Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de octubre de 2024
Concede la tutela
Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; habida cuenta que, la Gerencia Regional La Paz del Banco FIE S.A., no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/235/2022 de 10 de junio, emitida en su favor.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 295/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 236 a 239 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento inmediato e integral de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/235/2022 de 10 de junio, en los mismos términos dispuestos en la misma, debiendo la Regional La Paz del Banco Para el Fomento a Iniciativas Económicas Sociedad Anónima (Banco FIE S.A.), proceder a la reincorporación de Jerson Khylberth Chacón Orosco y Danitza Huarachi Paco, a los mismos puestos que ocupaban al momento de su despido, más el pago de los sueldos devengados y derechos sociales que les correspondan, en forma inmediata a partir de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0728/2024-S4 Sucre, 21 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52848-2023-106-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 295/2022 de 09 de noviembre, cursante de fs. 236 a 239 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Danitza Huarachi Paco y Jerson Khylberth Chacón Orosco contra Jhonny Ugarte del Pozo, Gerente Regional La Paz-Pando del Banco Para el Fomento a Iniciativas Económicas Sociedad Anónima (FIE S.A.).
Por memorial presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 105 a 118 vta., la parte accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Danitza Huarachi Paco refiere haber ingresado a trabajar en la Regional La Paz del Banco FIE S.A. como Cajera, el 17 de febrero de 2021 y que el último cargo desempeñado fue el de Cajera de Bóveda, manteniendo una relación laboral indefinida con su empleador bajo la regulación de la Ley General del Trabajo (LGT) hasta el 25 de mayo de 2022 en que fue despedida intempestivamente mediante Memorándum Banco FIE S.A./GRLP-TH/M-377/2022 de Agradecimiento de Servicios, sin establecer causa legal alguna para proceder en consecuencia. El accionar de la entidad demandada fue arbitrario y abusivo, ya que su despido se produjo por el hecho de haber asistido y apoyado la conformación de un sindicato de trabajadores en la mencionada institución. Por su parte, Jerson Khylberth Chacón Orosco refiere que ingresó a trabajar en la entidad demandada desde el 2 de enero de 2009 como Oficial de Plataforma y fue ascendiendo hasta ocupar el cargo de Jefe Administrativo Operativo, manteniendo una relación laboral indefinida; además de tener una condición de discapacidad debidamente acreditada por el carnet del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), con un 44% de deficiencia física-motora, condición que fue desmejorando conforme acreditó el Informe Médico de 18 de mayo de 2018 y el Certificado Médico de 28 de noviembre de 2019; en base a los cuales, solicitó ser transferido a otro puesto de trabajo sin lograr la atención requerida; lo cual, fue denunciado al CONALPEDIS, institución que solicitó informes sin obtener respuesta. Ante esa situación se vio obligado a renunciar el 15 de noviembre de 2019 pero luego retiró su denuncia. El constante acoso laboral al que fue sometido y la falta de atención a sus peticiones, hizo que surja la idea de formar el sindicato de trabajadores de la entidad demandada, con el único fin de defender sus derechos laborales; en ese sentido, se programó una reunión para el 24 de mayo de 2022, situación que conllevó su despido en la fecha señalada, mediante Memorándum Banco FIE S.A./GRLP-TH/M-376/2022, argumentando haber perdido la confianza en él, motivando así su retiro definitivo. Esa situación es lesiva a sus intereses, al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, dada su inamovilidad laboral y al hecho de que no se estableció una causal legal para la desvinculación laboral. Acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, para denunciar su despido injustificado; instancia que el 26 de mayo de 2022 emitió la única citación de presentación para el 31 de similar mes y año; y, con posterioridad a los trámites de rigor, el Jefe Departamental del Trabajo de la Paz, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/235/2022 de 10 de junio, con la que fue notificada la parte demandada el 15 del mismo mes y año, ordenando su reincorporación laboral a partir de su legal notificación más el pago de salarios devengados, y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación. El Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-207/2022 de 30 de junio, emitido por la responsable de Inspectoría del Trabajo de dicho departamento, constató que pese a la conminatoria emitida, los hoy solicitantes de tutela no fueron reincorporados a su fuente laboral.
La parte accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 24, 128, 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) El cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/ 235/2022 de 10 de junio; b) La restitución de los salarios devengados; y, c) La imposición de costas y costos.
Celebrada la audiencia pública el 09 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 231 a 235; presentes la parte impetrante de tutela asistida de su abogada, y la parte demandada; se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela, a través de su abogado en audiencia reiteró el contenido íntegro de su acción de defensa, agregando que: 1) Con la finalidad de conformar una posible organización sindical se agendó una reunión con la Central Obrera Departamental para el 24 de mayo de 2022, hecho que fue de conocimiento de la entidad bancaria ahora demandada; misma que, procedió a la desvinculación laboral de Jerson Khylberth Chacón Orosco, alegando supuestas denuncias en su contra por acoso laboral a algunas compañeras de trabajo y por conformar un grupo de WhatsApp en horas laborales, que no fueron de su conocimiento anteriormente; 2) Al tomar conocimiento de que Danitza Huarachi Paco formaba parte de la reunión del 24 de mayo de 2022, la entidad demandada procedió a su desvinculación laboral a partir del 25 de mayo del indicado año, sin justificativo alguno; señalándole que, tal extremo se reportara a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) con Codificación 09 que hace referencia a la desvinculación laboral sin proceso previo; y, 3) Se trata de una desvinculación laboral arbitraria e injusta.
Jhonny Ugarte del Pozo, Gerente Regional La Paz-Pando del Banco FIE S.A., a través de su representante legal argumentó en audiencia lo siguiente: i) Se encuentra aún en etapa de resolución el recurso jerárquico interpuesto contra la conminatoria de reincorporación; ii) La Conminatoria de Reincorporación Laboral no efectuó un análisis ni fundamentación de la decisión tomada, habiendo asumido que se trató de un despido injustificado, sin tomar en cuenta varias situaciones como ser el incumplimiento de normativa interna de la entidad demandada por parte de Jerson Khylberth Chacón Orosco, ocasionando la pérdida de confianza; ya que, no cumplió con normas administrativas de asignación de activos fijos y otras situaciones concernientes a temas operativos como el incumplimiento en la elaboración de reportes diarios y consiguiente incumplimiento el reglamento interno de la entidad demandada; y, iii) Con relación a Danitza Huarachi Paco, refiere que comenzó a generar un clima laboral totalmente adverso; lo cual, propició su desvinculación laboral.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 295/2022 de 9 de noviembre cursante de fs. 236 a 239 vta., concedió la tutela impetrada, ordenando a la entidad demandada que dé cumplimiento a la Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, en forma inmediata, bajo los siguientes fundamentos: a) Se debe dar cumplimiento a la conminatoria precitada; b) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar el fondo de la conminatoria, eso le corresponde a la jurisdicción que elijan las partes; y, c) La Conminatoria de Reincorporación Laboral debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/235/2022 de 10 de junio, que dispuso conminar a la Regional La Paz del Banco FIE S.A., para que en forma inmediata a partir de su legal notificación, reincorpore a los ahora solicitantes de tutela en los mismos cargos que ocupaban, manteniendo su antigüedad, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan (fs. 20 a 23 vta.). II.2. El Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-207/2022 de 30 de junio, que hizo llegar Sonia Raquel Vargas, Inspectora de Trabajo de la Paz a Boris Douglas Fernández Bernal, Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, estableció que hasta esa fecha no se procedió a la reincorporación de los hoy accionantes a su fuente laboral (fs. 9 y vta.).
Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; habida cuenta que, la Gerencia Regional La Paz del Banco FIE S.A., no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/235/2022 de 10 de junio, emitida en su favor.
Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores; así como, su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales–, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi. En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010 al DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria. No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que, se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre. Es en base dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo; siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional, que por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo una mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En este contexto la indicada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, estableció lo siguiente: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir:
1.i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad– cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador.
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;
1.v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba–, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,
1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”. Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3). En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la Ley 1468, como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”; determina que, una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose: “I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia. II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”.
Por su parte, el art. 13 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente: “I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión. II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución. III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimada. IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes. VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley. VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia. VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley”. Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que: “I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.
II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales. III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador. IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo. V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador. VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba pre constituida.
VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar. VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad. X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, previéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”. En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. Finalmente, la Ley 1468, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010 y derogó los Parágrafos III, IV y V del Artículo 10 y el Artículo 13 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006. Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden impugnadas, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción; siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional. No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes que determina “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. En este contexto y a la luz de los principios protector, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699, así como los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de 6 meses previsto en el art. 55 del CPCo., deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede. Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, a las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinentes.
Los accionantes denunciaron la lesión a sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, habida cuenta que la Regional La Paz del Banco FIE S.A., no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDT.-L.P./BDFB/ 235/2022 de 10 de junio, emitida en su favor. Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y atendiendo el análisis realizado en el Fundamento Jurídico que antecede respecto a la Ley 1468; es preciso aclarar que, si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y pago de salarios devengados, resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la Resolución de Unificación Jurisprudencial 0001/2021; debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/ 235/2022 de 10 de junio, fue emitida con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley 1468; la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva.
Ahora bien, una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes arrimados al expediente; en ese orden, se tiene que Jerson Khylberth Chacón Orosco ingresó a trabajar en la Regional La Paz del Banco FIE S.A., el 2 de enero de 2009 y fue notificado con el memorándum de desvinculación laboral el 24 de mayo, haciéndole saber que la medida se efectivizaría el 25 del mismo mes y año. Por su parte, Danitza Huarachi Paco ingresó a trabajar en la mencionada entidad el 17 de febrero de 2021 mediante un contrato de trabajo con plazo indefinido y fue notificada con el memorándum de desvinculación laboral el 25 de mayo de 2022. Acudieron a la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, el 26 de mayo de 2022, para denunciar su despido injustificado, instancia que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/235/2022, conminando a la Regional La Paz del Banco FIE S.A., proceda a restituir a los impetrantes de tutela en forma inmediata a partir de su notificación, en el cargo que ocupaban, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación.
El Informe J.D.T.L.P.-BDFB-VR-207/2022, elaborado por la Inspectora del Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dirigido al Jefe Departamental del Trabajo del señalado departamento, estableció que hasta esa fecha no se procedió a la reincorporación de los solicitantes de tutela a su fuente laboral.
En ese contexto y de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales; la cual establece que, con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no; y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional. La indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas; sino, en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida. En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte de los empleadores; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de las conminatorias de reincorporación laboral, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. Por lo expuesto, se verifica que la Gerencia Regional La Paz del Banco FIE S.A., no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/ 235/2022, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz; con lo cual, efectivamente vulneró los derechos denunciados por los accionantes; por lo que, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, corresponde resaltar que la tutela otorgada por este Tribunal, posee un carácter extraordinario y provisional y debe cumplirse de inmediato, no obstante la existencia de vías de impugnación; extremo que, no implica óbice alguno que impida el cumplimiento de la citada Conminatoria emitida a favor de los impetrantes de tutela, o incluso aún expedita la vía impugnativa en sede judicial; la cual, puede ser activada por la parte demandada a través de los medios recursivos que prevé el ordenamiento jurídico; instancia ante la cual, podrá esgrimir los argumentos que fueron presentados ante este Tribunal; toda vez que, no corresponde a la justicia constitucional, analizar ni valorar la actividad jurisdiccional desplegada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la fundamentación, así fue establecido en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico precedente, que prevé el cumplimiento inmediato de la mencionada Conminatoria emitida en favor del trabajador. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, evaluó de forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 295/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 236 a 239 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento inmediato e integral de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.L.P./BDFB/235/2022 de 10 de junio, en los mismos términos dispuestos en la misma, debiendo la Regional La Paz del Banco Para el Fomento a Iniciativas Económicas Sociedad Anónima (Banco FIE S.A.), proceder a la reincorporación de Jerson Khylberth Chacón Orosco y Danitza Huarachi Paco, a los mismos puestos que ocupaban al momento de su despido, más el pago de los sueldos devengados y derechos sociales que les correspondan, en forma inmediata a partir de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0728_2024-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): c16d76b13e219d8a8219f744efcf556e5dc0055951c69ba060adac631bea55c7
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