porta ningún arma de fuego; 6) En la acción de libertad se manifestó que las armas de fuego podrían ser utilizadas contra Margarita Laura Morales; no obstante, no se hizo referencia a algún acto o comportamiento de su persona que exteriorice una voluntad lesiva contra la vida de la misma, ni un certificado médico forense por el cual se demuestre que existen lesiones o agresiones físicas; siendo lo alegado totalmente fantasioso que no tienen sustento probatorio; 7) La parte impetrante de tutela indicó que su persona pretendería prender fuego a su casa; sin embargo, el 12 de mayo de 2024, le quitaron las llaves, documentos personales y celulares, por lo que, no puede ingresar a sus bienes inmuebles; y, 8) De los videos que fueron allegados al expediente constitucional no se advierte que se coloque riesgo a la vida, ya que, “…se tratan simplemente de agresiones verbales que han sido en defensa de mi propio cliente, mi cliente ha reaccionado, por eso es que se lo presenta de manera cortada, de manera tan manipulada cuando los agresores son Juan Felix Castro, Jonathan Félix Castro Laura, y Roger Castro Laura (…) y mi cliente claro, ha reaccionado en defensa, es un intercambio de agresiones verbales que como en cualquier familia, por intereses que existen, en este caso intereses patrimoniales, se ha suscitado…” (sic). En mérito a la facultad prevista en el art. 36.6 del CPCo, el Juez de garantías preguntó: i) Si conoce las medidas de protección dispuesto por el Ministerio Público; ii) Si es evidente que ya no vive en el mismo bien inmueble que Margarita Laura Morales, y desde cuando ya no vive ahí; iii) Donde tiene su domicilio; iv) Si visita el inmueble donde vive Margarita Laura Morales; v) Quien está en posesión de las dos armas de fuego. Al respecto, se respondió: a) No se le notificó con ninguna resolución de medidas de protección e inclusive no fue citado para prestar declaración informativa; b) Ya no vive en el inmueble donde habita la prenombrada desde el 12 de mayo de 2024; c) Vive en la casa que es de su propiedad ubicada en la calle 102 “a lado” de donde vive la ahora impetrante de la tutela; d) No visita el bien inmueble de la prenombrada, no tiene llaves ni nada; y, e) No tiene posesión de las armas.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 17/2024 de 23 de mayo, cursante de fs. 67 a 69 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que: 1) Juan Santos Nina Tarqui -ahora demandado- de manera inmediata cese cualquier acto de agresión física o verbal contra los ahora accionantes, para tal efecto se ordena el alejamiento del bien inmueble donde habitan, sea por lo menos una cuadra; 2) Se prohíbe que el ahora demandado realice actos de intimidación, amenazas, agresiones contra los ahora peticionantes de tutela, sea de manera directa o por terceras personas; y, 3) Se notifique al Ministerio de Gobierno con el objeto que tome en cuenta los fundamentados de la decisión y sus antecedentes para otorgar o no la licencia de armas de fuego al ahora demandado; además, debe procederse al secuestro de las armas, bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien existe un proceso penal seguido contra el ahora demandado; es el mismo quien reconoce que no fue citado para asumir defensa ni se le notificó con las medidas de protección; además, no se conoce si las mismas fueron homologadas por autoridad judicial; en ese sentido, no puede condicionarse la tutela del derecho a la vida a que el Ministerio Público cite al demandado y notifique con medidas de protección que deben ser homologadas; siendo viable acudir directamente a la acción de libertad “…porque el someterla a estos condicionamientos en caso de existir un peligro efectivo que amenace la vida podría resultar tardío…” (sic); ii) En cuanto a la posesión de las armas de fuego existe la duda si las mismas se encuentran con el ahora demandado “…ante esa duda por supuesto vamos a tratar de prestarnos el indubio pro reo del derecho penal que dice en caso de duda en favor del reo, en favor del imputado, entendemos que en este caso de duda tendríamos que resolver atendiendo a la vida misma la diferencia es que el ciudadano accionado no se siente amenazado en su vida por el accionante con o sin armas, la diferencia es que el accionante se siente amenazado por el accionado por la posesión de las mismas y su personalidad, entonces ante esta duda por supuestos debemos optar por un principio de duda en favor de la vida, en caso de duda en favor de la vida considerar que se encuentra en tal virtud en posesión de las mismas (…) al respecto de ello si le ha llamado la atención al juez contralor de las garantías constitucionales que en el contenido de uno de los videos la parte accionada sostiene, cuando le reclaman de las amenazas con las armas de fuego, dice solo les he mostrado, su argumento de defensa en este video es que les ha mostrado las armas de fuego a los accionantes, esto nos da cuenta de un acto de ostentación que en sí mismo es un acto peligroso (…) lo cual nos determina por su puesto en un juicio de peligrosidad un alto riesgo para el bien jurídico protegido, vida e integridad corporal no solo de los accionantes si no de cualesquier persona que se encuentra alrededor de la persona accionada” (sic); iii) “…no se ha negado en ningún momento un acto por ejemplo o justificado de alguna manera la razón por la cual se encontrarían bidones de gasolina al ingreso del inmueble donde habitan los accionantes, de acuerdo a lo que sostienen los accionantes refiere que el accionado hubiera amenazado con prender fuego a la vivienda y quemarlos vivos mientras duermen a accionantes a sus hijos y a hijos de sus hijos, y que se encuentran amenazados en un estado de zozobra por esta circunstancia y que es lo que me permite tal vez en esta audiencia de acción de libertad entender como razonable este punto expuesto por la parte accionante es no solo el que no haya negado el accionando en esta audiencia esta circunstancia sino que en uno de los contenidos de los videos cuando se advierte una discusión en efecto el accionado sostiene de manera literal ‘voy a quemar todo’ termina siendo coherente entonces las amenazas con las armas de fuego, las amenazas de prender fuego a la vivienda y a las personas” (sic); iv) En cuanto a que el demandado le arrojó un plancha de ropa a Margarita Laura Morales, en los videos allegados al expediente constitucional se tiene que dicho hecho fue reclamado; v) En el contenido de los videos adjuntados al expediente constitucional se advierte que el ahora demandado agarró a Margarita Laura Morales y la quiso botar de un piso alto; y, vi) “…he preguntado a las partes antes de dar por concluida la audiencia si el ciudadano en cuestión vive actualmente en este domicilio donde habita la señora Margarita, refirieron que no, aproximadamente desde el 12 de mayo de esta gestión no vive más ahí, la parte accionante sostiene que sin perjuicio de ello si bien ya no vive ahí no existe hoy una medida de restricción efectiva y es por ello que tiene la posibilidad de poder ingresar y sostiene que así lo hiciere, si bien esto es negado por el accionado sostiene la parte accionante que esto así ocurre y cuando le preguntaba al accionado donde vive actualmente, sostiene que a lado de donde viven los accionantes, entonces necesariamente la decisión que se pronuncia en esta sede constitucional debe tener entidad suficiente también con sentidos de proporcionalidad para poder tutelar reitero la vida misma…” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 26 de julio de 2024, cursante a fs. 73, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 17 de diciembre de 2024 (fs. 101); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene fotocopia simple de la Cédula de Identidad correspondiente a Margarita Laura Morales –ahora accionante– en el que se consigna como fecha de nacimiento el 5 de junio de 1961 (fs. 6). II.2. Consta fotocopia simple de Licencia de Arma de Fuego Categoría A otorgado por el ITCUP a favor de Juan Santos Nina Tarqui –ahora demandado–. Asimismo, se tiene fotostática de Matrículas de Arma de Fuego 2-01-DP-0004455 y 2-01-DP-0004454 (fs. 44). II.3. Se tiene memorial de mayo de 2024, por el que, Margarita Laura Morales

–ahora peticionante de tutela– formula denuncia contra el ahora demandado por la presunta comisión del delito de violencia familiar doméstica, señalando expresamente:

“Señor fiscal, tengo una relación de pareja con el señor Juan Santos Nina Tarqui quien es el padre de mis hijos, lo conocí desde el año 1997, relación en la cual al transcurrir el tiempo he sufrido frecuentes agresiones y humillaciones verbales, SIENDO EL ÚLTIMO ACTO DE VIOLENCIA QUE SE SUSCITÓ EL DÍA DOMINGO 12 DEL MAYO DE 2024, en nuestro domicilio, donde se encuentra ubicado nuestro hogar en la CALLE 102 ESQUINA 131 N° 1-BZ/. VILLA BOLÍVAR ‘D’ DE LA CIUDAD DE EL ALTO. Aproximadamente a las 7:30 am, me acerque a mi pareja a referirle que los alquileres de la casa podrían ser cobrados por nuestros hijos (ya que nosotros ya habíamos trabajado mucho y estábamos cansados) a lo cual él reaccionó de manera violenta y explosiva, gritándome ¡vieja […] –palabra irreproducible– ya me tienes harto! levantó rápidamente la plancha de ropa y quiso arrojármela tratando de golpearme en la cabeza, me asusté, grité de miedo y le rogué que no me dañara, que no me lastimara, que soy la madre de sus hijos, la reacción que tuve en ese preciso momento, fue querer escapar a mi cuarto. Por sus gritos y mi llanto que retumbaba en toda la casa, mi hijo vino a ver que pasaba y presenció el momento cuando el me insultaba y me amenazaba, yo quise llamar a la policía y pedir ayuda, pero mi pareja al percatarse que marcaba al celular, me lo quitó y lo tiro al piso quebrándolo, destrozándolo por completo y diciéndome ‘¡esto te mereces! ¡todo es tu culpa!, ¡te voy a quemar, voy a quemar la casa, no todo el tiempo vas a estar acompañada, vas a ver lo que te voy a hacer cuando estés sola!’ Él tiene turriles de gasolina en el sótano y no sé con qué fin las guarda allí escondido, cuando por fin yo y mi hijo pudimos llamar a la policía, en ese momento él se escapó y los efectivos policiales al constituirse en el domicilio sacaron fotografías de los turriles de gasolina y me dijeron que vaya a poner la denuncia respectiva porque mi pareja era una persona peligrosa y que estaba en riesgo mi integridad física, mi vida y la vida mis hijos, finalmente, con miedo y temblando de nervios, busqué cobijo en mis otros hijos. Señor fiscal, he vivido este calvario durante años aguantando en mi contra sus insultos, dañando mi imagen, mi seguridad como mujer, mi autoconfianza, mi autoestima, gritándome: ‘vieja de […] –palabra irreproducible–, de vieja inútil… Vengo sufriendo violencia Psicológica de manera continua y sistemática por sus malos tratos insultos y humillaciones, amenazas con sus revolvers (tiene 2 armas de fuego), además que se me acerca, afilando sus cuchillos, provocándome miedo y terror por lo que vaya hacerme.” (sic).

Asimismo, en el memorial de formulación de denuncia, se tiene que, en el Otrosí 1, Margarita Laura Morales ahora -impetrante de tutela-expresamente refiere: “Solicito, ordene de manera inmediata las Medidas de Protección las que su autoridad disponga, sin embargo, pido la salida y desocupación inmediata del sindicado del hogar conyugal” (sic [fs. 51 a 55]). II.4. Del acta de audiencia de consideración de la acción tutelar se advierte que en la intervención de las partes se señala:

“ABOGADO ACCIONADO. (…) Lo que no a informar en la parte accionante, es que el 15 de mayo del 2024, han iniciado un proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica, en el artículo 272 bis del código penal, y es la señora Margarita Laura Morales la quien plantea la denuncia penal, y se encuentra radicado en la Fiscalía de la Ciudad de El Alto (…) En esa denuncia (…) se pide a la autoridad jurisdiccional, esto es lo curioso, la inmediata desocupación de mi cliente del bien inmueble, en el que se encuentra, la inmediata desocupación… Se tiene, magistrado, solicitud sobre medidas de protección, las cuales el Ministerio Público no las ha otorgado, se tiene, magistrado, el pedido de una resolución de imputación formal en un otrosí que tampoco no se ha realizado, y es más, magistrado, ponemos en su conocimiento, de que esta denuncia penal por el delito de violencia familiar o doméstica radicado en la ciudad de El Alto (…) en esta causa penal, ni siquiera se lo ha citado a mi cliente, Juan Santos Nina Tarqui, para que asuma defensa prestando una declaración informativa policial, en preservación de su derecho sagrado de defensa y del debido proceso… (…) JUEZ.- (…) Por favor quisiera preguntarle Inicialmente a la parte accionante (…) Existe dentro de las pruebas que he consultado un proceso que es presentado aparentemente en mayo de 2024 de violencia familiar o doméstica en contra del ciudadano accionado, si hubiera dispuesto medidas de protección dentro de esta denuncia. ¿Y cuáles serían?. ABOGADA ACCIONANTE.- Efectivamente sí existen medidas de protección. Pero estas no establecen como lo ha hecho referencia también la parte accionada. El alejamiento del ahora accionado, mucho menos que deje el domicilio. NO establece ese tipo de medidas. Y pese a la existencia de estas medidas que lo hablan del 12 de mayo estos sujetos sigue concurriendo al bien inmueble donde ellos viven, siguen amenazándolos, amedrentándolos y como prueba de ello también se entiende en los videos. JUEZ.- (…) Dentro de estas medidas de protección entonces no se ha dispuestos el alejamiento. Si no se ha dispuesto el alejamiento existe alguna orden de restricción al bien inmueble que habita la ciudadana Margarita. Alguna orden de alejamiento, de restricción. ABOGADA ACCIONANTE.- No existe ninguna. JUEZ.- No existe ninguna. Perfecto. Si no existe ninguna por favor me aclara primero. Le voy a consultar también a la parte accionada. Pero me aclara primero la parte accionante. Entonces. Vive todavía ahí la parte accionada en ese bien inmueble. ABOGADA ACCIONANTE.- No vive actualmente pero tiene el ingreso irrestricto, ingresa el momento que quiere, a la ora en la que quiere porque tiene las llaves y tiene ingreso irrestricto a ese domicilio. (…) JUEZ.- (…) Le consulto a la parte accionada por favor. ¡Es de conocimiento vuestro y estas medidas de prteotección que hubiera dispuesto la fiscal de materia?. ABOGADO ACCIONADO.- No magistrado. No se ha notificado con ninguna resolución de medidas de protección. Es más, no se ha citado ni siquiera para que preste declaración informativa policial. Se ha averiguado de manera extraoficial y se ha tomado contacto con el cuaderno de investigaciones. No se tiene pormenores… (…) JUEZ.- Perdón, señor Juan Nina. Quisiera saber dónde es actualmente su domicilio. (…) ACCIONADO.- Calle 102, número 1B. Eso es mi casa de mi propiedad, señora magistrado, que es a lado. JUEZ.- A lado de donde vive la señora Margarita. ACCIONADO.- Sí, a lado.” (sic [fs. 64 a 65 vta.]). II.5. Cursa Disco Compacto (CD) en el que se evidencia cuatro grabaciones audiovisuales, en los cuales se advierte:

a) Una discusión entre el ahora demandado, Margarita Laura Morales y “Roger”–ahora accionantes–, el primero refiriéndole al segundo que “se vaya de su casa porque le hace renegar” (sic). b) Una discusión entre el ahora demandado, Margarita Laura Morales – ahora peticionante de tutela- y unos de sus hijos. Discusión en la que la prenombrada le dice expresamente al ahora demandado “me has arrojado con la plancha caliente” (sic), y este último le dice “…no yo quería arrojar al piso” (sic). c) Un ambiente en el que se enfoca cinco bidones con cierta cantidad de contenido líquido –no se advierte que tipo de contenido–; además, se tiene un turril plástico d) Una discusión entre el ahora demandado, Margarita Laura Morales -ahora impetrante de tutela- y uno de sus hijos. Constatándose que el ahora demandado le expresa a su hijo si alguna vez le tocó a la prenombrada, y su hijo refiere que “es un peligro para su mamá” (sic) y “que le arrastro a la ventana” (sic), el ahora demandado señala “…con arma he manejado” (sic), el tercero indica “haz manejado haz sacado tu arma” (sic); y, el demandado le dijo “les he mostrado” (sic [fs. 16]) II.6. Cursa CD en el cual se evidencia un audio, donde se advierte que uno de los hijos del ahora demandado y Margarita Laura Morales –ahora accionante– manifiesta “…esas pistolas tenemos que hacer porque mi papá no está bien (…) yo he sacado las dos armas lo he colocado en una bolsa y le llevado y lo hemos ocultado…” (sic [fs. 50]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia que sus derechos a la vida e integridad personal se encontrarían en inminente riesgo; por cuanto, ante la decisión asumida por Margarita Laura Morales de cortar cualquier vínculo con Juan Santos Nina Tarqui -ahora demandado-, este asumió una actitud de revanchismo y venganza; y, se rehusó a salir del bien inmueble donde viven, reaccionando agresivamente contra todos, amenazándolos con las armas de fuego que porta, indicándoles que si Margarita Laura Morales continua con la idea de dejarlo prenderá fuego a la casa para quemarla viva y si por alguna razón se logra salvar la matará con dos tiros en la cabeza, amenazas que los mantiene atemorizados y viviendo en zozobra, más aun teniendo en cuenta la condición de adulta mayor de Margarita Laura Morales quien tiene derecho a una vejez digna y a no vivir atemorizada. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) La acción de libertad y la protección del derecho a la vida; 2) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1.La acción de libertad y la protección del derecho a la vida

En relación al presente punto, previo a referirnos a la normativa que rige la acción de libertad, es preciso hacer una reseña de los antecedentes de su origen; en tal sentido, siguiendo lo referido por Ciro Añez Nuñez, Sorayda Santiago Salame y otros en la obra Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada; se tiene que, el 11 de enero de 1931 a través del referéndum constitucional se propuso incluir en la Constitución –entre otros– un mecanismo de protección de los ciudadanos denominado habeas corpus el cual se accionaba contra los arrestos, detenciones y procedimientos ilegales; posteriormente, con la reforma constitucional de 1938, la incorporación del indicado recurso fue materializado estableciendo expresamente que:

Artículo 8°.- Toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el juez de partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. La autoridad judicial decretará inmediatamente que el individuo sea conducido a su presencia y su decreto será obedecido, sin observación ni excusa, por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial decretará la libertad, hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas. La decisión que se pronuncie dará lugar al recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que no suspenderá la ejecución del fallo. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan a las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán reos de atentado contra las garantías constitucionales, en cualquier tiempo, y no les servirá de excusa el haber cumplido órdenes superiores. Posteriormente, con la reforma constitucional de 1967 se estableció la posibilidad de acudir ante un Juez instructor, la prohibición de suspensión de la audiencia, la rebeldía del demandado, la revisión de la decisión por la Corte Suprema de Justicia y la sanción de la autoridad que incumpla conforme manda el procedimiento constitucional. Luego, con la reforma constitucional de 1994 con la creación del Tribunal Constitucional se determinó que el mismo se encargaría de la revisión de la sentencia emitida. El 7 de febrero de 2009 con la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado se estableció varias modificaciones que inclusive incluyó el cambio de denominación, pasando de recurso de hábeas corpus a acción de libertad, además de ampliar su ámbito de protección, estipulando de esta manera: 1Constitución Política del Estado 1967 haciendo referencia al recurso de hábeas corpus en su art. 18 determinó: “Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.

La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de l a autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.

En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevara en revisión, de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.

Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.

Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que conoció del “Hábeas corpus”, ante el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo quedará sujeta a la sanción del Artículo 127, inciso 12, de esta Constitución.”

Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Código Procesal Constitucional con referencia a esta acción de defensa estableció:

Artículo 46°.- (Objeto) La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Artículo 47°.- (Procedencia) La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:

1. Su vida está en peligro;

2. Está ilegalmente perseguida;

3. Está indebidamente procesada;

4. Está indebidamente privada de libertad personal Así, a partir de la referida normativa es que el Tribunal Constitucional Transitorio que estableció a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que la acción de libertad tiene por objeto proteger los derechos a la integridad física y libertad (personal y de circulación) además, del derecho a la vida; no obstante, respecto a este último se estableció que 2En su FJ III.5 sostuvo que: “Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: “…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos a la vida e integridad física o personal fue reiterado en numerosos fallos. Así, en el caso Castillo Páez, de 3 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana sostuvo que: “…El hábeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida”. En el mismo sentido, el caso Neira Alegría, fallo de 19 de julio de 1995.

La protección del derecho a la vida e integridad personal, por otra parte, está también prevista en las legislaciones de otros países, como en Costa Rica donde a través del hábeas corpus se protegen los derechos a la libertad e integridad personal; en el Perú, donde se protege la libertad personal y otros derechos conexos, así como la integridad y la prohibición de desaparición forzada, último supuesto que se vincula con el derecho a la vida. Algo similar sucede en Argentina, donde el hábeas corpus protege la libertad física, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y la desaparición forzada de personas, y en Ecuador, donde se protege el derecho a la libertad, a la vida y la integridad física de las persona privadas de libertad. De este breve repaso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la legislación comparada, se puede observar que la protección al derecho a la vida vía hábeas corpus, en el caso boliviano, acción de libertad, está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal.

Cabe resaltar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, protegió el derecho a la vida a través del recurso de hábeas corpus, por conexitud con el derecho a la libertad de locomoción, en las SSCC 470/2004-R, 6512004-R, entre otras.”

debía existir una vinculación entre el peligro de afectación del mismo con el derecho a la libertad. Posteriormente, si bien de manera inicial se estableció la protección del derecho a la vida cuando tenga vinculación con el derecho a la libertad, pues de lo contrario debía ser tutelado vía acción de amparo constitucional; no obstante, a través de la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, que contiene el estándar jurisprudencial más alto se moduló dicho entendimiento, ello considerando la naturaleza del derecho a la vida, la cual impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, ya que no era posible que sobre la base de formalismo se deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; por lo que, se determinó que el derecho a la vida podría ser tutela mediante la acción de amparo constitucional o acción de libertad; asimismo, se estableció que para el resguardo del derecho a la vida no era necesario vinculación con el derecho a la libertad Aunado a lo anterior, la SCP 2468/2012 reiterando el entendimiento contenido en la SC 0172/2006-R de 16 de febrero manifestó que el derecho a la vida comprende: i) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; ii) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, iii) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad. Comprendiendo que:

1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en minimizar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).

2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que los individuos conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.

3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas. Ahora bien, mediante la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, se determinó la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentren dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, ello en virtud a lo establecido en el art. 13.I de la CPE el cual establece que los derechos son interdependientes, es decir que se encuentran conectados unos con otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; así, de manera textual se manifestó que:

En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características al informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.

Entonces, conforme a los principios y valores que sustentan a nuestro Estado y la justicia constitucional, así como al carácter interdependiente de los derechos, el ámbito de protección de la acción de libertad puede verse ampliado en los casos en que los derechos alegados como lesionados se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa. Cabe mencionar, por otra parte, que ese entendimiento se encontraba plasmado en el art. 89.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que establecía que “cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder notariado o sin él…”; norma que, en consecuencia, permitía analizar violaciones a otros derechos que tuvieran conexión con el derecho a la libertad física o personal. En ese ámbito, dicha norma permitió la tutela de derechos conexos con el derecho a la libertad; entendimiento que debe ser asumido por este Tribunal, a la luz de las características de los derechos fundamentales que han sido referidas precedentemente y del principio de progresividad -que se desprenden también del art. 13 de la CPE- según el cual no se deben “…desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE)” (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre).

En esa misma línea progresiva y proteccionista, a través de la SCP 0319/2018-S2 de 9 de julio, se otorgó un alcance amplio e interdependiente al derecho a la vida pues este derecho no solo debía representar una interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna lo que involucra a otros derechos conexos e interdependientes que no encuentran dentro del ámbito de protección tales como:

El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad[11]; ii) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos[12]; iii) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas[13]; incluso iv) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios[14], entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección[15], respectivamente.

III.2. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La descripción a las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto –cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2029-S2, esencialmente señaló que:

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”. Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en:

i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de: b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas]. Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer . Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras]. iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.

Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la referida Ley , esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (las negrillas corresponden al texto original).

De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).

Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la referida Ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:

“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original). En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:

“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”.

Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:

“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido).

En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348. Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citado y precisado esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la misma contiene reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia que sus derechos a la vida e integridad personal se encontrarían en inminente riesgo; por cuanto, ante la decisión asumida por Margarita Laura Morales de cortar cualquier vínculo con Juan Santos Nina Tarqui -ahora demandado-, este asumió una actitud de revanchismo y venganza; y, se rehusó a salir del bien inmueble donde viven, reaccionando agresivamente contra todos, amenazándolos con las armas de fuego que porta, indicándoles que si Margarita Laura Morales continua con la idea de dejarlo prenderá fuego a la casa para quemarla viva y si por alguna razón se logra salvar la matará con dos tiros en la cabeza, amenazas que los mantiene atemorizados y viviendo en zozobra, más aun teniendo en cuenta la condición de adulta mayor de Margarita Laura Morales quien tiene derecho a una vejez digna y a no vivir atemorizada. Identificada la problemática traída en revisión, considerando que la misma se encuentra vinculada al derecho a la vida, inicialmente, es necesario establecer que la ingente jurisprudencia constitucional dio por sentado que este derecho no solo comprende únicamente el derecho a permanecer con vida o que ninguna persona puede ser privada de su vida de manera arbitraria sino también abarca el derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad; en ese sentido, siendo que el goce pleno del derecho a la vida es un prerrequisito para el disfrute de los demás derechos, la misma jurisprudencia constitucional se refirió a la protección de dicho derecho, estableciendo, bajo un desarrollo garantista y progresivo que, su tutela se daría a través de la acción de amparo constitucional o de la acción de libertad, en esta última en la cual se estableció que su tutela no debía estar condicionada a la vinculación con el derecho a la libertad. (Fundamento Jurídico III.1). Bajo ese comprendido, siendo evidente que el derecho a la vida se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, en el presente caso resulta pertinente ingresar al análisis de fondo; en ese sentido, refiriéndonos en específico al derecho a permanecer con vida o que ninguna persona puede ser privada de su vida de manera arbitraria, la jurisprudencia constitucional estableció que el mismo abarca dos obligaciones del Estado: a) La obligación negativa, mediante la que se prohíbe realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos; y, b) La obligación positiva a través de la cual debe realizarse todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas. (Fundamento Jurídico III.1). Ahora bien, respecto a esta última debe entenderse que la consideración de la protección y el respeto que el Estado brinda al titular del derecho a la vida no puede reducirse por el nivel de gravedad de la amenaza, debiendo comprenderse la protección del derecho a la vida incluye la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza, con tal de que ella sea cierta. Bajo esas consideraciones, siendo que en el caso concreto los ahora accionantes alegan que el ahora demandado los amenaza con las armas de fuego que porta, y con prender fuego a su casa, es necesario establecer si ello sería o no evidente; se tiene que, serían dos actos que considerarían que ponen en riesgo su vida, el análisis se efectuará respecto a cada uno; así: 1) En cuanto a las amenazas efectuadas con las armas de fuego. El ahora demandado al momento de presentar su informe para la consideración de la acción de defensa, únicamente manifestó que desde el 2 de noviembre de 2023 las armas no se encuentran en su poder, debido a que Juan Daniel Nina Laura -ahora copeticionante de tutela– junto a la esposa de Roger Absalon Castro Laura -ahora coaccionante- sustrajeron dichas armas, ello en complicidad de Margarita Laura Morales –ahora impetrante de tutela-; además, si bien el 5 de octubre del indicado año, solicitó la renovación de su licencia de portación de arma de fuego ante el REAFUC –IITCUP de La Paz, dicha Unidad se encuentra intervenida, consecuentemente, no tiene la renovación de su licencia y no porta ningún arma de fuego. Ahora bien, conocidos los argumentos de ambas partes, de la revisión de antecedentes del expediente constitucional se tiene que el ahora demandado efectivamente cuenta con Licencia de Arma de Fuego Categoría A otorgado por el ITCUP; además, tiene Matrículas de Arma de Fuego 2-01-DP-0004455 y 2-01-DP-0004454 (Conclusión II.2); asimismo, en uno de los CD’s allegados (Conclusión II.4) se tiene cuatro grabaciones audiovisuales, una de ellas en las que se constató una discusión entre Juan Santos Nina Tarqui –ahora demandado–, Margarita Laura Morales y uno de sus hijos –ahora accionantes–, discusión en la que el ahora demandado le expresa a su hijo si alguna vez le tocó a Margarita Laura Morales, y su hijo le dice que “es un peligro para su mamá” (sic) y “que le arrastro a la ventana” (sic), el demandado refiere “…con arma he manejado” (sic), el tercero indica “haz manejado haz sacado tu arma” (sic); y, el demandado le dijo “les he mostrado” (sic); en ese sentido, por lo referido es evidente que el ahora demandado tiene o porta dos armas de fuego, que en su momento fueron exhibidas a los ahora peticionantes de tutela, ahora bien, respecto a dicho accionar debe comprenderse que la autorización de las armas de fuego para civiles únicamente se da para uso con fines lícitos y no para ser exhibidas demostrando control y poder o denotando alguna forma de intimidación o amenaza, por cuanto, la exhibición de un arma suele tener una transición corta con el disparo de la misma y es precisamente por ello que se genera el miedo a las personas y se constituye en un riesgo para los ahora impetrantes de tutela. Aunado a lo anterior, debe considerarse que, si bien el ahora demandado alegó que no estaría con la posesión de las armas de fuego, adjuntando al efecto un CD en la que se constató una grabación de audio, en el cual uno de los hijos –ahora impetrante de tutela– manifestó que “…esas pistolas tenemos que hacer porque mi papá no está bien (…) yo he sacado las dos armas lo he colocado en una bolsa y le llevado y lo hemos ocultado…” (sic); sobre ello, en primer lugar debe considerarse que, lo advertido desde ningún punto de vista llegó a extenuar la exhibición de las armas de fuego que se efectuó; además, respecto a ello, en audiencia de consideración de la acción de libertad la parte accionante negó el indicado hurto de las armas; por lo que, en tanto no se tenga un elemento probatorio pertinentes como la denuncia de hurto ante autoridad competente, no es posible considerar este aspecto para establecer que no existiría un riesgo del derecho a la vida de los impetrantes de tutela. 2) Respecto a la amenaza de prender fuego a su casa.

En lo concerniente a este punto, se tiene que la parte accionante para demostrar las amenazas de incendiar su bien inmueble únicamente adjuntó un CD que contiene cuatro grabaciones audiovisuales, tres de ellas demostrarían discusiones entre el demando y los ahora accionantes; y, una en la que se mostraría un ambiente en el cual se enfoca un turril plástico y cinco bidones con cierta cantidad contenido líquido, de los cuales no se puede establecer el tipo de contenido que tienen; además, debe considerarse que la existencia de ese turril y esos bidones desde ningún punto de vista demuestra que existirían amenazas tal como se señaló; a lo cual debe sumarse que, el ahora demandado al momento de presentar su informe para la consideración de esta acción de libertad señala que no existiría esa amenaza; por cuanto, desde el 12 de mayo de 2024, le quitaron las llaves, documentos personas y celulares, y, no puede ingresar a sus bienes inmuebles. Consecuentemente, en el presente caso no se demostró que se tenga una amenaza vinculada a incendiar el bien inmueble.

Por lo referido precedentemente, en el caso concreto es necesario considerar que, al evidenciarse que el ahora demandado si mostró sus armas de fuego a los ahora accionantes, es posible establecer que existiría un riesgo del derecho a la vida y la integridad personal de los prenombrados, por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Ahora bien, por otra parte, es necesario señalar que, este Tribunal asumiendo el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, consideró que, a través de la acción de libertad era posible tutelar no solo el contenido esencial del derecho a la vida (constituido por el derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; el derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad) sino también derechos conexos como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas, por el cual, ninguna mujer puede ser objeto de acciones u omisiones basados en género que les cause daño o sufrimiento ya sea en el ámbito privado como público; en tal sentido, siendo que la violencia hacia las mujeres es un problema que tiene trascendencia o connotación social, es el Estado a través de los órganos y jueces que tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, que en la esfera de la administración de justicia se establece que los Estados deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (Fundamentos Jurídicos III.1).

Asimismo, la jurisprudencia constitucional, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del CPCo, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para Jueces, Tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0017/2019-S2 generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis integral del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.2); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que el mismo se encuentra vinculado a hechos de violencia en razón de género, vinculados a grupos vulnerables como en el caso concreto en el que, una de las accionantes es una mujer de la tercera edad (conforme se advierte de la Conclusión II.1), en el abordaje de la misma se debe considerar Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con la obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad, se encuentra obligado de efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generaran responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. Consecuentemente, corresponde examinar el rol asumido por el Ministerio Púbico en conocimiento de la denuncia formulada por Margarita Laura Morales –ahora peticionante de tutela– respecto a hechos de violencia familiar doméstica denunciados (Conclusión II.3).

En ese orden de ideas, siendo que el análisis se centrará en la actuación del Ministerio Público, resulta pertinente remitirse a las Conclusiones II.3 y II.4 de este fallo constitucional, en las cuales se estableció que, el 15 de mayo de 2024, la accionante acudió ante dicha institución fiscal e interpuso una denuncia por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitando que como medida de protección se disponga la salida y desocupación inmediata del agresor del domicilio conyugal; manifestando al efecto:

“Señor fiscal, tengo una relación de pareja con el señor Juan Santos Nina Tarqui quien es el padre de mis hijos, lo conocí desde el año 1997, relación en la cual al transcurrir el tiempo he sufrido frecuentes agresiones y humillaciones verbales, SIENDO EL ÚLTIMO ACTO DE VIOLENCIA QUE SE SUSCITÓ EL DÍA DOMINGO 12 DEL MAYO DE 2024, en nuestro domicilio, donde se encuentra ubicado nuestro hogar en la CALLE 102 ESQUINA 131 N° 1-BZ/. VILLA BOLÍVAR ‘D’ DE LA CIUDAD DE EL ALTO. Aproximadamente a las 7:30 am, me acerque a mi pareja a referirle que los alquileres de la casa podrían ser cobrados por nuestros hijos (ya que nosotros ya habíamos trabajado mucho y estábamos cansados) a lo cual él reaccionó de manera violenta y explosiva, gritándome ¡vieja […] –palabra irreproducible– ya me tienes harto! levantó rápidamente la plancha de ropa y quiso arrojármela tratando de golpearme en la cabeza, me asusté, grité de miedo y le rogué que no me dañara, que no me lastimara, que soy la madre de sus hijos, la reacción que tuve en ese preciso momento, fue querer escapar a mi cuarto. Por sus gritos y mi llanto que retumbaba en toda la casa, mi hijo vino a ver que pasaba y presenció el momento cuando el me insultaba y me amenazaba, yo quise llamar a la policía y pedir ayuda, pero mi pareja al percatarse que marcaba al celular, me lo quitó y lo tiro al piso quebrándolo, destrozándolo por completo y diciéndome ‘¡esto te mereces! ¡todo es tu culpa!, ¡te voy a quemar, voy a quemar la casa, no todo el tiempo vas a estar acompañada, vas a ver lo que te voy a hacer cuando estés sola!’ Él tiene turriles de gasolina en el sótano y no sé con qué fin las guarda allí escondido, cuando por fin yo y mi hijo pudimos llamar a la policía, en ese momento él se escapó y los efectivos policiales al constituirse en el domicilio sacaron fotografías de los turriles de gasolina y me dijeron que vaya a poner la denuncia respectiva porque mi pareja era una persona peligrosa y que estaba en riesgo mi integridad física, mi vida y la vida mis hijos, finalmente, con miedo y temblando de nervios, busqué cobijo en mis otros hijos.

Señor fiscal, he vivido este calvario durante años aguantando en mi contra sus insultos, dañando mi imagen, mi seguridad como mujer, mi autoconfianza, mi autoestima, gritándome: ‘vieja de […] –palabra irreproducible–, de vieja inútil… Vengo sufriendo violencia Psicológica de manera continua y sistemática por sus malos tratos insultos y humillaciones, amenazas con sus revolvers (tiene 2 armas de fuego), además que se me acerca, afilando sus cuchillos, provocándome miedo y terror por lo que vaya hacerme.” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, conforme manifestaron las partes (accionante-víctima y demandado-denunciado), la medida de protección solicitada no fue otorgada por el Ministerio Público, y en todo caso si bien se hubiesen otorgado otras medidas de protección –que no fueron especificadas–; no obstante, conforme lo manifestó el ahora demandado no se le notificó con ninguna medida de protección y menos se lo citó para prestar su declaración informativa.

Consecuentemente, por lo advertido, en el caso concreto es posible concluir que el Ministerio Público no cumplió con los Estándares Internacionales para la protección de los derechos humanos, e hizo inefectiva el acceso a la justicia; por cuanto, desde la presentación de la denuncia –15 de mayo de 2024– hasta la realización de la audiencia de consideración de la acción de libertad –23 de igual mes y año– transcurrieron ocho días sin que el Ministerio Público cite al denunciado, notifique las medidas de protección que se hubiese asumido, estas últimas que al ser emitidas por la entidad fiscal hacen entrever que existiría una situación de riesgo en la que se encontraría la víctima; no obstante, pese a ello no cumplidas ante la falta de notificación; sumado a ello que conforme se estableció en las Conclusiones II.2 y II.5 de este fallo constitucional, el ahora demandado portaría armas de fuego autorizadas, las cuales en cierto momento hubiesen sido utilizadas para atemorizar a la accionante; en ese sentido, debió considerarse ese aspecto con el objeto de determinar si era pertinente o no ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal; y, prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio de la impetrante de tutela quien se encontraría en situación de violencia; en ese sentido, tal como se refirió existe una falta de la debida diligencia del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación dentro de un plazo razonable para esclarecer todos los hechos y sancionar a todas las personas responsables de la violación de derechos humanos, omitiendo considerar que la Corte IDH en el Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá señaló que:

“La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.” Consecuentemente, habiéndose advertido el incumplimiento de Estándares Internacionales de protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, es necesario exhortar al Ministerio Público a cumplir con los deberes encomendados por el Estado, pues su inobservancia es pasible a responsabilidades internacionales. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2024 de 23 de mayo, cursante de fs. 67 a 69 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Juan Santos Nina Tarqui, conforme a los Fundamentos Jurídicos asumidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías. 2° EXHORTAR al Ministerio Público de El Alto del departamento de La Paz que en uso de sus facultades y en cumplimiento de su rol de defensa del interés general de la sociedad, adopten las medidas de protección pertinentes a Margarita Laura Morales dentro del proceso penal iniciado contra Juan Santos Nina Tarqui. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

3 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].

I.1. Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. I.2. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx I.3. 5Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.

6 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad.

7 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia”

8 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: (…) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.

9 Deber del Estado previsto en el art. 7.f de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"

10 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”

11 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”

12 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 49, párr. 144.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0732_2024-S1.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): db446e4b58d58d717a52e9eef4e8bb0dd15ad9327a709a1326b03f1c7ca1f209

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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