Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, legalidad, a ser oído, a la defensa, a la presunción de inocencia y favorabilidad, por cuanto el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, admitió el recurso de apelación de la parte denunciante incurriendo en ilegalidades ya que: a) Sobre los imputados Remberto y Nabor ambos López Herbas, realizó un análisis innecesario respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, cuando el mismo no estaba desvirtuado ni mejorado por parte del Juez a quo; b) Respecto a todos los imputados y el peligro procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP, sin una debida fundamentación y motivación se retrotrae a los argumentos del Auto de 4 de mayo de 2022 que dispuso la detención preventiva, siendo que dicho riesgo procesal fue debidamente interpretado por el Auto de Vista de igual mes y año, el mismo que posteriormente fue modificada por el Juez a quo mediante Resolución de 1 de julio de 2022, que mejora la situación jurídica de los imputados; y, c) En relación a todos los imputados y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, declaró procedente la apelación bajo la errónea fundamentación de que el Informe del investigador asignado “que señala que el teléfono del cual se habrían realizado amenazas en contra de la presunta víctima seria del Sr. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 112 a 125 vta.; pronunciada en suplencia por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0729/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrado Relator: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49638-2022-100-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 09/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 112 a 125 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovani Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Nabor López Herbas, Remberto López Herbas, Wilder García Balderrama y Emilio Quispe Silvestre contra Mirtha Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 73 a 76 vta. la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de los ahora accionantes por la supuesta comisión del delito de secuestro, el Juez de control jurisdiccional por Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2022, dispuso la detención preventiva de Nabor López Herbas en el Centro Penitenciario de San Antonio, de Remberto López Herbas en el Centro Penitenciario de El Abra, de Wilder García Balderrama y Emilio Quispe Silvestre en el Centro Penitenciario de Sacaba, todos del departamento de Cochabamba, por lo que una vez recurrida dicha determinación, se emitió el Auto de Vista de 4 de igual mes y año, por el cual cambiando la fundamentación en relación a los riesgos procesales inmersos en los arts. 234.6 y 7; 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ratificó la resolución de aplicación de medidas cautelares; posteriormente, la precitada decisión fue modificada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Punata del referido departamento mediante Resolución de 1 de julio de 2022; por el cual, si bien no se desvirtuó los referidos peligros procesales, empero fueron mejorados; es decir que, la situación jurídica de los imputados fue mejorada, más aun si dicha resolución quedó firme por no ser objeto de observación o apelación. Ulteriormente, el Juez de la causa en audiencia de 20 de julio de 2022, luego de haber subsanado las observaciones, se logró desvirtuar algunos riesgos procesales quedando latentes para Remberto López Herbas el peligro procesal inmerso en el art. 234.6 y 235.1 del CPP; para Wilder García Balderrama y Emilio Quispe Silvestre el art. 235.1 de la cita Norma Adjetiva Penal; en ese sentido, al haberse desvirtuado los riesgos procesales más relevantes por haberse demostrado elementos arraigadores, el Juez de instancia aplicando el principio de favorabilidad conforme prevé el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) otorgó la cesación a la detención preventiva; empero, la denunciante que no es víctima en el caso, formuló recurso de apelación incidental contra la Resolución de 20 de julio de 2022 que dispuso la cesación a la detención preventiva de los –ahora peticionantes de tutela-; impugnación que recayó ante la Vocal ahora demandada, quien sin revisar los antecedentes ni escuchar a las partes emitió el Auto de Vista de 1 de agosto de referido año, admitiendo dicha impugnación incurriendo en la lesión de sus derechos, ya que respecto a los imputados Remberto y Nabor, ambos López Herbas, realizó un análisis innecesario en relación al riesgo procesal inmerso en el art. 234.6 del CPP, cuando la misma no estaba desvirtuado ni mejorado por parte del Juez a quo. Asimismo, la Vocal ahora demandada, respecto a todos los imputados y el peligro procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, sin una debida fundamentación y motivación se retrotrae a los argumentos del Auto de consideración de medidas cautelares, sin tomar en cuenta que dicho riesgo procesal fue debidamente interpretado por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, el mismo que fue modificada posteriormente por el Juez de la causa mediante Resolución de 1 de julio de citado año, que mejora la situación jurídica de los imputados; además, la autoridad ahora demandada tampoco se manifiesta sobre la nulidad o no de los fundamentos de la citada resolución, es mas no la toma en cuenta, directamente sin fundamentación se retrotrae al Auto primigenio. La Vocal ahora demandada en relación a todos los imputados y el riesgo procesal inmerso en el art. 235.2 del CPP, declaró procedente el recurso de apelación bajo la errónea fundamentación de que el Informe del investigador asignado “que señala que el teléfono del cual se habrían realizado amenazas en contra de la presunta víctima seria del Sr. Celier Martínez” (sic) conforme a la línea de la SCP “0614/2020” de 20 de octubre, no puede acreditar o desvirtuar riesgos procesales; si esto es así, entonces la autoridad ahora demandada –que generó esta línea– debió corregir el procedimiento con una debida fundamentación, puesto que del análisis del referido peligro procesal se tiene que la misma fue construido desde la audiencia de consideración de medidas cautelares precisamente en base a un Informe policial –que estaría indebidamente admitido para fundamentar un riesgo procesal–.
No obstante de ello, es necesario aclarar la situación y tomar en cuenta que el Informe policial que hizo referencia la Resolución de 20 de julio de 2022, no fue emitido en función de acreditar o desvirtuar el referido riesgo procesal sino que fue en merito a la labor investigativa del funcionario policial, el cual no puede ser limitada, siendo que de antecedentes, no se puede evidenciar que exista un requerimiento para que se emita un informe a fin de acreditar o desvirtuar un riesgo procesal; empero, la Vocal ahora demandada pese a fundamentar en sentido de que se debe tomar en cuenta los argumentos para la construcción del presente riesgo procesal, es decir la probabilidad de que todos los imputados hayan amenazado a la familia de la víctima mediante el celular resultan ser solo especulaciones que no están probados con prueba alguna, por lo que la fundamentación es vulneratorio del debido proceso en sus elementos señalados ya que no fue alegado por los imputados en la audiencia de apelación. Además, es necesario considerar que lo manifestado por la denunciante sobre el citado riesgo procesal no fue reclamado en la audiencia de cesación a la detención preventiva, aspecto que no fue limitado por la autoridad ahora demandada permitiendo que nuevamente se pronuncie solicitando la valoración de los elementos de convicción presentados por los imputados, cuando la audiencia de apelación no es de segunda oportunidad para fundamentar lo que no se hizo en su momento.
La parte accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, legalidad, a ser oído, a la defensa, a la presunción de inocencia y favorabilidad, citando al efecto los arts. 115, 116, 119 y 178 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad ahora demandada dicte un nuevo Auto de Vista, considerando los aspectos cuestionados, en el plazo de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de remitir antecedentes al Ministerio Publico, sea con el beneficio de reparación de daños y perjuicios conforme a los arts. 39 y 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
La audiencia pública se efectuó el 11 de agosto de 2022, según acta cursante de fs. 110 a 111, produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó íntegramente el memorial de su acción de libertad.
Mirtha Montaño Torrico Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 4 de agosto de 2022 cursante de fs. 99 a 100, manifestó que: a) Previamente a resolver esta acción tutelar, se considere la SC 0085/2006-R de 25 de enero, con relación al control de constitucional y la interpretación de la legalidad ordinaria, que establece: "…es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1.Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional" (sic); b) En ese sentido, se podrá advertir que el Auto de Vista impugnado responde de manera fundamentada indicando del porqué la determinación, conforme a la competencia prevista por el art. 398 del CPP de los Tribunales de alzada, de revisar los fundamentos expuestos por el Juez a quo, en ese entendido si bien se cuestiona la valoración y pronunciamiento respecto al art. 234.6 de citada Norma, que a criterio del accionante no habría sido desvirtuado, se debe tener presente que dicho riesgo procesal fue cuestionado por la parte apelante ante el Tribunal de alzada, quien conforme a los antecedentes, particularmente el acta y Auto apelado se estableció que la participación de la denunciante, esposa de la víctima que adicionalmente hubiera sido sujeto de amenazas por los imputados, no fue limitada, menos cuestionada por la defensa, en el desarrollo y emisión de la resolución recurrida, aspecto que se indicó y aclaró que al no existir pronunciamiento del Juez a quo sobre ese punto no era la instancia de apelación para la introducción de nuevos tópicos que no fueron debatidos en audiencia de origen; c) Con relación a la observación realizada por la parte apelante sobre los riesgos procesales de fuga y peligro de obstaculización, el Tribunal realizando su labor de control sobre el razonamiento expuesto por el Juez a quo en el Auto apelado estableció que dicha autoridad trato de desconocer los fundamentos que dieron curso a la construcción de dichos riesgos procesales, e hizo interpretaciones sesgadas del contenido de los elementos de convicción presentados, advertidas dichas falencias esta autoridad de alzada con la debida explicación, en sujeción a las disposiciones procesales citadas en el Auto de Vista ahora cuestionado, estableció las razones lógico- jurídicos en los que se fundó la resolución emitida; y, d) Con relación al art. 235.2 del CPP y lo observado por el accionante, se tiene que el mismo conforme a los fundamentos sobre los cuales se originó dicho riesgo procesal, fue considerado y analizado, estableciendo de manera clara que el informe policial no fue adecuadamente considerado por el Juez a quo en cuanto a la información que se transmitía en dicho informe lo que derivó en una incorrecta valoración e interpretación, aspectos que fueron debidamente explicados en el Auto de Vista, a más de la referencia de la línea jurisprudencial sentada sobre los informes policiales, por lo que habiendo actuado este Tribunal de alzada dentro de sus competencias y en apego a las disposiciones procesales relativas a la figura de la cesación de la detención preventiva, como la línea jurisprudencial, al no ser factible que el Tribunal Constitucional proceda a la revalorización de los elementos de convicción, no estando demostrado por los demandados estar indebidamente, ilegalmente procesados, ni estar su vida en peligro, solicita se deniegue la tutela.
Oscar Flores Cortez representante del Ministerio Público, mediante informe prestado en audiencia manifestó que: 1) Sobre la base de la audiencia realizada el 4 de mayo de 2022, y que no habría participado en una audiencia el Ministerio Público aclara que han sido legalmente notificados y sobre esa base es que realizo la impugnación, no obstante de ello están siendo criticados, empero, debe tomarse en cuenta que una resolución ejecutoriada materialmente no puede sufrir cambios, pero una resolución de cosa juzgada formal si puede ser modificado como ocurre al tiempo de formularse la presente acción de libertad; 2) Considerando también el régimen de las medidas cautelares sobre la variabilidad, respecto a la fundamentación de la resolución con base a lo establecido por el art. 398 del CPP, el Tribunal de alzada tomo en cuenta todos los aspectos cuestionados es así que también considero la participación de la denunciante, que resulta ser la esposa de la víctima, se hizo referencia y mención a pasajes de diferentes resoluciones; empero, no se cumple con la carga argumentativa a lo largo de la exposición, ya que no se señaló de manera puntual que resolución de que mes y año se había impugnado a los fines de establecer y conocer los datos reclamados; 3) Respecto a la presunción de inocencia cuando se pide se aplique el principio de favorabilidad el mismo debe pasar por un test de legalidad y objetividad, ya que en el caso, por regla general debe establecerse cuál es la forma y de qué manera es que se generó una vulneración y que el mismo haga viable la posibilidad de activar el recurso, lo que no ocurre en el presente caso; 4) Sobre el derecho de defensa en el Auto de Vista emitido por la autoridad ahora demandada se establece una fundamentación que tiene como base la resolución de 4 de mayo de 2022; sin embargo, no se cumplió con la carga argumentativa, siendo una labor de los que accionan a los efectos de que pueda analizar su petición; y, 5) En relación al debido indebido procesamiento puntualiza que debe tomarse en cuenta el art. 23 del CPCo, ya que la detención preventiva como medida más grave para el caso se aplicó a los principios de legalidad y es la única medida que garantiza la averiguación del hecho, por lo que no podría pretenderse revalorizar actos procesales a través de la acción de libertad, pidiéndose la denegatoria de tutela.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 09/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 112 a 125 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) De los datos del proceso penal se establece que la misma está tramitándose en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Punata del referido departamento, la existencia de un proceso aperturado por la denunciante Rosario Zenteno víctima Luciano Rosas Laime y que por Resolución de 3 de mayo de 2022, tomo conocimiento del inicio de investigación presentado por el Ministerio Público, del tracto procesal que consta de cinco cuerpos, se puede extraer la existencia de una ampliación investigación y la imputación formal de 3 de igual mes y año, habiéndose identificado la participación de Juan Gabriel Ramírez Ventura, Remberto López Herbas, Nabor López Herbas y otros por el supuesto delito de secuestro; ii) A tiempo de recepcionar la imputación formal, la autoridad jurisdiccional señaló audiencia para el 4 de mayo de 2022, en la cual se determinó declarar procedente la detención preventiva de los imputados Elvis Bladimir García Remberto López Herbas, Nabor López Herbas, y otros, y en la parte final de la resolución se visualiza la apelación incidental de los imputados, como efecto de esa impugnación se evidencia el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022 por el cual se declara procedente en parte los recursos de apelación, en consecuencia se sustrae de la situación jurídica el riesgo previsto en el art. 234.2 del CPP, en lo demás se confirmó la resolución de primera instancia; iii) Más adelante se evidencia la audiencia y Resolución de 1 de julio de 2022, en la cual se declaró la improcedencia de la cesación a la detención preventiva de Remberto López Herbas y Nabor López Herbas; posteriormente, se advierte una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva de 20 de citado mes y año, en cuya audiencia se declaró procedente dicha solicitud de Remberto López Herbas, Nabor López Herbas, Wilder García Balderrama y Emilio Quispe Silvestre, disponiéndose entre otros aspectos que los mismos se presenten a firmar el Libro de presentaciones los días lunes de cada semana, el arraigo, una imposición de fianza económica de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos) para cada uno de los imputados, resolución que al ser impugnada por Rosa Zenteno fue remitida mediante oficio de 27 de julio de 2022, donde la Vocal ahora demandada señaló audiencia para el 1 de agosto de igual año al efecto se advierte el Auto de Vista de la indicada fecha; iv) En relación al reclamo de que el recurso de apelación incidental formulada por Rosario Zenteno donde no sería víctima en el presente proceso, ya que solamente sería denunciante, de la revisión de la resolución del Tribunal de alzada en el Considerando II se extrae que: "…esa participación de la parte denunciante en el desarrollo de la audiencia de cesación de detención preventiva fue admitida por los abogados defensores (…) en consecuencia, mal puede pretender la defensa directamente en audiencia de apelación, desconocer el derecho que tiene esta parte a intervenir en las audiencias de apelación cuando se ha consentido su participación en la audiencia de origen de cesación de detención preventiva…" (sic); v) También se puede verificar del contenido de dicho acto que el Ministerio Público informo en esta audiencia y conforme se extrae las notificaciones de legajo procesal ha sido notificado por la resolución de 20 de julio de 2022, y que por esa circunstancia, el Tribunal de alzada considero la participación no solamente del Ministerio Público, sino también de la denunciante, quien sería esposa de la víctima que conforme se extrae de la redacción del contenido del considerando II del Auto de Vista dan cuenta de qué ese extremo, si ha sido resuelto y si se ha explicado por qué razón es que ha intervenido en esta actuación la esposa de quien sería la víctima en el presente caso; vi) Ahora con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP la parte accionante señala que la Vocal había tomado en cuenta únicamente los fundamentos del Auto de aplicación medida cautelar de 4 de mayo de 2022 y no así las otras resoluciones como el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, Auto de 1 de julio de 2022 y resolución de 20 de julio de 2022 para establecer en el caso retrotrayendo el análisis arribado en la resolución ahora observada sin tomar en cuenta la situación de mejora que habría tenido en las siguientes audiencias analizadas tanto por la Sala Penal Primera como por la autoridad jurisdiccional inicial; vii) Al efecto cumpliendo con la revisión del interlógico y la estructura que debe contener una resolución este Tribunal ha procedido a revisar la estructura del Auto de Vista en relación a ese extremo con la aclaración de que en relación al art. 234.6 del CPP, si bien señalo la parte peticionante de tutela que ese riesgo procesal mereció un análisis innecesario conforme se tiene lo informado por la autoridad demandada y de la revisión de antecedentes ese análisis está circunscrito sobre el análisis desarrollado en audiencia de 20 de julio de 2022 respecto Remberto López Herbas y Nabor López Herbas, pero ya ingresando a lado o a la observación principal que tiene que ver con el art.234.7 del CPP en sentido de verificar si es evidente el extremo alegado por la parte accionante se puede verificar que la audiencia de aplicación de medida cautelar con relación a dicho riesgo procesal se ha desarrollado en esta primera resolución en diferentes párrafos para establecer la concurrencia en cada uno de los procesados esa concurrencia; viii) Respecto a la construcción del citado riesgo procesal, el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, ha realizado una revisión de todos los aspectos impugnados y entre ellos en relación al art. 234.7 del CPP señala "…al haber sido cuestionado por todos los imputados, el mismo se considerará de manera ulterior" en ese mismo Auto de Vista sobre la concurrencia de dicho riesgo de fuga a tiempo de realizar la revisión conforme establece el art. 398 del CPP la Sala Penal Cuarta, ha realizado un análisis de las SSCC 056/2014, 185/2019, 001/2019 y de manera puntual ha señalado: "…se ha establecido que para la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el Art. 234 núm. 7 del CPP, conlleva a la necesidad de acreditar la existencia de una Sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada…” (sic); ix) También hace referencia la SC 650/2018 del 22 de octubre, señalando lo siguiente: "De esta jurisprudencia se llega a concluir que, para la construcción de este peligro procesal, se hace necesario tomar en cuenta la peligrosidad de los sujetos activos del delito, así como también las circunstancias en las que se suscitaron los hechos ilícitos, si esto es así, conforme se tiene del razonamiento efectuado por el Juez A quo, del que eventualmente se tiene una víctima identificada como Luciano Rosas Laime, quien habría sido objeto de torturas, vejámenes, privado de alimentación y del líquido elemento agua; que además los nombrados imputados habrían exigido un monto considerable de 200.000.-dólares para su rescate (…) estas circunstancias ciertamente conllevan a que la víctima en el presente caso se encuentra en una situación de desventaja con relación al obrar y la participación de los imputados, en consecuencia este Tribunal de Alzada considera que los imputados ciertamente constituyen un peligro efectivo para la víctima y no así para la sociedad…" (sic); x) Este antecedente contrastada con la última resolución de 1 de julio de 2022 la autoridad jurisdiccional con base al análisis desarrollado por la Sala Penal Cuarta puntualizo: "Entonces, la única manera de desvirtuar este peligro, conforme lo que establece la Sentencia Constitucional 56/2014, porque ahora la carga de la prueba corresponde al defensor, era presentando el certificado del REJAP donde se establezca que el imputado no tiene antecedente penal alguno, por lo que se mantiene Art. 234 numeral 7, declarándose insuficiente el informe psicológico del imputado Nabor López Herbas (…) y del imputado Remberto López Herbas…" (sic); xi) En audiencia de 20 de julio de 2022 se ha dado por enervado a la presentación del certificado del REJAP, señalando lo siguiente "…si bien dentro de los alcances de la Sentencia Constitucional 56/2014 no podrían los imputados ser considerados un peligro efectivo para la sociedad, por cuánto no registran sentencia condenatoria o antecedente penal anterior al caso que nos ocupa; empero, no puede asumirse que los mismos no se constituyan en un peligro efectivo para las víctimas en la forma y con el fundamento que fue construido este riesgo procesal, por cuánto se ha mencionado en el Auto de aplicación de medida cautelar de cómo actuaron estos sindicados, no solo al restringir la libertad de una persona, sino también al realizar las torturas (…) las amenazas de muerte que hubieran realizado a la esposa y al hijo por ser un grupo organizado, que tienen armamento (…) esos fundamentos no fueron desvirtuados con ningún elemento de convicción, por lo que corresponde dar mérito a la apelación formulada" (sic); xii) Lo señalado en forma precedente tomó en cuenta la participación de las partes en audiencia, asimismo consideró la finalidad que rige el riesgo procesal de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, este análisis arribado en la determinación asumida efectivamente en la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, el mismo que ha sido ratificado por la Sala Penal Cuarta, y dentro del iter lógico que debe establecerse para el caso, este Tribunal de Garantías verifica que el Tribunal de alzada, determinó que ciertamente con base a los elementos que se aportaron a la construcción de este riesgo procesal resultaría ser un peligro efectivo para la víctima, pero no para la sociedad; xiii) Conforme a la “SC 056/2014” efectivamente dicho riesgo procesal desaparece con la certificación de un certificado de REJAP, pero realizando un análisis valorativo integral arribó a la conclusión de confirmar la construcción del riesgo procesal de fuga con relación al peligro efectivo de la víctima, no de la sociedad consiguientemente la certificación de antecedentes penales bajo la potestad de reglada que establece el procedimiento y la instrumentalidad de medidas cautelares no resulta apartado e ilógico o arbitrario cuando ha concluido de que certificado no es un cumplimiento a la determinación asumida por la autoridad inicial, sino que hace un razonamiento erróneo a tiempo de considerar que sólo por la presentación de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) deba constituirse la desaparición de dicho riesgo procesal; xiv) En ese sentido no existe una contradicción o una errónea valoración respecto a la prueba que haya sido aportado, cuando el fundamento arribado en la Sala Penal Cuarta, se circunscriben el peligro efectivo para la víctima y si bien el 1 de julio de 2022 estableció que entendió tal cual se determinó líneas arriba, con la presentación de certificado de antecedentes penales ya no concurriría ese riesgo, en la labor interpretación y valoración que le atañe a la autoridad judicial es que explica puntualmente de que el REJAP no va enervar el citado riesgo procesal, ya que no solamente parte del análisis realizado por la Sala Penal Primera, sino también ese análisis se encuentra plasmado en la resolución de 4 de mayo de 2022, por lo que en relación a este numeral el Tribunal de garantías no verifica algunas circunstancias de falta de fundamentación o argumentación o valoración de la prueba; xv) Con relación al peligro de obstaculización la Sala Penal Primera, señalo que: "…cómo se ve el informe aludido por el Juez Aquo en el Auto apelado, en ningún momento hace afirmación categórica qué el celular sea exclusivamente de propiedad de Celier Martínez Escalera, en ninguna parte de este informe establece que este celular no hubiera sido utilizado por los otros co imputados para las amenazas vertidas a la esposa y al hijo, simplemente supone que le pertenecería dicho celular a Celier Martínez Escalera (…) consiguientemente se observa que el Juez Aquo al momento de valoración de este elemento de convicción ha incurrido en mala interpretación de lo señalado por el investigador asignado al caso, y es más va en contraposición a la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional, qué dice que los funcionarios policiales no pueden realizar actos que vayan a enervar los peligros procesales (…) por lo que también corresponde dar mérito al recurso de apelación" (sic); xvi) Este análisis se circunscribe a un informe presentado en audiencia de 20 de julio de 2022 donde la resolución de primera instancia, como el Auto de Vista de 18 de mayo de 2022, señala lo siguiente: "así como también el retiro de los logotipos, o; en su caso, las amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima y familiares, incumpliendo así la SC 276/2018. Al respecto, corresponde señalar que este Tribunal de Alzada no advierte las irregularidades denotadas por la defensa en lo que respecta a estos peligros procesales de obstaculización, esto en el entendido de que, conforme se puede advertir de los antecedentes de proceso, en el presente caso se tiene la participación de varios imputados (…) tomando en cuenta que en el presente caso se ha pretendido ocultar un vehículo motorizado donde eventualmente se habría secuestrado a la víctima, así como también se tiene también se tiene elementos objetivos como son los informes policiales que dan cuenta que los logotipos del vehículo en cuestión habrían sido retirados, esas circunstancias ciertamente dan lugar a que exista el peligro de que los imputados puedan destruir o modificar elementos de prueba (…) en consecuencia ciertamente, también concurre este riesgo procesal para todos los imputados, por lo que al respecto no tienen mérito la apelación efectuada" (sic); xvii) A los fines de la observación formulada por la parte accionante respecto a que el informe tiene por finalidad establecer una labor de investigación del funcionario policial y no así la de acreditar desvirtuar el riesgo procesal conforme habría advertido la autoridad demandada ese extremo, se puede verificar en el Auto de Vista de 1 de agosto de 2022 sin embargo no es el único argumento para establecer el mérito al recurso de apelación, ya que no se basa únicamente sobre la base de que el informe realizado por el funcionario policial no sería presentado para recabar elementos relativos para acreditar o enervar riesgos procesales, sino también se verifica que la autoridad a tiempo de realizar el análisis respecto a este riesgo procesal, ha determinado en el informe analizado por el Juez a quo en ningún momento se hace una afirmación categórica que celular sea exclusivamente de propiedades Celier Martínez Escalera; xviii) En ninguna parte de ese informe establece que ese celular hubiese sido utilizado por los otros co-imputados para las amenazas vertidas a la esposa y al hijo simplemente supone que le pertenecería dicho celular Celier Martínez Escalera, pero en ningún momento descarta que ese celular había sido utilizada por los co-imputados para las amenazas a la familia de la víctima, siendo observado ese razonamiento del Juez a-quo para determinar de que en el caso no era suficiente el informe policial para determinar cómo enervado dicho riesgo procesal; xix) En ese sentido, tampoco se advierte que exista una valoración que el criterio asumido respecto a este riesgo procesal en relación a una falta de fundamentación o motivación que vulnera el principio de congruencia, porque razonablemente se ha identificado que ese informe no solamente se ha basado en la observación que al presente se ha indicado que conforme la jurisprudencia no podría ser motivo para establecer riesgos o enervar procesales, sino existen otros elementos otros razonamiento que ha determinado que en el caso han dado lugar a que el recurso de apelación formulada por la parte denunciante tenga mérito y de consiguiente, se haya modificado la finalidad arribada por el Juez de primera instancia; y, xx) En ese entendido tomando en cuenta la estructura que debe contener una resolución esto a los fines de verificar el iterlógico emitido por la autoridad demandada en la resolución emitida Tribunal de garantías establece que en el caso no tiene mérito la observación realizada a través de la acción de libertad formulada por la parte accionante con base los fundamentos explicados precedentemente y que están contrastados con los datos del proceso que han sido puestos en conocimiento por el Juez de primera instancia, motivo por el cual corresponde denegar la tutela considerando además aunado a todo lo determinado el régimen de las medidas cautelares bajo la instrumentalidad, modificabilidad los mismos pueden ser revisados a los fines de establecer con elementos objetivos la no concurrencia de los riesgos que han sido construidos.
Por Decreto Constitucional de 1 de octubre de 2024, cursante a fs. 136, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 30 de diciembre de 2024 (fs. 172); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido por Ley.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta copia de Acta de audiencia de consideración de medidas cautelares de 4 de mayo de 2022 (fs. 2 a 11 vta.); al efecto, cursa Auto Interlocutorio de la misma fecha por el cual el Juez de Instrucción Primero de Punata del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nabor López Herbas, Remberto López Herbas, Wilder García Balderrama, Emilio Quispe Silvestre y otros, por la supuesta comisión del delito de secuestro, declaró procedente la detención preventiva de imputados -ahora accionantes- por el lapso de seis meses, donde el Ministerio Público solicitó enmienda y complementación que ordene a los funcionarios policiales ejecuten las ordenes de aprehensión de Nabor López Herbas, David Condori Jiménez y Elvis Bladimir García Marzana, petición que fue dado curso por la autoridad judicial. Asimismo, la defensa de los imputados en base al art. 251 del CPP formularon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio emitido, por lo que el Juez de la causa mediante auto de la misma fecha concedió el recurso de apelación en el efecto no suspensivo disponiendo la remisión de copias legalizadas ante el Tribunal de alzada (fs. 11 vta. a 19 vta.). II.2. Se tiene copia de Acta de audiencia virtual y Resolución de apelación incidental de medida cautelar de 18 de mayo de 2022, en la cual el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación formulado por los imputados Celier Martínez Escalante, Nabor López Herbas, Elvis Bladimir García Marzana, Wilder García Balderrama, Remberto López Herbas, David Condori Jiménez, Emilio Quispe Silvestre y Juan Gabriel Ramírez Ventura; al efecto, sustrajo de la situación jurídica el riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del CPP, por lo demás confirmó la resolución apelada, cuya solicitud de complementación y enmienda interpuesta por Celier Martínez Escalante fue declarada no ha lugar (fs. 20 a 35 vta.). II.3. Cursa copia de Acta de audiencia pública de cesación a la detención preventiva de 1 de julio de 2022 (fs. 36 a 41); asimismo, consta Auto interlocutorio de la misma fecha por el cual el Juez de control jurisdiccional, declaró improcedente la cesación a la detención preventiva de los imputados Nabor López Herbas y Remberto López Herbas (fs. 41 a 44 vta.). II.4. Consta copia de Acta de audiencia pública de cesación a la detención preventiva de 20 de julio de 2022 (fs. 45 a 52). Al efecto se tiene Auto Interlocutorio de cesación a la detención preventiva de la citada fecha, que declaró PROCEDENTE la cesación a la detención preventiva de los imputados Remberto López Herbas, Nabor López Herbas, Wilder García Balderrama y Emilio Quispe Silvestre, por lo que dispuso medidas sustitutivas como la presentación semanal cada lunes, arraigo, etc. (fs. 53 a 62). II.5. Se tiene Acta de Audiencia Pública de recurso de apelación incidental de 1 de agosto de 2022, en la cual la parte denunciante fundamentó su recurso de apelación, posteriormente el Ministerio Público argumentó su adhesión a dicha impugnación, lo propio sucedió con la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; finalmente, el abogado de Emilio Quispe Silvestre y Wilder García Balderrama respondió a los fundamentos del recurso de apelación (fs. 63 a 67), II.6. Por Auto Vista de 1 de agosto de 2022, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba luego de identificar los agravios del apelante, los argumentos de adhesión del Ministerio Publico y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la respuesta a dicha impugnación por parte de los imputados Emilio Quispe Silvestre y Wilder García Balderrama, además del análisis del caso concreto, declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la denunciante Rosa Zenteno y en consecuencia revocó el Auto apelado determinando la subsistencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.6 y 7 del CPP; asimismo, dejó subsistentes los peligros procesales inmersos en el art. 235.1 y 2 de la citada norma; y, únicamente CONFIRMO el auto impugnado en relación al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 de la Norma Adjetiva Penal, debiendo persistir la situación jurídica de los cuatro imputados en calidad de detenidos preventivos.
Respecto al recurso de apelación, la Vocal ahora demandada emitió su resolución bajo los siguientes fundamentos:
Que, el Art. 398 del C.P.P., señala que la competencia de los Tribunales de alzada se circunscribe a responder a los agravios, también se hace pertinente observar los alcances de la Sentencias Constitucionales N°1226/2016 de 07 de noviembre la N° 276/ 2018 de 25 de junio, que entre otros aspectos en la razón de decisión señala que los Tribunales de apelación deben resolver solo los agravios expresados y solo versa sobre el contenido de la resolución impugnada, no sobre cuestiones nuevas, bajo ese paraguas o en la línea jurisprudencial sentada de cuál es el campo de acción del Tribunal de alzada, recordar que en solicitud de cesación de detención preventiva la carga de la prueba se reinvierte y quien la asume es la defensa, es decir, en función del Art. 239 núm.1) del C.P.P., corresponde a la autoridad jurisdiccional realizar el ejercicio de cuáles fueron los fundamentos de construcción de los riesgos de fuga y peligro de obstaculización, establecer cuáles son los elementos de convicción presentados por la defensa de los imputados, valorar esa prueba y/o elementos de convicción y establecer las conclusiones a las que arriba, indicando con absoluta claridad si esa prueba o esos elementos de convicción exhibidos por la defensa resulta siendo suficientes, idóneos para rebatir la construcción de los riesgos procesales o por el contrario resultan siendo poco esclarecedores o no tuvieran ninguna injerencia o capacidad de rebatir la construcción de los mismos, ahora verificamos que si bien la defensa de los imputados expresa que carecería de capacidad legal la señora Rosario Zenteno para poder interponer recurso de apelación porque la misma no es parte del proceso, no es víctima, porque la victima fuera su esposo, debemos tener presente conforme las Sentencias Constitucionales alas que hemos hecho referencia por ejemplo la 1226/2016 de 07 de noviembre que en recursos de apelación solo versa sobre el contenido de la resolución impugnada y no puede introducirse cuestiones nuevas, bajo esa premisa tener presente de la revisión tanto del acta de audiencia de cesación de detención preventiva como de la propia resolución pronunciada por el Juez Aquo, actuados cursantes a partir de fojas 967 y siguientes y en ella se observa que se ha hecho constar evidentemente la ausencia del Ministerio Público pero si la presencia de la denunciante Rosario Centeno con su abogado patrocinante Jorge Paz Mendieta, líneas subsiguientes se establece la plena participación de este en dicho actuado, es decir en cuanto hace al desarrollo mismo de la audiencia y en ese sentido se observa por ejemplo que la autoridad jurisdiccional a fojas 970 propiamente le concede el uso de la palabra al abogado de la parte denunciante y este con referencia por ejemplo a Wilder García Balderrama y Emilio Quispe Silvestre cuando hacían referencia a la existencia de familia, domicilio y trabajo hubiera expresado que no va a referirse básicamente a esos extremos pero si se va a referir con referencia al núm.7) del Art. 234 en relación a todos los imputados y va desarrollándose la participación de este abogado defensor a partir de fojas 970 yVta., vuelta cuando hace referencia a los otros co imputados y los distintos peligros procesales que ha decir de esta parte tuvieran subsistencia, esa participación de la parte denunciante en el desarrollo de la audiencia de cesación de detención preventiva fue admitida por los abogados defensores, por cuanto no se observa que se hubiese pedido al Juez Aquo se omita la participación de este actor o no se considere los fundamentos expuestos por esta parte, en consecuencia, mal puede pretender la defensa directamente en audiencia de apelación, desconocer el derecho que tiene esta parte a intervenir en las audiencias de apelación cuando se ha consentido su participación en la audiencia de origen de cesación de detención preventiva y se ha oído sus argumentos de esta parte y adicionalmente se debe tener presente que en los argumentos expuestos en el Auto apelado se hace referencia a la construcción de peligros procesales en base a ciertos actos de amenaza o actos coercitivos ejercidos precisamente en esta señora denunciante debidamente identificada, entonces si se considera que esta no tiene la calidad de víctima, deberá ser motivo de análisis a través de la intervención del Juez Aquo a un planteamiento especifico realizado por las partes, consiguientemente de momento no puede el Tribunal sin haber sido previamente discutido ese aspecto ante el Juez Aquo y menos el Juez de instancia haberse pronunciado sobre si la señora Rosario Zenteno es o no víctima y si es no parte del proceso no puede una autoridad de alzada directamente introducir un análisis de un aspecto que no ha merecido resolución específica por el Juez Aquo; con esa aclaración ya ingresando a considerar los riesgos procesales que ha decir por la parte denunciante no fueron debidamente enervados y por el contrario la defensa considera que si fueron debidamente enervados y así considerados por el Juez Aquo ingresemos a considerar el núm.1) del Art. 234, en cuanto hace a la construcción en relación al co imputado específicamente Wilder ya habíamos hecho referencia que cuando se hacía alusión a la presentación de elementos de convicción para acreditar su actividad laboral en específico el mismo abogado denunciante hoy que ha hecho cuestionamiento a ese aspecto ante el Juez Aquo, menciono de manera clara y contundente que no va a realizar observación alguna de dicha documentación, consiguientemente si no cuestiono ante el Juez cautelar la exhibición de estos elementos, no cuestiono la validez o la pertinencia, mal puede hoy en audiencia de apelación pretender realizar una labor que no la ejecuto ante el Juez Aquo y así permitir a esta autoridad poder hacer el análisis respectivo sobre los cuestionamientos de esta parte, por lo que al haber consentido de manera expresa a la presentación de estos documentos, sin ninguna observación no se halla mérito alguno a la pretensión tardía de esta parte, por lo que se mantiene incólume la decisión asumida por el Juez Aquo respecto a este riesgo procesal del núm.1) del Art. 234 del CPP.
En cuanto hace al riesgo de fuga del núm.6) del Art. 234 del CP.P. respecto al imputado Remberto López Herbás y Nabor López Herbás, observamos que en el Auto de aplicación de medida cautelar de fecha 04 de mayo de 2022, cuyas fotocopias cursan a partir de fojas 356 y siguientes respecto a Remberto López Herbas se tiene el siguiente texto de construcción de este riesgo: "se dice que con respecto a Remberto López Herbas se tiene antecedentes o hechos investigados por el delito del Art. 48 de la Ley 1008 es decir Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, Art. 53 del C.P., y la norma es clara al manifestar que simplemente se requiere acreditar la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, no establece que debe presentarse Rejap, sentencia condenatoria ejecutoriada, entonces en base al principio de verdad material se toma en cuenta que el imputado Remberto López Herbas tiene actividad delictiva reiterado o anterior que se encuentra en etapa preparatoria por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, entonces concurre el núm.6) del Art. 234"; como observamos con absoluta claridad en la construcción de este riesgo en Auto de Aplicación de medida cautelar, esta cimentada en la existencia de un proceso penal por ilícitos relacionados a la Ley 1008 y en forma específica se señala que no tiene nada que ver en la construcción de este riesgo procesal el Rejap, por cuanto anuncia bajo el principio de verdad material se establece la existencia de este proceso penal en etapa preparatoria, pero a pesar de que este Auto de aplicación de medida cautelar ha sido emitida por el mismo Juez de Instrucción en lo penal, José Luis Fonseca Zubieta llama sobre manera la atención de que al ser de pleno conocimiento de esta autoridad que esos fueron los fundamentos de construcción de este riesgo procesal, en el Auto que ha venido en recurso de apelación, pretenda desconocer los argumentos que esta misma autoridad esgrimió para construir este riesgo procesal y señalar que la presentación de un Rejap fuese elemento suficiente para rebatir la construcción de este riesgo, cuando se reitera en el Auto de construcción del riesgo de fuga hizo mención de que no tenía mayor incidencia el Rejap, tomando en cuenta que el principio de verdad le hacía asumir convencimiento sobre la existencia de un proceso penal contra el prenombrado imputado por ilícitos relativos a la Ley1008, consiguientemente se observa que efectivamente el Juez Aquo por aspectos que no se comprende por esta autoridad de alzada, contrariando sus propios fundamentos del Auto de aplicación de medida cautelar ingresa en apreciaciones contradictorias para darle crédito a un certificado de antecedentes penales, cuando inicialmente dijo que el mismo no tenía incidencia en la construcción de este riesgo, lo que hace evidente la denuncia del recurrente, correspondiendo dar curso al recurso de apelación por esa incorrecta valoración del elemento de convicción e incorrecta conclusión de enervación de este riesgo procesal. Con relación a Nabor López Herbas se reconoce en el Auto apelado que el propio abogado defensor reconoció con respecto a este imputado no tenía elementos de convicción para presentarlos, por lo que mantuvo subsistente este riesgo procesal (art. 234 num.6), en consecuencia el Tribunal no tiene mayor análisis que realizar en relación a este co imputado Nabor López Herbas contra quien se reconoce en el Auto apelado la persistencia de este riesgo procesal anunciado en el Art. 234 núm.6) del CPP. Ahora con referencia al peligro de fuga del, núm.7) del Art. 234 en relación a los 4 imputados Roberto López Herbas, Nabor López, Wilder García y Emilio Quispe observamos que en el auto de aplicación de medida cautelar de 04 de mayo, se construyó dicho riesgo procesal en relación cada uno de los imputados bajo un mismo fundamento, cuando a fojas 369 a 369 vuelta se tiene los fundamentos de construcción de este riesgo procesal: "se considera que todos los imputados Elvis Vladimir García Marzana, Remberto López Herbás, David Condori Jiménez, Wilber García Valderrama, Emilio Quispe Silvestre, Nabor López Herbás, Juan Gabriel Ramírez Ventura y Celier Martínez Escalera son un peligro efectivo para la víctima y para la sociedad", al respecto los abogados Defensores han indicado que este numeral puede fundarse en aspectos relacionados en la propia investigación, luego de señalar cuáles han sido los argumentos de las partes indica: en ese sentido se va a considerar el peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, tomando en cuenta qué la víctima en este caso Luciano Rosas Laime ha sufrido tortura, vejámenes ha sido privado de alimentación, ha sido privado de líquilos, elemento agua y posteriormente los imputados probablemente han exigido el pago de $200.000.- para su rescate llegando a rebajar hasta $30.000 aspectos por los la autoridad jurisdiccional no puedo obviar la declaración de la propia víctima que ha sufrido estos hechos, además, que la esposa de la víctima así como el hijo de la víctima de este caso, además de la señora Rosario Zenteno que han sido amenazados de muerte, si es que no pagaban el monto de rescate primeramente han amenazado de muerte a la propia víctima don Luciano Rosas Laime posteriormente han amenazado de muerte a su esposa y también a su hijo, seguidamente lo amenazaron indicándole que ellos no solamente son 8 personas sino que es un grupo organizado de más de 20 personas que tienen armamento valuado en 50,000 $ para hacer frente a la Policía Nacional, entonces cómo podríamos obviar qué estas personas que han sido imputadas presuntamente por la comisión del delito de secuestro no sea un peligro efectivo para la víctima y la sociedad", ahora en el Auto qué ha venido en recurso de apelación refiere que esté riesgo procesal hubiera quedado enervado con la sola presentación de Rejap, tomando en cuenta qué no hacen referencia a la existencia de antecedentes penales; si bien dentro de los alcances de la Sentencia Constitucional 56/2014 no podrían los imputados ser considerados un peligro efectivo para la sociedad, por cuánto no registran sentencia condenatoria o antecedente penal anterior al caso que nos ocupa; empero, no puede asumirse que los mismos no se constituyan en un peligro efectivo para las víctimas en la forma y con el fundamento que fue construido este riesgo procesal, por cuánto se ha mencionado en el Auto de aplicación de medida cautelar de cómo actuaron estos sindicados, no solo al restringir la libertad de una persona, sino también al realizar las torturas y las privaciones de alimentación, agua a la víctima, las exigencias de pago por su rescate, y las amenazas de muerte que hubieran realizado a la esposa y al hijo por ser un grupo organizado, que tienen armamento, por lo que si bien no se puede seguir manteniendo el argumento que se constituyan en peligro para la sociedad, pero no se puede asumir cómo erróneamente lo ha hecho el Juez Aquo, en franco desconocimiento de los propios fundamentos con los cuales él mismo construyó el riesgo de fuga en el Auto de aplicación de medida cautelar, que se haya enervado en su integridad este riesgo procesal, por la sola presentación del rejaj, por cuanto el fundamento central de que los imputados se constituyen en un peligro para la víctima y su entorno familiar se mantiene subsistente, porque ese fundamento no fue construido en base a la existencia o no de antecedentes penales de los imputados, sino que se sustentó en los actos de tortura, privación de libertad, privación de agua la víctima, como las amenazas al entorno familiar de este como son la esposa e hijo, esos fundamentos no fueron desvirtuados con ningún elemento de convicción, por lo que corresponde dar mérito a la apelación formulada. En cuánto hace al peligro de obstaculización del núm. 1) del Art. 235 del CPP., en el mismo Auto apelado se observa que el Juez Aquo ha mencionado que esté peligro subsiste a la fecha,debido a los cambios que se hubieran realizado en el motorizado utilizado para el secuestro de la víctima, por haberse sacado los logotipos de identificación del vehículo, en razón a ese convencimiento asumido por el Juez Aquo no existe razón alguna para realizar un nuevo análisis, por cuánto se señala que esté peligro de obstaculización subsiste a la fecha y ese extremo no ha sido enervado. En cuanto hace al peligro de obstaculización del núm.2) del Art. 235 del CPP., nuevamente vamos a observar que la construcción de este peligro en el Auto de aplicación de medida cautelar tiene la siguiente afirmación, que los imputados hubieran realizado amenazas, amedrentamientos a la esposa, al hijo al haber indicado el Juez Aquo lo siguiente: "con relación a todos los imputados se dijo que a la esposa de la víctima Rosario Zenteno y su hijo Franz, mediante llamadas telefónicas de los imputados fueron amenazados de muerte, les pidieron que no denuncian el hecho ante la policía y que paguen lo que solicitan y si no pagan su padre iba a ser devuelto en un cajón, es decir, lo matarían y también matarían a la esposa de la víctima y al hijo, está fundamentación obedeció a las modificaciones introducidas por la ley 1173 que modifica el C.P.P., en su núm.2) del Art. 235 del CPP., que dice el imputado, amenace, influye negativamente sobre participes, testigos, víctimas o peritos, de modo que informen falsamente o se comporte de manera reticente, en esta ocasión se ha podido comprobar que la esposa de la víctima y el hijo de la víctima han sido amenazados de muerte, también les pidieron que no denuncien el hecho a la policía, también se toma en cuenta que ellos son los principales testigos en el presente caso, ahí se ha identificado a los testigos cuándo día posterior al secuestro con llamadas telefónicas entonces el Ministerio Público ha aportado elementos objetivos para considerar la concurrencia del núm.2) del Art. 235 para todos los imputados…", resolución que fue confirmada por Auto de Vista, indicando que las amenazas de muerte fueron efectuadas de forma conjunta por los co imputados, por la naturaleza de esta clase de hechos ilícitos sobre el particular el abogado dice se ha presentado el informe del investigador asignado al caso de fecha 22 de mayo del 2022, donde se establece que el celular con línea telefónica pertenece a Celier Martínez Escalera con él qué se habría hecho la extorsión a la señora Rosario Zenteno, es decir, se indicase que únicamente fue Celier Martínez Escalera quién amenazó de muerte a la esposa de la víctima y a su hijo, cómo vemos en la construcción del Auto de aplicación de la medida cautelar este peligro se basa en las amenazas que se hubieran vertido a la esposa y al hijo de devolver a la víctima principal en un cajón, ahora para asumir el Juez Aquo en el Auto apelado que esté peligro habría quedado enervado en referencia a los 4 imputados, por cuánto el celular le correspondiese únicamente a Celier; vemos que efectivamente cursa de fojas 963 a 964 el informe emitido por el Sgto. Mayor Jesús Reynaldo Mamani Flores, quién en lo central dice: "que dentro la denuncia sentada por la señora Rosario Zenteno se hubiera realizado por el delito de Secuestro, qué revisado los actuados investigativos bajo la dirección funcional del Dr. Fabio Aramayo Flores Fiscal de Materia asignado al presente caso y a fin de aportar el mismo más elementos de convicción se pone a conocimiento el siguiente punto y se solicita los siguientes requerimientos punto uno, se tiene celular color negro marca con línea 75995783 el cual pertenecería a Celier Martínez Escalera imputado, línea con quién se habría hecho la extorsión a la señora Rosario Zenteno denunciante, requerimiento que por las Empresas de Telecomunicación Entel, Viva, Tigo nos proporcione si los ciudadanos Elvis Vladimir García, Remberto López, David Condori Wilder García Balderrama, Emilio Quispe Silvestre, Nabor López Herbas, Juan Cabrera Ramírez, Celier Martínez Escalera contarían con alguna línea o líneas telefónicas registradas a estos nombres..", y así va realizando el requerimiento de realizar el trabajo de pericia y transcripción de los mismos por el instituto de investigación por la autoridad que se vea conveniente; cómo se ve el informe aludido por el Juez Aquo en el Auto apelado, en ningún momento hace afirmación categórica qué el celular sea exclusivamente de propiedad de Celier Martínez Escalera, en ninguna parte de este informe establece que este celular no hubiera sido utilizado por los otros co imputados para las amenazas vertidas a la esposa y al hijo, simplemente supone que le pertenecería dicho celular a Celier Martínez Escalera, pero en ningún momento descarta que ese celular hubiera sido utilizado por los co imputados para las amenazas a la familia de la víctima, consiguientemente se observa que el Juez Aquo al momento de valoración de este elemento de convicción ha incurrido en mala interpretación de lo señalado por el investigador asignado al caso, y es más va en contraposición a la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional, qué dice que los funcionarios policiales no pueden realizar actos que vayan a enervar los peligros procesales, cuándo en la Sentencia Constitucional 614/2020 de 20 de octubre se indica: "en cuanto al peligro de obstaculización del Art. 235 núm.2) indica que entre las labores del funcionario policial no está presentar o recabar elementos de convicción relativos acreditar o enervar riesgos", por lo que el razonamiento expuesto por el Juez Aquo en el Auto apelado, a más de ser resultado de una valoración tergiversada y errónea del contenido del informe policial, también es contraria a la línea jurisprudencial sentada acorde a la Sentencia Constitucional que hemos dado cita, por lo que también corresponde dar mérito al recurso de apelación” (fs. 67 a 71 vta.).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, legalidad, a ser oído, a la defensa, a la presunción de inocencia y favorabilidad, por cuanto el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, admitió el recurso de apelación de la parte denunciante incurriendo en ilegalidades ya que: a) Sobre los imputados Remberto y Nabor ambos López Herbas, realizó un análisis innecesario respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, cuando el mismo no estaba desvirtuado ni mejorado por parte del Juez a quo; b) Respecto a todos los imputados y el peligro procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP, sin una debida fundamentación y motivación se retrotrae a los argumentos del Auto de 4 de mayo de 2022 que dispuso la detención preventiva, siendo que dicho riesgo procesal fue debidamente interpretado por el Auto de Vista de igual mes y año, el mismo que posteriormente fue modificada por el Juez a quo mediante Resolución de 1 de julio de 2022, que mejora la situación jurídica de los imputados; y, c) En relación a todos los imputados y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, declaró procedente la apelación bajo la errónea fundamentación de que el Informe del investigador asignado “que señala que el teléfono del cual se habrían realizado amenazas en contra de la presunta víctima seria del Sr. Celier Martínez” (sic) conforme a la línea de la SCP “0614/2020” de 20 de octubre, no puede acreditar o desvirtuar riesgos procesales; asimismo, lo manifestado y solicitado por la denunciante sobre ese riesgo procesal no fue reclamado en la audiencia de cesación a la detención preventiva, aspecto que no limitó la autoridad ahora demandada permitiendo nuevamente se alegue la valoración de los elementos de convicción, siendo que la apelación no es de segunda oportunidad para fundamentar lo que no se hizo en su momento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela, para tal fin se desarrollará las siguientes temáticas: 1) La cesación de la medida cautelar personal prevista en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional; 2) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; y, 3) Análisis del caso concreto.
239.1 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional
Como se tiene señalado en el acápite precedente, uno de los supuestos previstos para la cesación de la medida cautelar personal -incluida la detención preventiva- se encuentra prevista en el art. 239.1 del CPP, que a la letra dice: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;…”; no obstante las modificaciones introducidas por las Leyes 1173 y 1226, se mantuvo el sentido de la norma diseñada originalmente. En ese marco normativo, es pertinente citar la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0719/2004-R de 10 de mayo, expresa que ante esos supuestos, el análisis ponderado debe responder a: i) Cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva; y, ii) Cuáles son los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra, destinados a desvirtuar ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva; empero, mediante una valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva inicial. Siguiendo dicha línea, en el ámbito de la petición de cesación de la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0451/2019-S2 de 24 de junio, impone a la autoridad judicial en primera instancia y apelación, el deber de realizar un ejercicio de análisis diferenciado: a) Una revisión o verificación previa del cumplimiento de los supuestos que fundaron la imposición de la detención preventiva -según las subreglas concernientes a los principios de presunción de inocencia y la aplicación excepcional de la detención preventiva, de legalidad, de proporcionalidad y razonabilidad de la duración de la medida cautelar-, posición que se sustenta en el carácter revocable o modificable de la medida cautelar, a petición o de oficio conforme dispone el art. 250 del CPP; y, b) Una revisión o contrastación de los nuevos elementos que aportó el imputado para acreditar que ya no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida.
Si la autoridad judicial llega a la convicción que no se cumplieron los presupuestos o condiciones de validez, que no puede ser mantenida contra el imputado, porque éste aportó nueva prueba que da cuenta que existen nuevos elementos de convicción que demuestran que no concurren los motivos que determinaron su aplicación, surge el deber de otorgar la cesación de dicha medida o disponer la libertad personal o imponer medidas sustitutivas; en esa comprensión, al imputado le corresponde cumplir con la carga de la prueba.
Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las 3 La SCP 0451/2019-S2 de 24 de junio, expresamente dispone: “En ese orden, el juez de garantías jurisdiccionales y el tribunal de alzada, al momento de fundamentar y motivar cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva, tienen el deber de verificar si se cumplieron con los supuestos que permiten imponer una detención preventiva conforme a las subreglas contenidas y resumidas en el Fundamento Jurídico III.2.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; caso contrario, si se constata que no se cumplieron, deben disponer la libertad personal o, en su caso, imponer medidas sustitutivas. Por lo que, sólo cuando la autoridad jurisdiccional llegó a tal convicción, que supone revisar su propia resolución y ratificar la medida de detención preventiva o abandonarla, puede ingresar a contrastar si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la detención preventiva o la conveniencia de que ésta sea sustituida por otra, a través de una debida fundamentación y motivación.
Es decir, el deber de verificación -explicado precedentemente- tiene que ser cumplido por las autoridades judiciales ante una solicitud de cesación de la detención preventiva, tanto en primera instancia como en apelación, porque posibilita revisar la resolución que la impuso, en el marco de lo previsto por el art. 250 del CPP, que establece que el auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio. Esta revisión permitirá ratificar la resolución, únicamente si se cumplieron la condiciones de validez exigibles a partir de la Constitución Política del Estado, análisis previo que antecede a la contrastación que debe realizar la autoridad jurisdiccional con los nuevos elementos de convicción que aporte el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron la detención preventiva; labor que visibiliza un análisis diferenciado que tiene que realizar el juzgador; por cuanto, surge el deber de otorgar la cesación de dicha medida, cuando, a pesar de haber sido impuesta cumpliendo con tales condiciones de validez, no puede ser mantenida contra el imputado, porque éste aportó nueva prueba que da cuenta que existen nuevos elementos de convicción que demuestran que no concurren los motivos que determinaron su aplicación”. 4 Respecto a la carga de la prueba del imputado en las peticiones de cesación de la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 320/2004-R, de 10 de marzo, en los siguientes términos: “Debiendo, en consecuencia el imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida por otras medidas”, citada por la SC 0007/2007-R de 8 de enero, SC 1174/2011-R de 29 de agosto, entre otras.
disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:
“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo).
Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:
“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido).
Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:
“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro).
De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo).
Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:
“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (las negrillas son adicionadas).
En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:
“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo).
Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.
Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:
“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde).
Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.
Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, legalidad, a ser oído, a la defensa, a la presunción de inocencia y favorabilidad, por cuanto el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, admitió el recurso de apelación de la parte denunciante incurriendo en ilegalidades ya que: i) Sobre los imputados Remberto y Nabor ambos López Herbas, realizó un análisis innecesario respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, cuando el mismo no estaba desvirtuado ni mejorado por parte del Juez a quo; ii) Respecto a todos los imputados y el peligro procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP, sin una debida fundamentación y motivación se retrotrae a los argumentos del Auto de 4 de mayo de 2022 que dispuso la detención preventiva, siendo que dicho riesgo procesal fue debidamente interpretado por el Auto de Vista de igual mes y año, el mismo que posteriormente fue modificada por el Juez a quo mediante Resolución de 1 de julio de 2022, que mejora la situación jurídica de los imputados; y, iii) En relación a todos los imputados y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, declaró procedente la apelación bajo la errónea fundamentación de que el Informe del investigador asignado “que señala que el teléfono del cual se habrían realizado amenazas en contra de la presunta víctima seria del Sr. Celier Martínez” (sic) conforme a la línea de la SCP “0614/2020” de 20 de octubre, no puede acreditar o desvirtuar riesgos procesales; asimismo, lo manifestado y solicitado por la denunciante sobre ese riesgo procesal no fue reclamado en la audiencia de cesación a la detención preventiva, aspecto que no limitó la autoridad ahora demandada permitiendo nuevamente se alegue la valoración de los elementos de convicción, siendo que la apelación no es de segunda oportunidad para fundamentar lo que no se hizo en su momento.
De la revisión de antecedentes se tiene que en audiencia de consideración de medidas cautelares de 4 de mayo de 2022 se dictó Auto interlocutorio por el cual el Juez de Instrucción Primero de Punata del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nabor y Remberto ambos López Herbas, Wilder García Balderrama, Emilio Quispe Silvestre y otros, por la supuesta comisión del delito de secuestro, declaró procedente la detención preventiva de los ahora peticionantes de tutela por el lapso de seis meses, decisión que una vez apelada por los imputados fue resuelta mediante Auto de Vista de 18 de mayo de 2022 por el cual el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de referido departamento, declaró PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación formulado entre otros por los ahora impetrantes de tutela; al efecto, sustrajo de la situación jurídica el riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del CPP (Conclusión II.1 y II.2). Posteriormente, en audiencia de 1 de julio de 2022, el Juez de control jurisdiccional por Auto Interlocutorio, declaró improcedente la cesación a la detención preventiva de los imputados Nabor y Remberto, ambos López Herbas; ulteriormente, en audiencia pública de 20 de igual mes y año por Auto Interlocutorio se declaró PROCEDENTE la cesación a la detención preventiva de los imputados Remberto López Herbas, Nabor López Herbas, Wilder García Balderrama y Emilio Quispe Silvestre; por lo que, dispuso medidas sustitutivas como la presentación semanal, arraigo, etc. Decisión que la Vocal ahora demandada, por Auto Vista de 1 de agosto de 2022, declaró PARCIALMENTE PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por Rosa Zenteno y en consecuencia revocó el Auto apelado determinando la subsistencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.6 y 7 del CPP; asimismo, dejó subsistentes los peligros procesales inmersos en el art. 235.1 y 2 de la Norma Adjetiva Penal (Conclusión II.3, II.4, II.5 y II.6).
Ahora bien, a continuación, por didáctica constitucional se analizará la problemática consignada en el inc. i), posteriormente el objeto procesal inserto en el inc. ii); y, finalmente la problemática descrita en el inc. iii).
Sobre la problemática consignada en el inc. i) En este punto reclama que la Vocal ahora demandada mediante Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, admitió el recurso de apelación de la parte denunciante incurriendo en ilegalidades ya que sobre los imputados Remberto y Nabor ambos López Herbas, realizó un análisis innecesario respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, cuando el mismo no estaba desvirtuado ni mejorado por parte del Juez a quo.
Al respecto, corresponde precisar que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional determinó que para resolver la cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP, se debe, ejecutar una revisión o verificación de los supuestos que fundaron la detención preventiva y posteriormente contrastar los mismos con los nuevos elementos aportados, que acrediten que ya no concurren los motivos que la fundaron, teniendo el imputado, la carga de la prueba.
En ese marco, de la revisión del Auto de Vista de 1 de agosto de 2022 (Conclusión II.6), se tiene que la Vocal ahora demandada luego de identificar los agravios del apelante, los argumentos de adhesión del Ministerio Público, la respuesta a dicha impugnación por parte de los imputados, además del análisis concreto declaró parcialmente procedente el recurso de apelación interpuesto por la denunciante y en consecuencia revocó el Auto apelado determinando la subsistencia de los riesgos procesales inmersos en los arts. 234.6 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP; y únicamente confirmó el Auto impugnado respecto al peligro procesal previsto en el art. 234.1 de la citada Norma Adjetiva Penal, entre otros aspectos bajo los siguientes fundamentos:
“…En cuanto hace al riesgo de fuga del núm.6) del Art. 234 del CP.P. respecto al imputado Remberto López Herbás y Nabor López Herbás, observamos que en el Auto de aplicación de medida cautelar de fecha 04 de mayo de 2022, cuyas fotocopias cursan a partir de fojas 356 y siguientes respecto a Remberto López Herbas se tiene el siguiente texto de construcción de este riesgo: "se dice que con respecto a Remberto López Herbas se tiene antecedentes o hechos investigados por el delito del Art. 48 de la Ley 1008 es decir Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, Art. 53 del C.P., y la norma es clara al manifestar que simplemente se requiere acreditar la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, no establece que debe presentarse Rejap, sentencia condenatoria ejecutoriada, entonces en base al principio de verdad material se toma en cuenta que el imputado Remberto López Herbas tiene actividad delictiva reiterado o anterior que se encuentra en etapa preparatoria por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, entonces concurre el núm.6) del Art. 234"; como observamos con absoluta claridad en la construcción de este riesgo en Auto de Aplicación de medida cautelar, esta cimentada en la existencia de un proceso penal por ilícitos relacionados a la Ley 1008 y en forma específica se señala que no tiene nada que ver en la construcción de este riesgo procesal el Rejap, por cuanto anuncia bajo el principio de verdad material se establece la existencia de este proceso penal en etapa preparatoria, pero a pesar de que este Auto de aplicación de medida cautelar ha sido emitida por el mismo Juez de Instrucción en lo penal, José Luis Fonseca Zubieta llama sobre manera la atención de que al ser de pleno conocimiento de esta autoridad que esos fueron los fundamentos de construcción de este riesgo procesal, en el Auto que ha venido en recurso de apelación, pretenda desconocer los argumentos que esta misma autoridad esgrimió para construir este riesgo procesal y señalar que la presentación de un Rejap fuese elemento suficiente para rebatir la construcción de este riesgo, cuando se reitera en el Auto de construcción del riesgo de fuga hizo mención de que no tenía mayor incidencia el Rejap, tomando en cuenta que el principio de verdad le hacía asumir convencimiento sobre la existencia de un proceso penal contra el prenombrado imputado por ilícitos relativos a la Ley1008, consiguientemente se observa que efectivamente el Juez Aquo por aspectos que no se comprende por esta autoridad de alzada, contrariando sus propios fundamentos del Auto de aplicación de medida cautelar ingresa en apreciaciones contradictorias para darle crédito a un certificado de antecedentes penales, cuando inicialmente dijo que el mismo no tenía incidencia en la construcción de este riesgo, lo que hace evidente la denuncia del recurrente, correspondiendo dar curso al recurso de apelación por esa incorrecta valoración del elemento de convicción e incorrecta conclusión de enervación de este riesgo procesal.
Con relación a Nabor López Herbas se reconoce en el Auto apelado que el propio abogado defensor reconoció con respecto a este imputado no tenía elementos de convicción para presentarlos, por lo que mantuvo subsistente este riesgo procesal (art. 234 num.6), en consecuencia el Tribunal no tiene mayor análisis que realizar en relación a este co imputado Nabor López Herbas contra quien se reconoce en el Auto apelado la persistencia de este riesgo procesal anunciado en el Art. 234 núm.6) del CPP…".
De lo señalado y descrito en forma precedente, no se advierte un análisis innecesario respecto al riesgo procesal de fuga inmerso en el art. 234.6 del CPP; toda vez que, la Vocal demandada, citando el art. 239.1 del CPP, referido al cumplimiento de una de las causales de cesación de las medidas cautelares, glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, luego de señalar como fue construido o fundado este riesgo procesal en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 4 de mayo de 2022 –que dispuso la detención preventiva de los imputados– como Tribunal de alzada en su labor de revisión y análisis integral de la resolución impugnada, contrastando con la prueba aportada, explica que el ahora accionante Remberto López Herbas, debido a la existencia de un otro proceso penal en etapa preparatoria por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación previsto y sancionado por los arts. 48 y 53 de la Ley del Regimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, hizo que concurra dicho peligro procesal, sobre el cual aclara que la presentación del Certificado de REJAP, tal como se dijo en la audiencia primigenia no tenía nada que ver para rebatir o enervar la construcción de dicho riesgo procesal; al efecto, advierte que el Juez de la causa conociendo los fundamentos de cómo fue construido en su inicio este peligro procesal, de forma contradictoria hubiera realizado una incorrecta valoración de la prueba dando crédito a un Certificado del REJAP para dar por enervado dicho riesgo procesal.
En el mismo sentido, en relación al imputado, Nabor López Herbas –que cuenta con la carga de la prueba– siendo que su abogado en audiencia de recurso de apelación habría reconocido expresamente que no tenía nuevos elementos probatorios para poder desvirtuar o enervar el citado riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.6 del CPP, lógicamente consideró no poder realizar mayor análisis al respecto, tomando en cuenta que en el Auto interlocutorio apelado, se reconoce la persistencia del mencionado peligro procesal.
En consecuencia, por los motivos expuestos en forma precedente, se concluye en la pertinencia de denegar la tutela impetrada, siendo que además el Tribunal de apelación en su labor de revisión y análisis integral de la resolución impugnada, en observancia del art. 239.1 del CPP que permite una revisión de los supuestos que fundaron la detención preventiva, llegó a la conclusión de la concurrencia del riesgo procesal inmerso en el art. 234.6 de la citada Norma Adjetiva Penal, no advirtiéndose a esos efectos un análisis innecesario del mismo. Sobre la problemática consignada en el inc. ii) En este punto reclama que la Vocal demandada mediante Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, admitió el recurso de apelación de la parte denunciante incurriendo en ilegalidades ya que respecto a todos los imputados y el peligro procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP, sin una debida fundamentación y motivación se retrotrae a los argumentos del Auto de 4 de mayo de 2022 que dispuso su detención preventiva, siendo que dicho riesgo procesal fue debidamente interpretado por el Auto de Vista de 18 de igual mes y año, el mismo que posteriormente fue modificada por el Juez a quo mediante Resolución de 1 de julio de 2022, que mejora la situación jurídica de los imputados.
Respecto a la fundamentación y motivación cabe previamente señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el cual señala que dichos elementos del debido proceso no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; esa labor no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que, está obligado a expresar los presupuestos lógico-jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Además, respecto a la labor de los Tribunales de apelación determinó que al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.
De igual forma el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional determinó que para resolver la cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP, se debe, ejecutar una revisión o verificación de los supuestos que fundaron la detención preventiva y posteriormente contrastar los mismos con los nuevos elementos aportados, que acrediten que ya no concurren los motivos que la fundaron, teniendo el imputado, la carga de la prueba. En ese marco, de la revisión del Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, se tiene que la Vocal ahora demandado respecto al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, estableció que no fue desvirtuado el mismo, entre otros aspectos bajo los siguientes fundamentos:
“…con referencia al peligro de fuga del, núm.7) del Art. 234 en relación a los 4 imputados Roberto López Herbas, Nabor López, Wilder García y Emilio Quispe observamos que en el auto de aplicación de medida cautelar de 04 de mayo, se construyó dicho riesgo procesal en relación cada uno de los imputados bajo un mismo fundamento, cuando a fojas 369 a 369 vuelta se tiene los fundamentos de construcción de este riesgo procesal: "se considera que todos los imputados Elvis Vladimir García Marzana, Remberto López Herbás, David Condori Jiménez, Wilber García Valderrama, Emilio Quispe Silvestre, Nabor López Herbás, Juan Gabriel Ramírez Ventura y Celier Martínez Escalera son un peligro efectivo para la víctima y para la sociedad", al respecto los abogados Defensores han indicado que este numeral puede fundarse en aspectos relacionados en la propia investigación, luego de señalar cuáles han sido los argumentos de las partes indica: en ese sentido se va a considerar el peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, tomando en cuenta qué la víctima en este caso Luciano Rosas Laime ha sufrido tortura, vejámenes ha sido privado de alimentación, ha sido privado de líquilos, elemento agua y posteriormente los imputados probablemente han exigido el pago de $200.000.- para su rescate llegando a rebajar hasta $30.000 aspectos por los la autoridad jurisdiccional no puedo obviar la declaración de la propia víctima que ha sufrido estos hechos, además, que la esposa de la víctima así como el hijo de la víctima de este caso, además de la señora Rosario Zenteno que han sido amenazados de muerte, si es que no pagaban el monto de rescate primeramente han amenazado de muerte a la propia víctima don Luciano Rosas Laime posteriormente han amenazado de muerte a su esposa y también a su hijo, seguidamente lo amenazaron indicándole que ellos no solamente son 8 personas sino que es un grupo organizado de más de 20 personas que tienen armamento valuado en 50,000 $ para hacer frente a la Policía Nacional, entonces cómo podríamos obviar qué estas personas que han sido imputadas presuntamente por la comisión del delito de secuestro no sea un peligro efectivo para la víctima y la sociedad", ahora en el Auto qué ha venido en recurso de apelación refiere que esté riesgo procesal hubiera quedado enervado con la sola presentación de Rejap, tomando en cuenta qué no hacen referencia a la existencia de antecedentes penales; si bien dentro de los alcances de la Sentencia Constitucional 56/2014 no podrían los imputados ser considerados un peligro efectivo para la sociedad, por cuánto no registran sentencia condenatoria o antecedente penal anterior al caso que nos ocupa; empero, no puede asumirse que los mismos no se constituyan en un peligro efectivo para las víctimas en la forma y con el fundamento que fue construido este riesgo procesal, por cuánto se ha mencionado en el Auto de aplicación de medida cautelar de cómo actuaron estos sindicados, no solo al restringir la libertad de una persona, sino también al realizar las torturas y las privaciones de alimentación, agua a la víctima, las exigencias de pago por su rescate, y las amenazas de muerte que hubieran realizado a la esposa y al hijo por ser un grupo organizado, que tienen armamento, por lo que si bien no se puede seguir manteniendo el argumento que se constituyan en peligro para la sociedad, pero no se puede asumir cómo erróneamente lo ha hecho el Juez Aquo, en franco desconocimiento de los propios fundamentos con los cuales él mismo construyó el riesgo de fuga en el Auto de aplicación de medida cautelar, que se haya enervado en su integridad este riesgo procesal, por la sola presentación del rejap, por cuanto el fundamento central de que los imputados se constituyen en un peligro para la víctima y su entorno familiar se mantiene subsistente, porque ese fundamento no fue construido en base a la existencia o no de antecedentes penales de los imputados, sino que se sustentó en los actos de tortura, privación de libertad, privación de agua la víctima, como las amenazas al entorno familiar de este como son la esposa e hijo, esos fundamentos no fueron desvirtuados con ningún elemento de convicción, por lo que corresponde dar mérito a la apelación formulada…”. De lo señalado y descrito en forma precedente, no se advierte una indebida fundamentación y motivación; toda vez que, respecto a la fundamentación –que implica la cita de norma o jurisprudencia aplicable– la Vocal ahora demandada citando los arts. 234.7 y 239.1 del CPP, así como la SCP “56/2014”, este último referido sobre los alcances del peligro efectivo para la víctima y la sociedad, luego de señalar como fue construido este riesgo procesal de fuga en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 4 de mayo de 2022, como Tribunal de alzada en su labor de revisión y análisis integral de la resolución impugnada, con argumentos lógico-jurídicos o motivación explica que si bien el Certificado del REJAP por el cual se señala que no tienen sentencia condenatoria o antecedente penal, acredita que ya no son un peligro para la sociedad; empero, advirtió que no puede asumirse tal como lo hizo el Juez a quo, que también dicho certificado del REJAP pueda enervar el peligro para la víctima o la denunciante, siendo que los imputados al ser un grupo organizado que tienen armamento valuado en Sus50 000.- (cincuenta mil dólares estadounidense) por la forma en que actuaron en contra de la supuesta víctima Luciano Rosas Laime, a quien le habrían torturado, privado de libertad, de alimentación y agua, y haber exigido un pago por su rescate en la suma de Sus30 000.- (treinta mil dólares estadounidense); además de las amenazas de muerte al entorno familiar, en este caso su hijo y esposa que a su vez es la denunciante; por todo ello, llega a la conclusión de que los fundamentos con los que se construyó el presente riesgo procesal de fuga en lo concerniente al peligro efectivo para la víctima o la denunciante, no fueron desvirtuados con ningún elemento de convicción.
En consecuencia, por los motivos expuestos en forma precedente, se concluye en la pertinencia de denegar la tutela impetrada, siendo que el Tribunal de apelación en su labor de revisión y análisis integral de la resolución impugnada, en observancia del art. 239.1 del CPP glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional el cual señala que para resolver la cesación a la detención preventiva el Juez debe realizar una revisión de los supuestos que fundaron la medida cautelar y contrastar con los nuevos elementos probatorios, con un debido sustento legal llegó a la conclusión de la persistencia del riesgo procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP solo en lo referente al peligro efectivo para la víctima o la denunciante, no pudiéndose alegar a esos efectos que la Vocal demandada se hubiera retrotraído a los argumentos de la audiencia primigenia de consideración de medidas cautelares, porque tal como se tiene precisado dicha autoridad judicial tiene esa facultad de realizar una revisión de los supuestos que fundaron la detención preventiva para poder contrastarlos con los nuevos elementos aportados a fin de dar o no por enervado el citado peligro procesal.
Sobre la problemática consignada en el inc. iii)
En este punto reclama que la Vocal demandada mediante Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, admitió el recurso de apelación de la parte denunciante incurriendo en ilegalidades ya que respecto a todos los imputados y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, declaró procedente la apelación bajo la errónea fundamentación de que el Informe del investigador asignado “que señala que el teléfono del cual se habrían realizado amenazas en contra de la presunta víctima seria del Sr. Celier Martínez” (sic) conforme a la línea de la SCP “0614/2020” de 20 de octubre, no puede acreditar o desvirtuar riesgos procesales; asimismo, lo manifestado y solicitado por la denunciante sobre ese riesgo procesal no fue reclamado en la audiencia de cesación a la detención preventiva, aspecto que no limitó la autoridad ahora demandada permitiendo nuevamente se alegue la valoración de los elementos de convicción, siendo que la apelación no es de segunda oportunidad para fundamentar lo que no se hizo en su momento.
Respecto a la fundamentación y motivación cabe previamente señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el cual señala que dichos elementos del debido proceso no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca, esa labor no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que, está obligado a expresar los presupuestos lógico-jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Además, respecto a la labor de los Tribunales de apelación determinó que al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.
De igual forma el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional determinó que para resolver la cesación a la detención preventiva conforme el art. 239.1 del CPP, se debe, ejecutar una revisión o verificación de los supuestos que fundaron la detención preventiva y posteriormente contrastar los mismos con los nuevos elementos aportados, que acrediten que ya no concurren los motivos que la fundaron, teniendo el imputado, la carga de la prueba. En ese marco, de la revisión del Auto de Vista de 1 de agosto de 2022, se tiene que el Vocal demandado respecto al riesgo procesal de obstaculización inmerso en el art. 235.2 del CPP mantuvo la persistencia del mismo, entre otros aspectos bajo los siguientes fundamentos:
“…En cuanto hace al peligro de obstaculización del núm.2) del Art. 235 del CPP., nuevamente vamos a observar que la construcción de este peligro en el Auto de aplicación de medida cautelar tiene la siguiente afirmación, que los imputados hubieran realizado amenazas, amedrentamientos a la esposa, al hijo al haber indicado el Juez Aquo lo siguiente: "con relación a todos los imputados se dijo que a la esposa de la víctima Rosario Zenteno y su hijo Franz, mediante llamadas telefónicas de los imputados fueron amenazados de muerte, les pidieron que no denuncian el hecho ante la policía y que paguen lo que solicitan y si no pagan su padre iba a ser devuelto en un cajón, es decir, lo matarían y también matarían a la esposa de la víctima y al hijo, está fundamentación obedeció a las modificaciones introducidas por la ley 1173 que modifica el C.P.P., en su núm.2) del Art. 235 del CPP., que dice el imputado, amenace, influye negativamente sobre participes, testigos, víctimas o peritos, de modo que informen falsamente o se comporte de manera reticente, en esta ocasión se ha podido comprobar que la esposa de la víctima y el hijo de la víctima han sido amenazados de muerte, también les pidieron que no denuncien el hecho a la policía, también se toma en cuenta que ellos son los principales testigos en el presente caso, ahí se ha identificado a los testigos cuándo día posterior al secuestro con llamadas telefónicas entonces el Ministerio Público ha aportado elementos objetivos para considerar la concurrencia del núm.2) del Art. 235 para todos los imputados…", resolución que fue confirmada por Auto de Vista, indicando que las amenazas de muerte fueron efectuadas de forma conjunta por los co imputados, por la naturaleza de esta clase de hechos ilícitos sobre el particular el abogado dice se ha presentado el informe del investigador asignado al caso de fecha 22 de mayo del 2022, donde se establece que el celular con línea telefónica pertenece a Celier Martínez Escalera con él qué se habría hecho la extorsión a la señora Rosario Zenteno, es decir, se indicase que únicamente fue Celier Martínez Escalera quién amenazó de muerte a la esposa de la víctima y a su hijo, cómo vemos en la construcción del Auto de aplicación de la medida cautelar este peligro se basa en las amenazas que se hubieran vertido a la esposa y al hijo de devolver a la víctima principal en un cajón, ahora para asumir el Juez Aquo en el Auto apelado que esté peligro habría quedado enervado en referencia a los 4 imputados, por cuánto el celular le correspondiese únicamente a Celier; vemos que efectivamente cursa de fojas 963 a 964 el informe emitido por el Sgto. Mayor Jesús Reynaldo Mamani Flores, quién en lo central dice: "que dentro la denuncia sentada por la señora Rosario Zenteno se hubiera realizado por el delito de Secuestro, qué revisado los actuados investigativos bajo la dirección funcional del Dr. Fabio Aramayo Flores Fiscal de Materia asignado al presente caso y a fin de aportar el mismo más elementos de convicción se pone a conocimiento el siguiente punto y se solicita los siguientes requerimientos punto uno, se tiene celular color negro marca con línea 75995783 el cual pertenecería a Celier Martínez Escalera imputado, línea con quién se habría hecho la extorsión a la señora Rosario Zenteno denunciante, requerimiento que por las Empresas de Telecomunicación Entel, Viva, Tigo nos proporcione si los ciudadanos Elvis Vladimir García, Remberto López, David Condori Wilder García Balderrama, Emilio Quispe Silvestre, Nabor López Herbas, Juan Cabrera Ramírez, Celier Martínez Escalera contarían con alguna línea o líneas telefónicas registradas a estos nombres..", y así va realizando el requerimiento de realizar el trabajo de pericia y transcripción de los mismos por el instituto de investigación por la autoridad que se vea conveniente; cómo se ve el informe aludido por el Juez Aquo en el Auto apelado, en ningún momento hace afirmación categórica qué el celular sea exclusivamente de propiedad de Celier Martínez Escalera, en ninguna parte de este informe establece que este celular no hubiera sido utilizado por los otros co imputados para las amenazas vertidas a la esposa y al hijo, simplemente supone que le pertenecería dicho celular a Celier Martínez Escalera, pero en ningún momento descarta que ese celular hubiera sido utilizado por los co imputados para las amenazas a la familia de la víctima, consiguientemente se observa que el Juez Aquo al momento de valoración de este elemento de convicción ha incurrido en mala interpretación de lo señalado por el investigador asignado al caso, y es más va en contraposición a la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional, qué dice que los funcionarios policiales no pueden realizar actos que vayan a enervar los peligros procesales, cuándo en la Sentencia Constitucional 614/2020 de 20 de octubre se indica: "en cuanto al peligro de obstaculización del Art. 235 núm.2) indica que entre las labores del funcionario policial no está presentar o recabar elementos de convicción relativos acreditar o enervar riesgos", por lo que el razonamiento expuesto por el Juez Aquo en el Auto apelado, a más de ser resultado de una valoración tergiversada y errónea del contenido del informe policial, también es contraria a la línea jurisprudencial sentada acorde a la Sentencia Constitucional que hemos dado cita, por lo que también corresponde dar mérito al recurso de apelación..." (las negrillas son nuestras). En cuanto a la denuncia de que la Vocal ahora demandada admitió el recurso de apelación de la parte denunciante incurriendo en ilegalidades ya que respecto a todos los imputados y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, declaró procedente la apelación bajo la errónea fundamentación de que el Informe del investigador asignado “que señala que el teléfono del cual se habrían realizado amenazas en contra de la presunta víctima seria del Sr. Celier Martínez” (sic) conforme a la línea de la SCP “0614/2020” de 20 de octubre, no puede acreditar o desvirtuar riesgos procesales. Al respecto, de la revisión y lectura integra del Auto de Vista impugnado, se establece que la Autoridad judicial sobre la fundamentación –que implica la cita de norma o jurisprudencia aplicable– la Vocal ahora demandada, mencionando la SCP “614/2020” de 20 de octubre, que en su parte pertinente señala:
“…como ha advertido la autoridad fiscal dentro de las labores asignadas al funcionario policial, no está el de presentar o recabar elementos de convicción relativos a acreditar o enervar riesgos de fuga (…) consiguientemente, el informe al que hizo referencia el apelante, no constituye un elemento suficiente, menos idóneo para rebatir los fundamentos de concurrencia del peligro de obstaculización establecido en el numeral 2 del art. 235 de la norma adjetiva penal…”
En ese marco, en observancia de la citada jurisprudencia se tiene que la labor de los funcionarios policiales no es presentar informes para acreditar o enervar riesgos procesales, por lo que, la Vocal ahora demandada conforme al art. 239.1 del CPP referido al cumplimiento de las causales de cesación de las medidas cautelares, tomando en cuenta como se construyó o fundó dicho riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, señala que el elemento probatorio trasuntado en el Informe de 22 de mayo de 2022 emitido por el investigador asignado, el cual indicaría que el celular con la línea 75995783 del que se hubiera amenazado de muerte a la supuesta víctima, su esposa e hijo mediante llamadas telefónicas es de propiedad del co-imputado Celier Martínez; aclara y explica que, en ningún momento dicho Informe policial descarta que ese celular solo hubiera sido utilizado por el mencionado imputado para efectuar las amenazas y no por los otros co-imputados, ya que simplemente supone que dicho celular le pertenece al prenombrado, por lo que en observancia de la citada norma y jurisprudencia la Vocal demandada llega a la conclusión de que el Juez a quo sobre el mencionado riesgo procesal de obstaculización, realizó una mala valoración de esa prueba, siendo que además entre las labores del funcionario policial no está el presentar o recabar elementos de convicción relativos a acreditar o enervar riesgos procesales.
Asimismo, sobre el reclamo de que la Vocal demandada no hubiera limitado a la parte accionante que respecto al citado riesgo procesal, sin que se hubiera reclamado oportunamente en la audiencia de cesación, hubiera permitido nuevamente se alegue la valoración de los elementos de convicción, siendo que la apelación no es de segunda oportunidad para fundamentar lo que no se hizo en su momento. Al respecto, se tiene que la autoridad demandada ciertamente en virtud del derecho a la defensa y debido proceso que tiene la parte denunciante o víctima, no podía limitar la intervención de la apelante en la audiencia de recurso de apelación, siendo que la decisión final de tomar en cuenta o no los argumentos expresados por las partes, es decisión exclusiva del Tribunal de apelación, que en observancia del art. 239.1 del CPP desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, luego de realizar una revisión integra de los supuestos que fundaron la detención preventiva, contrastó con los elementos probatorios aportados, a objeto de llegar a la conclusión de la subsistencia o persistencia de los riesgos procesales inmersos en los arts. 234.6 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP; y, únicamente confirmó el Auto impugnado respecto al peligro procesal previsto en el art. 234.1 de la Norma Adjetiva Penal, correspondiendo a esos efectos denegar la tutela solicitada por los motivos expuestos en forma precedente. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 112 a 125 vta.; pronunciada en suplencia por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 El Código de Procedimiento Penal antes de sus modificaciones prescribía en su art. 239.1: “Cuando nuevos elementos de juicio demuestran que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituido por otra medida”.
2 Respecto a los supuestos de cesación de medidas cautelares de orden personal previstos en el art. 239.1 del CPP, la SC 0719/2004-R de 10 de mayo, expreso que: “… esta debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y 2) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva a prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del hecho”, citado por las SC 1466/2004-R de 10 de mayo, 0807/2005-R de 19 de julio, SC 0568/2007-R de 5 de julio, SCP 0451/2019 de 24 de junio, entre otras.
5 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).
6 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
7 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0729_2024-S1.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): 89426adb102ce9fea549c399f74446b39dbf6fca47e90fd27e4ea5baa5ae45d9
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