Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la lesión de su derecho a la libertad por un procesamiento indebido; toda vez que, Ximena Rosalía Morales Aramayo, Fiscal de Materia –ahora demandada- no realizó de manera oportuna la protección de los adultos mayores dentro del proceso penal signado con el número 201502022107764, en el cual son víctimas; asimismo, Erica Marcelina Mamani Pilco autoridad Fiscal codemandada, admitió una denuncia por parte de los imputados hacia sus personas sobre los mismos hechos denunciados, realizándoles tomas de declaraciones informativas y otros actos irregulares; no obstante, dicha Fiscal debió generar actuaciones conducentes a no causar la revictimización por ser adultas mayores; por lo que, solicitan se conceda la tutela; y, en efecto, que la Fiscal de Materia Erica Marcelina Mamani Pilco, asuma su responsabilidad, y se deje sin efecto las actuaciones realizadas en su contra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores; 2) Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Ximena Rosalía Morales Aramayo, disponiendo que dicha autoridad Fiscal otorgue estricto seguimiento, a efecto de que se cumplan las medidas de protección dispuestas a favor de los impetrantes de tutela, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Erica Marcelina Mamani Pilco, al no advertirse vulneración de algún derecho que pueda ser atendido a través de la acción de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0729/2023-S1 Sucre, 5 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46711-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Parijahua Villca en representación sin mandato de María Timotea Gutiérrez de Aliaga y Domingo Aliaga Ali contra Erica Marcelina Mamani Pilco y Ximena Rosalía Morales Aramayo, Fiscales de Materia de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 23 de marzo de 2022, cursante a fs. 6 y vta., los accionantes a través de su representante sin mandato expusieron lo siguiente.
Señalan que, el 15 de octubre de 2021 fueron víctimas de agresiones físicas con fractura de costilla, como también agresiones psicológicas por parte de Santos Rolando Colque Jiménez, “Mónica Colque Jiménez” – siendo lo correcto Mónica Antonia Colque Jiménez- y otros; ante lo cual, se les inició un proceso penal que fue asignado a la Fiscal de Materia Ximena Rosalía Morales Aramayo, quien imputó formalmente a los denunciados; sin embargo, de forma irregular la Fiscal de Materia Erica Marcelina Mamani Pilco admitió una denuncia por parte de los imputados hacia sus personas sobre los mismos hechos denunciados, realizando tomas de declaraciones informativas y otros actos irregulares, constituyéndose en una persecución ilegal e indebida; toda vez que, se estableció por parte del Ministerio Publico y por principio de unidad, que las víctimas son María Timotea Gutiérrez de Aliaga y Domingo Aliaga Ali -ahora accionantes-, existiendo diferentes fallos constitucionales a favor de los impetrantes de tutela, donde se les tenían que proteger de las personas agresoras; por lo que, la citada Fiscal debió generar actuaciones conducentes a no causar la revictimización de las víctimas que son adultas mayores. Refieren que la presente acción de libertad la dirige contra la autoridad Fiscal Erica Marcelina Mamani Pilco dentro del caso signado con el número 201502022107586 por los hechos descritos precedentemente; y, contra la Fiscal Ximena Rosalía Morales Aramayo, dentro del caso signado con el número 201502022107764, debido a que no realizó de manera oportuna la protección de los adultos mayores.
Los peticionantes de tutela denuncian la lesión de su derecho a la libertad por un procesamiento indebido; sin citar precepto constitucional alguno.
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en efecto, que la Fiscal de Materia Erica Marcelina Mamani Pilco, asuma su responsabilidad y se deje sin efecto las actuaciones realizadas en su contra por ser adultos mayores.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 24 de marzo de 2022; según consta en acta cursante de fs. 21 a 22 vta.; produciéndose los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato reiteraron el contenido del memorial de la acción de libertad.
Ximena Rosalía Morales Aramayo, Fiscal de Materia de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia informo lo siguiente: a) Respecto a las medidas de protección que señalan los accionantes, se emitió las mismas como también fueron ampliadas; sin embargo, los impetrantes de tutela no hicieron conocer que dichas medidas fueron incumplidas por los imputados; y, b) Al existir otro proceso contra los solicitantes de tutela con los mismos hechos, el 14 de marzo de 2022 la suscrita fiscal presentó incidente de acumulación de causas por conexitud. Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 20 y vta. y reiterado en audiencia de la presente acción de defesa, señaló que tuvo conocimiento de la denuncia de Mónica Antonia Colque Jiménez contra María Timotea Gutiérrez de Aliaga y Domingo Aliaga Ali, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; ante lo cual, se señaló audiencia de declaración informativa, mismas que fueron suspendidas en dos oportunidades por inasistencia de los denunciados -ahora accionantes-; asimismo, se emitió una Resolución de Rechazo 380/2021 a favor de los impetrantes de tutela; sin embargo, el 16 de marzo de 2022 se recepcionó la declaración informativa de ambos accionantes, sin que se emita orden de aprehensión alguna; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 17/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 23 a 26, denegó la tutela solicitada; no obstante, determinó lo siguiente:
…existiendo una denuncia grave sobre la pretendida intromisión al domicilio de los ancianos, por parte de un ciudadano militar, que según información proporcionada por los mismos se trataría de Santos Rolando Colque y Mónica Colque Jiménez, haciendo uso arbitrario de esa calidad de militar, quienes aparentemente se han constituido con una movilidad al domicilio de los hoy accionantes, la señora Fiscal debe tomar los recaudos correspondientes para el cumplimiento estricto de las medidas de protección, sea de forma inmediata. Así también ambas autoridades fiscales deben interponer sus buenos oficios, extremando esfuerzos con relación a la solución del doble juzgamiento para evitar el procesamiento indebido. Determinación asumida en base a los siguientes argumentos:
…es evidente que se ha establecido la existencia de dos causas aperturadas ante el Ministerio Público, aparentemente sobre el mismo hecho, siendo que dentro del proceso más avanzado, las víctimas son los adultos mayores DOMINGO ALIAGA ALI Y MARIA TIMOTEA GUTIERREZ ARUQUIPA, y los IMPUTADOS SON: SANTOS ROLANDO COLOUE JIMENEZ Y MONICA ANTONIA COLQUE JIMENEZ, por el delito de VIOLENCIA FAMILIA O DOMESTICA y la existencia de otro proceso a cargo de la Dra. Erika Mamani Pilco donde inversamente, uno de los imputados se constituye en víctima y los adultos mayores serian sindicados, siendo que el estado de este proceso se encuentra aún en etapa preliminar. Al respecto el hecho de la existencia de dos casos con similares características, donde existe identidad de sujeto, objeto y causa, se constituye en procesamiento indebido, sin embargo este extremo debe ser analizados por cualquiera de las autoridades jurisdiccionales a cargo del control de estos dos casos, a ese fin dentro del caso a cargo de la Dra. Ximena Morales Fiscal de Materia, se establece que ya se ha presentado requerimiento de solicitud de CONEXITUD DE CAUSAS ACTIVADO POR LA DRA. XIMENA MORALES, en consecuencia corresponde al Juez de control jurisdiccional analizar estos extremos y emitir la resolución correspondiente. Con relación al incumplimiento de las medidas de protección en favor de los adultos mayores, si bien los accionantes no acudieron a realizar esta denuncia ante el Juez o en su caso ante el Ministerio Público, empero habiéndose denunciado estos extremos en esta audiencia de acción de libertad, siendo evidente que los accionantes son personas de la tercera edad, que merecen una protección adecuada y oportuna, protección reforzada, la autoridad Fiscal Dra. Morales debe tomar en cuenta esta denuncia, porque de acuerdo a la fotografía mostrada aparentemente existiría incumplimiento a las restricciones de acercarse a los adultos mayores y se ha observado una movilidad azul y personas, que probablemente se trate de los imputados quienes se habrían constituido al domicilios de estos ancianos, que además se ha denunciado que uno de ellos es militar y estaría haciendo uso y abuso de esa calidad para amedrentar a estos ancianos, extremo que debe tomarse en cuenta por la autoridad Fiscal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de declaración informativa de 16 de marzo de 2022, realizada por María Timotea Gutiérrez de Aliaga y Domingo Aliaga Alí -ahora accionantes-, recepcionada por Érica Marcelina Mamani Pilco -Fiscal de materia codemandada- dentro de la denuncia presentada por Mónica Antonia Colque Jiménez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por un hecho suscitado el 15 de octubre de 2021 (fs. 4 y 5).
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la lesión de su derecho a la libertad por un procesamiento indebido; toda vez que, Ximena Rosalía Morales Aramayo, Fiscal de Materia –ahora demandada- no realizó de manera oportuna la protección de los adultos mayores dentro del proceso penal signado con el número 201502022107764, en el cual son víctimas; asimismo, Erica Marcelina Mamani Pilco autoridad Fiscal codemandada, admitió una denuncia por parte de los imputados hacia sus personas sobre los mismos hechos denunciados, realizándoles tomas de declaraciones informativas y otros actos irregulares; no obstante, dicha Fiscal debió generar actuaciones conducentes a no causar la revictimización por ser adultas mayores; por lo que, solicitan se conceda la tutela; y, en efecto, que la Fiscal de Materia Erica Marcelina Mamani Pilco, asuma su responsabilidad, y se deje sin efecto las actuaciones realizadas en su contra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: 1) El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores; 2) Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”. Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas no corresponden). En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:
La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad. Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos (las negrillas son nuestras).
En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, la Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:
1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores”. 2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…). De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas.
A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.
Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:
…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante `acciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado (las negrillas fueron añadidas).
Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo, asumió el siguiente razonamiento.
La Constitución Política del Estado estipula en su art. 125 que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas son añadidas).
2El FJ III.4, indica: “Bajo esa lógica, el orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial; así, el art. 67 de la Norma fundamental, señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales; además de ello, el Estado boliviano ha dotado de una serie de medidas e instrumentos legales con miras a una protección real de este grupo en situación de vulnerabilidad; esa afirmación encuentra sustento, en la emisión de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, de 1 de mayo de 2013, que tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección (art. 1), siendo titulares de los derechos en ella expresados las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano (art. 2).
Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, se encuentran recogidos asimismo, en instrumentos internacionales, concretamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus arts. 2, 22, y 25; así como dentro de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, en sus numerales 12 y 17, en los que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener: `…acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado´; y, a: `…poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales´”.
Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida. En ese sentido, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, resalta las siguientes características de la acción de libertad:
…el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia (las negrillas son añadidas).
Los accionantes a través de su representante sin mandato acuden a la presente acción de defensa alegando que, Ximena Rosalía Morales Aramayo, Fiscal de Materia demandada, no realizó de manera oportuna la protección de los adultos mayores dentro del proceso penal signado con el número 201502022107764, en el cual son víctimas; asimismo, Erica Marcelina Mamani Pilco, autoridad Fiscal codemandada, admitió una denuncia por parte de los imputados hacia sus personas sobre los mismos hechos denunciados, realizándoles tomas de declaraciones informativas y otros actos irregulares; no obstante, dicha Fiscal debió generar actuaciones conducentes a no causar la revictimización por ser adultas mayores. Con carácter previo, corresponde referirse al argumento expuesto por la Jueza de garantías, relacionado al principio de subsidiariedad, al respecto, corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, es posible abstraerse del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la vulneración de derechos de personas que forman parte de los grupos vulnerables que tienen una protección reforzada, como las personas de la tercera edad, como ocurre en el presente caso, a quienes les está permitido acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional sin agotar los medios de impugnación o los mecanismos de defensa ordinarios; por consiguiente, corresponde a esta Sala ingresar a analizar la problemática planteada.
Ahora bien, al ser dos las autoridades Fiscales demandadas, se analizará de forma separada la actuación de cada una de ellas a efecto de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los peticionantes de tutela señalan que dicha autoridad Fiscal, no realizó de manera oportuna la protección de los adultos mayores dentro del proceso penal signado con el número 201502022107764, en el cual son víctimas; por su parte la referida autoridad informó que se emitió las medidas de protección respectivas a favor de los solicitantes de tutela; sin embargo, no hicieron conocer que dichas medidas fueron incumplidas por los imputados. Al respecto, cabe precisar, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los adultos mayores gozan de una protección reforzada por ser parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; en ese entendido, si bien la Fiscal demandada emitió la respectiva medida de protección; no obstante, debió hacer el seguimiento, que las mismas sean cumplidas y no esperar que los adultos mayores tengan que denunciar su incumplimiento; por lo que, al no haber actuado de esa manera, se vulneró el derecho de los accionantes a ser protegidos de forma oportuna; en consecuencia corresponde conceder la tutela solicitada.
Los impetrantes de tutela refieren que la indicada fiscal, admitió una denuncia por parte de los imputados hacia sus personas sobre los mismos hechos denunciados, realizando tomas de declaraciones informativas y otros actos irregulares, constituyéndose en una persecución ilegal e indebida; no obstante, la citada fiscal debió generar actuaciones conducentes a no causar la revictimización de las víctimas que son adultas mayores.
Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, instituida como mecanismo idóneo para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
En el caso que se examina, no se advierte que los demandantes de tutela se encuentren indebidamente procesados, o que se encuentre en riesgo sus vidas, su libertad física o de locomoción; pues el proceso penal que se sigue en su contra, se debe a la denuncia interpuesta por Mónica Antonia Colque Jiménez, conforme se acredita en Conclusiones II.1 del presente fallo constitucional; que si bien los accionantes señalan que dicha denuncia radica sobre los mismos hechos en los que se encuentran como víctimas, esa situación debe ser analizada por el Juez de control jurisdiccional, al haberse solicitado el 14 de marzo de 2022 incidente de acumulación de causas por conexitud antes de la presentación de la acción de libertad; en consecuencia, con relación a esta denuncia corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 24 de marzo, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Ximena Rosalía Morales Aramayo, disponiendo que dicha autoridad Fiscal otorgue estricto seguimiento, a efecto de que se cumplan las medidas de protección dispuestas a favor de los impetrantes de tutela, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a Erica Marcelina Mamani Pilco, al no advertirse vulneración de algún derecho que pueda ser atendido a través de la acción de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.4. señala: “Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la población, por cuanto la edad provoca en ellas una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida. Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0729_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 20453c2b3fb766e9b3a3f0117ba4b1cf59a4bd7d5560e9711421d592fc190a89
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